Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01355-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01355-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01355-02
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
21 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-02
Accionante: María Cristina Cuéllar Cárdenas
Accionados: Presidente de la República y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide las impugnaciones presentadas en contra del fallo de tutela proferido
el 11 de abril de 20251 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
María Cristina Cuéllar Cárdenas interpuso acción de tutela2 en procura de la
protección de su derecho fundamental a la libertad de información, que consideró
vulnerado por el Presidente de la República, al estimar que las transmisiones de los
Consejos de Ministros, a través de los canales privados de televisión, le impiden
elegir libremente el contenido de los programas que consume.
2. Hechos
2.1. La parte actora afirma que es una persona mayor, reside con su esposo en una
finca ubicada en el municipio de Calima Darién, se dedica a labores del campo y,
ocasionalmente, ejerce su profesión de abogada, aunque principalmente se
encuentra retirada.
2.2. Dentro de sus actividades diarias, refiere que su rutina finaliza a las 5:30 p. m.,
momento a partir del cual se dedica a ver diariamente los programas de televisión
locales. Sin embargo, el 4 de febrero de 2025 no pudo disfrutar de la programación
1 Obra en el certificado DB171CFE2580A33F D8FA2A67B8EAEE33 5C3A6D00BC9F9A86
04E7A9920100E872, índice 41.
2 Obra en el certificado DC482A529082FFA6 82F73F64C51B2F01 110B2ACA4E4A4D8E
8D0B8453D112C4F3, índice 2.
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de los canales privados debido a la emisión del Consejo de Ministros, que se
extendió por más de cuatro horas. Esta situación se repitió el 3 de marzo de 2025.
2.3. La accionante manifestó que no cuenta con acceso a servicios de televisión
como DirecTV, Claro o Movistar ni a ningún otro proveedor que le permita escoger
el contenido que desea consumir.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, en la medida
en que la interrupción semanal de los medios radiales y televisivos por parte del
Presidente de la República y su Consejo de Ministros constituye un abuso de su
facultad de utilizar dichos medios de comunicación masiva. Señala que lo discutido
en esas emisiones, por una parte, tiene carácter reservado, conforme al artículo 9
de la Ley 63 de 1923, y, por otra, no representa una situación de urgencia que
amerite la atención de toda la ciudadanía.
En ese sentido, consideró que la conducta fue arbitraria y atentó contra su derecho
a escoger libremente los temas de su interés, pues la privó de la posibilidad de elegir
el contenido que desea consumir. Así, citó la sentencia C 1172 de 2001, en la cual
la Corte Constitucional estableció que las facultades del Presidente para dirigirse a
la ciudadanía están sujetas a ciertas restricciones. Por ello, reiteró que, sin un
propósito de necesidad y urgencia de interés nacional, las intervenciones del alto
mandatario resultan ilegales.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“1. ADMITIR la acción de Tutela
2. CONCEDER EL AMPARO solicitado y ordenar a la PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA respetar el DERECHO A LA INFORMACION
3. Que, como consecuencia de lo anterior, en adelante, las intervenciones
televisivas y radiales del presidente de la república de Colombia, sean
transmitidas por los canales oficiales, dejando en libertad a los ciudadanos
como los suscritos de poder elegir el medio radial o televisivo privado que mejor
llene nuestras expectativas”3.
3 Folio 3 del certificado DC482A529082FFA6 82F73F64C51B2F01 110B2ACA4E4A4D8E
8D0B8453D112C4F3, índice 2.
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5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 12 de marzo de 20254, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de
demandada, a la Presidencia de la República y, en calidad de terceros con interés,
al Canal RCN, a Caracol Televisión y al Canal Uno5.
5.2. El Canal Uno6 afirmó que sus actuaciones obedecieron al cumplimiento de una
obligación legal. No obstante, señaló que, pese a las molestias que la interrupción
de su programación habitual pudiera generar, obró con respeto al derecho
constitucional a la información de sus televidentes y con conciencia de la
responsabilidad que le asiste como medio de radiodifusión. En consecuencia,
estimó que no tiene competencia ni injerencia en los hechos narrados y, por ello,
solicitó su desvinculación.
5.3. El Canal RCN7 informó que, tanto el 4 de febrero de 2025 como el 3 de marzo
de 2025, recibió comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
en las cuales se invocó el artículo 32 de la Ley 182 de 1995 y se anunció que el
Presidente de la República se dirigiría al país. En virtud de su obligación de
garantizar el acceso de los servicios de televisión a los partidos o movimientos
políticos y al Gobierno Nacional, permitió que el alto mandatario hiciera las
alocuciones en las fechas mencionadas. Por lo anterior, el medio de comunicación
consideró que no existió acción u omisión alguna de su parte que implicara la
vulneración de derechos fundamentales y solicitó su desvinculación del trámite.
5.4. Caracol Televisión8 citó la sentencia C 1172 de 2001 para señalar que la
utilización del servicio de televisión por parte del Presidente de la República no
puede ser abusiva, pues solo se justifica cuando se trata de comunicar asuntos de
interés colectivo y no debe emplearse con fines partidistas. Asimismo, hizo mención
4 Obra en el certificado 5DB9991927A47621 2201F641EE07F0E4 AAE363E8252E9C35 5C0C1BD003D51913,
índice 4.
5 Los soportes de notificación obran en el índice 7.
6 Obra en el certificado 2673A1808B6E8921 1FB9C1C59AE3CEBB CF5B81762C0309D4
054106CD2DE03F46, índice 9.
7 Obra en el certificado CE04C9F2C6F43C91 35A6E1FC208EA9FF E35E1AA1C5B3346F
3F41A2B25FBA0B0D, índice 11.
8 Obra en el certificado D4AC699F3E5C82DC CE491F261904FC35 F69B3BC51F8C7A5A
6BADAA8279CBCB41, índice 12.
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a la sentencia del 12 de noviembre de 2014 del Consejo de Estado, en la que se
consideró que ningún ciudadano puede ser forzado a escuchar o ver lo que no
desea.
En el mismo sentido, el canal hizo referencia a que la facultad del Presidente de la
República para interrumpir la programación de televisión está sometida a varias
condiciones: su utilización debe ser previa y motivada y no es ilimitada. Por lo
anterior, consideró que, durante las transmisiones del Consejo de Ministros, el
Presidente realizó elucubraciones sobre varios temas, criticó gobiernos pasados,
reprendió a sus ministros, entre otros, lo cual evidenció que dichas sesiones no se
adecuaron al artículo 32 de la Ley 182 de 1995. Por consiguiente, se generó una
afectación al derecho a recibir información, el cual, además, continuó bajo amenaza
ante la expresa declaración del alto mandatario de mantener la transmisión de sus
reuniones.
Además, sostuvo que, si bien no desconoce el valor que representa para la
democracia la transparencia en el ejercicio de la función pública y el principio de
publicidad, la interrupción de la programación habitual de televisión no es el medio
idóneo para garantizar dichos principios. Señaló que la facultad presidencial debe
ser ejercida de manera ponderada y, en los términos del artículo 15 de la Ley 1909
de 2018, se debe brindar igual oportunidad a las organizaciones políticas declaradas
en oposición. Agregó que el Presidente de la República cuenta con los canales
públicos como Señal Colombia y Señal Institucional, así como con su cuenta en la
red social X, por lo que no existe razón suficiente para impedir que los televidentes
accedan, conforme a su gusto, a los demás contenidos nacionales, los cuales
representan una manifestación de la diversidad cultural propia de una sociedad libre
y democrática.
