Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02698-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02698-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02698-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02698-00
Accionante: Edgar Iván Ulloque Suárez
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se niegan las pretensiones de la acción de tutela debido a que
no se demostraron los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela interpuesta1 por el señor Edgar Iván Ulloque Suárez, quien actúa
en nombre propio en contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bolívar y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración
de justicia, el trabajo, el buen nombre, la igualdad y al principio de presunción de
inocencia, con ocasión de las providencias expedidas el 27 de febrero y 23 de
octubre de 2024, al interior del proceso disciplinario con radicado
130011102000201600668-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Juan Carlos Serrano Merlano confirió poder al señor Edgar Iván
Ulloque Suárez para que lo representara en la gestión de procesos ejecutivos
encaminados a la recuperación de las sumas de dinero que le eran adeudadas.
Luego, el señor Serrano Merlano interpuso queja disciplinaria en contra del
profesional del derecho, alegando que este se abstuvo de entregar los
emolumentos recibidos en su nombre.
3. En primera instancia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar,
mediante sentencia del 27 de febrero de 2024 sancionó al señor Ulloque Suárez
con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres años y multa
de 50 smmlv, al encontrarlo responsable de la comisión de la falta prevista en el
1 7 de mayo de 2025.
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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02698-00
Accionante: Edgar Iván Ulloque Suárez
numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 de 20072. Frente a esta decisión, el
disciplinado interpuso recurso de apelación y solicitud de nulidad de la actuación.
4. Por consiguiente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la
providencia del 23 de octubre de 2024 negó la solicitud formulada por el señor
Ulloque Suárez, afirmando que no existió vulneración al debido proceso o al
principio non bis in ídem, y confirmó la decisión judicial anterior al encontrar
acreditado que el profesional en derecho recibió dineros que no fueron entregados
en su totalidad al quejoso, actuando con dolo. En consecuencia, concluyó que la
conducta se ajustaba a los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante adujo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Bolívar incurrieron en los siguientes
defectos:
• Defecto fáctico: «En la investigación que se agotó en el proceso
disciplinario que nos convoca, se puede identificar que, en primer lugar, no
se acredito la existencia de la falta en el entendido de que efectivamente
no obra en el proceso probanza que de cuenta de que las sumas
mencionadas que no fueron entregadas por el abogado endilgado,
realmente hacen falta en el patrimonio del quejoso o su padre (…) [d]urante
el curso de la investigación disciplinaria se asumió como quejoso al señor
ELMO FIDEL SERRANO ACUÑA, en la etapa probatoria, se tuvo como
testigo al igual que el señor JUAN CARLOS SERRANO MERLANO, estos
son aspectos que vician la prueba y que ninguna medida procesal se
implemento a juicio que lo actuado no se invalidara, además que este
proceso disciplinario carece de medios de prueba concluyente que
direccionen al convencimiento con certeza de la responsabilidad del
disciplinado ventilándose la duda razonable»3. (Sic)
• Violación directa de la Constitución Política: Aunque el accionante
señaló someramente que la autoridad judicial accionada incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso
a la administración de justicia, el trabajo, el buen nombre y la igualdad,
únicamente desarrolló el primero de ellos, argumentando que se le
declaró responsable de no entregar sumas de dinero que le
correspondían a su cliente, a pesar de que no se demostró la comisión de
dicha conducta al interior del proceso.
• Desconocimiento del precedente judicial: en relación con la sentencia
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria el 5 de diciembre de 2019 con radicado 18001-11-02-000-
2 «Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) 4. No entregar a quien
corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de
la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo».
3 Aspecto frente al cual esta Sala se pronuncia en el acápite «cuestión previa».
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Acción De Tutela
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Accionante: Edgar Iván Ulloque Suárez
2017-00012-01, y la sentencia C-003 de 2017 de la Corte Constitucional,
en donde se expone que el acusado no debe desplegar ninguna actividad
para demostrar su inocencia, y que toda duda debe ser resuelta en su favor.
Asimismo, señaló que se desconoció la sentencia T-316 de 2019, proferida
por la Corte Constitucional, en tanto se calificó la conducta presuntamente
desplegada como dolosa, aún sin tener los elementos suficientes para
acreditarlo.
