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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00101-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00101-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que est攃Ān en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 73001-23-33-000-2019-00101-01 (5510-2023) Demandante: UGPP Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2019-00101-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 73001-23-33-000-2019-00101-01 (5510-2023)
Demandante: UGPP
Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00101-01 (5510-2023)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

Tema: pensión gracia. Subtemas 1. Lesividad. 2. Docente nacional. 3. Inaplicación
por inconstitucionalidad de la expresión «[…] y que est攃Ān en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la
sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social solicitó la nulidad de la resolución que reconoció la pensión
gracia a la demandada, así como del acto administrativo de reliquidación pensional.
Como fundamento de la demanda sostuvo que los tiempos laborados en el Instituto
Técnico Nacional de Comercio no se podían computar para el reconocimiento
pensional.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado, presentó
demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés, de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se señalan3.

1 Expediente híbrido: Conformado simultáneamente por documentos físicos y electrónicos, que a pesar de estar

separados, forman una sola unidad documental por razones del proceso, trámite o actuación. Acuerdo PCSJA20-
11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
2 7 de marzo de 2019.
3 Folios 1 a 14 del expediente físico.

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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00101-01 (5510-2023)
Demandante: UGPP
Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

2.1.1. Pretensiones

2. La entidad demandante solicitó la nulidad de la Resolución 008032 del 31 de
julio de 1995, expedida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social, que reconoció
una pensión gracia.

3. Igualmente, pidió la nulidad de la Resolución 34387 del 27 de octubre de 2005,
que reliquidó la pensión en cumplimiento de un fallo de tutela, así como de la
Resolución 13614 del 24 de marzo de 2006, que la aclaró.

4. A título de restablecimiento del derecho requirió que se condene a la
demandada a devolver todas las sumas de dinero pagadas por concepto de las
mesadas pensionales; que las sumas adeudadas sean actualizadas conforme el
artículo 187 del CPACA; se ordene el pago de intereses comerciales y moratorios; y
se condene en costas a la parte accionada.

2.1.2. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés nació el 16 de febrero de 1944 y
prestó sus servicios como docente en el departamento del Tolima, de la siguiente
manera:

Acto de nombramiento Desde Hasta
Decreto 041 del 14 de 14 de enero de 1964 28 de febrero de 1966
enero de 1964
Decreto 020 del 15 de 15 de enero de 1968 28 de febrero de 1973
enero de 1968
Instituto Técnico Nacional 1° de febrero de 1973 14 de febrero de 2009
de Comercio

7. La maestra laboró en el Instituto Técnico Nacional de Comercio desde el 1° de
febrero de 1973 hasta el 14 de febrero de 2009, nombrada mediante la Resolución
2702 del 28 de marzo de 1973. El último cargo que desempeñó la demandada fue
como docente en el Instituto Técnico Nacional de Comercio, en el municipio de
Purificación (departamento del Tolima).

8. La Caja Nacional de Previsión Social le reconoció una pensión gracia a la
profesora Luz Ángela Padilla de Manjarrés, a través de la Resolución 008032 del 31
de julio de 1995, efectiva desde el 16 de febrero de 1994. En este acto administrativo
se sumaron los tiempos laborados en el departamento del Tolima y el Instituto Técnico
Nacional de Comercio. La pensión se liquidó con el 75% del salario promedio
devengado en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada.

9. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia de tutela del 4
de noviembre de 2003, ordenó liquidar la pensión gracia con todos los factores
salariales y las doceavas de la bonificación por servicios, prima de servicios y prima
de navidad. CAJANAL expidió la Resolución 34387 del 27 de octubre de 2005, para
cumplir dicho fallo, aclarada mediante la Resolución 13614 del 24 de marzo de 2006.
2

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Demandante: UGPP
Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

10. En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 6, 48 y 209.
De la Ley 114 de 1913, los artículos 1 y 4.
De La Ley 116 de 1928, el artículo 6.
De La Ley 37 de 1933, el artículo 3.

