Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
11 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 11 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00
Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas
Demandado: Presidencia de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derecho a
la información – Ampara
Síntesis del caso: La actora reclamó la protección de su derecho fundamental a la
información, el cual consideró vulnerado por la Presidencia de la República con ocasión
de las transmisiones de los consejos de ministros por los canales privados de televisión.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por María Cristina
Cuéllar Cárdenas.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada, terceros
vinculados y otros intervinientes. 1.3. Actuaciones posteriores a la admisión.
1.1. Posición de la parte actora
1. María Cristina Cuéllar Cárdenas presentó una acción de tutela contra
la Presidencia de la República, por la presunta vulneración de su derecho
a la información, con ocasión de las transmisiones de los consejos de
ministros a través de los canales privados de televisión.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. ADMITIR la acción de Tutela
2. CONCEDER EL AMPARO solicitado y ordenar a la PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA respetar el DERECHO A LA INFORMACION
3. Que, como consecuencia de lo anterior, en adelante, las intervenciones
televisivas y radiales del presidente de la república de Colombia, sean
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas
Demandado: Presidencia de la República
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Amparar
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transmitidas por los canales oficiales, dejando en libertad a los ciudadanos
como los suscritos de poder elegir el medio radial o televisivo privado que mejor
llene nuestras expectativas.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) María Cristina Cuéllar Cárdenas manifestó vivir con su esposo en una
finca localizada en el municipio de Calima, Valle del Cauca, en la que se
dedican esencialmente a las labores del campo. Agregó que, de manera
ocasional, ejercen la profesión de abogados.
5. 2) La señora Cuéllar Cárdenas indicó que el 4 de febrero de 2025,
cuando se disponía a ver televisión con su esposo, luego de una ardua
jornada de trabajo, vio que, en los diferentes canales, se transmitía el
consejo de ministros encabezado por el Presidente de la República, el cual
tan solo se interrumpió a las 8:00 pm, cuando comenzó la transmisión de un
partido de fútbol.
6. 3) El 3 de marzo de 2025, cuando la señora Cuéllar Cárdenas veía las
noticias, con su esposo, en el canal Caracol, se interrumpió
intempestivamente la transmisión para dar paso al consejo de ministros, tal
como había ocurrido hacía casi un mes. Ante esa situación, intentó buscar
una programación distinta en otros canales, pero encontró que en todos
ellos estaba el consejo de ministros, por eso manifestó que no pudo ver lo
que libremente deseaba.
7. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
autoridad accionada vulneró su derecho fundamental a la información
porque con la transmisión de los consejos de ministros a través de medios
radiales y televisivos, tanto públicos como privados, se restringía de manera
desproporcionada la posibilidad de elegir libremente los temas que eran de
su interés.
8. Señaló que el Presidente de la República al interrumpir la parrilla de los
medios radiales y televisivos con el consejo de ministros desconocía el
artículo 9 de la Ley 63 de 1923, que establece que los temas tratados por
ese cuerpo consultivo debían mantenerse en reserva.
9. Agregó que, de acuerdo con la Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte
Constitucional, el Presidente tenía unas restricciones para dirigirse a la
ciudadanía por medio de los canales de televisión, puesto que, si bien
estaba habilitado legalmente para interrumpir en cualquier momento la
programación habitual de un canal de televisión, no podía abusar de esa
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facultad, y menos, cuando la información que se iba a dar a conocer no
era de urgencia, necesidad o interés nacional.
10. Por último, hizo alusión a la Sentencia de 12 de noviembre de 2014,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-
26-000-2000-01335-01, donde se indicó que, si una alocución televisiva del
Presidente de la República no se ajustaba a las condiciones establecidas en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política
y la ley, su intervención sería ilegal y, adicionalmente, restringía
injustificadamente la actividad económica del empresario que presta el
servicio público de televisión.
1.2. Posición de la parte accionada, terceros vinculados y otros
intervinientes2
11. La Presidencia de la República solicitó que se negara el amparo en
vista de que la parte actora no había acreditado cuál era la vulneración o
amenaza concreta a su derecho fundamental. Señaló, por tanto, que el
Presidente de la República estaba facultado para fijar las funciones y reglas
que debían orientar los consejos de ministros y que, incluso, tenía la potestad
para definir que algunas de sus sesiones fueran públicas, con base en el
artículo 47 de la Ley 489 de 1998.
12. Indicó que el Presidente de la República se había limitado a actuar
bajo el amparo de la ley y que su propósito había sido, esencialmente, el de
garantizar la transparencia en la gestión pública, sin transgredir la reserva de
las deliberaciones.
