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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02657-01

Fecha
13 de agosto de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02657-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la acción de tutela que presentó Hernán Francisco Bernal Sánchez. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la seguridad social, a la salud y a la igualdad del señor Hernán Francisco Bernal Sánchez, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja que, en el término de 30 días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus competencias, adelante las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para el suministro del servicio de aseo en el Juzgado Promiscuo Municipal de Almeida (Boyacá) de manera tal que mejoren las condiciones de salubridad, seguridad e higiene de las personas que allí laboran y para los usuarios que diariamente acuden a ese despacho en busca de atención y solución de sus controversias. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02657-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02657-01
Accionantes: Hernán Francisco Bernal Sánchez
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Tema: tutela para garantizar trabajo en condiciones dignas. Subtema 1: servicio
de aseo en despacho judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el señor Hernán Francisco Bernal Sánchez contra
la sentencia del 5 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El actor presentó escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la seguridad social, a la vida, a
la salud, a la igualdad y de petición, los cuales consideró vulnerados por el Consejo
Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, como
consecuencia de la falta de prestación del servicio de aseo en la sede del Juzgado
Promiscuo Municipal de Almeida.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1.A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (60-1) 350-6700 Bogotá D.C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02657-01
Accionantes: Hernán Francisco Bernal Sánchez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

2.El señor Hernán Francisco Bernal Sánchez está vinculado al Juzgado Promiscuo
Municipal de Almeida (Boyacá) desde el 21 de abril de 2025, en el cargo de
escribiente.

3.El actor manifestó que en la sede en la que funciona el Juzgado Promiscuo
Municipal de Almeida no se presta el servicio de aseo continuo y permanente. Que
esta obligación está a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare.

4. Informó el actor que, el 22 de abril de 2025, a través del correo oficial, solicitó a
las autoridades accionadas que garantizaran las condiciones de higiene, salud y
seguridad en su lugar de trabajo, con el suministro del personal necesario para
desarrollar las labores de aseo y limpieza de manera continua y permanente, en la
sede del despacho judicial.

5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, el 29 de
abril de 2025, informó al actor que, dadas las limitaciones presupuestales, no
contaba con los recursos que permitieran la contratación de la prestación del
servicio para la totalidad de 140 municipios sobre los que tenía competencia.
Además, indicó que realizaría la gestión ante el nivel central y que, en toda caso,
en virtud de la colaboración armónica institucional, solicitó a la Alcaldía Municipal
de Almeida colaboración para jornadas de limpieza y desinfección en el despacho
judicial.

2.2. Pretensión y argumentos de la tutela

6. El actor solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERA: se tutelen los derechos fundamentales AL TRABAJO EN CONDICIONES
DIGNAS Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA VIDA EN CONEXIDAD A LA SALUD, A LA
IGUALDAD Y AL DERECHO A ELEVAR PETICIONES Y OBTENER RESPUESTA
OPORTUNA consagrados en los artículos 25, 11, 13 y 23 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
y demás que encuentre a mi favor por incurrir las entidades accionadas en vulneración de
los derechos fundamentales invocados al no garantizar las condiciones de higiene, salud y
seguridad en mi sitio de trabajo.

SEGUNDO: Solicito a usted señor Magistrado, como protección constitucional de los
derechos vulnerados, se sirva en consecuencia ORDENAR a las entidades accionadas
adelantar sin más dilaciones las actividades administrativas y presupuestales tendientes a
Garantizar LAS CONDICIONES DE HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD EN MI SITIO DE
TRABAJO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL ASEO O LIMPIEZA CONTINUO Y
PERMANENTE EN LA SEDE DE ESTE DESPACHO JUDICIAL, ubicado en la Carrera 7 No
5-33 del Municipio de Sabanalarga, Casanare.

TERCERO: Se condene en gastos y costas a la parte demandada 1.

1
Se transcribe incluso con errores de texto.

2

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Accionantes: Hernán Francisco Bernal Sánchez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

7. Afirmó que la parte accionada ha incumplido su deber de garantizar condiciones
adecuadas de higiene, salud y seguridad en el lugar de trabajo, obligación que le
corresponde en su calidad de empleadora. Explicó que esta omisión atenta contra
los parámetros mínimos de salubridad y seguridad necesarios para que la labor
judicial se realice en condiciones dignas.

8. Agregó que con esta acción buscaba garantizar un trato igualitario, conforme lo
establece la Constitución Política, dado que las disposiciones sobre higiene, salud
y seguridad en el trabajo tienen carácter general y protegen a todos los servidores
públicos. Por ello, consideró inaceptable que, mientras otros funcionarios cuentan
con condiciones laborales adecuadas, él tenga que desempeñar sus tareas en un
ambiente que no reúne los estándares exigidos.

