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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02220-00

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02220-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el consejero de Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales, para intervenir en la acción de tutela de referencia. En consecuencia, SEPARAR al doctor Yepes del conocimiento del asunto. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por la Asociación 15 SAMAI del proceso 11001-03-15-000-2025-01355-00, índice 98. 12 Radicación:11001-03-15-000-2025-02220-00 Accionante: ASCOLVIC Acción de tutela – Sentencia de primera instancia Colombiana de Víctimas del Conflicto Armado y Desplazados-ASCOLVIC, contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02220-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02220-00

Accionante: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y
DESPLAZADOS-ASCOLVIC

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

IMPEDIMENTO-Haber participado en el proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión, artículo 56.6
Código de Procedimiento Penal. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de
procedencia. TUTELA CONTRA TUTELA-Presupuestos para que proceda excepcionalmente. TUTELA CONTRA
TUTELA-No procede para revisar la decisión. TUTELA-Carácter subsidiario del amparo. TUTELA-No procede para
interferir en las decisiones que están pendientes en el proceso. DERECHO A INFORMARSE: Debe ser libre.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Asociación Colombiana de Víctimas
del Conflicto Armado y Desplazados-ASCOLVIC contra el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección B.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 16 de abril de 2025, la Asociación Colombiana de Víctimas del Conflicto Armado y
Desplazados-ASCOLVIC, por medio de su representante legal, interpuso acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la libertad de
expresión, a recibir información veraz e imparcial, a la publicidad de los actos de gobierno
y al control ciudadano, así como la garantía de los principios democráticos y de
participación ciudadana, que considera vulnerados por el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección B, al haber proferido la sentencia del 11 de abril del 2025, en el
marco del proceso de tutela identificado con el Rad. nº. 11001-03-15-000-2025-01355-
00.

La providencia enjuiciada amparó los derechos fundamentales de María Cristina Cuéllar
Cárdenas y ordenó al Presidente de la República, al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República-DAPRE y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones-
CRC que «no transmitan los consejos de ministros a través de los canales privados de

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Accionante: ASCOLVIC
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión
abierta».

En virtud de la acción de tutela, solicita lo siguiente (se transcribe, incluso con errores):

«1. Que se declare la vulneración de mis Derechos Fundamentales a la Libertad
de Expresión, Acceso a la Información y Principio de Publicidad, por parte del
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera al
emitir el fallo mencionado.

2. Que se deje sin efectos dicha decisión judicial en el Consejo de Estado – Sala
de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera Radicado 11001-03-15-000-
2025-01355-00 en lo relacionado con la prohibición al presidente de la República
de transmitir en vivo los Consejos de Ministros por medios privados de
comunicación, como R.C.N., CARACOL TELEVISION y los Canales Regionales y
Locales

3. Que se ordene garantizar el acceso libre y sin censura a las transmisiones del
gobierno nacional, conforme a los principios constitucionales.

4. Solicito al despacho del señor Juez de Tutela, que en el marco de los dispuesto
por la Ley 1448 de 2011, especialmente en lo señalado en los Articulo 156 y 157
sobre el tratamiento de la información y protección de datos personales de las
víctimas del conflicto armado, se mantenga la reserva de mi identidad y demás
datos personales que puedan poner en riesgo mi integridad o la de mi núcleo
familiar, en razón de mi calidad de víctima del conflicto armado y peticionario de
medidas de reparación, además conforme a lo previsto en la Ley 1581 de 2012
(Protección de datos personales)

5. Que, por ningún motivo de revelen los nombres de los integrantes directivos y
de afiliados de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado y
Desplazados (ASCOLVIC), ya que se pueden identificar en los documentos que
anexo y que se puede evidenciar en la creación de la asociación».

2. Hechos relevantes

El 10 de marzo de 2025, María Cristina Cuéllar Cárdenas interpuso acción de tutela
contra la Presidencia de la República, con el fin de obtener la protección de sus derechos
a la información y a «escoger libremente los temas que eran de su interés». Lo anterior,
con ocasión a las reuniones de gabinete ministerial que el Presidente de la República
ordenó transmitir, a través de los canales nacionales públicos y privados, en varias
ocasiones desde febrero de 2025.

El asunto correspondió en primera instancia al Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B que, una vez surtido el trámite, profirió sentencia del 11 de abril de 2025.
Por medio de esta accedió al amparo y ordenó:

«PRIMERO: NEGAR la solicitud de reconocimiento de personería jurídica
presentada por Wilson Hernando Bejarano García, por las razones expuestas.

