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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02749-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02749-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por la señora Ilma Eugenia Pazmiño, por no superar los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02749-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de junio de 2025

Demandante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02749-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02749-00
Demandante: ILMA EUGENIA PAZMIÑO ORDÓÑEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez, actuando en nombre propio, inició
acción de tutela1 en contra del Tribunal Administrativo de Putumayo, con el fin de
amparar sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia.

Para la accionante la transgresión de dichas garantías constitucionales se ocasionó
con la sentencia del 7 de noviembre de 2024, mediante la cual se revocó la decisión
de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa dentro del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 86001-33-31-001-2020-
00083-00/01 que adelantó contra el departamento del Putumayo.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia:

[…]SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la sentencia de SEGUNDA instancia proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO con fecha del (07) de
noviembre del año (2024) dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del

1 Indice 01 Aplicativo Samai.

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Demandante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02749-00

Derecho RADICACIÓN: 86001333100120200008301 con ponencia del Honorable
Magistrado Ponente: MARCO ANTONIO MUÑOZ MERA.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Putumayo, a que profiera
nueva sentencia respetando mis derechos fundamentales, y que tenga en cuenta
los criterios del juzgado de primera instancia el cual accedió a todas mis
pretensiones […].2

1.3. Hechos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos3 relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento de
Putumayo, en la que solicitó la nulidad de la Resolución 4470 del 8 de octubre de
2019 por medio de la cual se negó la reclamación administrativa tendiente al
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales.

A titulo de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara al departamento
del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental al reconocimiento de la
indemnización moratoria por la no cancelación oportuna de las cesantías parciales
desde el 6 de febrero de 2018 hasta el 28 de mayo de 2019, conforme a la Ley 244
de 1995 y Ley 1071 de 2006. Valor que deberá ser indexado

El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Mocoa, bajo el radicado 86001-33-31-001-2020-00083-00, el cual, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto indicó que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del plenario se
demostró que la solicitud de las cesantías fue presentada el 20 de octubre de 2017,
según se desprende del contenido del acto administrativo de reconocimiento,
Resolución 0725, el cual fue expedido el 19 de febrero de 2019. Se indicó que
conforme a lo dispuesto en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2016, se observó que
habían transcurrido más de 15 días hábiles contados desde la fecha de
presentación de la solicitud, término que se cumplía el 14 de noviembre de 2017.

De igual manera, se contabilizó el término de ejecutoria y se indicó que venció el 28
de noviembre de 2017 y el pago debía realizarse dentro del plazo de los 45 días
siguientes, es decir, el 15 de enero de 2018, sin embargo, el mismo se realizó el 28
de mayo de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que se causó un periodo de mora desde
el 16 de enero de 2018 fecha posterior al señalado para la cancelación de las

2 Transcripción literal de la acción de tutela.
3 Índices 02 y 09 Aplicativo Samai.

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cesantías hasta el 27 de mayo de 2019 día anterior al que se efectuó el mismo.
Además, indicó que por tratase de cesantías parciales, se debía tener en cuenta,
para efectos de calcular la sanción moratoria, la asignación básica vigente al
momento en que se causaron, esto es, la asignación correspondiente al año 2017

Inconforme con la decisión, el departamento del Putumayo formuló recurso de
apelación, indicando que a la señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez no le asiste el
derecho al reconocimiento de sanción moratoria, por cuanto se vinculó al
departamento del Putumayo desde el 19 de diciembre de 1988, posesionada en esa
misma fecha para ocupar el cargo de auxiliar de servicios generales, es decir antes
de la vigencia de la Ley 344 de 1996.

Expuso que a la señora Pazmiño Ordoñez le aplican los preceptos legales
contemplados en la Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946, el
Decreto 1160 de 1947 y el Decreto 1252 de 2002 y esa prerrogativa solo fue prevista
para los trabajadores que se vincularon después de la vigencia del Decreto 1582 de
1998, oportunidad para la cual la actora ya se encontraba laborando, por ende, su
régimen de cesantías es el retroactivo y para efectos de cambió de régimen debió
solicitarlo a su empleador.

El Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala de Decisión, mediante proveído del 7
de noviembre de 2024, revocó la decisión del a quo y negó las pretensiones de la
demanda, bajo el argumento que, el juez de primera instancia debió determinar que
el caso de la actora, debió analizarse al tenor de régimen retroactivo de cesantías,
al cual le asistía la aplicación de las Leyes 10 de 1934, Ley 6 de 1945 y Ley 65 de
1946, toda vez que su vinculación se dio con anterioridad a la vigencia de la Ley
344 de 1996 y no se acogió de manera expresa y voluntaria al régimen de
liquidación anual de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990.

Concluyó que la actora no tiene derecho al reconocimiento de la sanción por mora
por la cancelación tardía de las cesantías, consistente en el pago de un día de
salario por cada día de retardo, toda vez que dicha penalización, fue consagrada
para el régimen de liquidación anualizado.

La anterior decisión, fue notificada a las partes el 8 de noviembre de 2024 mediante
correo electrónico4.

1.4. Fundamentos de la acción de tutela5

La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala de
Decisión, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la tutela efectiva, además de estimar

4 Índice 024 Aplicativo Samai.
5 Índice 03 Aplicativo Samai.

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que, con la decisión acusada se incurrió en los defectos procedimental absoluto,
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

En cuanto al defecto procedimental absoluto alegó que el departamento de
Putumayo interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia pero el mismo debió declarase desierto, puesto que debía sustentarse en
debida forma de conformidad con los artículos 320, 322, 328 del Código General
del Proceso y 243 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual existió violación al
debido proceso.

Respecto al defecto sustantivo expuso que el tribunal acusado confundió la
normatividad y la jurisprudencia aplicable, ya que no tuvo en cuenta la Ley 244 de
1995, ni la Ley 1071 de 2006. Consideró que la autoridad judicial accionada citó una
normatividad que no es aplicable para su caso, la Ley 50 de 1990.

Con relación al desconocimiento del precedente señaló que en la decisión acusada
no se dio aplicación a la sanción moratoria contemplada en las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, las cuales se profirieron para regular el pago de las cesantías de
los servidores públicos (todos, sin excepción), inclusive, extendiendo dicho
beneficio a los docentes, por cuanto también se determinó que son servidores
públicos, tal como quedó plasmado en la sentencia de unificación CE-SUJSII-012-
2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, el 18 de julio de 2018,
expediente: 73001-23-33-000-2014-00580-01. Consideró que existió una
transgresión a sus derechos por parte del juez de segunda instancia por aplicarla a
su caso concreto.

Adujo que el tribunal accionado también incurrió en defecto fáctico toda vez que no
se valoró debidamente los hechos y las pruebas aportadas en el trámite de la
demanda, pues únicamente se limitó a una sentencia del Consejo de Estado, la cual
estudia sobre la oportunidad del servidor público de cambiarse del régimen
retroactivo al anualizado. Resaltó que, nunca ha realizado algún trámite para
trasladarse al régimen anualizado y no pertenece a un fondo privado de cesantías.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 19 de mayo de 20256, se admitió la acción de tutela, y se ordenó
la notificación a la tutelante7, a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Putumayo 8, como autoridad judicial accionada.

Así mismo, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés jurídico, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991 al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa 9 [a quo del

6 Índice 04 Aplicativo Samai.
7 Notificación al correo electrónico asesorialegal1243@gmail.com.
8 Notificación al correo electrónico scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Notificación al correo electrónico j01admmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co

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expediente ordinario] y al Departamento del Putumayo [parte demandada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho]10.

