RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02773-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02773-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02773-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela promovida por Jose Ricael Palacios Cabrera. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02773-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02773-00
Accionante: JOSÉ RICAEL PALACIOS CABRERA
Accionado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia general para controvertir autos de
trámite.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala resuelve la acción de tutela promovida por Jose Ricael Palacios
Cabrera contra la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, con
ocasión del auto del 6 de mayo de 2025, mediante el cual se concedió la
impugnación en contra de la sentencia del 4 de marzo de 2025. A juicio del tutelante,
dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, derecho
de defensa y a la doble instancia.

ANTECEDENTES

2. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“1. Declarar la nulidad del auto 06 de mayo del 2025, que concede
impugnación de forma irregular.
2. Ordenar que se emane un nuevo auto con el cumplimiento de los
requisitos formales de ley”.

3. Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

4. Mediante auto del 6 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación, concedió la impugnación interpuesta contra la

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02773-00
Accionante: Jose Ricael Palacios Cabrera
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo De Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia

sentencia de tutela del 4 de marzo de 20251. En criterio del accionante, dicha
decisión fue adoptada sin verificar el cumplimiento de los requisitos formales legales
exigidos, lo que, en su concepto, acreditó una trasgresión a sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la doble instancia.

Fundamentos de la demanda de tutela

5. El actor sustentó la interposición de la presente acción de amparo
constitucional en el hecho de que el auto del 6 de mayo de 2025 carece de una
motivación adecuada y no cumple con los requisitos formales establecidos por la
ley. Asimismo, indicó que dicha decisión omitió la información mínima necesaria que
permita a las partes ejercer de manera efectiva su derecho de defensa, lo que
compromete las garantías al debido proceso.

Trámite en primera instancia

6. Mediante auto del 13 de mayo de 20252, el despacho sustanciador admitió la
presente acción y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte accionada y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como vincular al Tribunal
Administrativo del Chocó, al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, a la
Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de Derechos e Intereses Colectivos,
al municipio de Río Quito, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó), a la Agencia Nacional de Minería y al Ministerio de Vivienda,
Ambiente y Desarrollo Territorial. Adicionalmente, se comisionó al Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó para que, por su conducto, proceda a la notificación de
Hocraciano Lemos Cabrera por el medio que resultara más expedito.

Intervenciones

7. La subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado3 solicitó
declarar improcedente la presente acción de tutela, dado que no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el peticionario.

1 Identificado con número de radicado: 11001-03-15-000-2025-00555-00. Parte demandante: José

Ricael Palacios y Hocraciano Lemos Cabrera y parte demandada: Tribunal Administrativo del Chocó
y otros.
2 Índice electrónico 05 de SAMAI. 9Autoqueadmite_20250277300ADMITEJOS(.pdf) NroActua 5
3 Índice electrónico 05 de SAMAI. 35CONTESTACIONDE_20250277300Contestac(.pdf) NroActua

19.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02773-00
Accionante: Jose Ricael Palacios Cabrera
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo De Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia

8. El Ministerio de vivienda4, la Defensoría del Pueblo5 y la Agencia
Nacional de Minería6 pidieron ser desvinculadas del proceso, al considerar que
carecen de legitimación en la causa por pasiva, dado que los hechos expuestos en
la presente acción se dirigen exclusivamente contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

9. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó7 manifestó que no
cuenta con conectividad a internet, razón por la cual la mayoría de los beneficiarios
de la acción de grupo identificada con radicado 27001333300120090022400-01
carecen de correo electrónico. En consecuencia, resulta materialmente imposible
atender la solicitud formulada por el despacho en el sentido de allegar las
direcciones electrónicas de cada uno de los beneficiarios de la acción de grupo.

CONSIDERACIONES

Competencia

10. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20198.

Problema jurídico

11. Le corresponde a la Sala determinar si la presente acción de amparo
satisface los requisitos de procedencia formal para su admisión. Una vez superado
dicho análisis, se procederá a resolver si el auto del 6 de mayo de 2025 que
concedió el recurso de impugnación dentro del trámite de tutela identificado con
radicado 11001-03-15-000-2025-00555-00, vulneró los derechos fundamentales del
demandante al debido proceso, derecho de defensa y a la doble instancia.