Finalmente, adujo que dichas actuaciones generan efectos severos en la
rentabilidad de las empresas que explotan comercialmente el servicio de televisión.
En consecuencia, concluyó que le asiste razón a la actora al solicitar la protección
de sus garantías constitucionales frente a la amenaza que representa la transmisión
de los Consejos de Ministros.
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5.5. Mediante memorial de alcance a su contestación9, Caracol Televisión informó
sobre la publicación de un comunicado, el 6 de marzo de 2025, por parte de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, y dejó a discreción del Despacho la
decisión sobre la vinculación de la entidad en mención.
5.6. La Presidencia de la República10 estimó que la tutelante no acreditó cuál era la
amenaza o vulneración concreta de sus derechos fundamentales. Señaló que no se
evidenció que la entidad hubiera incumplido de manera grave y directa sus
obligaciones, ni se aportaron pruebas suficientes para demostrar una contribución
determinante en la violación de las prerrogativas constitucionales de la actora. En
su lugar, argumentó que se pretendía una protección abstracta, sin fundamentos
claros ni hechos específicos.
Sumado a lo anterior, afirmó que el Presidente de la República tiene la facultad de
fijar las funciones y reglas de operación del Consejo de Ministros, lo cual incluye la
posibilidad de hacer públicas algunas de sus sesiones, conforme al artículo 47 de
la Ley 489 de 1998, declarado exequible en la sentencia C 702 de 1999. Además,
esgrimió que las temáticas abordadas fueron consideradas de conocimiento
esencial para la ciudadanía, dado que versaron sobre acontecimientos actuales en
el país.
Por otro lado, aseguró que la transmisión de los Consejos de Ministros no ha
contrariado lo dispuesto en la Ley 63 de 1923, toda vez que lo discutido no fue un
tema sometido a reserva legal, en los términos del artículo 24 de la Ley 1437 de
2011 y de la Ley 1712 de 2014. Adicionalmente, concluyó que la posibilidad de hacer
públicas las sesiones del Consejo de Ministros depende del ejercicio de la facultad
reglamentaria del Presidente de la República.
5.7. María Cristina Cuéllar Cárdenas11, posteriormente, informó que el 26 de marzo
de 2025 se incurrió en una nueva vulneración a sus garantías constitucionales, ya
que se interrumpió la programación nacional habitual para retransmitir una sesión
del Consejo de Ministros, que ya había sido difundida, lo cual demostró que dicha
9 Obra en el archivo 20250318- Alcance - Complementación - Tutela María Cristina Cuellar Cárdenas- Caracol
Televisión del certificado 64E7005AF9F67512 895AFBED66783BC0 68AB96769E5445EB
EA3A19D206AC4AFD, índice 13.
10 Obra en el archivo D303E0AA480B1A9B 899ED27E6979E06A 3C99621C2FA8BE69 C99EE290C8C6C7CA,
índice 15.
11 Obra en el certificado C5E96FD04C98D88F 536762E390AB0AF4 5F9D6DD6FB4F9C15
F01280B41CCF8826, índice 27.
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información no era urgente ni lo suficientemente relevante, por lo que, al haberse
emitido en el horario de los noticieros, se le impidió acceder a las noticias y
opiniones de fuentes distintas al Gobierno Nacional.
Asimismo, trajo a colación una publicación realizada por el Presidente de la
República en su cuenta de “X”, en la que, en su criterio, se demostró una clara
amenaza a sus derechos fundamentales y, por ello, solicitó que se le ordene al alto
mandatario que se abstenga de abusar de la figura de la alocución presidencial y
se decreten las medidas preventivas necesarias.
5.8. Juan Carlos Calderón España12 intervino en el sentido de señalar que la actora
no estaba legitimada en la causa por activa, pues no existió un interés directo para
actuar. Por otro lado, argumentó que no se superó el requisito de subsidiariedad, ya
que, en virtud del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, la tutelante podía acudir a la
acción popular. Además, estimó que las transmisiones presidenciales se
encuentran ajustadas al respeto por el derecho de la libertad de expresión e
información.
5.9. La Presidencia de la República13 dio alcance a su contestación con el fin de
indicar que, más allá de la supuesta falta de veracidad de las afirmaciones de la
demandante y de Caracol Televisión, lo cierto es que el debate jurídico sobre el uso
de la facultad del Presidente de la República no debía ventilarse mediante una
acción de tutela. En su criterio, los reproches que pudiera tener la ciudadana o el
canal de televisión debían ser tramitados a través de los medios de control de
nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho o de reparación directa. En ese
sentido, consideró que no se superó el requisito de subsidiariedad, dado que
tampoco se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Por otra parte, afirmó que tanto la accionante como Caracol Televisión confundieron
el derecho constitucional a recibir información veraz e imparcial, con criterios de
pluralidad. Señaló que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un derecho
fundamental a ver televisión en un canal privado, ni siquiera como manifestación del
derecho fundamental a la información. En todo caso, indicó que dicha prerrogativa
no se satisface exclusivamente a través de la televisión abierta, sino que la
12 Obra en el certificado 102DF714A605E49B 721B693C03463025 05E2B4F4D596B585 301AEDB00C256E51,
índice 28.
13 Obra en el certificado D069147D87363EF1 AD0ABCC99EDB9ECB F3C6748E4FFD43CA
B5FCB2426CAA82BC, índice 30.
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ciudadanía cuenta en la actualidad con una amplia oferta de medios de
comunicación masivos y no masivos.
5.10. Edwin Palma Egea14 presentó una intervención en la que adujo que la
transmisión de los Consejos de Ministros hace parte de la función del Presidente de
la República como símbolo de la unidad nacional, consistente en informar a los
ciudadanos sobre los aspectos más relevantes de la vida colectiva, por lo que
consideró que es una medida necesaria y proporcional que contribuye a la
consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho.
5.11. La Comisión de Regulación de Comunicaciones15, mediante la figura del
amicus curiae, se refirió a sus competencias, a la figura de la alocución presidencial
y al concepto interno y externo del pluralismo informativo. Específicamente, explicó
que, en la práctica, para llevar a cabo una transmisión presidencial, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República informa a la CRC la voluntad del
Presidente de realizar la emisión, se le indica la fecha y hora, y, a su vez, el ente
regulador remite una comunicación a los operadores de televisión que se
encuentran en el deber legal de interrumpir su programación para enlazar la señal
con la alocución. En ese sentido, resaltó que su función se limita a informar a los
canales de televisión sobre la fecha y hora de la transmisión, sin tener injerencia
alguna en su contenido ni en su duración.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 11 de abril de 202516, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de reconocimiento de personería jurídica
presentada por Wilson Hernando Bejarano García, por las razones expuestas.
SEGUNDO: ABSTENERSE DE RESOLVER la solicitud de coadyuvancia
presentada por María Leonor Villamizar Corzo, por las razones expuestas.
TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por Plural
Comunicaciones SAS y RCN Televisión SA, por las razones expuestas.
