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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03388-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03388-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por las señoras María Osiris Mosquera Palacios y Sandra Patricia Romaña Palacios contra el Tribunal Administrativo del Chocó, acorde con las consideraciones expuestas. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03388-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

16 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03388-00
Demandante: María Osiris Mosquera Palacios y Sandra Patricia Romaña Palacios

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03388-00
Demandante: María Osiris Mosquera Palacios y Sandra Patricia Romaña
Palacios
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Tema: Tutela contra providencia judicial – acción de grupo -
subsidiariedad

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por las señoras
María Osiris Mosquera Palacios y Sandra Patricia Romaña Palacios contra el Tribunal
Administrativo del Chocó de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de mayo de 2026, las señoras María Osiris Mosquera Palacios y Sandra Patricia
Romaña Palacios, mediante apoderado, interpusieron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Chocó, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
defensa y a la igualdad.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«PRINCIPAL: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
justicia, defensa e igualdad del accionante y del grupo actor de Municipio de Rio Quito.

PRIMERA CONSECUENCIAL: DEJAR SIN NINGÚN VALOR NI EFECTO el auto de
fecha 27 de abril del 2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó.

Segunda consecuencial pretensión subsidiaria de decisión sustitutiva: Solicito al H.
Consejo de Estado que, en aplicación del principio de economía procesal y para evitar
perjuicio irremediable, PROFIERA DECISION SUSTITUTIVA conforme a la Sentencia
SU-556 de 2014, y en consecuencia:

1. DECLARE que MARIA OSORIS MOSQUERA PALACIOS, está legitimada para actuar
sin apoderado En la acción de grupo con radicado 2700133330020090022400 conforme
al art 53 ley 472-98

2. admita la solicitud de integración al grupo y el incidente de nulidad por indebida
notificación presentado el día 17 de septiembre de 2025

3. DECLARE LA NULIDAD de la notificación de la sentencia No. 064 del 27 de mayo del
2022 por no haberse publicado en los tres (3) medios ordenados.
Art. 133 #8 C.G.P.

4. ORDENE al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó que en cuarenta y ocho (48)
horas proceda a realizar nueva publicación en los medios faltantes:
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Demandante: María Osiris Mosquera Palacios y Sandra Patricia Romaña Palacios

1) Diario El Tiempo, 2) Diario regional del Chocó.
5. ORDENE LA SUSPENSIÓN de cualquier trámite de ejecución o pago, hasta tanto se
surta en legal forma la notificación.
TERCERA CONSECUENCIAL: En caso de no acceder a la decisión sustitutiva,
ORDENAR al Tribunal que en 48 horas revoque el auto y dé trámite a la solicitud,
absteniéndose de exigir apoderado.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

De la acción de grupo 27001-33-33-001-2009-00224-00/01

Un grupo de habitantes de la cuenca del Río Quito conformada por 8 corregimientos
(San Isidro, Paimadó, Villa Conto, Antadó la Punta, Boca de Paimadó, Chiguarandó,
Tuadó, Puerto Juan, La Loma Pueblo Nuevo y la Soledad) que forman parte de
comunidades afrodescendientes, mediante apoderado radicaron acción de grupo
contra el municipio de Río Quito, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó (Codechocó), el Instituto Colombiano de Geología y Minería
(INGEOMINAS), hoy Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Vivienda,
Ambiente y Desarrollo Territorial con la finalidad de que se: (i) ordenara cesar toda
actividad minera ilegal en la cuenca del Río Quito; (ii) ordenara a las entidades
demandadas tomar todas las medidas necesarias a fin de devolver a su estado
anterior la cuenca del Río Quito; y (iii) condenara a las entidades demandadas a
cancelar al grupo demandante una indemnización colectiva causada por la
contaminación del Río Quito, al igual que los daños ocasionados por desbordamiento
y sedimentación en los corregimientos ubicados sobre las riberas del mismo, en
atención a que la actividad minera ilegal privó a sus residentes del consumo diario y
comercial de la pesca, así como generó daños y perjuicios irreparables en cultivos de
la región.

Igualmente, pretendían el reconocimiento y pago a los demandantes de indemnización
individual equivalente a doscientos veinticinco millones de pesos ($225.000.000) para
cada uno de ellos, por concepto de daño emergente y lucro cesante.

Lo anterior debido a que afirman que la zona del Río Quito es de alto riesgo, por
inundaciones, deslizamiento y deforestación de las márgenes o rondas hídricas (zona
de reserva ecológica de uso público), pues el Río Quito fue desviado hacia los centros
poblados, lo cual, generó que se lleve las casas de los moradores del municipio.
Además, señalaron que la actividad minera en el municipio ha generado altos niveles
de contaminación por la mezcla de lodo y mercurio, lo que ha constituido muerte de
peces, extinción de la fauna y especies florales; de tal suerte que las aguas del río
Quito actualmente no pueden ser utilizadas para el uso doméstico.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó que, en sentencia del 3 de marzo de
2016, accedió a las súplicas de la demanda, y ordenó:

«PRIMERO: DECLARESE NO PROBADA, excepción de mérito alguna, y en especial la
de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

SEGUNDO: DECLÁRASE administrativa, patrimonial y extrapatrimonialmente
responsable a las entidades demandadas, Municipio de Río Quito, la Corporación
Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) el Instituto
Colombiano de Geología Y Minería (Ingeominas) y el Ministerio de Vivienda, Ambiente y

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Desarrollo Territorial, por los daños ambientales y ecológicos en la cuenca del río Quito,
producto de la minería alegan en dicho afluente hídrico desde el 2007, tal como se
indicaron en las demandadas de acción de grupo acumuladas en este proceso.

TERCERO: CONDÉNASE a las entidades demandadas, Municipio de Río Quito, la
Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) el
Instituto Colombiano de Geología Y Minería (Ingeominas) y el Ministerio de Vivienda,
Ambiente y Desarrollo Territorial a pagar a título de daños inmateriales la suma de dinero
equivalente treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de
las siete mil cinco (7005) personas integrantes del grupo que se hayan constituido como
parte en el proceso y los que lo hagan después, en los términos señalados en la parte
motiva de esta providencia. La suma de dinero constitutiva de esta condena se deberá
pagar al Fondo para la protección de los derechos e intereses colectivos, administrado en
los términos de ley, por el Defensor del Pueblo.