SEGUNDO: ABSTENERSE DE RESOLVER la solicitud de coadyuvancia
presentada por María Leonor Villamizar Corzo, por las razones expuestas.

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TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por Plural
Comunicaciones SAS y RCN Televisión SA, por las razones expuestas.

CUARTO: AMPARAR el derecho constitucional fundamental a la información de
María Cristina Cuéllar Cárdenas, de conformidad con los motivos expresados.

QUINTO: ORDENAR al Presidente de la República, a la Presidencia de la
República (DAPRE) y a la CRC que, una vez notificada esta providencia, no se
reincida en la conducta vulneradora y, por consiguiente, no transmitan los consejos
de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los
canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, de conformidad
con los motivos expresados en esta sentencia.

SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
(artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se
adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra
ésta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por
la Secretaría General para tal fin.

SÉPTIMO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

OCTAVO: Por Secretaría General de esta corporación, PUBLICAR la presente
providencia en la página web del Consejo de Estado».

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-DAPRE y la Comisión
de Regulación de Comunicaciones-CRC impugnaron la decisión. Estas entidades y otros
terceros, que no habían intervenido en el proceso, interpusieron solicitudes de nulidad.

Mediante auto del 8 de mayo de 2025, el Consejero Ponente negó dichas solicitudes y
concedió la impugnación. Esta se encuentra en trámite y pendiente de ser resuelta por el
juez constitucional de la segunda instancia.

3. Fundamentos de la solicitud

La parte actora considera que la accionada vulneró sus derechos fundamentales a la
libertad de expresión, de acceso a la información y los principios de publicidad y de control
ciudadano, al haber proferido la sentencia de tutela del 11 de abril de 2025. Sostiene que
esta impide, en general, ejercer el control ciudadano e informarse sobre las decisiones
que toma el Gobierno Nacional.

Plantea que no es cierto que exista vulneración a los derechos fundamentales de María
Cristina Cuéllar Cárdenas en el proceso cuyo fallo enjuicia. Por el contrario, «lo que hace
el primer mandatario es tener informado de las actividades de aquellos que nos
gobiernan», asunto que califica como «ejemplo para los alcaldes y gobernadores», pues
permite hacer seguimiento al manejo del erario. Además, considera que la transmisión
del Consejo de Ministros «permite la participación democrática» y es una manifestación
del principio democrático, que da forma al Estado de derecho.

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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En ese sentido, considera que con la decisión se coarta la posibilidad de hacer ese control
ciudadano y seguimiento a la gestión pública y al cumplimiento del plan de gobierno del
Presidente, lo cual vulnera su derecho a la información. Adicionalmente, la parte
accionante enfatiza en que, como contracara del derecho «a ver un noticiero», que alegó
vulnerado la accionante en el proceso que dio lugar al fallo, está su derecho «de ver los
Consejos de Ministros».

En segundo lugar, considera que, a diferencia de lo razonado en el fallo enjuiciado, los
Consejos de Ministros televisados no tenían ninguna vocación de confidencialidad porque
no pusieron en riesgo bienes jurídicos protegidos por la reserva de ley, al no haber tratado
temas de defensa o seguridad nacional, así como tampoco temas diplomáticos ni de
negocios con otras naciones.

En tercer lugar, la parte accionante planteó que, de conformidad con el artículo 32 de la
Ley 182 de 1995, el Presidente puede utilizar la televisión para dirigirse al país «en
cualquier momento y sin ninguna limitación».

Finalmente, dicho extremo argumenta que televisar los Consejos de Ministros favorece
la transparencia del Gobierno y la rendición de cuentas, fomenta una mayor información
de la ciudadanía, previene la corrupción, garantiza la igualdad en el acceso a la
información y podría reforzar la percepción positiva de la administración, al «ver a los
ministros actuar con profesionalismo y respeto a la ley».

4. Trámite procesal

El 5 de mayo de 2025, se devolvió la tutela1 para que la parte accionante aclarara si
quien actuaba lo hacía en calidad de representante legal Asociación Colombiana de
Víctimas del Conflicto Armado y Desplazados-ASCOLVIC, o en su propio nombre. Así el
suscrito en la solicitud aclaró que actuaba como representante legal de la Asociación2.

