RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02784-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02784-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02784-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 11 de julio de 2025 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de las accionantes. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las providencias de 3 y 24 de abril de 2025, proferidas por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del trámite del incidente de desacato adelantado en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03. TERCERO: INSTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV para que continúe aplicando anualmente el método técnico de priorización, con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida a la señora Orfandi Milena Rúa Orozco. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02784-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionantes: GLORIA ISABEL CUARTAS MONTOYA Y OTRA
Accionado: JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA

Tesis: Se amparan los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo
de tutela proferido el 11 de julio de 2025 por la Subsección C, Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Las señoras Gloria Isabel Cuartas Montoya y Zoraida Hernández Pedraza
interpusieron acción de tutela en contra de las providencias dictadas el 3 y 24 de
abril de 2025 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín
y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, en el trámite del
incidente de desacato adelantado en la acción de tutela identificada con el radicado
nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03, y para ello, formularon las siguientes
pretensiones1:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de los
suscritos.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y
CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y/o al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA, inaplicar las sanciones
impuestas el 03 de abril de 2025 a las suscritas GLORIA ISABEL
CUARTAS MONTOYA Directora (E) General de la Unidad para las Víctimas

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02784 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

y ZORAIDA HERNÁNDEZ PEDRAZA Directora (E) Técnica de la Dirección
de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas, consistente en multa de
uno (1) SMMLV para cada una. Confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA mediante auto del 24 de abril de 2025.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA, proferir una nueva decisión que estudie de
fondo las solicitudes de inaplicación de las sanciones que fueran
oportunamente presentadas por parte de la Unidad para las Víctimas,
considerando los argumentos expuestos reiteradamente por las accionantes
en el trámite de incidente de desacato, así como las subreglas contenidas
en la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA, que comunique a las autoridades
encargadas de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las mismas
se han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción,
previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza
persuasiva del incidente de desacato […]” (Mayúsculas, negrillas y
subrayado original del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Las accionantes informaron que, la señora Orfandi Milena Rúa Orozco promovió
acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, con el fin que se le ampararan sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, dignidad humana.

La tutela correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito de Medellín que, mediante fallo de tutela del 3 de julio de 2024, negó la
solicitud de amparo deprecada al considerar que se había configurado la carencia
actual de objeto.

Inconforme con la decisión anterior, la señora Rúa Orozco la impugnó y la Sala
Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 2
de agosto de 2024 la revocó y, en su lugar, amparó el derecho fundamental de
petición de la señora Orfandi Milena Rúa Orozco y ordenó a la UARIV que “(…) le
brinde una respuesta clara, de fondo y congruente al accionante, informándole un
plazo aproximado y el orden en el que podrá acceder a la indemnización
administrativa, o por lo menos señalarle la vigencia en la cual le será entregada la

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

misma, eso, sin vulnerar el derecho de igualdad frente a las demás víctimas que
estén en las mismas condiciones (…)”2.

Manifestaron que, mediante escrito radicado el 5 de agosto de 2024, la UARIV
comunicó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín la
imposibilidad jurídica de cumplir el fallo de tutela de otorgarle una fecha cierta de
pago a la señora Rúa Orozco, debido a que no se evidenciaba una situación de
priorización aplicable a su caso, por lo que la entidad debía respetar lo dispuesto en
la Resolución Nro. 1049 de 2019.

Señalaron que la señora Orfandi Milena Rúa Orozco promovió incidente de
desacato y que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín,
por auto del 3 de abril de 2025 las sancionó con multa de 1 salario mínimo mensual
legal vigente a cada una.

Relataron que el 5 de abril de 2025, la UARIV radicó escrito ante el Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia en el que “se informó a las unidades judiciales, que la Entidad no
desconoce los derechos de la víctima ORFANDI MILENA RUA OROZCO, por el
contrario, reconoció el derecho que tiene de ser indemnizado, sin embargo, la
Unidad ha manifestado en varias escenarios su imposibilidad de indemnizar a todas
las víctimas en un mismo momento, por lo que a través de la Resolución 1049 de
2019, además de los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad,
adoptó el MTP, para la atención de otras víctimas que no cuentan con los referidos
criterios, como es el caso que nos ocupa, pero que son titulares del derecho a la
reparación económica. Por lo anterior, se indico (sic) que de la aplicación del MTP
en la vigencia del año 2024, no fue favorable la entrega de la medida, teniendo en
cuenta el puntaje obtenido frente al puntaje mínimo que se debe tener para dicha
solicitud. Asimismo, se itero (sic) a las unidades judiciales la imposibilidad del
cumplimiento al fallo de tutela en los términos dictados, como también como era
viable la modulación al fallo de tutela atendiendo los derroteros jurídicos aplicables
al caso en concreto”3.

Anotaron que, por auto del 24 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción
impuesta por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín.

Expusieron que, el 25 de abril de 2025, solicitaron la modulación del fallo de tutela
y la inaplicación de la sanción impuesta, sin embargo, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Medellín, por auto del 29 de abril de 2025, negó dicha
solicitud.

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02784 00.
3 Ibidem.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

Explicaron que, “(…) para el caso de ORFANDI MILENA RUA OROZCO, en la
vigencia de los años 2022, 2023 y 2024, la Unidad para las Víctimas aplicó el MTP,
herramienta técnica utilizada por la Entidad con el propósito de determinar de
manera proporcional al presupuesto asignado a la Unidad, el orden de entrega de
la indemnización reconocida a favor del actor (sic)”4.

Al respecto, resaltaron que los resultados obtenidos fueron los siguientes: (i) para
el año 2022, el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización fue de
46.6053, y el puntaje obtenido por la señora Rúa Orozco fue de 32.0598; (ii) para el
año 2023, el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización fue de
38.9898 y el puntaje obtenido por la señora Rúa Orozco fue de 29.15119; (iii) para
el año 2024, el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización fue de
40.6326 y el puntaje obtenido por la señora Rúa Orozco fue de 33.84152.