13. Añadió que los consejos de ministros que se habían hecho públicos no
estuvieron relacionados con la política de defensa y seguridad nacional o
las operaciones militares y de policía, no versaron sobre instrucciones en
materia diplomática o negociaciones internacionales reservadas, no
vulneraron los derechos fundamentales de las personas que a ellos se
convocaron, no se expusieron datos de operaciones de crédito público, y,
en general, no se vieron afectados bienes jurídicos protegidos con reserva
de ley, de conformidad con el artículo 24 del CPACA y la Ley 1712 de 2014.
14. La Comisión de Regulación de Comunicaciones allegó un memorial
2 Mediante Auto de 12 de marzo de 2025, el despacho ponente resolvió (1) avocar conocimiento de la acción de
tutela presentada por María Cristina Cuéllar Cárdenas, (2) admitir la acción de tutela de la referencia, (3) tener
como demandada a la Presidencia de la República y (4) vincular al Canal RCN, Caracol Televisión y Canal Uno,
como terceros con interés en el asunto. Se resalta que la acción de tutela fue remitida por el Juzgado Promiscuo
de Calima, Valle del Cauca, mediante Auto de 5 de marzo de 2025, tras establecer que como la accionada era
la Presidencia de la República, el conocimiento de la solicitud de amparo recaía en esta corporación, razón por
la cual de manera antitécnica decidió rechazarla y ordenar su remisión.
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en el que manifestó que el Presidente de la República estaba facultado
para utilizar los servicios de televisión con el fin de dirigirse al país en cualquier
momento. Precisó que esa facultad no era ilimitada, por lo que las
alocuciones presidenciales servían para que los ciudadanos tuvieran
acceso a la información y para que el jefe de Estado pudiera cumplir con
sus funciones.
15. Puntualizó que era el Presidente quien decidía cuándo se realizaría
una alocución, de ahí que la Presidencia de la República le informaba sobre
dicha intervención a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y,
posteriormente, esta les comunicaba la fecha y hora en que se realizaría a
los operadores de televisión abierta radiodifundida públicos o privados,
nacionales, regionales o locales, a fin de que interrumpieran su
programación, para dar paso a la alocución.
16. La compañía Plural Comunicaciones SAS, concesionario de la
explotación y utilización del canal Uno, remitió informe en el que señaló que
aun cuando las interrupciones a sus programaciones con las alocuciones
presidenciales podían generar incomodidades en el público, se había
limitado a cumplir con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995,
razón por la cual solicitaba ser desvinculada del presente trámite.
17. RCN Televisión SA pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela y se le desvinculara del trámite, en la medida que no había vulnerado
ningún derecho fundamental de la parte actora y que, en cumplimiento de
la ley, debía garantizar a los partidos y movimientos políticos o al Gobierno
Nacional el acceso al servicio de televisión.
18. La sociedad Caracol Televisión SA presentó escrito en el que manifestó
que le asistía la razón a la parte actora porque el Presidente de la República,
en las intervenciones realizadas el 4 de febrero y el 3 de marzo de 2025, hizo
un uso inadecuado de la facultad que le otorgó el artículo 32 de la Ley 182
de 1995. Advirtió que, en los consejos de ministros se realizaron
elucubraciones sobre una variedad de temas, críticas a gobiernos pasados
e incluso reprimendas a los ministros, con los cuales se conculcó el derecho
a la información.
19. La vulneración al derecho fundamental alegado por la actora como
violado se materializó, según su criterio, por haber interrumpido de forma
desmedida la programación habitual de los canales de televisión en
desmedro del público que tenía derecho a recibir información plural.
20. Señaló que, si lo pretendido por el Presidente de la República era
informar a la ciudadanía sobre las tareas de gobierno y el ejercicio de la
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función pública, tenía a su disposición los canales públicos, como Señal
Colombia y el Canal Institucional, que tenían cobertura a nivel nacional de
manera radiodifundida y gratuita y eran operados por Radio Televisión
Nacional de Colombia – RTVC.
21. Juan Carlos Calderón España presentó un memorial en el que afirmó
que la señora Cuéllar Cárdenas no demostró la vulneración de un derecho
fundamental en concreto y que su propósito era alegar un uso indebido del
espectro electromagnético, lo cual podía reclamar a través de la acción
popular en los términos del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
22. Edwin Palma Egea allegó un escrito donde advirtió que las
alocuciones presidenciales fortalecían la participación democrática y
desarrollaban el derecho a la información, toda vez que allí se daban a
conocer debates de interés nacional en cabeza del Presidente de la
República, quien reflejaba la unidad nacional. Además, señaló que los
consejos de ministros eran un espacio propicio para asegurar el pluralismo
informativo.