CUARTO: CONDÉNASE a las entidades demandadas, Municipio de Río Quito, la
Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) el
Instituto Colombiano de Geología Y Minería (Ingeominas) y el Ministerio de Vivienda,
Ambiente y Desarrollo Territorial a pagar a título de daños materiales la suma de dinero
equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de
las siete mil cinco (7005) personas integrantes del grupo que se hayan constituido como
parte en el proceso y los que lo hagan después, en los términos señalados en la parte
motiva de esta providencia.

La suma de dinero constitutiva de esta condena se deberá pagar al Fondo para la
protección de los derechos e intereses colectivos, administrado en los término de ley, por
el Defensor del Pueblo.

QUINTO: Como consecuencia de la orden anterior, DISPÓNESE que dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, el monto de la indemnización colectiva
objeto de esta condena, sea entregado al FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS administrado por el Defensor del Pueblo, y a
cargo del cual se pagarán las indemnizaciones, según lo ordenado en el artículo 65-3 de
la Ley 472 de 1998.

SEXTO: Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se realice la referida
consignación al fondo mencionado, los actores miembros del grupo deberán acreditar ante
el defensor del Pueblo, con prueba idónea, su pertenencia al grupo de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la parte motiva de esta sentencia.

SEPTIMO: DISPÓNENSE las indemnizaciones correspondientes a las demás personas
del grupo que no hayan concurrido al proceso y que dentro de los veinte (20) días
siguientes a la publicación de la presente sentencia decidan acogerse a lo aquí dispuesto,
suministrando la información de que trata el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, los que no
podrán invocar daños extraordinarios excepcionales a los probados en el presente
proceso. Para lo cual deberá observarse, igualmente, lo preceptuado en el literal b) del
numeral 3º del artículo 64 in fine. En consecuencia LIQUÍDENSE los honorarios del
abogado coordinador en una suma equivalente al 10% de la indemnización que obtengan
cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente.

OCTAVO: Luego de finalizado el pago de las indemnizaciones individuales, el FONDO
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, en cumplimiento de lo
preceptuado en el último inciso del literal b del numeral 3º del artículo 65 de la Ley 472 de
1998, deberá devolver el dinero sobrante a la entidad demandada.

NOVENO: ORDÉNASE la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en dos diario
de amplia circulación nacional (Tiempo y el Espectador) y regional, dentro del mes
siguiente a su ejecutoria, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados
por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten a la
Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos,
dentro de los 20 días siguientes para acreditar su pertenencia a cualquiera de los
subgrupos afectados.

DECIMO: CONDÉNASE en Costas al Municipio de Río Quito, la Corporación Autónoma
Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) el Instituto Colombiano de
Geología Y Minería (Ingeominas) y el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo
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Territorial. Por la secretaría tásense, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la
publicación del extracto de la sentencia.

DÉCIMO PRIMERO: ORDÉNASE al Distrito el cumplimiento de las siguientes medidas de
justicia restaurativas y garantías de no repetición:

a) ORDÉNESE el cese inmediato y definitivo de la explotación minera mecanizada del
recurso aurífero en la cuenca del Río Quito.

b) Para el cumplimiento de ésta orden, se dispone que las entidades demandadas podrán
valerse del Señor Ministro de la Defensa Nacional, el Señor Comandante de las Fuerzas
Militares, el Señor Ministerio del Interior, el Señor Comandante del Ejército Nacional, el
señor Director de la Policía Nacional, el Señor Comandante del Batallón de Infantería No.
12 BG. Alfonso Manosalva Flórez, El Señor Comandante del Batallón de Combate
Terrestre No. 94 “Ct. Pedro Hernando Lizarazo Cruz” y el Señor Comandante del
Departamento de Policía Chocó, tracen, planeen y ejecuten los operativos de interdicción
permanentes y necesarios para hacer efectivas las medidas aquí adoptadas.

c) Con cargo a los accionados, Municipio de Río Quito, la Corporación Autónoma Regional
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) el Instituto Colombiano de Geología
Y Minería (Ingeominas) y el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, la
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”, realizará el estudio de impacto
ambiental, minero y socioeconómico pasado, presente y futuro en el Municipio del Río
Quito – Chocó, como consecuencia del ejercicio de la minería ilegal.

d) ORDÉNASE al Municipio de Río Quito, la Corporación Autónoma Regional Para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) el Instituto Colombiano de Geología Y
Minería (Ingeominas) y el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, o
quienes hagan sus veces, para que en el ámbito de sus competencias, adelanten en un
término no mayor a dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo,
el cumplimiento de las tareas y acciones que se determinen en los estudios e
investigaciones adelantados por la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís
Córdoba”, que les permita restablecer en lo posible la vida, el paisaje y el ecosistema
afectado de los factores contaminantes de la cuenca del río Quito; que igualmente
conduzca a la adopción de acciones eficaces para restablecer el cauce de los ríos,
debiendo presentar a este estrado Judicial informes trimestrales de las medidas que se
adelanten para acatar este fallo.

e) Se DISPONE que la parte demandada integrada solidariamente por el Municipio de Río
Quito, la Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó
(Codechoco) el Instituto Colombiano de Geología Y Minería (Ingeominas) y el Ministerio
de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, está obligada a adelantar las actividades
necesarias para restablecer la vida, el paisaje y el cauce natural del río en un plazo
inmediato a la recepción del definido estudio ambiental, minero y socioeconómico de la
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba Pino” y a sus propias expensas.

f) Se DISPONE que con cargo, costos y sostenimiento de la parte demandada, Municipio
de Río Quito, la Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó
(Codechoco) el Instituto Colombiano de Geología Y Minería (Ingeominas) y el Ministerio
de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, se integre el Comité Auditor Externo,
vigilante y controlador de los planes, proyectos, estudios y obras que se requieran para
hacer efectivas todas y cada una de las ordenes aquí impartidas.

g) ORDENESE que a través de los periódicos de Circulación Nacional, el Tiempo y el
Espectador así como los periódicos de Circulación regional Chocó 7 días y Siglo 21, las
emisora regionales y locales Ecos del Atrato, Mario en tu Radio y Radio Universidad
Tecnológica del Chocó, a costa de los accionados Municipio de Río Quito, la Corporación
Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) el Instituto
Colombiano de Geología Y Minería (Ingeominas) y el Ministerio de Vivienda, Ambiente y
Desarrollo Territorial y en partes iguales, DEBERÁN PONER EN CONOCIMIENTO de la
comunidad, la presente decisión.

h) Exhórtase al Gobierno Nacional para que convoque a los integrantes del CONPES a
efecto de que estudien la posibilidad de otorgar un documento CONPES para el manejo
integral del conflicto que dio origen a este asunto.

