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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02298-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02298-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 16 de junio de 2025, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02298-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

21 de agosto de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02298-01
Accionante: Alirio Moreno Fuentes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02298-01
Accionante: Alirio Moreno Fuentes
Accionado: Consejo de Estado- Sección Tercera- Subsección “B”

Tesis: Es improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de
subsidiariedad, en razón a que el proceso donde se profirió la
decisión censurada aún está en trámite, así como por estar dirigida
en contra de un fallo de tutela sin alegar ni acreditar que dicha
decisión fue consecuencia de una situación de fraude.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la
sentencia de tutela del 16 de junio de 2025, proferida por la Subsección “A”
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
amparo solicitado.

I. LA SOLICITUD

El señor Alirio Moreno Fuentes, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la información y a la libertad de expresión, que estimó
vulnerados con ocasión de la providencia del 11 de abril de 2025 proferida
por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, dentro de
la acción de tutela con número único de radicación 11001-03-15-000-2025-
01355-00. Como pretensiones, formuló las siguientes:

“(...) 1. Que se revoque la decisión del Consejo de Estado que niega las
transmisiones de los consejos de ministros. En canales privados.

2. Que se garantice el derecho a la información para todos los
ciudadanos colombianos, y no para una sola persona como en el caso
que nos ocupa, permitiendo el acceso a las decisiones tomadas en estos
espacios. (...)”

La parte actora en el escrito de tutela indicó que esta Corporación mediante
sentencia de tutela de fecha 11 de abril de 2025, proferida dentro del
radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00, restringió la transmisión de los
consejos de ministros.

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Accionante: Alirio Moreno Fuentes

Adujo que la anterior determinación limita el derecho fundamental de los
ciudadanos a recibir información sobre las decisiones que inciden en sus
vidas y en el rumbo del país.

Señaló que la prohibición de estas transmisiones vulnera la libertad de los
ciudadanos para acceder a información pública, la cual constituye un
elemento esencial para el ejercicio pleno de la democracia.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante auto de 28 de abril de 20251, la magistrada sustanciadora de
primera instancia: i) admitió la acción de tutela; ii) vinculó a los señores
María Cristina Cuéllar Cárdenas, Juan Carlos Calderón España, Edwin Palma
Egea, Wilson Hernando Bejarano García, María Leonor Villamizar Corzo y
demás personas interesadas que intervinieron en el proceso de tutela con
radicado 11001- 03-15-000-2025-01355-00, así como a la directora (e) del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la
directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a los
representantes legales de las sociedades Plural Comunicaciones S.A.S., RCN
Televisión S.A. y Caracol Televisión S.A.; iii) se pronunció sobre las pruebas
y iv) ordenó notificar a las partes.

2.2. La sociedad Caracol Televisión S.A.2, presentó informe en el que
solicitó negar el amparo solicitado por el accionante, al considerar que no
se evidencia vulneración de derecho fundamental alguno.

Indicó que la presente tutela no cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ni con
las condiciones excepcionales derivadas de la figura de la cosa juzgada.

Señaló que el accionante carece de legitimación en la causa, que la tutela
está dirigida contra un fallo de tutela y que, de manera paralela, se
encuentra en trámite una solicitud de nulidad presentada por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ante la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.

Explicó, en relación con los derechos invocados, el alcance del pluralismo
informativo y el derecho a la información, precisando que el uso de la
alocución presidencial para transmitir consejos de ministros suprime la
pluralidad de fuentes, obligando a los televidentes a recibir información de
una única fuente oficial.

Concluyó que la sentencia de tutela del Consejo de Estado protege el
derecho a la información y el pluralismo informativo, pilares del sistema

1 Ver índice SAMAI nro. 5 del expediente de primera instancia.
2 Ver índice SAMAI nro. 10 del expediente de primera instancia.

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democrático, garantizando a la ciudadanía una oferta diversa, equilibrada e
imparcial de contenidos.

2.3. La señora María Cristina Cuellar Cárdenas3, presentó informe en el
que solicitó negar el amparo solicitado, al estimar que los argumentos del
accionante resultan insuficientes para cuestionar el fallo de tutela que
pretende revocar, pues tanto las normas legales y constitucionales como el
precedente jurisprudencial aplicado no fueron interpretados de forma
arbitraria o caprichosa, sino de manera clara y natural.

