Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08084-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-08084-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08084-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08084-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
Accionante: Yolanda Agudelo Ardila
Accionados: Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria
Tema: Derechos al debido proceso, defensa, acceso a la administración
de justicia e igualdad. Tutela contra providencia judicial.
Reconocimiento y pago de sanción moratoria. Régimen retroactivo
de cesantías. CONCEDE AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Yolanda Agudelo Ardila,
en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria.
ANTECEDENTES
La accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que considera
vulnerados por la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-31-002-
2020-00054-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que la accionante fue vinculada al departamento del Putumayo el 3 de mayo de
1995, como auxiliar administrativo; que el 19 de febrero de 2016 radicó ante esa
entidad solicitud para que se le reconociera el pago de sus cesantías parciales y le
fue resuelta favorablemente, a través de la Resolución núm. 719 del 19 de febrero
de 2019; sin embargo, la suma reconocida fue cancelada el 31 de mayo de esa
anualidad, motivo por el cual pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
sin embargo, esta fue negada por la entidad. - Archivo Central.
Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
departamento del Putumayo, a fin de que reconociera y cancelara la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales.
Que le correspondió al Juzgado 2º Administrativo de Mocoa, quien en sentencia del
30 de marzo de 2022 accedió a las pretensiones y en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Putumayo revocó la decisión el 17 de julio de 2025 y, en su lugar,
negó las súplicas de la demanda.
Considera que el Tribunal incurrió en los defectos:
• Sustantivo, por «INTERPRETACIÓN e INAPLICACIÓN CONTRAEVIDENTE» del
parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995 y del parágrafo del artículo 5 de la
Ley 1071 de 2006.
• Desconocimiento del precedente, ya que inadvirtió la sentencia de unificación por
importancia jurídica proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda CE-SUJ-
SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01,
decisión que estableció que los docentes por ser servidores públicos son
beneficiarios de la Ley 1071 de 2006.
Alega que la sentencia discutida menciona una sentencia del Consejo de Estado
que trata sobre la «oportunidad del servidor público de cambiarse del régimen
retroactivo al anualizado, dando la voluntad expresa y voluntaria de acogerse a
dicho régimen anualizado de las cesantías de que trata la ley (sic) 50 de 1990,
régimen que tiene su propia sanción, consistente en la sanción moratoria por NO
CONSIGNACIÓN de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente»; al
respecto refiere que «no existe figura de consignación ante un fondo privado, sino
de pago de cesantías parciales o definitivas, por tanto, dicha sanción que trata la
ley (sic) 50 de 1990 no es la que estoy solicitando».
• Violación directa de la Constitución, estima que el Tribunal al abstenerse de aplicar
las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, normas que regulan el pago de las cesantías
de los servidores públicos, le transgrede los principios de favorabilidad, por optar
por una interpretación restrictiva y desfavorable para el trabajador; de igualdad
material, desconoce la protección que el legislador quiso otorgar; de debido proceso
y de acceso a la administración de justicia.
Trae a colación sentencia de tutela del 24 de julio de 2025 radicado 11001-03-15-
000-2025-02749-00 [01] de la Sección Segunda, Subsección A de la corporación,
donde se analizó el caso de una servidora pública territorial que reclamaba la
sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 por el pago tardío
de sus cesantías parciales, en dicho caso el juez de tutela concluyó que el Tribunal
Administrativo del Putumayo incurrió en el defecto sustantivo por no aplicar las
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
normas citadas. - Archivo Central.
Expresa que su caso tiene similitud fáctica y jurídica con el asunto mencionado,
dado que: «[c]ontratamos al mismo abogado para demandar el derecho a la sanción
moratoria pretendida, tan es así que utilizamos el mismo modelo de Demanda (sic),
con similares hechos fácticos y fundamentos jurídicos», es servidor público territorial
(empleado del Departamento (sic) del Putumayo – Secretaría de Educación) y
reclamó la sanción moratoria de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 por el pago
tardío de cesantías parciales, situación que resultó probada en el proceso de nulidad
y restablecimiento, en la sentencia de primera instancia.