23. Wilson Hernando Bejarano García pidió que se le reconociera
personería jurídica para actuar dentro del presente trámite, tras establecer
que la decisión final podía perjudicarlo a él y a otros ciudadanos. La Sala
negará dicha solicitud porque el señor Bejarano García, al tener un interés
legítimo en el resultado del proceso, debió intervenir como coadyuvante,
bien sea, de la parte actora o de la autoridad pública contra la que dirige
la acción de tutela de la referencia, tal y como lo establece el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991, pero no lo hizo.
24. María Leonor Villamizar Corzo, mediante correo electrónico de 1 de
abril de 2025, pidió que se le reconociera como coadyuvante dentro del
proceso, en consideración a que podía verse afectada por lo que se
decidiera. Sin embargo, no aportó ningún escrito para argumentar su
petición, ni señaló si era coadyuvante de la parte actora o de la parte
accionada, razón por la cual la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre
dicha solicitud.
1.3. Actuaciones posteriores a la admisión
25. El 27 de marzo de 2025, la parte actora presentó un memorial en el
que manifestó que el 26 de marzo de 2025 había visto nuevamente
vulnerado su derecho fundamental a la información cuando se interrumpió
la programación nacional habitual de los canales públicos y privados para
retransmitir el consejo de ministros realizado el día anterior. Enfatizó que la
vulneración fue grave porque, por un lado, se trató de una retransmisión de
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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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una reunión que ya había tenido lugar y no era urgente darse a conocer y,
por el otro, la intervención se hizo, precisamente, en la franja en la que se
transmitían los noticieros del país, lo que impedía acceder a información
distinta a la que el Presidente de la República quería compartir.
26. El 28 de marzo de 2025, la Presidencia de la República presentó un
escrito donde señaló que se oponía al razonamiento hecho por Caracol
Televisión SA respecto de la vulneración del derecho fundamental a la
información de la parte actora, en vista de que el Presidente había actuado
dentro del marco de las competencias que le asignó la ley, y el hecho de
intervenir en la televisión por unas horas no atentaba contra ninguna
garantía constitucional, sino que, por el contrario, facilitaba el conocimiento
de la gestión gubernamental en relación con temas de trascendencia
nacional.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusiones.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
27. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección del derecho constitucional fundamental3 a la información. María
Cristina Cuéllar Cárdenas es la titular del derecho invocado como violado,
por lo cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en la causa4.
28. De igual forma, la Presidencia de la República cuenta con
legitimación pasiva en la causa5. Sin embargo, el hecho vulnerador
indicado en la acción de tutela corresponde a una decisión del Presidente
de la República, por lo que, en esta sentencia se examinará si el Presidente
de la República vulneró los derechos fundamentales de la parte actora,
aunque la decisión formal de interrumpir la programación de televisión es
comunicada por la Presidencia de la República (DAPRE).
29. En lo atinente a las solicitudes de desvinculación presentadas por
Plural Comunicaciones SAS y RCN Televisión SA, la Sala las despachará de
forma desfavorable, comoquiera que su vinculación se produjo en calidad
de terceros con interés en el asunto, debido a que lo que aquí se decida
puede tener repercusión respecto de ellos.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
5 Ídem.
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30. Respecto del requisito de subsidiariedad6, la Sala lo dará por superado
por no existir recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la accionante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado en tiempo real. Sobre este punto, resulta
necesario señalar que, contrario a lo sostenido por uno de los intervinientes,
la acción popular no es un mecanismo eficaz para obtener la protección
del derecho que la parte actora alega como vulnerado, aun cuando la
decisión podría tener efectos relacionados con derechos e intereses
colectivos.
31. De igual forma, es oportuno mencionar que la acción de
cumplimiento tampoco es un mecanismo idóneo y eficaz para reclamar la
protección del derecho comentado, en vista de que, si bien en el escrito de
tutela se alegó el incumplimiento de la ley, lo que persigue la señora Cuéllar
Cárdenas no es, en estricto sentido, que se dé cumplimiento a una norma
jurídica legal, sino que se ampare un derecho constitucional fundamental.
Lo anterior, además, por expresa prescripción legal (artículo 9 de la Ley 393
de 1997)7.
32. En relación con el requisito de inmediatez8, la Sala estima que se
cumple, en la medida que la presunta afectación de derechos alegada por
la parte actora comenzó con la transmisión del consejo de ministros que se
hizo, por primera vez, el 4 de febrero de 2025 y se ha prolongado en varias
oportunidades, por lo que se trata de una situación actual y reiterada, con
potencialidad de volver a ocurrir.