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DÉCIMOSEGUNDO: SÉPTIMO.- Ejecutoriada esta providencia, conclúyase el proceso,
archívese el expediente y cancélese su radicación, sin perjuicio del trámite de
cumplimiento a que haya lugar. (…)»

Lo anterior al considerar que estaba plenamente demostrado el grave daño ambiental
ocasionado por la minería ilegal en la cuenca del río Quito desde el año 2007, así
como la omisión prolongada de las autoridades ambientales, mineras y territoriales
encargadas de prevenir y controlar dicha actividad. Afirmó que las entidades
responsables conocían de la explotación ilegal en la zona, sus responsables y los
efectos ocasionados, pero se limitaron a expedir actos administrativos sin adoptar
medidas eficaces para detener el deterioro ambiental.

Señaló que la contaminación del río con mercurio, cianuro, combustibles y otros
residuos, la destrucción de la selva, la alteración del cauce y la pérdida de los recursos
naturales afectaron gravemente los derechos fundamentales de las comunidades
afrodescendientes de la cuenca del río Quito, lo cual además vulneró su derecho de
acceso al agua, a la salud, a la propiedad colectiva, al territorio ancestral, al ambiente
sano y a su identidad cultural; mencionó que las comunidades habitantes de la cuenca
del río fueron víctimas de un verdadero crimen ambiental de grandes dimensiones que
además produjo múltiples afectaciones a la salud de la población, entre ellas
enfermedades dermatológicas, infecciones, problemas respiratorios,
gastrointestinales y reproductivos, agravadas por la ausencia de servicios adecuados
de salud y de agua potable.

En materia indemnizatoria, el juzgado encontró acreditado el daño moral, el daño a la
salud y el daño material sufrido por los habitantes, aunque reconoció las dificultades
probatorias para determinar individualmente su cuantía; aplicó criterios de equidad,
reparación integral y precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
fijó una indemnización colectiva equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por daños inmateriales y veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por daños materiales para cada uno de la población habitante de
la cuenca calculada inicialmente con 7.005 habitantes.

Finalmente, el despacho indicó que la indemnización pudo haber sido superior dada
la magnitud del daño ecológico y social ocasionado; sin embargo, decidió limitar su
cuantía atendiendo el principio de sostenibilidad fiscal, procurando equilibrar la
reparación de las víctimas con la capacidad financiera del Estado, sin desconocer la
gravedad de las violaciones de derechos humanos y ambientales acreditadas en el
proceso.

Contra la decisión de primera instancia, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaron recursos de apelación.

La Agencia explicó que no tiene dentro de sus funciones, atribuciones o facultades la
adopción de medidas administrativas derivadas de la explotación minera ilegal, su
competencia se supedita, al seguimiento y control de los títulos mineros legalmente
otorgados y a informar a las autoridades respectivas el desarrollo de actividades
ilegales que sean puestas en su conocimiento o que ella detecte en ejercicio de su
fiscalización; por su parte el Ministerio adujo que existe falta de legitimación en la
causa por pasiva, hecho de un tercero, inexistencia de la omisión e inexistencia de
prueba del daño y concurrencia de culpas.

Por sentencia del 27 de enero de 2017, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó
la decisión del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó.

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interpuso acción de tutela contra
la sentencia del 27 de enero de 2017, pues, a su juicio, fue dictada con vulneración
del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto a la prueba del perjuicio y la
conformación de grupo afectado.

Mediante fallos de tutela del 9 de septiembre de 2021 y del 2 de mayo de 2022,
dictadas, en ese orden, por las subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, fue dejada sin efecto la sentencia del 27 de enero de 2017 y se dispuso
que fuera dictado fallo de reemplazo, «en el que analice todos y cada uno de los
argumentos planteados en los recursos de apelación por la Agencia Nacional de Minería y el
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible [...] el Tribunal deberá ocuparse
exhaustivamente de los criterios necesarios para la conformación del grupo, en atención a
que los perfiles del caso imponen examinar el posible efecto sobre todas las comunidades
ribereñas río abajo y los derechos de las futuras generaciones. Igualmente, el
pronunciamiento esperado deberá decidir expresamente sobre los criterios y requisitos para
la pertenencia al grupo, el daño individual que se dice afectó a las víctimas, así como la
contribución de la víctima al daño. De la misma manera, el análisis del sentenciador de
segunda instancia, deberá comprender el estudio preciso sobre el daño individual padecido y
la relación de causalidad con los hechos atribuidos a las demandadas. La certeza del daño,
constitutiva de la impugnación, deberá recibir especial atención del juzgador de segunda
instancia».

El Tribunal Administrativo del Chocó en providencia del 27 de mayo de 2022 1 dio
cumplimiento a los referidos fallos de tutela y resolvió:

PRIMERO: ACÁTASE por medio de este proveído lo dispuesto por el Honorable Consejo
de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera- Subsección A, en
la sentencia de tutela del nueve de septiembre de dos mil veintiuno (2021) , confirmada
mediante sentencia dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sección
Tercera- Subsección B, de la misma Corporación, que amparó los derechos fundamentales
alegados como vulnerados por este Tribunal.

SEGUNDO: DENIÉGUESE LA NULIDAD planteada por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: DENIÉGUENSE las excepciones de mérito planteadas por las entidades
demandada en sus escritos de apelación, esto es, falta de legitimación en la causa por
pasiva, hecho de un tercero, inexistencia de la omisión e inexistencia de prueba del daño
y concurrencia de culpa, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la parte motiva de
esta providencia.

CUARTO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia No. 024 del 3 de marzo de 2016,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del
proceso promovido por CRISTOBAL MENA C Y OTROS contra El Municipio del Río Quito
y Otros, que accedió a las súplicas de la demanda.