En ese sentido, aseguraron que “de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019, a la Unidad para la (sic)
Víctimas le es imposible otorgar una fecha de pago. Pues, en el caso particular de
ORFANDI MILENA RUA OROZCO el resultado de la aplicación del Método sí bien
permitió determinar un orden, éste no se ubicó dentro del universo de víctimas que
accederán a la indemnización administrativa conforme la disponibilidad
presupuestal asignada a la Entidad para el año 2024”5.

Adujeron que “a la fecha de la presente acción, la señora ORFANDI MILENA RUA
OROZCO no ha acreditado criterio de priorización e (sic) conformidad con lo
descrito en líneas anteriores, la Unidad procederá a aplicarle el MTP en la vigencia
del año 2025, con el fin de determinar la priorización para el desembolso de su
indemnización administrativa. Es importante indicar que, en ningún caso, el
resultado obtenido en una vigencia será acumulado para el siguiente año”6.

Indicaron que “como también se le mencionó al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA en distintas oportunidades dentro del proceso de
la acción constitucional, si bien los derechos fundamentales de las víctimas deben
ser garantizados de manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a la tarea de
indemnizar a millones de personas, es factible plantear estrategias de reparación
en plazos razonables y atendiendo a los criterios de priorización previamente
establecidos. A esta conclusión se debe agregar que, el sistema de priorización
implementado se alinea con el interés público y social, pues mantiene coherencia
con el alcance de la sostenibilidad fiscal, la cual fue abordada por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-753 de 2013, donde se reconoce como un
instrumento orientador de la política de víctimas para el reconocimiento progresivo
de la indemnización administrativa. Con fundamento en estos presupuestos, surge
para la Entidad la imposibilidad de informar un monto, fecha, plazo o turno probable

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

de pago de la indemnización de ORFANDI MILENA RUA OROZCO reconocida
mediante la Resolución Nro. 04102019-1159162 del 22 de abril de 2021, toda vez
que debe ser respetuosa del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de
2019 y del debido proceso administrativo de todas las víctimas del conflicto
armado”7.

En el acápite del escrito de tutela denominado “ACCIÓN DE TUTELA -
PROCEDIBILIDAD”, aseveraron que su solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedencia, comoquiera que (i) “el asunto reviste
relevancia constitucional, en la medida que la decisión del juez de tutela de primera
instancia y de segunda, desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
especial la T-025 de 2004 y los autos de seguimiento en concreto el Auto 206 de
2017 que estable la creación de un procedimiento para el pago de indemnizaciones
y su desconocimiento generaría un riesgo jurídico y una inseguridad del sistema,
pues si existen unas reglas claras para el pago, por qué desconocerlas y utilizar la
acción de tutela para desconocer los turnos y la prioridad de pagos que tiene el
universo de víctimas. Adicional, la decisión del juez de tutela de sancionar por
desacato genera un inminente riesgo de los derechos fundamentales invocados,
pues las ordenes de multa continúan vigentes”8; (ii) agotaron los mecanismos
judiciales a su alcance, por lo que no existe recurso adicional en contra de las
providencias acusadas; (iii) cumplen con el requisito de inmediatez, debido a que
los autos cuestionados se profirieron el 3 y 24 de abril de 2025 y la acción de tutela
fue presentada el 9 de mayo de 2025; (iv) relataron los hechos que, según estiman,
generan la vulneración de sus derechos fundamentales; y (v) no se controvierte un
fallo de tutela.

Respecto a las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela,
alegaron que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU 034 de 2018 de la
Corte Constitucional que señala las reglas jurisprudenciales para que los jueces de
tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en especial las que se
relacionan con el pago de indemnización administrativa.

Argumentaron que también se incurrió en defecto fáctico por valoración defectuosa
del material probatorio allegado al proceso debido a que las autoridades judiciales
accionadas, no valoraron de manera adecuada los escritos presentados por la
UARIV ni la Resolución que resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria
de la señora Rúa Orozco.

Agregaron que “[d]e las consideraciones expuestas por los operadores judiciales
como de sus decisiones, se concluye que el estudio de estos documentos se efectuó
de una manera arbitraria, irracional y caprichosa, pues sin ninguna razón justificada
se dio por probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, lo que permite inferir

7 Ibidem.
8 Ibidem.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

que, no se tuvieron en cuenta las explicaciones jurídicas expuestas en distintas
oportunidades en relación con el debido proceso administrativo frente a la
Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimiento para la entrega de
la indemnización administrativa y en relación con el derecho a la igualdad de las
demás víctimas dentro del marco de esta entrega”9.

Adicionalmente, afirmaron que se presentó una violación directa de la Constitución,
pues las decisiones de las autoridades judiciales accionadas afectan los principios
constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la
confianza legítima en el sistema judicial y la buena fe, al desconocer lo previsto en
el auto 206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento de inmunización
administrativa establecido por la Resolución nro. 01049 de 2019.

A su turno, advirtieron que “(…) la imposibilidad para indicar una fecha de pago de
la indemnización administrativa se encuentra sustentada en una condición
excepcional que valida la imposibilidad material consistente en que, como lo señala
el marco normativo, la entrega de las medidas de reparación, atención y asistencia,
deben cumplir los principios de progresividad, gradualidad, y sostenibilidad fiscal,
por cuanto no es viable jurídicamente, ni materialmente indemnizar a todas las
víctimas al mismo tiempo (…)”10.

