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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02662-00

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02662-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente las acciones de tutela acumuladas frente al acto administrativo definitivo que publicó el listado de admitidos en la Convocatoria 206-2024 por las razones expuestas en la parte motiva. 2º) Niéguense las demás pretensiones de las acciones de tutela acumuladas. 3º) Niéguense las solicitudes de desvinculación presentadas por Presidencia de la República, el ministerio de la igualdad y la equidad y la Alcaldía de Quibdó. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02662-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

3 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expedientes: 1) 11001-03-15-000-2025-02662-00
2) 11001-03-15-000-2025-02708-00
3) 11001-03-15-000-2025-02841-00
4) 11001-03-15-000-2025-02828-00
5) 11001-03-15-000-2025-02839-00
6) 27001-31-21-002-2025-10013-00
7) 11001-03-15-000-2025-02793-00
8) 11001-03-15-000- 2025-02579-00 (ACUMULADOS)
Demandantes1: MELANY LIZETH PEÑA MORENO Y OTROS
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA. SE
DECLARA IMPROCEDENTE POR EL INCUMPLIMINETO
DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Y NIEGA ANTE LA
AUSENCIA DE HECHO VULNERADOR

Síntesis del caso: los demandantes de los diferentes procesos acumulados cuestionaron, al
unísono, el proceso realizado a través de la Convocatoria no. 2062024 para el ingreso a la
Escuela de Formación Patrulleros de la Policía Nacional – Grupo de Incorporación Chocó. La
Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad frente al acto administrativo definitivo que publicó la lista de admitidos, toda vez
que los demandantes cuentan con otro medio de control para demandar los actos administrativos
de carácter particular expedidos en el marco de la Convocatoria 206-2024, además, negará las
demás pretensiones de la demanda por ausencia de hecho vulnerador.

La Sala decide las acciones de tutela acumuladas presentadas por los actores en contra
de la Presidencia de la República, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Policía Nacional,
el director de incorporación de la Policía Nacional, el departamento del Chocó el
comandante de la Policía Nacional de Chocó, el jefe de la Unidad Básica de Incorporación

1
1) Expediente no. 11001-03-15-000-2025-02662-00: Melany Lizeth Peña Moreno, 2) Expediente no.
11001-03-15-000-2025-02708-00: Jaider Andrés Palacios Mosquera, 3) Expediente no. 11001-03-15-000-
2025-02841-00: Keyler Eduardo Mosquera Palma, 4) Expediente no. 11001-03-15-000-2025-02828-00:
Pascual Salas Moreno, 5) Expediente no. 11001-03-15-000-2025-02839-00: Yeni Yoana Córdoba Rojas,
6) Expediente no. 27001-31-21-002-2025-10013-00: Angie Margoth Lagarejo Bejarano, 7) Expediente no.
11001-03-15-000-2025-02793-00: Jhonatan Darío Valdés Córdoba y Expediente no. 11001-03-15-000-
2025-02579-00: Yefer Mena Palacios.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
Acción de tutela

de la Policía Nacional y el municipio de Quibdó para la protección de los derechos
fundamentales del debido proceso, trabajo, mínimo vital, igualdad y educación de los
demandantes consagrados en los artículos 13, 25, 29 y 67 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión del acto administrativo expedido en el marco de
la Convocatoria 206-2024 que los excluyó del proceso y por no haberles garantizado el
número de cupos que se informó para el ingreso a la Escuela de Formación Patrulleros
de la Policía Nacional – Grupo de Incorporación Chocó en la convocatoria no. 2062024.

I. ANTECEDENTES2

Los hechos de las demandas

Como fundamento fáctico común de las acciones de tutela acumuladas, los demandantes
señalaron, en síntesis, lo siguiente:

1) Los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2024, por órdenes del presidente de la
República, la Policía Nacional publicó la convocatoria no. 2062024 con el fin de otorgar
becas para la Escuela de Formación de la Policía Nacional a aquellos que superaran el
proceso de incorporación para ingresar los primeros meses del año 2025.