QUINTO: CONDENESE EN COSTAS de segunda instancia a las entidades demandadas
Agencia Nacional de Minería y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en suma
equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

SEXTO: Ejecutoriada está providencia devuélvase el expediente al Juzgado de origen,
archívese el expediente y cancélese su radicación.

1
Esta sentencia fue dictada en reemplazo de la proferida el 27 de enero de 2017 confirmatoria de la sentencia del 3 de marzo
de 2016, del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó -, dado que la Sección Tercera - Subsección B del
Consejo de Estado la dejó sin efecto a través del fallo del 2 de mayo de 2022. -Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ,
Expediente: 11001-03-15-000-2019-04839-01 y 11001- 03-15-000-2019-04968-00 (Acumulados) Demandante: Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Otro. Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y - ordenaó al Tribunal, emitir
una nueva decisión.
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SÉPTIMO: INFÓRMESE esta decisión al H. Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A y ENVÍESE copia de esta providencia a la H. Corte Constitucional, donde
debe estar surtiéndose la eventual revisión de la Acción de Tutela radicada bajo el número:
11001-03-15-000-2019-04839-00, 11001-03-15-000-2019-04968-00 (Acumulados)
Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otro, Demandado:
Tribunal Administrativo del Chocó y otro.»

De modo que el Tribunal dio cumplimiento a fallo de tutela proferido por el Consejo de
Estado, profirió una nueva decisión en la que examinó integralmente los argumentos
de apelación relacionados con la conformación del grupo, la existencia del daño
individual, el nexo de causalidad y la responsabilidad de las entidades demandadas.

Luego de ese análisis, confirmó la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
municipio de Río Quito, Codechocó, la Agencia Nacional de Minería (antes
Ingeominas) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la omisión en el
control de la minería ilegal que ocasionó graves daños ambientales y afectaciones a
los habitantes de la cuenca del río Quito.

Concluyó que se encontraban acreditados el daño antijurídico, el nexo causal y la falla
del servicio por omisión de las entidades demandadas, razón por la cual mantuvo la
condena indemnizatoria. Precisó, además, que el grupo beneficiario no se limitaba a
los demandantes iniciales, sino que comprendía a las personas que acreditaran haber
sido habitantes de la cuenca del río Quito y haber sufrido las mismas afectaciones
derivadas de los hechos objeto del proceso, al fijar la indemnización por daños
inmateriales (30 SMLMV), el Tribunal señaló expresamente que la estimación sobre
7.005 habitantes no impedía que otras personas se integraran posteriormente al
grupo. Indica que quienes se acojan al fallo conforme al artículo 65 de la Ley 472 de
1998 no incrementarán el monto de la condena, sino que la indemnización debía
redistribuirse en partes iguales entre todos los integrantes del grupo.

En consecuencia, quienes se integraran posteriormente al grupo tendrían derecho a
participar en la indemnización, sin que ello implicara incrementar el monto total de la
condena, el cual debía redistribuirse entre todos los beneficiarios acreditados.

La referida decisión fue notificada a las partes el 23 de agosto de 2022 mediante
correo electrónico y publicada conforme a lo dispuesto en el numeral noveno de la
decisión de primera instancia en el periódico El Espectador de fecha 24-25 de
diciembre de 2022, publicación que en todo caso se ordenó con la finalidad de que la
comunidad afectada se hiciera parte del grupo beneficiario de la indemnización.

La Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia del 24 de agosto de 2023
resolvió las solicitudes de revisión eventual que la Agencia Nacional de Minería (ANM),
la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaron y resolvió no seleccionar para revisión
la referida sentencia al considerar que no existía necesidad de unificar jurisprudencia
respecto de los puntos propuestos por parte de las solicitantes. Además, dijo que la
argumentación de los peticionarios no era suficiente ni evidenciaba contradicciones o
divergencias interpretativas sobre el alcance de la normativa que regulaba las
funciones de control y vigilancia de la ANM y el Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, respecto de la protección del medio ambiente afectado por la
actividad de la minería ilegal.

En providencia del 23 de noviembre de 2023 nuevamente la Sección Quinta del
Consejo de Estado se refirió a la insistencia en las solicitudes de revisión eventual y
determinó que no se cumplió con la carga argumentativa para demostrar la necesidad
de la pretendida unificación a partir de la providencia cuya selección se solicitaba. De
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igual forma, destacó que la revisión eventual no puede entenderse como una instancia
adicional de las acciones populares y de grupo, pues esta se implementó para ejercer
un control de legalidad de las actuaciones judiciales adelantadas, pues su único
propósito consiste en la unificación de jurisprudencia.

De las actuaciones adelantadas por la parte accionante

La parte accionante, en la tutela, indicó que conoció de todas las actuaciones surtidas
en el proceso en el año 2025 razón por la que, en escrito del 17 de septiembre de
2025, presentado en nombre propio, solicitó integración del grupo afectado de
conformidad al artículo 55 de la Ley 472 de 1998. Asimismo, en esa oportunidad
solicitó se declarara la nulidad por indebida notificación de la sentencia conforme con
el artículo 133 numeral 8 del Código General del Proceso.

El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, mediante providencia del 2 de
octubre de 2025, rechazó de plano la nulidad planteada, porque consideró que la
indebida notificación por la publicación del extracto de la sentencia dentro del proceso
radicado 27001-33-33-001-2009-00224-00 no se encuentra contemplada en el
ordenamiento jurídico como una causal de nulidad.

Además, mencionó que los incidentantes (entre ellos la parte accionante) tenían
conocimiento previo del proceso, toda vez que habían solicitado un trámite de
vigilancia administrativa; en consecuencia, al no haber propuesto la nulidad
oportunamente pese a conocer la actuación, concluyó que no había lugar a su
declaratoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 del Código General del Proceso
(CGP).

Finalmente, indicó que quienes promovieron el incidente no acreditaron la condición
de abogados, requisito indispensable conforme al artículo 49 de la Ley 472 de 1998
que exige ejercer la acción de grupo por conducto de apoderado judicial; por tanto,
determinó que carecían de legitimación para proponer la nulidad, de acuerdo con las
exigencias del citado artículo 135 del CGP.

Contra la referida decisión los incidentantes interpusieron recurso de apelación. Sin
embargo, encontrándose pendiente de resolver dicha alzada, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Quibdó, a través de auto del 9 de octubre de 2025,
aceptó la transacción parcial a la que llegaron las partes dentro del proceso ejecutivo.