14 Obra en el certificado 5F0DAF1AB6EECD9A 5DAD44D39C44FD42 432F81C9D39C5340
DE79FB4F67709252, índice 34.
15 Obra en el certificado 823E4BC85FA20677 FB5E1D562F3C59F3 60E4313E4220857C
B66A0D6FC60C1135, índice 38.
16 Obra en el certificado DB171CFE2580A33F D8FA2A67B8EAEE33 5C3A6D00BC9F9A86
04E7A9920100E872, índice 41.
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Accionado: Presidente de la República y otros
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CUARTO: AMPARAR el derecho constitucional fundamental a la información
de María Cristina Cuéllar Cárdenas, de conformidad con los motivos
expresados.
QUINTO: ORDENAR al Presidente de la República, a la Presidencia de la
República (DAPRE) y a la CRC que, una vez notificada esta providencia, no se
reincida en la conducta vulneradora y, por consiguiente, no transmitan los
consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal
Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta,
de conformidad con los motivos expresados en esta sentencia.
SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso
y/o solicitud contra ésta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin. (…)”17.
El a quo constitucional, luego de establecer que la solicitud de amparo superó todos
los requisitos de procedibilidad, consideró que la libertad de información es una
garantía constitucional de doble vía: por una parte, el emisor tiene la posibilidad de
difundir libremente su contenido, siempre que el mensaje sea veraz e imparcial; por
otra, el receptor tiene el derecho a recibir información sustentada en la realidad,
objetiva y oportuna.
Así, resaltó que el Estado democrático se caracteriza por garantizar la veracidad e
imparcialidad de la información, lo que se materializa, entre otros elementos,
mediante el pluralismo informativo, entendido como la ausencia de una única fuente
de información. Adicionalmente, puso de presente que, al tratarse de una libertad
pública, dentro de su contenido esencialmente protegido también se encuentra la
posibilidad de no informarse.
En ese sentido, la prestación del servicio público de televisión se encuentra
íntimamente vinculada con la materialización del derecho a la información y con el
aseguramiento del pluralismo informativo. Por esta razón, de conformidad con el
artículo 1 de la Ley 182 de 1995, se trata de una actividad de interés general
respecto de la cual el Constituyente propició la creación de condiciones de
pluralismo informativo, libre competencia e igualdad en el acceso al uso del
espectro electromagnético.
De esta forma, estimó que las facultades del Presidente de la República para
dirigirse a la ciudadanía no constituyen poderes omnímodos. Si bien el espectro
electromagnético es, constitucionalmente, un bien público sujeto a la gestión,
17 Folios 16 – 17, ibid.
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control y vigilancia del Estado, ello no implica que el Gobierno pueda utilizar dicho
recurso de forma arbitraria o indiscriminada, bajo el pretexto de divulgar un mensaje
que considere de interés para la población.
En línea con lo anterior, se evidenció que la vulneración del derecho de la
accionante tuvo lugar en el momento en que, al finalizar su jornada diaria y
disponerse a descansar, solo encontró una única oferta de contenido disponible, lo
cual, según el juez constitucional de primera instancia, se agravó al tenerse en
cuenta que la transmisión se hizo entre las 7:00 p. m. y las 10:30 p. m., es decir, en
el horario de mayor sintonización y en el que se programan habitualmente los
noticieros, lo que implica que es uno de los momentos del día en que la ciudadanía
accede a información sobre los acontecimientos más importantes de la vida
nacional. Lo anterior, con la aclaración de que en otros horarios también es posible
incurrir en una vulneración al derecho fundamental.
Como consecuencia, se concluyó que la transmisión de los Consejos de Ministros
vulnera el derecho fundamental a la información en dos de sus dimensiones: por
un lado, afecta la libertad de no informarse de aquellas personas que únicamente
disponen de acceso a la televisión abierta y, por el otro, suprime la pluralidad
informativa, ya que fuerza a los televidentes a informarse de una única fuente y una
única versión de los hechos.
En ese sentido, aunque la acción de tutela se dirigía únicamente contra la difusión
del Consejo de Ministros en los canales privados, la orden se extendió también a
los canales públicos locales, regionales y comunitarios de televisión abierta. Lo
anterior, en atención a que dichos canales no constituyen medios de difusión de la
información del Gobierno Nacional, sino que atienden una función constitucional
vinculada a la autonomía de las entidades territoriales. Por esta razón, únicamente
los canales oficiales, como Señal Colombia y el Canal Institucional, conservaron la
posibilidad de transmitir el contenido señalado como vulnerador de derechos
fundamentales.
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7. Las impugnaciones y el trámite posterior a la sentencia de primera
instancia
7.1. La Presidencia de la República18 y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones19 promovieron un incidente de nulidad, frente al cual la actora20 y
Caracol Televisión21 allegaron sus propias manifestaciones.
7.2. James Fernández Cardozo22, en calidad de coadyuvante, intervino con el
propósito de señalar que restringir la transmisión de los Consejos de Ministros a
canales oficiales desconoce el principio de prevalencia del interés general sobre el
particular, pues privilegia el derecho de la actora sobre la garantía colectiva de
acceder a la información relacionada con las decisiones del Gobierno Nacional,
sumado a que dichas emisiones son ocasionales. De esta manera, realizó una
analogía con la difusión de los partidos de fútbol de la Selección Colombia, los
cuales, pese a que también ocupan los canales públicos y privados en horarios
similares a los Consejos de Ministros, no se han considerado una afectación a los
derechos de los televidentes.
En adición a lo anterior, estimó que la sentencia de primera instancia restringió el
derecho a la información y el pluralismo informativo, pues limitar la transmisión a
los canales oficiales configura una forma de censura previa, además de interferir
indebidamente con las facultades que la Ley 489 de 1998 le otorga al Presidente
de la República sobre las sesiones del Consejo de Ministros, lo que, a su vez,
comportó una limitación injustificada a la autonomía del Ejecutivo y a su deber
constitucional de garantizar la transparencia en la gestión pública.
De otra parte, estimó desproporcionada la medida ordenada, pues implicó una
restricción absoluta sin evaluar alternativas menos gravosas, como la limitación
parcial de las emisiones en los canales privados.
18 Obra en el certificado C25FE51AEA0DC7E4 84A142E57360A36A 3C0C45771AC61118
BC50721EE27889C4, índice 47.
19 Obra en el certificado F96D46294BCF74DF 146F70D6F9AD32E3 32135E52926C98CE
4B45C6A61776C525, índice 61.
20 Obra en el certificado 717BBA8CA8E469F4 B5E3E149C59159B5 7E0CEB12122ACAFD
EC911E196722BAC0, índice 84.
21 Obra en el certificado 90E9CC3F38DAEF9F 8F6BD7BD3D8B03F4 8560EBB9650A860C
D97848C6ACA7C240, índice 89.
22 Obra en el certificado F2CED514E91CDF7C FD6181EE894114BE 17B88AC4015E8753
803FAA5E8406A364, índice 52.