Conforme lo anterior, explicaron que “(…) el Método Técnico de Priorización es la
herramienta que determina el orden de pago de las personas que no se enmarcan
en las situaciones del artículo 4° de la resolución 1049 de 2019, pero que, según el
resultado de la evaluación de otros factores técnicos, se debe pagar su
indemnización administrativa primero que a otras. Para este efecto, la Unidad
depende de un presupuesto anual, que se distribuye en las personas que sean
priorizadas por el artículo 4° de la resolución 1049 y las que salgan favorables luego
de la aplicación del MTP; luego, no hay manera de saber la cantidad de víctimas
que serán priorizadas para pago, por ende, no es posible ni responsable asignar
una fecha de pago, además, cuando no es seguro si financieramente la Unidad
pueda asumir dicho pago (…)”11.

Posteriormente, en el acápite del escrito de tutela denominado “PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DE LA SANCIÓN CONFORME A
JURISPRUDENCIA APLICABLE”, las accionantes señalaron que la presente
solicitud de amparo es jurídicamente viable y aclararon que no se trata de la
reiteración de una situación ya resuelte.

Al respecto citaron, entre otras, las siguientes providencias:

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

(i) Sentencia del 9 de agosto de 2024 dictada por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 03 15 000
2024 02001 00/01.

(ii) Sentencia del 13 de febrero de 2024 dictada por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, identificada como STP 1799 2024 radicado nro.
133518.

(iii) Sentencia del 30 de agosto de 2023 dictada por la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, identificada como STC 8706 2023
radicado nro. 11001 02 03 000 2023 03185 00.

(iv) Sentencia del 31 de mayo de 2023 dictada por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, identificada como STL 6606 2023 radicado nro.
70648.

(v) Sentencia del 20 de mayo de 2022 dictada por la Subsección A, Sección Tercera
del Consejo de Estado, identificada con el radicado nro. 11001 03 15 000 2022
02006 00.

(vi) Sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 03 15 000
2020 04776 00.

Finalmente, arguyeron que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y patrimonio, debido a que, “a pesar de haberse demostrado plenamente
que se han gestionado las actuaciones positivas pertinentes para acreditar el
cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de conformidad con el precedente
de la Corte Constitucional y del procedimiento administrativo, no acceden a las
solicitudes de modulación al fallo de tutela e inaplicación de sanción presentada
desde la Unidad para las Víctimas”12.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 9 de mayo de 202513 y fue asignada por reparto a la
Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado que, por auto del 30 de mayo

12 Ibidem.
13 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 02784 00.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

de 202514 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar15 al
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y al Tribunal
Administrativo de Antioquia, como parte accionada; así como vincular16 a la señora
Orfandi Milena Rúa Orozco, como tercero interesado en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, para que allegaran el
expediente con radicado nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03, el cual fue
remitido17.

3.2. El magistrado titular del despacho 007 del Tribunal Administrativo de Antioquia
allegó escrito18 en el que indicó que los fundamentos de la confirmación de la
sanción impuesta por el juez de primera instancia se encuentran desarrollados en
la providencia del 24 de abril de 2025.

3.3. La titular del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín,
rindió informe19 en el que explicó que “las sanciones por desacato objeto de la
presente, devienen del trámite adelantado bajo el radicado 05001 33 33 035 2024
00189 00; dentro del cual, fue dictada sentencia de primera instancia el pasado 3
de julio de 2024 (archivo No. 007), denegatoria del amparo deprecado. No obstante,
tras surtirse el trámite de segunda instancia, en providencia del 2 de agosto de 2024
(archivo No. 015), el Tribunal Administrativo de Antioquia, revocó el fallo,
concediendo el amparo deprecado”.

En ese sentido, anotó que “no existe a mi juicio, vulneración alguna por parte de
este Despacho, máxime cuando las decisiones que causan el malestar de las
accionantes dan cuenta del aun incumplimiento de la orden proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia”.

3.4. La señora Orfandi Milena Rúa Orozco presentó escrito20 en el que solicitó que
se nieguen las pretensiones de las accionantes y, en consecuencia, siga en firme la
sanción impuesta hasta que se dé cumplimiento al fallo de tutela dictado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

14 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 02784 00.
15 Esta orden se cumplió el 4 de junio de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02784 00.
16 Esta orden se cumplió el 12 de junio de 2025. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02784 00.
17 Visto en los índices 10 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02784 00.
18 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 02784 00.
19 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 02784 00.
20 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 02784 00.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

Manifestó que “(…) es reprochable e inconcebible que a la luz del derecho nacional
no se cumpla con los fallos de tutela; donde está la seguridad jurídica y la tutela
efectiva que protege los derechos fundamentales de la población desplazada, (…)
y en mi caso y en el caso de muchas víctimas viene sucediendo lo mismo
vulnerando nuestros derechos al debido proceso y con todo el respeto honorables
magistrados del consejo de estado, ustedes como máxima autoridad administrativa,
no se deben de prestar para estas solicitudes de la unidad de víctimas ya que si
seguimos así se perdería la seguridad jurídica y en el caso más relevante de las
víctimas del conflicto armado, ya que las acciones de tutela son el medio más eficaz
para que se amparen los derechos fundamentales de esta población y se debe de
dar cumplimiento a los fallos de tutela (…)”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 11 de
julio de 202521 declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional ante “[la] falta de exposición
suficiente de hechos y argumentos”.

Para ello, citó apartes del auto del 24 de abril de 2025 acusado y expuso que el
tribunal accionado explicó los motivos por los cuales era procedente sancionar por
desacato a las accionantes, máxime si no se había demostrado el cumplimiento de
la orden de tutela.

En ese sentido, adujo que “el debate planteado en este caso fue adecuadamente
examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya
sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos
normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte
actora durante el desarrollo del proceso ordinario.”

