Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02784-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02784-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02784-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
11 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02784-00
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02784-00
Accionantes: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
Accionados: Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de
Medellín y Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción
de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Relevancia constitucional. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Gloria Isabel
Montoya Cuartas y Zoraida Hernández Pedraza en contra del Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Gloria Isabel Cuartas Montoya y Zoraida Hernández Pedraza, en nombre propio,
promovieron acción de tutela1 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio, que consideraron vulnerados por i) el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Medellín con ocasión del auto del 3 de abril de 2025,
mediante el cual se les impuso una sanción consistente en multa de un (1) SMLMV
a cada una, debido a sus cargos de directora de la Unidad de Víctimas y directora
de reparación de la Unidad de Víctimas, respectivamente, en el marco del incidente
de desacato del fallo de tutela expedido en el radicado número 05001-33-33-035-
2024-00189-03; y ii) el Tribunal Administrativo de Antioquia al expedir la providencia
del 24 de abril de 2025, mediante el cual se resolvió el grado jurisdiccional de
consulta y se confirmó la sanción.
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 93EB588EC731D640 4C532D0C959B4FD1
6D96E0A3BBDF0235 5AA44090FA33238A
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02784-00
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
2. Hechos
2.1. Mediante sentencia del 2 de agosto de 2024 se concedió el amparo solicitado
dentro de la acción de tutela formulada por la señora Orfandi Milena Rua Orozco en
contra de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas-UARIV, en los siguientes términos:
“PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo Oral del Circuito de Medellín el 03 de julio de 2024, por las
razones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora
ORFANDI MILENA RUA OROZCO, por lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO. ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATECIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VICTIMAS – UARIV, que, dentro del término de los diez (10)
días siguientes, a partir de la notificación de este fallo, le brinde una respuesta
clara, de fondo y congruente al accionante, informándole un plazo aproximado
y el orden en el que podrá acceder a la indemnización administrativa, o por lo
menos señalarle la vigencia en la cual le será entregada la misma, eso, sin
vulnerar el derecho de igualdad frente a las demás víctimas que estén en las
mismas condiciones.”
2.2. El trámite incidental tuvo origen en la afirmación de la accionante sobre el
incumplimiento a la orden impartida en el proceso de acción de tutela y
anteriormente transcrita; asunto que había sido remitido al Tribunal Administrativo
de Antioquia en grado jurisdiccional de consulta, autoridad judicial que, mediante
auto del 27 de marzo de 2025, ordenó al juzgado de primera instancia rehacer el
trámite incidental ante la ausencia de individualización y vinculación correcta de los
sujetos sobre los cuales recaería la posible sanción.
2.3. El 28 de marzo de 2025 el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
de Medellín dictó auto de apertura del incidente de desacato en contra de Zoraida
Hernández Pedraza, en calidad de directora de reparación de la Unidad de Víctimas
y Gloria Cuartas Montoya en calidad de directora de la Unidad de Víctimas.
2.4. La UARIV allegó informe el 2 de abril de 2025 en el que indicó que el 14 de
marzo de 2025 la entidad le dio alcance a la comunicación inicial, explicándole a la
señora RUA OROZCO el resultado de la aplicación del Método Técnico de
Priorización 2024 sin que hubiere acreditado algún criterio de priorización para
acceder a la indemnización administrativa de forma priorizada, así mismo indicó que
puso en conocimiento de la respuesta a la petición a la incidentista, al correo
electrónico ruam9016@gmail.com.
Dentro del informe en mención, solicitó que se declare la imposibilidad de cumplir
con lo ordenado, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la
Resolución No, 01049 del 15 de marzo de 2019 y artículo 1° de la Resolución 582
de 2021. A su vez solicitó la desvinculación de la doctora Gloria Isabel Cuartas
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Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
Montoya por considerar que es Zoraida Hernández Pedraza es la encargada por ser
la directora técnica encargada de reparaciones y del tema del litigio.
2.5. Mediante providencia del 3 de abril de 2025 el juzgado decidió el incidente y
sancionó a cada una de las funcionarias con una multa equivalente a un (1) SMLMV.
2.6. La anterior decisión fue objeto del trámite de consulta ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, a través de auto del 24 de abril
de 2025 confirmó la decisión consultada.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
Las accionantes solicitaron al juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio. Por lo tanto, pidieron que:
“SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y/o al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA, inaplicar las sanciones impuestas el 03 de
abril de 2025 a las suscritas GLORIA ISABEL CUARTAS MONTOYA Directora
(E) General de la Unidad para las Víctimas y ZORAIDA HERNÁNDEZ
PEDRAZA Directora (E) Técnica de la Dirección de Reparaciones de la Unidad
para las Víctimas, consistente en multa de uno (1) SMMLV para cada una.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
ANTIOQUIA, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes
de inaplicación de las sanciones que fueran oportunamente presentadas por
parte de la Unidad para las Víctimas, considerando los argumentos expuestos
reiteradamente por las accionantes en el trámite de incidente de desacato, así
como las subreglas contenidas en la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206
de 2017 de la Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
ANTIOQUIA, que comunique a las autoridades encargadas de la ejecución de
las sanciones pecuniarias, que las mismas se han levantado con ocasión al
cumplimiento de la orden judicial de tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a
la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del
cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente
de desacato”2.
