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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02695-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02695-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Presidencia de la República. SEGUNDO: ACEPTAR la coadyuvancia formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Martha Inés Mejía Campo. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02695-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de junio de 2025

Demandante: Martha Inés Mejía Campo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02695-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02695-00
Demandante: MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 7 de mayo de 20251, la señora Martha Inés Mejía Campo, en nombre propio,
ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, con la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al
trabajo y de «acceso a cargos públicos en provisionalidad».

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 11 de abril de 2025, dictada por la autoridad judicial
accionada, en la que se decretó como medida cautelar la suspensión provisional
del Decreto 0025 de 17 de enero de 2025, mediante el cual se designó en
provisionalidad a la señora Mejía Campo en el cargo de segundo secretario de

1 La solicitud de amparo constitucional fue radicada por medio de la ventanilla virtual y se le asignó

el número de solicitud 4186.

1

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Demandante: Martha Inés Mejía Campo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02695-00

relaciones exteriores, código 2114, grado 15 de la planta global del Ministerio de
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en Santiago –
República de Chile.

Lo anterior, sucedió al interior del medio de control de nulidad electoral promovido
por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular – UNIDIPLO
contra la señora Martha Inés Mejía Campo, identificado con el radicado 25000-23-
41-000-2025-00304-00.

1.2. Pretensión

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

Dejar sin efectos el numeral segundo del auto del 11 de abril de 2025 (Notificada
por estado el 21 de abril de 2025) proferida por la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (ÚNICA INSTANCIA) y como
consecuencia se dicte una nueva decisión sobre los elementos de la medida
cautelar de suspensión provisional del decreto 025 del 17 de enero de 2025, a
través del Presidente de la República me nombró con carácter provisional, en el
cargo de Segundo Secretario, código 2114, grado 15, de la planta global del
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en
Santiago de Chile, Chile, en los términos que corresponde, con fundamento en las
valoraciones tomadas en consideración en el fallo de tutela, es decir, con una
aplicación sistemática de los hechos y las pruebas recaudadas en el proceso
electoral N.° 250002341000202500304 00, así como de los diferentes
pronunciamientos que ha tenido la jurisdicción de lo contencioso administrativo
sobre las medidas cautelares de suspensión provisional en los procesos
electorales2.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El 28 de febrero de 2025, la Unión de Funcionarios de la Carrera Diplomática y
Consular – UNIDIPLO presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral contra la señora Martha Inés Mejía Campo, con la que pretendía
el estudio de legalidad del Decreto 0025 de 17 de enero de 2025, mediante el cual
se designó en provisionalidad a la mencionada como segundo secretario de
relaciones exteriores en el Consulado General de Colombia en Santiago –
República de Chile.

El argumento central de la demanda recayó en que el nombramiento debía

2 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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otorgarse a un funcionario de carrera, por lo cual se infringió el artículo 125 de la
Constitución Política3, el principio de especialidad previsto en el artículo 4.74 del
Decreto 274 de 20005 y la excepcionalidad de que trata el artículo 60 ibidem6,
además de no expresarse las razones de imposibilidad de nombrar funcionarios
de carrera que se encontraban en situación de disponibilidad, conforme con el
parágrafo del artículo 37 ibidem7.

Asimismo, fue solicitada como medida provisional la suspensión del acto
administrativo, bajo los mismos fundamentos del escrito de la demanda.

En auto del 11 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C resolvió admitir el medio de control y decretar la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, tras considerar que
de acuerdo con las certificaciones expedidas por el coordinador de nómina del
Ministerio de Relaciones Exteriores existían 9 funcionarios que habían cumplido
los requisitos establecidos en el parágrafo del artículo 37 del Decreto 274 de 2000,
por lo que el acto acusado podía desconocer la carrera diplomática y consular, lo
cual hacía más lesivo el interés público en ponderación con el derecho particular

3 «ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o
la ley, serán nombrados por concurso público.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.
PARÁGRAFO. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de
elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar
tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el
cual este fue elegido».
4 «ARTÍCULO 4. Principios Rectores. Además de los principios consagrados en la Constitución