11. Al explicar el concepto de violación la entidad accionante expuso que:

12. CAJANAL le reconoció una pensión gracia a la accionada, en la Resolución
008032 del 31 de julio de 1995, para lo cual tuvo en cuenta los tiempos de servicios
en el departamento del Tolima y en el Instituto Técnico Nacional de Comercio. La
citada Resolución 008032 del 31 de julio de 1995 fue expedida por el Ministerio de
Educación Nacional y el periodo laborado en el Instituto se computó para el
reconocimiento pensional, pese a que la Ley 114 de 1913 no admite que se sumen los
tiempos laborados a la nación para el reconocimiento de la pensión gracia.

13. En consecuencia, el tiempo laborado por la docente del 1° de febrero de 1973
hasta el 14 de febrero de 2009, en el Instituto Técnico Nacional de Comercio, no se
debió tener en cuenta por parte de CAJANAL, en la Resolución 008032 del 31 de julio
de 1995.

2.1.4. Contestación de la demanda

14. La señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés, a través de apoderado, se opuso a
las pretensiones de la demanda. Indicó que los actos administrativos demandados
gozan de la presunción de legalidad y fueron expedidos por la autoridad competente.
Agregó que, antes del reconocimiento de la pensión, a través de la Resolución 008032
del 31 de julio de 1995 no existía jurisprudencia relativa a que los docentes nacionales
no tenían derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Así pues, se invocó el
principio de irretroactividad, que busca dar estabilidad al ordenamiento jurídico. Por
otra parte, afirmó que la docente demandada no actuó de mala fe, entonces, es
improcedente ordenarle que devuelva las mesadas pensionales reconocidas por la
entidad4.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Tolima, mediante sentencia del 22 de junio de
2023, declaró la nulidad de las resoluciones 008032 del 31 de julio de 1995, 34387 del
27 de octubre de 2005 y 13614 del 24 de marzo de 2006. Las demás pretensiones de
la demanda se negaron y no se condenó en costas a la parte accionada. La decisión
se fundó en los siguientes argumentos:

16. La pensión gracia se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años
de servicios en colegios de orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados,
por tanto, se excluyen los tiempos laborados en el orden nacional. En el presente caso,

4 Folios 324 a 325 del expediente físico.

3

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Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

la docente solamente acreditó 7 años, 4 meses y 5 días de servicios válidos para el
reconocimiento pensional, puesto que los 35 años de servicios restantes, del 14 de
mayo de 1973 al 14 de febrero de 2009, fueron con vinculación nacional. Por lo tanto,
esos tiempos no podían tenerse en cuenta para la mencionada pensión y conlleva a la
declaratoria de nulidad de la resolución de reconocimiento pensional, así como de los
actos que reliquidaron la pensión.

17. En lo que respecta al reintegro de las mesadas pensionales pagadas a la
docente, el Tribunal indicó que en el proceso no se acreditó la mala fe de la
pensionada, toda vez que no existe prueba que demuestre fraude. En consecuencia,
negó la pretensión relativa a que se ordene la devolución de las sumas pagadas.

18. No se impuso condena en costas contra la parte vencida, toda vez que en este
asunto se estudió un interés público5.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte demandante

19. La UGPP, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación adhesiva para
que se acceda al reintegro de las sumas pagadas a la demandada, puesto que se
causa un perjuicio al sistema pensional. Asimismo, agregó que la declaratoria de
nulidad de un acto administrativo debe conllevar al restablecimiento del derecho, sin
que sea relevante demostrar la mala fe de la pensionada. Por otra parte, solicitó que
la parte accionada sea condenada en costas, dado que fue vencida en el proceso, y
por ello, procede aplicar el artículo 365 del Código General del Proceso6.

2.4.2. Parte demandada

20. La señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés, a través de apoderado, solicitó que
se revoque la sentencia de primera instancia y que se nieguen las pretensiones de la
demanda.

21. La demandada indicó que fue vinculada al magisterio el 14 de enero de 1964 y
cumplió 20 años de servicios el 13 de noviembre de 1985, es decir, antes de la
expedición de la Ley 91 de 1989; norma que estableció la clasificación de los docentes
en personal nacional y nacionalizado. Igualmente, resaltó que las leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933 no establecieron que para tener derecho a la pensión gracia,
el maestro debía ser nacionalizado o territorial.

