Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02764-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02764-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02764-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02764-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: pensión de jubilación en
docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003. Subtema 2: defectos por desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución Política.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por María Helena Guzmán González contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1. María Helena Guzmán González presentó acción de tutela con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital
y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerados por la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión del fallo
proferido el 21 de marzo de 2025 dentro del proceso con radicado núm. 11001-33-42-
046-2022-00389-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
2. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra los siguientes hechos relevantes:
3. María Helena Guzmán González presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho1 contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Fiduciaria La Previsora S.A., y la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con las
1 Samai, exp. núm. 11001334204620220038901, índice 2, certificado FE3EACF4C0893014 F3D11553714A87EA
0FF5207B33563495 23D1EFAEED24F9F8.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
pretensiones de que el juez administrativo declarara la nulidad del acto ficto o presunto
negativo proferido por la entidad demandada, derivado de la falta de respuesta a la
petición del 10 de agosto de 2021 y el oficio 2021607297 del 17 de agosto de 2021.
4. A título de restablecimiento, reclamó que se ordenara a la Secretaría de Educación
de Cundinamarca que efectuara los descuentos por concepto de cotizaciones a la
seguridad social de todos los factores salariales que devengó en el año anterior al
retiro del servicio, periodo comprendido entre el 21 de junio de 2000 y el 21 de junio
de 2001, y que reliquidara la pensión de jubilación con el promedio de la totalidad de
dichos factores salariales.
5. El conocimiento del asunto identificado con el radicado núm. 11001-33-42-046-
2022-00389-00 correspondió al Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá,
autoridad que, en sentencia dictada el 29 de enero de 20242, accedió parcialmente a
las pretensiones.
6. En la decisión anteriormente mencionada, se ordenó la indexación de la primera
mesada, el correspondiente reajuste de las siguientes mesadas y negó la reliquidación
de la pensión de jubilación, por cuanto la entidad incluyó todos los factores salariales
devengados por María Helena Guzmán González en el último año de servicios. Esta
decisión fue apelada por las partes.
7. En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de primera instancia, mediante
sentencia del 21 de marzo de 20253. La autoridad judicial fundamentó su decisión en
que la demandante fue vinculada como docente oficial con anterioridad a la Ley 812
de 20034, razón por la cual el régimen aplicable a su situación estaba contenido en la
Ley 91 de 19895.
8. Indicó que, de acuerdo con esta última norma, los docentes beneficiarios de ese
régimen tienen derecho a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año, en los términos previstos en las leyes 336 y 627 de
1985 respecto de los factores a incluir en la respectiva liquidación, los cuales son:
asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por
servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio.
9. De otra parte, el Tribunal expuso que la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de unificación, el 25 de abril de 20198, en la que
estableció como regla de interpretación para la liquidación de la pensión de jubilación
de los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, incluir únicamente
2 Samai, exp. núm. 11001334204620220038900, índice 27, certificado 23497B6B065D4E30 6DF179EEB7D798B2
A2BA6BC1877ABF0A 1DEEF0660584F0C2.
3 Samai, exp. núm. 11001334204620220038901, índice 10, certificado 4AA61577EFD55BB2
9C37DFFD20DDF361 85633DA41A2659BC DA38D07BE2888BFB.
4 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
5 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
6 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para
el Sector Público.
7 Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, exp. núm. 68001-23-
33-000-2015-00569-01.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
los factores sobre los cuales se haya realizado cotización y que estén enlistados en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
10. En el caso concreto, la autoridad judicial encontró probado que la señora María
Helena Guzmán González devengó los siguientes conceptos: asignación básica
mensual, prima de vacaciones y prima de navidad. En tal sentido, sostuvo lo siguiente:
En consideración a lo anterior, no hay lugar a acceder lo pretendido por la parte
demandante, puesto que su inconformidad radica en que las demandadas al liquidar su
pensión de jubilación, no incluyeron todos los factores salariales devengados en el año
anterior a adquirir su status de pensionada, esto es que, además de los ya reconocidos
incluyera las horas extras; no obstante, y tal como lo consideró el A-quo, dentro del
plenario no se encontró prueba que indicara que la demandante hubiese devengado
horas extras en el año anterior a la adquisición de su status pensional. Tan solo en la
etapa de alegatos de conclusión en primera instancia y con el recurso de apelación
contra la providencia ya referida; pero, dicha prueba no fue allegada al proceso en su
oportunidad procesal, por lo que en esta instancia no es posible decretarla, ahora, en tal
certificación no se evidencia que sobre dicho factor salarial se hubieren hecho los
descuentos a seguridad social, por lo que se concluye que los actos administrativos
acusados continúan gozando de presunción de legalidad, en relación a la reliquidación
pensional9.
