Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02695-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02695-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02695-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
4 de septiembre de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02695 01
Accionante: Martha Inés Mejía Campo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02695 01
Accionante: MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN C
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el proceso en
el que se profirió la providencia cuestionada se encuentra
en curso
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 12 de junio de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Martha Inés Mejía Campo, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra del auto proferido el 11 de abril de
2025 por la Subsección C, Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso de nulidad electoral identificado con el
radicado nro. 25000 23 41 000 2025 00304 00, con el fin que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
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administración de justicia e igualdad, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] Dejar sin efectos el numeral segundo del auto del 11 de abril
de 2025 (Notificada por estado el 21 de abril de 2025) proferida
por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (ÚNICA INSTANCIA) y como
consecuencia se dicte una nueva decisión sobre los elementos de
la medida cautelar de suspensión provisional del decreto 025 del
17 de enero de 2025, a través del Presidente de la República me
nombró con carácter provisional, en el cargo de Segundo
Secretario, código 2114, grado 15, de la planta global del Ministerio
de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en
Santiago de Chile, Chile, en los términos que corresponde, con
fundamento en las valoraciones tomadas en consideración en el
fallo de tutela, es decir, con una aplicación sistemática de los
hechos y las pruebas recaudadas en el proceso electoral nro.
25000234100020250030400, así como de los diferentes
pronunciamientos que ha tenido la jurisdicción de lo contencioso
administrativo sobre las medidas cautelares de suspensión
provisional en los procesos electorales […]”. (Mayúsculas originales
del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que la Unión de funcionarios de Carrera
Diplomática y Consular (UNIDIPLO) promovió demanda de nulidad
electoral en contra del Decreto nro. 0025 del 17 de enero de 2025
expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual
fue designada en provisionalidad en el cargo de Segundo Secretario de
Relaciones Exteriores de la planta global de dicho ministerio, adscrito al
Consulado General de Colombia en Santiago de Chile.
Manifestó que la demanda, de única instancia, correspondió por reparto
a la Subsección C, Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, en auto del 11 de abril de 2025 la admitió y decretó
la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de
su nombramiento, por lo que fue separada temporalmente del ejercicio
del cargo.
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02695 00.
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Señaló que el tribunal accionado decretó la medida cautelar al considerar
que “(…) lo anterior denota que nueve funcionarios habían cumplido los
12 meses en planta externa en los términos del parágrafo del artículo 37
del Decreto Ley 274 de 2000. Es de anotar que el Consejo de Estado en
sentencia del 14 de marzo de 2024 declaró la nulidad del acto un
nombramiento por existir otros funcionarios de carrera diplomática y
consular que cumplían el lapso de 12 meses de que trata el parágrafo del
artículo 37 del Decreto 274 de 20004. Por lo tanto, existe apariencia de
buen derecho en la demanda. Además, se satisfacen los requisitos de
perjuicio de la mora y ponderación de intereses, en tanto lo pretendido
es la satisfacción del sistema de carrera como instrumento de acceso a la
función pública, que tiene sustento en el artículo 125 constitucional y
ordena que los empleos en los órganos y entidades del Estado por regla
son de carrera; y en el Decreto Ley 274 de 2000, cuyo artículo 13 dispone
que la carrera diplomática y consular es la carrera especial jerarquizada
que regula el ingreso, el ascenso, la permanencia y el retiro de los
funcionarios pertenecientes a dicha carrera, teniendo en cuenta el mérito
e igualmente las situaciones administrativas especiales de sus
funcionarios, tales como alternación, régimen de comisiones,
disponibilidad y condiciones laborales especiales. Por lo anterior, no
suspender los efectos del acto acusado en ese contexto conllevaría a
desconocer la carrera diplomática y consular, lo cual perjudica el
cumplimiento efectivo del fallo y es más lesivo para el interés público en
ponderación con el derecho particular y concreto de la demandada (…)”2.
Resaltó que la tesis de la magistrada ponente del auto acusado es que
contra esa decisión no procede recurso alguno, comoquiera que, bajo su
consideración, las decisiones de Sala no son susceptibles de recurso de
reposición según lo dispuesto en el artículo 318 del Código General del
Proceso. Al respecto, aportó el auto dictado el 19 de marzo de 2025 en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02695 00.
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radicado nro. 25000 23 41 000 2025 00125 00, en el que se plasmó
dicho criterio.