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7.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado23 intervino en el sentido
de señalar que no existe un derecho a no informarse y que, en todo caso, la
supuesta prerrogativa entraría en conflicto tanto con el deber ciudadano de
participar en la vida política del país, como con el deber que tiene el Presidente de
la República de informar sobre todos los asuntos de orden económico, político y
social, con el fin de que la ciudadanía pueda enterarse de ellos y formar una opinión
propia. Así, con la transmisión de los Consejos de Ministros, se materializa el deber
del alto mandatario de informar a la ciudadanía y el deber de todo ciudadano de
participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.
Ahora bien, también consideró que, aun si se aceptara la existencia de un derecho
a no informarse, no se precisó con claridad cómo se habría vulnerado dicha
garantía. En particular, porque el juez constitucional de primera instancia indicó que
la posibilidad de apagar la televisión o el dispositivo a través del cual se accede al
servicio público no constituye una opción constitucionalmente válida, pero no
explicó las razones por las cuales ello resultaría problemático. En consecuencia,
tampoco se estableció de manera diáfana cómo se ejercería el mencionado
derecho a no informarse.
En relación con la supuesta vulneración al pluralismo informativo, sostuvo que ni la
Constitución Política ni la jurisprudencia constitucional han establecido que, para
garantizar este principio, los distintos medios de comunicación deban ofrecer
simultáneamente opciones informativas diversas. En esa medida, no se afecta el
principio democrático por el hecho de que asuntos de interés general sean
comunicados por el Presidente de la República.
Aunado a lo anterior, desde una perspectiva de razonabilidad, advirtió que en un
lapso de más de dos meses se transmitieron únicamente cuatro sesiones del
Consejo de Ministros. En consecuencia, no se evidenció una periodicidad o
recurrencia en dichas emisiones que comprometiera de manera alguna el derecho
a la información de los ciudadanos. Además, en todas las transmisiones se
abordaron temas de interés general relacionados de manera directa con el ejercicio
de las funciones presidenciales.
23 Obra en el certificado E840E88EB31E5E90 936F0B1049077D70 30186FC4EE5B985F 053B5F662A153089,
índice 58.
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7.4. La Comisión de Regulación de Comunicaciones24 presentó escrito de
impugnación al considerar que se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, puesto que, a pesar de no haber sido vinculada como accionada ni como
tercero con interés, se profirió una orden judicial en su contra. En ese sentido,
destacó que ni en los escritos allegados por la accionante ni en sus pretensiones
se formularon reproches dirigidos a la CRC, el auto admisorio de la tutela no ordenó
su notificación en calidad de vinculada y su participación, a través de la figura del
amicus curiae, tuvo únicamente como propósito aportar información relevante
frente al objeto de la acción de tutela, sin que ello implicara el ejercicio de su
derecho de defensa.
A su vez, argumentó que sus funciones se limitan a informar a los canales de
televisión la fecha y hora de las alocuciones presidenciales, sin que le sea posible
conocer de antemano su contenido, duración u otros aspectos propios de la
comunicación. Del mismo modo, precisó que el ejercicio de sus competencias
reguladoras siempre ocurre ex post, en la medida en que, para evitar incurrir en
conductas de censura, el legislador no le confirió la facultad de autorizar
previamente la transmisión de contenidos.
En ese sentido, concluyó que se encontraba en una imposibilidad legal de cumplir
la orden judicial de primera instancia, toda vez que nunca desplegó una actuación
que vulnerara derechos fundamentales y, además, carece de competencia para
incidir en la transmisión de los Consejos de Ministros.
7.5. La Presidencia de la República25 también interpuso impugnación26, al
considerar que la solicitud de amparo era improcedente por inexistencia de una
afectación concreta e individual en cabeza de la actora, toda vez que no acreditó
haber sido forzada a ver la transmisión ni que careciera de acceso a otros medios
de información como la radio, internet o la TDT. En esa medida, sostuvo que la
decisión de primera instancia se fundamentó en una apreciación meramente teórica
sobre los alcances de la facultad legal del alto mandatario, sin demostrar, con
pruebas y argumentos, la afectación de los derechos fundamentales de la
accionante.
24 A través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado el 23 de abril de 2025 a las 12:33 del día. Obra en el
certificado 1BE5F9249DF99DF1 D3B4E40FC3369DAC 1852CC06B50B9C52 7C19D8859C837776, índice 65.
25 A través de correo electrónico allegado el 25 de abril de 2025 a las 3:25 pm, según el certificado
49B2CFC0EEE208DE 93D145B580719281 771E1E547158AF85 36DC37607B52F103, índice 82.
26 Obra en el archivo OFI25-00077089 _ GFPU del certificado B40F97EEDDDA487B ABF461630EDA2609
3759A546A54087E9 300039B5A34FB644, índice 82.
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En ese sentido, reprochó que no se hubiera analizado de manera exhaustiva la
situación real de la actora, ni verificado la existencia de un contrato de televisión
por satélite o la disponibilidad de otros medios de comunicación a los que podía
acceder sin necesidad de apagar su televisor. En consecuencia, sostuvo que el juez
constitucional partió de un examen desactualizado frente a la realidad de los medios
disponibles para los ciudadanos en el año 2025.
7.5.1. También alegó que se desconoció el principio de subsidiariedad de la acción
de tutela, toda vez que era procedente acudir a la acción de reparación directa y
solicitar al juez contencioso administrativo una medida cautelar frente al posible
daño que pudiera causarse a la tutelante, sin que ella acreditara la configuración
de un perjuicio irremediable. A su juicio, ello se evidencia en que la orden judicial
se constituyó en una medida de no repetición, enmarcada dentro de la figura de la
reparación integral, la cual ha sido desarrollada en el contexto del medio de control
de la reparación directa.
7.5.2. Sumado a lo anterior, consideró que se desnaturalizó el efecto inter partes
del fallo de tutela, en la medida en que la decisión judicial produjo efectos frente a
toda la comunidad y favoreció el interés particular de Caracol Televisión, que
intervino en el trámite sin ostentar la calidad de parte demandante. En ese sentido,
reiteró que no puede asumirse que la única forma de acceder a la información sea
a través de los canales de televisión abierta, pues ello desconoce la multiplicidad
de opciones y la diversidad de medios con los que cuenta actualmente la
ciudadanía.
7.5.3. Adicionalmente, señaló que no se efectuó un análisis respecto del contenido
de las alocuciones del 4 de febrero, 3 de marzo y 25 de marzo de 2025, las cuales
guardaron estrecha relación con el estado de conmoción interior y con la crisis del
sistema de salud. En esa medida, sostuvo que dichas alocuciones presidenciales
sí se enmarcaron dentro de lo previsto en la sentencia C 1172 de 2001 de la Corte
Constitucional.
7.5.4. Además, explicó que el pluralismo informativo no implica la exclusión del
deber estatal de informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés público, pues la
intervención del Presidente de la República en los canales de televisión no desplaza
ni excluye a otras voces del escenario político. En este punto, hizo referencia a la
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clasificación del servicio de televisión prevista en el artículo 19 de la Ley 182 de
1995 y expuso que, en el municipio de Calima, se pueden sintonizar canales y
emisoras como RTVC, Caracol Televisión, RCN y Canal Institucional TV, entre
otros.