Agregó que “la accionante se relevó de exponer sus reparos constitucionales en
función de los defectos, lo que a todas luces demuestra que su discrepancia se
limita a un asunto de mera legalidad, sin que exista el menor esfuerzo en demostrar
la vulneración de una garantía fundamental”.

Resaltó que, “en relación con la carga argumentativa y explicativa que se encuentra
en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos fundamentales, sino que, para
entender como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter
desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe

21 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 02784 00.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración”.

Expuso que “para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio”.

Arguyó que “la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el
debate surtido en el trámite del incidente de desacato, toda vez que reitera
argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de este sin
esbozar las razones concretas por las cuales los derechos fundamentales
invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita
del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el
principio de autonomía judicial”.

Precisó que “la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional, para
evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de las garantías
fundamentales alegadas por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso
como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, las accionantes presentaron escrito
de impugnación22 en el que, inicialmente, reiteraron lo planteado en el escrito de
tutela y, posteriormente, señalaron lo siguiente:

“[…] 3. DE LAS ACCIONES DESPLEGADAS RESPECTO DE LO
ORDENADO EN EL FALLO DE TUTELA

(…) las suscritas, en nuestro ejercicio como funcionarias en su momento de
la UARIV, actuamos en estricto apego a los principios del debido proceso
administrativo y la legalidad en la entidad a la que representamos. En todo
caso, desvirtuamos la responsabilidad subjetiva que nos imputan las
autoridades judiciales accionadas (…).

4. CON RELACIÓN A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA
IMPUGNACIÓN

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
proferidas con ocasión del incidente de desacato, la Corte Constitucional ha
señalado que resulta procedente siempre y cuando se demuestre que se

22 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 02784 00.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

cumplen los requisitos generales de procedencia y que la autoridad judicial
accionada haya incurrido, por lo menos, en un defecto específico (orgánico,
sustancial, fáctico, por desconocimiento del precedente, violación directa de
la Constitución). En esta oportunidad, se cumplen los requisitos generales,
dado que:

a. El asunto reviste relevancia constitucional, en la medida que la decisión del
juez de tutela de primera instancia y de segunda, desconocen la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en especial la T- 025 de 2004 y los
autos de seguimiento en concreto el Auto 206 de 2017 que estable la creación
de un procedimiento para el pago de indemnizaciones y su desconocimiento
generaría un riesgo jurídico y una inseguridad del sistema, pues si existen
unas reglas claras para el pago, por qué desconocerlas y utilizar la acción de
tutela para desconocer los turnos y la prioridad de pagos que tiene el universo
de víctimas. Adicional, la decisión del juez de tutela de sancionar por
desacato, genera un inminente riesgo de los derechos fundamentales
invocados, pues la orden de multa para la suscrita, aun cuando realizadas las
actuaciones pertinentes a fin de acreditar el cumplimiento del fallo.

(…)

En tal sentido, si es clara la relevancia constitucional, puesto que la Unidad
para las Víctimas, había realizado todas sus actuaciones dentro del marco del
debido proceso y de legalidad. Iterando que distintas oportunidades a las
unidades judiciales aquí accionadas, se les informó el procedimiento para el
pago de la indemnización administrativa, y la aplicación en el caso en
concreto de la señora ORFANDI MILENA RUA OROZCO quién para el
momento de los hechos, no contaba con ningún criterio de priorización y había
sido reconocida su medida de indemnización administrativa condicionada a
los resultados de la aplicación del método técnico de priorización.

Situación armónica, con la imposibilidad para indicar una fecha de la
indemnización administrativa dentro del término establecido en el fallo de
tutela, puesto que la entrega de las medidas de reparación, atención y
asistencia, deben cumplir los principios de progresividad, gradualidad, y
sostenibilidad fiscal, por cuanto no es viable jurídicamente, ni materialmente
indemnizar a todas las víctimas sin surtir las debidas etapas administrativas
para tal fin.

(…)

Suma de lo anterior, se describen los siguientes puntos para demostrar que
sí se cumple el requisito de relevancia constitucional:

(i) Desconocimiento del precedente constitucional (SU-034 de 2018)

El Tribunal Administrativo de Antioquia no aplicó adecuadamente las reglas
jurisprudenciales establecidas en la SU-034 de 2018, que señalan que los
jueces deben modular el cumplimiento de los fallos de tutela, especialmente
en casos relacionados con indemnizaciones administrativas. Este
desconocimiento afecta directamente el derecho fundamental al debido
proceso, ya que las accionantes no tuvieron una valoración adecuada de sus
argumentos en el marco del incidente de desacato.

(ii) Defecto fáctico en la valoración probatoria

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

El Tribunal no analizó de manera exhaustiva los documentos y argumentos
presentados por la Unidad para las Víctimas, lo que constituye un defecto
fáctico. Este defecto vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, ya que las pruebas aportadas no fueron debidamente consideradas,
y se dio por probado el incumplimiento de la sentencia de tutela de manera
arbitraria.

(iii) Afectación desproporcionada de derechos fundamentales

La imposición de una sanción económica (un salario mínimo mensual legal
vigente) sin un análisis adecuado de las pruebas y argumentos presentados
genera una afectación desproporcionada a los derechos fundamentales de
las accionantes, como el buen nombre, el patrimonio y el debido proceso.
Esto trasciende el ámbito de la mera legalidad y tiene un impacto directo en
sus garantías constitucionales.

(iv) Impacto en el interés público

El caso no solo afecta a las accionantes, sino que también tiene implicaciones
para la administración pública, ya que involucra a la Unidad para las Víctimas,
una entidad encargada de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto
armado. La falta de claridad en la aplicación de las reglas de priorización y el
incumplimiento de los precedentes constitucionales pueden generar
incertidumbre en la gestión de los derechos de las víctimas, lo que afecta el
interés público.