Frente a esta nueva determinación, varios de los solicitantes procedieron a interponer
recurso de apelación, fundamentado en que, a su juicio, el auto en mención se
encontraba viciado de nulidad porque «el juez debió haber resuelto primero el recurso de
apelación contra el auto del 02 de octubre de 2025, que rechazó la solicitud de nulidad por
indebida notificación».

Argumentaron que «al no resolver los recursos de reposición y apelación contra el auto que
rechazó la solicitud de nulidad, el juez omitió una oportunidad procesal para que la parte
interesada pudiera sustentar o para que el superior resolviera los recursos pendientes»,
omisión que, en su criterio, «impide que las partes puedan ejercer plenamente sus derechos
a la defensa y a la doble instancia» y constituye una «violación al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política», así como la configuración de la
causal de nulidad por omisión de oportunidades procesales prevista en el numeral 6
del artículo 133 del CGP.

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Demandante: María Osiris Mosquera Palacios y Sandra Patricia Romaña Palacios

Al desatar esta impugnación, el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto del
27 de abril de 2026, confirmó en su integridad la providencia del 9 de octubre de 2025
proferida por el a quo.

En la parte considerativa, el tribunal precisó que, de conformidad con el inciso tercero
del artículo 135 del CGP, quien alegue una nulidad debe estar legitimado para
proponerla; legitimación que, en el marco de la acción de grupo y acorde con el artículo
49 de la Ley 472 de 1998, se adquiere exclusivamente al actuar por conducto de
apoderado judicial. Por ello, concluyó que, al acudir a nombre propio, los recurrentes
carecían de legitimación en la causa por activa para pretender la declaratoria de
nulidad del auto que aprobó la transacción.

Adicionalmente, a modo aclarativo, explicó que el numeral 4 del artículo 65 de la Ley
472 de 1998 establece que, cuando se acojan las pretensiones de la demanda, se
publicará un extracto de la sentencia por una sola vez en un diario de amplia
circulación nacional, «con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por
los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten al Juzgado,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización».

Señaló que dicha disposición concuerda con el artículo 55 de la misma ley, el cual
permite la integración posterior bajo las mismas condiciones de oportunidad, pero sin
poder invocar daños extraordinarios para obtener una indemnización mayor ni
beneficiarse de la condena en costas.

Frente al caso concreto, precisó que el fallo de primera instancia ordenó expresamente
esta publicación, la cual en efecto se materializó en el diario El Espectador en su
edición del 24 y 25 de diciembre de 2022. Sin embargo, advirtió que el 23 de enero de
2023 se cumplió el término legal de veinte (20) días sin que los incidentantes
acudieran a reclamar la indemnización de manera oportuna, razón por la cual sus
solicitudes radicadas con posterioridad resultaron extemporáneas.

Contra esta decisión, la parte actora interpuso recurso de súplica, el cual, a la fecha
de presentación de la solicitud de amparo, indica que no ha sido resuelto, motivo por
el que considera que frente a este punto existe mora judicial.

Aunado a las anteriores actuaciones procesales, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado solicitó el cambio de radicación del proceso ejecutivo conexo a la
acción de grupo a otro distrito judicial, de preferencia en Bogotá D.C.

Sustentó esa petición en que el trámite impartido por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Quibdó afectaba las garantías procesales de las entidades
ejecutadas e implicaba un riesgo para la imparcialidad de la administración de justicia,
al advertir un presunto trato diferencial frente a las solicitudes de la parte ejecutante
(resueltas en días u horas) en contraste con los recursos interpuestos por las
entidades públicas, los cuales tardaban meses en ser tramitados, sugiriendo con ello
una vulneración de las garantías procesales de las partes involucradas.

Finalmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 15 de mayo
de 2026, resolvió la aludida solicitud de cambio de radicación del proceso ejecutivo y
ordenó su remisión a la Oficina Judicial de Reparto de Medellín, con el fin de que se
asigne a un nuevo despacho el conocimiento del asunto. De igual forma, dispuso el
cambio de radicación de los recursos y solicitudes que se encontraban en trámite en
el Tribunal Administrativo del Chocó, ordenando que fuesen asumidos por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en su calidad de superior jerárquico de los jueces
administrativos del circuito de Medellín.
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3. Argumentos de la tutela

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales invocados, en la medida en que, pese a ser víctima directa y hacer
parte de la población afectada, no integró el grupo inicial de demandantes.

Explicó que el tribunal accionado, mediante la providencia del 27 de abril de 2026,
incurrió en defecto sustantivo, defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.

Respecto al defecto sustantivo, indicó que, de conformidad con el inciso segundo del
artículo 53 de la Ley 472 de 1998, la solicitud de integración al grupo puede
presentarse sin necesidad de abogado.

Además, mencionó que el artículo 55 de la referida ley faculta a los miembros del
grupo para concurrir al proceso por sí mismos o por interpuesta persona. Agregó que,
pese a lo anterior, el tribunal exigió actuar a través de apoderado judicial en el auto
del 27 de abril de 2026, razón por la cual aplicó indebidamente las normas generales
del Código General del Proceso (CGP) e inaplicó la norma procesal especial. Sostuvo,
asimismo, que esta decisión constituye una vía de hecho por defecto sustantivo en
virtud del artículo 5 de la Ley 153 de 1887, toda vez que la norma especial prevalece
sobre la general.

En esa misma línea, explicó que se configuró un defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto al sacrificar el derecho sustancial frente a un formalismo, para
lo cual citó las sentencias T-268 de 2010 y T-737 de 2011.

Adujo que impedir la alegación de una nulidad insaneable por indebida notificación,
fundamentada en el numeral 8 del artículo 133 del CGP, con base en un requisito
ilegal, constituye un prevaricato por acción y una denegación estructural de justicia.

Frente al desconocimiento del precedente judicial, precisó que se omitió lo dispuesto
por la Corte Constitucional en las sentencias C-215 de 1999 y SU-611 de 2017, así
como en la providencia del Consejo de Estado con radicado 25000-23-26-000-2002-
01274-01, decisiones en las que se reconoció de forma reiterada la capacidad
procesal directa de los miembros del grupo.

Respecto a la violación directa de la Constitución, manifestó que se vulneraron los
artículos 13, 29, 209, 228 y 229 superiores.