Igualmente, se ordenó realizar una publicación en el sitio web11 de la entidad
informando sobre la existencia del presente asunto.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Putumayo

El magistrado ponente de la decisión cuestionada señaló que al resolverse el
recurso de alzada, la Corporación encontró que, aun cuando la decisión de instancia
giraba en torno al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, estimando que al
caso de la actora le resultaba aplicable lo previsto en la Ley 1071 de 2006, (términos
sanción moratoria para docentes oficiales) y la sentencia de unificación de julio de
2018, al tratarse de una empleada territorial “topógrafa”, vinculada al servicio del
departamento del Putumayo, a partir del 19 de diciembre de 1988, es decir, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y que no se acogió de
manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de cesantías de que
trata la Ley 50 de 1990, esta formaba parte del régimen retroactivo de cesantías;
régimen que no prevé el derecho a lo solicitado por la accionante, puesto que este
era considerado como una penalización prevista para el régimen anualizado de
cesantías, del cual, no era beneficiaria la actora.

Aunado a lo expuesto, se señaló que el régimen normativo ajustado al caso de la
demandante es el previsto en las Leyes 10 de 1934, Ley 6a de 1945 y Ley 65 de
1946, como empleada del orden territorial, vinculada antes del 30 de diciembre de
1996.

Estimó que la solicitud de amparo es improcedente porque en la decisión
cuestionada no configura ninguna de las causales genéricas de procedencia de esa
acción constitucional y solicitó negar las pretensiones frente al Tribunal
Administrativo del Putumayo.

Compartió link de Samai12 del proceso radicado 86001-33-33-001-2020-00083-01

1.6.2. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa13

10 Notificación al correo electrónico notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co
11 Índice 08 Aplicativo Samai -Aviso a la comunidad
12 Indice 09 Aplicativo Samai
13 Índice 010 Aplicativo Samai

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Sin consideraciones respecto del escrito de tutela, remitió expediente digital del
proceso radicado 86001-33-33-001-2020-00083-00/01

1.6.2. departamento del Putumayo14

Mediante memorial el jefe de la oficina jurídica del departamento de Putumayo,
manifestó que la acción de tutela es improcedente porque la decisión tomada por el
Tribunal administrativo del Putumayo se realizó conforme al imperio de la ley y
siguiendo las reglas de la sana crítica. Expuso que los presupuestos generales
responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en
cualquier evento para su interposición.

Señaló que el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de
fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos,
bien sean estos verticales u horizontales, siempre y cuando cumplan con (i) la carga
de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la
carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación
razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por
las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; toda vez que se busca proteger el
carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Irma Eugenia Pazmiño Ordóñez, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá resolver los
siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala examinará lo
siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala de Decisión vulneró los derechos

14 Índice 011 Aplicativo Samai.

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fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia invocados por la señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez
con ocasión a la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024, por medio de la
cual se revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 86001-33-31-001-2020-00083-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) de los requisitos generales de procedibilidad, (iii) el carácter
subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existan otras vías
judiciales disponibles y eficaces, y (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 15,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales17. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200519, para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia20 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María

Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
17 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
19 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590

de 2005.

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distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia general.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud
de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad , esto es: i) que
sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.4.1. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.21
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan

21 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».

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idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo22.

El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»23.

2.4.2. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202224, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

22 Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
23 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
24 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Demandante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02749-00

Al abordar el caso concreto, el alto Tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal25 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico26; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional27.

[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal28”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo

25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-103 de 2022.

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trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales29”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto30, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal31. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

Como se señaló, la señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez cuestiona la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala de Decisión, el 7 de
noviembre de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 86001-33-31-001-2020-00083-01, mediante la cual revocó la
decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente.

Con relación al defecto procedimental absoluto la parte actora expuso que el
departamento de Putumayo interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, pero considera que el mismo debió declarase
desierto, toda vez que debía sustentarse en debida forma de conformidad con los
artículos 320, 322, 328 del Código General del Proceso y 243 de la Ley 1437 de
2011, razón por la cual existió violación al debido proceso.

