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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02884-00

Fecha
20 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02884-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela frente al acto administrativo definitivo que publicó el listado de admitidos en la Convocatoria 206-2024 por las razones expuestas en la parte motiva. 2º) Niéguense las demás pretensiones de la acción de tutela. 14 Expediente: 11001-03-15-000-2025-02884-00 Actor: Darlin Valentina Armijo Ibargüen Acción de tutela 3º) Niéguense la solicitud de desvinculación presentada por la Presidencia de la República. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02884-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

20 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Veinte (20) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expedientes: 11001-03-15-000-2025-02884-00
Demandante: DARLIN VALENTINA ARMIJO IBARGÜEN
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA. SE
DECLARA IMPROCEDENTE POR EL INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD Y SE NIEGA ANTE
LA AUSENCIA DE HECHO VULNERADOR

Síntesis del caso: la demandante cuestionó el proceso realizado a través de la Convocatoria no.
2062024 para el ingreso a la Escuela de Formación Patrulleros de la Policía Nacional – Grupo de
Incorporación Chocó. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad frente al acto administrativo definitivo que publicó la lista de
admitidos, toda vez que la actora cuenta con otro medio de control para demandar el acto
administrativo de carácter particular expedido en el marco de la Convocatoria 206-2024, además,
negará las demás pretensiones de la demanda por ausencia de hecho vulnerador.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Darlin Valentina Armijo
Ibargüen1 en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Igualdad y
Equidad, la Policía Nacional, el director de incorporación de la Policía Nacional, el
departamento del Chocó el comandante de la Policía Nacional de Chocó, el jefe de la
Unidad Básica de Incorporación de la Policía Nacional y el municipio de Quibdó para la
protección de los derechos fundamentales del debido proceso, trabajo, mínimo vital,
igualdad y educación de la demandante consagrados en los artículos 13, 25, 29 y 67 de
la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión del acto administrativo
expedido en el marco de la Convocatoria 206-2024 que la excluyó del proceso y por no
haberle garantizado el número de cupos que se informó para el ingreso a la Escuela de
Formación Patrulleros de la Policía Nacional – Grupo de Incorporación Chocó en la
convocatoria no. 2062024.

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Índice 02 SAMAI

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02884-00
Actor: Darlin Valentina Armijo Ibargüen
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

Como fundamento de la acción de tutela, la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) Los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2024, por órdenes del presidente de la
República, la Policía Nacional publicó la convocatoria no. 2062024 con el fin de otorgar
becas para la Escuela de Formación de la Policía Nacional a aquellos que superaran el
proceso de incorporación para ingresar los primeros meses del año 2025.

2) La demandante inició el proceso de inscripción a la Convocatoria 206-2024 para
aspirar al grado de patrullero de la Policía e ingresar a la escuela el 2 de mayo de 2025,
procedimiento para el cual debía superar diferentes fases y etapas que incluían, entre
otras, compra de carpetas, prevaloraciones médicas y psicotécnicas, estudios de
seguridad y entrevistas en lugares diferentes a su municipio de origen.

3) Según el testimonio de la subteniente Alejandra Espis Bustamante, para el
departamento del Chocó, de los 4.000 cupos ofertados a nivel nacional se dispondrían
un total de 150, para quienes alcanzaran a cumplir con todos y cada uno de los requisitos
y valoraciones desarrolladas en el proceso de selección.

4) A lo largo del proceso, la actora debió sufragar gastos por $4.650.000, para cubrir los
exámenes y valoraciones antes mencionados, viáticos, hospedaje, pasajes a la ciudad
de Medellín, entre otros.

5) El 17 de abril de 2025, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional publicó a
través de la página web las personas seleccionadas que fueron admitidas por superar el
proceso para ingresar a la escuela de formación; no obstante, con sorpresa se percató
que de los 150 cupos disponibles solo 48 candidatos admitidos eran del departamento
de Chocó.

6) Aunque aseguró haber tocado puertas, ninguna autoridad ha garantizado los cupos y,
por el contrario, en su mayoría han guardado silencio2.