PRETENSIONES
La accionante pide que se amparen los derechos fundamentales invocados,
dejando sin efectos la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria y, en consecuencia, ordenar a la
autoridad judicial accionada que profiera una nueva decisión con fundamento en las
normas y en la jurisprudencia que utilizó el juez ordinario de primera instancia.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 15 de enero de 2026 se dispuso su admisión, se vinculó como tercero
interesado al departamento del Putumayo y se ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Putumayo señaló que dentro del proceso ordinario
objeto de controversia concluyó que la demandante fue vinculada al departamento
del Putumayo en 1995, antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, de ahí
que, pertenece al régimen retroactivo de cesantías y no al anualizado. La sanción
moratoria que disponen las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 solo procede para
servidores públicos del régimen anualizado, o que se hubieran trasladado
voluntariamente a él; en el expediente no existe prueba de que la señora Ardila
hubiera solicitado acogerse al régimen anualizado; motivo por el cual no tiene
derecho a la sanción moratoria reclamada.
Alegó que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, para reabrir discusiones jurídicas ya definidas y
controvertir la interpretación judicial adoptada por el Tribunal. Además, indicó que
no se satisface el presupuesto de inmediatez, ya que la sentencia cuestionada se
profirió el 17 de julio de 2025, fue notificada el 18 de igual mes y año y la tutela se
instauró «con una posterioridad de 5 meses, superando el plazo razonable para
satisfacer el requisito».
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Así las cosas, pidió negar el amparo solicitado o declarar improcedente la - Archivo
acciónCentral.
de
tutela. De manera subsidiaria solicitó «mantener incólume la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Putumayo, por encontrarse plenamente motivada,
razonable y ajustada al régimen retroactivo de cesantías aplicable al caso».
El departamento del Putumayo señaló que la accionante pretende reabrir un
debate jurídico propio del proceso ordinario. En cuanto, a los defectos: sustantivo
adujo que la tutelante no demuestra de manera concreta que la decisión
cuestionada haya prescindido de las normas aplicables, ni que su interpretación
resulte ostensiblemente irrazonable o arbitraria y en relación con el desconocimiento
del precedente alegó que no se acreditó «la reproducción estricta de la ratio
decidendi del precedente del caso Pazmiño Ordóñez».
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
jurisdicciones. (...). - Archivo Central.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede- como Archivo Central.
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora Yolanda Agudelo Ardila considera que el Tribunal
Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria, le transgrede sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, con la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-
31-002-2020-00054-00 [01].
A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: sustantivo, por
inaplicar el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995 y el parágrafo del artículo
5 de la Ley 1071 de 2006; desconocimiento del precedente, por desatender la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda en el radicado 73001-23-33-000-2014-
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
00580-01 y en la violación directa de la Constitución. - Archivo Central.
La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 17 de julio de 2025
cumple los requisitos de procedencia, pues a) se está invocando una irregularidad
procesal que podría tener un efecto decisivo; b) se identificaron claramente los
hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como
transgredidos; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción se
presentó el 18 de diciembre de 2025, esto es, dentro de los seis7 meses siguientes
a la notificación de la sentencia, lo cual fue el 18 de igual mes y año y cobró
ejecutoria el 25 de agosto de la misma anualidad y d) la tutela no se dirige contra
un fallo de la misma naturaleza.
Sin embargo, no se encuentra superada la exigencia de la subsidiariedad en
relación con el desconocimiento de la Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de
julio de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso
con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01, pues para ese reclamo la
accionante contaba con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
consagrado en los artículos 256 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el cual es
procedente «cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia
de unificación del Consejo de Estado»8.