2.2. Fijación de la controversia
33. La Sala advierte que María Cristina Cuéllar Cárdenas mencionó en su
escrito de tutela que el Presidente de la República hacía un uso inadecuado
de los medios radiales y televisivos. Sin embargo, de los hechos expuestos en
el escrito de tutela se advierte que no hizo mención alguna a la transmisión
de los consejos de ministros por medios radiales y, por el contrario, centró su
argumentación en la televisión. Por lo tanto, la Sala analizará y determinará
si el Presidente de la República vulneró su derecho fundamental a la
información, con ocasión de las transmisiones de los consejos de ministros a
través de los canales privados de televisión, desde el 4 de febrero de 2025,
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
7 Sobre este aspecto, por ejemplo, la Corte Constitucional ha sostenido (se trascribe) “En relación con el argumento
del juez de segunda instancia alusivo a la existencia de la acción de cumplimiento, cabe recordar que el medio
de tutela es principal frente a esta cuando se invoca la protección de un derecho fundamental, como en este
asunto lo hizo la demandante. De esta manera el artículo 9° de la Ley 393 de 1997 prevé que “la acción de
cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de
tutela. En estos eventos, el juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de tutela”. Sentencia T-
599 de 2016.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
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toda vez que fue este el eje sobre el cual fundamentó su solicitud de
amparo.
2.3. Verificación de la vulneración alegada
34. La Sala amparará el derecho fundamental a la información de María
Cristina Cuéllar Cárdenas, por las razones que pasan a explicarse:
35. La parte actora reclamó la protección de su derecho fundamental a
la información, el cual consideró vulnerado con ocasión de las transmisiones
de los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión,
que iniciaron el 4 de febrero de 2025. Para fundamentar su solicitud,
mencionó que las intervenciones comentadas se estaban transmitiendo en
la franja horaria en la que habitualmente veía televisión (entre las 5:30 pm y
las 9:30 pm, aproximadamente), y que estas le coartaban la posibilidad de
elegir libremente el canal de televisión de su preferencia, de acuerdo con
una oferta de contenidos plurales.
36. Con base en ello, es necesario recordar que la libertad de información
es una garantía constitucional en doble vía, puesto que la titularidad de esta
no la tiene, únicamente, quien emite la información, como sujeto activo, sino
también quien la recibe, como sujeto pasivo. En esa medida, se precisa que
el emisor tiene la posibilidad de difundir libremente la información, siempre y
cuando el mensaje que transmita sea veraz e imparcial; mientras que el
receptor tiene derecho a recibir información sustentada en la realidad,
objetiva y oportuna9.
37. En un Estado democrático, como el colombiano, las garantías de
veracidad y de imparcialidad en la información que se recibe se
materializan, entre otros elementos, en el pluralismo informativo, esto es, la
ausencia de una única fuente de información, que divulgue una sola versión
de los hechos, sin la posibilidad de tener acceso, al tiempo y en las mismas
circunstancias, a otras fuentes de comunicación, a otros enfoques o, en
general, a otra versión de los hechos o interpretaciones de la realidad.
Igualmente, como toda libertad pública, dentro de su contenido esencial se
encuentra protegida, igualmente, la posibilidad de no informarse ya que, la
información es un derecho y no podría convertirse en una obligación
constitucional, tal como se ha explicado, por ejemplo, respecto del derecho
de asociación10.
38. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que es importante
distinguir entre las particularidades que tiene el derecho a la información y
9 Corte Constitucional, Sentencias T40 y T-256 de 2013.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-333 de 2000.
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aquellas propias de la libertad de expresión, que, a menudo, parecieran
confundirse por el hecho de que ambos están reconocidos en el artículo 20
de la Constitución. Por un lado, la libertad de expresión protege la difusión
de todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales
de quien se expresa, mientras que la libertad de información protege la
comunicación de las versiones que existen sobre hechos, eventos,
acontecimientos, actos de gobierno, funcionarios, personas, grupos y, en
general, situaciones, a fin de que el receptor tenga conocimiento de lo que
ocurre en determinados ámbitos de la vida en sociedad11.
39. En ese orden de ideas, el derecho a la información constituye una
libertad trascendental para la democracia, ya que la ciudadanía, a través
de los diferentes medios de comunicación y, especialmente, de aquellos
que tienen la naturaleza de ser masivos, como lo es la televisión abierta,
puede tener conocimiento de los sucesos que la afectan o benefician, y eso
no puede restringirse a la posibilidad de conocer debates o decisiones
políticas del gobierno, con una única versión o interpretación de los hechos,
sino que debe ir más allá y ofrecer temáticas, enfoques o asuntos de
diferente índole.