(v) Carácter arbitrario de la decisión judicial

La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia no solo se limita a un
análisis legal, sino que también desconoce principios constitucionales
fundamentales, como la proporcionalidad y la razonabilidad. Esto constituye
una vulneración directa de la Constitución, ya que las decisiones judiciales
deben estar alineadas con los derechos fundamentales y los precedentes
establecidos por la Corte Constitucional.

(vi) Carga argumentativa cumplida por las accionantes

Las accionantes expusieron de manera razonable los defectos sustantivos y
fácticos en los que incurrieron las decisiones judiciales. Alegaron que el
Tribunal desconoció el precedente constitucional y no valoró adecuadamente
las pruebas, lo que demuestra que su solicitud de amparo tiene una base
constitucional y no se limita a una discusión de mera legalidad.

El caso tiene relevancia constitucional porque involucra la protección de
derechos fundamentales como el debido proceso, el buen nombre y el
patrimonio, además de la correcta aplicación de precedentes
constitucionales. La acción de tutela no busca ser una instancia adicional,
sino garantizar que las decisiones judiciales respeten los derechos
fundamentales y los principios establecidos en la Constitución. Por lo tanto, el
juez constitucional debe intervenir para corregir las vulneraciones evidentes
en este caso […]”. (Mayúsculas y negrilla originales del escrito de
impugnación).

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

5.2. Por auto del 10 de septiembre de 2025 se concedió la impugnación23 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 22 de septiembre de 202524.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad
con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 25,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de
201526, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 27, así
como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201928, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de
2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución
de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente29:

6.2.1. La señora Orfandi Milena Rúa Orozco, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales de petición, reparación integral de las víctimas del conflicto armado,
debido proceso administrativo, igualdad y dignidad humana.

6.2.2. La acción de tutela fue asignada al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
del Circuito de Medellín que, en sentencia del 3 de julio de 2024 negó el amparo

23 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 02784 00.
24 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 02784 01.
25 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente

la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá
solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes
a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo
cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
26 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
27 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela".
28 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado

el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
29 Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de tutela identificada con el

radicado nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03. Visto en los índices 10 y 14 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02784 00.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

solicitado al considerar que se había configurado la carencia actual de objeto por
hecho superado.

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la señora Rúa Orozco la impugnó y la
Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia del 2 de agosto de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín el 03 de julio de 2024, por
las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora
ORFANDI MILENA RUA OROZCO, por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATECIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VICTIMAS – UARIV, que, dentro del término de los diez
(10) días siguientes, a partir de la notificación de este fallo, le brinde una
respuesta clara, de fondo y congruente al accionante, informándole un plazo
aproximado y el orden en el que podrá acceder a la indemnización
administrativa, o por lo menos señalarle la vigencia en la cual le será
entregada la misma, eso, sin vulnerar el derecho de igualdad frente a las
demás víctimas que estén en las mismas condiciones […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales de la providencia).

6.2.4. Mediante escrito COD LEX: 8133417 del 5 de agosto de 202430, la
representante judicial de la UARIV allegó escrito con destino al Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, solicitando, entre otras cosas, lo
siguiente: “(…) DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA de dar cumplimiento al
fallo judicial, respecto a informar “que, dentro del término de los diez (10) días
siguientes, a partir de la notificación de este fallo, le brinde una respuesta clara, de
fondo y congruente al accionante, informándole un plazo aproximado y el orden en
el que podrá acceder a la indemnización administrativa, o por lo menos señalarle la
vigencia en la cual le será entregada la misma”, dado que la señora ORFANDI
MILENA RUA OROZCO no ha sido priorizada para recibir el pago de la
indemnización administrativa y no ha demostrado tener alguno de los criterios de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en los artículos 4 de la
Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 26 de abril de 2021,
así mismo, se considere, que de la aplicación del método técnico de priorización se
determinó que NO es procedente materializar la entrega de la medida
indemnizatoria (…)”.

Junto con el anterior escrito, se aportó copia del oficio identificado con el radicado
nro. 2024-1295195-1 del 5 de agosto de 2024 dirigido a la señora Orfandi Milena
Rúa Orozco, en el que se le informó lo siguiente:

30 Documento denominado “017InformeCumplimientoFalloSegundaInstancia” del expediente
correspondiente a la acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2024 00189
00/01/02/03. Visto en los índices 10 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 02784 00.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

“[…] La entidad aplicó el «Método Técnico de Priorización», el 25 de agosto
de 2023. Para su caso en particular, el resultado fue no favorable, es decir,
que no es procedente entregar de manera priorizada en esta vigencia la
medida de indemnización reconocida a lo(s) integrante(s) relacionado(s) en
la solicitud.

(…)

En consecuencia, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Resolución 1049 de 2019 y luego de todas las gestiones técnicas y
operativas que se realizaron con el apoyo de la Red Nacional de
Información, la Unidad para las Víctimas, el 08 de mayo de 2024, procedió
a dar aplicación al Método Técnico de Priorización a la totalidad de víctimas
que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior contaban
con decisión de reconocimiento del derecho a la medida de indemnización,
así como también a aquellas personas que no obtuvieron un resultado
favorable en la aplicación de este proceso técnico en las vigencias 2020,
2021, 2022 y 2023.

Así las cosas, de acuerdo con el resultado obtenido de la medición del
Método Técnico de Priorización, la entidad deberá determinar quiénes son
las personas que cuentan con un resultado favorable con el fin de realizar la
asignación de los recursos por concepto de indemnización administrativa,
de conformidad con los montos establecidos en la normatividad vigente para
cada hecho victimizante y las características particulares de cada caso. Por
otra parte, quienes obtengan un resultado no favorable deberán ser
remitidos nuevamente a la aplicación del Método en la siguiente vigencia.
Cabe señalar que el resultado será comunicado al grupo familiar una vez se
cuente con el respectivo oficio […]”. (Negrillas originales del escrito).

