Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02698-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02698-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02698-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
6 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02698-01
Demandante: Edgar Iván Ulloque Suárez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02698-01
Demandante: EDGAR IVÁN ULLOQUE SUÁREZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario.
Requisitos generales de procedencia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 5 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A que resolvió:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por el señor Edgar
Iván Ulloque Suárez, de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 7 de mayo de 2025, el señor Edgar Iván Ulloque Suárez, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
al trabajo, buen nombre y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«1 Se persigue con la interposición de la presente acción que el juez de tutela ampare los
derechos fundamentales vulnerados por el dispensador de justicia accionado.
2 Que ordene a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL que revoque la
decisión de primera instancia y que a su vez ordene a la COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DE BOLÍVAR que en el término de 48 horas profiera la
providencia judicial que en derecho corresponda, la cual garantice la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.»
2. Hechos
Del expediente se advierten como relevantes los siguientes hechos:
El señor Edgar Iván Ulloque Suárez, en calidad de abogado, representó al señor Juan
Carlos Serrano Merlano en la gestión de algunos procesos ejecutivos encaminados a
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la recuperación de dinero que le era adeudo. Durante el trámite, el señor Ulloque
Suárez recibió una suma que no entregó en su totalidad al señor Serrano Merlano.
Como consecuencia de esa situación, el señor Juan Carlos Serrano Merlano presentó
queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, con fundamento en
que el abogado Ulloque Suárez se apropió indebidamente del dinero que recibió como
resultado de la gestión de varios procesos ejecutivos en que obró como apoderado de
la parte ejecutante.
El proceso en primera instancia correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar, que, en sentencia del 27 de febrero de 2024 sancionó al señor
Ulloque Suárez con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres
años y multa de 50 smlmv, porque lo encontró responsable de la comisión de la falta
prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por no entregar los
dineros recibidos en virtud de la gestión profesional y en el numeral 8 del artículo 28
de la Ley 1123 de 2007, al no obrar con transparencia en el ejercicio de su profesión.
El señor Ulloque Suárez apeló la decisión y afirmó que su conducta estuvo ajustada a
derecho y a los deberes profesionales; puso de presente que existió un error en
relación con el número de procesos por los cuales se le atribuyeron cargos, pues no
fueron 27 sino 25; asimismo precisó que el único reproche que se le puede endilgar es
el de no haber expedido recibo de pago de sus honorarios.
Alegó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, pues existió confusión
de naturaleza entre testigos y quejosos, porque se dio «tratamiento de interviniente a
una persona que actuó dentro del proceso disciplinario como testigo y quejoso, en el
caso de los señores Elmo Fidel Serrano Acuña y Juan Carlos Serrano Merlano».
Sostuvo que no hubo certeza sobre la comisión de la falta disciplinaria y, por tanto,
debía aplicarse el principio in dubio pro disciplinado, porque aportó recibos, abonos y
pagos que, aunque no esclarecen con total certeza todos los montos discutidos,
generan duda razonable, por lo cual debió resolverse en su favor esa duda.
De igual forma, señaló que la decisión sancionatoria se basó en presunciones objetivas
sobre la entrega de dinero, sin análisis de culpabilidad o dolo, además, precisó que si
bien, en el derecho disciplinario la carga probatoria recae en la administración, en su
caso no sucedió porque en el trámite procesal no se acreditó que se apropió de dinero
alguno, ya que los pagos sí se realizaron a su poderdante, pero, sin las
correspondientes constancias de entrega, situación que no constituye falta grave o
dolosa.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en providencia del 23 de octubre de
2024, confirmó la sanción impuesta. Al efecto, precisó que encontró acreditado que el
señor Edgar Iván Ulloque Suárez no entregó al quejoso el total de los dineros
recuperados provenientes de catorce procesos ejecutivos, ni acreditó su devolución
parcial.
Así mismo, respecto al cambio de la naturaleza de quejoso a testigo y de testigo a
quejoso de los señores Carlos Serrano Merlano y Elmo Serrano Acuña, consideró que
no era un aspecto que condujera a la nulidad de lo actuado, porque no se trató de un
elemento sustancial que afectara el derecho al debido proceso del disciplinado. Dicho
esto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar remedió el error inicial de
no haberle dado la calidad de quejoso al señor Carlos Serrano Merlano, sin embargo,
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la ampliación de la queja presentada por el señor Elmo Serrano fue declarada
inexistente, por no cumplir con las formalidades previstas para el efecto.
Precisó que en la sentencia de primera instancia el a quo se percató que en la
formulación de cargos se juzgó al señor Ulloque Suárez dos veces por el mismo hecho,
los cuales estaban contemplados en los cargos segundo y octavo, razón por la cual,
decidió corregir el error. Es decir, solo sancionó al disciplinado por el segundo cargo y
lo absolvió por lo establecido en el cargo octavo, con lo cual evitó la vulneración del
principio del non bis in idem.
Destacó que no era procedente revocar la decisión de primera instancia, porque de
acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se pudo verificar que la conducta
por la que se sancionó al señor Ulloque Suárez es típica, antijuridica y culpable, con
fundamento en los siguientes argumentos:
• Se encontró probado que entre el abogado Edgar Iván Ulloque Suárez y
el señor Elmo Fidel Serrano Acuña existió una relación profesional cliente
• abogado para la atención de procesos ejecutivos. Aunque no se
suscribió contrato de prestación de servicios, el abogado Ulloque Suárez
tenía poder para actuar. Así mismo se demostró que el abogado recibió
las sumas de dinero como resultado de la gestión profesional en los
diferentes procesos y que no entregó la totalidad del dinero recibido.
• Frente a la antijuridicidad, evidenció que la conducta del señor Ulloque
Suárez no encontró justificación en alguna de las circunstancias
contempladas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007. Al no entregar o
conservar los recibos de los dineros entregados al cliente, desatendió el
deber contemplado en el numeral 8 del artículo 28 de la citada ley, es
decir, obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales y fijar
sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al
servicio prestado.
• Respecto a la figura de la culpabilidad, la conducta llevada a cabo por el
señor Edgar Iván Ulloque Suárez fue a título de dolo, ya que fue una
decisión deliberada y consciente.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora afirmó que con la decisión objeto de cuestionamiento fueron
vulnerados los derechos fundamentales invocados porque la autoridad judicial
demandada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.
En cuanto al defecto fáctico, señaló que no se acreditó la existencia de la falta
disciplinaria porque no obró en el proceso prueba en la que constara que el dinero no
fue entregado, puntualmente, indicó: «realmente hacen falta en el patrimonio del quejoso o su
padre, porque estamos hablando de una actividad de negocio legalmente constituida que debe cumplir
con los deberes que le impone la ley, en este caso, por mencionar una; llevar contabilidad y asumir de
manera errada que el hecho per se de recibir el dinero y ante la inexistencia de prueba de la entrega
del mismo opera como prueba de culpabilidad e impone la carga al investigado de probar la entrega del
dinero al quejoso, no se infirió que al existir constancias de entrega, era una práctica habitual y prueba
de que los dineros se entregaron».