Política y en concordancia con éstos, son principios orientadores de la Función Pública en el
servicio exterior y de la Carrera Diplomática y Consular, los siguientes:
7. Especialidad. Cumplimiento de requisitos y condiciones derivados de las particulares
características de la prestación del servicio en desarrollo de la política internacional del Estado, a
fin de garantizar la ejecución de las funciones asignadas y de las gestiones encomendadas con la
dignidad, el decoro, el conocimiento y el liderazgo que dicha particularidad requiere».
5 «Por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular».
6 «ARTÍCULO 60. Naturaleza. Por virtud del principio de Especialidad, podrá designarse en cargos

de Carrera Diplomática y Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación
de la ley vigente sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular para proveer dichos cargos. Igualmente en desarrollo del mismo principio, estos
funcionarios podrán ser removidos en cualquier tiempo».
7 «ARTÍCULO 37. Frecuencia. La frecuencia de los lapsos de alternación se regulará así:

PARÁGRAFO. Los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que se encontraren
prestando su servicio en el exterior no podrán ser designados en otro cargo en el exterior, antes de
cumplir 12 meses en la sede respectiva, salvo circunstancias excepcionales calificadas como tales
por la Comisión de Personal de dicha Carrera o designaciones en otros cargos dentro del mismo
país».

3

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Demandante: Martha Inés Mejía Campo
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Sección Primera, Subsección C
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y concreto de la demandada.

Dicha decisión fue notificada por estado el 11 de abril de 2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C vulneró sus garantías fundamentales con la providencia
del 11 de abril de 2025, por cuanto se configuraron los siguientes yerros:

Defecto fáctico: Existió una insuficiencia probatoria en la etapa inicial del proceso
electoral para dictar la medida cautelar, pues la información sobre los servidores
escalafonados en el rango de segundo secretario no era apta para concluir su
situación. Al respecto manifestó:

[…] solamente […] indica que llevan más de doce meses de servicio en el destino
en el exterior, pero no tiene elementos probatorios adicionales para establecer cuál
es la real situación administrativa de estos y poder determinar que era posible
nombrarlos en el cargo que estaba desempeñando en provisionalidad o de
reubicarlos en el mismo, como quiera que ya están designados en cumplimiento
de los lapsos de alternación.

Aunado a ello, señaló que no existían funcionarios de carrera suficientes o
disponibles para ocupar la vacante temporal y, por el contrario, con su suspensión
se afectaba la prestación eficiente del servicio público en favor del interés general,
así como el erario.

Defecto sustantivo: La autoridad judicial accionada no sustentó con suficiencia la
decisión y desconoció la situación administrativa de los funcionarios de carrera
diplomática consular.

Expuso que no se cumplieron con los requisitos legales sobre la medida cautelar
dispuestos en los artículos 229 y 231 del CPACA, debido a la falta de elementos
probatorios y fundamentos jurídicos.

Asimismo, puso de presente que la suspensión del acto de su nombramiento no
garantizaba los derechos de carrera administrativa especial ni favorecía el interés
público, ya que situaciones como esa, provocaban vacantes y desplazamientos
sucesivos de funcionarios en distintas misiones diplomáticas, haciendo ineficiente
la prestación del servicio.

Por otro lado, relató que basado en precedentes8 resueltos por la misma

8 Radicados: 25000-23-41-000-2025-00125-00 y 25000-23-41-000-2025-00130-00.

4

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magistrada ponente que suscribió el auto del 11 de abril de 2025, no era
procedente recurso alguno contra la providencia que resolvía sobre la solicitud de
medida cautelar en única instancia, desconociendo el numeral 6 del artículo 277
del CPACA y decisiones del Consejo de Estado, Sección Quinta.

Sobre el punto, resaltó que el fundamento de la magistrada era que contra las
decisiones de Sala no procedía el recurso de reposición, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 318 del CGP.

Así las cosas, sostuvo que dicha teoría vulneraba el derecho fundamental al
debido proceso al desconocer el sistema legal (numeral 6, artículo 277 del CPACA)
y los pronunciamientos de la Sección Quinta del Consejo de Estado de los cuales
no quedaba ninguna duda de su procedencia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 19 de mayo de 2025, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a la parte demandante9 y, como parte demandada, al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C10.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular11, al Presidente de la República12 y al Ministerio de Relaciones
Exteriores13.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C

En documento allegado el 21 de mayo de 2025, la magistrada ponente de la
decisión enjuiciada, reiteró que la motivación de esta se basó en que para la fecha
en que se expidió el acto acusado se encontraban disponibles nueve funcionarios
de carrera diplomática y consular que cumplían el lapso de 12 meses en planta

9 Índice 7 de Samai. La notificación se realizó al correo electrónico: maimejia@gmail.com.
10 Índice 7 de Samai. Fue notificado en los buzones web:
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co y scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11 Índice 7 de Samai. Se notificó al correo: unidiplo@cancilleria.gov.co.
12 Índice 7 de Samai. Se notificó a: notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.
13 Índice 7 de Samai. Fue notificado al correo: judicial@cancilleria.gov.co.