En ese orden de ideas, esta Subsección advierte que en el presente asunto no se
superó el requisito de subsidiariedad respecto al cargo mencionado, el cual exige
que la solicitante del amparo haya agotado previamente los medios judiciales con
los que cuenta para lograr la protección de los derechos fundamentales que estima
conculcados, máxime cuando la actora no explicó por qué no utilizó oportunamente
dicho medio de defensa, pese a que aquel revestía las condiciones de idoneidad y
eficacia para lograr, de ser el caso, el amparo pretendido.
Por lo tanto, se procederá al estudio únicamente de los defectos sustantivo y
violación directa de la Constitución, respecto de la sentencia cuestionada.
El Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria en la sentencia cuestionada
señaló como marco normativo y jurisprudencial aplicable a las cesantías de los
empleados públicos, bajo el régimen retroactivo, lo siguiente:
• La Ley 6 de 1945 estableció que los empleados y obreros nacionales con carácter
permanente tienen derecho al auxilio de cesantías equivalente a un mes de salario
o jornal por cada año de servicio, considerando únicamente el tiempo laborado a
partir del 1º de enero de 1942.
• El artículo 1º del Decreto 2767 de 1945 amplió la aplicación de las prestaciones
sociales previstas en la norma citada, a los empleados de los departamentos,
7 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Artículo 258 de la Ley 1437 de 2011.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
intendencias, comisarías y municipios, incluyendo expresamente el- Archivo auxilioCentral.
de
cesantías.
• La Ley 65 de 1946 abordó el carácter indemnizatorio de la cesantía estableciendo
que dicho auxilio debía ser reconocido con independencia de la causa de retiro del
trabajador. El Decreto 1160 del 28 de marzo de 1947 dispuso que el derecho al
auxilio de cesantía correspondía a todo empleado, estuviera o no inscrito en carrera
administrativa, sin importar la causa de su desvinculación
• El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro y contempló que las
cesantías de los empleados públicos y los trabajadores oficiales pertenecientes a
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional
debían ser liquidadas y consignadas al Fondo.
• En el sector privado, la Ley 50 de 1990 introdujo el régimen de cesantías con
liquidación anual. El artículo 13 de la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996 extendió
a los servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de ese
mismo año el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990.
• El Decreto 1582 del 5 de agosto de 1998 amplió la aplicación del régimen
anualizado de cesantías, establecido en la Ley 50 de 1990, a los servidores públicos
del orden territorial.
En relación con los servidores públicos que se hubiesen vinculado con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y que se encontraban cobijados por
el régimen de cesantías con retroactividad, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998
otorgó la posibilidad de acogerse voluntariamente al régimen anualizado, previa
solicitud expresa, liquidación definitiva de la prestación y consignación del auxilio en
el fondo de cesantías de su elección.
Citó sentencia del 25 de agosto de 20169 del Consejo de Estado con la cual concluyó
que:
«[…] coexisten dos regímenes aplicables en materia de cesantías: i) el
régimen retroactivo, aplicable a los servidores públicos vinculados hasta
el 30 de diciembre de 1996, y ii) el régimen anualizado, introducido por la
Ley 50 de 1990 para el sector privado, y posteriormente extendido a los
servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de
1996, incluidos aquellos del nivel territorial, en virtud de lo dispuesto en
la Ley 344 de 1996».
Descendiendo al caso concreto, el Tribunal encontró demostrado que la señora
Ardila se vinculó al departamento del Putumayo, en calidad de auxiliar
administrativo, código 407, grado 6, a partir del 3 de mayo de 1995.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de
2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
La demandante, el 19 de febrero de 2016, radicó ante el departamento del
Putumayo solicitud para que reconociera el pago de las cesantías parciales,
mediante Resolución núm. 719 del 19 de febrero de 2019 resolvieron de manera
favorable la petición.
Conforme a certificado suscrito el 13 de septiembre de 2019 por la tesorera General
del departamento del Putumayo, la entidad a partir del 31 de mayo de 2019 puso a
disposición de la demandante, la suma reconocida por concepto de cesantías
parciales.