4Índice electrónico 012 de SAMAI.21_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
josericaelpalacios(.pdf) NroActua 12.
5Índice electrónico 014 de SAMAI.24_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
Contestacionaccion(.pdf) NroActua 14.
6 Índice electrónico 022 de SAMAI. 35_MemorialWeb_Respuesta-Informedetutela2(.pdf) NroActua

22.
7Índice electrónico 022 de SAMAI. RECIBEMEMORIAL_21052025RESPUESTACON(.pdf) NroActua

21
8 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos

entre las secciones”.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02773-00
Accionante: Jose Ricael Palacios Cabrera
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo De Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia

12. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye: (i) estudio de la jurisprudencia sobre
procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de otras providencias
proferidas en el trámite de tutela, (ii) el análisis del caso concreto, con base en los
hechos probados dentro del expediente.

La procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de otras
providencias proferidas en el trámite de tutela

13. En la sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional precisó que, de
forma excepcional, es posible interponer acción de tutela contra decisiones
adoptadas dentro de otro trámite de tutela. Cuando la tutela se dirige contra
actuaciones distintas a la sentencia, es necesario diferenciar si ocurrieron antes o
después de su emisión.

14. Si ocurrieron antes de la sentencia, la acción de tutela procede cuando,
cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, el accionante controvierte, por
ejemplo, la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela.

15. Si sucedieron después de la sentencia de primera instancia, la tutela procede
de forma excepcional cuando se alega la transgresión de un derecho fundamental
en el marco de un incidente desacato o en el trámite de una impugnación de un fallo
de tutela9.

16. Tratándose de la acción constitucional dirigida en contra del auto que se
pronuncia sobre la concesión de la impugnación en contra del fallo de tutela de
primer grado, la Corte ha señalado que dicha decisión tiene la potencialidad de
lesionar garantías superiores en tanto “cristaliza el derecho a la defensa y el
principio de las dos instancias”, lo cual hace procedente el recurso judicial previsto
en el artículo 86 Superior. En la aludida sentencia SU-387 de 2022, con base en la
doctrina fijada por la misma Corporación, la Corte señaló:

“(…) En las sentencias T-162 de 1997 y SU-627 de 2015, la Corte refirió, de manera
explícita, el caso en el cual el juez de tutela se “neg[ó] a conceder la impugnación del
fallo de tutela de primera instancia con el argumento de que el poder presentado para
impugnar no era auténtico”10. Esto, “pese a que el [artículo 10 del] Decreto 2591 de

9 Corte Constitucional, sentencia SU-387 de 2022.M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera.
10 Id.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02773-00
Accionante: Jose Ricael Palacios Cabrera
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo De Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia

1991 establece al respecto una presunción de autenticidad que no fue desvirtuada en
el proceso”11. Ante dicho supuesto, la Corte se planteó el siguiente problema jurídico:
“¿la decisión de un juez que niega la impugnación de un fallo de tutela puede ser
cuestionada mediante otra acción de tutela?”12. Al respecto, la Corte concluyó que
dicha decisión sí podía ser cuestionada por medio de la acción de tutela. Esto, porque,
en el marco de dicha decisión, el juez de tutela, “al igual que cualquier otro funcionario
judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho
fundamental, como es la de negar el derecho a impugnar un fallo de tutela, evento en
el cual procede la acción de tutela”13. Si bien los supuestos de hecho de las sentencias
T-162 de 1997 y SU-627 de 2015 no son idénticos al analizado por la Corte en el caso
sub examine, en ambas decisiones, la Corte fijó reglas que fundamentan la
procedibilidad de la acción de tutela en contra de autos que niegan o rechazan el
recurso de impugnación en el marco del trámite de tutela. Además, las referidas
providencias permiten evidenciar que la Corte resaltó que el derecho a impugnar
“cristaliza el derecho a la defensa y el principio de las dos instancias” y desconocerlo
vulnera tanto el debido proceso como el acceso a la administración de justicia, lo cual
resulta paradójico en el trámite de la tutela, dado que este mecanismo busca
precisamente “hacer efectivas las garantías constitucionales”14. Con base en esta
misma regla, mediante la sentencia T-286 de 2018, la Corte declaró procedente una
vez más una acción de tutela en contra del auto que negó la impugnación.”