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“Hemos tocado las puertas de la gobernación, de la alcaldía, del señor Coronel Comandante de policía
Chocó pero estos no nos dan respuesta ni muchos menos una solución y el tiempo juega en mi contra.
Algunos funcionarios como la Gobernadora por medio de LUIS ENRIQUE MURILLO ROBLEDO (Defensor
del Pueblo Chocó), lo que nos han manifestado es que la falta ha sido por lo que no hay recursos por lo

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02884-00
Actor: Darlin Valentina Armijo Ibargüen
Acción de tutela

Fundamentos de la vulneración

Para la demandante la reducción de los cupos constituye una violación a sus derechos
fundamentales, pues, a pesar de haber superado todas las etapas establecidas del
proceso de incorporación a la Policía Nacional, fue excluida del concurso sin justificación
aparente, en condiciones que evidencian posibles irregularidades, con trato
discriminatorio hacia los aspirantes del departamento del Chocó y sin explicar la
disminución en los cupos destinados para ese departamento.

A pesar de que se destinaron 150 cupos para el Chocó, únicamente se escogieron 48
aspirantes originarios de ese ente territorial, sin que se tuviera en cuenta los costos que
debió sufragar para participar del proceso por concepto de desplazamientos a la ciudad
de Medellín, donde se realizaban las valoraciones y pruebas.

Alegó que “a los Chocoanos siempre nos toca un poco más difícil que cualquier parte de
Colombia realizar este proceso de incorporación ya que nos toca siempre viajar a la
ciudad de Medellín a realizar exámenes de laboratorio entre otros exámenes y aun así
esto no es visto ni tenido en cuenta cuando a algunos les salía el examen mal por lo que
les tocó coger trocha para llegar a Medellín de un día para otro, lo cual implicaba la
alteración de algunos exámenes lo que les imposibilita cumplir sus sueños, y aun así no
nos tiene en cuenta el esfuerzo que hacemos los Chocoanos y todo para buscar una
oportunidad y para muchos cumplir sus sueños y sacar a nuestras familias adelantes”.

Finalmente, adujo que una vez revisó el número total de seleccionados se percató de que
no hubo una reducción a nivel nacional de los cupos, pues fueron 4.000 los ofertados y
un número similar de escogidos, lo cual pone en evidencia que la reducción de cupos
solo fue en el departamento del Chocó, situación que afectó gravemente a los jóvenes
oriundos de ese departamento, quienes contaban con el respaldo del programa de becas
“Vamos Sumando – INL”, el cual era financiado por la Embajada de los Estados Unidos
de América, sin embargo, fue suprimido y quedaron sin apoyo para culminar el proceso.

que la convocatoria era becada y quienes cubrían los gastos era la embajada Americana por medio del
programa de beca INL Vamos Sumando, mientras el alcalde de Quibdó ha guardado silencio”. (índice 02
SAMAI).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02884-00
Actor: Darlin Valentina Armijo Ibargüen
Acción de tutela

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, en la acción de tutela, la demandante solicitó que se
acceda a las siguientes súplicas:

“Con fundamento en lo anterior, de manera respetuosa solicito a su despacho,
se amparen mis derechos fundamentales, derecho al Trabajo, derecho a la
educación, derecho al debido proceso, derecho a la igualdad y no
discriminación y al derecho al mínimo vital y los demás que su despacho
considere vulnerados, emitiendo las siguientes ordenes:

ORDENAR: Que en el término de 48 horas contados a partir de la notificación
del fallo emitido por su despacho. Los accionados de la presente tutela emitan
informe de fondo describiendo la problemática de manera detallada acerca de
la situación que motiva la presente tutela.

ORDENAR: Que la información que reposa en mi carpeta de aspirante Carpeta
044 sea trasladada a este despacho para que el Juez Constitucional haga juicio
de Valor de la misma, para de esta manera tenga una mejor percepción en la
toma de decisión.