Adujo que, la sentencia cuestionada reafirmó que las figuras de alocución
presidencial y consejo de ministros no se rigen por apreciaciones subjetivas,
sino por parámetros objetivos previstos en la ley y la jurisprudencia, tales
como la urgencia, la necesidad y la relación directa con asuntos de interés
general.

Señaló que el fallo cuestionado garantiza a los ciudadanos la libertad de
elegir el contenido televisivo que deseen, evitando el monopolio informativo
y asegurando la multiplicidad de oferentes en el servicio público de
televisión.

Indicó que no es procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando se dirige contra una sentencia de tutela, salvo en casos
excepcionales como el fraude, lo que no se acreditó en este proceso.
Además, el accionante no agotó los mecanismos ordinarios de defensa
judicial, lo que refuerza la improcedencia de la acción.

Concluyó que lo expuesto por el accionante constituye una apreciación
subjetiva que no afecta el núcleo esencial del razonamiento jurídico que
sustentó la sentencia de tutela controvertida.

2.4. La Comisión de Regulación de Comunicaciones4, presentó informe
en el que solicita su desvinculación y que el Despacho se abstenga de emitir
ordenes en su contra respecto de la presente solicitud de amparo.

Señaló que, en cuanto a sus competencias, la Sesión de Contenidos
Audiovisuales de la CRC ejerce funciones de inspección, vigilancia y control
sobre las conductas de los operadores de televisión que afecten el pluralismo
informativo, el régimen de inhabilidades de la televisión abierta, los
derechos de los televidentes y las disposiciones que protegen a la familia y
a los menores. Sin embargo, estas funciones no incluyen la fiscalización de
facultades legales otorgadas a otras autoridades, como la atribución
presidencial para realizar alocuciones.

3
Ver índice SAMAI nro. 11 del expediente de primera instancia.
4
Ver índice SAMAI nro. 12 del expediente de primera instancia.

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Accionante: Alirio Moreno Fuentes

Indicó que las Leyes 182 de 1995, 1507 de 2012, y 1341 de 2009
(modificada por la Ley 1978 de 2019) no confieren competencia a la CRC
para regular, controlar o adoptar medidas respecto de la celebración o
transmisión de consejos de ministros.

2.5. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado5,
por conducto del magistrado ponente de la providencia cuestionada, rindió
informe en el que señaló que tanto la decisión controvertida como el
expediente de tutela incorporan los argumentos y elementos suficientes
para que el juez constitucional adopte la determinación que en derecho
proceda.

2.6. La Presidencia de la República6, presentó informe en el que
manifestó que la presente acción resulta procedente por cuanto el
accionante no dispone de un mecanismo idóneo para controvertir la decisión
cuestionada, la cual le generó afectación sin haber sido parte en el proceso
de tutela identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00.

Asimismo, adujo que, coadyuva las pretensiones del accionante y solicitó
que se conceda el amparo reclamado, al considerar que las irregularidades
ocurridas en el trámite previo a la expedición de la providencia censurada,
así como los efectos extensivos de la orden de tutela, vulneran derechos
fundamentales de terceros que no intervinieron en dicho proceso.

2.7. La sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia7, presentó
informe en el que señaló que la transmisión de alocuciones presidenciales y
sesiones del Consejo de Ministros por Canal Institucional y Señal Colombia
se fundamenta en normas legales y constitucionales, en particular el artículo
32 de la Ley 182 de 1995 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(Sentencia C-1172 de 2001). Estas facultades permiten al presidente de la
República dirigirse al país en casos urgentes de interés público, garantizando
el derecho ciudadano a recibir información oficial, veraz y oportuna.

Adujo que, la Corte ha precisado que dicha potestad no es absoluta, sino
que requiere justificación en hechos de clara trascendencia pública y que la
inclusión de estos contenidos en la programación de los canales públicos se
ajusta a su objeto institucional (difusión de información estatal, cultural y
educativa) sin afectar su esencia ni propósito.

Aseguró que estas emisiones fortalecen la democracia, promueven la
rendición de cuentas y la transparencia, y cumplen con el deber
constitucional del Estado de informar a la ciudadanía y someter sus actos al
escrutinio público.