22. En este orden de ideas, la recurrente concluyó que la aplicación de la Ley 91 de
1989 no puede ser retroactiva al derecho pensional, quien se vinculó al magisterio en
el año 19647.

5 Folios 364 a 369 del expediente físico.
6 Índice 10 Samai.
7 Folio 378 del expediente físico.

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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00101-01 (5510-2023)
Demandante: UGPP
Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

2.5. Trámite procesal

23. Mediante autos del 1° de febrero de 2024 y del 26 de agosto del mismo año se
admitieron los recursos de apelación, y al no existir pruebas se prescindió del periodo
para correr traslado a las partes, en aplicación del artículo 67 de la Ley 2080 de 20218.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

24. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos9.

3.2. Cuestión previa

25. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un
nuevo esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y
las de naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria,
existen dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: i) en
cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el
juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral
3 del CPACA10); y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA11), oportunidad
esta última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada12.

8 Índice 4 Samai.
9 De conformidad con el artículo 74J de la Ley 2430 de 2024, que modifica la Ley 270 de 1996, «las altas cortes,

los tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo, aunque los expedientes no se
encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las consideraciones del primer fallo podrán ser
reiteradas en los demás, los cuales podrán ser expedidos de manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico
de turnos».
10 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […].
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
11 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […].

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».
12 Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-

2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró
que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos
en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado
del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no
pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se
declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral
tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o
demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las
pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA.» [destacado fuera del texto].
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26. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley
2381 de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un
término de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus
propios actos de reconocimiento pensional.

27. Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que en este asunto no hay lugar a
emitir una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso al despacho para dictar
sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA,
resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre
probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el
control de legalidad y saneamiento del proceso.

28. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«ART䤃ĀCULO 86. T䔃ĀRMINO PARA EJERCER ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE
LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podr愃Ān ser ejercidas despu攃Ās de cinco
(5) a渃̀os a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o
con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales
se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas
después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso,
se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos
con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» [Destacado fuera
del texto].
29. Visto lo anterior, se tiene que en el caso concreto la UGPP solicita la nulidad de
la Resolución 008032 del 31 de julio de 1995, por medio de la cual se reconoció una
pensión gracia hace más de 29 años, por lo que es necesario establecer si hay lugar
a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de vista las reglas previstas
en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que
regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.

30. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término
de caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de
aquellas normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y
ritualidades propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito

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legislativo anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153
de 188713.

31. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

32. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran
de orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no
pasó por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun
frente a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la
sustanciación y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son
interpuestos los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse t攃Ārminos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.

33. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que
inspiraron la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el
siglo XIX, siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en
los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 8314. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley
153 de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario,
las reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que
contribuye a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico vigente.

34. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación era la disposición que en materia de
oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y en la cual, vale la
pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad alguno.

35. Esta consideración no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
13 «Art椃Āculo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los t攃Ārminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regir愃Ān por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
14 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado

que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
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acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

36. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

37. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en
sentencia C-1049 de 200415, ya había señalado que «exceptuar una determinada
acción del r攃Āgimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales
de protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

38. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones
administrativas, a través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin
embargo, dicho propósito no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la
fecha de entrada en vigencia de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados
mediante acciones judiciales formuladas bajo reglas procesales desprovistas de
caducidad. En tal sentido, corresponde al juez de lo contencioso - administrativo
determinar la aplicación de este término en atención a las particularidades de cada
caso.

39. En estos términos, la expresión, «[…] y que est攃Ān en curso […]», prevista en
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica16, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política17 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el
caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo
86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado
por la parte contra la sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

40. Por otra parte, se precisa que el Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia
del 12 de febrero de 201618, confirmó el fallo del 17 de octubre de 2014, proferido por
el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué19, en el proceso que interpuso la UGPP
15 En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista

en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
16 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso

debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera
del texto).
17 «ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la

ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
18 Proceso con radicado 73001-33-33-003-2013-00360-01, folios 284 a 292 del expediente físico.
19 Folios 271 a 274 del expediente físico.