2) Todos los demandantes iniciaron el proceso de inscripción a la Convocatoria 206-2024
para aspirar al grado de patrullero de la Policía e ingresar a la escuela el 2 de mayo de
2025, procedimiento para el cual debían superar diferentes fases y etapas que incluían,
entre otras, compra de carpetas, prevaloraciones médicas y psicotécnicas, estudios de
seguridad y entrevistas en lugares diferentes a su municipio de origen.

3) Según el testimonio de la subteniente Alejandra Espis Bustamante, para el
departamento del Chocó, de los 4.000 cupos ofertados a nivel nacional se dispondrían
un total de 150, para quienes alcanzaran a cumplir con todos y cada uno de los requisitos
y valoraciones desarrolladas en el proceso de selección.

4) A lo largo del proceso cada uno de los aspirantes debió sufragar gastos por
aproximadamente $4.500.000, para cubrir los exámenes y valoraciones antes
mencionados, viáticos, hospedaje, pasajes a la ciudad de Medellín, entre otros.

2
En las acciones de tutela acumuladas todos los actores expusieron los mismos hechos y fundamentos de
vulneración, por lo cual la Sala sintetizará de manera conjunta los planteamientos de las demandas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
Acción de tutela

5) El 17 de abril de 2025, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional publicó a
través de la página web las personas seleccionadas que fueron admitidas por superar el
proceso para ingresar a la escuela de formación; no obstante, con sorpresa se percataron
que de los 150 cupos disponibles solo 48 candidatos admitidos eran del departamento
de Chocó.

6) Aunque aseguran haber tocado puertas, ninguna autoridad ha garantizado los cupos
y, por el contrario, en su mayoría han guardado silencio3.

Fundamentos de la vulneración

Para los demandantes la reducción de los cupos constituye una violación a sus derechos
fundamentales, pues, a pesar de haber superado todas las etapas establecidas del
proceso de incorporación a la Policía Nacional, fueron excluidos del concurso sin
justificación aparente, en condiciones que evidencian posibles irregularidades, con trato
discriminatorio hacia los aspirantes del departamento del Chocó y sin explicar la
disminución en los cupos destinados para ese departamento.

A pesar de que se destinaron 150 cupos para el Chocó, únicamente se escogieron 48
aspirantes originarios de ese ente territorial, sin que se tuviera en cuenta los costos que
debieron sufragar para participar del proceso por concepto de desplazamientos a la
ciudad de Medellín, donde se realizaban las valoraciones y pruebas.

Alegaron que “a los Chocoanos siempre nos toca un poco más difícil que cualquier parte
de Colombia realizar este proceso de incorporación ya que nos toca siempre viajar a la
ciudad de Medellín a realizar exámenes de laboratorio entre otros exámenes y aun así
esto no es visto ni tenido en cuenta cuando a algunos les salía el examen mal por lo que
les tocó coger trocha para llegar a Medellín de un día para otro, lo cual implicaba la
alteración de algunos exámenes lo que les imposibilita cumplir sus sueños, y aun así no
nos tiene en cuenta el esfuerzo que hacemos los Chocoanos y todo para buscar una
oportunidad y para muchos cumplir sus sueños y sacar a nuestras familias adelantes”.

3
“Hemos tocado las puertas de la gobernación, de la alcaldía, del señor Coronel Comandante de policía
Chocó pero estos no nos dan respuesta ni muchos menos una solución y el tiempo juega en mi contra.
Algunos funcionarios como la Gobernadora por medio de LUIS ENRIQUE MURILLO ROBLEDO (Defensor
del Pueblo Chocó), lo que nos han manifestado es que la falta ha sido por lo que no hay recursos por lo
que la convocatoria era becada y quienes cubrían los gastos era la embajada Americana por medio del
programa de beca INL Vamos Sumando, mientras el alcalde de Quibdó ha guardado silencio”. (índice 02
SAMAI).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
Acción de tutela