2.3. Pretensiones
6. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1.- Se persigue con la interposición de la presente acción que el
juez de tutela ampare los derechos fundamentales vulnerados por el
dispensador de justicia accionado.
2.- Que ordene a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL que revoque la decisión de primera instancia y que a su
vez ordene a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
DE BOLÍVAR que en el término de 48 horas profiera la providencia
judicial que en derecho corresponda, la cual garantice la protección
de los derechos fundamentales vulnerados». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
7. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 12 de mayo de 2025, a través
del cual, se ordenó notificar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bolívar y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como accionados y al
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados,
al señor Juan Carlos Serrano Merlano y a todos los demás involucrados en el
proceso disciplinario como terceros interesados en el resultado del proceso.
8. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados manifestó que se limitó a realizar la anotación de la sanción impuesta
al señor Edgar Iván Ulloque Suárez, de conformidad con las decisiones judiciales
cuestionadas en la presente acción de tutela.
9. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial manifestó que la parte
accionante no acreditó el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
toda vez que, a su juicio, la controversia planteada no está orientada a la
protección de derechos fundamentales, sino a reabrir un debate que ya fue
resuelto por el juez natural del proceso.
10. Aun en gracia de discusión, sostuvo que no incurrió en los defectos señalados
por el accionante, dado que efectuó un análisis exhaustivo, riguroso y conforme a
derecho de los elementos de convicción obrantes en el expediente disciplinario.
En consecuencia, solicitó que se denieguen las pretensiones formuladas en la
acción de tutela de la referencia.
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Acción De Tutela
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Accionante: Edgar Iván Ulloque Suárez
11. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial indicó que garantizó los
derechos fundamentales de las partes dentro del proceso disciplinario,
desarrollando sus actuaciones con estricta observancia de las disposiciones
constitucionales y legales aplicables. En consecuencia, sostuvo que, en el caso
concreto, no se acredita el requisito de relevancia constitucional.
12. De igual forma, afirmó que tampoco se cumple con el requisito de inmediatez,
toda vez que la sentencia de primera instancia fue proferida el 27 de febrero de
2024, mientras que la acción de tutela fue presentada el 7 de mayo de 2025. En
tal sentido, solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela.
13. No se presentaron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
15. Si bien la acción de tutela se dirige contra las sentencias proferidas por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial el 27 de febrero de 2024 y 23 de octubre de la anualidad,
respectivamente, lo cierto es que fue esta última providencia, la que resolvió el
proceso disciplinario. Por lo tanto, esta Sala de Subsección únicamente abordará
el estudio de la decisión judicial proferida el 23 de octubre de 2024.
16. De otra parte, se advierte que en el escrito de tutela no se cumple con la carga
argumentativa requerida para la procedencia del análisis de un presunto defecto
fáctico, pues no basta con la mera enunciación de la supuesta vulneración de
derechos fundamentales, sino que resulta imprescindible una exposición clara y
detallada del defecto alegado, la identificación precisa de las pruebas que habrían
sido indebidamente valoradas u omitidas por la autoridad judicial, así como la
explicación de su incidencia en el sentido de la decisión adoptada. En virtud de lo
anterior, esta Sala se abstendrá de realizar el respectivo estudio.
3.3. Problema jurídico
17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en la violación
directa de la Constitución Política y el desconocimiento del precedente judicial al
proferir la decisión judicial del 23 de octubre de 2024, al interior del proceso
disciplinario con radicado 13001-11-02-000-2016-00668-01.
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Acción De Tutela
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Accionante: Edgar Iván Ulloque Suárez
3.4. Procedencia de la acción de tutela
18. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales fundamentales
cuando sean vulnerados o amenazados por autoridades o particulares.
19. Esta acción es subsidiaria, es decir, se emplea solo cuando no existen otros
mecanismos judiciales disponibles, aunque también puede usarse de forma
transitoria para evitar un perjuicio irreparable. Además, este mecanismo permite
la protección de los derechos fundamentales frente a decisiones judiciales que
los vulneren, dado que las autoridades judiciales están sometidas a los valores
y principios establecidos por la Constitución.