ORDENAR: A la máxima autoridad competente en el caso que nos ocupa
Director de Policía para que tome carta en el asunto, para de esta manera yo
poder ingresar a escuela de formación este 02 de Mayo o fecha que indique
este despacho, tal como lo indica la normatividad y respetando el debido
proceso al haber cumplido con todos los requisitos, valoraciones al igual de
haber superado con satisfacción el Consejo de Admisión.

ORDENAR: A la unidad básica de incorporación Chocó, brindar informe
cuantitativo de la cantidad exacta (cifra) de aspirantes inscriptos en la
convocatoria que nos ocupa, cantidad de aspirantes que avanzaron en la
primera tanda en la que participe, cantidad exacta de aspirantes esperando en
la segunda tanda, está con el fin de brindar una mejor percepción al juez a la
hora de la toma de decisión.

ORDENAR: A incorporación incluirme en resolución de aspirantes aptos para
ingresar a escuela de formación, basándose en los resultados de mi carpeta a
como del Consejo de Admisión los cuales supere con satisfacción.

ORDENAR: Al señor presidente de la República Doctor GUSTAVO PETRO
URREGO brindar informe sobre la situación que ahora enfrentamos los
aspirantes de Policía del departamento del Chocó, los cuales ya no contamos
con la ayuda de beca que nos brindaba la Embajada Americana por medio de
su programa de becas Vamos Sumando INL, después de la crisis diplomática
entre Colombia y Estados Unidos, que solución nos puede brindar a los actuales
aspirantes que dependían de estas becas para cumplir sus sueños Y que hoy
somos los afectados de tal manera que nos quitan los cupos aún cumpliendo
con todo los requisitos.

ORDENAR: Cualquier otra medida que considere necesaria señor Juez.”.
(mayúsculas y negrillas del original - archivo disponible en medio magnético en
el aplicativo SAMAI – Índice 02 SAMAI).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02884-00
Actor: Darlin Valentina Armijo Ibargüen
Acción de tutela

Actuación procesal

Mediante auto de 13 de mayo de 20253 el Juzgado Séptimo Administrativo de Quibdó
remitió el proceso a esta Corporación en aplicación de la regla de reparto contenida en
el numeral 12 del artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 333 de 2021 pues, a su juicio, las acciones
de tutela presentadas en contra del presidente de la República corresponden al Consejo
de Estado (índice 02 SAMAI).

En auto de 19 de mayo de 20254, el señor magistrado Juan Camilo Morales Trujillo de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió el asunto de la
referencia para que se acumulara al proceso con radicación no. 11001-03-15- 000-2025-
02662-00 por tratarse de un caso de acciones de tutela masivas, en la medida que el
despacho del suscrito magistrado ponente fue el primero en admitir una tutela con
similitud fáctica y jurídica, de conformidad con las reglas de reparto de acciones de tutela
masivas.

Mediante auto de 5 de junio de 20255 se negó la acumulación, pero se avocó
conocimiento de la acción de tutela interpuesta por la demandante y se ordenó la
notificación al presidente de la República, al ministro de Igualdad y Equidad, al director
de la Policía Nacional, al director de incorporación de la Policía Nacional, a la
gobernadora del departamento del Chocó, al comandante de la Policía Nacional de
Chocó, al jefe de la Unidad Básica de Incorporación de la Policía Nacional y al alcalde
del municipio de Quibdó con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

La Presidencia de la República 6 informó de la existencia de otras acciones de tutela en
los mismos términos7 y que se declarara improcedente el amparo pretendido por los
diferentes actores; a renglón seguido pidió que se le desvinculara del por no existir ningún
tipo de vulneración por parte de esa autoridad, por el contrario, destacó la autonomía de

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Índice 02 SAMAI.
4
Índice 04 SAMAI.
5
Índice 10 SAMAI.
6
Índices 16 y 18 SAMAI
7
Procesos con radicación nos. 27001-31-18-001-2025-00012-00, 27001-31-09-005-2025-00013-00 y
27001-33-33-008-2025-00053-00

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Actor: Darlin Valentina Armijo Ibargüen
Acción de tutela

la Policía Nacional en la realización de sus procesos internos de convocatoria, en los
términos de los artículos 6 y 7 de la Ley 2179 de 2021.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) de la solicitud de desvinculación
y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