11. Por las razones expuestas, el Tribunal consideró que resultaba procedente
confirmar la decisión por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la actora, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia citada y el Acto Legislativo
01 de 200510 «el monto de la pensión para el caso particular de la demandante se logra
teniendo en cuenta todos los factores salariales, devengados durante el año anterior a
la fecha de la adquisición del status pensional»11.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
12. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente12:
PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de
la acción, respetuosamente solicito SE DEJE PARCIALMENTE SIN EFECTOS las
sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”, en la providencia de fecha 21 de marzo de
2025 que CONFIRMO la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO
CUARENTA Y SEIS (46) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 29 de enero de 2024
mediante la cual se Negaron las suplicas de la demanda, dentro del proceso con
radicado No. 11001334204620220038900.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B” a proferir sentencia de
fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a reliquidar la pensión jubilación al retiro del servicio de la docente,
incluyendo además de los factores reconocidos, adicionalmente se debe
reconocer las HORAS EXTRAS, factor sobre el cual se hicieron cotizaciones a
9 Se transcribe incluso con errores.
10 Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.
11 Se transcribe incluso con errores.
12 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02764-00, índice 3, certificado 0F5C82A20D07C678
5522130CF70BA903 39DF77641BCAB6EC 41086A03E607BEF4.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
seguridad social y que además esta enlistado en la Ley 62 de 1985, en los demás
dejar incólume el fallo correspondiente13.
13. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sintetizó las actuaciones
administrativas que dieron lugar a la Resolución 1789 del 2 de octubre de 2018, a los
actos acusados que negaron la reliquidación de la pensión de jubilación, y a las
actuaciones judiciales que finalizaron con la sentencia del 21 de marzo de 2025
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
14. Argumentó que las autoridades accionadas desconocieron lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005, norma de rango constitucional superior a la Ley 62 de 1985 y
a las sentencias de unificación, según el cual, en la liquidación de la pensión de
jubilación solo se tendrá en cuenta los factores sobre los que cada persona realizó
cotizaciones, como ocurrió en su caso con las horas extras a las que le realizaron
descuentos para efectos de cotizar al sistema de seguridad social.
15. Invocó el artículo 13 de la Constitución que prevé el derecho a la igualdad y abordó
el contenido de otros derechos fundamentales, tales como el debido proceso, la
seguridad social, el mínimo vital y la propiedad privada, y sostuvo que son vulnerados
con la sentencia del 21 de marzo de 2025, toda vez que, de las horas extras se le
descontaron las cotizaciones a seguridad social. No obstante, este factor salarial no
fue incluido en la liquidación de la pensión de jubilación, lo que repercutió en su
condición económica y su calidad de vida.
16. También se refirió a los principios de sostenibilidad financiera en materia
pensional, de favorabilidad en asuntos laborales, de seguridad jurídica y protección del
erario, y expuso el marco jurídico del régimen pensional de los docentes oficiales, así
como las sentencias de la Corte Constitucional sobre el ingreso base de cotización.
De lo expuesto, la tutelante concluyó lo siguiente:
Conforme a las disposiciones indicadas en el presente escrito, se concluye entonces que
conforme a los hechos narrados y que se logran demostrar con la documental aportada,
a mi representada, se le debe reajustar la mesada pensional con los factores salariales
reconocidos al estatus pensional más los factores cotizados o determinados en la ley
como ASIGNACION BASICA, PRIMA DE NAVIDAD Y PRIMA DE VACACIONES,
devengados en el último año de servicio, del 2020 al 2021, dado que no fueron incluidos
como factores salariales dentro de la pensión de jubilación a partir de la fecha del retiro
del servicio de mi representada y sobre los cuales se realizaron los aportes
correspondientes, como bien se desprende del certificado de factores salariales
aportado.
