Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02797-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02797-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02797-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02797-00
Demandante: David Andrés Cardona Fernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-02797-00
Demandante DAVID ANDRÉS CARDONA FERNÁNDEZ
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Auto que no concede
impugnación. Legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por el señor David Andrés Cardona Fernández, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de mayo de 2025, el señor David Andrés Cardona Fernández interpuso acción
de tutela, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, magistrado Alberto Montaña Plata por considerar vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO. Se tutele el Derecho Fundamental al Debido Proceso de David Andrés Cardona
Fernández en contra del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera Subsección B, específicamente en contra del auto proferido por el Magistrado Alberto
Montaña Plata el 8 de mayo, mediante el cual denegó el recurso de impugnación ante la
sentencia de tutela fallada el 11 de abril, ambas actuaciones del 2025.
SEGUNDO. Se le ordene al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera Subsección B, y en particular al Magistrado Alberto Montaña Plata, conceder el
recurso de impugnación oportunamente presentado en contra de la sentencia de tutela
proferida el 11 de abril de 2025, en el marco de la acción de tutela de radicado
11001031500020250135500, interpuesta por María Cristina Cuellar Cárdenas en contra de la
Presidencia de la Republica (sic)».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora María Cristina Cuéllar Cárdenas interpuso una acción de tutela
contra la Presidencia de la República, por la presunta vulneración de su
derecho a la información, con ocasión de las transmisiones de los consejos de
ministros a través de canales privados de televisión. El proceso fue repartido
al magistrado Alberto Montaña Plata con radicado nro. 11001-03-15-000-2025-
01355-00.
2.2. Mediante auto del 12 de marzo de 2025, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar en calidad de accionada a la Presidencia de la
República. También vinculó al Canal RCN, Caracol Televisión y Canal Uno,
como terceros con interés.
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Demandante: David Andrés Cardona Fernández
2.3. El 11 de abril de 2025, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado profirió sentencia de primera instancia dentro del expediente nro.
11001-03-15-000-2025-01355-00 (accionante: María Cristina Cuellar
Cárdenas) y ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de reconocimiento de personería jurídica presentada por
Wilson Hernando Bejarano García, por las razones expuestas.
SEGUNDO: ABSTENERSE DE RESOLVER la solicitud de coadyuvancia presentada por
María Leonor Villamizar Corzo, por las razones expuestas.
TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por Plural Comunicaciones
SAS y RCN Televisión SA, por las razones expuestas.
CUARTO: AMPARAR el derecho constitucional fundamental a la información de María
Cristina Cuéllar Cárdenas, de conformidad con los motivos expresados.
QUINTO: ORDENAR al Presidente de la República, a la Presidencia de la República (DAPRE)
y a la CRC que, una vez notificada esta providencia, no se reincida en la conducta vulneradora
y, por consiguiente, no transmitan los consejos de ministros a través de los canales privados
de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión
abierta, de conformidad con los motivos expresados en esta sentencia».
2.4. El señor David Andrés Cardona Fernández radicó memorial dentro del proceso
Nro. 11001-03-15-000-2025-01355-00 con el asunto “Impugnación Sentencia
Tutela Radicado 11001031500020250135500”.
2.5. Mediante auto del 8 de mayo de 2025, el consejero ponente Alberto Montaña
Plata dispuso no conceder, entre otras, la impugnación presentada por el
señor Cardona Fernández, por no tener legitimación para proponer dicho
recurso, al no actuar como parte o como tercero con interés en el trámite de la
tutela. En ese mismo auto concedió las impugnaciones interpuestas por la
Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
3. Fundamentos de la acción
El señor David Andrés Cardona Fernández cuestionó la providencia del 8 de mayo
de 2025, por medio de la cual el magistrado ponente no concedió la impugnación
presentada por él, por no haber actuado como tercero con interés en el trámite de
la tutela.
Afirmó que, si bien la acción de tutela fue interpuesta por una sola accionante, los
efectos del fallo del 11 de abril de 2025 se hacen extensivos a todas las personas
que sí están de acuerdo con que los consejos de ministros sean transmitidos en
canales públicos y privados que hacen uso del espectro electromagnético de la
Nación.
Sostuvo que en el escrito de impugnación que presentó no consideró necesario
desarrollar los argumentos sobre su legitimidad para impugnar el fallo, sino las
razones para que fuese revocado. Consideró que era un tercero con interés
afectado por el fallo del 11 de abril de 2025, conforme al concepto de tercero con
interés indicado por la Corte Constitucional en el auto 027 de 1997, la sentencia T-
247 de 1997 y la sentencia SU-387 de 2022.