Agregó que, el curso de la investigación disciplinaria se asumió como quejoso al señor
Elmo Fidel Serrano Acuña en la etapa probatoria y se tuvo como testigo al igual que el
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señor Juan Carlos Serrano Merlano, lo que considera fue un aspecto que vició la
prueba y, cuestionó también que la decisión se fundamentó en la ampliación de queja
y testimonio de los interesados directamente de las resultas del proceso.
Respecto a los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial dijo
que la autoridad judicial demandada en la decisión endilgada no tuvo en cuenta un
fallo de la misma Corporación en la que se estableció su postura sobre el in dubio pro
disciplinado1, razón por la cual no podía configurarse la tipicidad subjetiva de la
conducta, ni la objetiva, comoquiera que, del material probatorio obrante no era posible
establecer con certeza la verdad material.
Aseveró que no puede configurarse la tipicidad subjetiva de la conducta, ni la objetiva,
porque, en el curso investigativo, quedaron aspectos nebulosos que no podían
apreciarse con certeza y que permitieran llegar a la verdad material.
En cuando al defecto por violación directa de la Constitución, indicó que, según las
pruebas recaudadas, no se logró desvirtuar la presunción de inocencia, lo que implica
resolver las dudas razonables en favor del actor. Así mismo, aseguró que las
demandadas incurrieron en «vías de hecho» al adoptar una decisión con base en
presunciones de no entrega y omisiones en la valoración de prueba.
En este punto, se refirió a la sentencia del 11 de junio de 2020, proferida en el radicado
número: 25000-23-42-000-2016-03623-01 [2838-19], del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en relación con la aplicación el principio de indubio pro
disciplinado.
Señaló que la falta disciplinaria por la que fue sancionado, prevista en el numeral 4 del
artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, presupone el verbo «no entregar», por lo que, a su
juicio, es al Estado al que le corresponde probar que el disciplinado incurrió en la
conducta. Al respecto, dijo que se probó que en condición de abogado recibió unos
dineros, pero no se acreditó el hecho relevante y es el de no entregó a quien
corresponda los mismos.
Adujo que con el señor Juan Carlos Serrano Merlano pactaron honorarios
correspondientes al 20 %, que, es costumbre que el abogado del proceso en
recuperación de cartera descuente los gastos correspondientes a notificaciones y
demás gastos judiciales. Manifestó que no obra prueba que demuestre que las sumas
de dinero mencionadas no fueron entregadas y tampoco se probó que las mismas
hacían falta en el patrimonio del quejoso.
Expuso que tampoco se tuvo en cuenta que: en interrogatorio el señor Elmo Serrano
manifestó que pactaron para el pago de los honorarios que el abogado descontaría el
porcentaje correspondiente de los pagos que se realizaran en cada proceso; y además
aceptó que terceros de la familia recibieron dineros por concepto de los pagos que se
surtían en los procesos ejecutivos; razón por la que es posible concluir que la
investigación careció de pruebas técnicas que determinaran los dineros que se
mencionaron como faltantes.
Finalmente, precisó que si se realizaba una operación aritmética se podía establecer
de manera lógica que el dinero faltante correspondia a los honorarios del abogado y
gastos judiciales.
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Sentencia del 5 de diciembre de 2009, expediente número: 18001-11-02-000-2017-00012-01, Consejo Superior de la
Judicatura. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.
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4. Trámite previo
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto de 12 de mayo de
2025, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora, a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados en calidad de demandadas y al señor Juan Carlos Serrano Merlano y a
todos los demás involucrados en el proceso disciplinario ordenó vincularlos en
condición de terceros con interés.
5. Oposición
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial precisó que, en el caso objeto de
estudio el actor no demostró que la decisión proferida desconociera alguno de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados. Destacó que lo que se pretende
con la acción de tutela es trasladar a sede constitucional el debate jurídico que no
prosperó en sede jurisdiccional disciplinaria, motivo por el cual es suficiente para negar
el amparo solicitado, toda vez que se trata de una discusión ya surtida y sobre la que
no se evidencia el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En cuanto a la presunta vulneración derivada de un defecto fáctico, como lo es la
indebida valoración probatoria, señaló que realizó un examen exhaustivo, riguroso y
ajustado a derecho de los elementos de convicción allegados al proceso disciplinario,
como los recibos de consignación bancaria; los testimonios de los clientes y la
intervención del disciplinado, lo cual le permitió concluir con certeza sobre la
responsabilidad disciplinaria del abogado Edgar Iván Ulloque Suárez, consistente en
la retención indebida de sumas de dinero recibidas de sus clientes.
Frente al principio del non bis in ídem, manifestó que dicho principio no fue vulnerado,
por cuanto no existió alguna multiplicidad de sanciones o investigaciones simultáneas
sobre los mismos hechos imputados al disciplinado. Así mismo, llegó a la conclusión
que cada comportamiento sancionado correspondía a hechos diferentes, probados de
manera independiente, descartó cualquier violación a la prohibición constitucional y
legal de doble juzgamiento por los mismos hechos.
Indicó que la sentencia controvertida abordó con detalle los aspectos relativos a la
recepción, manejo y entrega de dineros recibidos por el señor Ulloque Suárez en virtud
de su gestión profesional y verificó mediante soportes documentales, como
comprobantes bancarios y actas de entrega parcial, que el investigado omitió entregar
a su cliente, sin justificación alguna, una parte de los dineros recibidos por cuenta de
la gestión profesional, comportamiento que es contrario a lo establecido en el numeral
4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.
De igual forma, manifestó respecto a la vulneración del principio constitucional de
presunción de inocencia, que en la sentencia debatida se realizó una motivación
detallada y suficiente de la demostración plena de la conducta reprochada, con apoyo
en elementos probatorios directos y contundentes.
Frente la vulneración al buen nombre, la sentencia disciplinaria controvertida se
fundamentó en hechos plenamente acreditados en el proceso disciplinario y en una
correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas pertinentes, además,
resaltó que el actor no demostró que el fallo disciplinario le haya ocasionado una
afectación real, tangible y objetiva sobre su reputación.
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La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar indicó que es
improcedente la acción tutela contra la sentencia del 27 de febrero de 2024 pues el
trámite del proceso disciplinario se cumplió con la rigurosidad legal pertinente y en el
no fueron vulnerados los derechos fundamentales invocados por el señor Ulloque
Suárez.