20. La Corte Constitucional, reconociendo la naturaleza excepcional de la tutela,
ha establecido requisitos específicos para su procedencia en casos contra
decisiones judiciales, con el fin de equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces, y la protección efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales, a saber:
21. (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.
3.5.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.5.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.5.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han
transcurrido más de 6 meses desde que adquirió ejecutoria la sentencia
cuestionada.
3.5.1.4. Contrario a lo expuesto por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, considera esta Sala que el asunto
a resolver es de marcada relevancia constitucional, toda vez que se centra en
determinar una posible vulneración del principio non bis in idem, así como de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
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justicia, al trabajo, al buen nombre y a la igualdad, con ocasión de la presunta
violación directa de la Constitución Política y el desconocimiento del precedente
judicial de la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 23 de octubre
de 2024 al interior del proceso disciplinario cuestionado.
22. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. La violación directa de la Constitución como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial
23. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura,
entre otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que
desconoce específicamente los postulados de la Carta Política, en
perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras
palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de aplicar una
disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión
judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la
Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados
superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de las
partes en el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran
el derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite,
sino que también desconocen la supremacía de la Constitución
Política en el ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan
de sus mandatos con base en argumentos infraconstitucionales. A
este respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento
constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de
modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa
por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados»4.
3.5.1. Análisis de la presunta violación directa de la Constitución Política
en el caso concreto
24. El señor Edgar Iván Ulloque Suárez afirma que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial incurrió en una violación directa de la Constitución Política,
específicamente del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de
la Carta Política y el principio in dubio pro reo, al haberlo declarado responsable
de no entregar sumas de dinero que le correspondían a su cliente, a pesar de
que, en su consideración, no se demostró la comisión de dicha conducta al
interior del proceso.
4 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente:
Alberto Rojas Ríos.
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25. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada se pronunció en la
sentencia del 23 de octubre de 2024 en los siguientes términos:
«Con respecto al tercer hecho jurídicamente relevante, referente a la
no entrega a quien corresponde, se probó que el abogado no entregó
la totalidad del dinero recibido, lo cual se acreditó a partir de lo
señalado en la ampliación de la queja, el testimonio del señor Carlos
Serrano Merlano y los soportes de entrega de dineros adjuntados
como prueba, que dan cuenta de que no se entregó la totalidad del
dinero recibido. Cabe señalar además, que estas constancias de pago
fueron aportadas por el disciplinable y obran en el archivo 1 de la
carpeta de primera instancia, a partir del folio 346.
Por otro lado, se tiene que no hubo una vulneración del principio del in
dubio pro disciplinado, dado que el disciplinado solo fue sancionado
con respecto a los recibos de dinero que lograron acreditarse a partir
de la verificación de los expedientes allegados al proceso como
pruebas».
(…)
«En ese mismo sentido, no es de recibo la alegación según la cual no
está demostrado que se entregaron los dineros; pero tampoco se
demuestra que no fueron entregados; pues en este caso, se demostró
que el abogado recibió las sumas de dinero como resultado de la
gestión profesional en los diferentes procesos; y se demostró que no
entregó la totalidad de lo recibido. Sobre ello, hay que recordar que el
abogado tiene como deber obrar con lealtad y honradez en las
relaciones con sus clientes, lo que implica llevar un control de los
dineros entregados al cliente, cuando en virtud de la relación
profesional se tenga el poder para recibir dineros a nombre de éste».
26. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial adujo que la responsabilidad
disciplinaria del señor Edgar Iván Ulloque Suárez se estableció con fundamento
en la ampliación de la queja, el testimonio del señor Carlos Serrano Merlano, los
expedientes de los procesos ejecutivos adelantados por el señor Ulloque Suárez
en representación de su cliente, y los documentos de soporte de pagos
aportados como prueba en el proceso, elementos que permitieron demostrar que
el abogado recibió sumas de dinero en el ejercicio de su gestión profesional que
no entregó en su totalidad al quejoso.