Por lo anterior, adujo que el juez de primera instancia no verificó si en todos los
canales disponibles en el municipio de residencia de la actora se transmitió el
Consejo de Ministros, ni analizó si aquella contaba con algún contrato de
operadores por suscripción, como Direct TV Colombia Ltda. o Comunicación
Celular S.A. – Comcel S.A. De ser así, la ciudadana tendría opciones adicionales a
las reseñadas para acceder a contenidos distintos a las emisiones presidenciales,
sin necesidad de apagar su televisor, sin mencionar otros servicios de streaming o
redes sociales.
7.5.5. En la misma línea, se refirió a una indebida aplicación del artículo 9 de la Ley
63 de 1923, disposición relativa a las sesiones del Consejo de Ministros cuando
actúa como cuerpo consultivo, y señaló que la reserva de sus deliberaciones no es
absoluta y debe analizarse en cada caso concreto.
7.5.6. Por otro lado, expuso que los canales regionales y locales no son operadores
de televisión abierta, de modo que el fallo de primera instancia no valoró su
naturaleza pública, estatal y comunitaria. En ese sentido, su inclusión en la orden
judicial —a la que calificó como una medida de censura27— representó una
afectación indebida a la función estatal de informar. Además, tampoco se tuvo en
cuenta que el reproche formulado en la demanda tuitiva se dirigió exclusivamente
contra los operadores de televisión abierta.
7.5.7. Finalmente, cuestionó la competencia del juez de tutela para validar los
temas, horarios y circunstancias en los que el Presidente de la República puede
realizar una alocución, así como para definir si dicha validación debía efectuarse
de manera previa o posterior. Reiteró que las transmisiones objeto de controversia
contribuyeron a garantizar el derecho de los colombianos y colombianas a estar
adecuadamente informados sobre asuntos de interés público y que proscribir esta
posibilidad implicaría una restricción irrazonable a la prerrogativa del Presidente de
la República de acceder a los canales de televisión.
27 Folio 4, ibid.
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7.6. El 8 de mayo de 202528 la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación negó las solicitudes de nulidad, concedió las impugnaciones
formuladas únicamente por el Presidente de la República y la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, y no accedió a las presentadas por William Darío
Villamizar Lasso, Jesús David Vallejo Ruíz, David Cardona, Luis Hernán Montalvo,
Alejandro Álvarez López, Carlos Alberto Schmalbach Silva, Franco Jesús Trujillo
Valverde y Víctor Ardila. Asimismo, se abstuvo de pronunciarse sobre las
solicitudes de Dagoberto Santoya Peña, Diego Alberto Villanueva Polo, Alejandro
Álvarez López, Carlos Alberto Schmalbach Silva, Franco Jesús Trujillo Valverde,
James Fernández Cardozo, David Cardona, Christian Fabián Contreras Méndez, la
Fundación para el Estado de Derecho y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
7.7. La anterior providencia fue recurrida por la Presidencia de la República29; sin
embargo, el recurso fue rechazado por improcedente el 5 de junio de 2025 30.
Posteriormente, tras múltiples memoriales allegados por distintos ciudadanos, el a
quo profirió auto del 13 de junio de 202531, mediante el cual ordenó estarse a lo
resuelto en la providencia del 8 de mayo de 2025.
7.8. Una vez el asunto pasó al despacho ponente para el trámite de segunda
instancia, la actora se pronunció32 frente a los argumentos expuestos en la
impugnación de la Presidencia de la República. Afirmó que sí demostró una
afectación concreta e individual derivada del acaparamiento de la totalidad de los
canales de televisión abierta, hecho que calificó como notorio. Además, sostuvo
que no estaba obligada a probar la inexistencia de un servicio de televisión por
suscripción, pues, de conformidad con los principios probatorios, correspondía a su
contraparte acreditar lo contrario.
7.8.1. En la misma línea, sostuvo que el acceso a servicios como radio o internet
tampoco subsana la vulneración de su derecho a la libertad de información, dado
28 Obra en el certificado 76E924AC3D000062 F1C5BFEFCA0DA2F9 33E37B53661D1A2A
12CFB11301D17437, índice 98.
29 Obra en el certificado 4179A9C0BE98CD4D 514352F04F265CCC 7C63968164128FBF
387271747F011ABB, índice 107.
30 Obra en el certificado B37E5DDEED533033 EA85281EB0F4F640 3DAA8957F36E9CCD
D3EEF08E4A438251, índice 114.
31 Obra en el certificado EF4C4F5A122BAF3D 596E2350F51DAAF2 D5BDAD7BFF15C351
F6DA5AC2B442EB17, índice 121.
32 Obra en el certificado 93EE41945FA1DA00 876E4D7EABED6CC4 90537C09A0112CBA
4E7661C765941A5A, índice 6 del trámite de segunda instancia.
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que identificó como hecho vulnerador la interrupción de la programación dentro del
servicio público de televisión, sin hacer referencia a otros servicios de
telecomunicaciones. En consecuencia, si la opción de apagar el aparato de
televisión no es constitucionalmente válida, tampoco lo es acudir a esas otras
fuentes, porque, en todo caso, quedaría totalmente excluida del mencionado
servicio.
7.8.2. Frente a la supuesta falta de subsidiariedad de su solicitud, aclaró que en el
presente caso no se controvirtió un acto administrativo, sino una conducta compleja
del primer mandatario que, si bien podía incluir manifestaciones unilaterales de la
voluntad de la administración, no se agotaba en ellas. Además, resaltó que el medio
de control de reparación directa resultaba inconducente para la protección efectiva
de su derecho fundamental a la libertad de información, toda vez que su
reclamación no tenía carácter patrimonial, sino que buscaba salvaguardar sus
libertades personales.
7.8.3. A su vez, estimó que la sentencia de primera instancia no desconoció los
efectos inter partes de la acción de tutela, sino que las órdenes impartidas
adquirieron un carácter general, en la medida en que la vulneración de derechos se
produjo a través del servicio público de televisión, y no por una desnaturalización
del trámite constitucional.
7.8.4. Por otro lado, consideró que el fallo impugnado no impuso una prohibición de
informar, puesto que dejó en claro que la Presidencia de la República puede utilizar
los canales de Señal Colombia y RTVC para dar a conocer sus informes. Asimismo,
estimó que tampoco se desconoció el artículo 9 de la Ley 63 de 1923, ya que la
providencia precisó que sus efectos se producirían sin perjuicio de las acciones de
cumplimiento en las que se determine el contenido y alcance de dicha disposición
legal.
7.8.5. Adicionalmente, consideró que la orden impartida no puede calificarse como
un tipo de censura, en la medida en que la Presidencia de la República conserva la
posibilidad de emitir sus transmisiones en los canales institucionales sin que medie
una evaluación previa de sus contenidos. A su vez, enfatizó que la sentencia de
primera instancia sí valoró la naturaleza pública y estatal de los canales regionales
y comunitarios y, en virtud del principio de descentralización, ordenó que no se
interrumpiera su programación habitual.
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7.8.6. Por último, la actora solicitó textualmente lo siguiente:
“(…) ADICIONAR la parte resolutiva, ordenando a la Presidencia de la
República y al Presidente como funcionario Público, abstenerse no solo de
transmitir consejos de ministros por todos los canales nacionales regionales y
comunitarios, sino abstenerse, en general, de abusar de la figura de alocución
presidencial, interrumpiendo la transmisión habitual de canales privados,
concesionados, regionales y comunitarios, con intervenciones que no cumplan
con los requisitos establecidos en la ley y jurisprudencia”33.