Finalmente, aducen que una vez revisaron el número total de seleccionados se
percataron de que no hubo una reducción a nivel nacional de los cupos, pues fueron
4.000 los ofertados y un número similar de escogidos, lo cual pone en evidencia que la
reducción de cupos solo fue en el departamento del Chocó, situación que afectó
gravemente a los jóvenes oriundos de ese departamento, quienes contaban con el
respaldo del programa de becas “Vamos Sumando – INL”, el cual era financiado por la
Embajada de los Estados Unidos de América, sin embargo, fue suprimido y quedaron sin
apoyo para culminar el proceso.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, en las acciones de tutela acumuladas los demandantes
solicitaron que se acceda a las siguientes súplicas:

“Con fundamento en lo anterior, de manera respetuosa solicito a su despacho,
se amparen mis derechos fundamentales, derecho al Trabajo, derecho a la
educación, derecho al debido proceso, derecho a la igualdad y no
discriminación y al derecho al mínimo vital y los demás que su despacho
considere vulnerados, emitiendo las siguientes ordenes:

ORDENAR: Que en el término de 48 horas contados a partir de la notificación
del fallo emitido por su despacho. Los accionados de la presente tutela emitan
informe de fondo describiendo la problemática de manera detallada acerca de
la situación que motiva la presente tutela.

ORDENAR: Que la información que reposa en mi carpeta de aspirante Carpeta
044 sea trasladada a este despacho para que el Juez Constitucional haga juicio
de Valor de la misma, para de esta manera tenga una mejor percepción en la
toma de decisión.

ORDENAR: A la máxima autoridad competente en el caso que nos ocupa
Director de Policía para que tome carta en el asunto, para de esta manera yo
poder ingresar a escuela de formación este 02 de Mayo o fecha que indique
este despacho, tal como lo indica la normatividad y respetando el debido
proceso al haber cumplido con todos los requisitos, valoraciones al igual de
haber superado con satisfacción el Consejo de Admisión.

ORDENAR: A la unidad básica de incorporación Chocó, brindar informe
cuantitativo de la cantidad exacta (cifra) de aspirantes inscriptos en la
convocatoria que nos ocupa, cantidad de aspirantes que avanzaron en la
primera tanda en la que participe, cantidad exacta de aspirantes esperando en
la segunda tanda, está con el fin de brindar una mejor percepción al juez a la
hora de la toma de decisión.

ORDENAR: A incorporación incluirme en resolución de aspirantes aptos para
ingresar a escuela de formación, basándose en los resultados de mi carpeta a
como del Consejo de Admisión los cuales supere con satisfacción.

ORDENAR: Al señor presidente de la República Doctor GUSTAVO PETRO
URREGO brindar informe sobre la situación que ahora enfrentamos los

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
Acción de tutela

aspirantes de Policía del departamento del Chocó, los cuales ya no contamos
con la ayuda de beca que nos brindaba la Embajada Americana por medio de
su programa de becas Vamos Sumando INL, después de la crisis diplomática
entre Colombia y Estados Unidos, que solución nos puede brindar a los actuales
aspirantes que dependían de estas becas para cumplir sus sueños Y que hoy
somos los afectados de tal manera que nos quitan los cupos aún cumpliendo
con todo los requisitos.

ORDENAR: Cualquier otra medida que considere necesaria señor Juez.”.
(mayúsculas y negrillas del original - archivo disponible en medio magnético en
el aplicativo SAMAI – Índice 02 SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 5 de mayo de 20254 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó remitió el proceso a esta Corporación en aplicación de la regla de reparto
contenida en el numeral 12 del artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 333 de 2021 pues, a su
juicio, las acciones de tutela presentadas en contra del presidente de la República
corresponden al Consejo de Estado (índice 02 SAMAI).

En auto de 8 de mayo de 20255 se admitió la acción de tutela interpuesta por la
demandante principal, señora Melany Lizeth Peña Moreno y se ordenó la notificación al
presidente de la República, al ministro de Igualdad y Equidad, al director de la Policía
Nacional, al director de incorporación de la Policía Nacional, a la gobernadora del
departamento del Chocó, al comandante de la Policía Nacional de Chocó, al jefe de la
Unidad Básica de Incorporación de la Policía Nacional y al alcalde del municipio de
Quibdó con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción.