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Demandante: UGPP
Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

contra la señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés. En ese proceso la entidad solicitó la
nulidad de la Resolución 34387 de 2005, que reliquidó la pensión gracia, al sostener
que se incluyeron nuevos factores salariales. Por el contrario, en este proceso, la
UGPP solicita la nulidad del acto de reconocimiento pensional, contenido en la
Resolución 008032 del 31 de julio de 1995, así como los actos de reliquidación, pero
con fundamento en que CAJANAL reconoció la pensión gracia teniendo en cuenta los
tiempos laborados como docente nacional.

41. Consecuentemente, no se considera que exista impedimento procesal alguno
para pronunciarse sobre el fondo del asunto, toda vez que en el proceso fallado por el
Tribunal Administrativo del Tolima, con radicado 73001-33-33-003-2013-00360-01, la
UGPP sostuvo que la Resolución 34387 de 2005 había accedido a una reliquidación
ilegal con la inclusión de nuevos factores salariales; empero, en este proceso, la causa
petendi es diferente, toda vez que la censura de la entidad atiende a los tiempos
tenidos en cuenta para el reconocimiento pensional.

3.3. Problema jurídico

42. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en los recursos de apelación
interpuestos por las partes demandante y demandada contra el fallo de primera
instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, si:

¿La resolución de reconocimiento de la pensión gracia no está viciada de nulidad,
porque la Ley 114 de 1913 no excluyó a los docentes nacionales?

¿Es improcedente aplicar de forma retroactiva la Ley 91 de 1989, toda vez que la
demandada se vinculó al servicio docente oficial en el año 1964 y cumplió 20 años de
servicios, antes de la entrada en vigencia de dicha ley?

¿Es procedente ordenarle a la demandada que devuelva los dineros recibidos en
exceso con ocasión del reconocimiento pensional?

3.3.1. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1.1. La pensión gracia

43. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114
de 191320, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que
hubieran servido en el magisterio por al menos 20 años.

44. La Ley 116 de 192821 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción
Pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la
inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

20 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
21 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

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Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

45. Posteriormente, la Ley 37 de 193322 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

46. Por su parte, la Ley 91 de 198923, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

47. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199724,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

48. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201825,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles

22 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
23 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.

Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

49. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

50. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

• Edad

51. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere
haber cumplido 50 años de edad. En el caso concreto, la señora Luz Ángela Padilla
de Manjarrés nació el 17 de febrero de 1944, como consta en la copia de la cédula de
ciudadanía26, en consecuencia, acreditó la edad de 50 años el 17 de febrero de 1994.

• Vinculación docente

52. Mediante el «Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral» del 21 de septiembre de 2018, la Secretaría de Educación del Tolima certificó
que la señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés fue docente nacionalizada del 14 de
enero de 1964 al 28 de febrero de 1966, nombrada mediante el Decreto 041 del 14 de
enero de 196427.

53. En diferente certificación, contenida en el «Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral» del 21 de septiembre de 2018, la Secretaría de
Educación del Tolima informó que la demandada docente fue nacionalizada del 15 de
enero de 1968 al 28 de febrero de 1973, designada por el Decreto 020 del 15 de enero
de 196828.

54. El Ministerio de Educación Nacional, en la Resolución 2702 del 28 de marzo de
1973, nombró a la señora Luz Ángela Padilla como profesora de enseñanza
secundaria, en el Instituto Técnico Nacional de Comercio, del municipio de Purificación
del departamento del Tolima29. La maestra se posesionó en el empleo, como consta
en la copia del acta de posesión del 14 de mayo de 1973, en la Alcaldía del municipio
de Purificación30. Conforme el oficio 00900 del 12 de febrero de 2009, la Secretaría de
Educación del Tolima aceptó la renuncia al cargo de docente en propiedad.

26 Folio 268 del expediente físico.
27 Folios 345 del expediente físico. El Decreto 041 de 1964 obra a folios 321 vuelto a 322.
28 Folio 346 del expediente físico. El Decreto 020 de 1968 obra a folios 294 a 295.
29 Folios 256 vuelto y 257 del expediente físico.
30 Folio 304 del expediente físico.