El 26 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela3 y se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como al Presidente de la República, al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República-DAPRE, a la Comisión de Regulación
de Comunicaciones-CRC, a Plural Comunicaciones S.A.S., a RCN Televisión S.A., a
Caracol Televisión S.A. y a María Cristina Cuéllar Cárdenas, como terceros interesados.
Asimismo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se publicó
la providencia en la página web de esta Corporación. Igualmente, se solicitó al Consejo

1 SAMAI, índice 4.
2 SAMAI, índice 8.
3 SAMAI, índice 10.

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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de Estado-Sección Tercera-Subsección B que enviara copia digital del expediente de
tutela.

Finalmente, se ordenó a la Secretaría General de la Corporación que se mantenga la
reserva de los documentos obrantes en el expediente para que sean visibles,
únicamente, por las partes y terceros vinculados al proceso, con ocasión a la solicitud
presentada por la parte de la accionante en el escrito de tutela.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, a
través del Honorable Consejero ponente de la providencia reprochada, manifestó que
estaría dispuesto a lo que disponga el juez de tutela en el marco de la presente acción.
Consideró que el expediente de la providencia en cuestión contiene los argumentos y
elementos necesarios para tomar la decisión que corresponda en derecho.

La Presidencia de la República solicitó que se declare procedente la acción y que se
acceda a las pretensiones. Manifestó que la providencia cuestionada contiene una serie
de irregularidades las cuales fueron expuestas en el escrito de impugnación presentado
en dicho proceso de tutela. Planteó que la acción presentada por María Cristina Cuéllar
Cárdenas carecía del requisito de subsidiariedad. Esto, pues contaba con otros recursos
administrativos y judiciales ordinarios. Manifestó que esta pudo presentar el medio de
control de reparación directa contra el Estado, en caso de considerar que con su
actuación se genera un daño antijurídico.

Esgrimió que la Subsección B de la Sección Tercera dio por superado el requisito
mencionado, sin ahondar en dicho argumento de forma debida. Sostuvo que dicha
autoridad judicial tampoco analizó el presunto daño irreparable que se estaría
pretendiendo evitar, al conceder el amparo deprecado, el cual, además, no fue acreditado
por la accionante en el proceso en cuestión.

En línea con lo anterior, manifestó que el fallo cuestionado desnaturalizó el efecto inter
partes de la acción de tutela y generó el efecto inter communis, de forma equivocada.
Esto por cuanto la accionada extendió las consecuencias del fallo a terceros que no
fungieron como demandantes ni demandados. Hizo alusión a la asociación actora en el
presente trámite y adujo que la decisión cuestionada afectó a un número indeterminado
de terceros que no hicieron parte del proceso y, por tanto, no tuvieron la oportunidad de
defender sus derechos. Trajo a colación distintas decisiones de la Corte Constitucional
con el fin de dar sustento a lo anterior.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC solicitó a la Sala que se abstenga
de librar cualquier orden en su contra, pues no ha incurrido en vulnerar los derechos de

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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

la accionante. Adujo que carece de competencia para regular el desarrollo de los
Consejos de Ministros, así como el contenido de los mismos. Trajo a colación las Leyes
1978 de 2019 y 182 de 1995, las sentencias T-327 de 2010 y C-1172 de 2001, proferidas
por la Corte Constitucional y una proferida por el Consejo de Estado 4 , con el fin de
sustentar lo expuesto.

Con base en el marco normativo y jurisprudencial mencionado, señaló que ha actuado
en el marco de sus funciones legales y constitucionales al dar trámite a las alocuciones
presidenciales cuestionadas. También manifestó que, contra la misma providencia
reprochada en la presente acción, se han presentado otras acciones de tutela e hizo
mención a los radicados bajo los cuales estas se están tramitando en la Corporación.

María Cristina Cuéllar Cárdenas solicitó denegar la acción de tutela y mantener en firme
la providencia cuestionada. Señaló que la entidad que accionó es la que realmente
vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz e imparcial, pues se ha
dado un uso abusivo de la figura de alocución presidencial. Esgrimió que son los
ciudadanos quienes se ven ante la imposibilidad de escoger otros programas y que los
accionantes pueden sintonizar los canales públicos nacionales de Señal Colombia y
RTVC en donde la sentencia de tutela cuestionada le permitió a la Presidencia de la
República transmitir el contenido que hoy reclaman.