Sostuvo que el auto acusado “fue dictado con una explícita violación
sustancial del debido proceso y derecho a una administración de justicia
sujeta estrictamente al imperio de la ley, puesto que, resolvió declarar la
suspensión provisional de los efectos jurídicos del nombramiento en
provisionalidad cuando no existían pruebas documentales sobre la
situación administrativa de los funcionarios inscritos en la carrera
diplomática y no se satisface el perjuicio de la mora, porque con mi
separación temporal se está generando una vacante temporal que no
podrá ser suplida con funcionarios de carrera. De otra parte, la autoridad
judicial aplicó indebidamente el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley
274 de 2000, cuando desde el ámbito legal es una norma prohibitiva”3.
Agregó que “se materializa un defecto fáctico ante ausencia de valoración
integral probatoria y exceso en la medida cautelar, porque no existen en
esta etapa inicial del proceso pruebas de donde se pueda verificar la
situación administrativa de los servidores escalafonados en el rango de
Segundo Secretario, ni cual es la situación de los nueve funcionarios
citados en el auto, pues solamente toma e indica que llevan más de doce
meses de servicio en el destino en el exterior pero no tiene elementos
probatorios adicionales para establecer cuál es la real situación
administrativa de estos y poder determinar que era posible nombrarlos
en el cargo que estaba desempeñando en provisionalidad o de reubicarlos
en el mismo, como quiera que ya están designados en cumplimiento de
los lapsos de alternación”4.
A su turno, en el acápite del escrito de tutela denominado “PROCEDENCIA
DE LA ACCION DE TUTELA” indicó que su solicitud de amparo es
procedente, comoquiera que “existe una violación por parte de la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
3
Ibidem.
4
Ibidem.
4
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Cundinamarca, del debido proceso, de derecho a la igualdad de trato
jurídico y de acceso a una administración de justicia sujeta estrictamente
al imperio de ley, puesto que, adoptaron una decisión de suspensión
provisionalidad sin las pruebas documentales necesarias para saber sobre
la situación administrativa de cada uno de los funcionarios de carrera del
rango de Segundo Secretario, con un interpretación errónea de la
prohibición que contienen el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274
de 2000; y de los precedentes de la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y de la Subsección A
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre la procedencia de la
medida cautelar en los procesos electorales y los recursos en contra de
esta decisión”5.
Anotó que, al tratarse de un proceso de única instancia y teniendo en
cuenta la posición de la magistrada a cargo del proceso, que no procede
el recurso de reposición en contra de la decisión acusada, no dispone de
otro medio de defensa judicial para lograr el restablecimiento de sus
derechos fundamentales vulnerados. Al efecto, aseveró que “ante la
imposibilidad de interponer un recurso judicial contra el auto que decretó
la medida cautelar ordenada, se hace necesario recurrir a la presente
acción de tutela como único mecanismo disponible para impugnar la
vulneración de mí derecho constitucional al debido proceso”6.
Posteriormente, alegó que el auto cuestionado incurrió en un “defecto
sustantivo por la insuficiente sustentación y desconocimiento de la
situación administrativa de los funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular”, comoquiera que “(…) no cumple con los requisitos establecidos
en los artículos 229 y 231 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, debido a la falta de elementos
probatorios y fundamentos jurídicos (…)”7.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
5
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Explicó que “debido a que la Administración enfrenta una escasez de
funcionarios de carrera diplomática para ocupar todos los cargos de
Segundo Secretario, lo que la obliga a recurrir a la provisionalidad para
garantizar la continuidad del servicio, hace que la medida cautelar no
cumpla con su objetivo, pues tendría que la Administración acudir de
nuevo a la provisionalidad para ocupar el cargo vacante o dejarlo vacante
en detrimento de la prestación del servicio”8.
Expuso que “la suspensión del acto demandado no garantiza los derechos
de carrera administrativa especial ni favorece el interés público, ya que
provocaría vacantes y desplazamientos sucesivos de funcionarios en
distintas misiones diplomáticas, haciendo ineficiente la prestación del
servicio. La suspensión aludida va en detrimento de la atención de los
connacionales en el Consulado General de Santiago de Chile, ya que
contarían con una persona menos para cumplir con la labor constitucional,
agravando a si la carencia de personal y por ende en detrimento del
servicio. Por el contrario, yo he cumplido actividades por más 15 años en
Cancillería lo cual me ha llevado conocer la entidad y las funciones de las
sedes diplomática y consulares. Durante la suspensión no es posible
realizar el remplazo y por el contrario mi continuidad en el servicio no
agravaría los problemas atención y ausencia a los colombianos en dicho
país”9.