De igual forma, señaló que la solicitud de amparo es improcedente por incumplimiento
del requisito de inmediatez porque el actor pretende dejar sin efecto la sentencia
proferida en primera instancia en el proceso disciplinario la cual fue proferida el 27 de
febrero de 20242 mientras que la solicitud de amparo se radicó hasta el 7 de mayo de
2025 lo que desvirtúa la urgencia alegada por el actor.
El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
informó que mediante oficio núm. SJ LDTC 51720 de 12 de noviembre de 2024, la
Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió a dicha
Unidad la sentencia del 23 de octubre de 2024, mediante la cual se confirmó la decisión
proferida el 27 de febrero de 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bolívar, mediante la cual resolvió sancionar al abogado Edgar Iván Ulloque Suárez,
con sanción de suspensión de tres años en el ejercicio de la profesión y multa
equivalente a cincuenta smlmv.
Indicó que en ejercicio de sus funciones procedió a realizar la anotación de la sanción
impuesta al señor Edgar Iván Ulloque Suárez, de conformidad con las decisiones
judiciales que le fueron remitidas, dicha sanción fue comunicada al señor Ulloque
Suárez, mediante oficio 2816 del 18 de noviembre de 2024, en el sentido de informarle
que la referida sanción empezaría a regir desde el 19 de noviembre de 2024.
6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 5 de junio
de 2025, negó las pretensiones de la acción de tutela formulada por el señor Edgar
Iván Ulloque Suárez, al considerar que no demostró que las decisiones judiciales
sancionatorias incurrieran en los defectos alegados.
Explicó que la providencia proferida el 23 de octubre de 2024 por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial fue debidamente motivada y fundamentada en pruebas
suficientes, sin que existieran dudas razonables sobre la responsabilidad disciplinaria
del abogado, que por el contrario, expuso argumentos sólidos y respaldados en
pruebas que permiten afirmar con certeza la comisión de la conducta reprochada,
circunstancia que desvirtúa las afirmaciones del actor respecto de una presunta
violación directa de la Constitución Política y en particular del principio in dubio pro reo.
Adujo que tampoco se configuró el desconocimiento del precedente judicial invocado,
pues la autoridad judicial demandada de las pruebas aportadas al proceso concluyó
con un nivel de certeza, que el señor Ulloque Suárez incurrió en la conducta
reprochada, razón por la cual lo declaró disciplinariamente responsable. En ese
sentido, no existió desconocimiento alguno del precedente judicial aplicable, toda vez
que la decisión adoptada se encuentra en armonía con los criterios jurisprudenciales
vigentes en materia de presunción de inocencia y valoración probatoria.
Precisó que no existe identidad fáctica ni jurídica entre el caso concreto y lo resuelto
en la sentencia T-316 de 2019, porque en esa oportunidad se realizó el estudio frente
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Índice 2, Exp. 11001-03-15-000-2025-02698-00, SAMAI.
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a las decisiones judiciales mediante las cuales se excluyó de la profesión a una
abogada que vulneró el deber de lealtad contenido en el numeral 8° del artículo 28 de
la Ley 1123 de 2007, toda vez que no se acreditó un daño concreto a los intereses de
sus clientes, ni se demostró que los asuntos guardaran la misma naturaleza, por lo que
consideró que la sanción impuesta restringía de manera desproporcionada sus
derechos fundamentales al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
Concluyó que era evidente que no existía identidad fáctica ni jurídica entre el caso
concreto y la sentencia T-316 de 2019 invocada por el actor, ya que en el presente
asunto la autoridad judicial accionada logró demostrar que el profesional en derecho
decidió de manera deliberada y consciente cometer la conducta reprochada, esto es,
con dolo, lesionando los intereses de su cliente, razón por la que lo sancionó con
suspensión de la profesión y multa, decisión que para esta Sala se profirió de acuerdo
a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
7. Impugnación
El actor reiteró los argumentos del escrito inicial e impugnó la sentencia de primera
instancia y manifestó que el a quo no analizó el defecto fáctico alegado y convalidó
decisiones disciplinarias que vulneraron los derechos fundamentales invocados, pese
a que se planteó la existencia de dudas razonables y falta de pruebas contundentes.
Manifestó que el a quo valoró adecuadamente la carga argumentativa sobre la
indebida valoración de pruebas y omitió analizar aquellos testimonios relevantes que
podrían desvirtuar la responsabilidad disciplinaria, además, dejo de lado que en el
trámite del proceso disciplinario no existió prueba contundente que permitiera inferir
sumariamente la afectación económica del quejoso o de su padre, en el entendido que
se trataban de sumas de dineros que se daban en mutuo y se podía realizar una
valoración contable que dieran cuenta de los faltantes en los que se supedito la
sentencia de primera instancia en el proceso disciplinario.
Adujó que, se desatendió el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas procesales, al exigir un estándar formalista para evaluar el defecto fáctico. Así
mismo, se impuso al disciplinado la carga de probar su inocencia, cuando correspondía
a la autoridad disciplinaria demostrar su responsabilidad con certeza.
De conformidad a lo manifestado solicitó que se revoque la providencia impugnada y
en su lugar se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo de la referencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
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En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada
por la parte actora, resulta procedente revocar, confirmar o modificar la sentencia de
primera instancia que negó la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada y, en su lugar, declarará
improcedente la solicitud de amparo, porque no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora reitera los argumentos que adujo en el marco
del proceso disciplinario ante el juez natural de la causa, haciendo uso de la acción de
tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) Sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales y, (iii) el análisis del caso concreto.
(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
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La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de
2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (se
destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) que
no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
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fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 7.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional para reiterar los argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural, tal
como se pasa a explicar.
Si bien, el demandante alega que las providencias objeto de tutela vulneraron
derechos fundamentales e incurrieron en defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución, lo cierto es que, en últimas, lo
que pretende el demandante es que se reabra el debate surtido en el proceso
disciplinario con radicado 2016-00668-00/01, en el cual se determinó que había
incurrido en la falta disciplinaria señalada en el el artículo 35, numeral 4 de la Ley 1123
de 2007, esto es, en falta de honradez del abogado a título de dolo, por lo que fue
sancionado e inhabilitado para ejercer la profesión por el lapso de 3 años y multa de
50 smlmv.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201
01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Ibidem.
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Demandante: Edgar Iván Ulloque Suárez
La Sala observa que, en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de
primera instancia en el proceso disciplinario, el demandante adujo:
«Corolario a lo citado, es óbice inferir que cada proceso dispone unas formas de cómo
deben agotarse las etapas procesales y cada actuación que en él se surtan limitándose a
un trámite específico que debe cumplirse bajo esas ritualidades, en el caso comentado las
irregularidades que se aprecian no afectaron los derechos del disciplinado, pero sí afectan
los aspectos sustanciales del debido proceso en el entendido que la ocurrencia que se
alega comprende un tratamiento de interviniente a una persona que actuó dentro del
proceso disciplinario como testigo y como quejoso en el caso de los señores ELMO FIDEL
SERRANO ACUÑA y JUAN CARLOS SERRANO MERLANO.