Acorde con lo expuesto, evidencia la Sala que lejos de proponerse un debate ius
fundamental lo debatido por la accionante en cuanto a dicho cargo es una
inconformidad en torno al trámite de alzada, y frente a lo cual se advierte, que
conforme a lo dispuesto en el artículo 24232 de la Ley 1437 de 2011, la accionante
tuvo la oportunidad de presentar recurso de reposición en contra del auto que
concedió la alzada y dispuso sobre su admisión presentando los argumentos que
se debaten mediante el presente mecanismo, ya que los mismos debieron ser
expuestos dentro del proceso ordinario y resueltos por el juez natural de la causa.

29 Sentencia SU-128 de 2021.
30 Sentencia SU-573 de 2019.
31 Ib.
32ARTÍCULO 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo
norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código
General del Proceso.

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Acorde con lo anterior, colige la Sala que los reparos expuestos en el cargo
analizado, no supera el requisito de subsidiariedad.

Con relación al defecto sustantivo, la parte actora expuso que el tribunal acusado
confundió la normatividad y la jurisprudencia aplicable a su caso, no tuvo en cuenta
la Ley 244 de 1995, ni la ley 1071 de 2006, por el contrario, citó la Ley 50 de 1990
consistente en la sanción moratoria por no consignación de las cesantías antes del
15 de febrero del año siguiente.

Frente a este yerro, la Sala encuentra que el tribunal accionado referenció en la
providencia acusada la normatividad aplicable a los empleados públicos cobijados
por el sistema retroactivo e indicó que teniendo en cuenta que la actora se vinculó
al servicio del departamento del Putumayo en calidad de topógrafa, a través de
Resolución 044 de 19 de diciembre de 1988 y fue posesionada en la misma fecha,
con anterioridad 31 de diciembre de 1996, fecha de publicación de la Ley 344 de
199633, le eran aplicables las normatividades anteriores, es decir, la Ley 6ª de
194534, Ley 65 de 194635.

Además, explicó que coexistían para la fecha dos regímenes de cesantías, 1) las
retroactivas que son viables para quienes se vincularon a la administración pública
hasta el 30 de diciembre de 1996 y, 2) las anualizadas creadas por la Ley 50 de
1990, inicialmente para el sector privado y con la Ley 344 de 1996 se amplió a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31 de
diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial.

Así mismo, agregó que con el Decreto 1582 de 1998, se amplió el régimen de
cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores públicos del
orden territorial y se les concedió la posibilidad a las personas que se hubieran
vinculado a la Ley 344 de 1996, acogerse al régimen anualizado de cesantías,
previa solicitud, liquidación total de la prestación y entrega del emolumento al fondo
de su elección, pero la actora no se acogió de manera expresa y voluntaria al
régimen de liquidación anual de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, por tal
razón no tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora por la
cancelación tardía de las cesantías, consistente en el pago un día de salario por
cada día de retardo, toda vez que dicha penalización, fue consagrada para el
régimen de liquidación anualizado. Como fundamento de su decisión, el tribunal

33 Los empleados que ingresaron al servicio de las entidades públicas se encontraban en el régimen

de cesantías con liquidación anualizada
34 determinó que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras

prestaciones, de un auxilio de cesantía, a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado con posterioridad
al 1 de enero de 1942
35 se extendió la totalidad de las prestaciones sociales previstas en el artículo 17 de la Ley 6ª de

1945, a los empleados de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios, lo que a su vez
permitió incluir el auxilio de cesantías

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accionado referenció jurisprudencia del Consejo de Estado36, donde se abordó un
asunto similar.

De lo anterior, se advierte que lo debatido por la tutelante es una simple
inconformidad con la decisión a la que arribó el ad quem, siendo una controversia
que se limita a un debate legal, sin que los argumentos expuestos tengan la
identidad o trascendencia suficiente para aplicar, interpretar o desarrollar un
mandato constitucional, ya que según el criterio de la parte actora, la autoridad
judicial accionada realizó una interpretación errónea de las normas aplicables a su
caso para el reconocimiento de la sanción moratoria.