2. La solicitud de desvinculación

La Presidencia de la República solicitó su desvinculación del proceso por estimar que
carecen de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, la Sala advierte que no hay
lugar a acceder a tal solicitud pues dichas autoridades fueron vinculadas en condición de
accionadas, por cuanto en la acción de tutela se enfilaron pretensiones en contra de ellas,
motivo por el cual será necesario determinar si con sus acciones u omisiones vulneraron
los derechos de la accionante.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional la Presidencia de la
República, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Policía Nacional, el director de

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Acción de tutela

incorporación de la Policía Nacional, el departamento del Chocó el comandante de la
Policía Nacional de Chocó, el jefe de la Unidad Básica de Incorporación de la Policía
Nacional y el municipio de Quibdó con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión del acto administrativo expedido en el marco de la Convocatoria 206-2024 que
lo excluyó de la convocatoria y la ausencia de explicaciones y soluciones por parte de las
accionadas.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, por razones metodológicas, la
Sala dividirá el estudio de las pretensiones en dos: i) por un lado, declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al acto
administrativo definitivo que publicó el listado de admitidos a la siguiente fase en la
Convocatoria 206-2024, por cuanto se trata del acto que lo privó del derecho de continuar
en el proceso de incorporación y, por tanto debe ser demandado a través del medio de
control correspondiente; y, ii) en segundo lugar, negará las pretensiones relacionadas
con las solicitudes de información realizadas en contra del presidente de la República, el
Ministerio de Igualdad y Equidad, la Policía Nacional, el director de incorporación de la
Policía Nacional, el departamento del Chocó, el comandante de la Policía Nacional de
Chocó, el jefe de la Unidad Básica de Incorporación de la Policía Nacional y el municipio
de Quibdó, por ausencia de hecho vulnerador, por las razones que se exponen a
continuación:

2.1 Frente al acto administrativo definitivo que publicó el listado de admitidos a la
siguiente fase en el marco de la Convocatoria 206-2024

a. Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que la demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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Acción de tutela

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para
evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo
transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

b. Verificación del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

1) En el caso sub examine, la demandante alegó que las autoridades demandadas
vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, trabajo,
mínimo vital, igualdad y educación por no haberse garantizado el número de cupos que

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Acción de tutela

se informó para el ingreso a la Escuela de Formación Patrulleros de la Policía Nacional
– Grupo de Incorporación Chocó en la convocatoria no. 2062024

2) Ahora bien, revisada la solicitud de tutela la Sala advierte que no se acreditó el
cumplimiento de los requisitos generales que habilitan la procedencia de la acción de
tutela, debido a que los cargos formulados en la solicitud de amparo no supera el
requisito de subsidiariedad, en los términos del ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991.

3) A pesar de que se invoca la vulneración de derechos constitucionales fundamentales,
se advierte que la demandante no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía
a su alcance y tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que torne
procedente la acción.

4) En efecto, si la intención de la demandante es reprochar el contenido del acto
administrativo definitivo que publicó el listado de admitidos en la Convocatoria 206-2024,
esta Sala observa que tiene a su alcance otros mecanismos judiciales de defensa; a
saber, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede plantear los cargos que invoca por esta vía e, inclusive, si a bien lo tiene presentar
junto con la demanda medidas cautelares de urgencia.

5) Además, la demandante no alegó ni evidenció la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional
intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su
inminente materialización o mitigarlo.

7) Se precisa que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa o para revivir términos, pues, una interpretación contraria nos llevaría
a que esta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias
ordinarias, lo cual desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de
derechos fundamentales.

8) En este caso, para la Sala resulta evidente que si lo que pretende la actora es
cuestionar una supuesta disminución de los cupos que presuntamente habían sido
anunciados y que no les fueron garantizadas a la postre, para ello cuenta con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto

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Acción de tutela

que publicó el listado de admitidos y, de contera, la excluyó de la siguiente fase del
proceso de incorporación, puesto que esa decisión contiene la voluntad unilateral de la
administración que resolvió definitivamente sus diferentes situaciones jurídicas
particulares, en tanto que, se reitera, fue a través de ese acto que quedó definitivamente
excluidos del proceso, de modo que cualquier cuestionamiento debe ventilarlo a través
del medio de control referido, en el cual puede proponer los mismos argumentos que
pretende exponer por esta vía constitucional.