2.3. Trámite procesal

9.El despacho ponente, mediante auto del 9 de mayo de 20252, admitió la solicitud
de amparo y ordeno notificar al Consejo Superior de la Judicatura, Consejo
Seccional de la Judicatura de Tunja, Dirección Seccional de Administración Judicial
de Tunja, Oficina de Apoyo Judicial de Tunja, al Juzgado Promiscuo Municipal de
Almeida y a todos los involucrados y terceros interesados.

2.4. Intervenciones
3 solicitó su desvinculación por falta de
10. El Consejo Superior de la Judicatura
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es el llamado a responder
las órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales del
actor. En ese sentido, expuso que la aptitud legal recaía en la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Tunja, encargada de la adecuación y mantenimiento
de las sedes judiciales a su cargo.
4 solicitó que se
11. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare
declarara la falta de legitimación en la causa respecto de esa entidad, por cuanto
no realizó actuación u omisión tendiente a la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, además de no tener competencia para
dar solución a lo pretendido en la solicitud de amparo. Indicó que correspondía al
director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja actuar como
ordenador del gasto, administrar los bienes y recursos para el funcionamiento de la
Rama Judicial, al igual que suscribir los contratos necesarios para esa finalidad.

2
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3
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4
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Accionantes: Hernán Francisco Bernal Sánchez
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12. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja 5
expuso que si bien era cierto que la sede judicial carece de personal de aseo hace
más de cinco años, esa situación no obedecía a una omisión de esa dirección, sino
a limitaciones presupuestales y normativas. Argumentó que la contratación de
dichos servicios requiere de procesos de selección sujetos a disponibilidad de
recursos asignados por el Gobierno nacional y a los principios de anualidad,
planeación y legalidad presupuestal.

13. Además, resaltó que comprometer vigencias futuras o destinar recursos sin
respaldo legal podría generar responsabilidades penales y disciplinarias para el
director ejecutivo Seccional. Con todo, señaló que prestaba el servicio de aseo en
algunas sedes de cabeceras municipales.

14. Sostuvo que ha realizado gestiones ante el nivel central y solicitudes de apoyo
interinstitucional, sin obtener resultados favorables. Finalmente, adujo que la acción
de tutela no es el mecanismo idóneo para ordenar apropiaciones presupuestales o
imponer la celebración de contratos, que ello implicaría una intromisión indebida en
competencias exclusivas de la administración.

15. A pesar de haber sido notificado, el Juzgado Primero Promiscuo de Almeida
guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

16. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia
del 5 de junio de 20256: (i) negó las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva propuestas por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare, y por el Consejo Superior de la Judicatura; (ii)
negó las pretensiones de la acción de tutela.

17. El juez de primera instancia estimó que el presente asunto no constituía, por sí
mismo, una afectación a las garantías constitucionales del actor, por cuanto la
autoridad judicial accionada expuso con suficientes argumentos las razones por las
cuales no ha podido contratar los servicios de aseo que requiere el Juzgado
Promiscuo Municipal de Almeida.

18. Agregó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja, mediante oficio DESAJTUO25-1435 del 28 de abril de 2025, realizó las
respectivas gestiones ante la alcaldía del municipio del Almeida, con el fin de que
le fuera asignado personal para las labores de aseo y limpieza del mencionado
despacho.
5
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6
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4

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Accionantes: Hernán Francisco Bernal Sánchez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

19. Concluyó que la acción de tutela no resulta idónea para impulsar la apropiación
presupuestal destinada a contratar la prestación del servicio de aseo del Juzgado
Municipal de Almeida, toda vez que al juez constitucional no le está permitido
inmiscuirse en las decisiones de las autoridades administrativas. En ese sentido,
concluyó que conceder el amparo implicaría una intromisión en el ejercicio de
funciones que son propias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja.

2.6. Impugnación

20. El actor presentó impugnación7 contra la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. Alegó que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Boyacá pretende desconocer una
obligación que no es intempestiva o sobreviniente, sino inherente al cargo del
director al momento de preparar el presupuesto anual de gastos.

21. Advirtió que la omisión en la prestación del servicio carece de justificación,
teniendo en cuenta que la falta de presupuesto no era admisible. Por el contrario,
dicha omisión afecta la salud de quienes laboran en el juzgado, incluido él mismo,
al tener que desempeñarse en condiciones insalubres y enfrentar el riesgo
inminente de colapso del edificio, aspecto que fue advertido por la Alcaldía
Municipal.