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externa en los términos del parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000
para ser designados en el cargo en cuestión, por lo que se encontraron satisfechos
los requisitos de perjuicio de la mora y ponderación de intereses, en tanto lo
pretendido era la satisfacción del sistema de carrera como instrumento de acceso
a la función pública.

Además, mencionó que la postura se había adoptado siguiendo el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Quinta sobre la materia, lo que
garantizaba la seguridad jurídica e igualdad.

En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción tutelar o,
en su defecto, negar el amparo por no encontrar probado ninguno de los defectos
alegados.

1.6.2. Ministerio de Relaciones Exteriores

Por medio de memorial remitido el 23 de mayo del presente año, el coordinador
del grupo interno de trabajo de asuntos legales de la oficina asesora jurídica puso
de presente que de acuerdo con lo establecido en el artículo 231 de la Ley 1437
de 2011, la solicitud de medida cautelar adolecía de técnica jurídica, ya que no se
había fundamentado específicamente sobre la trasgresión de normas superiores,
sino por el contrario, una transcripción literal de la demanda.

Por lo tanto, indicó que coadyuvaba la petición presentada por la parte actora,
dado que se desconocía el siguiente precedente judicial:

• Auto del 10 de abril de 2025- proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Sección B dentro del proceso de nulidad
electoral, identificado con el radicado 25000-23-41-000-2025-00354 -00.
• Auto del 10 de abril de 2025- dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en el proceso de nulidad
electoral, identificado con el radicado 25000-23-41-000-2025-00307-00.
• Auto de fecha 27 de marzo de 2024, proferido por el Consejo de Estado,
Sección Quinta al interior del medio de control de nulidad electoral con
radicado 25000-23-41-000-2024-01885-01.

Frente a los mencionados, expuso que entre ellos y el presente caso existía una
identidad fáctica, ya que el asunto a resolver versaba sobre nombramientos en
provisionalidad en cargos de la carrera diplomática y consular, no obstante en los
precedentes no se decretó la medida cautelar, pues se estimó que debía ser
resuelto en la sentencia donde se debían analizar los medios probatorios idóneos,
en aras de garantizar el derecho de defensa de los sujetos procesales.

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Adicionalmente, adujo que las pruebas aportadas por el extremo activo en la etapa
inicial del proceso, no permitían hacer un control objetivo de legalidad del acto de
designación en provisionalidad demandado, pues era necesario contar con toda la
información detallada de la situación administrativa laboral particular y concreta de
los funcionarios inscritos en el escalafón.

Para sustentar lo anterior, mencionó la providencia del 27 de marzo de 2025,
expedida por el Consejo de Estado, Sección Quinta14, en la que se revocó una
medida cautelar de suspensión de los efectos del acto de designación en
provisionalidad dentro de la carrera diplomática. Manifestó que, en esta, la
autoridad judicial enfatizó que además de las actas de posesión, era
imprescindible contar con otras pruebas que acreditaran la situación particular de
cada funcionario. Asimismo, señaló:

Este criterio demuestra que el análisis de disponibilidad de los funcionarios no
puede fundamentarse exclusivamente en documentos con cortes temporales
previos al nombramiento. La incertidumbre generada por la variabilidad de las
situaciones administrativas exige una verificación más rigurosa en cada caso
concreto. En este contexto la decisión judicial sobre estos asuntos debe estar
basada en un examen exhaustivo de las pruebas pertinentes y útiles que le
permitan tener certeza de estas situaciones laborales en el servicio exterior.

Así, comentó que no resultaba razonable conceder la medida cautelar, ya que el
asunto no era de mera interpretación normativa, sino que requería un análisis
probatorio exhaustivo una vez se presentaran todas las pruebas que respaldaran
la designación en provisionalidad.

Por otra parte, relató que en la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores
existían 141 cargos de segundo secretario, pero se encontraban inscritos 75 en la
categoría y solo 62 podían ser reubicados en el cargo, no obstante, dicha
reubicación se daría porque ya se encuentran designados en otro cargo
cumpliendo con el lapso de alternación en la planta externa según las reglas del
parágrafo segundo del artículo 39 del Decreto 274 de 2000.