Distintos despachos judiciales del país remitieron los expedientes referenciados al inicio
de esta providencia para que se decidiera sobre su admisión en virtud de lo establecido
en el Decreto 1069 de 2015 que regula el reparto de acciones de tutela masivas.

A través de autos de 156, 22, 26, 277 y 288 de mayo de 2025 se ordenó la acumulación
de los expedientes remitidos con situaciones fácticas y jurídicas susceptibles de ser

4
Índice 02 SAMAI.
5
Índice 04 SAMAI.
6
Índice 16 SAMAI.
7
Índice 31 SAMAI.
8
Índice 33 SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
Acción de tutela

decididas en la misma providencia que en el proceso con radicación no. 11001-03-15-
000-2025-02662-00.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El director de incorporación de la Policía Nacional9 informó de la existencia de otro
proceso judicial que cursó en el Juzgado Promiscuo de Familia de Istmina Chocó 10, al
tiempo que precisó que no vulneró de ninguna forma los derechos fundamentales de la
actora pues, si bien superaron 4 de las 7 etapas establecidas, lo cierto es que no
obtuvieron el puntaje necesario para poderlos ubicar dentro de las plazas otorgadas por
el Gobierno Nacional a través del incremento de la planta de personal de la Policía
Nacional.

Finalmente, aclaró que no es cierta la afirmación contenida en las demandas de tutela
frente a la supuesta existencia de 150 cupos exclusivos para el departamento de Chocó,
puesto que los cupos obedecen al cumplimiento de los requisitos y la superación exitosa
de cada una de las etapas, de conformidad con lo establecido en la Resolución no. 01086
del 29 de abril de 2022, proceso que se encuentra a cargo de la Sección de Asuntos
Antinarcóticos y de la Embajada de Estados Unidos; en todo caso, aspirantes
provenientes del Chocó fueron admitidos al programa en diferentes grupos de
incorporación a nivel nacional.

La Alcaldía de Quibdó11 solicitó negar las pretensiones de la demanda por inexistencia
de derechos vulnerados en tanto cuando no existe una actuación u omisión de su parte
a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías
fundamentales en cuestión; en el mismo sentido solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva tras encontrar que el municipio de Quibdó no es el
competente para garantizar los derechos vulnerados a los accionantes.

La Presidencia de la República12 informó de la existencia de otras acciones de tutela en
los mismos términos13 y que se declarara improcedente el amparo pretendido por los
diferentes actores; a renglón seguido pidió que se le desvinculara del por no existir ningún

9
Índices 9 y 23 SAMAI.
10
Proceso con radicación no. 273613184001-2025-00050-00.
11
Índice 11 SAMAI.
12
Índice 14 SAMAI.
13
Procesos con radicación nos. 27001-31-18-001-2025-00012-00, 27001-31-09-005-2025-00013-00 y
27001-33-33-008-2025-00053-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
Acción de tutela

tipo de vulneración por parte de esa autoridad, por el contrario, destacó la autonomía de
la Policía Nacional en la realización de sus procesos internos de convocatoria, en los
términos de los artículos 6 y 7 de la Ley 2179 de 2021.

El Juzgado Promiscuo de Familia de Istmina – Chocó14 remitió la sentencia con radicación
no. 27361-31-84-001-2025-00050-00 en la que negó las pretensiones de la demanda de
un caso con similitudes fácticas y jurídicas.

El Ministerio de Igualdad y Equidad15 informó de la existencia de otras acciones de tutela
con similares argumentos al caso concreto16 y solicitó su desvinculación del asunto de la
referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva en tanto no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) de las solicitudes de
desvinculación y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

14
Índice 22 SAMAI.
15
Índice 28 SAMAI.
16
Procesos con radicación nos. 27001-31-18-001-2025-00012-00, 27001-31-07-003-2025-00014-00,
27001-31-09-005-2025-00013-00, 27001-33-33-008-2025-00053-00, 27001-31-09-004-2025-00014-00 y
27001-31-18-001-2025-00063-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
Acción de tutela