[…]
Ahora, si bien es cierto, los togados resuelven el objeto litigioso con argumentos de
sentencias de unificación, no es menos cierto que NO SE AJUSTA A DERECHO NI A
UN JUICIO DE VALIDEZ CORRESPONDIENTE, pues precisamente y conforme al
PRECEDENTE DE CARACTER CONSTITUCIONAL, específicamente, el ACTO
LEGISLATIVO 01 DE 2005, indica la forma de liquidar las pensiones, que no es otra que,
con la INCLUSION DE LOS FACTORES SOBRE LOS QUE SE HUBIEREN REALIZADO
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL, por lo que si hay RELEVANCIA
13 Se transcribe incluso con errores.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
CONSTITUCIONAL, pues este proceder vulnera claramente entre otros al DEBIDO
PROCESO, MINIMO VITAL, SOSTENIBILIDAD FINANCIERA14.
17. Por las consideraciones expuestas, la tutelante aseguró que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo en la sentencia del
21 de marzo de 2025.
2.3. Trámite procesal
18. El Despacho ponente, mediante auto del 13 de mayo de 202515, admitió la solicitud
de amparo; vinculó al Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá, a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Fiduprevisora S.A., y a la Secretaría de Educación de Cundinamarca; requirió al
Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá que allegara el expediente
ordinario; y tuvo como pruebas los documentos aportados junto con la demanda de
tutela.
2.4. Intervenciones
19. El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá16 expuso las causales de
procedibilidad de la acción de tutela y manifestó que las providencias judiciales
impugnadas no incurrieron en vicio alguno que justifique su procedencia.
20. Resaltó que en la decisión proferida se tuvo en cuenta la sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ-014-CE-S2-2019, del 25 de abril de 2019, y se negó la inclusión
de horas extras por no haber sido probada su causación ni que sobre dicho rubro se
hubieren hecho cotizaciones. Además, en el memorial de alegatos, la apoderada de la
demandante afirmó que la señora María Helena Guzmán González, durante el último
año de servicios, percibió horas extras. No obstante, dicha prueba no fue arrimada al
proceso en su oportunidad procesal.
21. Concluyó que la acción de tutela interpuesta se fundamentó en los hechos,
causales de nulidad y cargos que fueron ampliamente debatidos en el curso del
proceso ordinario, de lo cual se infiere que lo pretendido por la parte actora no es más
que el agotamiento de una tercera instancia.
22. El Ministerio de Educación Nacional17 indicó que el juez de tutela no es competente
para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo, por
cuanto la inconformidad tuvo fundamento en las actuaciones y decisiones emitidas por
otras autoridades. Reiteró que en el presente asunto no se evidenció violación alguna
a derechos fundamentales, razón por la que solicitó que se declare la improcedencia
de la acción constitucional.
23.La Fiduprevisora S.A. respondió que no existe prueba que permitiera establecer
que las autoridades judiciales vulneraron los derechos fundamentales de la tutelante,
14 Se transcribe incluso con errores de texto.
15 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02674-00, índice 1, certificado 66F569B74A83363A
ED60526323CD54E4 71CF2CB819CDBFF3 057FDD75119D00C1.
16 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02674-00, índice 9, certificado D75524E11561FB24
719D4C86E34EEC15 1A6792856A1CA71E DF2BA0BE7CF276D8
17 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02674-00, índice 11, certificado CCEEFAA8616370D6
BF37322DC975D858 33B62587BE94F2C5 B34BFF9A46FFF390.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
al tener en cuenta que actuaron conforme a la normativa aplicable al caso. Pidió que
se declare improcedente la acción y su desvinculación del trámite constitucional, al no
estar legitimada en la causa por pasiva18.
24. Las demás entidades accionadas no contestaron la tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.2. Legitimación en la causa
26. La legitimación en la causa por activa de María Helena Guzmán González se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 21 de marzo
de 2025, objeto de tutela, y, por lo tanto, es titular de los derechos que consideró
vulnerados.