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55. Acorde con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 21 de septiembre de 2018, la Secretaría de Educación del Tolima señaló
que la accionada fue maestra nacional, nombrada por la Resolución 2702 del 28 de
marzo de 1973, con fecha de retiro el 14 de febrero de 2009, y acreditó un tiempo de
servicios de 35 años, 9 meses y 1 día31.

56. La Secretaría de Educación expidió certificado de tiempo de servicio en el cual
indicó que la señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés prestó sus servicios en el nivel
básica secundaria, con vinculación nacional, nombrada mediante la Resolución 2702
del 28 de marzo de 1973 y con retiro del servicio el 14 de febrero de 200932.

• Reconocimiento pensional

57. La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 008032 del 31
de julio de 1995, le reconoció una pensión gracia a la señora Luz Ángela Padilla de
Manjarrés, por prestar sus servicios en el departamento del Tolima y el Ministerio de
Educación Nacional; el último cargo desempeñado fue como profesora; y los tiempos
laborados fueron los siguientes33:

Entidad Desde Hasta Días
laborados
Departamento del Tolima 14 de enero de 1964 28 de febrero de 1966 765
Departamento del Tolima 15 de enero de 1968 28 de febrero de 1973 1844
Ministerio de Educación 1° de marzo de 1973 21 de febrero de 1994 7551
Nacional

• Reliquidación pensional

58. A través de la Resolución 34387 del 27 de octubre de 2005, la Caja Nacional de
Previsión Social reliquidó la pensión gracia de la maestra, en cumplimiento del fallo de
tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá34. Este acto
administrativo fue aclarado en la Resolución 13614 del 24 de marzo de 2006, para
corregir el nombre de la pensionada35.

3.5. Caso concreto

59. En el asunto bajo estudio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
solicitó la nulidad de la resolución que reconoció la pensión gracia a la demandada,
así como del acto administrativo de reliquidación pensional.

60. El Tribunal declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y negó la
pretensión relativa a ordenarle a la pensionada que devolviera a la entidad las sumas
pagadas en exceso por concepto del reconocimiento pensional, porque no se
demostró que hubiera actuado de mala fe ante la entidad.

31 Folio 347 del expediente físico.
32 Folio 185 del expediente físico.
33 Folios 89 a 90 del expediente físico.
34 Folios 140 a 142 del expediente físico.
35 Folio 146 del expediente físico.

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61. Inconforme con esta decisión, la parte demandada pidió que se revoque la
sentencia de primera instancia con fundamento en que se vinculó al magisterio desde
el año 1964 y cumplió 20 años de servicios docentes antes de la expedición de la Ley
91 de 1989, por ello, es improcedente la aplicación retroactiva de esta ley. Agregó que
las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 no establecieron que para tener
derecho a la pensión gracia, el maestro debía ser nacionalizado o territorial.

62. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación se destaca que en
el proceso se acreditó que la señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés nació el 17 de
febrero de 1944; prestó sus servicios como docente nacionalizada en el departamento
del Tolima del 14 de enero de 1964 al 28 de febrero de 1966 y del 15 de enero de 1968
al 28 de febrero de 1973, según los formatos de certificado laboral36. La parte no
censura estos tiempos de servicios en el recurso de apelación.

63. Luego, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 2702 del 28
de marzo de 1973, nombró a la demandada en el cargo de profesora de enseñanza
secundaria, en el Instituto Técnico Nacional de Comercio, del municipio de Purificación
del departamento del Tolima, del cual se retiró del servicio el 14 de febrero de 200937.
Por su parte, CAJANAL le reconoció a la accionada una pensión gracia, mediante la
Resolución 008032 del 31 de julio de 1995, efectiva desde el 16 de febrero de 1994, para
lo cual sumó los tiempos laborados para el Ministerio de Educación Nacional, que
correspondieron a 7551 días.

64. Entonces, la Sala determina que el nombramiento de la accionada fue en una
plaza docente nacional, en tanto, el Ministerio de Educación Nacional dictó la resolución
de nombramiento y la Secretaría de Educación del departamento certificó que el tiempo
laborado desde el año 1973 hasta el 14 de febrero de 2009, fue con ocasión de una
vinculación nacional.