También trajo a colación la sentencia SU-128 de 2021, proferida por la Corte
Constitucional. Con base en esta, planteó que la presente acción es improcedente al
tratarse de una tutela contra tutela. Planteó que la providencia reprochada tuvo en
consideración el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso, por lo cual está
ajustada a derecho.

Mencionó la sentencia del 30 de mayo de 2025, proferida por el Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección A. Afirmó que mediante esta se estableció que el auto
admisorio de la tutela, en virtud de la cual se profirió la sentencia enjuiciada, fue publicado
mediante aviso fijado en la página web de la Corporación. Ello permitió a la ciudadanía
conocer sobre la existencia de dicha acción. Tanto así que la Comisión de Regulación de
Comunicaciones-CRC intervino en su trámite, por lo cual no se vulneraron los derechos
de terceros.

Manifestación de impedimento

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Exp. 28.505. M.P.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Previo al trámite de votación del proyecto de fallo, el Consejero Nicolás Yepes Corrales
manifestó su impedimento para conocer de la presente acción de tutela, con fundamento
en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Planteó que su
despacho conoce de la impugnación de la sentencia que se enjuicia a través de la
presente acción, por lo que ya conoce de los hechos objeto de la acción y, además, se
ha pronunciado sobre ellos, a través de auto proferido el 15 de julio5.

CONSIDERACIONES

5. Impedimento

La Sala advierte que el consejero Nicolás Yepes Corrales está impedido para conocer de
la acción de tutela.

La causal contenida en el numeral 4 excluye las opiniones dictadas en ejercicio de la
actividad judicial6, salvo que guarden correspondencia fáctica y jurídica con el proceso
sobre el que se evalúa el impedimento. Además, el numeral 6 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal, que dispone que el juez deberá apartarse del conocimiento del
proceso por haber «dictado la providencia de cuya revisión se trata» o por haber
«participado dentro del proceso».

Observa la Sala que el 17 de junio de 2025, la impugnación de la sentencia objeto de
tutela fue repartida al despacho de Consejero Yepes para su ponencia. Al fungir como
consejero ponente de la providencia que desatará la impugnación de la sentencia
enjuiciada, no cabe duda de que el consejero participa en el proceso en el que se profirió
la providencia objeto de revisión en sede de impugnación y, además, ya ha proferido
decisiones interlocutorias en él 7 , por lo que emitió una opinión vinculante dentro del
mismo, con identidad fáctica y jurídica. En ese entendido, se configuran las causales
cuarta y sexta del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Por demás, conocer del presente caso implicaría que el Consejero Yepes estaría
dictando sentencia sobre su propia competencia como ponente de la impugnación, lo cual
resulta inadmisible de cara a garantizar la recta administración de justicia en este
proceso. Por todo lo anterior, se aceptará el impedimento.

5 Identificado con Rad. No.: 11001-03-15-000-2025-01355-02
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 7 de febrero de 2025. Rad. No. 11001-03-15-000-2025-

00117-00. C.P. Fernando A. Pardo Flórez, entre otros.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de 6 de octubre de 2021. STL13457-2021. Radicación
No. 94907. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. Sala de Casación Penal. Auto del 16 de mayo de 2012, Rad. 38872. Auto
del 21 de febrero de 2012, Rad. 38375; Auto del 27 de abril de 2011, Rad. 35855, entre otras.
7 Auto del 15 de julio de 2025. SAMAI del proceso 11001-03-15-000-2025-01355-02, índice 20.

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6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia del
11 de abril de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B.

7. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 8 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Tutela contra providencias proferidas en acción de tutela

La Corte Constitucional, en su jurisprudencia de unificación, determinó que la acción de
tutela contra una sentencia de tutela es, por regla general, improcedente 10. Dicha regla

8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Ibidem.
10 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Sentencia SU-1219

de 2001.

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no admite excepciones cuando la sentencia es expedida por esa Corporación. Si la
sentencia es proferida por cualquier otra autoridad judicial, la tutela procederá cuando se
configure la cosa juzgada fraudulenta. Este fenómeno se consolida cuando i) se
satisfacen los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, ii) se demuestre que la decisión adoptada en la providencia fue
producto de un fraude y iii) que no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.

El fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta sólo puede existir, en sede de tutela, cuando
el fallo haya hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, lo cual ocurre una vez la Corte
Constitucional se abstiene de seleccionar el fallo para revisión dentro del término legal
otorgado para ello11.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.1 del Decreto
2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla
tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos
ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados12.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el objeto
de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías legítimas de defensa y
reconocimiento de derechos fundamentales13.