Al señor ELMO FIDEL SERRANO ACUÑA se le recibió ampliación de queja y aportó
pruebas dentro del proceso disciplinario, no siendo quejoso conforme la queja escrita
presentada, posteriormente cita como testigo al señor JUAN CARLOS SERRANO
MERLANO y se le recibe ampliación de queja, modificación de la queja y rinde testimonio
en ambos casos sin apremio de la gravedad de juramento y dentro de todo el proceso
actuó como apoderado del primero el doctor ALFONSO CARLOS MORALES ANGULO en
casi todo el curso de la actuación disciplinaria.
Esto implica que el señor SERRANO ACUÑA fue en primer lugar concebido como quejoso,
contraviniendo el principio de oficiosidad de la acción disciplinaria o de la potestad del
Estado y esto implica que al interior del proceso el mencionado ejerció con facultades
propias del quejoso, como lo contempla el parágrafo del artículo 66 de la ley 1123 de 2007
"PARÁGRAFO. El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y
ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación
de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto
podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva." Que de hecho la sentencia
proferida se funda en varias aportadas.
En sintonía es un llamado que se hace necesario que las actuaciones que adelantan esta
Corporación este provista de legalidad salvaguardando siempre el debido proceso y
demás derechos constitucionales.
Faltas de los requisitos para sancionar
De manera concreta se puede inferir válidamente que la conducta de mi representado fue
apegada a derecho y a los deberes profesionales, el único reproche que se le puede
endilgar, es el de no expedir recibo de pago de sus honorarios, pero para este entonces
ha operado el fenómeno prescriptivo e increpo manifestando que está demostrado dentro
del proceso que efectivamente el disciplinado realizaba la entrega de los dineros a su
representado y que en última los quejosos lo que atraviesan es el holocausto de su
desorganización corporativa o de negocios y que erradamente insinúan que mi apadrinado
se apropió de las sumas de dineros que en sus cuentas no encajan. Evidentemente esta
es la única conclusión a la que se puede llegar, partiendo de los elementos argumentativos
que inicia disgregar.
i) El disciplinado en el curso de la actuación disciplinaria acepto, ni tacita, como tampoco
de manera expresa, se mantiene en una posición tajante de que entrego cada una de las
sumas de dineros provenientes de cada proceso.
ii) En la ampliación de queja del quejoso JUAN CARLOS SERRANO MERLANO, se puede
apreciar con veracidad que este y su padre, como el núcleo familiar conciban la actividad
como un negocio familiar, por ende, nace una obligación civil de cuidado y diligencia sobre
su negocio, situación que no logra palpar en este caso, es más reconoce que no tenían
ningún tipo de control.
(…)
Estos señores son quienes ejercían la administración del negocio y últimamente el señor
JUAN CARLOS SERRANO MERLANO, entonces no pueden endilgar las falencias de su
diligencia al abogado que los represento en los procesos ejecutivos que debían iniciar,
siendo se configura el principio del derecho que indica que nadie puede alegar como
excusa su propia culpa.
Si la relación contractual de índole profesional con el togado inicio en el año 2005, estos
debieron establecer procesos, procedimientos, protocolos, directrices y demás para el
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funcionamiento del negocio, tan es así que una de las demanda actúa el disciplinado como
apoderado de la COPERATIVA MULTIACTIVA COPERFIN, quien funge como gerente es
el señor JUAN CARLOS SERRANO MERLANO que curso en el Juzgado Dieciséis Civil
Municipal de Cartagena.
iii) Inexistencia escrita de un contrato, pero se evidenció en las declaraciones rendidas que
el porcentaje acordado fue de 20% de lo obtenido en el proceso ejecutivo, sin embargo,
nada se dice de los gastos de notificaciones, pólizas judiciales que para la época eran
obligatorias, papelerías y demás, se hace la precisión porque son gastos que se
erosionaban y de alguna forma debían cubrirse, como tampoco se indica que el abogado
compartía oficina con los quejosos para cubrir dichos gastos.
iv) Entrega del dinero a varias personas autorizadas, se pudo verificar con lo surtido en el
trámite disciplinario que el quejoso y el señor ELMO SERRANO ACUÑA admitieron que
hubo varias personas que recibían los dineros que recaudaba el togado a través de los
procesos ejecutivos.
v) Se avizoran en el proceso recibos elevados por el apoderado en el que se puede valorar
la continua entrega de los dineros recibidos, lo que se convierte en un indicio que en
subsunción de la sana critica nos direcciona que siempre fue así, como quiera que es un
indicio, no está demostrado que se entregaron los dineros, pero tampoco se demuestra
que no fueron entregados.
vi) Discrepancia profunda de los hechos denunciados y declarados en la ampliación de
queja, como quiera que mencionan que se dieron cuenta de la situación en el año 2015,
sin embargo, igualmente declararon que lo abordaron y este se comprometió a devolver
el dinero y que incluso ofreció un bien inmueble y un vehículo automotor y transcurrieron
5 años y el disciplinado no cumplió, así mismo ocurre con la relación de procesos en los
que suponen el quejoso que no se le hizo la entrega del dinero y constan los recibos que
acreditan lo contrario, lo que permite olfatear una mala fe por parte del quejoso, cobra
sentido esta conclusión al observar la ampliación de queja de SERRANO MERLANO
donde le resta cualquier importancia a los recibos que son la evidencia material de la
entrega de los dineros.
vii) Al entender que no se entregaron dineros pertenecientes al señor ELMO SERRANO
ACUÑA, de acuerdo a los expuesto por el quejoso en su escrito de denuncia, tendría que
existir pruebas de la disminución del patrimonio del mencionado en proporción a lo dejado
de entregar presuntamente y resulta que no existe ninguna prueba que apunto a ello.
viii) Requerimiento después de la ejecución, se entiende de la queja y las declaraciones
que a las personas a las que se les prestaba dinero, eran trabajadores del sector industrial
y así se evidencia en los procesos ejecutivos, en ese orden de ideas al dictarse sentencia
de seguir adelante ejecución y aprobado la liquidación del crédito el abogado podía realizar
los cobros mes a mes como estaba autorizado, menciono el señor SERRANO ACUÑA que
le daba un tiempo de espera de un mes, si el notaba como buen hombre de negocio que
al mes no se le hacían abonos de las personas que se encontraban en cobro por embargo
y que mes a mes debían descontarle por tener un contrato de trabajo y estar embargado
los salarios, porque no se hacían requerimientos formales para esos casos, porque
menciona que no se le entregaron dineros de manera desmesurada y aparecen los recibos
de entrega, se nota que era una conducta constante, entonces ante lo diferente se debió
realizar por parte del quejoso algún tipo de actuación para reclamar los dineros faltantes o
no reportados.