9) La acción de tutela no constituye el medio idóneo para cuestionar la ilegalidad de los
actos administrativos porque ello desconoce el carácter subsidiario y residual propio de
esta acción constitucional, la cual, por regla general, no procede contra actos
administrativos, pues estos gozan de presunción de legalidad y deben ser demandados
con los instrumentos que el legislador previó para tales efectos, salvo que se demuestre
la existencia de un perjuicio irremediable, circunstancia que no se acreditó en este caso.

10) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

2.2 Frente a las diferentes solicitudes de información para que las distintas
autoridades demandadas rindan cuenta, justifiquen y den soluciones a la
problemática por la supuesta disminución de cupos

a. Análisis de los requisitos de procedibilidad

En cuanto a este segundo punto, la Sala precisa que se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto se invocó la afectación de
los derechos fundamentales del debido proceso, trabajo, mínimo vital, igualdad y
educación.

Asimismo, en su condición de aspirante al proceso de inscripción a la Convocatoria 206-
2024, la actora está legitimada por activa en la causa para reclamar por esta vía por la
afrenta a los derechos de los cuales es titular; asimismo, la Presidencia de la República,
el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Policía Nacional, el director de incorporación de la
Policía Nacional, el departamento del Chocó, el comandante de la Policía Nacional de
Chocó, el jefe de la Unidad Básica de Incorporación de la Policía Nacional y el municipio
de Quibdó se encuentran legitimados por pasiva para responder por presuntamente no
haber garantizado el número de cupos que se informó para el ingreso a la Escuela de

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Acción de tutela

Formación Patrulleros de la Policía Nacional – Grupo de Incorporación Chocó en la
Convocatoria no. 2062024.

Igualmente, el presupuesto de la inmediatez se encuentra superado, pues, el 17 de abril
de 2025, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional publicó a través de la página
web las personas seleccionadas que fueron admitidas por superar el proceso para
ingresar a la escuela de formación, esto es, se trata de una amenaza actual porque
corresponde a una supuesta omisión.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala recuerda que frente a estas pretensiones
en particular los argumentos de la acción de tutela no se dirigen en contra de un acto
administrativo en concreto, sino, por el contrario, a perseguir un pronunciamiento de las
autoridades demandadas y una solución a la problemática que se denuncian, razón por
la cual no existe un mecanismo idóneo y eficaz que permita proteger sus garantías.

En consecuencia, frente a tales pretensiones la acción de tutela cumplió con los requisitos
genéricos de procedibilidad, por lo que esta Corporación procederá a determinar si deben
o no ampararse los derechos fundamentales invocados.

b. La ausencia de hecho vulnerador

1) La actora manifestó que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales pues, a pesar de haber superado todas las etapas establecidas del
proceso de incorporación a la Policía Nacional, resultó excluido del concurso sin
justificación aparente, motivo por el cual solicitó a las autoridades demandadas un
informe en el que describan lo que ocurrió, expliquen, entre otras cosas, cuántos
aspirantes se inscribieron, cuántos fueron admitidos y cuántos no.

2) De igual forma, indicó que se asignaron 150 cupos para el departamento del Chocó,
no obstante, solo fueron admitidos 48 chocoanos, en consecuencia, pidió que se ordene
a las accionadas que emitan informe de fondo en el cual expliquen la razón de la decisión
de no admitirlo, la presunta disminución de cupos y, en particular, frente a la presidencia
de la República que brinde una solución a la problemática.

3) Pues bien, en primer lugar, la Sala considera preciso destacar que, a partir de la
revisión de la acción de tutela, se advierte que no aportó prueba siquiera sumaria que

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Acción de tutela

demostrara un hecho vulnerador concreto atribuible a las partes demandadas, pues, no
allegó pruebas que acreditaran que acudió de manera directa a cada una de las
autoridades demandadas para presentar una petición o solicitud formal destinada a
obtener la información que ahora requiere por esta vía de tutela.