Análisis del caso concreto

17. Jose Ricael Palacios Cabrera promovió acción de tutela en contra de la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, al proferir el auto del 6
de mayo de 2025, a través de cual se concedió la impugnación en contra de la
sentencia de primera instancia dictada el 4 de marzo de 2025 dentro de otro trámite
de tutela. A juicio del solicitante, dicha providencia fue adoptada sin verificar el
cumplimiento de los requisitos formales legales exigidos por la ley, lo que en su
concepto, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, derecho de
defensa y a la doble instancia.

18. La Corte Constitucional ha indicado que la impugnación del fallo de tutela
constituye un derecho fundamental, parte integral del debido proceso, pues permite
que un juez de segunda instancia revise los argumentos ya debatidos y confirme o
revoque la decisión inicial. Este mecanismo garantiza la doble instancia, por lo que
su omisión, a pesar de haberse presentado oportunamente, implica una vulneración

11 Id.
12 Sentencia T-162 de 1997.
13 Id.
14 Id.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02773-00
Accionante: Jose Ricael Palacios Cabrera
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo De Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia

al orden constitucional, al desconocer injustificadamente una etapa procesal
esencial y afectar el acceso a la justicia15.

19. De conformidad con el artículo 86, inciso segundo de la Constitución Política,
en armonía con los artículos 31 y 32, del Decreto 2591 de 1991 las sentencias de
tutela proferidas en primera instancia pueden ser impugnadas. Puntualmente, el
artículo 31 establece que el recurso debe presentarse dentro de los 3 días
siguientes a la notificación del fallo.

20. Están legitimados para interponer la impugnación: el solicitante, la autoridad
demandada, el Defensor del Pueblo, el representante del órgano correspondiente,
los terceros con interés legítimo, el Procurador General de la Nación y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuando actúa como interviniente o
apoderado en procesos que involucren entidades públicas o intereses patrimoniales
del Estado.

21. El único requisito para la procedencia de la impugnación es la presentación
dentro del término legal16. No se exige sustentación y motivación, a diferencia del
recurso de apelación ordinario. Según el artículo 32 del decreto 2591 de 1991, una
vez interpuesta la impugnación en tiempo, el juez de primera instancia deberá remitir
el expediente al superior jerárquico en un plazo de 2 días. Éste, a su vez, contará
con 20 días para emitir la providencia de segunda instancia. Finalmente, el
expediente deberá ser enviado a la Corte Constitucional dentro de los 10 días
siguientes a la ejecución del fallo de segunda instancia.

22. En relación con el caso concreto, la Sala constata que el actor no identificó
de manera clara y específica cuál sería el vicio o irregularidad atribuida a la
actuación del juez accionado al conceder el recurso impugnación. Su inconformidad
parece radicar únicamente en que, a su juicio, el auto en cuestión debió ser
motivado de una forma distinta a la adoptada por el despacho judicial. No obstante,
dicha apreciación no constituye una vulneración de derechos fundamentales que
justifique la procedencia de la acción de tutela.

15 Auto 301 de 2019. M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16 Artículo 31 del decreto 2591 de 1991: “Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo

podrá ser impugnado”.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02773-00
Accionante: Jose Ricael Palacios Cabrera
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo De Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia

23. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación ya emitió 17 y
notificó18 el auto que concedió la impugnación. En consecuencia, se advierte al
peticionario que actualmente se encuentra pendiente por resolver el fallo de
segunda instancia de tutela y con lo cual se cristaliza el derecho de defensa y el
principio de las dos instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela promovida por
Jose Ricael Palacios Cabrera.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

17 Índice electrónico 053 de SAMAI de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de esta

corporación, dentro del proceso 11001-03-15-000-2025-00555-00.
82Autoqueconced_20250055500concedeim(.pdf) NroActua 53.
18 Índice electrónico 057 de SAMAI de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de esta

corporación, dentro del proceso 11001-03-15-000-2025-00555-00.
85Enviodenotifi_20250055500pdf(.pdf) NroActua 57.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02773-00
Accionante: Jose Ricael Palacios Cabrera
Accionado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo De Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.