Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02674-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02674-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02674-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02674-00
Accionante: Rocío Amparo Pisciotti Palomino
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Sexta de
Decisión Civil y otro
Temas: Derechos debido proceso, acceso a la administración de justicia,
seguridad social, mínimo vital y vida digna. Tutela contra fallo de la
misma naturaleza que declaró improcedente tutela por subsidiariedad.
DECLARAR IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Rocío Amparo Pisciotti
Palomino, en nombre propio, en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Sexta de Decisión Civil y el Juzgado 59 Civil del Circuito de Bogotá.
ANTECEDENTES
La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo
vital y a la vida en condiciones dignas, los cuales estima vulnerados con las
sentencias de 24 de febrero y 19 de marzo de 2025, proferidas dentro de la acción
de tutela con radicado 11001-31 03-059-2025-00055-00 [01].
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que es una mujer cabeza de hogar, tiene 57 años y dos hijas menores de edad que
dependen económicamente de ella.
Que lleva más de 20 años ejerciendo como educadora en zonas de difícil acceso,
fue vinculada por la Secretaría de Educación del departamento del Cesar y la
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Alcaldía de Chimichagua- Cesar mediante contratos de prestación de servicios en
los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 2002 y en el 2004, ingresó en provisionalidad.
Que mediante la Resolución núm. 006281 del 6 de mayo de 2024, la Secretaría de
Educación del departamento del Cesar dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad en la planta de cargos de docentes y directivos del departamento.
Que radicó peticiones ante los mencionados entes territoriales a fin de que se le
cancelara la seguridad social por el tiempo que fue vinculada a través del contrato
de prestación de servicios y así poder cumplir con los requisitos que disponen los
artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1985, para acceder a la pensión de jubilación.
Que, posteriormente interpuso acción de tutela en contra de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretaría
de Educación del Cesar y la Alcaldía de Chimichagua – Cesar, por la presunta
violación de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la
vida en condiciones dignas solicitando: ordenar 1) a la Secretaría de Educación del
departamento del Cesar y al municipio de Chimichagua cancelar las cotizaciones a
pensión durante los años que laboró mediante contrato de prestación de servicios y
2) al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG,
reconocer y pagar pensión de jubilación.
Que el Juzgado 59 Civil del Circuito de Bogotá el 24 de febrero de 2025 negó la
tutela, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, bajo el entendido que la
accionante cuenta con los medios de control que contempla la Ley 1437 de 2011,
vías que resultan idóneas y eficaces ya que se pueden solicitar medidas cautelares
que protejan sus derechos de manera provisional; decisión que fue confirmada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Sexta de Decisión Civil el
19 de marzo del año en curso.
Considera que las providencias antes citadas incurren en los defectos:
desconocimiento del precedente por no aplicar la «Sentencia CESUJ2 No. 5 de
2016, que reconoce el derecho de docentes contratados por prestación de servicios
al pago de aportes y prestaciones sociales» y la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre el contrato realidad y, fáctico, por exigir el requisito de subsidiariedad,
sin analizar la condición de la accionante como madre cabeza de hogar y la
afectación de su mínimo vital y el de sus hijas.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos las sentencias
de 24 de febrero y 19 de marzo de 2025, proferidas, por el Juzgado 59 Civil del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Sexta
de Decisión Civil, dentro de la acción de tutela con radicado 11001-31 03-059-2025-
00055-00 [01] y, en su lugar, ordenar 1) a la Secretaría de Educación del
departamento del Cesar cancelar las cotizaciones a pensión y 2) al FOMAG a
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reconocerle y pagarle la pensión de jubilación.
Además, pidió que se adopten las medidas necesarias para que en el futuro no se
le violen los derechos a los docentes que se encuentren en una situación similar.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 14 de mayo de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación a
las autoridades judiciales accionadas y se vinculó como terceros interesados a la
Nación- Ministerio de Educación Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a la Secretaría de Educación del Cesar y a la Alcaldía de Chimichagua.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señaló que la acción de tutela
no satisface los requisitos descritos por la jurisprudencia constitucional para la
procedencia de la acción de tutela contra fallos de la misma naturaleza, citó la
Sentencia T 286 de 2018.
El Juzgado 59 Civil del Circuito de Bogotá fue debidamente notificado de la
acción de tutela; sin embargo, guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Ministerio de Educación Nacional manifestó que la acción de tutela es
improcedente por no cumplir con los requisitos de 1) subsidiariedad, dado que la
accionante cuenta con otros medios de defensa y 2) relevancia constitucional,
porque la accionante no señala de forma clara cuál es la amenaza o violación de
los derechos que hace necesaria la intervención del juez constitucional.