5
Ver índice SAMAI nro. 13 del expediente de primera instancia.
6
Ver índice SAMAI nro. 15 del expediente de primera instancia.
7
Ver índice SAMAI nro. 17 del expediente de primera instancia.

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Accionante: Alirio Moreno Fuentes

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El juez de primera instancia, mediante sentencia del 16 de junio de 2025,
aceptó como coadyuvante de la parte actora al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y declaró improcedente la
solicitud de amparo, con fundamento en las siguientes razones:

Indicó que de la revisión del expediente con radicado 2025-01355-00, se
advierte que dicho proceso aún se encuentra en trámite, ya que el fallo de
primera instancia fue impugnado y, tras concederse la impugnación, fue
repartido el 13 de junio a la Subsección C de la Sección Tercera de la misma
Corporación. Precisó que la decisión cuestionada, aunque de obligatorio
cumplimiento en virtud del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, no ha
adquirido firmeza y puede modificarse como consecuencia de la
impugnación, lo que hace improcedente el amparo.

Recordó que, en un caso similar, se precisó que la orden del juez de tutela
no prohibió por completo la transmisión de los consejos de ministros, sino
que únicamente limitó su difusión en los canales privados, el Canal Uno y
los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta,
permitiendo su emisión exclusivamente por los canales oficiales de
televisión nacional, esto es, Señal Colombia y Canal Institucional.

Destacó que, dado que la solicitud presentada por el accionante cuestiona
un fallo proferido en otra acción de tutela, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, especialmente la sentencia SU-627 de 2015, exige
demostrar que la decisión atacada es consecuencia de un fraude. Sin
embargo, tal circunstancia no fue alegada ni se evidenció en el caso
concreto.

IV. LA IMPUGNACIÓN

El acciónate presentó impugnación contra la sentencia de primera instancia,
en la cual reiteró que la sentencia de 11 de abril de 2025 proferida dentro
del expediente 11001-03-15-000-2025-01355-00 vulneró sus derechos
fundamentales a la libertad de expresión y al acceso a la información al
restringir la transmisión de los consejos de ministros únicamente a canales
públicos nacionales, excluyendo a medios privados, regionales y
comunitarios.

Sostuvo que, aunque la tutela original aún está en trámite, la decisión ya
produce efectos jurídicos y comunicacionales que afectan a millones de
ciudadanos no vinculados al proceso, además de que no tuvo oportunidad
de intervenir en el trámite inicial.

Argumentó que la acción es procedente como mecanismo excepcional, dado
que no existe otro medio eficaz para proteger los derechos afectados y que,

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según la jurisprudencia, en casos de afectación directa a terceros no
intervinientes no se exige la demostración de fraude para su admisión.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

5.2. Cuestión previa

De la revisión del expediente se observa que la Comisión de Regulación de
Comunicaciones solicitó su desvinculación al presente trámite; sin embargo,
dicha solicitud se negará teniendo en cuenta que su vinculación se efectúo
en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, en razón a su
participación dentro de la acción de tutela bajo radicado 11001-03-15-000-
2025-01355-00 donde se profirió la providencia judicial cuestionada por la
parte actora.

5.3. Hechos relevantes

5.3.1. La señora María Cristina Cuéllar Cárdenas presentó acción de tutela
solicitando la protección de su derecho fundamental a la información, por
cuanto, a su juicio, el presidente de la República interrumpía la
programación habitual de los canales privados de televisión para transmitir
el consejo de ministros, lo que le impedía escoger libremente el contenido
que deseaba visualizar.

5.3.2. La anterior acción de tutela fue asignada a la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con número único de radicación
11001-03-15-000-2025-01355-00.

5.3.3. Mediante sentencia de tutela del 11 de abril de 2025, se amparó el
derecho fundamental a la información de la señora Cuéllar Cárdenas y se
ordenó al presidente de la República, a la Presidencia de la República
(DAPRE) y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones abstenerse de
transmitir los consejos de ministros a través de los canales privados de
televisión, del Canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios
de televisión abierta.

5.3.4. La anterior decisión fue impugnada por la Presidencia de la República
y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), recursos que fueron

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concedidos mediante proveído de 8 de mayo de 2025 y que están pendientes
de resolver.

