Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00555-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00555-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00555-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00555-00
Accionantes: José Ricael Palacios Cabrera y
Hocraciano Lemos Cabrera
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (04) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00555-00
Accionantes: José Ricael Palacios Cabrera y Hocraciano Lemos Cabrera
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó y otros.
Tema: tutela contra incumplimiento de orden judicial. Subtema 1: acción de grupo.
Subtema 2: subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve la solicitud
de amparo interpuesta por los señores José Ricael Palacios Cabrera y Hocraciano
Lemos Cabrera en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó y la Defensoría del Pueblo.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores José Ricael Palacios Cabrera y Hocraciano Lemos Cabrera presentaron
acción de tutela1, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia que consideraron vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Chocó y otros, al incumplir con lo dispuesto en el numeral
noveno de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó del 3 de marzo de 2016, confirmada por la sentencia del 27
de mayo de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Cristóbal Mena Córdoba y otros presentaron acción de grupo contra el
municipio de Río Quito, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó (CODECHOCO), el Instituto Colombiano de Geología y Minería
(INGEOMINAS), hoy Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Vivienda,
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06370, índice 2, certificado
6E58B329F8B7733E 6C47B72D7C64FADB C8CCCBDFC0424425 F1D774BBC7EC9F7A.
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Accionantes: José Ricael Palacios Cabrera y
Hocraciano Lemos Cabrera
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Ambiente y Desarrollo Territorial, con el propósito de que se ordenara a estas
entidades devolver a su estado anterior la cuenca del río Quito y se les indemnizara
por las consecuencias de la contaminación causada a dicho río.
3. El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, en sentencia del 3 de marzo de
2016, accedió a las pretensiones de la acción de grupo y ordenó lo siguiente:
[…]
CUARTO: CONDÉNASE a las entidades demandadas, Municipio de Rio Quito, la
Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco)
el Instituto Colombiano de Geología Y Minería (Ingeominas) y el Ministerio de Vivienda,
Ambiente y Desarrollo Territorial a pagar a título de daños materiales la suma de dinero
equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una
de las siete mil cinco (7005) personas integrantes del grupo que se hayan constituido
como parte en el proceso y los que lo hagan después, en los términos señalados en la
parte motiva de esta providencia.
La suma de dinero constitutiva de esta condena se deberá pagar al Fondo para la
protección de los derechos e intereses colectivos, administrado en los término de ley,
por el Defensor del Pueblo.
QUINTO: Como consecuencia de la orden anterior, DISPÓNESE que dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, el monto de la indemnización
colectiva objeto de esta condena, sea entregado al FONDO PARA LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS administrado por el Defensor del
Pueblo, y a cargo del cual se pagarán las indemnizaciones, según lo ordenado en el
artículo 65-3 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO: Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se realice la referida
consignación al fondo mencionado, los actores miembros del grupo deberán acreditar
ante el defensor del Pueblo, con prueba idónea, su pertenencia al grupo de acuerdo
con los requerimientos establecidos en la parte motiva de esta sentencia.
SEPTIMO: DISPÓNENSE las indemnizaciones correspondientes a las demás
personas del grupo que no hayan concurrido al proceso y que dentro de los veinte (20)
días siguientes a la publicación de la presente sentencia decidan acogerse a lo aquí
dispuesto, suministrando la información de que trata el artículo 55 de la Ley 472 de
1998, los que no podrán invocar daños extraordinarios excepcionales a los probados
en el presente proceso. Para lo cual deberá observarse, igualmente, lo preceptuado en
el literal b) del numeral 3º del artículo 64 in fine. En consecuencia LIQUÍDENSE los
honorarios del abogado coordinador en una suma equivalente al 10% de la
indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido
representados judicialmente.
OCTAVO: Luego de finalizado el pago de las indemnizaciones individuales, el FONDO
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, en cumplimiento de lo
preceptuado en el último inciso del literal b del numeral 3º del artículo 65 de la Ley 472
de 1998, deberá devolver el dinero sobrante a la entidad demandada.