Expresó que la decisión de no conceder la impugnación que presentó afecta su
derecho fundamental al debido proceso, pues desconoce la jurisprudencia
constitucional según la cual se está legitimado para impugnar como tercero con
interés cuando existe una afectación derivada de la sentencia. También afirmó que
en la providencia del 8 de mayo de 2025 se actuó al margen del procedimiento
establecido respecto del recurso de impugnación de una sentencia de tutela, por lo
que se incurrió en defecto procedimental absoluto.
Además, solicitó la siguiente medida provisional:
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«Se le ordene al Magistrado Alberto Montaña Plata del Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, proceda a conceder de manera
inmediata el recurso de impugnación que fue interpuesto en contra de la sentencia tutela
proferida el 11 de abril de 2025 por el citado funcionario.
Lo anterior, toda vez que el recurso de impugnación ya fue concedido, sin embargo única y
exclusivamente respecto de la argumentación blandida por la Presidencia de la República y la
CRC, prorrumpe de manera inobjetable el perjuicio irremediable que se configura en que el
Ad quem al que le corresponderá por reparto la impugnación concedida, solo tome en cuenta
los argumentos de las partes citadas, y sean desechados por completo los que esgrimí
mediante el escrito de impugnación –derecho al recurso vertical que en todo caso y tal y como
he demostrado me asiste-, y finalmente el fallo que sea proferido en segunda instancia no sea
contentivo de un debido y amplio análisis de todos y cada uno de los argumentos de quienes
expusieron su oposición al fallo de primera instancia».
4. Trámite impartido y acumulación
4.1. Por auto del 19 de mayo de 2025, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por el señor David Andrés Cardona Fernández en contra del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B; y ordenó notificarlos.
Además, vinculó en calidad de terceros con interés a la Presidencia de la
República y al presidente de la República, (autoridades que actúan como
demandadas en el proceso de acción de tutela); a la señora María Cristina Cuellar
Cárdenas (quien actúa como demandante dentro de dicho proceso); al Canal RCN,
al Canal Uno Plural Comunicaciones S.A.S, a Caracol Televisión y a la
Comisión de Regulación de Comunicaciones , (entidades que actuaron en calidad
de terceros con interés en el proceso de tutela nro. 11001-03-15-000-2025-01355-
00); a las demás personas que intervinieron dentro de dicho proceso.
4.2. El señor David Andrés Cardona Fernández allegó memorial expresando su
inconformidad con el auto del 19 de mayo de 2025, por haberse negado la
medida provisional solicitada.
4.3. El magistrado Alberto Montaña Plata del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B allegó la copia del proceso y manifestó que la
providencia del 8 de mayo de 2025 y el expediente de tutela contienen los
argumentos y elementos necesarios para que el juez tome la decisión que en
derecho corresponda.
4.4. La Comisión de Regulación de Comunicaciones indicó que acatará la
decisión que se tome en este proceso de tutela.
4.5. La señora María Cristina Cuellar Cárdenas, parte actora de la tutela nro.
11001-03-15-000-2025-01355-00, manifestó que la decisión de no conceder
la impugnación presentada contra el fallo del 11 de abril de 2025 no fue
desacertada, caprichosa ni ilegal. Indicó que la posibilidad de impugnar un fallo
de tutela está limitada a quienes hicieron parte de la respectiva acción.
Precisó que no cualquier tercero con interés puede impugnar el fallo de tutela
y que el accionante no demostró su interés legítimo en la decisión, pues no
actuó como coadyuvante.
Solicitó que se negara el amparo deprecado por su improcedencia, pues el
actor no tiene legitimación en la causa por activa al no haber sido sujeto
procesal en el proceso nro. 11001-03-15-000-2025-01355-00.
4.6. La Presidencia de la República manifestó su intención de coadyuvar al señor
Cardona Fernández en la acción de tutela instaurada en contra del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B. E hizo referencia a reproches en
contra de la sentencia de primera instancia del 11 de abril de 2025, proferida
dentro del proceso nro. 11001-03-15-000-2025-01355-00.
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Demandante: David Andrés Cardona Fernández
Aseguró que la sentencia del 11 de abril de 2025 afectó diversos sujetos que
no fueron vinculados dentro del trámite constitucional en cuestión. Además,
manifestó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B no
consideró la idoneidad y efectividad de los mecanismos ordinarios disponibles
o si en dicho caso la señora María Cristina Cuellar Cárdenas en realidad se
encontraba expuesta a un daño irremediable. En específico se refirió al medio
de control de reparación directa como alternativa para reclamar lo pedido
dentro del proceso nro. 11001-03-15-000-2025-01355-00.