27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque fue la
autoridad que profirió la sentencia del 21 de marzo de 2025, que, según afirmó la
tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
28. Por otra parte, la Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
solicitó ser desvinculada al considerar que no está llamada a responder por la alegada
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
29. Al respecto, la Sala aclara que la vinculación al presente asunto fue en calidad de
tercera con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. En
ese orden de ideas, al no acudir a este trámite constitucional como autoridad
accionada, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Cuestiones preliminares
30. La Subsección advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionaron las
decisiones proferidas por el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, los argumentos que sustentan sus pretensiones
son los mismos respecto de una y otra.
18 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02674-00, índice 13, certificado D203E6947B9F5738
23F72ACC1E0F9114 532D879EE0E1106C B384AE1EBCE086DB.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
31. Por lo anterior y en atención a que la sentencia del 29 de enero de 2024 fue
recurrida y la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió lo pertinente mediante el fallo del 21 de marzo de 2025, el
reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto de esta última, en tanto
fue la que puso fin al asunto.
32. Por otra parte, es preciso aclarar que, si bien la tutelante no identificó de manera
puntual el defecto en el que habría incurrido el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en su providencia, los argumentos que sustentan la solicitud de amparo
se enmarcan en la posible configuración de un defecto de violación directa de la
Constitución, derivado del desconocimiento del Acto Legislativo 01 de 2005, y en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, al haberse vulnerado
el derecho a la igualdad frente a otras decisiones judiciales que han establecido que,
para efectos pensionales, deben considerarse los factores salariales previstos en la
ley por los cuales se efectuaron cotizaciones, en particular, las horas extras.
33. En consecuencia, la Sala continuará con el análisis del cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, de cara a la presunta configuración
de los defectos de violación directa de la Constitución y sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
34. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado19 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional20.
35. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes: i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia
constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y
proporcionado, iv) que si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
36. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales21 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
20 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
37. En consecuencia, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución22.
3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
38. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional23 ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que
entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido
el órgano de cierre sobre la materia24.
39. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurados los defectos de violación directa de la Constitución y
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial expuestos en el escrito de
tutela, es posible que la autoridad judicial accionada haya debido acceder a la
pretensión de ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de
las horas extras y, en ese escenario, estarían afectados los derechos fundamentales
de la señora María Helena Guzmán González, en particular, el debido proceso, para
cuyo amparo acudió a esta acción constitucional.
40. Respecto de los defectos de violación directa de la Constitución y sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, la accionante no cuenta con otros
mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos
fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión de conceder parcialmente
las pretensiones.
41. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia que profirió
la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 21 de marzo de 2025, fue notificada el 26 de marzo siguiente25, y el escrito de tutela
se presentó el 9 de mayo de 202526, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses
establecidos por la jurisprudencia constitucional27 y del Consejo de Estado28 como
razonable.
22 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
25 Samai, exp. núm. 11001-33-42-046-2022-00389-01, índice 12.
26 Samai, exp. núm. 1001-03-15-000-2025-02764-00, índice 1, certificado DB734B524EAEC103
13929B8CE50B2E2D 3D15F30DEF1BB75F 6CDF93323ED0C39D.
27 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
42. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los hechos
y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos fundamentales, y
estos no exponen una posible irregularidad procedimental. Finalmente, la providencia
reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.
43. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas en los términos que planteó la parte actora.
3.6. Problema jurídico
44. La Sala debe decidir si la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos de violación directa de la
Constitución y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial en la sentencia
del 21 de marzo de 2025 y, por ende, si vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora María
Helena Guzmán González.
45. Para ello, es necesario establecer frente al primer cargo si, de acuerdo con el Acto
Legislativo 01 de 2005 y el marco jurídico aplicable, las horas extras deben ser
incluidas en la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes vinculados con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. En cuanto al segundo cargo, cabe determinar si las
decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mencionadas
por la accionante son precedente judicial para el caso concreto, y, en consecuencia, si
fueron desconocidas.