6.2.5. El 3 de marzo de 2025, la señora Orfandi Milena Rúa Orozco solicitó al
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín “(…) requerir al Ente
accionado, con el fin de que le dé cumplimiento de manera inmediata e integra a la
sentencia demanda de su Despacho, ya que no han dado cumplimiento de fondo a
lo ordenado por el despacho ya que no he recibido respuesta de fondo a lo solicitado
en el derecho fundamental de petición (…)”31.

6.2.6. Mediante escrito COD LEX: 8474635 del 14 de marzo de 202532, la
representante judicial de la UARIV allegó escrito con destino al Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, solicitando, entre otras cosas, lo
siguiente: “(…) DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR la orden de “(…)
que, dentro del término de los diez (10) días siguientes, a partir de la notificación de
este fallo, le brinde una respuesta clara, de fondo y congruente al accionante,
informándole un plazo aproximado y el orden en el que podrá acceder a la
indemnización administrativa, o por lo menos señalarle la vigencia en la cual le será

31 Documento denominado “019SolicitudIncidenteDesacato” del expediente correspondiente a la
acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03. Visto en
los índices 10 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 02784 00.
32 Documento denominado “028pronunciamientoIncidente” del expediente correspondiente a la

acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03. Visto en
los índices 10 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 02784 00.
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

entregada la misma (…)”, de conformidad a lo establecido en artículo 4 de la
Resolución No. 01049 del 15 de marzo de 2019, y primero de la Resolución 582 de
2021 (…)”.

Junto con el precitado escrito, se aportó copia del oficio radicado nro. 2025-
0202247-1 del 14 de marzo de 2025 remitido a la señora Orfandi Milena Rúa
Orozco, en el que se le informó lo siguiente:

“[…] En la aplicación del MTP del 8 de mayo de 2024 (Oficio Anexo de
fecha 12/03/2025), los resultados obtenidos por Usted, por cada variable
fueron los siguientes:

(…)

El puntaje total fue de 33.84152 como se muestra a continuación, y la
estadística del MTP determinó que el puntaje mínimo para acceder a la
medida indemnizatoria fue de 40.6326, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal para la vigencia 2024 (…).

(…)

En este sentido, luego de la ejecución del MTP, Usted no resulto favorecida
para el año 2024, por lo que nuevamente será evaluado el presente
caso en el transcurso del año 2025, de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución 01049 de 2019 y su anexo técnico, por lo descrito, no es
procedente informar un término razonable, perentorio o la fecha
aproximada en que se le pagará la indemnización administrativa
reclamada o en su defecto entregar carta de pago […]”. (Negrillas
originales del escrito).

6.2.7. Por auto del 3 de abril de 2025, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito de Medellín, dispuso lo siguiente33:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que la Directora de Reparación de la UNIDAD
DE VÍCTIMAS, ZORAIDA HERNÁNDEZ PEDRAZA, incurre en desacato a
la sentencia No. 175 del 3/07/2024 proferida por esta agencia judicial, la cual
fue revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia
No. 54 del 2/08/2024; en la acción de tutela promovida por ORFANDI
MILENA RÚA OROZCO, (…), contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS –UARIV– con Nit. 900.490.473-6, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SANCIONAR a la Directora de Reparación de la UNIDAD DE
VÍCTIMAS, ZORAIDA HERNÁNDEZ PEDRAZA, con multa equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR que la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS –
UARIV–, GLORIA CUARTAS MONTOYA, incurre en desacato a la

33 Documento denominado “035AutoDecideIncidenteDesacato” del expediente correspondiente a la

acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03. Visto en
los índices 10 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 02784 00.
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

sentencia No. 175 del 3/07/2024 proferida por esta agencia judicial, la cual
fue revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia
No. 54 del 2/08/2024; en la acción de tutela promovida por ORFANDI
MILENA RÚA OROZCO, (…), contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS –UARIV– con Nit. 900.490.473-6, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

CUARTO: SANCIONAR a la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS –
UARIV–, GLORIA CUARTAS MONTOYA, con multa equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

QUINTO: CONSÚLTESE en el efecto suspensivo la presente sanción ante
el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales de la providencia).

6.2.8. Por oficio COD LEX: 8505874 del 5 de abril de 2025, la representante judicial
de la UARIV solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de
Medellín lo siguiente34:

“[…] 1-. Téngase en cuenta las actuaciones administrativas desplegadas por
la Unidad para las Víctimas en procura de acreditar el cumplimiento de la
orden del Juez Constitucional.

2-. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR la orden de
“(…) que, dentro del término de los diez (10) días siguientes, a partir de la
notificación de este fallo, le brinde una respuesta clara, de fondo y
congruente al accionante, informándole un plazo aproximado y el orden en
el que podrá acceder a la indemnización administrativa, o por lo menos
señalarle la vigencia en la cual le será entregada la misma (…)”, de
conformidad a lo establecido en artículo 4 de la Resolución No. 01049 del
15 de marzo de 2019, y primero de la Resolución 582 de 2021.

4- (sic) REVOCAR la sanción impuesta a la doctora ZORAIDA HERNÁNDEZ
PEDRAZA y a la doctora GLORIA CUARTAS MONTOYA consistente en
multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para cada una,
aplicada mediante auto de fecha 3 de abril de 2025.

5- (sic) Si su señoría a bien lo tiene, respetuosamente solicito al
despacho, se proceda a MODULAR el fallo proferido el día 02-08-2024,
por medio del cual se resolvió la acción constitucional que nos ocupa,
modulación que se solicita se realice considerando que el otorgamiento de
la medida indemnizatoria a las víctimas del conflicto armado requiere la
aplicación del método técnico de priorización previsto en la Resolución 1049
de 2019, a efectos de determinar, para cada vigencia, las víctimas que
cumplen con los criterios de priorización y de esa manera otorgarles el pago.