En este orden, se hace necesario precisar que el juez natural de la causa se enfrenta
a múltiples probabilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación
de normas a un caso en específico37 y no le corresponde al juez constitucional
señalar cuál de tales es la «correcta», puesto que como se indicó, ello vulneraría la
independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite
ordinario.

Ahora, en referencia al defecto fáctico, la parte actora manifestó que no se valoró
debidamente los hechos y pruebas aportadas en el trámite de la demanda, ya que
la autoridad judicial accionada únicamente se limitó a pronunciarse sobre una
sentencia del Consejo de Estado, que estudió la oportunidad del servidor público de
cambiarse del régimen retroactivo al anualizado, la cual no le es aplicable a su caso.

Al respecto, la parte actora no mencionó cuales fueron las pruebas que
indebidamente fueron valoradas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y que eran determinantes para que la decisión fuera diferente.

Sobre la valoración de los medios de prueba, es preciso mencionar que es un
ejercicio intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana
crítica y las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno
de estos. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que
gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos 25, no
es viable su reproche en esta instancia judicial.

Respecto al desconocimiento del precedente, la tutelante señaló que en la decisión
acusada no se dio aplicación a la sanción moratoria contemplada en las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, las cuales se profirieron para regular el pago de las
cesantías de los servidores públicos (todos, sin excepción), inclusive, extendiendo
dicho beneficio a los docentes, conforme a la sentencia de unificación CE-SUJSII-
012-2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, el 18 de julio de

36 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

– SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá DC,
diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022).
37 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.

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201838.En tal sentido, existió una transgresión a sus derechos por parte del Juez de
Segunda Instancia al no aplicarlo en su caso en particular.

La sentencia de unificación CE-SUJSII-012-2018, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, el 18 de julio de 2018, citada por la accionante establece
reglas jurisprudenciales en el caso sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías – aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 a los docentes del
sector oficial y servidores públicos; sin embargo, la accionante por ser beneficiaria
del régimen retroactivo conforme a las Leyes 10 de 1934, Ley 6ª de 1945 y Ley 65
de 1946, no le resulta aplicable.

En relación con estos argumentos, cabe precisar que la accionante no justificó, ni
explicó como la sentencia de unificación mencionada le es aplicable a su caso
concreto, máxime cuando la cobija el régimen retroactivo de cesantías, tampoco
mencionó jurisprudencia en la cual se hubiera estudiado y asimilado asuntos
similares.

En consecuencia, se observa que, si bien la parte actora intenta exponer las razones
por las cuales considera que la autoridad judicial accionada incurrió en una
vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una
simple inconformidad con la interpretación realizada por el ad quem, la
jurisprudencia utilizada para resolver su caso, la valoración de las pruebas
efectuadas y las conclusiones a las cuales se arribó en sede de segunda instancia,
lo cual, per se, no implica una trasgresión de las mencionadas garantías.

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela
no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal.

Entrar a estudiar la decisión judicial acusada, sin sustentarse, ni demostrarse la
transgresión de los derechos fundamentales invocados por la accionante, resulta
contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger aquellas
garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a
restablecer las mismas.

La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar
o impugnar las decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria39.

38 Expediente: 73001-23-33-000-2014-00580- 01
39Sentencia SU134 veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). Magistrado sustanciador: JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS

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Así las cosas, y en cuanto a los defectos analizados para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
enuncia la transgresión de derechos fundamentales, sus argumentos pretenden es
reabrir la discusión legal y probatoria, que ya fue objeto de decisión por el juez
natural de la causa, y no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.

En este sentido, se declarará improcedente la acción de tutela formulada por la
señora Ilma Eugenia Pazmiño por no superar el requisito de relevancia
constitucional con relación a los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente y el de subsidiariedad en cuanto al defecto procedimental absoluto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA:

PRMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por la
señora Ilma Eugenia Pazmiño, por no superar los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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