65. Por consiguiente, en respuesta al problema jurídico se establece que la
demandada no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que los
tiempos de servicios como docente nacional no se pueden computar, como quiera que
la referida pensión exige que se cumplan 20 años de servicios como maestro
nacionalizado, territorial o municipal. En este sentido, se pronunció la Sala Plena de lo
Contencioso - Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de
agosto de 199738, al considerar que «dentro del grupo de beneficiarios de la pensión
gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados».

66. Igualmente, la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201839
determinó que para el reconocimiento de la pensión gracia se requiere haber prestado
los servicios por 20 años en planteles departamentales, distritales o municipales.

36 Folios 345 y 346 del expediente físico.
37 Folios 256 vuelto, 257, 347 y 185 del expediente físico.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,

Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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67. En este orden de ideas, la jurisprudencia de unificación40 de esta corporación
ha considerado que para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la vinculación docente en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31
de diciembre de 1980, en planteles departamentales, distritales o municipales, sumar
20 años de servicios, cumplir 50 años de edad, y desempeñarse con honradez,
consagración y buena conducta.

68. Por otra parte, la recurrente alega que la sentencia apelada aplicó
retroactivamente la Ley 91 de 1989, frente a lo cual debe decir la Sala que cuando la Ley
114 de 1913 creó la pensión gracia, condicionó su reconocimiento a que el maestro no
hubiere recibido «otra pensión o recompensa de carácter nacional» (numeral 3 del
artículo 4) y su finalidad fue «compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados a la Nación»41. En el mismo sentido, en la sentencia de
unificación de 2018 se especificó que se debe establecer con suficiente claridad que la
plaza es territorial42.

69. Así pues, desde el año 1913 ya el legislador había previsto que los docentes
nacionales no tenían derecho al reconocimiento de la pensión gracia, requisito reiterado
por la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo en el año 1997, y que la Sección
Segunda retomó el 21 de junio de 2018, en la sentencia CE-SUJ-SII-11-2018.

70. De manera que, contrario a lo alegado por la demandada, el fallo de primera
instancia no aplicó de forma retroactiva la Ley 91 de 1989, comoquiera que desde la Ley
114 de 1913 los docentes nacionales no tenían derecho al reconocimiento de la pensión
gracia. Además, dicha Ley 91 de 1989, en el artículo 15, preservó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes territoriales y nacionalizados que tuvieron una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

71. Surge de lo expuesto que se deben desestimar los argumentos del recurso de
apelación presentado por la parte demandada.

72. Ahora bien, en lo que respecta a recurso de apelación adhesiva interpuesto por la
UGPP se considera que la sentencia que anula un acto administrativo tiene efectos ex
tunc, es decir, hacia el pasado. En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación
ha considerado que la declaratoria de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria, por
la cual, las partes tienen derecho «para ser restituidas al mismo estado en que se
hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo», como lo señala el artículo 1746
del Código Civil, por ello, el acto ilegal es retirado del ordenamiento jurídico y las
situaciones particulares deberían retrotraerse43.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, proceso con radicado 25000-23-42-

000-2013-04683-01 (3805-2014). CE-SUJ-SII-11-2018. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
42 Idem.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia

del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
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73. Sin embargo, debe hacerse una interpretación armónica para el presente caso
junto con el artículo 164 numeral 1º literal c) del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual prevé que cuando la
demanda «[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas […] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe».

74. Al respecto, la Corte Constitucional consideró que la facultad de la
administración de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que
reconocen prestaciones periódicas, no vulnera los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los
administrados44. En efecto, la Corte explicó que «la administración no recuperará las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe»45.

75. El artículo 83 de la Carta Política prevé la presunción de buena fe, relacionada
con una conducta leal y honesta, caracterizada por la «confianza, rectitud, decoro y
credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades, la cual se presume»46, así47:

Respecto del principio de buena fe, éste ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”48. En este
contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada49.