Añadió que la exigencia de apoderado representa una barrera económica de acceso
a la administración de justicia para sujetos de especial protección constitucional, lo
cual, a su vez, habilita un posible detrimento patrimonial para el Estado.

En escrito adicional, alegó la configuración de un defecto orgánico al considerar que
la Secretaría del tribunal, al elaborar el extracto de la sentencia limitándolo a una sola
publicación, desconoció que, de conformidad con el artículo 285 del CGP, la decisión
no es revocable ni reformable.

Asimismo, indicó que no es posible tener por ejecutoriada la providencia que puso fin
a la acción de grupo -en observancia del artículo 302 del CGP-, en la medida en que,
al no haberse publicado la sentencia en debida forma y en los medios ordenados, no
se puede entender como legalmente notificada. Finalmente, afirmó que se incurrió en
un defecto fáctico, ya que resulta necesario tener en cuenta que el diario El Espectador
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no circula, no se distribuye ni tiene presencia material en el municipio, razón por la
cual la autoridad judicial desconoció la realidad material del departamento del Chocó.

4. Trámite previo

En auto del 8 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
negó la medida cautelar solicitada, ordenó notificar a las partes, al municipio de Río
Quito, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó,
a la Agencia Nacional de Minería, al Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo
Territorial y al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó en condición de terceros con
interés a quienes remitió copia de la demanda.

Contra la negativa de la medida cautelar se interpuso recurso de suplica y en
providencia del 16 de junio de 2026 se dispuso, entre otros, rechazar el recurso de
súplica al ser improcedente.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Chocó solicitó que se declare la improcedencia o,
subsidiariamente, se deniegue el amparo invocado. Como sustento de su petición,
explicó que el auto del 27 de abril de 2026 se limitó a declarar la falta de legitimación
en la causa de quienes promovieron el incidente de nulidad, en estricta aplicación del
artículo 49 de la Ley 472 de 1998 y del inciso tercero del artículo 135 del CGP,
disposiciones de las cuales se desprende la exigencia ineludible de actuar por
conducto de apoderado judicial.

Aseveró que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos sustantivo ni
procedimental reprochados, toda vez que no desconoció las reglas que rigen este tipo
de actuaciones, ni fundamentó su decisión en normas inexistentes, derogadas,
inconstitucionales o impertinentes que derivaran en una interpretación adversa a la
realidad jurídica. Al respecto, reiteró la premisa central del auto atacado, consistente
en que «quien invoque la declaratoria de nulidad debe encontrarse legitimado en la causa
por activa para proponerla; legitimación que se configura, cuando acude ante el juez de lo
contencioso administrativo a través de un abogado».

De otra parte, frente a los defectos por desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, advirtió que la solicitud de tutela carece de la carga
argumentativa suficiente para demostrarlos, pues la accionante no evidenció de qué
manera la corporación se apartó de los criterios auxiliares de interpretación o
transgredió los postulados de la Carta Magna.

En suma, concluyó que las razones esbozadas en el escrito introductorio resultan
insuficientes para estructurar alguna de las causales específicas de procedibilidad
alegadas. Afirmó que la decisión judicial se profirió dentro del margen de interpretación
razonable del juez natural y con irrestricto apego a los principios de legalidad,
autonomía judicial y supremacía constitucional.

6. Intervención de los terceros con interés

El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia e indicó que al momento de resolverla se deberá
tener en cuenta que la solicitud que a esta instancia se ventila ya ha sido planteada
por la parte demandante y por otro número significativo de personas, razón por la que
se está en presencia de cosa juzgada, respecto a las siguientes acciones de tutela:

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i) Tribunal Administrativo del Chocó, en el radicado No.
27001233300020260004800. Demandante: Alexandra Palacios Palacios.
Demandado: Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Vinculado: Agencia Nacional de Minería-Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado-Municipio de Río Quito-Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó)- Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ii) Tribunal Administrativo del Chocó, en los radicados No.
27001233300020250011400 – 27001233300020250011800. Demandante:
Alexandra Palacios Palacios. Demandado: Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Quibdó. Vinculado: Agencia Nacional de Minería-
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-Municipio de Río Quito-
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
(Codechocó)- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
iii) Tribunal Administrativo del Chocó, en los radicados No.
27001233300020250010800 –27001233300020250010900. Demandante:
José Ricael Palacios Cabrera y otro. Demandado: Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Vinculado: Agencia Nacional de
Minería-Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-Municipio de Río
Quito-Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó (Codechocó)- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, consejero Ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes, providencia
del 18 de junio de 2025, Acción de Tutela
Radicación:11001031500020250276300. Accionante: Hocraciano Lemos
Cabrera, contra la sentencia de tutela de 4 de mayo de 2025 proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro de la
acción de tutela con el número de radicación 11001031500020250055500.
v) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda
Subsección B Magistrada Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, providencia
de 04 de marzo de 2025, Referencia: Radicado:
11001031500020250055500. Accionantes: José Ricael Palacios Cabrera y
Hocraciano Lemos Cabrera. Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó
y Otros.
vi) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección A consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia de
12 de septiembre de 2024, Radicado: 11001031500020240432300.
Accionante: Ivonny Palacios Palacios Accionado: Tribunal Administrativo
del Chocó y otro Temas: Derechos de petición y debido proceso- Pretensión
de que se ordene tener a la accionante como integrante del grupo y
beneficiaria de la sentencia que ordenó indemnizaciones.

Manifestó que lo que se observa es que la parte accionante ha realizado diversas
actuaciones judiciales, en varias instancias, solo que los resultados han sido adversos
a sus pretensiones, por lo que, sobre este particular, resulta relevante que la Sala
verifique si en este caso, se presenta un abuso del derecho de litigar.

La Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio manifestó que no es la
entidad competente para ejercer algún tipo de acción frente a las consideraciones
expuestas en la providencia objeto de debate, motivo por el cual solicitó ser
desvinculado de la acción de tutela de la referencia.

Además, precisó que vista la providencia la acción sobre la cual se originó la solicitud
de amparo vinculó al Ministerio de Ambiente, que es una entidad diferente al Ministerio
de Vivienda desde el año 2011.
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El abogado José Dolores Palacios Córdoba, en calidad de abogado coordinador del
grupo actor, solicitó que se declare la improcedencia del amparo o, en su defecto, se
denieguen las pretensiones.