40. Desde luego, la prestación del servicio público de televisión está
íntimamente ligada con la realización del derecho a la información y, por
ende, con el aseguramiento del pluralismo informativo. Los datos que se
difunden a través de los medios masivos de comunicación, como son la
radio y la televisión, aparte de que deben ser veraces e imparciales,
también tienen que ser plurales, es decir, deben mostrar distintas realidades,
versar sobre diversos temas y exponer opiniones que pueden ser
perfectamente disímiles con el objetivo de permitir la creación de una
opinión pública informada y diversa, como característica de un Estado
democrático, en el que se garantiza las libertades de opinión y de expresión,
forjadas a partir de la pluralidad de fuentes, contenidos y enfoques
informativos.
41. La televisión es, en el derecho colombiano, una actividad de interés
general y es por ello que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 182 de 1995,
es el servicio público de telecomunicaciones que ofrece programación
dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión,
transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio
y video en forma simultánea, cuya titularidad, reserva, control y regulación
corresponde al Estado y puede ser prestado, mediante concesión, por las
entidades públicas a las que hace referencia esa ley, los particulares y las
11 Entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-056 de 1995, T-040 de 2013, T-256 de 2013, SU-396 de 2017 y T-
203 de 2022.
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comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la
Constitución.
42. El servicio público de televisión se presta mediante la utilización del
espectro electromagnético, de naturaleza pública, respecto del cual el
Constituyente buscó la materialización de valores que se encuentran en
juego cuando este medio masivo es utilizado para la difusión de una única
fuente de información, con una sola versión de los hechos informados. Por
ello, el mismo artículo 20 de la Constitución, tras proclamar la libertad de
expresión y el derecho a la información, previó la necesidad de ampliar la
oferta informativa, a través del derecho a fundar y poner en actividad
medios masivos de comunicación. En el mismo sentido, y de manera
congruente, el artículo 75 de la Constitución dispuso, claramente, que “El
espectro electromagnético es un bien público inenajenable e
imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la
igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la
ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado
intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas
en el uso del espectro electromagnético”. En esa medida, la intención del
Constituyente fue crear condiciones de pluralismo informativo, libre
competencia e igualdad en el acceso al uso del espectro
electromagnético, como garantías de una sociedad democrática12.
43. Este servicio público tiene una importancia trascendental en los
procesos comunicativos y en la formación de la opinión pública, por lo que
al garantizarse la pluralidad de la información que se transmite a través de
este, se da cabal cumplimiento al principio democrático; en otros términos,
el derecho a una información veraz, integral y oportuna en su alcance de
garantía de pluralismo informativo es un pilar de la democracia. No en vano,
la Corte Constitucional ha reconocido su impacto en las interacciones
sociales, por ejemplo, en la Sentencia C-497 de 1995 indicó lo siguiente:
“La televisión ocupa un lugar central en el proceso comunicativo social. La
libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado, en una escala
masiva, dependen del soporte que les brinda el medio de comunicación. La
opinión pública, no es ajena a las ideas e intereses que se movilizan a través de
la televisión. Por consiguiente, el tamaño y la profundidad de la democracia,
en cierta medida resultan afectados por la libertad de acceso y el pluralismo
que caracterice a la televisión y ellas, sin lugar a dudas, pueden resentirse
cuando el medio se convierte en canal propagandístico de la mayoría política
o, más grave aún, de los grupos económicos dominantes. En otro campo, la
televisión despliega efectos positivos o negativos, según sea su manejo, para la
conservación y difusión de las diferentes culturas que convergen en una
sociedad compleja. Los efectos de las políticas y regulaciones en esta materia,
unido al poder que envuelve la intervención en el principal y más penetrante
medio de comunicación social, exige que su manejo se guíe en todo momento
por el más alto interés público y que ningún sector o grupo por sí sólo, así
12 Corte Constitucional, Sentencias C-654 de 2003 y C-359 de 2016.
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disponga de la mayoría electoral, pueda controlarlo directa o indirectamente.”
(Se resalta).
44. En similar sentido, en la Sentencia C-350 de 1997 precisó que:
“La televisión, como se ha dicho en forma reiterada por parte de esta
(c)orporación, es el medio masivo de comunicación al que más poder de
penetración se le atribuye en la sociedad moderna; a ella se le hace
responsable de la consolidación de un nuevo paradigma de vida, un
paradigma cuyo epicentro es un individuo que, determinado por la
complejidad y densidad del contexto en el que se desenvuelve, necesita, para
relacionarse con otros, para poder realizar actos de comunicación que afectan
y determinan su vida diaria, de intermediarios, necesidad que en gran medida
suplió la tecnología con la televisión; de hecho, a través de ella se han
cimentado las bases de una nueva cultura, en la cual el dominio del poder
político y económico lo determina, en gran medida, la capacidad de orientar
la toma de decisiones de la opinión pública, decisiones que van desde aquellas
relacionadas con el sistema político del que hacen parte las personas, hasta
aquellas que caracterizan y definen su cotidianidad, esto es, sus hábitos de
consumo.”