22. Indicó que el fallo impugnado trató la falta prolongada y estructural del servicio
de aseo en el despacho judicial, como una simple deficiencia operativa, ignorando
que constituía un riesgo directo para la salud y seguridad laboral

23. A juicio del actor, debía adoptarse una interpretación garantista de los derechos
fundamentales y no una visión formalista del ordenamiento jurídico.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 5 de junio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02657-01, índice 21, certificado núm. 939A04603DDF77BF 75EFD163D45CCC53
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Accionantes: Hernán Francisco Bernal Sánchez
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3.2. Legitimación en la causa

25. Lalegitimación en la causa por activa del señor Hernán Francisco Bernal
Sánchez se encuentra acreditada, por cuanto en calidad de funcionario vinculado
al Juzgado Promiscuo Municipal de Almeida, es titular de los derechos que
considera fueron vulnerados.

26. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja, Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, porque son las autoridades
que, según afirmó la parte tutelante, afectaron sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados
por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que
señala la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia:
la subsidiariedad y la inmediatez8.

28. El primero exige que el perjudicado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable9; y el segundo consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho, […]»10.

3.4. Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 5 de junio de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó la solicitud de amparo
presentada por el señor Hernán Francisco Bernal Sánchez.

3.5. Caso concreto

30. En el asunto bajo estudio, el señor Hernán Francisco Bernal Sánchez presentó
escrito de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de
la Judicatura de Tunja y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Tunja, por cuanto no proporcionan el servicio de aseo al Juzgado Promiscuo

8
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
9
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
10
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.

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Accionantes: Hernán Francisco Bernal Sánchez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Municipal de Almeida, en el cual labora, de manera que han incumplido su deber
de garantizar condiciones adecuadas de higiene, salud y seguridad laboral.

31. LaDirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, en el
informe que rindió al presente trámite, reconoció que hace más de cinco años no
proporciona servicio de aseo a ese despacho judicial. Justificó esta omisión en
razones de índole presupuestal y de priorización de recursos en sedes ubicadas en
cabeceras municipales.

32. En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la justificación de la parte
demandada para no prestar el servicio de aseo en la sede judicial, es suficiente.
Además porque, al juez constitucional no le está dado inmiscuirse en temas
presupuestales.

33. Pues bien, para resolver lo que corresponda, en primer término es preciso
señalar que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un
derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de especial
protección del Estado y que «toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas».

34. La Corte Constitucional ha precisado que este derecho no se limita al acceso y
permanencia en un empleo, sino que implica que el mismo se realice en
condiciones que respeten la dignidad del trabajador y le permitan desarrollar sus
funciones de forma segura y adecuada. Es así como en la sentencia C-171 de 2020,
la Corte destacó que el trabajo digno exige, entre otros aspectos, el ofrecimiento de
un ambiente apropiado para el cumplimiento de las tareas asignadas, libre de
amenazas físicas o morales que alteren su normal desarrollo, y que corresponde al
empleador adoptar las medidas necesarias para que estas condiciones sean
efectivas.

35. En segundo término, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece que el derecho al trabajo debe
comprender, entre otros elementos, la seguridad e higiene en el lugar donde se
desempeña la labor. En el ámbito interno, la Ley 9 de 1979, en su artículo 84,
impone a los empleadores el deber de proporcionar y mantener ambientes
laborales en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Obligación que cobija
tanto a entidades privadas como públicas y que constituye un presupuesto esencial
para la protección de derechos fundamentales como la salud, la igualdad y el
trabajo en condiciones dignas.

36. En el marco de la Rama Judicial, los artículos 98, 99 y 103 de la Ley 270 de 1996
asignan a la dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los niveles nacional
y seccional, la responsabilidad de administrar los bienes y recursos destinados a

7

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su funcionamiento, que deriva en la obligación de garantizar entornos adecuados
para la prestación del servicio de justicia y el ejercicio de las funciones judiciales.
Por consiguiente, la omisión en la prestación del servicio de aseo en el despacho
judicial en el que labora el accionante, constituye el incumplimiento de un deber
legal y constitucional.

37. Lo anterior, dado que las pruebas allegadas, en particular el registro fotográfico,
evidencian las condiciones inaceptables de la sede judicial, donde se observa
acumulación de polvo, presencia de insectos y notorias deficiencias en la limpieza
y mantenimiento. Esta situación configura un ambiente insalubre, incompatible con
la dignidad humana, y representa un riesgo directo para la salud del funcionario, los
empleados que allí laboran e incluso, para los usuarios que diariamente acuden a
ese despacho en busca de atención y solución de sus controversias.