Agregó que “el argumento central de la decisión cautelar no es viable
porque el hecho de que un funcionario de carrera cumpla 12 meses de
servicio en el exterior no conlleva a que deba ser designado en otro cargo
en el exterior sin haber cumplido el período de alternación según el literal
A del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000”10.
Finalmente arguyó que “las actuaciones judiciales que motivan la
presente solicitud de amparo de los derechos al debido proceso, derecho
de igualdad de trato jurídico y de acceso a la administración de justicia
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
6
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sujeta estrictamente al imperio de la ley, cometida por la autoridad
judicial accionada, son constitutivas de unas interpretaciones
contraevidentes, irrazonables e insuficientes, en perjuicio de mis derechos
fundamentales y de los intereses legítimos en la administración del
sistema de carrera diplomática y consular a cargo del Ministerio de
Relaciones Exteriores”11.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 7 de mayo de 202512 y fue asignada por
reparto a la Sección Quinta de esta Corporación que, por auto del 19 de
mayo de 202513 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso
notificar14 a la Subsección C, Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, como parte accionada; así como vincular15 a la Unión
de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), al
presidente de la República de Colombia y al Ministerio de Relaciones
Exteriores, como terceros interesados en el resultado del proceso,
De igual forma, requirió a la Subsección C, Sección Primero del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia digital o el
enlace de consulta del proceso identificado con el radicado nro. 25000 23-
41 000 2025 00304 00, el cual fue remitido16.
11
Ibidem.
12
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02695 00.
13
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02695 00.
14
Esta orden se cumplió el 21 de mayo de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
02695 00.
15
Ibidem.
16
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02695 00.
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3.2. La magistrada ponente del auto acusado rindió informe17 en el que
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su
defecto, que se niegue el amparo deprecado al no haber incurrido en los
defectos alegados por la accionante.
Manifestó que en la providencia cuestionada se explicó que, para la fecha
en que se expidió el acto demandado, se encontraban disponibles nueve
funcionarios de carrera diplomática y consular que cumplían el lapso de
12 meses en planta externa en los términos del parágrafo del artículo 37
del Decreto Ley 274 de 2000 para ser designados en el cargo en cuestión.
Agregó que también se argumentó que la medida cautelar decretada
cumple con los requisitos de perjuicio en la mora y ponderación de
intereses, en tanto lo pretendido es la satisfacción del sistema de carrera
como instrumento de acceso a la función pública, que tiene sustento en
el artículo 125 constitucional y el artículo 13 del Decreto Ley 274 de 2000.
En ese sentido, aseveró que “la postura que se adoptó sigue el precedente
jurisprudencial de la Sección Quinta sobre la materia, por lo tanto,
garantiza seguridad jurídica e igualdad, por lo que existe apariencia de
buen derecho en la demanda”.
3.3. El coordinador del grupo interno de trabajo de Asuntos Legales de la
Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores
allegó escrito18 en el que coadyuvó las pretensiones de la accionante.
Señaló que “la presente acción es procedente, porque se trata de una
acción constitucional contra una decisión por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección C -
contenida en el Auto de fecha 11 de abril de 2025 (Notificada por estado
el 21 de abril de 2025) (ÚNICA INSTANCIA), en la cual se vulneró el
debido proceso y el derecho a la defensa de las demandadas al decretar
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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la medida cautelar valorando argumentos de fondo y pruebas aportadas
por la parte actora, no cumpliendo los requisitos establecidos respecto a
la sustentación de la viabilidad de la medida cautelar”.
Adujo que “con esta medida cautelar de suspender los efectos jurídicos
del acto demandando, no se garantiza los derechos de carrera
administrativa especial (…) ni evita que sea más lesivo para el interés
público en ponderación con el derecho particular y concreto de la
demandada. Por el contrario, con la suspensión provisional del cargo en
provisionalidad demandado se genera una vacante, de modo que,
siguiendo la línea de argumentación de la demanda se debe reubicar a
uno de los funcionarios que prestan sus servicios en otro destino en el
exterior a la Misión Diplomática en Costa Rica, por consiguiente se
presentaría entonces la vacante en la Oficina Consular o Misión
Diplomática de donde se desplace el funcionario, y sería necesario
reubicar a otro servidor de carrera de otra Misión Diplomática u Oficina
Consular y así sucesivamente hasta reubicar a los 62 servidores, pero en
todo caso se presentaría una vacante en uno de estos destinos debido al
desplazamiento de los funcionarios, siendo finalmente necesario acudir a
la provisionalidad”.