45. El servicio público de televisión, en esa óptica, es inherente a la
finalidad social del Estado (artículo 365 constitucional) y se ha consolidado
como una herramienta óptima para dinamizar los procesos de información
y comunicación audiovisuales, por medio del cual se promueve el respeto
por las garantías, libertades, deberes y derechos fundamentales, se facilita
el normal funcionamiento de la democracia y se propende por la difusión
de los valores humanos y las expresiones culturales de carácter nacional,
regional y local13.
46. En lo que respecta, puntualmente, a la garantía constitucional del
pluralismo informativo y la forma en que puede verse afectado con las
transmisiones de los consejos de ministros, es preciso advertir que, en
reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
corporación han señalado que las alocuciones del Presidente de la
República, aun cuando están permitidas por la ley, tienen límites en el mismo
ordenamiento jurídico, como garantía del Estado Social y Democrático de
Derecho, en el que no pueden existir poderes o facultades absolutos o de
ejercicio arbitrario o caprichoso.
47. En efecto, en la Sentencia C-1172 de 2001 la Corte Constitucional
declaró inexequible la facultad que se le otorgaba al Presidente de la
República para hacer uso de la televisión “sin limitación alguna”, que estaba
consagrada en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995. En dicha decisión,
precisó la Corte Constitucional que las alocuciones presidenciales
televisadas, pese a que pueden tener lugar en cualquier momento, no
responden a una facultad ilimitada, sino que deben corresponder a criterios
13 Estos, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley 182 de 1995, son los propósitos que pretenden perseguirse con
la prestación del servicio público de televisión.
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Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas
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de necesidad, urgencia y razonabilidad, por lo que no cualquier
información legitima al jefe de Estado para interrumpir la programación
habitual de los diferentes canales, sino aquella que pueda revestir
verdadero interés para la colectividad y que, por su trascendencia, debe
darse a conocer de manera urgente e incluso intempestiva. Estos criterios
también implican, un uso excepcional, razonable y proporcionado del uso
de la facultad presidencial de dirigirse al público, a través de la televisión.
48. Por su parte, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por medio de Sentencia de 12 de noviembre de 2014, proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-
26-000-2000-01335-01, se refirió a los límites que tiene el presidente de la
República al realizar alocuciones por medios de comunicación masiva, de
la siguiente manera:
“[S]i bien el Presidente está facultado por la ley para hacer alocuciones
televisivas, ella no lo autoriza para actuar en este caso a su arbitrio, esto es más
allá de los límites que la Constitución Política impone al ejercicio de sus
funciones, pues, tal como lo expresó la Corte, “no es cualquier información la
que legitima al Presidente de la República la interrupción de la programación
habitual, sino aquella que pueda revestir interés de la colectividad en el
conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que
sean necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida
colectiva.”
Así las cosas, la facultad del Presidente de la República para intervenir en la
televisión en cualquier momento está sometida a cuatro condiciones estrictas:
(i) Que sea personal; (ii) Que verse sobre asuntos urgentes de interés público; (iii)
Que sea necesario informar estos asuntos para la real y efectiva participación
de los ciudadanos en la vida colectiva; y (iv) Que se relacione con el ejercicio
de sus funciones.
Y es que una facultad ilimitada, y en este caso entender sin límite alguno la del
Presidente para hacer alocuciones televisivas, pugna con el artículo 1º de la
Carta puesto que lo que caracteriza a un Estado democrático, entre otras
cosas, es la imposición de límites a las autoridades y a los gobernantes.”
49. Es claro, en vista de las consideraciones expuestas, que la facultad del
Presidente de la República para dirigirse a los colombianos, a través de los
distintos canales de televisión, no le confiere poderes omnímodos al punto
de coartar derechos fundamentales como aquel que le permite a un
ciudadano acceder a la información plural y no solamente a la difusión de
las ideas políticas u opiniones del gobernante, o la transmisión de un consejo,
reunión o debate encabezado por él, actos con un carácter natural y
eminentemente político.
50. Debe aclararse, igualmente, que el hecho de que la Constitución
preceptúe que el espectro electromagnético es un bien público, sujeto a la
gestión y control del Estado, no significa que un gobierno pueda hacer un
uso arbitrario, indiscriminado o caprichoso del mismo, so pretexto de divulgar
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un mensaje que, a su juicio, podría interesar a la ciudadanía. Incluso, por
mandato constitucional, debe garantizarse el acceso a su uso en los
términos fijados por la ley, un uso que, se resalta, no es privativo, ni de los
particulares, ni de un gobierno, sino debe ser plural.