En primer lugar, argumentó que la acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, toda vez que contra el auto del 27 de abril de 2026 (que resolvió la
apelación frente al rechazo de la nulidad) se interpuso recurso de súplica, el cual se
encuentra actualmente en trámite.

Frente a los reparos de fondo, aseveró que la autoridad judicial no incurrió en los
defectos sustantivo ni procedimental absoluto alegados, pues la decisión atacada se
profirió en estricto apego a las normas procesales que rigen las nulidades y la acción
de grupo. Sobre el particular, precisó que la exigencia de actuar mediante apoderado
judicial es un mandato imperativo del artículo 49 de la Ley 472 de 1998. Añadió que
la accionante incurre en un error interpretativo al fundamentar su petición en el inciso
segundo del artículo 53 de la misma ley, dado que dicha norma regula la admisión,
notificación y traslado de la demanda, y no consagra la facultad de actuar en causa
propia para el trámite pretendido.

En relación con el presunto defecto procedimental por indebida notificación, explicó
que, contrario a lo afirmado en la solicitud de amparo, el numeral 4 del artículo 65 de
la referida ley ordena que el extracto de la sentencia estimatoria se publique por una
sola vez en un diario de amplia circulación nacional. En ese sentido, la publicación
realizada en el diario El Espectador cumplió a cabalidad con dicha exigencia procesal,
la cual, al ser de orden público y de obligatorio cumplimiento, no puede ser modificada
por el juez ni por las partes. Destacó que el legislador diseñó esta regla en el marco
de su libertad de configuración para equilibrar la necesidad de notificación pública con
el principio de seguridad jurídica, garantizando así la concurrencia oportuna de
quienes se consideraran lesionados.

De otra parte, manifestó que la verdadera pretensión de la parte actora es reabrir
etapas procesales ampliamente superadas para subsanar su propia incuria,
desconociendo que el proceso ordinario culminó en agosto de 2022 y actualmente se
encuentra en fase de ejecución, con una orden de seguir adelante debidamente
ejecutoriada. A su juicio, acceder a lo pretendido vulneraría los derechos al debido
proceso, a la seguridad jurídica, a la cosa juzgada y al acceso a la administración de
justicia de quienes sí demostraron un verdadero interés procesal.

Para sustentar lo anterior, expuso que los hoy solicitantes contaron con múltiples
oportunidades para concurrir al proceso -cuyo auto admisorio fue difundido en
periódicos regionales, emisoras locales y carteleras oficiales-, máxime cuando el
litigio, que cursó por más de diecisiete (17) años, tuvo una amplia notoriedad en la
región. Además, resaltó que, mediante el auto interlocutorio del 8 de marzo de 2023,
el juez de conocimiento ya tuvo por acreditada la condición de beneficiarios de la
sentencia, precluyendo la oportunidad para nuevas integraciones.

Finalmente, invocó la sentencia de unificación del 26 de septiembre de 2025 (radicado
2013-00045-01), la cual estableció que la legitimación en la causa por activa en las
acciones de grupo debe acreditarse durante el proceso ordinario (demostrando el
perjuicio individual derivado de condiciones uniformes para habilitar el análisis de
fondo) y no durante la etapa de ejecución de la sentencia, tal como lo pretende la
accionante.

La Agencia Nacional de Minería se opuso a la prosperidad de la presente acción,
pues lo que la demandante pretende es reabrir etapas procesales que se encuentran
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vencidas con suficiencia para, desdibujar su falta de diligencia y acogerse a una
indemnización en el marco de un proceso judicial que ha cursado por más de 17 años.

Advirtió que la parte demandante pretende desdibujar y pasar por alto los criterios
indispensables de procedencia de la acción de tutela para acceder a un trámite
preferente y sumario que no es procedente para someter a estudio jurídico una
controversia que exclusivamente tiene la virtualidad de debatirse en el escenario
propio de la acción de origen.

Señaló que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela procede contra acciones u omisiones de autoridades públicas, cuando las
mismas resulten violatorias de derechos fundamentales, siempre y cuando el afectado
no disponga de otro mecanismo judicial de defensa, a menos que se utilice para evitar
un perjuicio irremediable.

Este principio, conocido como el principio de subsidiariedad de la acción de tutela,
tiene por objeto evitar que los administrados utilicen la acción de tutela para ventilar
asuntos que, como ocurre en el presente caso, por su naturaleza deberían y podrían
ser resueltos en juicios ordinarios, ante jueces naturales, con el agotamiento de todas
las ritualidades procesales y el examen exhaustivo de todo el material probatorio
correspondiente.

Manifestó que no existe prueba de que los accionantes hubiesen acudido ante el juez
competente para solicitar la adherencia a la sentencia y, por ende, obtener la oportuna
indemnización.

Resulta conveniente que, a las puertas de recibir una indemnización, se acuda ante
el trámite preferente, sumario y exprés de la acción constitucional de tutela para
acceder a la indemnización de su presunta afectación, situación que resulta
completamente ajena a los fines de la acción que nos convoca, pues esta acción no
ha sido creada para desconocer el curso adecuado de cada medio de control o acción
para así vulnerar el derecho a la igualdad de los demás administrados.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Quibdó, mediante auto del 9 de octubre de 2025, dio estricto y
cabal cumplimiento a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional, sin que ello
implique vulneración alguna al derecho de defensa del accionante. Lo anterior, en la
medida en que la decisión sobre la adhesión de los interesados a la conformación del
grupo corresponde a una determinación de naturaleza jurídico-administrativa, que
debe sujetarse estrictamente a lo dispuesto en los artículos 65 y 72 de la Ley 472 de
1998, así como a las Resoluciones 1504 de 2020 y 2369 de 2023 del Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos (FDDIC).

Además, al revisar el asunto, indicó que los accionantes en sus pretensiones solicitan
declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la expedición del auto del
20 de marzo de 2026, y teniendo en cuenta que ha presentado los respectivos
recursos frente a las respectivas actuaciones, la tutela no puede reemplazar el
mecanismo principal, su procedencia dependerá de demostrar las situaciones que han
impedido el acceso efectivo a la justicia y están causando un perjuicio grave a los
afectados, que no se encuentra probado en los hechos de tutela.