7.9. Con ocasión de varias solicitudes de intervención y coadyuvancia, el 15 de julio
de 202534 el Despacho ponente aceptó únicamente las allegadas por James
Fernández Cardozo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
7.10. El ciudadano Juan José Piedrahíta Pedraza35 presentó un memorial para
informar sobre una nueva interrupción en la programación de los canales de
televisión ocurrida el 15 de julio de 2025.
7.11. El 26 de agosto de 202536, el Despacho ponente registró el correspondiente
proyecto de sentencia para su discusión en la Sala de Decisión de la Subsección C
del Consejo de Estado. Posteriormente, los consejeros William Barrera Muñoz37 y
Adriana Polidura Castillo38 manifestaron su impedimento, el cual fue declarado
fundado. En consecuencia, mediante providencia del 24 de octubre de 2025 39, se
realizó el sorteo de conjueces40, del cual resultaron designados los magistrados
Adriana Marín y José Roberto Sáchica.
7.12. Los conjueces designados, a su vez, presentaron una manifestación conjunta
de impedimento41, la cual fue resuelta el 9 de diciembre de 202542, en el sentido de
declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado José Roberto
33 Folio 7, ibid.
34 Obra en el certificado 31D71394C556EED5 864B4248AF39FF72 AA186AD1E60CA26F
E35B5B032A623A52, índice 20 de segunda instancia.
35 Obra en el certificado 53D83286660FE704 896D8EDC32A7886C F0BA57D849B52E10
C7CAB9FEAE7D9CD7, índice 25, ibid.
36 Según el índice 27, ibid.
37 Obra en el certificado C6F6893CEEF33327 90546A11AD8B34C2 012A5E8EFC62586A
A640A53B6475EDFD, índice 28, ibid.
38 Obra en el certificado 31A7BE332FE3EF3F 36AE87753ADC06F1 463DF6A45D694B0B
A004433B38E768F0, índice 31, ibid.
39 Obra en el certificado 756D79F0E5D3C0B5 68E412258B7042D1 EF2E6765F1DF49A9
A6DA1667A85F738D, índice 34, ibid.
40 Los soportes obran en el índice 39, ibid.
41 Obra en el certificado 70F7AE9A7C286145 B6DD946C8DFB3B95 CB3159DFF47998C2
11C32F09DECF295B, índice 42, ibid.
42 Obra en el certificado C53572CA88902FAC 363149730576C876 3D2C1BF2F9835C91
3FA2ED3D9165B33B, índice 45, ibid.
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Sáchica, abstenerse de pronunciarse respecto del impedimento planteado por la
exconsejera María Adriana Marín y ordenar un nuevo sorteo de conjuez, del cual
resultó elegido el consejero Diego Franco Victoria43.
7.13. A su turno, el mencionado conjuez designado, allegó una manifestación de
impedimento44, la cual fue declarada infundada, mediante auto del 9 de febrero de
202645.
7.14. Así, conformada la Sala de Decisión, el asunto pasó al Despacho para su
correspondiente trámite el 23 de febrero de 202646.
7.15. Posteriormente, el Magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez en encargo
manifestó estar impedido47, sin embargo, en el auto del 28 de abril de 2026 48 el
Despacho ponente se abstuvo de resolver el mencionado impedimento, en atención
a la posesión de la Consejera Zoranny Castillo Otálora como nueva titular de la
oficina judicial de la cual el primer magistrado en mención se encontraba
encargado.
7.16. Finalmente, el presente trámite de tutela volvió a pasar al Despacho ponente
el 16 de junio de 202649.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones
presentadas en contra del fallo proferido el 11 de abril de 2025 por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
43 Los soportes obran en el índice 50, ibid.
44 Obra en el certificado 10588F267890E08B 8B9C80974CD2200C 6DB8460E2CFF6AD3
C13648D1A2F61140, índice 52, ibid.
45 Obra en el certificado 89A4E4EC839E19EC F14BCCAE424180FF 5C91D1C570F9EAFB
57A20E524F72EAEA, índice 55, ibid.
46 Según el índice 59, ibid.
47 Obra en el certificado 3F2FE210A51B42F2 64DC35517657A014 14237BBF6811CA08
5738D5AE71AA8D61, índice 61, ibid.
48 Obra en el certificado 335A4323F6AC01D6 CDE3FEEA2866EF78 C6D82767FFB5B812
421193E5A8E335FA, índice 64, ibid.
49 Según el índice 68, ibid.
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2. Problema jurídico
Con el fin de determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la providencia de
primera instancia, esta Sala verificará si el Presidente de la República vulneró los
derechos fundamentales de la accionante con ocasión de la transmisión de los
Consejos de Ministros. Para ello, se analizarán los aspectos atinentes a la
procedibilidad del amparo constitucional, el ejercicio del derecho a la libertad de
información y el principio de pluralismo informativo, y, finalmente, se estudiará el
caso concreto.
3. Cuestiones preliminares
3.1. Previo a abordar el estudio del problema jurídico, esta Sala estima necesario
precisar que el análisis se efectuará únicamente respecto de los derechos
fundamentales de María Cristina Cuéllar Cárdenas. Lo anterior, por cuanto,
contrario a lo sostenido por la Presidencia de la República, la sentencia de primera
instancia no amparó los derechos de Caracol Televisión, toda vez que este
interviniente actuó únicamente en calidad de tercero con interés.
3.2. Por otro lado, esta Subsección tampoco tendrá en cuenta el memorial
presentado por Juan José Piedrahíta Pedraza50, ni ningún otro escrito orientado a
intervenir en el presente trámite constitucional, toda vez que dichas solicitudes ya
fueron resueltas mediante auto del 15 de julio de 202551.
4. La procedibilidad de la acción de tutela
4.1. Esta Subsección observa que el requisito de subsidiariedad se encuentra
acreditado, en la medida en que no existe otro medio judicial idóneo para garantizar
la protección de los intereses de la accionante. En este sentido, resulta necesario
precisar que la solicitud de amparo no fue interpuesta para obtener la protección de
un derecho colectivo ni para exigir el cumplimiento de una norma jurídica; por lo
tanto, como lo señaló el a quo, su reclamación no podía ventilarse a través de una
acción popular ni de una acción de cumplimiento.
50 Obra en el certificado 53D83286660FE704 896D8EDC32A7886C F0BA57D849B52E10
C7CAB9FEAE7D9CD7, índice 25, ibid.
51 Obra en el certificado 31D71394C556EED5 864B4248AF39FF72 AA186AD1E60CA26F
E35B5B032A623A52, índice 20, ibid.