3.4. La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República – DAPRE, presentó escrito19 en el que solicitó que (i) se
desvincule a la presidencia de la República del presente trámite tutelar;
(ii) se declare la improcedencia de la acción de tutela; y (iii) se nieguen
las pretensiones de la accionante.
Indicó que “la Presidencia de la República no fue parte del proceso
identificado por la accionante, de igual forma no tiene competencia para
revocar o contradecir las decisiones judiciales debido a la estructura y
administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público”.
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Visto en los índices 12, 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de junio de
202520 resolvió lo siguiente:
“[…] PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada
por la Presidencia de la República.
SEGUNDO: ACEPTAR la coadyuvancia formulada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores.
TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de
tutela promovida por la señora Martha Inés Mejía Campo.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
Para ello, expuso que la accionante no agotó los medios judiciales idóneos
que tenía a su disposición para defender sus derechos fundamentales y
exponer los argumentos que esgrimió en esta solicitud de amparo.
Al efecto, anotó que, de acuerdo con el inciso final del artículo 277 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, norma de carácter especial para aquellos trámites que se
adelantan bajo el procedimiento del medio de control de nulidad electoral,
contra el auto que resuelva la suspensión provisional del acto acusado,
procede el recurso de reposición en procesos de única instancia y
apelación, en los de doble.
Por lo anterior, adujo que “el auto que decretó la suspensión provisional
de los efectos del Decreto 0025 de 17 de enero de 2025, podía
cuestionarse a través del recurso de reposición, el cual de acuerdo con el
artículo 242 ibidem y su correspondiente remisión al artículo 318 del
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Código General del Proceso, debía interponerse dentro de los 3 días
siguientes a su notificación”.
Advirtió que “el argumento expuesto por la actora de que la magistrada
ponente encargada del proceso ordinario tenía como postura la
improcedencia de los recursos contra el auto que decidía sobre medidas
cautelares, no la eximía de promover el precitado recurso consagrado
como norma especial para el medio de control electoral, pues incluso, la
Sección Quinta del Consejo de Estado ha avalado dicha interpretación
normativa y, por ende, su procedencia”.
Explicó que la acción de tutela no puede ser utilizada para corregir los
errores en los que incurrió la accionante o su apoderado en el proceso
ordinario, pues, la incuria en el ejercicio de los medios procesales que
tenía a su disposición excluye la posibilidad que el mecanismo
constitucional pueda operar.
Finalmente, resaltó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que la acción de tutela no procede de manera directa cuando el
asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo
impugnó21 manifestando, entre otras cosas, lo siguiente:
“[…] 1. IMPOSIBILIDAD REAL DE EJERCER EL RECURSO DE
REPOSICIÓN
Si bien el artículo 277 del CPACA establece la procedencia del
recurso de reposición contra el auto que decreta la suspensión
provisional en procesos electorales de única instancia, en la
práctica, la magistrada ponente del proceso electoral ha sostenido
de forma reiterada la improcedencia de dicho recurso, como lo
evidencian decisiones previas en casos análogos que fueron
informados en el escrito de la tutela.
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¿Qué sentido práctico tenía presentar un recurso de reposición ante
la misma funcionaria? Para que lo rechazara, pues es evidente que
su posición es reiterada en recientes decisiones en donde rechazó
los recursos de reposición que interpusieron algunos sujetos
procesales contra ese tipo de decisión, entre otros, en los radicados
25000234100020250012500 y 2500023410002025001300,
procesos electorales de única instancia.
En consecuencia, exigir el agotamiento de un recurso que el propio
despacho judicial accionado considera improcedente constituye
una carga irrazonable y desproporcionada, que vacía de contenido
el principio de subsidiariedad. La Corte Constitucional ha señalado
que la tutela es procedente cuando los medios ordinarios resultan
ineficaces en la práctica, incluso si existen formalmente.
Adicional, debe tenerse en cuenta que se trata de un proceso de
única instancia y que con el recurso de reposición no se modifica o
cambia a otra instancia, para cerrar todos los mecanismos
procesales y judiciales que tenía a mi favor.
2. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL COMO
CAUSAL DE PROCEDENCIA
La providencia judicial impugnada en sede de la acción de tutela
incurre en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, lo cual habilita la procedencia excepcional de
la acción de tutela. La jurisdicción de lo contencioso ha reiterado
que la tutela procede cuando el juez natural se aparta de
precedentes vinculantes sin justificación suficiente, afectando
derechos fundamentales como el debido proceso y la igualdad.
En este caso, la magistrada accionada ignoró precedentes recientes
del propio Consejo de Estado y del mismo Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en los que se negó la suspensión provisional de
actos de nombramiento en provisionalidad dentro de la carrera
diplomática y consular, por considerar que el análisis probatorio
debía realizarse en sentencia y no en etapa cautelar. Especialmente
porque las pruebas están supeditadas a revisar el escalafón de esta
carrera.
3. VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
La negativa a admitir el recurso de reposición, sumada al
desconocimiento de precedentes y a la falta de motivación
suficiente en la medida cautelar, configura una vulneración grave
del derecho fundamental al debido proceso. La Corte Constitucional
ha sostenido que una decisión judicial sin motivación adecuada o
que ignora hechos relevantes puede ser objeto de tutela (sentencia
T-416 de 2016) […]”.
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5.2. Por auto del 27 de junio de 2025 se concedió la impugnación22 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 9 de julio de
202523.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199124, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201525, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 26, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201927, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente28:
22
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02695 00.
23
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02695 01.
24
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
25
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
26
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
27
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
28
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 25000 23 41 000 2025 00304 00. Visto en el índice 9
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2025 02695 00.
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Accionante: Martha Inés Mejía Campo
6.2.1. La Unión de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
(UNIDIPLO) promovió demanda de nulidad electoral en contra del Decreto
nro. 0025 del 17 de enero de 2025 expedido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, por el cual se dispuso “designar en provisionalidad
a la señora MARTHA INES MEJIA CAMPO (…) en el cargo de Segundo
Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la planta
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado
General de Colombia en Santiago – República de Chile”.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto a la Subsección C, Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por auto del
11 de abril de 2025 dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: ADMITIR en única instancia la demanda de
nulidad electoral presentada por Unión de Funcionarios de Carrera
Diplomática y Consular (UNIDIPLO) contra el nombramiento de
Martha Inés Mejía Campo en el cargo de segundo secretario de
relaciones exteriores, código 2114, grado 15 de la planta global del
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de
Colombia en Santiago – República de Chile.
SEGUNDO: DECRETAR la suspensión provisional de los efectos del
Decreto 0025 de 17 de enero de 2025, mediante el cual se designó
en provisionalidad a Martha Inés Mejía Campo en el cargo de
segundo secretario de relaciones exteriores, código 2114, grado 15
de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito
al Consulado de Colombia en Santiago – República de Chile,
conforme lo expuesto.
TERCERO: NOTIFICAR personalmente a Martha Inés Mejía Campo,
al ministro de Relaciones Exteriores y al señor presidente de la
República por intermedio del secretario jurídico de la Presidencia de
la República, mediante mensaje de datos dirigidos a los buzones de
correos electrónicos para notificaciones judiciales, adjuntado copia
de la demanda y anexos, en la forma dispuesta en el numeral 1 del
artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral
8º del artículo 162 ibidem. El traslado se entenderá surtido a los dos
(2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje; y el término
respectivo empezará a correr a partir del día siguiente, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.
CUARTO: INFORMAR a los demandados que podrán contestar la
demanda dentro de los quince (15) días siguientes a los tres (3) días
de la notificación personal del auto admisorio de la demanda, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 1437 de
2011.
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Accionante: Martha Inés Mejía Campo
QUINTO: NOTIFICAR personalmente al Ministerio Público y a la
Agencia de Defensa Jurídica del Estado, anexándole copia de la
demanda y los anexos, según lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 277 ibidem.
SEXTO: NOTIFICAR al demandante por estado.
SÉPTIMO: ABSTENERSE de fijar gastos ordinarios del proceso; no
obstante, de requerirse expensas, se fijarán en su oportunidad.