2. Las solicitudes de desvinculación

La Presidencia de la República, el Ministerio de la igualdad y la equidad y la Alcaldía de
Quibdó solicitaron su desvinculación del proceso por estimar que carecen de legitimación
en la causa por pasiva, sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a tal
solicitud pues dichas autoridades fueron vinculadas en condición de accionadas, por
cuanto en la acción de tutela se enfilaron pretensiones en contra de ellas, motivo por el
cual será necesario determinar si con sus acciones u omisiones vulneraron los derechos
de los actores.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional la Presidencia de la
República, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Policía Nacional, el director de
incorporación de la Policía Nacional, el departamento del Chocó el comandante de la
Policía Nacional de Chocó, el jefe de la Unidad Básica de Incorporación de la Policía
Nacional y el municipio de Quibdó con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión del acto administrativo expedido en el marco de la Convocatoria 206-2024 que
los excluyó de la convocatoria y la ausencia de explicaciones y soluciones por parte de
las accionadas.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, por razones metodológicas, la
Sala dividirá el estudio de las pretensiones en dos: i) por un lado, declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al acto
administrativo definitivo que publicó el listado de admitidos a la siguiente fase en la
Convocatoria 206-2024, por cuanto se trata del acto que los privó del derecho de
continuar en el proceso de incorporación y, por tanto debe ser demandado a través del
medio de control correspondiente; y, ii) en segundo lugar, negará las pretensiones
relacionadas con las solicitudes de información realizadas en contra del presidente de la
República, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Policía Nacional, el director de
incorporación de la Policía Nacional, el departamento del Chocó, el comandante de la
Policía Nacional de Chocó, el jefe de la Unidad Básica de Incorporación de la Policía
Nacional y el municipio de Quibdó, por ausencia de hecho vulnerador, por las razones
que se exponen a continuación:

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
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3.1 Frente al acto administrativo definitivo que publicó el listado de admitidos a la
siguiente fase en el marco de la Convocatoria 206-2024

a. Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
Acción de tutela

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para
evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo
transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

b. Verificación del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

1) En el caso sub examine, los demandantes alegaron que las autoridades demandadas
vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, trabajo,
mínimo vital, igualdad y educación por no haberse garantizado el número de cupos que
se informó para el ingreso a la Escuela de Formación Patrulleros de la Policía Nacional
– Grupo de Incorporación Chocó en la convocatoria no. 2062024

2) Ahora bien, revisada las diferentes solicitudes de tutela que fueron previamente
acumuladas la Sala advierte que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos
generales que habilitan la procedencia de la acción de tutela, debido a que los cargos
formulados en las solicitudes de amparo no superan el requisito de subsidiariedad, en
los términos del ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

3) A pesar de que se invoca la vulneración de derechos constitucionales fundamentales,
se advierte que los demandantes no agotaron todos los medios de defensa judicial que
tenía a su alcance y tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
torne procedente la acción.

4) En efecto, si la intención de los demandantes es reprochar el contenido del acto
administrativo definitivo que publicó el listado de admitidos en la Convocatoria 206-2024,
esta Sala observa que tienen a su alcance otros mecanismos judiciales de defensa; a
saber, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
pueden plantear los cargos que invocan por esta vía e, inclusive, si a bien lo tienen
presentar junto con la demanda medidas cautelares de urgencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
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Acción de tutela

5) Además, los demandantes no alegaron ni evidenciaron la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional
intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su
inminente materialización o mitigarlo.

7) Se precisa que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa o para revivir términos, pues, una interpretación contraria nos llevaría
a que esta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias
ordinarias, lo cual desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de
derechos fundamentales.

8) En este caso, para la Sala resulta evidente que si lo que pretenden los actores es
cuestionar una supuesta disminución de los cupos que presuntamente habían sido
anunciados y que no les fueron garantizadas a la postre, para ello cuentan con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto
que publicó el listado de admitidos y, de contera, los excluyó de la siguiente fase del
proceso de incorporación, puesto que esa decisión contiene la voluntad unilateral de la
administración que resolvió definitivamente sus diferentes situaciones jurídicas
particulares, en tanto que, se reitera, fue a través de ese acto que quedaron
definitivamente excluidos del proceso, de modo que cualquier cuestionamiento deben
ventilarlos a través del medio de control referido, en el cual pueden proponer los mismos
argumentos que pretenden exponer por esta vía constitucional.