Como fundamento de sus pretensiones manifestaron que las autoridades
demandadas incurrieron en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.
2 Ibid.
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Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
Adujeron que se presentó un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente establecido en la SU- 034 de 2018 de la Corte Constitucional, que
señala expresamente las reglas jurisprudenciales para que el juez de tutela de
primera instancia module el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan
con el pago de una indemnización administrativa.
En cuanto al defecto fáctico afirmaron que existió una valoración defectuosa del
material probatorio allegado al proceso, ya que el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Medellín como también el Tribunal Administrativo de
Antioquia no analizaron de manera adecuada los escritos emitidos por la Unidad de
Víctimas, ni la resolución que resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria
del actor de la acción constitucional de la referencia.
Indicó que de las consideraciones expuestas por los operadores judiciales como de
sus decisiones, era posible colegir que el estudio de estos documentos se efectuó
de una manera arbitraria, irracional y caprichosa, pues sin razón alguna se dio por
probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, lo que permite inferir que no
se tuvieron en cuenta las explicaciones jurídicas expuestas en distintas
oportunidades en relación con el debido proceso administrativo frente a la
Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimiento para la entrega de
la indemnización administrativa y en relación con el derecho a la igualdad de las
demás víctimas dentro del marco de esta entrega.
Respecto al desconocimiento del precedente constitucional, explicó que este se
presenta, entre otras, cuando la Corte Constitucional determina el alcance de un
derecho fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a
la Carta Política y, luego, el juez ordinario resuelve un caso que limita
sustancialmente dicho alcance, apartándose de la interpretación fijada por el órgano
de cierre de la jurisdicción constitucional.
4. Trámite de tutela e intervenciones
El despacho de la magistrada ponente, con auto del 30 de mayo de 20253, admitió
la solicitud de amparo, vinculó como terceros con interés a Orfandi Milena Rua
Orozco y a quienes participaron dentro de la acción de tutela identificada con el
radicado número 05001-33-33-035-2024-00189-00/01/02/03; y negó la medida
provisional solicitada por las accionantes; además, ordenó la notificación a las
partes y suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibió el siguiente informe:
4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia explicó que fue de conocimiento del
Despacho 007 del mismo tribunal el proceso identificado con radicado 05001-33-
33-035-2024-00189-03 en grado jurisdiccional de consulta y en el cual se profirió
3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado CD71550159064A94 F805D89B0B2C6CE1
BA1C20C8A67BC6C3 E8677C42284CAF2D.
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Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
auto el 24 de abril de 2025, que confirmó la sanción impuesta por el juez de primera
instancia de conformidad con las razones expuestas en la providencia en mención.
Señaló que el expediente de tutela se encuentra a cargo del Juzgado Treinta y Cinco
del Circuito de Medellín, según da cuenta el sistema de gestión judicial-SAMAI,
índice 0009, con la actuación denominada “DEVOLUCIÓN AL JUZGADO DE
ORIGEN”, por lo que le corresponde a dicha autoridad remitir la integridad del
expediente al trámite constitucional.
4.2. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín adujo
que no existía vulneración alguna por parte de ese despacho, en el sentido que “las
decisiones que causan el malestar de las accionantes, dan cuenta del aun
incumplimiento de la orden proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia” 4.
4.3. Orfandi Milena Rua Orozco allegó escrito de contestación y expuso que, a
pesar de su condición de madre cabeza de familia, la UARIV no le ha brindado una
respuesta de fondo en la que le informe un plazo aproximado y el orden en el que
podrá acceder a la indemnización administrativa.
Puso de presente que la Corte Constitucional ha sostenido que, de acuerdo con el
régimen jurídico del recurso de amparo constitucional, “es claro que las órdenes
contenidas en las decisiones de tutela, dirigidas a la protección de los derechos,
tienen que acatarse y cumplirse sin excepción”.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Gloria Isabel Montoya Cuartas y Zoraida Hernández Pedraza son las titulares de las
garantías constitucionales que afirman fueron vulneradas en su condición de
sancionadas dentro del incidente de desacato con radicado número 05001-33-33-
035-2024-00189-03.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva, debido a que
el Tribunal Administrativo de Antioquia fue la autoridad que profirió la decisión que,
según la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.
4 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado C397A966F3177AC5 008E0AC2050EB9C9
FAA7F9B3CC08FE23 EAB668F8FA57AF6A.
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Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis únicamente al auto
del 24 de abril de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
cuanto fue la providencia que resolvió la consulta y puso fin al trámite incidental.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20055 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela6 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 7.