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Ahora, frente a los argumentos de la impugnación relacionados con la posibilidad
de acudir al medio de control de reparación directa, si bien es cierto que en este
trámite pueden solicitarse medidas cautelares y obtenerse reparaciones de carácter
no pecuniario, esta Sala considera que dicho remedio judicial no resultaba idóneo
para salvaguardar los intereses de la actora. Lo anterior, por cuanto, de un lado, la
intención de la tutelante no era obtener una medida de reparación, y, de otro, la
reiteración de la conducta que estimó vulneradora de sus derechos fundamentales
—pues las transmisiones de los Consejos de Ministros se realizaron el 4 de febrero
y el 3 de marzo de 2025— evidenciaba una afectación inminente y actual a su
prerrogativa constitucional. En ese contexto, y teniendo en cuenta la congestión del
sistema judicial y los tiempos propios de un proceso de reparación directa, resultaba
imperativa la intervención del juez constitucional, a fin de evitar que el hecho lesivo
se consolidara como una práctica reiterada.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de que, por los mismos hechos, pueda acudirse
a la vía ordinaria, en caso de advertirse la configuración de un daño antijurídico
imputable conforme a las normas aplicables.
4.2. En el presente asunto también se encuentra acreditado el requisito de
inmediatez, toda vez que las emisiones del Consejo de Ministros tuvieron lugar el 4
de febrero de 2025 y el 3 de marzo de 2025, se repitieron en varias ocasiones
posteriores y la solicitud de amparo fue radicada el 4 de marzo de 2025.
4.3. Por otro lado, se advierte que se cumple con la legitimación en la causa por
activa, en la medida en que María Cristina Cuéllar Cárdenas es titular del derecho
fundamental invocado. Asimismo, se encuentra acreditada la legitimación en la
causa por pasiva del Presidente de la República, del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República y de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, dado que el hecho vulnerador corresponde a una actuación
comprendida dentro de sus competencias.
5. Del derecho a la libertad de información, el pluralismo informativo y su
relación con las facultades del Presidente de la República
5.1. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la libertad de
información puede entenderse como la posibilidad de transmitir noticias sobre
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sucesos determinados52, los cuales deben ser verificables. En ese sentido, quien
ejerce dicha libertad, en calidad de emisor, se encuentra sujeto a los principios de
veracidad e imparcialidad. De igual forma, esta garantía se concibe con una doble
dimensión: de un lado, para quien origina el mensaje y, de otro, para su receptor,
que puede ser la sociedad en general o destinatarios específicos del contenido 53.
5.2. Por su parte, el artículo 32 de la Ley 182 de 1995 autorizó el acceso del
Gobierno Nacional a los canales de televisión, como expresión del poder-deber54
en cabeza del Presidente de la República de comunicar asuntos de interés
nacional55. Esta atribución constituye, de un lado, una herramienta de gobierno y,
de otro, un mecanismo para la formación de una opinión pública libre e informada
sobre las decisiones que afectan a la ciudadanía; razón por la cual no puede
entenderse en ningún caso como una facultad ilimitada.
5.3. En ese sentido, resulta pertinente reiterar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C 1172 de 2001, en la cual se precisó que, si bien las
alocuciones presidenciales no vulneran por sí mismas los derechos fundamentales
de los ciudadanos, esta figura no puede ser ejercida por el alto mandatario de
manera abusiva o arbitraria, en los siguientes términos:
“Los derechos de las personas constituyen el límite a las actuaciones de los
gobernantes. De esta suerte, la norma acusada al consagrar una facultad
ilimitada para la intervención del Presidente de la República por un medio
masivo de comunicación, como lo es la televisión, viola el artículo 20 de la
Constitución, porque una intervención así sea del Presidente de la República
sin ninguna clase de límite, restringe el derecho de los ciudadanos a informarse
de otros asuntos que les interesan, en el ámbito cultural, ambiental,
recreacional. No puede olvidarse que la televisión es un servicio público cuyos
fines son formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera
sana, con cuyo cumplimiento se busca “satisfacer las finalidades sociales del
Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos
fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia
y la paz, y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones
culturales de carácter nacional, regional y local...” (Ley 182 /95, art. 2).
(…)
Así las cosas, la intervención del Presidente de la República a través de la
televisión, ha de ser personal, sobre asuntos de interés público, directamente
relacionados con sus funciones como Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y
suprema autoridad administrativa, sin que pueda incurrirse en ninguna
52 Sentencia T 203 de 2022.
53 Sentencia C 1172 de 2001.
54 “Dada la importancia de las comunicaciones concretas y directas por el Presidente de la República a los
ciudadanos sobre los asuntos públicos, puede él en su condición de tal, utilizar para esos fines precisos la
televisión, de propiedad estatal, medio de comunicación masivo cuyo impacto y capacidad de penetración ha
sido puesto de presente por la Corte”. Sentencia C 1172 de 2001.
55 Sentencia T 203 de 2022.
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arbitrariedad, pues, la dignidad del cargo le impone como al que más, el respeto
de los derechos y libertades de sus gobernados.
Por otra parte, ha de observarse por la Corte que, por definición constitucional
“el espectro electromagnético es un bien público”, para cuyo uso la propia Carta
“garantiza la igualdad de oportunidades” conforme a la ley, pero de tal manera
que quede a salvo el derecho de los ciudadanos al “pluralismo informativo”,
según lo establecido por el artículo 75 superior, derecho éste al que no resulta
oponible, en ningún caso, el interés privado de los concesionarios que utilicen
ese medio masivo de comunicación.
(…)
De no ser así, podría entenderse que el Presidente de la República actuaría en
este campo en forma contraria a los postulados de un Estado democrático,
como se autodefine el Estado Colombiano tanto en el Preámbulo como en el
artículo 1° de la Constitución Política. Permitir al Presidente de la República el
uso ilimitado de los canales de televisión so pretexto de informar a los
ciudadanos sobre la marcha del Estado o sobre asuntos de interés general,
conduciría a aceptar que, ese alto funcionario, utilizando un bien público llegara
a monopolizar la información de tal manera que se viera disminuida o anulada
la posibilidad de expresar puntos de vista opuestos a los suyos por sus
opositores, lo que equivale a sepultar el pluralismo informativo. Además,
téngase en cuenta que precisamente aduciendo el derecho a informar a sus
conciudadanos regímenes de corte totalitario, llegaron a manipular la opinión
pública deformando la realidad, expresándola en forma recortada o
sobredimensionándola con propósitos eminentemente político-partidistas que
facilitaran la toma de decisiones contrarias a los derechos humanos, mediante
la utilización desmedida de los diversos medios de información a su
disposición, para penetrar a cualquier momento y sin medida a la intimidad de
los hogares, con eliminación de la controversia pública y de la difusión de
opiniones disidentes, que, en un Estado democrático resultan inadmisibles
pues, en ellos, como ocurre en Colombia, la Constitución garantiza la pluralidad
de la información”.
5.4. Asimismo, es preciso destacar que una de las manifestaciones del derecho a
la libertad de información se relaciona con el pluralismo informativo, el cual, en
atención a las distintas corrientes de pensamiento y expresión que coexisten en una
sociedad, garantiza la existencia de medios diversos de comunicación. Dichos
medios permiten a los ciudadanos, en calidad de receptores de la información, elegir
de manera libre y reflexiva, entre las distintas opciones de contenido disponibles,
aquellas que estimen acordes con sus convicciones56.
6. El estudio del caso concreto
6.1. Para iniciar el estudio del asunto, la Sala aclara que, en el caso concreto, no se
discute la facultad del Presidente de la República para dirigirse a la ciudadanía
mediante alocuciones, ni la posibilidad de divulgar las deliberaciones adelantadas
en los Consejos de Ministros. El análisis se centra, más bien, en determinar si dichas
56 Sentencia T 372 de 2023.
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competencias pueden justificar la disposición del servicio público de televisión; por
ello, no se examinará el contenido de las transmisiones, sino la forma en que fueron
difundidas.