5.3.5. Contra la sentencia de tutela de primera instancia del 11 de abril de
2025, el aquí accionante interpuso la presente acción de tutela.

5.4. Análisis de la Sala

5.4.1. Corresponde a esta Sala establecer si la decisión adoptada por el juez
de tutela de primera instancia, consistente en declarar improcedente la
solicitud de amparo, se encuentra ajustada a derecho. Para ello, será preciso
verificar, en primer lugar, si se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, en especial el relativo al de
subsidiariedad y a la admisibilidad de interponer una acción de tutela contra
una decisión proferida en un proceso de la misma naturaleza.

El juez de primera instancia declaró improcedente la solicitud de amparo, al
considerar que la acción de tutela 2025-01355-00 aún se encuentra en
trámite, toda vez que el fallo de primera instancia fue impugnado; es decir,
que la decisión no ha adquirido firmeza y, por ende, podría modificarse como
resultado de la impugnación interpuesta.

Adicionalmente, estimó que la presente acción pretende cuestionar una
sentencia de la misma naturaleza, sin que se haya demostrado que dicha
decisión fue producto de una situación de fraude, de conformidad con lo
señalado en la sentencia SU-627 de 2015, proferida por la Corte
Constitucional.

Por su parte, el accionante, en su escrito de impugnación, manifestó que,
aunque la tutela original aún se encuentra en trámite, la decisión ya produce
efectos jurídicos y comunicacionales que afectan a millones de ciudadanos
no vinculados al proceso.

Sostuvo que la acción es procedente como mecanismo excepcional, dado
que no existe otro medio eficaz para proteger los derechos presuntamente
vulnerados y que, según la jurisprudencia, en casos de afectación directa a
terceros no intervinientes no se exige la demostración de fraude para su
admisión.

5.4.2. Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que, revisado el estado
del proceso de la acción de tutela a través de la sede electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (SAMAI), se advierte que, tal
como lo indicó el juez de primera instancia, el proceso identificado con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2025-01355-02 se encuentra
en trámite de impugnación en la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación, cuyo conocimiento corresponde al consejero de Estado Nicolás
Yepes Corrales.

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Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial8: (i) cuando el asunto está
en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en
el ordenamiento jurídico.

En el presente asunto, tal como lo advirtió el a quo, la sentencia cuestionada
se profirió dentro un proceso que aún no ha culminado, ya que todavía se
encuentra pendiente que se decida la impugnación contra el fallo censurado,
decisión que podría confirmar, modificar o revocar lo decidido inicialmente.

En ese orden de ideas, se configura el incumplimiento del requisito general
de subsidiariedad, toda vez que es el juez de tutela de segunda instancia
quien ostenta la competencia para continuar con el examen de la
providencia cuestionada y, en su caso, adoptar las medidas correctivas
correspondientes, sin que sea procedente que esta Sala anticipe ese análisis
mediante una nueva acción de tutela.

En este punto, es preciso indicar que si el actor estima que la providencia
censurada lo afecta como tercero no interviniente, será precisamente en
dicho trámite, que aún no ha culminado, donde deberá presentarse y
exponer sus inconformidades.

Por otra parte, respecto de la configuración de un perjuicio irremediable9
que habilite la procedencia de la presente solicitud de amparo como
mecanismo transitorio de protección, es preciso indicar que, del análisis
tanto de la demanda inicial como del escrito de impugnación, no se advierte
su acreditación, pues no se demuestra la existencia de un daño cierto, grave
e inminente que afecte los derechos fundamentales invocados. Por el
contrario, el accionante se limita a exponer consideraciones generales sobre
la presunta afectación, sin aportar elementos fácticos o probatorios que
permitan concluir que la amenaza o vulneración alegada reviste la urgencia
y gravedad que exige la jurisprudencia para habilitar el amparo como
mecanismo transitorio. En consecuencia, no se cumple este presupuesto y,
por tanto, la acción no resulta procedente por esta vía excepcional.

8
Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9
La jurisprudencia constitucional ha fijado los siguientes criterios a partir de los cuales se
debe analizar si, efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un
perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional: (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar
el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto
supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.