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
7 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”8.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”9.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar
la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
9 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto10.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por falta de exposición suficiente de hechos y argumentos,
por las razones que se exponen a continuación:
5.1. En el caso concreto, la parte actora cuestiona la decisión emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque incurrió, por un lado, en desconocimiento del
precedente establecido en la SU- 034 de 2018 de la Corte Constitucional, que
señala expresamente las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de
primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en especial los que se
relacionan con el pago de indemnización administrativa.
Por otro lado, indicó que se presentó un defecto fáctico por la valoración defectuosa
del material probatorio allegado al proceso, ya que las autoridades demandadas no
analizaron de manera adecuada los escritos emitidos por la Unidad para las
Víctimas, ni la resolución que resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria
de Orfandi Milena Rua Orozco. Por último, indicó que, de las consideraciones
expuestas por los operadores judiciales como fundamento de sus decisiones, era
posible colegir que el estudio de estos documentos se efectuó de una manera
arbitraria, irracional y caprichosa, pues sin razón alguna se dio por probado el hecho
del incumplimiento de la sentencia de tutela.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, se advierte que, en el auto del 24 de abril de 2025, por
10 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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medio del cual se confirmó la decisión consultada, se arribó a las siguientes
conclusiones:
“En el trámite de consulta, la UARIV allegó memorial a través del cual, reitero
los argumentos expuestos dentro del trámite incidental, además expuso que
mediante alcance a la respuesta al derecho de petición LEX 8133417 se le
informó a la interesada la aplicación del método técnico de priorización 2024 y
la imposibilidad de informar una fecha de pago.
También afirmó haber emitido un alcance a la respuesta al derecho de petición
con código LEX 8474635 del 14 de marzo de 2025, informando los resultados
de la aplicación del método técnico de priorización 2024, en donde no se logró
acreditar algún criterio de priorización.
Analizado lo anterior, se advierte que la UARIV emitió respuesta a la
incidentante, sin embargo, no indicó un plazo razonable dentro del cual se le
hará el pago de la indemnización administrativa, por no tener certeza de que la
mismo cumpla o no con las características para ser priorizada, aún al
encontrarse notificada la accionante, no se halla satisfecho el derecho de
petición configurándose así un incumplimiento” 11.
En este contexto, explicó que la entidad accionada, contra quien se adelantó el
incidente de desacato, ha omitido el cumplimiento de la orden judicial impartida,
esto es, “por razones de transparencia, valorar la situación del accionante en
vigencia del 2024 y 2025 conforme los criterios de priorización contenidos en el
artículo 4º de la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019, y en caso de ser
priorizado o no, la entidad deberá informarle un plazo aproximado y el orden o turno
en el que podrá acceder a la indemnización administrativa, con lo anterior se
deduce con claridad que persiste la vulneración, toda vez que la entidad ha
excediendo los términos fijados por esta Corporación para su cumplimiento
efectivo”12.
Adicionalmente, el tribunal accionado indicó en la decisión censurada que:
“Sobre la naturaleza del incidente de desacato, la H. Corte Constitucional, se
ha pronunciado, indicando: “El desacato consiste en incumplir cualquier orden
proferida por el juez con base en las facultades que se le otorgan dentro del
trámite de la acción de tutela y con ocasión de la misma (…) La facultad del juez
de imponer la sanción por el incumplimiento de tal orden debe entenderse
inmersa dentro del contexto de sus poderes disciplinarios, asimilables a los que
le concedidos al juez civil el numeral 2 del artículo 39 del Código de
Procedimiento Civil”13”14
Se advierte entonces que el tribunal accionado explicó los motivos por los cuales
era procedente sancionar por desacato a Gloria Isabel Montoya Cuartas y Zoraida
11 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado 762C684FDFF3D01C 6AA13AF2087E10F0
84DA762098809831 B1875B4EAB163171.
12 Ibid.
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-243 de 1996.
14 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado 762C684FDFF3D01C 6AA13AF2087E10F0
84DA762098809831 B1875B4EAB163171.
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Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
Hernández Pedraza, máxime si no se demostró el cumplimiento de la orden de
tutela.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
No obstante, lo que sí se observa es que la accionante se relevó de exponer sus
reparos constitucionales en función de los defectos, lo que a todas luces demuestra
que su discrepancia se limita a un asunto de mera legalidad, sin que exista el menor
esfuerzo en demostrar la vulneración de una garantía fundamental.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino que, para entender como acreditado el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la
tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir
tal vulneración15.
5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada,
así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el
debate surtido en el trámite del proceso primigenio.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del incidente de
desacato, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio
desarrollados en el marco de este sin esbozar las razones concretas por las cuales
los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia
atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión
censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
las garantías fundamentales alegadas por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
15 Sentencia SU215 de 2022.
10
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02784-00
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada16, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario17.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Gloria Isabel Montoya Cuartas y Zoraida Hernández Pedraza en contra del Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y del Tribunal Administrativo
de Antioquia, por no superar el requisito de relevancia constitucional de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
16 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
17 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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