6.2. Pues bien, es un hecho notorio, no controvertido por las partes, que los días 4
de febrero y 3 de marzo de 2025 se transmitieron en los canales nacionales las
sesiones del Consejo de Ministros. La actora señaló tales emisiones como
vulneradoras de sus derechos fundamentales, por cuanto le impidieron acceder a la
programación habitual y la privaron del servicio de televisión, al no contar con un
contrato con algún proveedor privado.
En ese sentido, pese a los argumentos expuestos por la Presidencia de la República
en su impugnación, se demostró una vulneración concreta del derecho a la libertad
de información de la actora, pues se acreditó la fecha en que ocurrió el hecho, se le
privó de la posibilidad de escoger el contenido a consumir y, dado que, conforme a
los estándares probatorios del derecho colombiano, no se desvirtuó la afirmación
indefinida de la actora sobre la ausencia de un proveedor privado de televisión,
resulta evidente que se le impuso ser receptora de la comunicación presidencial o,
en su defecto, excluirse del servicio público de televisión, sin contar con una tercera
alternativa.
Ahora, si bien la carta de derechos consagrada en la Constitución Política no tiene
un carácter taxativo y resulta admisible que el juez constitucional de primera
instancia aludiera a una “libertad a no informarse”, esta Sala estima más adecuado
referirse a la forma en que se ejerce el derecho a la libertad de información, en la
medida en que todo ciudadano se encuentra en la posición de decidir si hace uso o
no de sus garantías constitucionales o, en su caso, determinar la manera en que
desea hacerlas valer.
Entonces, dada la imposibilidad en que se situó a la tutelante para optar por un
contenido distinto al emitido y las declaraciones del alto mandatario que permitieron
inferir la reiteración de dichas transmisiones, resulta evidente que se la obligó a
ejercer necesariamente su derecho y se le impuso la forma específica de hacerlo.
Ello resultó contrario a sus libertades personales y suprimió el principio de pluralidad
informativa, conducta inadmisible por parte de cualquier órgano en un Estado Social
y Democrático de Derecho.
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Por otro lado, este juez constitucional debe precisar que, así como el a quo concluyó
que la opción de apagar el televisor no resulta constitucionalmente válida, tampoco
lo es, como lo plantea la entidad impugnante, la posibilidad de acudir a otros medios
de telecomunicaciones como radio, internet, redes sociales o servicios de
streaming. Ello, porque además de no haberse demostrado que la actora cuente
con acceso a tales medios tecnológicos, la efectividad del derecho fundamental no
puede supeditarse a los contratos que, en ejercicio de su autonomía privada, la
ciudadana decida celebrar, ni condicionarse a su capacidad económica o a su
ubicación geográfica. Debe recordarse que, pese a los avances tecnológicos, aún
en el año 2025 no todo el territorio colombiano dispone de un acceso homogéneo a
las tecnologías de la información.
De esta forma, esta Subsección coincide con el juez constitucional de primera
instancia en que la manera como se difundieron las deliberaciones del Consejo de
Ministros a través del servicio de televisión excedió las competencias que el
Presidente de la República tiene para comunicarse con la ciudadanía, en la medida
en que acaparó todos los canales nacionales, sin permitir opciones de contenido
distintas para la actora, quien únicamente cuenta con acceso a dichos canales.
Adicionalmente, aunque las transmisiones de los Consejos de Ministros fueron
ocasionales y no diarias, al haberse realizado al amparo de las facultades
presidenciales para dirigirse al país mediante alocuciones, ni la actora ni los jueces
de tutela pueden determinar su periodicidad o frecuencia. En consecuencia, esta
Sala estima que la medida menos restrictiva para permitir la comunicación de dichas
deliberaciones, sin incurrir en un control previo de su contenido, consiste en habilitar
únicamente los canales oficiales, de modo que los ciudadanos que deseen seguir
detalladamente estas emisiones puedan sintonizarlas.
6.3. Una vez establecido lo anterior, esta Subsección considera pertinente
pronunciarse sobre cada uno de los cargos expuestos en las impugnaciones. En
cuanto al argumento según el cual se desconoció el efecto inter partes de la orden
de tutela, esta Sala comparte lo señalado por la actora, en el sentido de que, dadas
las amplias facultades del juez constitucional para examinar todas las circunstancias
que rodearon la vulneración del derecho fundamental, y teniendo en cuenta que
esta se originó en el uso no razonable de un servicio público, la orden impartida no
desnaturalizó el mecanismo de amparo, sino que buscó garantizar la efectiva
superación de la situación que dio lugar a la violación de la prerrogativa.
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6.4. En adición a lo anterior, es preciso anotar que, dada la naturaleza
descentralizada de los canales regionales y locales, en primera instancia se ordenó
a la parte demandada abstenerse de reiterar la conducta vulneradora a través de
estos medios, por lo que el cargo de impugnación relativo a que no se analizó dicha
característica no resulta próspero, toda vez que fue precisamente ese examen el
que determinó la orden judicial acogida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
6.5. Por otra parte, aunque la CRC argumentó que no fue vinculada al trámite
constitucional y que intervino mediante la figura del amicus curiae, resulta claro que,
de conformidad con sus funciones de coordinación y con la participación que tiene
cada vez que se adelanta una alocución presidencial, le asiste interés en el presente
asunto. Tuvo conocimiento de la demanda de tutela antes de que se profiriera la
sentencia de primera instancia y, en todo caso, en virtud de su posición de
intermediario entre la Presidencia de la República y los canales de televisión, sí se
encuentra en la posibilidad de satisfacer las pretensiones de la demanda tuitiva.
6.6. Por otro lado, frente a la solicitud de adición de la orden judicial presentada por
la actora, esta Subsección negará dicha petición, toda vez que el debate planteado
en el escrito tuitivo se circunscribió a la transmisión de los Consejos de Ministros,
sin aludir a las alocuciones presidenciales en sentido general, de modo que el
pedimento constituye una clara mutación del objeto de la litis inicialmente propuesto.
6.7. Finalmente, respecto de la analogía realizada por el interviniente James
Fernández Cardozo con la transmisión de los partidos de fútbol de la selección
Colombia, la Sala desestimará dicho argumento, por cuanto se trata de contenidos
que no son comparables, ya que las emisiones deportivas no provienen de una
decisión gubernamental y se rigen por el derecho privado y la autonomía de la
voluntad de los canales que deciden pagar por los derechos de transmisión de tales
eventos.
7. En consecuencia, tras examinar el hecho vulnerador y constatar que ninguno de
los cargos de impugnación prospera, el Despacho encuentra acreditado el exceso
en el ejercicio de las funciones presidenciales y la consecuente afectación a los
derechos fundamentales de la tutelante, por lo que se impone confirmar el amparo
concedido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 11 de abril de 2025, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
se ampararon los derechos fundamentales de María Cristina Cuéllar Cárdenas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Conjuez integrante
DIEGO FRANCO VICTORIA
Conjuez integrante
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