CUARTO: DESVINCULESE a la doctora GLORIA ISABEL CUARTAS
MONTOYA, en ocasión a la indebida individualización, identificación y
precisión del funcionario encargado de cumplir la orden judicial, dado que,

34 Documento denominado “038InformeUariv” del expediente correspondiente a la acción de tutela

identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03. Visto en los índices 10 y
14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2025 02784 00.
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

la doctora ZORAIDA HERNANDEZ PEDRAZA, como consta en la
Resolución de nombramiento No. 00247 del 13 de febrero de 2025, es la
actual Directora Técnica encargada de Reparaciones y el tema del litigio de
la acción constitucional es de resorte de ésta última.

QUINTO: DECRETESE LA NULIDAD de todo lo actuado con posterioridad
del auto de apertura de desacato, teniendo en cuenta los requisitos vertidos
en la Sentencia SU – 034 de 2018 proferida por la Honorable Corte
Constitucional respecto de verificar los siguientes aspectos en el trámite de
desacato: “(i) a quién se dirigió la orden, (ii) en qué término debía ejecutarse,
(iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente existió incumplimiento
parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de ser el caso (v)
cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo ordenado
dentro del proceso” […]”.

Lo anterior, teniendo en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] 2. TESIS

Respetuosamente me permito reiterar en que la UARIV no vulneró el
derecho fundamental de petición de la accionante, pues mediante la Alcance
a la Respuesta al derecho de petición LEX 8474635, atendió las solicitudes
de la parte accionante, respecto al Resultado de la aplicación del método
técnico de priorización llevado a cabo el 8 de mayo de 2024, el cual se puso
en conocimiento del citado, razón por la que es de imposible cumplimiento
la orden de “ informar un plazo aproximado y el orden en el que podrá
acceder a la indemnización administrativa, o vigencia en la cual le será
entregada la misma” dado que el pago de la medida indemnizatoria se
realizara conforme lo regulado por la R.1049 de 2019 y aplicación del
método técnico de priorización (…).

(…)

3.4. RESPECTO A LA SOLICITUD DE INDEMNIZACION
ADMINISTRATIVA Y RESULTADO DEL METODO TECNICO DE
PRIORIZACION 2024

Su señoría, atentamente me permito reiterar al despacho que, es de
imposible cumplimiento la orden de “ brinde una respuesta clara, de fondo
y congruente al accionante, informándole un plazo aproximado y el orden en
el que podrá acceder a la indemnización administrativa, o por lo menos
señalarle la vigencia en la cual le será entregada la misma”, toda vez que, si
bien es cierto se ha argumentado que mediante la Resolución No
04102019-1159162 del 22 de abril de 2021, se le decidió reconocer la
medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de
Desplazamiento Forzado, también es cierto que ello fue condicionado a la
aplicación del método técnico de priorización.

(…)

En ese sentido, el Método Técnico de Priorización en el caso particular
de la parte accionante, se aplicó en el año 2024, y la Unidad para las
Víctimas, expidió el oficio de fecha 12 de marzo de 2025, el cual se
adjunta al presente memorial mediante le (sic) cual, le indicó a ORFANDI
MILENA RUA OROZCO que, luego de haber efectuado este proceso
técnico, se concluyó que en atención a la disponibilidad presupuestal con la
que cuenta la Unidad y al orden definido por la ponderación de cada una de
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

las variables descritas, NO es procedente materializar la entrega de la
medida indemnizatoria […]”.

6.2.9. Por auto del 24 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
Sala Unitaria de Oralidad, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la
sanción impuesta mediante auto del 3 de abril de 2025, a las señoras Gloria Isabel
Cuartas Montoya y Zoraida Hernández Pedraza, hoy accionantes, al considerar lo
siguiente35:

“[…] se advierte que la UARIV emitió respuesta a la incidentante, sin
embargo, no indicó un plazo razonable dentro del cual se le hará el pago de
la indemnización administrativa, por no tener certeza de que la mismo
cumpla o no con las características para ser priorizada, aún al encontrarse
notificada la accionante, no se halla satisfecho el derecho de petición
configurándose así un incumplimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, y como quiera que la accionada, contra quien
se adelanta el incidente de desacato ha omitido el cumplimiento de la orden
judicial impartida, esto es, por razones de transparencia, valorar la situación
del accionante en vigencia del 2024 y 2025 conforme los criterios de
priorización contenidos en el artículo 4º de la Resolución 01049 del 15 de
marzo de 2019, y en caso de ser priorizado o no, la entidad deberá informarle
un plazo aproximado y el orden o turno en el que podrá acceder a la
indemnización administrativa, con lo anterior se deduce con claridad que
persiste la vulneración, toda vez que la entidad ha excediendo los términos
fijados por esta Corporación para su cumplimiento efectivo […]”.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta los reparos de la impugnación, y comoquiera que el a quo
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito general de
relevancia constitucional, la Sala considera pertinente analizar (i) los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de
evidenciarse que estos se encuentran superados, descenderá a (ii) los requisitos o
causales especiales de procedibilidad invocados en el caso concreto.

6.3.1 Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso

En relación con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
este caso, la Sala advierte que: (i) la decisión controvertida se encuentra
ejecutoriada, y (ii) los argumentos planteados en esta tutela son consecuentes con
los expuestos en el incidente de desacato.

También se observa que: (i) la solicitud de amparo plantea un asunto de relevancia
constitucional y se identificaron los hechos y derechos que se estiman lesionados,
(ii) la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, (iii) la acción

35 Documento denominado “041RegresaConsultaTAA” del expediente correspondiente a la acción

de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03. Visto en los
índices 10 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 02784 00.
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

de tutela se presentó dentro de un término razonable, (iii) las accionantes
manifestaron en qué irregularidades incurrieron los autos cuestionados, (iv) la tutela
no se dirige contra otra sentencia de tutela y (v) la situación que se afirma generó la
vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada.