En consecuencia, se evidenciaba la desproporción entre el número de cargos y de
funcionarios de carrera para proveer todos los puestos de segundo secretario, por
lo que la suspensión de los efectos jurídicos del acto de nombramiento de la señora
Mejía Campo generaba una vacancia temporal en detrimento del interés general y
de la prestación eficiente del servicio en el exterior.

14 Radicado: 25000-23-41-000-2024-01885-01.

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Por último, puso de presente que los derechos de carrera de los funcionarios
inscritos en el escalafón se encontraban garantizados, por lo que no se justificaba
adoptar la medida cautelar en la etapa inicial del proceso.

1.6.3. Presidencia de la República

Con escrito del 27 de mayo de 2025, la delegada del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República expuso que, la entidad no era parte del proceso
ordinario, ni tenía la competencia para revocar o contradecir las decisiones
judiciales.

Así las cosas, señaló que se configuraba la falta de legitimación en la causa por
pasiva, por lo que solicitó su desvinculación y que se declarara la improcedencia
del mecanismo constitucional15.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Martha Inés Mejía Campo, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

2.2. Coadyuvancia

La coadyuvancia de la acción de tutela se encuentra expresamente prevista en el
inciso 2º del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual señala que «[Q]uien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud».

Sobre esta figura jurídico procesal, la Corte Constitucional, en la sentencia T-269
de 201216, reiterada en la T-269 del 29 de marzo de 201817, consideró que los
terceros con interés legítimo pueden intervenir en el proceso como coadyuvantes,
apoyando las razones presentadas por el actor o parte demandada, armonizando

15 Si bien hizo mención sobre la procedencia de recursos contra el auto que decretó la medida

cautelar, se evidencia que se refirió a un proceso distinto al que actualmente se discute.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-269, 29.03.2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-070, 1.03.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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el papel de los terceros con los principios de informalidad y prevalencia de lo
sustancial que rigen el proceso.

En el presente caso, se evidencia que el Ministerio de Relaciones Exteriores
solicitó que fuera tenido como coadyuvante, para lo cual sustentó el interés en el
resultado del proceso, apoyando y nutriendo la argumentación para lograr el
reconocimiento de los derechos fundamentales considerados conculcados. En
consecuencia, la Sala tendrá a la entidad como coadyuvante.

2.3. Solicitud de desvinculación

La Presidencia de la República solicitó su desvinculación del presente trámite de
tutela, por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, no se
accederá a lo pedido, puesto que su vinculación al trámite constitucional se dio en
calidad de tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el
reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste en las
resultas del presente trámite.

2.4. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C incurrió en los defectos fáctico y sustantivo en la providencia
del 11 de abril de 2025 al interior del medio de control de nulidad electoral
con radicado 25000-23-41-000-2025-00304-00?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) el caso concreto.

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Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02695-00

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201218
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema19 y declaró su
procedencia20.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.6.1. Subsidiariedad

La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García

González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
20 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Demandante: Martha Inés Mejía Campo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02695-00

acción de tutela y determina que «esta acción sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el
numeral 1.º del artículo 6. º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.

En el presente caso, la actora cuestionó la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C del 11 de abril
de 2025, mediante la cual admitió el medio de control de nulidad electoral y accedió
a la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 0025 de 17 de enero
de 2025, que designó en provisionalidad a la señora Mejía Campo en el cargo de
segundo secretario de relaciones exteriores, código 2114, grado 15 de la planta
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia
en Santiago – República de Chile.

En dicho auto, la autoridad judicial accionada encontró que, de acuerdo con las
certificaciones y actas de posesión expedidas por el coordinador de nómina del
Ministerio de Relaciones Exteriores, existían 9 funcionarios que habían cumplido
los 12 meses en planta externa, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 37 del Decreto 274 de 2000.

Por lo tanto, consideró que no suspender los efectos del acto acusado, podría
conllevar a desconocer la carrera diplomática y consular, lo que perjudicaba el
interés público en ponderación con el derecho particular y concreto de la
demandada. Asimismo, resaltó que dicha postura había sido reiterada en otros
casos conocidos anteriormente.

Ahora bien, pese a que la señora Mejía Campo alegó la configuración de los
defectos fáctico y sustantivo en la providencia del 11 de abril de 2025 por indebida
valoración probatoria y desconocimiento del sistema de la carrera diplomática y
consular, se evidencia que también expresó su inconformidad frente a la
posibilidad de recurrir el auto mediante recursos.