NOVENO: ORDÉNASE la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en dos
diario de amplia circulación nacional (Tiempo y el Espectador) y regional, dentro del
mes siguiente a su ejecutoria, con la prevención a todos los interesados igualmente
lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se
presenten a la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, dentro de los 20 días siguientes para acreditar su pertenencia a
cualquiera de los subgrupos afectados.
[…] [sic]
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4. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 27 de mayo de 2022,
confirmó la decisión del a quo.
5. El Espectador publicó la parte resolutiva de la sentencia en sus clasificados de los
días 24 y 25 de diciembre de 2022.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6. La parte actora en el escrito de tutela requirió lo siguiente:
1. Ordenar a quien corresponda la publicación del extracto de la Sentencia en los
periódicos locales, como se ordenó en el numeral NOVENO de la parte resolutiva de la
Sentencia No. 024 del 03 de marzo de 2016, confirmada por el Tribunal Administrativo
del Choco, mediante Sentencia N° 064 del 27 de mayo de 2022.
2. Ordenar a la Defensoria del Pueblo- Fondo para los derechos e interés colectivos,
para que dentro del término de los 20 días, habilite los medios digítateles para efecto
de presentar las solicitudes de adhesión, en cumplimiento de las funciones
administrativas en relación a la conformación del grupo de adherentes como lo consagra
la Sentencia No. 024 del 03 de marzo de 2016, confirmada por el Tribunal Administrativo
del Choco, mediante Sentencia N° 064 del 27 de mayo de 2022, numeral NOVENO de
la parte resolutiva donde se le ordeno cumplir con las funciones administrativas de
conformar el grupo de adherentes y el pago de las indemnizaciones2. [sic]
7. Como fundamento de sus pretensiones los accionantes, en el escrito de
amparo, argumentaron que las accionadas al no dar cumplimiento a lo dispuesto en
el numeral noveno de la sentencia dictada dentro de la acción de grupo, esto es, no
publicar el extracto de la parte resolutiva en los medios locales, en el periódico El
Tiempo ni habilitar los canales para solicitar la adhesión a la providencia, vulneraron
los derechos fundamentales invocados, pues no tuvieron conocimiento de la
sentencia ni la oportunidad de pronunciarse ante la Defensoría del Pueblo para
solicitar la adhesión.
2.3. Trámite procesal
8. El despacho ponente, mediante auto del 5 de febrero de 20253, admitió la solicitud
de tutela y ordenó la notificación del Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado
Primero Administrativo de Quibdó, y la Defensoría del Pueblo, Fondo para la Defensa
de Derechos e Intereses Colectivos. A su vez, dispuso la vinculación del municipio de
Río Quito; la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó (CODECHOCO); la Agencia Nacional de Minería (ANM); el Ministerio de
Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial; los accionantes; las personas que
adhirieron e integraron el grupo demandante; y los terceros vinculados, dentro del
proceso identificado con el radicado núm. 27001-33-33-001-2009-00224-00/01.
2 Se transcribe incluso con errores.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00555-00, índice 4, certificado F9EDA04870EBC5E7 519D8F6CA6BACC5F
C37E1C7144D96FD3 EE111353C0C394C0.
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2.4. Intervenciones
9. El Tribunal Administrativo del Chocó4 solicitó que se nieguen las pretensiones
de la demanda, toda vez que los accionantes no cumplieron con el requisito de
subsidiariedad. Agregó que no actuó con arbitrariedad o vías de hecho y que de lo
narrado por los actores no se evidencia ninguna vulneración de su parte.
10.La Agencia Nacional de Minería5 pidió que se niegue lo pretendido por la parte
actora, ya que no cumplen con el requisito de subsidiariedad, pues lo que se busca
con la acción de tutela es revivir etapas procesales que se encuentran vencidas, y
obtener una indemnización reconocida hace más de 16 años, cuando los accionantes
no han surtido ninguna actuación ante el despacho que reconoció los derechos.