76. En el caso concreto y a la luz del mandato constitucional se presume la buena
fe de la señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés en la actuación de solicitar el
reconocimiento pensional; no obstante, dicha presunción admite prueba en contrario,
lo cual obliga a remitirse al artículo 167 del Código General del Proceso según el cual
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen.

77. Entonces se colige que la UGPP tiene la carga de la prueba de demostrar los
hechos con ocasión de los cuales presuntamente se acreditaría que la conducta de la
señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés fue contraria a los postulados de la buena fe,
en su actuación ante la administración pública. Sin embargo, a partir del análisis de la
prueba documental recaudada en el proceso, es decir, los certificados de tiempo de
servicios y las resoluciones de reconocimiento pensional, no se infiere que la
pensionada haya inducido en error a la Caja Nacional de Previsión Social, mediante la
utilización de documentos falsos.

78. Nótese que el fundamento del recurso de apelación de la UGPP consiste en
que como consecuencia de los efectos de la declaratoria de nulidad de los actos

44 Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
45 Ídem
46 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
47 Corte Constitucional, sentencia C-504 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
48 Ver Sentencia T-475 de 1992
49 Ver sentencia C-1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00101-01 (5510-2023)
Demandante: UGPP
Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

administrativos particulares y concretos, es imperativo ordenarle a la demandada que
devuelva los dineros pagados por concepto de las mesadas pensionales. Argumento
que se desestima, toda vez que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en el artículo 164, regula expresamente en una norma
especial que para el caso de prestaciones periódicas no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Este ingrediente normativo
introducido por el legislador obliga a que la UGPP cumpla con la carga procesal de
desvirtuar la presunción de buena fe.

79. A pesar de la referida carga procesal, la UGPP solamente reprocha que se
causa un perjuicio al sistema pensional, frente a lo que debe decirse que el Acto
Legislativo 01 de 200550 ordena al Estado garantizar la sostenibilidad financiera del
sistema pensional. Por otra parte, el Acto Legislativo 01 de 2011 indica que las
autoridades administrativas, legislativas o judiciales bajo ninguna circunstancia podrán
invocar la sostenibilidad fiscal «para menoscabar los derechos fundamentales,
restringir su alcance o negar su protección efectiva»51.

80. En síntesis, se reitera que de las pruebas documentales no se logra desvirtuar
la presunción de buena fe en la actuación de la señora Luz Ángela Padilla de
Manjarrés, en tanto no obran elementos de juicio en el plenario que demuestren la
existencia de una conducta contraria a la honestidad, para defraudar a la
administración, como la utilización de un documento fraudulento, falso o apócrifo
dentro de la actuación administrativa.

81. En cuanto a la condena en costas pedida por la UGPP se precisa que la
presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario52 de la Subsección
sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone la
causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la

50 Artículo 1, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política: […] El Estado garantizará los derechos, la

sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el
pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se
expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad
financiera de lo establecido en ellas. […].
51 Artículo 1, parágrafo, que modificó el artículo 334 de la Constitución Política: […] Al interpretar el presente artículo,

bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la
sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección
efectiva […].
52 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Por consiguiente, se
comparte la decisión del Tribunal que no condenó en costas a la parte vencida.

82. En este orden de ideas, se desestiman los argumentos de los recursos de
apelación presentados por las partes y se impone confirmar la sentencia de primera
instancia.

3.6. Conclusión de la decisión

83. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de las pruebas recaudadas en el proceso, según los principios de la sana
crítica, se concluye que están viciados de nulidad los actos administrativos
demandados que reconocieron y reliquidaron la pensión gracia, porque la docente tuvo
una vinculación nacional desde el año 1973 hasta el retiro del servicio y esos tiempos
no se podían computar para el reconocimiento pensional.

4. Costas

84. Como se explicó previamente, la presente providencia acoge el criterio interpretativo
mayoritario de la Subsección sobre el artículo 188 del CPACA. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que las partes hayan
actuado de mala fe, de manera temeraria o dilatoria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que est攃Ān en
curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
dentro del proceso promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la señora Luz
Ángela Padilla de Manjarrés, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Demandada: Luz Ángela Padilla de Manjarrés

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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