38. Además, en el Oficio 077 del 18 de junio de 2025, dirigido por la alcaldesa
municipal de Almeida al director ejecutivo seccional de Administración Judicial de
Tunja-Boyacá, se le advirtió sobre los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores del despacho judicial. De manera textual precisó lo que sigue:

(…) frente a sus obligaciones de garantizar un inmueble para que funcione el juzgado
promiscuo municipal, en condiciones laborales dignas, toda vez que tienen una
ocupación de hecho del inmueble por mas de 20 años, donde no pagan arriendo, ni
servicios públicos, ni le realizan mejoras, mantenimiento, fumigaciones, ni mucho
menos aseo a las instalaciones y han omitido legalizar esta situación que genera un
grave detrimento patrimonial a la administración municipal y un eventual daño
antijuridico a la DESAJ por las condiciones que pueden afectar la salud de los
funcionarios y/o trabajadores judiciales que laboran en dicho lugar.

Es de señalar además que el inmueble presenta un avanzado estado de deterioro y
humedades, además de la proliferación de vectores, hongos y demás que pueden
generar un daño inminente en la salud de los trabajadores judiciales, como se señaló
precedentemente, por lo cual se requiere de manera inmediata que la DESAJ
suscriba el contrato de arrendamiento y realice las mejoras necesarias, locativas y
suntuarias que requieran para el bienestar de sus trabajadores judiciales (…) 11

39. A juicio de la Sala, el argumento presupuestal invocado por la entidad accionada
carece de validez para justificar la vulneración denunciada. Ello porque, la Corte
Constitucional en su jurisprudencia12 ha reiterado que las dificultades financieras
no pueden invocarse como excusa para desconocer derechos fundamentales, los
cuales tienen eficacia inmediata y deben ser garantizados sin dilación.

40. Tampoco resulta admisible el trato diferenciado implementado por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Tunja al brindar el servicio únicamente en

11 Se transcribe aún con errores de texto.
12 sentencias T-760 de 2008 y T-279 de 2018

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algunos despachos judiciales de cabeceras municipales. Esta medida no responde
a criterios objetivos o razonables, sino que perpetúa un trato desigual entre
servidores judiciales, convirtiendo en un privilegio lo que constitucionalmente es un
derecho. La Corte Constitucional13 ha sostenido que el principio de igualdad impone
a la autoridades abstenerse de establecer distinciones carentes de justificación y
de garantizar condiciones equitativas en la prestación de servicios que inciden en
derechos fundamentales.

41. El intento de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
de trasladar la responsabilidad a la alcaldía municipal, invocando el principio de
colaboración armónica, carece de sustento. Dicho principio, como lo precisó la
Corte Constitucional en la sentencia C-246 de 2004, implica que las entidades
estatales deben coordinar esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones, pero
no habilita la transferencia de competencias ni la elusión de responsabilidades
propias.

42. Finalmente, es importante resaltar que la protección de derechos fundamentales
constituye un límite legítimo y constitucional al ejercicio de las competencias
administrativas de cualquier autoridad, sin que signifique una intromisión indebida
en las funciones, pues justamente el juez constitucional tiene el deber de garantizar
la eficacia de los derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o se
vean amenazados, como ocurre en el presente asunto.

IV. CONCLUSIÓN

En los anteriores términos, la Sala concluye que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Tunja vulneró los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, a la seguridad social, a la salud y a la igualdad del señor
Hernán Francisco Bernal Sánchez, al no garantizar condiciones adecuadas de
higiene, salubridad y seguridad en el lugar de trabajo, así como al otorgar un trato
discriminatorio respecto a otros empleados y servidores de la misma jurisdicción.

43. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones y, en su lugar, se accederá al amparo pedido.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

13
Sentencia C-038 de 2021

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Accionantes: Hernán Francisco Bernal Sánchez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de junio de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la
acción de tutela que presentó Hernán Francisco Bernal Sánchez.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, a la seguridad social, a la salud y a la igualdad del señor Hernán Francisco
Bernal Sánchez, por las razones consignadas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja que, en el término de 30 días, contado a partir de la notificación
de la presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus
competencias, adelante las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para el suministro del servicio de aseo en el Juzgado Promiscuo
Municipal de Almeida (Boyacá) de manera tal que mejoren las condiciones de
salubridad, seguridad e higiene de las personas que allí laboran y para los usuarios
que diariamente acuden a ese despacho en busca de atención y solución de sus
controversias.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
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