51. Por lo tanto, en un Estado Social de Derecho, como Colombia, en lugar
de restringirse la información que un medio de comunicación puede
divulgar en uso legítimo del espectro electromagnético, deberían
fomentase y potenciarse los escenarios pertinentes para que haya más
medios de comunicación, donde puedan presentarse posiciones diversas
sobre temas de interés social. Eso, sin entrar a examinar, por escapar al
objeto propio de la acción de tutela, otro tipo de efectos o impactos que
los hechos enunciados puedan tener, como, por ejemplo, en ámbitos
económicos, políticos, o sociales.
52. Ahora bien, revisado el escrito de petición de tutela, la parte actora
advierte que la vulneración de su derecho a la información tiene lugar en el
momento en que decide ver los programas de televisión que transmiten los
canales privados, luego de culminar su jornada de trabajo, pero encuentra
una única oferta: la presentación del consejo de ministros. Ese aspecto es
relevante porque para amparar el derecho alegado como vulnerado,
resulta pertinente1) examinar el horario en que normalmente se transmiten
los programas más importantes por los canales públicos y privados, y 2)
determinar la forma en que se puede ver menoscabado el pluralismo
informativo.
53. En concordancia con la Ley 182 de 1995, la franja horaria comprendida
entre las 7:00 pm y las 10:30 pm, conocida como “Triple A”, es el momento
del día en el que las personas suelen ver contenidos de producción
nacional, dentro de los que se encuentran, entre otros programas, los
noticieros transmitidos por canales públicos y privados. Es, entonces, un
horario estelar para que la ciudadanía reciba información sobre los
acontecimientos más importantes de la vida nacional e incluso pueda
acceder a contenidos relacionados con el ocio, el deporte, la cultura y el
entretenimiento. No obstante, el hecho de que las transmisiones hayan
ocurrido durante esta franja televisiva no significa que, en otros horarios, no
exista vulneración a las prerrogativas fundamentales, sino que, se trata de
una afectación agravada, como se verá a continuación.
54. Lo que se observa de cara a las situaciones padecidas por la parte
actora es que con las transmisiones del consejo de ministros que ya tuvieron
lugar y las que eventualmente pueden presentarse hacia el futuro, se
desconoce la garantía del pluralismo informativo que hace parte del
derecho a la información. Esto, en razón a que la limitada oferta de canales
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Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas
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a la que tienen acceso los ciudadanos que no cuentan con una suscripción
a un sistema de televisión directa por satélite, como es el caso de María
Cristina Cuéllar Cárdenas, hace que la pluralidad en la información se
desvanezca completamente cuando el Presidente dispone que deben
transmitirse los consejos de ministros.
55. En conclusión, la transmisión de los consejos de ministros,
principalmente en el horario en mención, pero no únicamente en este
horario, a través de los canales privados de televisión, así como en el canal
Uno, de propiedad pública, pero entregado en concesión a particulares, y
en los canales locales, regionales y comunitarios vulnera el derecho
constitucional fundamental a la información en sus dos componentes: por
una parte, suprime la libertad de no informarse, al excluir la posibilidad, para
quienes únicamente disponen del acceso a la televisión abierta, de no
enterarse de lo que se divulgue en los consejos de ministros, sin que ello
implique la opción de autoexcluirse del servicio público, desconectando el
instrumento que da acceso a la televisión (televisor o aparato que permite
el acceso a la transmisión en vivo de la emisión televisiva – streaming-). La
alternativa de no acceder a la televisión, para ejercer el derecho a no
informarse, es, en sí misma, contraria a los derechos y valores
constitucionales que se encuentran en juego en el servicio público televisivo
y que fueron descritos en esta sentencia. En otras palabras, apagar el
instrumento de acceso a la televisión no es una opción constitucionalmente
válida para compensar la trasgresión al derecho a la información, porque
ello implicaría la exclusión respecto del servicio público.
56. Por otra parte, suprime la pluralidad informativa, porque fuerza a los
televidentes a informarse de una única fuente, con una sola versión de los
hechos, lo que resulta agravado porque dicha fuente es oficial y dispone de
la legitimidad y suposición de veracidad, propia de quien ejerce la mayor
autoridad en el Estado colombiano. Este atentado al pluralismo informativo
no resulta subsanado, por el hecho de que, en otros espacios u otros
horarios, exista la posibilidad de tener acceso a otras fuentes informativas o
a otras versiones o interpretaciones de los hechos, ya que, el derecho
fundamental a la información fue vulnerado, de manera irremediable, en un
espacio televisivo en el que los usuarios del servicio no tuvieron la posibilidad
de ejercer adecuadamente su prerrogativa constitucional. Dicha
vulneración tampoco se convalida por el ejercicio del derecho de réplica,
de contenido, naturaleza y alcance diferente al de la información, porque,
aunque este permite la expresión de ideas diferentes a las presentadas en
la difusión oficial, la réplica no es simultánea y, en todo caso, no subsana la
falta de opciones informativas simultáneas y la supresión de la posibilidad de
no informarse en tiempo real, durante el espacio en el que se trasmite el
consejo de ministros.