11. La Defensoría del Pueblo6 se pronunció sobre los hechos de la tutela. Indicó el
trámite administrativo de pago y los documentos que deben aportarse. Asimismo,
manifestó que el extracto de la sentencia fue publicado el 24 y 25 de diciembre de
2022 y que cuenta con diferentes canales para la recepción de solicitudes de la
ciudadanía. Por último, señaló que la acción de amparo no cumple con el requisito
de subsidiariedad en la medida en que los actores no afirmaron sufrir un perjuicio
irremediable, razón por la cual solicitó que se niegue el amparo por improcedente.
12.El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible7 requirió que se declare la
improcedencia de la acción por incumplir con los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez. Afirmó que no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes.
13. El señor José Dolores Palacios Córdoba8, apoderado y coordinador de los
actores en la acción de grupo, controvirtió los hechos de la tutela, manifestó que no
es cierto que no se cumpliera con el principio de publicidad, agregó que debe negarse
la tutela por improcedencia al no superar los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo, interpuesta por los señores José Ricael Palacios Cabrera
y Hocraciano Lemos Cabrera, en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, el
Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y la Defensoría del Pueblo.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00555-00, índice 15, certificado 47129A1D451262BD 60BFFF01E6EC6FE8
F61EB68CE78D1BE1 67A4CF23F9736AB6.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00555-00, índice 16, certificado 97B0F1CC4141F89C 9B70E3013BFA27E4
972859128B53F56D 9F4113B8788E392D.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00555-00, índice 18, certificado D99BD8847BDEDEC9 212ABE71A459ACC5
3397B7804CE02AAD 0F8245D54FB0F957.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00555-00, índice 20, certificado 8B81377EA6BFCFEC 9A488A598D0D5525
3FC20ED965D4A96E AD96B47BF3EF574A.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00555-00, índice 22, certificado AF9D7135F40F8CEA DAE3743551ECE8B3
5CAF68F588942113 3DB7BBEABA1EB62B.
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3.2. Legitimación en la causa
15. Lalegitimación en la causa por activa de los señores José Ricael Palacios
Cabrera y Hocraciano Lemos Cabrera se encuentra acreditada, por cuanto afirman
ser miembros del Consejo Mayor de Villa Conto en Río Quito; lugar donde ocurrieron
los hechos discutidos en la acción de grupo de la cual se predica su incumplimiento
y, por ende, ser quienes consideran que se vulneraron sus derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
16. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Chocó, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y la Defensoría
del Pueblo, en la medida en que fueron las autoridades que profirieron las sentencias,
y la entidad obligada de cumplirlas, que a juicio de los tutelantes vulneraron sus
garantías constitucionales.
3.3. Problema jurídico
17. La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó y la Defensoría del Pueblo vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los
señores José Ricael Palacios Cabrera y Hocraciano Lemos Cabrera. Para ello, es
necesario establecer primero, si el escrito de amparo supera el requisito de
procedibilidad del mecanismo constitucional de tutela de subsidiariedad.
18. Para el efecto, se estudiará lo siguiente: (i) generalidades de la procedibilidad de la
acción de tutela; y (ii) análisis de la Sala.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
19. Deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez9.
20. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable10; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho […]»11.
Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
21. Los señores José Ricael Palacios Cabrera y Hocraciano Lemos Cabrera
presentaron tutela con la pretensión principal de que se ordene a las autoridades y
entidad accionadas que den cumplimiento al numeral noveno de la parte resolutiva
9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
10 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
11 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
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de la sentencia del 3 de marzo de 2016, confirmada por la sentencia del 27 de mayo
de 2022, y que se ordene la habilitación de medios digitales para presentar las
solicitudes de adhesión para el pago de las indemnizaciones.