Cada uno de estos elementos argumentativos son constitutivos de duda, por ende, no se
cumple el requisito del artículo 97 de la ley 1123 de 2007 que básicamente es llegar a la
certeza de la comisión de la falta disciplinaria, aspecto que no se configura.
Carga de la prueba
En materia disciplinaria se aplican los principios del derecho penal, en este sentido la carga
probatoria recae sobre el Estado, sin embargo, se ha conciliado esta línea y se llegó a la
conclusión de que el investigado sea indiferente al proceso, por lo que debe aportar las
pruebas que disponga a demostrar que no es responsable del hecho que se le investiga,
esto no implica que la carga de la prueba sea dinámica, como quiera que el derecho
disciplinario estas revestido del principio de investigación integral y le corresponde al
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administrador de justicia probar aquellos aspectos que conlleven a demostrar su inocencia
o su culpabilidad.
En el caso la administradora de justicia impone en la actuación disciplinaria una carga
dinámica sobre el investigado y formula los cargos y sanciona argumentando que el
abogado no aporto las pruebas para demostrar que entrego los dineros de los que se le
acusa que no realizo la entrega, situación que contraviene a los principios del derecho
disciplinario y genera una ruptura de la seguridad jurídicа у haciéndose extensiva a los
derechos fundamentales del disciplinable.
Duda razonable
(…) si hacemos una operación aritmética de lo que debía recibir en total el quejoso o su
padre era la suma de $83.497.498 de todos los procesos que se relacionaron en pliego de
cargos, evidenciando que se excluyó de la operación aritmética el proceso de Álvaro Pérez
y otros que aparecía dos veces, en efecto ese sería el valor a recibir, pero si descontamos
los honorarios del abogado que corresponde a la suma de $16.669.499.6, nos arroja un
total a recibir por parte del quejoso o su padre de $66.797.998.4 y aplicándole a esta suma
la resta de los valores abonados más el cheque que no se tuvo en cuenta y los dos millones
de pesos entregados en efectivo y los cinco millones de pesos en el recibo, nos dejaría
una diferencia de $4.915.914.4 y así es que se deben valorar las pruebas porque el
quejoso en su ampliación de queja (hijo) manifestó que con el cheque No. 0085382 del 26
de febrero de 2016 recibió la suma de $25.000.000 y $2.000.000 pesos en efectivo y
señalo que era un abono del pago de los procesos de la denuncia penal, indicando que el
pago se recibió el 27 de febrero de 2016 por valor de $27.346.440.
(…)
Defensa de los cargos sancionados
Respecto los cargos uno, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce y catorce de
que no existe prueba en el plenario de que demuestre que el apoderado no entrego los
dineros que recibió en virtud del encargo de la gestión profesional encomendada.
(…)
En la instancia judicial culminada era evidente la falta de los elementos materiales
probatorios que conllevaran al convencimiento de la comisión de la falta disciplinaria y a
determinar la responsabilidad del disciplinado por lo que debió aplicarse el principio in dubio
pro disciplinario, pero en este caso se logra acreditar con plena certeza que el citado no
cometió siquiera la falta disciplinaria que se le formulo en el pliego de cargos, partiendo de
que existe una conducta de entrega de dinero por parte del apoderado al quejoso y a su
padre, se puede inferir válidamente que los dineros faltantes se tratan de inconsistencias
por la falta de control por parte de los negociantes y que de ninguna manera está probado
en el proceso que el disciplinable no entrego los dineros que se mencionan en la sentencia
o los faltantes analizados en este recurso. (…)»
(subrayado fuera de texto.)
Conforme con lo anterior, se tiene que la argumentación expuesta por el actor en el
marco del proceso disciplinario se basó en que: i) existió una irregularidad procesal al
aceptar al señor Serrano Acuña como testigo y como quejoso, lo cual fue contrario al
principio de oficiosidad de la acción disciplinaria y hace que se vicie la prueba; ii) no
se acreditó la existencia de la falta disciplinaria en el entendido que no obró en el
proceso prueba que diera cuenta de que las sumas mencionadas que no fueron
entregadas por el abogado endilgado, hacen falta en el patrimonio del quejoso o su
padre razón por la que no hay certeza sobre la comisión de la falta disciplinaria, y por
tanto, debía aplicarse el principio in dubio pro disciplinado; iii) No estaba acreditado
dentro del proceso, que se hubiese apropiado de dinero alguno, ya que los pagos sí
se realizaron, sin las correspondientes constancias de entrega, situación que, a su
juicio, no constituye falta grave o dolosa y; iv) que si hubiera realizado una operación
aritmética de lo que debía recibir en total el quejoso o su padre de todos los procesos
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que se relacionaron en pliego de cargos, sería sencillo evidenciar que la cifra faltante
corresponde a los honorarios del abogado y gastos judiciales.
Por su parte, en el escrito de tutela, el señor Edgar Iván Ulloque Suárez sostuvo que
la providencia objeto de estudio incurrió en defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento de precedente judicial y violación directa de la Constitución e indicó:
«Se ataca por este medio judicial subsidiario las decisiones proferidas que se están
ventilando en sede de tutela, como quiera atentan contra la seguridad jurídica al adoptarse
decisiones desprovistas de las garantías de la presunción de inocencia, in dubio pro
disciplinado, debido proceso, convenciones de derecho internacional.
Se formula el siguiente planteamiento de debate ¿Establecer si la jurisdicción disciplinaria
representada en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y el máximo
órgano de cierre judicial de lo disciplinario, profirieron una decisión que trasgrede los
principios esenciales de orden constitucional, así como las reglas procesales que
demarcan un juicio justo, desconociendo la interpretación constitucional sobre el derecho
disciplinario como expresión del ius puniendi del Estado a las luces del artículo 29 de la
Constitución Política, vulnerando los derechos fundamentales del disciplinado e
incurriendo en vías de hecho?
Se ruega acceso a la tutela judicial efectiva en esta vía, por la profunda preocupación por
este tipo de decisiones que atentan contra el sistema jurídico al permitir que consolide una
sanción de índole disciplinaria ante la ausencia de medios de pruebas que acrediten la
consumación de faltas disciplinarias. Consecuencialmente se formulan los cargos por los
que se cuestiona la decisión judicial.