La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos mecanismos
no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable14. Dicha autoridad, en sentencia
SU-062 de 2018, estableció las razones principales que refuerzan el requisito de
subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:

11 Además del término de insistencia de los magistrados, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo

y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En ese sentido: Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia del
29 de julio de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera.
12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las

sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018,
M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-695 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Accionante: ASCOLVIC
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió
el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a
acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de
subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una
persona sólo puede ser procesada por su juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido
proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha
dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia
u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones
a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica».

Caso concreto

La accionante considera que el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B,
vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a recibir información
veraz e imparcial, a la publicidad de los actos de gobierno y al control ciudadano, así
como la garantía de los principios democráticos y de participación ciudadana, al haber
proferido la sentencia del 11 de abril del 2025.

La Sala advierte que la providencia cuestionada fue proferida en el marco de un proceso
de tutela. Respecto de este punto, la presente acción es a todas luces improcedente,
pues no satisface los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, ni los
supuestos excepcionalísimos de procedencia de la acción de tutela contra una decisión
de su misma naturaleza.

En virtud de lo anterior, los reproches expuestos por la accionante no satisfacen una
carga argumentativa mínima, que permita abordar el estudio de los argumentos que
esgrime. Por un lado, no plantea los requisitos especiales de procedencia de acción de
tutela contra providencia judicial como base de la discusión que propone y, por otro lado,
ni siquiera alega la configuración de fraude en la decisión que cuestiona. Se limita a
plantear su inconformidad con lo resuelto en la sentencia del proceso con radicado No.
11001-03-15-000-2025-01355-00.

Además, la cosa juzgada fraudulenta sólo podrá configurarse cuando fenezca el término
para que la Corte Constitucional seleccione la sentencia para revisión, pues solo

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Radicación:11001-03-15-000-2025-02220-00
Accionante: ASCOLVIC
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

entonces un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada si no es escogida. Siendo este
requisito indispensable para presentar acción de tutela contra una providencia de su
misma naturaleza, situación que, por demás, no se encuentra acreditada en el caso en
cuestión. En ese entendido, la acción de tutela resulta abiertamente improcedente y lo
será hasta que el expediente sea enviado a dicha Corte y esta decida no revisarla.

En consonancia con lo anterior, la presente acción tampoco cumple con el requisito de
subsidiariedad. Esto pues, una vez revisado el aplicativo de SAMAI del Consejo de
Estado, fue posible evidenciar que actualmente se encuentra en curso el trámite de
impugnación de la providencia enjuiciada. Como se estableció en los antecedentes de
esta providencia, el 8 de mayo de 2025 15 , el despacho del Honorable Consejero de
Estado que conoció del proceso objeto de la presente acción, concedió la impugnación
presentada contra la decisión del 11 de abril de 2025, la cual se encuentra en proceso de
ser resuelta por el ad quem constitucional.

En virtud de ello, como la impugnación de la sentencia que hoy se cuestiona se encuentra
en proceso de ser resuelta por el juez de tutela de segunda instancia, aún no se han
agotado los mecanismos previstos por el ordenamiento para desatar la discusión objeto
de debate en la providencia reprochada y que la accionante alega como vulneradora de
sus derechos. El proceso cuestionado se encuentra en curso y pendiente de ser resuelto
por la autoridad competente y ordenar lo que estime pertinente frente al caso.

En este sentido, no es posible que un segundo juez de tutela interfiera en la actuación,
pues esta se encuentra vigente y bajo la dirección del juez constitucional de segunda
instancia. Así, el pronunciamiento de esta Sala configuraría un desplazamiento del juez
competente y emitiría un prejuzgamiento sobre asuntos que le corresponden. De modo
que la solicitud de tutela, en este sentido, también resulta abiertamente improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el consejero de
Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales, para intervenir en la acción de tutela de
referencia. En consecuencia, SEPARAR al doctor Yepes del conocimiento del asunto.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por la Asociación

15 SAMAI del proceso 11001-03-15-000-2025-01355-00, índice 98.

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Radicación:11001-03-15-000-2025-02220-00
Accionante: ASCOLVIC
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Colombiana de Víctimas del Conflicto Armado y Desplazados-ASCOLVIC, contra el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

VF

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