22. Lo anterior supone ordenar el cumplimiento de una sentencia que se encuentra
debidamente ejecutoriada, además de revivir términos para la reclamación que debió
presentarse ante el juez de la acción de grupo, con el fin de obtener la indemnización
de las personas que no fueron parte del proceso.
23. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de 199112,
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con otros
mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por otro lado,
valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de forma
oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada caso13.
24. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables14.
25. En el caso bajo estudio, la Sala observa que los señores José Ricael Palacios
Cabrera y Hocraciano Lemos Cabrera no han cumplido con lo dispuesto en el
numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, que dispone:
4. La publicación, por una sola vez, de un extracto de las [sic] sentencia, en un diario
de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la
notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con
la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y
que no concurrieron al proceso, para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización.
26. Citado lo anterior, no existe prueba de que los actores hubiesen acudido ante el juez
competente para solicitar la adherencia a la sentencia y, por ende, obtener la
indemnización. En igual sentido, no es de recibo el argumento concerniente a que la
publicación en el periódico El Espectador no es válida por hacerse en vacancia
judicial; pues una vez finalizara dicho periodo, podían acudir ante el juez para solicitar
la indemnización.
27. Por otra parte, respecto al cumplimiento de decisiones judiciales a través de
acciones de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que «bajo esta pauta
jurisprudencial, debería entenderse que, en principio, cualquier pretensión
relacionada con el cumplimiento de órdenes judiciales tendrá que declararse
12 Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
13 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
14 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
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improcedente por parte del juez constitucional, pues la persona que estime afectados
sus derechos con la inobservancia de la decisión cuenta con el proceso ejecutivo
ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 422 al 445
del Código General del Proceso, como en el artículo 297 y subsiguientes del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»15.
28. En efecto, la reclamación para la indemnización y el proceso ejecutivo ante el
Juzgado Primero Administrativo de Quibdó son los mecanismos idóneos, conforme
lo establece el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, y los artículos 306,
422 al 445 del CGP, como en los artículos 297 y subsiguientes del CPACA.
29. Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es el espacio adecuado para resolver
lo solicitado por el accionante vía acción de tutela, en la medida en que lo pretendido
se dirige a exigir el cumplimiento de una sentencia judicial frente a la publicación del
extracto de la parte resolutiva en diarios de amplia circulación y el pago de la
indemnización por parte de la Defensoría del Pueblo.
30. Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la solicitud de quienes no
concurrieron a la acción de grupo para reclamar la indemnización, sino también para
tramitar el proceso ejecutivo ante el incumplimiento de la sentencia emitida el 3 de
marzo de 2016.
31. En este orden, la Sala advierte que de los argumentos planteados por los
accionantes no se evidencia un riesgo de tal magnitud que amerite la intervención del
juez constitucional. En este punto de la providencia, conviene destacar que el
principio de subsidiariedad de la tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados
con los derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de dichas vías o cuando estas no sean
idóneas para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional, lo cual en el presente asunto no se acreditó.
32. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es improcedente,
bajo el entendido que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial
no solo son un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios
asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la tutela como
mecanismo de defensa, sin que pueda ser ejercida para subsanar la falta de actividad
del tutelante.
IV. CONCLUSIÓN
33. En consecuencia, la Sala encuentra que el escrito de tutela no superó el requisito
de subsidiariedad, en la medida en que los señores José Ricael Palacios Cabrera y
Hocraciano Lemos Cabrera tienen a su alcance la solicitud de adherencia a la
sentencia de la acción de grupo y el proceso ejecutivo, mecanismos previstos en la
Ley 472 de 1998 y el CGP para pedir la protección de los derechos fundamentales
que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado
Primero Administrativo de Quibdó y la Defensoría del Pueblo.
15 Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2018.
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V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por José
Ricael Palacios Cabrera y Hocraciano Lemos Cabrera, en contra del Tribunal
Administrativo del Chocó, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y la Defensoría
del Pueblo, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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