Por otro lado, manifestó que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B superó los límites de las funciones como juez constitucional,
pues no emitió una sentencia con efectos inter partes, sino que por vía de la
acción de tutela extendió las consecuencias del fallo a terceros que no fueron
demandantes y/o demandados, como es el caso del señor David Cardona
Fernández.
Señaló que el fallo afecta a un número indeterminado de terceros que no
tuvieron la oportunidad de defender sus derechos; como en el caso del
accionante, estos se ven obligados a instaurar acciones judiciales para
protegerse de una decisión judicial ya proferida.
Afirmó que la accionada generó efectos inter comunis sin cumplir los requisitos
constitucionales ni contar con competencia para ello, pues dicha declaratoria
solo puede hacerla la Corte Constitucional al ejercer la revisión eventual de los
fallos de tutela. Indicó que en las áreas rurales de Colombia la conectividad
tiene muchas limitaciones, por la falta de acceso a internet y a televisión
pública.
Concluyó que el acceso a la información a través de medios digitales en dichas
áreas sigue siendo un desafío por lo que la sentencia del 11 de abril de 2025
afecta de forma directa a las personas más vulnerables del país.
Finalmente, solicitó que se declarara procedente la acción de tutela de la
referencia y se accediera a las pretensiones del señor David Andrés Cardona
Fernández.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si el
señor David Andrés Cardona Fernández cuenta con legitimación en la causa por
activa para la interposición de la presente acción de tutela.
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Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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En el evento de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos
generales de procedibilidad, se determinará si la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos procedimental absoluto y por desconocimiento del
precedente judicial en la providencia del 8 de mayo de 2025 emitida dentro del
proceso de tutela en contra de la Presidencia de la República.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias de
tutela
Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de tutela.
La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se interpongan
acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un asunto, en detrimento
de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es absoluta. En
la sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su jurisprudencia señalando
cuándo es procedente la tutela contra providencias proferidas en el marco de la
acción de tutela. Allí explicó que debía diferenciarse entre dos supuestos: si la
acción de tutela se interponía contra una sentencia de tutela o contra una actuación
previa o posterior a aquella providencia.
En caso de que interponga contra una sentencia proferida por el juez de tutela la
regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por la Corte Constitucional tal
regla no admite excepción.
Sin embargo, si la sentencia fue proferida por otro juez de la República la acción de
amparo puede proceder excepcionalmente, si además de los requisitos generales
de procedibilidad, se acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue producto de
una situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos o, incluso, con
anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar la
situación.
Por otro lado, en la sentencia SU-627 de 2015 la Corte Constitucional dispuso que
si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.
4. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona
para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u omisiones de
autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la Constitución y la ley.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 19912 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
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personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder judicial
o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso3 (cuando el titular del derecho no
está en condiciones de promover su propia defensa). Asimismo, dicha norma señala que
(v) tanto el defensor del pueblo como los personeros municipales estarán
legitimados para ejercer la acción de tutela.
La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure la
legitimación en la causa en las acciones de tutela, la identidad entre el titular del
derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela. De tal forma que
el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela del derecho
fundamental amenazado es el titular de este, ya sea directamente o por intermedio
de apoderado judicial debidamente constituido, o a través de agente oficioso, en
aquellos eventos en que se reúnan los requisitos para la procedencia de esta última
figura.
Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de la
acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata de un
requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza la
protección de los derechos fundamentales. Así, en sentencia T-403 de 1995 precisó:
«…como quien pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos
fundamentales reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido
proceso, proferir sentencia favorable a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y
específico en la resolución de la supuesta violación de los derechos constitucionales
fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a persona distinta que no intervino en
el proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió en un error
insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como si
fueran suyos…».
Asimismo, en la sentencia T-1191 de 2004 el tribunal constitucional indicó que la
finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa es el
de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las pretensiones
planteadas en la demanda de tutela. Por ende, debe el juez constitucional asegurar
que «el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del
demandante y no de otra persona».
En la sentencia T-697 de 2006 la Corte Constitucional explicó que «... la exigencia de la
legitimidad activa en la acción de tutela no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que
obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la
dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide
si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona
capaz para hacerlo».
Y en la sentencia T-878 de 2007 la Corte Constitucional fue enfática en señalar que,
pese a la informalidad de la acción de tutela, «la legitimación para presentar la solicitud de
amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada» 4.
Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado que, so pretexto de ejercer la acción
de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación
de otra persona; y que la informalidad propia de este mecanismo de protección
3
Cuando la acción de tutela se interpone por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional (Sentencia T-004 de
2013) ha exigido que se cumpla con los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando
en esa calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer
directamente la acción de tutela, por circunstancias que necesariamente deberán denotar fuerza mayor o caso fortuito;
(iii) la agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y el
agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.
4
En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006, T-451 de 2006,
T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.
En la sentencia T-899 de 2001 esta Corporación afirmó que: «La exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela,
no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado que la Constitución de
1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona
capaz para hacerlo».
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Demandante: David Andrés Cardona Fernández
constitucional no supone la inexistencia de requisitos mínimos de procedibilidad
como la legitimación en la causa por activa5.
5. Análisis del caso
5.1. Por regla general, la Sala es del criterio que tratándose de tutela contra
providencia judicial solo cuentan con legitimación en la causa por activa las
partes del proceso judicial en el cual se profirió la decisión atacada pues, en
principio, solo ellas tienen un interés directo en las providencias dictadas en el
curso de ese debate judicial.
Consecuentemente, en el caso propuesto el accionante no cumple con el
requisito de legitimación en la causa por activa, pues no hizo parte del proceso
de tutela nro. 11001-03-15-000-2025-01355-00 ni en calidad de parte
demandante o demandada, ni como tercero con interés en las resultas del
proceso, ni bajo ninguna otra figura de intervención procesal que
eventualmente hubiera permitido concluir que la decisión afectara sus
derechos fundamentales. Por lo tanto, el señor David Andrés Cardona
Fernández no cuenta con legitimación en la causa por activa para controvertir
el auto de 8 de mayo de 2025, mediante el cual se dispuso no conceder la
impugnación por él interpuesta.
Si bien el señor David Andrés Cardona Fernández considera que el fallo del
11 de abril de 2025 se hace extensivo a él y a todos los que sí están de acuerdo
con la transmisión de los consejos de ministros, lo cierto es que quien presentó
la demanda fue la señora María Cristina Cuellar Cárdenas. Por lo tanto, solo
ella y las entidades vinculadas en calidad de demandadas o de terceros con
interés dentro del proceso estarían legitimadas para controvertir las
providencias proferidas dentro de dicho trámite de tutela.
De manera que la condición en la que dice actuar el actor no es suficiente para
demostrar la afectación de sus derechos subjetivos con la decisión que se
cuestiona a través de la presente acción, pues quien eventualmente podría
estar siendo perjudicado sería la accionante, la Presidencia de la República,
la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, el Canal RCN, Caracol
Televisión o Canal Uno.
Por lo tanto, al margen de que el accionante busque discutir las razones por
las que en su sentir se debe conceder la impugnación que interpuso en contra
de la sentencia de primera instancia, lo cierto es que la demanda se promovió
por una ciudadana en nombre propio y en la búsqueda de la protección de sus
propios derechos fundamentales. Por lo anterior, se limita la posibilidad de que
en sede de tutela otras personas no participantes en la acción de tutela
mencionada estén legitimadas para controvertir las providencias de dicho
proceso.
Lo anterior guarda armonía con lo manifestado en el proceso nro. 11001-03-
15-000-2025-01355-00 por la autoridad judicial accionada, ante quien se
presentaron por parte del señor David Andrés Cardona Fernández los
argumentos de impugnación en contra de la sentencia de primera instancia del
11 de abril de 2025. En la providencia del 8 de mayo de 2025, dicha autoridad
resolvió no conceder la impugnación al evidenciar que esta última es una
garantía que se reconoce únicamente a las partes y terceros vinculados al
proceso y que el señor Cardona Fernández no hizo parte de la acción de tutela
aludida.
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Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013.
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Demandante: David Andrés Cardona Fernández
5.2. Finalmente, la Sala subraya que es condición imprescindible para efectuar un
análisis de fondo que la persona que promueva la acción esté legitimada en la
causa por activa. Solo así será procedente proseguir al siguiente estadio de
análisis consistente en determinar si la autoridad accionada vulneró los
derechos fundamentales alegados.
Por ende, al no acreditarse tal condición en el caso propuesto no hay lugar a
efectuar el estudio en mención.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso no se cumple con el
requisito de legitimación en la causa por activa. Por lo tanto, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor David Andrés
Fernández Cardona.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor David
Andrés Fernández Cardona, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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