Violación directa de la constitución
Se predica que las Sentencias del 27 de febrero de 2024 de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar y Sentencia del 23 de octubre de 2024 de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, violan los cánones constitucionales del artículo 29.
Decisión que fue confirmada por sentencia del 23 de octubre por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial. Es notoria la trasgresión de los derechos fundamentales, como quiera
que al interior de la investigación y las pruebas recaudadas no se logró desvirtuar la
presunción de inocencia del abogado, que en derecho disciplinario es plenamente
aplicable, lo que implica resolver las dudas razonables a favor del investigado, esta
deducción se armoniza con el artículo constitucional 29, así como el artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, constituyéndose este principio como integrante del bloque de
constitucionalidad. (…)
Luego, entonces, la falta disciplinaria por la que fue sancionado, contemplada en el art.
35, numeral 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros,
bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la
comunicación de este recibo.
Presupone el verbo rector de NO ENTREGAR, en virtud del ius puniendi, le corresponde
al Estado probar que el disciplinado incurrió en esta conducta, situación que no se logra
demostrar en el proceso, simplemente se basa el juez de primer grado, como el de
segunda instancia en el hecho de que el sancionado recibió el dinero al retirar los títulos
judiciales y no logro acreditar que entrego las sumas de dineros de los cargos calificados,
veamos como hace en ultimas la valoración probatoria la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.(…)
Por ende, incurren las accionadas en vías de hecho al adoptar una decisión basándose
en presunciones de no entrega y omisiones en la valoración de prueba, aspectos que
fueron declarados por el quejoso y aceptados, la decisión se sustenta en la demostración
de un hecho negativo que obedece a que el disciplinado no probo que entrego el dinero,
donde este deber procesal recae en cabeza del Estado, probar que de manera efectiva y
material las sumas de dineros se entregaron o no se entregaron.
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Se acredito en el proceso de que el profesional del derecho y su representado, pactaron i)
unos honorarios correspondientes al 20%, ii) es costumbre que el abogado de los
resultados del proceso en recuperación de cartera, descuentan los gastos de
notificaciones y demás gastos judiciales, iii) en interrogatorio que absolvió el señor ELMO
SERRANO, manifestó que pactaron para el pago de los honorarios, el abogado
descontaría el porcentaje correspondiente de los pagos que se realizaran en cada
proceso, iv) en interrogatorio se acepto que terceros de la familia recibieron dineros por
concepto de los pagos que se surtían en los procesos ejecutivos, v) Carece la investigación
de pruebas técnicas que determinen los dineros que se mencionan como faltantes vi)
Realizando una operación aritmética se puede establecer de manera lógica que el dinero
faltante corresponde a los honorarios del abogado y gastos judiciales y vii) la decisión se
fundamenta en la ampliación de queja y testimonio de los interesados directamente de las
resultas del proceso. (…)
Defecto fáctico
Lo anotado anteriormente, es aplicado en todo proceso judicial, claramente respetando las
formas de cada juicio, por consiguiente, en materia disciplinaria, se exige que, para adoptar
una decisión sancionatoria, se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la
existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinable. De ahí que la sanción proferida
sin que las pruebas recaudadas lleven a la convicción que exige la disposición en comento,
resulta en una flagrante violación del debido proceso por desconocimiento a la presunción
de inocencia. En consecuencia, la sanción disciplinaria solamente procederá cuando la
valoración integral de las pruebas lleve a la certeza de que el servidor público investigado
cometió la falta que se le imputa. La existencia de dudas al respecto, implica que
necesariamente estas deban resolverse en su favor, pues así se deriva del principio al in
dubio pro disciplinado y la garantía sustancial de la presunción de inocencia.
En la investigación que se agotó en el proceso disciplinario que nos convoca, se puede
identificar que, en primer lugar, no se acredito la existencia de la falta en el entendido de
que efectivamente no obra en el proceso probanza que de cuenta de que las sumas
mencionadas que no fueron entregadas por el abogado endilgado, realmente hacen falta
en el patrimonio del quejoso o su padre, porque estamos hablando de una actividad de
negocio legalmente constituida que debe cumplir con los deberes que le impone la ley, en
este caso, por mencionar una; llevar contabilidad y asumir de manera errada que el hecho
per se de recibir el dinero y ante la inexistencia de prueba de la entrega del mismo opera
como prueba de culpabilidad e impone la carga al investigado de probar la entrega del
dinero al quejoso, no se infirió que al existir constancias de entrega, era una práctica
habitual y prueba de que los dineros se entregaron.
Durante el curso de la investigación disciplinaria se asumió como quejoso al señor ELMO
FIDEL SERRANO ACUÑA, en la etapa probatoria, se tuvo como testigo al igual que el
señor JUAN CARLOS SERRANO MERLANO, estos son aspectos que vician la prueba y
que ninguna medida procesal se implemento a juicio que lo actuado no se invalidara,
además que este proceso disciplinario carece de medios de prueba concluyente que
direccionen al convencimiento con certeza de la responsabilidad del disciplinado
ventilándose la duda razonable.
(…)
La evidencia de la existencia de las dudas sobre la responsabilidad del disciplinado y la
existencia de la falta, es plausible su resolución a favor del disciplinado.
(…)
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
Se prueba básicamente en todo lo surtido en el proceso disciplinario, al considerar los
instructores judiciales que la apreciación probatoria daba cuenta de certeza de la comisión
de la falta, donde es predicable acudir a la interpretación pacifica del principio de
presunción de inocencia que no pudo ser desvirtuado, prácticamente concibió la
administración de justicia que la ausencia probatoria produce culpabilidad.(…)»
Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las que
expuso en el marco del proceso disciplinario, razón por la que es claro que el actor
evidentemente busca revivir la discusión jurídica respecto al presunto trámite del
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proceso en que fue sancionado pues, a su juicio, existió una irregularidad procesal al
aceptar al señor Serrano Acuña como testigo y como quejoso; porque no se acreditó
la existencia de la falta disciplinaria en el entendido de que efectivamente no obra en
el proceso que de cuenta de que las sumas mencionadas que no fueron entregadas y,
por tanto, debía aplicarse el principio in dubio pro disciplinado; no está acreditado
dentro del proceso la falta disciplinable; si se hubiese realizado una operación
aritmética de lo que debía recibir en total el quejoso o su padre de todos los procesos
que se relacionaron en pliego de cargos, seria sencillo evidenciar que la cifra faltante
corresponde a los honorarios del abogado y gastos judiciales.