En razón a que están cumplidos los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial que se profiere en un trámite incidental,
hay lugar a descender al estudio de las causales específicas o defectos invocados
por las accionantes.

6.3.2. Requisitos o causales especiales de procedibilidad invocados en el caso
concreto

En este caso lo alegado por la parte actora es que las providencias atacadas
incurrieron en: (i) un defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente
establecido en la sentencia SU 034 de 2018, (ii) en un en defecto fáctico por la
valoración defectuosa de los informes y documentos allegados por la UARIV en el
trámite incidental; y (iii) en una violación directa de la Constitución porque se
desconoció el procedimiento establecido para el reconocimiento de la
indemnización administrativa, por lo que podría estar comprometido el artículo 15
de la Constitución Política, que establece el derecho al buen nombre, en tanto que
las providencias cuestionadas sancionaron por desacato a las aquí accionantes al
considerar que no habían dado cumplimiento a la orden de amparo.

En el asunto bajo examen, las accionantes controvierten el auto proferido el 3 de
abril de 2025 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín
que las sancionó con multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente, a cada una,
por desacato de orden judicial, así como el dictado el 24 de abril de 2025 por la Sala
Unitaria de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó dicha
sanción. Como argumento, aducen que no era posible el cumplimiento de lo
ordenado en el fallo de tutela.

Para fundamentar lo anterior, indicaron que, en el año 2022, 2023 y 2024 la UARIV
aplicó el método técnico de priorización al caso de la señora Orfandi Milena Rúa
Orozco con el fin de determinar, de manera proporcional a los recursos
presupuestales asignados a dicha unidad para esa vigencia, el orden de entrega de
la indemnización reconocida; sin embargo, el resultado de la aplicación de dicho
método arrojó que no era procedente la entrega de la indemnización.

Agregaron que teniendo en cuenta el procedimiento administrativo establecido en
la Resolución 1049 de 2019, a la UARIV le es imposible otorgar una fecha de pago
de la precitada indemnización, debido a que, una vez aplicado el método técnico de
priorización al caso de la señora Rúa Orozco, este no se ubicó dentro del universo
de víctimas que accederían a la indemnización administrativa conforme a la
disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el año 2022, 2023 y 2024,
debido a que no obtuvo el puntaje mínimo requerido, y tampoco acreditó ninguna
20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

situación de urgencia o extrema vulnerabilidad. Por lo anterior, aseguraron que, se
procederá a aplicarle nuevamente el método en el transcurso de la presente
vigencia de 2025.

En ese contexto, la Sala advierte que los autos acusados en esta sede
constitucional incurrieron en violación directa de la Constitución del artículo 15
Superior; lo anterior, porque de las consideraciones planteadas en dichas
providencias, se desprende que las hoy accionantes no han garantizado la
protección del derecho fundamental de petición de la señora Orfandi Milena Rúa
Orozco.

No obstante, para la Sala es claro que la orden de amparo no era de posible
cumplimiento en los términos en que se profirió, comoquiera que, tal como explicó
la UARIV en los oficios presentadas ante el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
del Circuito de Medellín en el trámite incidental, no es posible para la entidad
informarle a la señora Orfandi Milena Rúa Orozco el plazo aproximado ni el orden
en el que podrá acceder al pago de la indemnización administrativa reconocida, o
indicarle la vigencia en la cual le será entregada la misma, pues dicha situación está
sujeta al método técnico de priorización, el cual se aplica anualmente de manera
proporcional a los recursos asignados a la unidad en la respectiva vigencia fiscal.

Para el caso de la señora Rúa Orozco, el resultado del precitado método aplicado
en el año 2024 fue no favorable debido a que el puntaje mínimo definido en dicha
vigencia para acceder a la indemnización administrativa era de 40.6326 y el puntaje
obtenido en el caso particular fue de 33.84152, por lo que no había lugar a
priorizarlo. En ese sentido, las accionantes no podían dar cumplimiento a la orden
de amparo, razón por la cual no era procedente imponerles las sanciones por
desacato.

Así las cosas, los autos proferidos el 3 y 24 de abril de 2025 por el Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y la Sala Unitaria de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrieron en los defectos indicados por la
parte accionante porque no tuvieron en cuenta las razones por las que no se había
podido dar cumplimiento a la orden judicial.

En consecuencia, se revocará el fallo de tutela proferido el 11 de julio de 2025 por
la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela y, en su lugar, ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de las accionantes.

En consecuencia, se dejará sin efectos los autos proferidos el 3 y 24 de abril de
2025 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del trámite del
incidente de desacato adelantado en la acción de tutela identificada con el radicado
nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03.

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

Sin perjuicio de lo anterior, se instará a la UARIV para que continúe aplicando
anualmente el método técnico de priorización, con el fin de que se establezca el
turno para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida
a la señora Orfandi Milena Rúa Orozco mediante la Resolución núm. 04102019-
1159162 del 22 de abril de 2021.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 11 de julio de 2025 por la
Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar AMPARAR los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de las accionantes.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las providencias de 3 y 24 de abril de 2025,
proferidas por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y
el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del trámite del
incidente de desacato adelantado en la acción de tutela identificada con el radicado
nro. 05001 33 33 035 2024 00189 00/01/02/03.

TERCERO: INSTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV para que continúe aplicando
anualmente el método técnico de priorización, con el fin de que se establezca el
turno para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida
a la señora Orfandi Milena Rúa Orozco.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02784 01
Accionante: Gloria Isabel Cuartas Montoya y otra

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.