OCTAVO: ADVERTIR al ministro de Relaciones Exteriores y a la
presidencia de la República que con la contestación de la demanda
deberán allegar el expediente administrativo que contenga los
antecedentes de la actuación que se demanda y se encuentre en su
poder, las cuales deberán incorporar a través de la VENTANILLA
VIRTUAL DE SAMAI. La inobservancia de este deber constituye
falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto
(artículo 175, parágrafo 1º del CPACA)
NOVENO: INFORMAR a la comunidad, a través de la página web
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la existencia del
presente proceso en la forma prevista en el numeral 5º del artículo
277 de la Ley 1437 de 2011, y dejar constancia en el expediente
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
fallo de primera instancia proferido el 12 de junio de 2025, declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que la accionante no agotó los medios
judiciales idóneos que tenía a su disposición en el proceso ordinario, para
defender sus derechos fundamentales y exponer los argumentos que
esgrimió en esta solicitud de amparo, esto era, el recurso de reposición
en contra del auto que decretó la medida cautelar de suspensión
provisional del acto administrativo demandado.
A su turno, la parte actora en su escrito de impugnación indicó que exigir
el agotamiento del mencionado recurso de reposición constituye una
carga irrazonable y desproporcionada, teniendo en cuenta que “la
magistrada ponente del proceso electoral ha sostenido de forma reiterada
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la improcedencia de dicho recurso, como lo evidencian decisiones previas
en casos análogos que fueron informados en el escrito de la tutela”29.
Adicionalmente, reprochó que “la magistrada accionada ignoró
precedentes recientes del propio Consejo de Estado y del mismo Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en los que se negó la suspensión
provisional de actos de nombramiento en provisionalidad dentro de la
carrera diplomática y consular, por considerar que el análisis probatorio
debía realizarse en sentencia y no en etapa cautelar”30.
En ese escenario, la Sala considera que debe confirmarse el fallo de tutela
de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo por
no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, pero por las razones
que pasan a explicarse.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional ha señalado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento
en que no se han agotado los medios de defensa judicial, ordinarios y
extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el
asunto está en trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la
intervención del juez constitucional, en principio, está vedada, toda vez
que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
29
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02695 00.
30
Ibidem.
16
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para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario31.
Al respecto, ha precisado que “(…) la acción de tutela no procede de
manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el
ordenamiento. No obstante, la protección de derechos fundamentales a
través de la acción de tutela permite la intervención del juez constitucional
siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o
que se pretende evitar un perjuicio irremediable (…)”32.
Frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que “(…) el
análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones
definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos
para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue
emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final. Tal
criterio restrictivo encuentra su justificación en que la acción de tutela no
puede ser utilizada por el accionante para “controvertir una decisión
adversa a [los] intereses”, en el marco de un proceso judicial en el cual
“no se ha proferido ningún fallo definitivo” (…)”33. (Se destaca).
Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad de la señora
Martha Inés Mejía Campo está relacionada con el auto proferido el 11 de
abril de 2025 por la Subsección C, Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que decretó la medida cautelar de
suspensión del acto administrativo demandado en el proceso de nulidad
electoral identificado con el radicado nro. 25000 23 41 000 2025 00304
00, la acción de tutela deviene improcedente porque el referido proceso
está en curso.
31
Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
32
Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
33
Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
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Al efecto, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo
paralelo al proceso judicial para la defensa de los intereses de las partes,
pues ello implicaría que es el juez de tutela y no el juez competente de la
causa quien decide sobre la sustanciación y ritualidad de los procesos.
Adicionalmente, la Sala advierte que la accionante no alegó ni acreditó la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la
solicitud de amparo como mecanismo transitorio.
Por último, frente al argumento planteado en el escrito de impugnación
respecto a que “la magistrada accionada ignoró precedentes recientes del
propio Consejo de Estado y del mismo Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en los que se negó la suspensión provisional de actos de
nombramiento en provisionalidad dentro de la carrera diplomática y
consular”34, es preciso señalar que la parte actora no cumplió con la carga
de identificar, de manera expresa, cuáles eran las decisiones que
estimaba constituían precedente, que fueron desconocidas y que eran
aplicables a su caso.
Conforme con lo expuesto, la solicitud de amparo es improcedente
comoquiera que el proceso en el que fue proferida la providencia
cuestionada se encuentra en curso, y no se alegó ni acreditó la ocurrencia
de un perjuicio irremediable.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente
por cuanto no cumple con el requisito general de subsidiariedad, por lo
que se confirmará el fallo proferido el 12 de junio de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
34
Ibidem.
18
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 12 de junio de
2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, según lo explicado en
la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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