46. Para el efecto, se estudiarán las generalidades de los defectos de violación directa
de la Constitución y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial para el
análisis del caso concreto.
3.6.1. Violación directa de la Constitución
47. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene fundamento
en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual, la carta política
es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y, ante cualquier
«incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de procedencia ocurre
cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un alcance insuficiente a
las reglas, principios y valores consagrados en el texto superior»29.
48. En un principio, el defecto de violación directa de la Constitución fue concebido
como un defecto sustantivo, sin embargo, en sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200530. Ahora bien,
el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura en los siguientes
eventos:
a) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional;
29 Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata;
c) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y
d) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales31.
49. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución supone
el desconocimiento por parte de los jueces, del mandato contenido en el artículo 4
superior que antepone de manera preferente la aplicación de los postulados de la carta
superior, sus reglas, principios y valores.
3.6.2. Desconocimiento del precedente judicial
50. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas.
51. Al respecto, la Corte Constitucional32 ha considerado que el precedente se define
como «la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por
su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».
52. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases, a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia
a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por
el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»33.
53. Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o
colegiado no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias, por lo
que su carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria
que ha establecido previamente, en atención a los principios de buena fe, seguridad
jurídica y confianza legítima e igualdad34, lo cual no impide que los jueces, según el
asunto sometido a su conocimiento, puedan exponer de forma clara, suficiente y
razonable los argumentos que justifican separarse del sentido de sus decisiones
previamente proferidas.
54. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
34 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
3.7. Caso concreto
55. En el asunto bajo estudio, la tutelante afirmó que sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social fueron vulnerados
porque la sentencia del 21 de marzo de 2025 incurrió en un defecto de violación directa
de la Constitución. En concreto, la inconformidad de la accionante consiste en que, en
su criterio, el Acto Legislativo 01 de 2005 le otorgó el derecho a que su pensión fuera
reliquidada con la inclusión de las horas extras, sobre las cuales le realizaron
descuentos para cotizaciones en seguridad social.
56. En lo relacionado con el asunto, la Sala observa que el Acto Legislativo 01 de 2005
adicionó lo siguiente al artículo 48 constitucional:
Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los
cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser
inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los
casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario
mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas
para tener derecho a una pensión […].
57. Por otra parte, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al
servicio oficial antes de la entrada en vigencia de esa ley, es el establecido para el
magisterio en la Ley 91 de 1989, que, en su artículo 15, dispuso el derecho a la pensión
de jubilación en una cuantía del 75% del salario mensual promedio del último año, en
los términos contenidos en el régimen del sector público, es decir, la Ley 33 de 1985.
58. Por último, el artículo 3 ibidem, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985,
previó que los factores salariales a tener en cuenta para efectuar cotizaciones, son los
siguientes:
[…] asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
59. Ahora bien, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el fallo objeto de tutela, sustentó su decisión en la sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril de 201935, providencia
que abordó el Acto Legislativo 01 de 2005 y las leyes 33 de 1985 y 812 de 2003, y
estableció la siguiente regla de interpretación:
a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985 y por tanto, los factores en sus liquidaciones pensionales
son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1° de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
señalados en el citado artículo.
[…]36.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, exp. núm. 68001-23-
33-000-2015-00569-01.
36 Se transcribe incluso con errores.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
60. De lo expuesto, la Sala observa que, al tener en cuenta que la señora María Helena
Guzmán González fue vinculada como docente oficial antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 «circunstancia que no fue discutida por las partes en el trámite
de tutela», su pensión de jubilación está sujeta a lo previsto en el régimen contenido
en la Ley 33 de 1985, según el cual la referida prestación debe ser liquidada
únicamente con aquellos factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes y que se encuentren expresamente incluidos en su artículo 3.
61. En ese orden de ideas, quedó demostrado que la accionante devengó, en el año
anterior al retiro del servicio, la asignación básica, la prima de vacaciones y la prima
de navidad, según certificación aportada con la demanda, y sobre esos conceptos se
realizaron aportes a seguridad social, asunto que no fue controvertido por las partes,
por cuanto se demostró que mediante la Resolución núm. 001789 del 2 de octubre de
2018, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó
el pago de una pensión de jubilación a la señora María Helena Guzmán González con
los factores salariales aquí mencionados y que no se encuentran expresamente
señalados en las leyes 33 y 62 de 1985.