9) La acción de tutela no constituye el medio idóneo para cuestionar la ilegalidad de los
actos administrativos porque ello desconoce el carácter subsidiario y residual propio de
esta acción constitucional, la cual, por regla general, no procede contra actos
administrativos, pues estos gozan de presunción de legalidad y deben ser demandados
con los instrumentos que el legislador previó para tales efectos, salvo que se demuestre
la existencia de un perjuicio irremediable, circunstancia que no se acreditó en este caso.

10) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
Actores: Melany Lizeth Peña Moreno y otros
Acción de tutela

3.2 Frente a las diferentes solicitudes de información para que las distintas
autoridades demandadas rindan cuenta, justifiquen y den soluciones a la
problemática por la supuesta disminución de cupos

a. Análisis de los requisitos de procedibilidad

En cuanto a este segundo punto, la Sala precisa que se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto se invocó la afectación de
los derechos fundamentales del debido proceso, trabajo, mínimo vital, igualdad y
educación.

Asimismo, en sus condiciones de aspirantes al proceso de inscripción a la Convocatoria
206-2024, cada uno de los actores está legitimado por activa en la causa para reclamar
por esta vía por la afrenta a los derechos de los cuales son titulares; asimismo, la
Presidencia de la República, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Policía Nacional, el
director de incorporación de la Policía Nacional, el departamento del Chocó, el
comandante de la Policía Nacional de Chocó, el jefe de la Unidad Básica de Incorporación
de la Policía Nacional y el municipio de Quibdó se encuentran legitimados por pasiva para
responder por presuntamente no haber garantizado el número de cupos que se informó
para el ingreso a la Escuela de Formación Patrulleros de la Policía Nacional – Grupo de
Incorporación Chocó en la Convocatoria no. 2062024.

Igualmente, el presupuesto de la inmediatez se encuentra superado, pues, el 17 de abril
de 2025, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional publicó a través de la página
web las personas seleccionadas que fueron admitidas por superar el proceso para
ingresar a la escuela de formación, esto es, se trata de una amenaza actual porque
corresponde a una supuesta omisión.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala recuerda que frente a estas pretensiones
en particular los argumentos de la acción de tutela no se dirigen en contra de un acto
administrativo en concreto, sino, por el contrario, a perseguir un pronunciamiento de las
autoridades demandadas y una solución a la problemática que denuncian, razón por la
cual no existe un mecanismo idóneo y eficaz que permita proteger sus garantías.

En consecuencia, frente a tales pretensiones la acción de tutela cumplió con los requisitos
genéricos de procedibilidad, por lo que esta Corporación procederá a determinar si deben
o no ampararse los derechos fundamentales invocados.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02662-00
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Acción de tutela

b. La ausencia de hecho vulnerador

1) En sus diferentes demandas, en términos similares, los actores manifestaron que las
autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales pues, a pesar de
haber superado todas las etapas establecidas del proceso de incorporación a la Policía
Nacional, resultaron excluidos del concurso sin justificación aparente, motivo por el cual
solicitaron a las autoridades demandadas un informe en el que describan lo que ocurrió,
expliquen, entre otras cosas, cuántos aspirantes se inscribieron, cuántos fueron
admitidos y cuántos no.

2) De igual forma, indicaron que se asignaron 150 cupos para el departamento del Chocó,
no obstante, solo fueron admitidos 48 chocoanos, en consecuencia, pidieron que se
ordene a las accionadas que emitan informe de fondo en el cual expliquen la razón de la
decisión de no admitirlos, la presunta disminución de cupos y, en particular, frente a la
presidencia de la República que les brinden una solución a la problemática.

3) Pues bien, en primer lugar la Sala considera preciso destacar que, a partir de la revisión
de la acción de tutela, se advierte que ninguno de los demandantes aportó prueba
siquiera sumaria que demostrara un hecho vulnerador concreto atribuible a las partes
demandadas, pues, no allegaron pruebas que acreditaran que acudieron de manera
directa a cada una de las autoridades demandadas para presentar una petición o solicitud
formal destinada a obtener la información que ahora requieren por esta vía de tutela.