La imposibilidad de ello, a juicio de la actora, recaía en decisiones anteriores que
había tomado la magistrada ponente del proceso ordinario, en asuntos con
similitudes fácticas, dado que se había pronunciado sobre la improcedencia de los
recursos contra el auto que resolvía medidas cautelares en nulidades electorales
de única instancia.

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Sección Primera, Subsección C
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No obstante lo señalado, esta Sala considera que la tutelante no agotó los medios
judiciales idóneos que tenía a su disposición para defender sus derechos
fundamentales y exponer los argumentos que esgrimió en la acción de tutela.

De acuerdo con el inciso final del artículo 277 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma de carácter especial para
aquellos trámites que se adelantan bajo el procedimiento del medio de control de
nulidad electoral, contra el auto que resuelva la suspensión provisional del acto
acusado, procede el recurso de reposición en procesos de única instancia y
apelación, en los de doble. A continuación, se lee:

ARTÍCULO 277. CONTENIDO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y
FORMAS DE PRACTICAR SU NOTIFICACIÓN. Si la demanda reúne los
requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:

[…]

En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la
que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el
cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede
en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el
de apelación.

Por lo tanto, el auto que decretó la suspensión provisional de los efectos del
Decreto 0025 de 17 de enero de 2025, podía cuestionarse a través del recurso de
reposición, el cual de acuerdo con el artículo 242 ibidem y su correspondiente
remisión21 al artículo 318 del Código General del Proceso, debía interponerse
dentro de los 3 días siguientes a su notificación.

Es por ello que, el argumento expuesto por la actora de que la magistrada ponente
encargada del proceso ordinario tenía como postura la improcedencia de los
recursos contra el auto que decidía sobre medidas cautelares, no la eximía de
ejercer dicho mecanismo judicial consagrado como norma especial para el medio
de control electoral, pues incluso, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha
avalado dicha interpretación normativa y, por ende, su procedencia22.

Así las cosas, se reitera que, la acción de tutela no puede ser utilizada para corregir
los errores en los que incurrió la accionante o su apoderado en el proceso

21 El CPACA no contiene regulación expresa acerca de la oportunidad en la que se debe formular

el recurso de reposición. En consecuencia, de conformidad con el artículo 308 de la citada
codificación, es necesario acudir a lo regulado en el Código General del Proceso.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo

Oñate, Sentencia 20.08.20, Rad. 11001-03-28-000-2020-00001-00; M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Sentencia 04.02.16, Rad. 11001-03-28-000-2015-00048-00.

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ordinario, pues, la incuria en el ejercicio de los medios procesales que tenía a su
disposición excluye la posibilidad que el mecanismo constitucional pueda operar.

Aunado a ello, se recuerda que la jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional
ha sido enfática en señalar que la acción tutelar no procede de manera directa
cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento23.

De hecho, en los casos24 en que las personas inician la acción de tutela contra una
providencia judicial que decidió sobre el decreto de una medida cautelar, el juez
constitucional ha decidido no estudiar el fondo de los defectos alegados
advirtiendo que, de hacerlo, suplantaría la competencia del juez natural, ya que es
el proceso ordinario, el escenario natural para discutir las alegaciones planteadas.

En consecuencia, el juez de tutela no puede inmiscuirse en el debate propio del
proceso ordinario que aún se encuentra en curso y cuya competencia es del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

De otra parte, se ha avalado la prosperidad de la acción de tutela, aun
encontrándose en curso el proceso ordinario cuando se logre acreditar un perjuicio
irremediable, en términos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad.
Sin embargo, al revisar el asunto, no se ha observado esto.

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción constitucional
porque no se encontró satisfecho el requisito de subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

23 Corte Constitucional, Sentencia SU-695 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Oswaldo
Giraldo López, Sentencia 28.01.21, Rad. 11001-03- 15-000-2020-04550-00/01 - Sección Segunda,
Subsección “A”, Sentencia 15.04.21; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección “A”, M.P. William Hernández Gómez, Sentencia 04.03.21, Rad.
11001-03-15-000-2021-00432-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia 09.09.21, Rad. 11001-03-15-
000-2021-03786-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección “B”, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia 27.09.21, Rad. 11001-03-15-000-2021-
02972-01.

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FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Presidencia
de la República.

SEGUNDO: ACEPTAR la coadyuvancia formulada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Martha Inés Mejía Campo.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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