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57. Por lo anterior, la Sala ordenará al Presidente de la República, al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a
la CRC, que no se reincida en la conducta vulneradora del derecho a la
información y, por lo tanto, en términos generales, no se transmitan más los
consejos de ministros a través de canales privados de televisión, del canal
Uno, ni en los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta,
en la medida que vulneró y podría seguir vulnerando el derecho
fundamental a la información de María Cristina Cuéllar Cárdenas. Aunque
la acción de tutela únicamente se dirigía a amparar el derecho a la
información por la difusión de los consejos de ministros en los canales
privados, en el informe rendido por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, CRC, dicha autoridad precisó que la facultad presidencial
de intervenir los canales también se predicaba de los otros canales, como
los regionales y locales, razón por la cual la orden no se limitará a los canales
privados.
58. La razón por la cual dicha limitación solo aplica respecto de los canales
privados de televisión, del canal Uno y de los canales (públicos y privados)
locales, regionales y comunitarios de televisión abierta y no respecto de los
públicos de carácter nacional, es que existe una injerencia permitida por la
ley desde el poder central en la determinación de los contenidos, temas y
opiniones que en estos últimos se adoptan y divulgan. Adicionalmente,
porque los canales locales, regionales y comunitarios de televisión no son
medios de difusión de la información del Gobierno Nacional, sino tienen una
función constitucional derivada de la autonomía de las entidades
territoriales.
59. Los canales oficiales de televisión nacional: Señal Colombia o el Canal
Institucional, que son administrados por Radio Televisión Nacional de
Colombia – RTVC, son los únicos que mantienen la posibilidad de transmitir
dichos contenidos, lo que permite que aquellas personas que desean seguir
detenidamente todas las sesiones de los consejos de ministros lo puedan
hacer. Ahora bien, esta decisión se profiere sin perjuicio de las competencias
de los jueces encargados de la acción de cumplimiento, respecto del
carácter reservado que tienen los concejos de ministros, prevista en el
artículo 9 de la Ley 63 de 1923 o de la determinación de la naturaleza de los
consejos de ministros, como alocución presidencial.
2.4. Conclusiones
60. La Sala negará y se abstendrá de pronunciarse, respectivamente, en
relación con las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica y de
coadyuvancia presentadas por Wilson Hernando Bejarano García y María
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Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas
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Leonor Villamizar Corzo, tras establecer, en el caso del primero, que no
coadyuvó, y en el caso de la segunda, que no manifestó de cuál parte
procesal fungía como coadyuvante.
61. También negará las solicitudes de desvinculación presentadas por
Plural Comunicaciones SAS y RCN Televisión SA, teniendo en cuenta que la
decisión aquí adoptada, si bien no los hace responsables de la violación,
tiene repercusiones respectos de ellas.
62. Finalmente, la Sala concederá el amparo, tras encontrar que con las
transmisiones de los consejos de ministros se vulneró el derecho fundamental
a la información de María Cristina Cuéllar Cárdenas, razón por la cual se
ordenará al Presidente de la República, a la Presidencia de la República
(DAPRE) y a la CRC que no se transmitan las sesiones del comentado cuerpo
consultivo a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de
los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de reconocimiento de personería jurídica
presentada por Wilson Hernando Bejarano García, por las razones
expuestas.
SEGUNDO: ABSTENERSE DE RESOLVER la solicitud de coadyuvancia
presentada por María Leonor Villamizar Corzo, por las razones expuestas.
TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por Plural
Comunicaciones SAS y RCN Televisión SA, por las razones expuestas.
CUARTO: AMPARAR el derecho constitucional fundamental a la
información de María Cristina Cuéllar Cárdenas, de conformidad con los
motivos expresados.
QUINTO: ORDENAR al Presidente de la República, a la Presidencia de la
República (DAPRE) y a la CRC que, una vez notificada esta providencia, no
se reincida en la conducta vulneradora y, por consiguiente, no transmitan
los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del
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canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión
abierta, de conformidad con los motivos expresados en esta sentencia.
SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra ésta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.
SÉPTIMO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
OCTAVO: Por Secretaría General de esta corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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