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5.4.3. Adicionalmente, es preciso reiterar lo considerado por el juez de
tutela de primera instancia en lo atinente a la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra una sentencia de similar naturaleza.

Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente cuando se atribuye la vulneración de derechos fundamentales
a decisiones adoptadas por jueces de tutela.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la
Corte Constitucional ha establecido que “no se trate de sentencias de
tutela”10; lo anterior, debido a que, “conforme con el procedimiento
establecido para adelantar este tipo de procesos –artículo 86 de la
Constitución Política y Decreto Estatutario 2591 de 1991− los errores en que
incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho al debido proceso,
pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional en sede de
revisión”11.

En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo es
improcedente para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la
sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia
respecto “de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela
y actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia”,
así:

“[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando
se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta
se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación
previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la
regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea
por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada
no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus

10 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional. T - 286 del 23 de julio de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.

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omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas
acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste
en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional
no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata
de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia,
la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección
de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional. […]”. (Negrita
y subrayas fuera del texto original)

De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 201912, precisó que, al
analizar la procedencia de una acción de tutela contra una providencia
judicial proferida en un proceso de tutela, corresponde al juez constitucional,
en primer lugar, identificar el escenario procesal en el que se dictó la
decisión cuestionada, para así verificar el cumplimiento de los parámetros
excepcionales previstos para cada caso.

En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de
tutela contra una sentencia de tutela, debe acreditarse de manera clara y
suficiente que la providencia adoptada en la anterior acción de tutela fue
producto de una situación de fraude que comprometa el ideal de justicia
inherente al derecho.

En atención a lo anterior, descendiendo al caso concreto, se advierte que
mediante la presente acción se controvierte el fallo de tutela proferido el 11
de abril de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, dentro del proceso identificado con número de radicación
11001-03-15-000-2025-01355-00, en el que se amparó el derecho
fundamental a la información de la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas
y se ordenó al Presidente de la República, al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República y a la Comisión de Regulación de
Comunicaciones abstenerse de transmitir los consejos de ministros a través

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550 01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02298-01
Accionante: Alirio Moreno Fuentes

de los canales privados de televisión, del Canal Uno y de los canales locales,
regionales y comunitarios de televisión abierta.

Bajo dicho contexto, la Sala concluye que la petición de amparo deviene
improcedente, toda vez que la parte actora pretende controvertir un fallo de
tutela que no se encuentra comprendido dentro de las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015 que habilitan el estudio de fondo.

En efecto, de la revisión del escrito de tutela y de la impugnación
presentada, se constata que el accionante no alegó ni acreditó que el fallo
censurado hubiese sido adoptado de manera ilegal o como resultado de un
fraude a la ley.

En este punto, cabe reiterar que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, para la configuración de la cosa juzgada fraudulenta “se
requiere estar en presencia de un proceso que formalmente ha cumplido
con todos los requisitos procesales, pero que materializa, en esencia, un
negocio jurídico fraudulento a través de medios procesales, e implica un
perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”13.

Así mismo, “la cosa juzgada fraudulenta no se configura únicamente en el
evento en que se adopte una decisión con fines ilegales ligados a una
intención dolosa, sino que también se materializa en aquellos eventos en los
que el juez adopta una decisión fundada en el fraude a la ley, derivada de
una interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados
constitucionales y a la buena fe judicial”14.

En el presente asunto, el accionante sustenta la solicitud de amparo en la
afirmación de que el fallo de tutela afecta sus derechos fundamentales a la
libertad de expresión y a la información, pues la prohibición de transmitir
los consejos de ministros en canales privados limitaría el derecho de la
ciudadanía a recibir información oficial de interés general, afectando a un
número considerable de ciudadanos. Sin embargo, lo que en realidad se
advierte es que el actor lo que pretende es controvertir los argumentos
expuestos en la sentencia de tutela cuestionada, sin alegar ni acreditar la
existencia de fraude o de algún otro supuesto excepcional previsto por la
jurisprudencia.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela del 16 de junio
de 2025, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la presente solicitud
de amparo.

13 Corte Constitucional. Sentencia T – 073 del 25 de febrero de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
14 Ibídem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02298-01
Accionante: Alirio Moreno Fuentes

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 16 de junio de 2025,
proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZÓN ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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