Puntos que, justamente, ya fueron abordados y resueltos en sentencia del 23 de
octubre de 2024, que en lo que interesa, consideró:
«Caso concreto
El recurso de apelación consideró que se presentó una vulneración del debido proceso
por violación de las formas propias del procedimiento disciplinario, por cuanto intervinieron
como testigos y como quejosos los señores Elmo Fidel Serrano Acuña y Carlos Serrano
Merlano. De igual manera, se señaló que el despacho recibió del señor Elmo Fidel Serrano
Acuña ampliación de queja sin ser quejoso; y, además, se le permitió que aportara
pruebas. Posteriormente, se citó como testigo al señor Juan Carlos Serrano Merlano, quien
presentó ampliación de la queja y además rindió testimonio, en ambos casos sin el apremio
de la gravedad de juramento.
Al respecto, al verificar el expediente se puede constatar que la queja fue presentada por
el señor Juan Carlos Serrano Merlano. Por su parte, los poderes para el adelantamiento
de los procesos ejecutivos fueron otorgados por el señor Elmo Fidel Serrano Acuña, padre
de quien presentó la queja inicialmente. Por otro lado, se pudo confirmar que al proceso
disciplinario concurrieron los señores Elmo Fidel Serrano Acuña y Carlos Serrano Merlano.
Ahora bien, revisada la grabación de la audiencia de pruebas y calificación provisional del
10 de octubre de 2017 se encontró que asistió el quejoso Carlos Serrano Merlano, sin
embargo, el magistrado de primera instancia le señaló que no tenía legitimación para
actuar como quejoso y se le indicó que posteriormente sería llamado a declarar como
testigo. Por su parte, se le preguntó al señor Elmo Serrano Acuña, si deseaba constituirse
como quejoso y si se ratificaba en su queja. El señor Serrano Acuña manifestó que sí, y
procedió a narrar los hechos que daban origen a la queja, sin embargo, no se le tomó
juramento.
Sobre lo sucedido en la audiencia del 10 de octubre de 2017, hay que señalar que la
primera instancia erró al no aceptar la calidad de quejoso del señor Carlos Serrano
Merlano, puesto que de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 1123 de 2007, no se requiere
tener interés en la causa para promover el inicio de una actuación disciplinaria, a partir de
la presentación de una queja, dado que ésta puede ser interpuesta por cualquier persona.
Sin embargo, dado que este aspecto no fue objeto del recurso de apelación, no se
ahondará sobre ello. A su vez, hay que advertir, que, en todo caso, este hecho no significó
una afectación de as garantías del debido proceso al disciplinado, y, al contrario, si pudo
afectar el derecho de acceso a la administración de justicia del quejoso.
-Por otro lado, uno de los aspectos del recurso de apelación tuvo que ver con el hecho de
que no se tomara juramento al quejoso reconocido, es decir, al señor Elmo Serrano Acuña
al momento de presentar la ratificación de la queja disciplinaria. A este respecto, es
importante señalar que se incumplieron las formalidades establecidas legalmente, en la
medida que el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007 establece que el quejoso
podrá concurrir al proceso disciplinario para la ampliación de la queja bajo la gravedad de
juramento. En otras palabras, el juramento es una de las formalidades que debe cumplirse
para que se entienda que la ampliación de la queja se realizó válidamente.
Como consecuencia de lo anterior, la ampliación de la queja del señor Elmo Serrano Acuña
en esta audiencia no podrá tenerse en cuenta para efectos de determinar la
responsabilidad disciplinaria del abogado y deberá ser declarada como una prueba
inexistente, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 1123 de 2007. La inexistencia de la
prueba se deriva del hecho que se trata de una prueba ilegal, al no cumplir con las
formalidades sustanciales para la práctica de la prueba, y de manera específica, por no
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haberse realizado la toma de juramento previo a la realización de la ampliación de la queja,
requisito establecido para la prueba testimonial y que se extiende a la ampliación de la
queja, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de acuerdo con lo señalado por
el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, previamente citados.
No obstante, y teniendo en cuenta que el titular de la acción disciplinaria es el Estado, el
proceso disciplinario no se encuentra viciado en su totalidad por la no toma de juramento
al momento de la ampliación de la queja, de quien se reconoció erróneamente como
quejoso, tanto es así, que la ley disciplinaria no permite el desistimiento de parte del
quejoso una vez presentada la queja, pues se entiende que el titular de la acción, es el
Estado. Es decir, el proceso se inició válidamente, ya que el Estado tuvo conocimiento de
la posible existencia de una falta disciplinaria y le corresponde a partir de ese momento,
adelantar todas las actuaciones necesarias para lograr la determinación de una posible
responsabilidad o inexistencia de esta. (…)
El recurso de apelación considera que la conducta por la que se sancionó al disciplinado
no cumple con los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. En materia de
tipicidad señaló que no se cumplió con el deber de probar la ocurrencia de la falta a cargo
del Estado y que hubo una vulneración de principio de in dubio pro disciplinado.
Sobre este aspecto además indicó que la entrega de dineros por parte del disciplinado es
un indicio que según las reglas de la sana crítica indica que siempre fue así. No está
demostrado que se entregaron los dineros; pero tampoco se demuestra que no fueron
entregados. (…)
En materia de antijuricidad, señaló que la conducta del disciplinado era antijurídica, en la
medida que: a) Los quejosos atraviesan por una desorganización corporativa o de
negocios, por lo que erradamente atribuyen al abogado la no entrega de los dineros.
Agregó que no se le puede endilgar al disciplinado las falencias del quejoso en la
administración de su negocio familiar. b) A pesar de la inexistencia de un contrato escrito,
de las declaraciones rendidas se tiene que se acordó un porcentaje de 20% de lo obtenido
en cada proceso ejecutivo. A su vez, nada se dice de los gastos de notificaciones, pólizas
judiciales; como tampoco se indica que el abogado compartía oficina con los quejosos
para cubrir dichos gastos. c) Se entregó el dinero a varias personas autorizadas.
En cuanto a la culpabilidad, indicó que dentro del proceso disciplinario se proscribe la
responsabilidad objetiva; de manera que debe determinarse si el abogado actuó con dolo
o con culpa.
Para resolver los puntos objeto de apelación se atenderán cada uno de los elementos de
la responsabilidad de manera separada.
En materia de tipicidad se encontraron probados todos los hechos jurídicamente
relevantes de la falta. En cuanto al primer hecho jurídicamente relevante, se tiene que
entre el abogado Edgar Iván Ulloque Suárez y el señor Elmo Fidel Serrano Acuña existió
una relación profesional cliente - abogado para la atención de procesos ejecutivos a favor
de este último. Así, a pesar de que no se suscribió contrato de prestación de servicios, al
revisar los expedientes de los procesos allegados como prueba se puede verificar que el
abogado Ulloque Suárez tenía poder para actuar, a partir de la sustitución de poder que le
realizó el abogado Adelfo Doria Franco y en otros, en calidad de endosatario para el cobro
judicial del título ejecutivo endosado por el señor Elmo Fidel Serrano Acuña.