27. En ese contexto, esta Sala de Subsección no evidencia que la autoridad
judicial accionada planteara la existencia de dudas razonables que justificaran la
absolución del señor Ulloque Suárez en el proceso disciplinario. Por el contrario,
se observa que expuso argumentos sólidos y respaldados en pruebas que
permiten afirmar con certeza la comisión de la conducta reprochada,
circunstancia que desvirtúa las afirmaciones del accionante respecto de una
presunta violación directa de la Constitución Política, y en particular del principio
in dubio pro reo.
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3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
28. Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde
determinar si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del
precedente vinculante.
29. La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del
tal disposición, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230
superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están
obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores,
siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos
que justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional
consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado
del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.
30. Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a
la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional
ha reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el
único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de
manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan
salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial.
31. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto
32. La parte accionante asegura que la autoridad judicial incurrió en un presunto
desconocimiento del precedente judicial en relación con la sentencia proferida por
el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria el 5 de
diciembre de 2019 con radicado 18001-11-02-000-2017-00012-01, y la sentencia
C-003 de 2017 de la Corte Constitucional, en donde se expone que el acusado no
debe desplegar ninguna actividad para demostrar su inocencia, y que toda duda
debe ser resuelta en su favor.
33. En efecto, las sentencias previamente citadas coinciden en señalar que, para
desvirtuar la presunción de inocencia, se requiere alcanzar un grado de convicción
o certeza más allá de toda duda razonable, conforme a los elementos materiales
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probatorios obrantes en el proceso. En caso de no acreditarse dichos extremos,
el juez debe aplicar el principio in dubio pro reo, resolviendo las dudas a favor del
acusado.
34. Ahora bien, en el caso concreto, la autoridad judicial accionada consideró
acreditado, con un nivel de certeza, que el señor Ulloque Suárez incurrió en la
conducta reprochada, razón por la cual lo declaró disciplinariamente responsable.
En ese sentido, se advierte que en el presente caso no existe desconocimiento
alguno del precedente judicial aplicable, toda vez que la decisión adoptada se
encuentra en armonía con los criterios jurisprudenciales vigentes en materia de
presunción de inocencia y valoración probatoria.
35. Asimismo, señaló que se desconoció la sentencia T-316 de 2019, proferida
por la Corte Constitucional, en tanto se calificó la conducta presuntamente
desplegada como dolosa, aún sin tener los elementos suficientes para acreditarlo.
36. Al respecto, se tiene que en dicha providencia la Corte Constitucional
cuestionó las decisiones judiciales mediante las cuales se excluyó de la profesión
a una abogada que vulneró el deber de lealtad contenido en el numeral 8° del
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que no se acreditó un daño concreto
a los intereses de sus clientes, ni se demostró que los asuntos guardaran la misma
naturaleza, por lo que consideró que la sanción impuesta restringía de manera
desproporcionada sus derechos fundamentales al trabajo y a la libre elección de
profesión u oficio.
37. Así las cosas, resulta evidente que no existe identidad fáctica ni jurídica entre
el caso concreto y la sentencia T-316 de 2019, ya que en el presente asunto la
autoridad judicial accionada logró demostrar que el profesional en derecho decidió
de manera deliberada y consciente cometer la conducta reprochada, esto es, con
dolo, lesionando los intereses de su cliente, razón por la que lo sancionó con
suspensión de la profesión y multa, decisión que para esta Sala se profirió de
acuerdo a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
38. En tal sentido, resulta evidente que no existe identidad fáctica ni jurídica entre
el caso concreto y lo resuelto en la sentencia T-316 de 2019, toda vez que, en el
presente asunto, la autoridad judicial accionada acreditó que el profesional del
derecho actuó de manera deliberada y consciente al incurrir en la conducta
reprochada, lesionando los intereses de su cliente. Por lo tanto, resolvió
sancionarlo con suspensión del ejercicio profesional y la imposición de una multa,
medida que se encuentra fundamentada en los principios de proporcionalidad y
razonabilidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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I. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por el señor
Edgar Iván Ulloque Suárez, de conformidad con los motivos expuestos en esta
providencia.
SEGUNDO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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