62. Ahora bien, en relación con los argumentos de la parte accionante respecto del
certificado de salarios mencionado en su escrito de alegaciones y en la adhesión al
recurso, se advierte que, en efecto, no era el momento procesal oportuno para debatir
lo allí pretendido. Esto, al tener en cuenta que con el escrito de demanda se allegó una
certificación de factores salariales expedida por la Secretaría de Educación de
Cundinamarca con fecha 13 de mayo de 2021, en la cual no se detallaron las horas
extras.
63. Asimismo, no obra en el expediente prueba alguna que demostrara que la entidad
demandada efectuó los aportes correspondientes a las horas extras devengadas,
conforme al certificado allegado. Dicho documento no fue objeto de contradicción, y
tampoco se acreditó que la parte actora hubiera manifestado inconformidad frente a la
decisión adoptada en el auto del 24 de febrero de 2023, mediante la cual se negó la
práctica de la prueba documental relacionada con el expediente administrativo.
64. Por lo tanto, esta Subsección advierte que, contrario a lo que afirmó la accionante
en su escrito de amparo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no desconoció
el Acto Legislativo 01 de 2005, puesto que aplicó la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019 en la que, justamente, el máximo órgano de lo contencioso-administrativo
estableció la regla de interpretación del mencionado acto, en relación con el régimen
jurídico que rige para los docentes oficiales vinculados antes de la Ley 812 de 2003.
65. Así las cosas, cabe destacar que la tutelante en el escrito de amparo no formuló
argumentos que permitieran inferir que el fallo de unificación del 25 de abril de 2019
no era precedente para el caso concreto, o que hubiese motivos que justificaran su
inaplicación en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, toda vez que se limitó a
reiterar que la pensión de jubilación debía ser reliquidada con la inclusión de todos los
factores salariales.
66. Por las razones expuestas, esta Sala advierte que la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la señora Guzmán González, pues no incurrió en el
defecto de violación directa de la Constitución, ya que no desconoció el contenido del
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
artículo 48 constitucional, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005.
67. En cuanto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, la
accionante expuso que su derecho fundamental a la igualdad fue vulnerado porque,
en casos similares al suyo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha «aplicado
en debida forma el precedente judicial del Consejo de Estado relacionado con la
manera en que se deben reliquidar las pensiones de los empleados públicos en virtud
de la Ley 91 de 1989, sin pasar por alto el Acto legislativo 01 de 2005, el cual ratifica
que en las pensiones deberán tenerse en cuenta los factores salariales sobre los que
se realizaron cotizaciones»37.
68. No obstante, la tutelante no identificó los expedientes en los que fueron proferidas
las decisiones por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni expuso la situación
fáctica de los procesos, el problema jurídico planteado y la regla de interpretación que
los resolvió38 en cada uno de estos, de manera que demostrara, precisamente, que
aquellas providencias constituían precedente para el caso concreto.
69. En esas condiciones, la falencia argumentativa del escrito de amparo impide
afirmar que, en efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en el
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, puesto que no le
corresponde al juez de tutela realizar de oficio una revisión de la sentencia objeto de
reparos, so pena de quebrantar los principios de autonomía e independencia judicial.
IV. CONCLUSIONES
En consecuencia, no quedó acreditado que la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos de violación
directa de la Constitución y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
motivos por los cuales se negara la pretensión de amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que interpuso la Fiduprevisora S.A.
en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
37 Transcrito inclusive con errores de texto
38 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, providencia que expuso lo siguiente:
«El precedente judicial es concebido como una sentencia previa relevante para la solución de un nuevo caso bajo
examen judicial, debido a que contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares,
desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver el juez. Como los supuestos de hecho
similares deben recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la
decisión posterior».
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02764-00
Accionante: María Helena Guzmán González
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela que presentó la señora
María Helena Guzmán González en contra de la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
KVTB/SEJV/DACJ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.