Finalmente manifestó que en el caso objeto de debate hay lugar a declarar
improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez; sin embargo, no profundizó los argumentos respecto de
estos dos puntos.
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El municipio de Río Quito y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó no se pronunciaron frente a los hechos objeto de debate.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1.º establece: « Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, su procedencia es excepcional y se reconoce únicamente cuando se
advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
del 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los
derechos fundamentales invocados, por incurrir en defectos sustantivo, fáctico,
orgánico, procedimental y desconocimiento del precedente judicial en la providencia
del 27 de abril de 2026, en la cual se confirmó el auto del 9 de octubre de 2025 al
considerar que no había lugar a tramitar la nulidad solicitada por las demandantes por
no estar legitimados para ello además de que no acudieron al proceso de reparación
de perjuicios causados a un grupo de manera oportuna.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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cumple con el requisito general de subsidiariedad, toda vez que contra la referida
decisión se interpuso recurso de súplica el cual se encuentra pendiente de resolver.

Del requisito general de subsidiariedad

Dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el de subsidiariedad,
consistente en «(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (…)».

Dicho requisito consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la Ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada,
pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo,
pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa
la vulneración de derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019,
la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la
órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas
circunstancias que hacen procedente el amparo».

(iii) Caso concreto

La parte actora promovió la presente acción de tutela con el fin de que se dejara sin
efecto la providencia del 27 abril de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Chocó resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 9 de octubre
de 2025 con la finalidad de que se analizara la solicitud de nulidad basada en la
presunta indebida notificación de la sentencia por no haber publicado en 3 medios de
amplia circulación el extracto de la decisión.

En esa decisión el Tribunal estimó que no había lugar a acceder a lo solicitado por los
incidentantes en la medida en que para actuar en el marco de la acción de grupo era
necesario hacerlo por intermedio de apoderado judicial conforme con el artículo 49 de
la Ley 472 de 1998.

De igual forma, en dicha oportunidad la autoridad judicial aclaró que de conformidad
con el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 cuando se acogen las pretensiones de la
demanda en el marco de la acción de grupo, hay lugar a publicar el extracto de la
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Demandante: María Osiris Mosquera Palacios y Sandra Patricia Romaña Palacios

decisión por una sola vez en un medio de amplia circulación nacional dentro del mes
siguiente a la ejecutoria para que todos los interesados y lesionados que no
concurrieron al proceso se presenten dentro de los 20 días siguientes a la publicación
para reclamar la respectiva indemnización.

A juicio de la parte actora, el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, orgánico,
procedimental, fáctico y desconocimiento del precedente dado que había lugar a
estudiar la solicitud de nulidad porque se permite actuar en el marco de la acción de
grupo en nombre propio y también había lugar a declarar nula la notificación de la
sentencia en la medida en que no se cumplió con la publicación en los tres medios de
amplia circulación solo en El Espectador.

No obstante, en el presente caso, la Sala advierte que el recurso de amparo es
improcedente, porque no resulta pertinente la intervención del juez de tutela, ni
siquiera de manera excepcional, pues contra la providencia del 27 de abril de 2026,
que hoy cuestiona, la tutelante interpuso recurso de súplica.

En efecto, revisado el sistema de consulta de procesos SAMAI, se evidencia que el
30 de abril de 2026 el apoderado de las demandantes presentó recurso de súplica,
mediante el cual afirmó que el auto recurrido se limitó a reproducir los argumentos de
primera instancia sin pronunciarse de fondo de las distintas piezas procesales
aportadas.

En atención a que el Tribunal no se ha pronunciado sobre el recurso de súplica
presentado, el 4 de mayo de 2026 presentó un memorial de impulso procesal en el
que además solicitó se decrete medida cautelar tendiente a la suspensión del proceso
ejecutivo. No obstante, esa Corporación no ha emitido pronunciamiento sobre el
particular.

Luego, no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable, pues el asunto
sigue pendiente de resolución en virtud del recurso de súplica el cual, a la fecha de
presentación de la acción de tutela de la referencia, no ha sido resuelta y no se
observa una circunstancia excepcional que justifique la intervención del juez de tutela.

En este contexto, no se acreditan los elementos necesarios que permitan considerar
que la situación requiere una respuesta inmediata y urgente por parte del juez, pues
el proceso aún sigue su curso regular y las posibles afectaciones pueden ser resueltas
dentro del marco procesal ordinario.

De todo lo expuesto se desprende que la acción de tutela se utiliza de manera paralela
al proceso de la acción de grupo actualmente en curso, circunstancia que torna
improcedente el amparo constitucional, en atención a su carácter residual y
subsidiario. Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que los
presuntos yerros en que habría incurrido la autoridad judicial demandada han sido
planteados mediante los mecanismos propios de proceso ordinario, que se
encuentran pendientes de solución.

En ese orden, al margen del sentido de las decisiones adoptadas en el trámite judicial,
lo cierto es que se trata de un asunto que se encuentra en conocimiento del juez
natural, quien, en todo caso, tiene las facultades para adelantar los saneamientos a
que haya lugar en cualquier etapa del proceso.

Adicional a lo anterior, frente al argumento de la parte actora referente a una presunta
mora judicial por la falta de resolución del recurso de súplica, se debe precisar que el
proceso ha sido objeto de múltiples actuaciones procesales recientes. Entre ellas,
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destaca la solicitud de cambio de radicación formulada por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, a la cual accedió la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

En cumplimiento de dicha determinación superior, el tribunal accionado, mediante
providencia del 21 de mayo de 2026, ordenó remitir con prontitud el expediente físico
al Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó. Ello, con el propósito de que dicha
autoridad materializara el traslado procesal hacia la oficina de reparto de los Juzgados
Administrativos de Medellín. Por consiguiente, corresponderá a los nuevos jueces
competentes asumir el conocimiento del asunto y emitir el pronunciamiento respectivo
frente al recurso pendiente.

En suma, el presente caso no cumple con el requisito general de subsidiariedad,
porque existe otro medio en curso y no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la intervención del juez de tutela, por lo que la Sala
se abstendrá de hacer un pronunciamiento de fondo sobre los cargos invocados. En
consecuencia, declarará improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por las señoras María Osiris
Mosquera Palacios y Sandra Patricia Romaña Palacios contra el Tribunal
Administrativo del Chocó, acorde con las consideraciones expuestas.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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