4) Por otra parte, si bien en la tutela alegó que supuestamente la subteniente de la Policía
Nacional, Alejandra Espis Bustamante, aseguró que se garantizarían 150 cupos para el
departamento del Chocó, lo cierto es que tampoco arrimó ningún medio de convicción
que sustente su dicho o que por lo menos permita inferir que i) efectivamente existían tal
número de cupos destinados exclusivamente para el departamento, ii) que fue
informados de dicha cuota y que en las reglas de la convocatoria así se haya establecido,
iii) que a la postre el número de cupos haya sido reducido y, iv) mucho menos que dicha
reducción obedeciera a razones de discriminación o segregación en contra de los jóvenes
provenientes de esa zona del país.

5) Por el contrario, en su escrito de contestación la Policía Nacional precisó que la
afirmación referente a la supuesta existencia de 150 cupos para el departamento del
Choco no obedece a la realidad, en tanto la cuota total de aspirantes obedece al
cumplimiento de los requisitos y la superación exitosa de cada una de las etapas de
conformidad con lo establecido en la Resolución no. 01086 del 29 de abril de 2022.

6) Pese a ello, la actora se limitó a afirmar que según el testimonio de una subteniente
de la institución se asignarían 150 cupos para ese departamento, sin haber aportado la
declaración de la funcionaria en la que presuntamente les informó de esa determinación
e, inclusive, sin que se aprecie la existencia de ningún acto administrativo, declaración
oficial o cualquier otro medio que permita inferir de manera razonada que inicialmente los
cupos ascendían a dicha cifra y aún menos que con posterioridad fueron reducidos.

7) En todo caso, si la demandante tenía certeza de la supuesta reducción de los cupos y
lo que echa de menos es una explicación de las razones que llevaron a las autoridades
accionadas a adoptar tal determinación, para la Sala es evidente que ante ese escenario,
con mayor razón, debió solicitar directamente ante tales autoridades dicha información,
sin embargo, acudió de manera directa a la acción de tutela sin haberse dirigido
previamente a las presuntas responsables de dicho cambio.

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Acción de tutela

8) Aunque en su escrito narró que presuntamente ha tocado diferentes puertas y que las
accionadas no les han solucionado la situación, le han informado que no hay recursos o
que incluso han guardado silencio, se insiste, no allegó ninguna prueba que así lo ratifique
y, en todo caso, lo cierto es que en el evento de que existan las supuestas respuestas
negativas o incluso ante el silencio de dichas autoridades debió demandar los actos
administrativos expresos o fictos correspondientes, sin que tampoco hayan acreditado
haberlo hecho, como se explicó en el capítulo anterior, motivo por el cual en esa hipótesis
la acción de tutela resultaría en todo caso improcedente.

9) Adicionalmente, si lo que pretende es reclamar por la presunta vulneración de sus
garantías fundamentales por haber incurrido en gastos y erogaciones económicas para
solventar todo el proceso de incorporación, lo cierto es que, en los términos de la
jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no es el medio idóneo para ventilar
controversias de carácter económico, máxime si como en este caso no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable.

10) En ese contexto, para la Sala es forzoso concluir que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales que sea susceptible de amparo por la vía de tutela, por
cuanto la demandante no cumplió con su carga de solicitar previamente ante las
autoridades correspondientes lo que pretende por esta vía y con ello no se les otorgó la
oportunidad de pronunciarse en sede administrativa.

11) En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela por ausencia
de hecho vulnerador.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela frente al acto administrativo definitivo que
publicó el listado de admitidos en la Convocatoria 206-2024 por las razones expuestas
en la parte motiva.

2º) Niéguense las demás pretensiones de la acción de tutela.

14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02884-00
Actor: Darlin Valentina Armijo Ibargüen
Acción de tutela

3º) Niéguense la solicitud de desvinculación presentada por la Presidencia de la
República.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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