4) Por otra parte, si bien en la tutela alegaron que supuestamente la subteniente de la
Policía Nacional, Alejandra Espis Bustamante, aseguró que se garantizarían 150 cupos
para el departamento del Chocó, lo cierto es que tampoco arrimaron ningún medio de
convicción que sustente su dicho o que por lo menos permita inferir que i) efectivamente
existían tal número de cupos destinados exclusivamente para el departamento, ii) que
fueron informados de dicha cuota y que en las reglas de la convocatoria así se haya
establecido, iii) que a la postre el número de cupos haya sido reducido y, iv) mucho menos
que dicha reducción obedeciera a razones de discriminación o segregación en contra de
los jóvenes provenientes de esa zona del país.

5) Por el contrario, en su escrito de contestación la Policía Nacional precisó que la
afirmación referente a la supuesta existencia de 150 cupos para el departamento del
Choco no obedece a la realidad, en tanto la cuota total de aspirantes obedece al

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Acción de tutela

cumplimiento de los requisitos y la superación exitosa de cada una de las etapas de
conformidad con lo establecido en la Resolución no. 01086 del 29 de abril de 2022.

6) Pese a ello, los actores se limitaron a afirmar que según el testimonio de una
subteniente de la institución se asignarían 150 cupos para ese departamento, sin haber
aportado la declaración de la funcionaria en la que presuntamente les informó de esa
determinación e, inclusive, sin que se aprecie la existencia de ningún acto administrativo,
declaración oficial o cualquier otro medio que permita inferir de manera razonada que
inicialmente los cupos ascendían a dicha cifra y aún menos que con posterioridad fueron
reducidos.

7) En todo caso, si los demandantes tenían certeza de la supuesta reducción de los cupos
y lo que echan de menos es una explicación de las razones que llevaron a las autoridades
accionadas a adoptar tal determinación, para la Sala es evidente que ante ese escenario,
con mayor razón, debieron solicitar directamente ante tales autoridades dicha
información, sin embargo, acudieron de manera directa a la acción de tutela sin haberse
dirigido previamente a las presuntas responsables de dicho cambio.

8) Aunque en sus diferentes escritos narraron que presuntamente han tocado diferentes
puertas y que las accionadas no les han solucionado la situación, les han informado que
no hay recursos o que incluso han guardado silencio, se insiste, no allegaron ninguna
prueba que así lo ratifique y, en todo caso, lo cierto es que en el evento de que existan
las supuestas respuestas negativas o incluso ante el silencio de dichas autoridades
debieron demandar los actos administrativos expresos o fictos correspondientes, sin que
tampoco hayan acreditado haberlo hecho, como se explicó en el capítulo anterior, motivo
por el cual en esa hipótesis la acción de tutela resultaría en todo caso improcedente.

9) Adicionalmente, si lo que pretenden es reclamar por la presunta vulneración de sus
garantías fundamentales por haber incurrido en gastos y erogaciones económicas para
solventar todo el proceso de incorporación, lo cierto es que, en los términos de la
jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no es el medio idóneo para ventilar
controversias de carácter económico, máxime si como en este caso no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable.

10) En ese contexto, para la Sala es forzoso concluir que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales que sea susceptible de amparo por la vía de tutela, por

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cuanto los demandantes no cumplieron con su carga de solicitar previamente ante las
autoridades correspondientes lo que pretenden por esta vía y con ello no les otorgaron la
oportunidad de pronunciarse en sede administrativa.

11) En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de las acciones de tutela
acumuladas por ausencia de hecho vulnerador.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente las acciones de tutela acumuladas frente al acto
administrativo definitivo que publicó el listado de admitidos en la Convocatoria 206-2024
por las razones expuestas en la parte motiva.

2º) Niéguense las demás pretensiones de las acciones de tutela acumuladas.

3º) Niéguense las solicitudes de desvinculación presentadas por Presidencia de la
República, el ministerio de la igualdad y la equidad y la Alcaldía de Quibdó.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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