La señora Ardila el 7 de octubre de 2019 le pidió al departamento del Putumayo el
reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria, petición que fue negada
a través de la Resolución núm. 4474 del 8 del mismo mes y año.
El Tribunal señaló que el juez ordinario de primera instancia reconoció el derecho
de la señora Ardila al pago de la sanción moratoria por el retraso en la entrega de
sus cesantías, tras confirmar que el Fondo incurrió en mora entre el 4 de junio de
2016 y el 31 de mayo de 2019, limitó el reconocimiento a partir del 7 de octubre de
2016 debido a la prescripción.
Para el Tribunal la anterior conclusión no se ajusta al régimen normativo aplicable
ni responde adecuadamente a las circunstancias específicas del caso, con
fundamento en que la señora Ardila: 1) se vinculó laboralmente al departamento del
Putumayo el 3 de mayo de 1995, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley
344 de 1996 «lo que la ubica dentro del régimen retroactivo de cesantías»; 2) no
obra prueba de que se haya acogido de manera expresa y voluntaria al régimen de
liquidación anual previsto en la Ley 50 de 1990 y 3) no le asiste derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria «dicha penalidad fue prevista
exclusivamente para quienes se encuentran bajo el régimen de liquidación
anualizado», para ello citó sentencia del Consejo de Estado del 17 de febrero de
202210.
En consecuencia, el Tribunal decidió revocar la sentencia de primera instancia
emitida el 30 de marzo de 2022 por el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de
Mocoa, con el siguiente razonamiento:
«[…] aunque el juez de primera instancia reconoció que la demandante
estaba amparada por el régimen retroactivo de cesantías, no fundamentó
su análisis en las normas que lo regulan -Ley 10 de 1934, Ley 6 de 1945
y Ley 65 de 1946-, aplicables a servidores públicos y trabajadores
particulares en general11, como es su caso. Al haberse acreditado que no
pertenece al régimen anualizado, sino al retroactivo, resulta
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, sentencia del
17 de febrero de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00812-01 (5860-2019) C. P. Gabriel Valbuena
Hernández.
11 SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, página 29.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
improcedente el reconocimiento de la sanción moratoria, reservada - Archivo Central.
exclusivamente para quienes se rigen por el sistema de liquidación anual
de cesantías».
Es del caso citar las normas presuntamente inaplicadas:
• El parágrafo del artículo 2° de la Ley 244 de 1995, dispone:
«[…] Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de
sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día
de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para
lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo
por culpa imputable a éste». (negrilla fuera de texto original)
• El parágrafo del artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, contempla:
«[…] Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías
definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad
obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este
artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario,
cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (negrilla fuera de texto original)
De lo expuesto, para la Sala es claro que a los beneficiarios del régimen retroactivo
de cesantías les aplica la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, ya que dichas normas no hicieron distinción alguna en relación con
el régimen al que son aplicables.
Así las cosas, la decisión inadvirtió las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que
aplican para el caso bajo estudio.
Por lo anterior, se tiene que el Tribunal incurrió en el defecto sustantivo razón por la
cual se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la señora Ardila, se
dejará sin efectos la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria y, en consecuencia, se ordenará a la
autoridad judicial accionada que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la
ejecutoria de este fallo, profiera una nueva decisión dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-31-002-2020-00054-
00 [01], teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este proveído.
No obstante, ello, no implica la concesión automática de las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues al juez ordinario es a
quien le corresponde en el marco de sus competencias y deberes, definir si en
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08084-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
efecto hay lugar acceder al reconocimiento de la sanción moratoria. - Archivo Central.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con el
defecto del desconocimiento del precedente.
Segundo: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Yolanda Agudelo Ardila, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.
Tercero: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-31-002-2020-
00054-00 [01].
Cuarto: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Putumayo, Sala Unitaria que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, profiera una
nueva decisión dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 86001-33-31-002-2020-00054-00 [01], teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en este proveído.
Quinto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Sexto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.