La Gobernación del Cesar adujo que la acción de tutela no satisface el
presupuesto de la subsidiariedad; razón por la cual se debe negar el amparo
solicitado.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
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Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).» (negrilla fuera de texto
original).
Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
sentencias de tutela3, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales4.
Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra fallos de tutela, veamos:
«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
Así las cosas, por regla general no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, frente a esta regla existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta,
la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es
preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud
de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Análisis del caso concreto
Alega la señora Rocío Amparo Pisciotti Palomino que el Juzgado 59 Civil del Circuito
de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Sexta de
Decisión Civil en las sentencias del 24 de febrero y 19 de marzo de 2025, proferidas,
respectivamente, dentro de la acción de tutela con radicado 11001-31 03-059-2025-
00055-00 [01] incurrieron en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente.
Mediante las providencias referenciadas se resolvió la acción de tutela que
promovió la accionante en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretaría de Educación del
Cesar y la Alcaldía de Chimichagua, por la presunta violación de los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones
dignas.
En aquella oportunidad los jueces constitucionales de primera y segunda instancia
no accedieron al amparo invocado, considerando que la acción de tutela no
satisface el requisito de subsidiariedad, pues la accionante cuenta con los medios
3 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y
T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
4 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de
1999.
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de control que contempla la Ley 1437 de 2011, donde el juez ordinario determinará
si le asiste derecho al pago de las cotizaciones a la seguridad social en pensión y
al reconocimiento de la pensión de jubilación.
Aunado a lo anterior, las autoridades judiciales accionadas manifestaron que no se
configura un perjuicio irremediable y que, si bien la accionante asegura tener 57
años, esto no es suficiente para «disponer que el amparo por la prestación pensional
sea estudiada de fondo, sino que además, deben probarse otros aspectos
determinantes, como lo son: situación económica, conformación de su núcleo
familiar, entre otros».
La señora Rocío Amparo Pisciotti Palomino no señaló en primer lugar, que la acción
de tutela no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; en
segundo lugar, que la decisión adoptada fuera producto de fraude; y, en tercer lugar,
que no existiera otro mecanismo legal para resolver la problemática planteada.
Frente al primer presupuesto, se advierte que las partes no son iguales, pues la
tutela anterior fue interpuesta en contra de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretaría de
Educación del Cesar y la Alcaldía de Chimichagua, y la presente acción en contra
del Juzgado 59 Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Sexta de Decisión Civil.
De igual forma, se encuentra que el objeto no es idéntico, porque en esta tutela se
pretende dejar sin efectos las providencias del 24 de febrero y 19 de marzo de 2025,
proferidas en la acción de tutela con radicado 11001-31 03-059-2025-00055-00 [01];
mientras que, en la anterior acción constitucional se buscaba el reconocimiento de
la relación laboral encubierta, el pago de las cotizaciones en pensión y el
reconocimiento de la pensión de jubilación.
Finalmente, se tiene que la causa petendi tampoco es igual porque el argumento
que se utilizó para solicitar el amparo en la acción anterior consistió en que le asiste
derecho al reconocimiento y pago de las cotizaciones de pensión de los años 1995,
1996, 1997, 1998 y 2002, tiempo en el que fue vinculada a través del contrato de
prestación de servicios y en el que según la accionante en realidad existió una
relación laboral encubierta y, el fundamento en este asunto es que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente, por afirmar que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, omitiendo la condición de mujer cabeza de hogar de la señora
Pisciotti y su condición económica.
Por lo anterior, se concluye que el primer presupuesto jurisprudencial se encuentra
satisfecho; sin embargo, el segundo requisito, esto es, que la decisión adoptada sea
producto de fraude, se denota que el mismo no se encuentra superado, ya que, se
reitera, que la accionante no planteó ningún argumento tendiente a alegar o probar
la cosa juzgada fraudulenta, pues los reparos que expuso sólo se limitan a insistir
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sobre su desacuerdo con la decisión adoptada por el juez constitucional, como si se
tratara de una nueva instancia de la acción anterior, sin que en ningún momento
justifique, por qué esos errores en que supuestamente incurrieron las accionadas
podrían constituir dicho fenómeno.
Adicionalmente, tampoco se evidencia que se haya configurado la misma, pues no
se advierte que la decisión se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación
dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la
señora Rocío Amparo Pisciotti Palomino, conforme a las consideraciones
plasmadas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
HAPC
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