Adicionalmente, en todos los procesos referenciados se evidenciaron actuaciones por
parte del abogado disciplinado, en calidad de apoderado judicial o de endosatario para el
cobro judicial
El segundo hecho jurídicamente relevante, se refiere al elemento objeto de entrega, esto
es, los dineros recibidos en virtud de los distintos procesos ejecutivos adelantados a favor
del señor Elmo Fidel Serrano Acuña. Finalmente, el tercer hecho jurídicamente relevante
hace alusión a no entregar a quien corresponde, en este caso, al señor Elmo Fidel Serrano
Acuña los dineros recibidos como producto de los procesos. (…)
A su vez se pudo comprobar que la primera instancia desplegó toda la actividad
investigativa como manifestación del principio de investigación integral, solicitando a los
distintos juzgados que remitieran los expedientes que finalmente fueron aportados como
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pruebas al proceso disciplinario. De esa manera, se concluye que no hubo vulneración del
deber de investigación a cargo del Estado y de probar la ocurrencia de la falta.
Con respecto al tercer hecho jurídicamente relevante, referente a la no entrega a quien
corresponde, se probó que el abogado no entregó la totalidad del dinero recibido, lo cual
se acreditó a partir de lo señalado en la ampliación de la queja, el testimonio del señor
Carlos Serrano Merlano y los soportes de entrega de dineros adjuntados como prueba,
que dan cuenta de que no se entregó la totalidad del dinero recibido. Cabe señalar
además, que estas constancias de pago fueron aportadas por el disciplinable y obran en
el archivo 1 de la carpeta de primera instancia, a partir del folio 346.
Por otro lado, se tiene que no hubo una vulneración del principio del in dubio pro
disciplinado, dado que el disciplinado solo fue sancionado con respecto a los recibos de
dinero que lograron acreditarse a partir de la verificación de los expedientes allegados al
proceso como pruebas. Tanto es así, que con relación al cargo 13, proceso ejecutivo 117-
2010, tramitado ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena, contra Alejandro
Barrios Mestres, se determinó la absolución del disciplinado, en virtud de que no se pudo
establecer su responsabilidad sobre este particular.
En ese mismo sentido, no es de recibo la alegación según la cual no está demostrado que
se entregaron los dineros; pero tampoco se demuestra que no fueron entregados; pues en
este caso, se demostró que el abogado recibió las sumas de dinero como resultado de la
gestión profesional en los diferentes procesos; y se demostró que no entregó la totalidad
de lo recibido. Sobre ello, hay que recordar que el abogado tiene como deber obrar con
lealtad y honradez en las relaciones con sus clientes, lo que implica llevar un control de
los dineros entregados al cliente, cuando en virtud de la relación profesional se tenga el
poder para recibir dineros a nombre de éste.
A su vez, según las reglas de la sana crítica, no puede deducirse que si el abogado entregó
una parte del dinero recibido; por ese mismo hecho, entregó la totalidad del dinero que
recibió; pues es posible que se den entregas parciales. En otras palabras, no se puede
exonerar de responsabilidad por lo no entregado, a partir de la prueba de haber entregado
una parte del total.
Por lo anterior, en los casos en que se probó entregas parciales, así se determinó en la
sentencia de primera instancia, sin que ello pueda validarse como una entrega total,
cuando en el expediente del respectivo proceso se evidenció que el abogado recibió una
suma mayor de dinero a la efectivamente entregada al cliente.
Finalmente, hay que señalar que la ocurrencia de la conducta no determina la disminución
del patrimonio en proporción a lo dejado de entregar, pues en este caso, se trata de dinero
que no ingresó al patrimonio del cliente, ya que no fue entregado efectivamente por el
abogado. De esa manera, no es posible establecer una disminución del patrimonio.
En materia de antijuridicidad, se evidenció que la conducta del disciplinable no encuentra
justificación en ninguna de las circunstancias contempladas en el artículo 22 de la Ley
1123 de 2007.
(…)
En materia de culpabilidad, la primera instancia determinó que la conducta se cometió a
título de dolo, puesto que fue una decisión deliberada y consciente. De acuerdo con lo
anterior, no se aplicó una responsabilidad de tipo objetiva, sino que, por el contrario, se
estableció que el disciplinado actuó con dolo.
En conclusión, no hay lugar a decretar la nulidad de la actuación, en la medida que se
constató que no hubo una vulneración de las garantías del debido proceso o del principio
del non bis in ídem. A su vez, no es procedente revocar la decisión de primera instancia,
dado que de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se pudo verificar que la
conducta por la que se sancionó al disciplinado es típica, es antijuridica y culpable. De
igual manera, se verificó que no se vulneró el deber de probar la ocurrencia de la falta a
cargo del Estado ni el principio de in dubio pro disciplinado. (…)».
Así, queda demostrado que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que expuso en el
proceso disciplinario.
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Demandante: Edgar Iván Ulloque Suárez
Lo que realmente se observa es la inconformidad del demandante con las
conclusiones a las que llegó el juez natural, quien en la decisión cuestionada determinó
que el señor Ulloque Suárez incurrió en la conducta disciplinable y explicó de forma
clara la razón por la que el actor incurrió en dicha conducta a título doloso.
De hecho, de los apartes trascritos de la providencia cuestionada, se logra advertir con
claridad que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial respondió las inconformidades
propuestas por la parte demandante y con fundamento en las normas, las pruebas
aportadas y la jurisprudencia de esa Corporación, concluyó que se encuentra
acreditado que no existió irregularidad procesal al haber recepcionado la ampliación
de la queja, abordó los argumentos señalados por el actor y señaló que no había lugar
a revocar la sanción porque la conducta investigada es típica, antijurídica y culpable
conforme con las pruebas aportadas al proceso en las que se evidenció que, contrario
a lo expuesto por el actor, no se logró demostrar que en especial cuidado de su deber
hubiese entregado la totalidad de las sumas de dinero que recaudó a favor de su
poderdante.
Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa y
que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces
naturales de la causa. Y, aunque la parte demandante alegó la vulneración de
derechos fundamentales, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela
para obtener una decisión a su favor.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por el demandante, pues como se vio la parte
actora pretende hacer uso de la presente solicitud de amparo como una instancia
adicional para reabrir el debate planteado al interior del proceso ordinario.
En razón a lo señalado, la Sala revocará la providencia impugnada y, en su lugar,
declarará improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional conforme a lo señalado en la parte considerativa
de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 5 de junio de 2025, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado. En su lugar, declarar improcedente la acción
de tutela instaurada por el señor Edgar Iván Ulloque Suárez por las razones expuestas
en la parte motiva.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
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Demandante: Edgar Iván Ulloque Suárez
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
ARGÜELLO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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