RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04603-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04603-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04603-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01 Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04603-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de octubre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C

Tesis: Se confirma la decisión de primera instancia, al verificarse que en
el caso bajo examen no se cumplen los requisitos generales de
relevancia constitucional y subsidiariedad, lo que impide un
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones del accionante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la
sentencia de tutela de 1 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
amparo solicitado.

I. LA SOLICITUD

El señor Cristian Fabián Contreras Méndez interpuso acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, contradicción, igualdad, información y participación, que considera
vulnerados con ocasión de la falta de pronunciamiento sobre las solicitudes
de intervención, nulidad e impugnación que presentó dentro del proceso de
tutela identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-
2025-01355-00.

Como pretensiones se indicaron las siguientes:

“(…) • Solicito que se tutelen y garanticen mis derechos
fundamentales a la participación, al debido proceso, a la
contradicción, al acceso a la información y a la igualdad, los cuales
han sido vulnerados durante el trámite y las decisiones de esta acción
de tutela.

• Pido que este expediente sea remitido a la instancia o
autoridad competente para que evalúe la procedencia de iniciar un
proceso disciplinario respecto de los funcionarios y jueces

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

responsables de las omisiones y errores detectados en las etapas de
primera y segunda instancia, debido a la persistente ausencia de
pronunciamientos de fondo y la afectación material de mis derechos.

• Solicito expresamente que se me reconozca e incluya
formalmente como contradictor, tercero con interés legítimo y
parte afectada dentro del proceso, en especial en la segunda
instancia Referencia. Exp. 11001-03-15-000-2025-01355-02
concejo (sic) de estado, garantizando así mi derecho a intervenir,
presentar pruebas y ejercer contradicción respecto de las decisiones
que impactan mis derechos fundamentales.

• Manifiesto mi respeto por las decisiones adoptadas por el
magistrado Ponente Nicolás Yepes en el auto del 15 de julio de
2025, en particular lo relativo a la nulidad y la impugnación; no
obstante, dejo constancia de que no comparto dichas
determinaciones, conforme los argumentos y fundamentos
esgrimidos en la presente acción de tutela.

• En mérito de lo anterior, pido que esta acción de tutela sea
admitida y resuelta de fondo, dictando las medidas necesarias
para la protección y restablecimiento efectivo de mis derechos,
conforme a la Constitución, la ley y la doctrina constitucional vigente.
(...)” (Negrita del texto original)

En el escrito de tutela, la parte actora señaló que esta Corporación admitió
la acción de tutela presentada por la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas
contra la Presidencia de la República, por la presunta vulneración del
derecho fundamental a la información, con ocasión de la transmisión de los
consejos de ministros por canales privados de televisión, la cual se tramitó
bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00.

Sostuvo que, los días 21 y 22 de abril de 2025, solicitó acceso al expediente
judicial ante la Secretaría General de esta Corporación, con fundamento en
su interés legítimo, el principio de publicidad y el derecho de acceso a la
información pública. Indicó que la Secretaría General le informó que el
acceso completo al expediente es exclusivo para las partes y que, en caso
de no tener tal calidad, el acceso sería excepcional y restringido.

Adujo que, el 6 de junio de 2025, presentó memorial solicitando la nulidad
de todo el trámite de la acción de tutela por indebida integración del
contradictorio, con fundamento en que no fue vinculado ni se decidió de
fondo sobre sus pretensiones, lo cual vulneró su derecho al debido proceso.
Agregó que subsidiariamente solicitó tener por presentada la impugnación
contra la sentencia de primera instancia del 11 de abril de 2025 y el auto
del 8 de mayo de 2025, para su revisión en segunda instancia.

Señaló que el 24 de junio de 2025 insistió en la nulidad por indebida
vinculación de las partes y que el 2 de julio solicitó nuevamente a la
Secretaría General el acceso al expediente de tutela de primera instancia,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

dependencia que reiteró su negativa, al considerar que el aquí accionante
no era parte dentro de la acción de tutela objeto de controversia.

Agregó sobre las decisiones judiciales proferidas dentro del citado trámite
de tutela, lo siguiente:

“(…) Decisiones judiciales y trámite respecto de mis solicitudes

• El 8 de mayo de 2025, el auto judicial Se abstuvo de pronunciarse
sobre mis solicitudes de tercero (manifestando, abstenerse sobre mi
intervención y dejar la decisión a la segunda instancia).

• El 13 de junio, el despacho ordenó estarse a lo resuelto en el auto
anterior del 8 de mayo y remitió a segunda instancia sin decidir sobre
mi petición de nulidad o impugnación.

• En el auto del 15 de julio, en segunda instancia, el despacho afirma
que, en varias ocasiones, solicité impugnaciones y nulidades y pretendí
intervenir como tercero con interés legítimo. Sin embargo, es necesario
precisar que los dos escritos que reposan en el expediente (Yo-
segundaapliacion_informativa-24jun.pdf) hacen referencia al mismo
documento, que envié a diferentes destinatarios (correos electrónicos
de la Secretaría y del despacho judicial), pero cuyo contenido es
idéntico. Fue el propio tribunal quien, al recibirlos por distintos canales
de radicación o recepción, los ingresó al expediente como si fueran
varias intervenciones individuales. Por tanto, la multiplicidad de
registros en el expediente no corresponde a nuevas impugnaciones o
solicitudes diferentes, sino a la reiteración formal de un mismo memorial
con fines de asegurar su efectiva recepción y trámite.

Por otro lado, el despacho desestima mi intervención alegando que
defiendo intereses propios y no cumplo los requisitos legales de la
coadyuvancia, y me ordena “estarse a lo resuelto” respecto a mis
solicitudes de nulidad e impugnación, sin analizar individualmente el
carácter único del documento presentado en varias oportunidades. (…)”

Aseguró que su intervención en la citada tutela no puede enmarcarse en la
figura de la coadyuvancia, pues no está apoyando la causa de la actora y,
por el contrario, expone razones y pretensiones opuestas.

Alegó que no está de acuerdo con que mediante una decisión judicial se le
imponga la obligación de ver o recibir un discurso presidencial únicamente
por el canal o medio elegido por el Estado o por una orden de tutela, pues
ello constituye una afectación a sus derechos a elegir libremente los
contenidos y medios de información.

Resaltó que el juez de tutela no resolvió de fondo su solicitud de nulidad ni
sobre la impugnación, sino que simplemente “estarse a lo resuelto”,
omitiendo así un análisis individual y motivado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

Indicó que se vulnera su derecho a la igualdad, en razón a que a otros
intervinientes en la tutela si se les resolvió de fondo la solicitud de
vinculación.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante auto de 28 de julio de 20251, la magistrada sustanciadora de
primera instancia admitió la acción de tutela; ordenó notificar a las partes y
se pronunció sobre las pruebas.

2.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo
que en la providencia controvertida y el expediente de tutela se exponen los
argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome la
decisión que en derecho corresponda.

2.3. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado presentó
informe en el que considera que no se ha incurrido en actuación alguna que
implique la vulneración de derechos fundamentales.

Adujo que, dada la multiplicidad de memoriales allegados al expediente de
tutela, no solo por el aquí accionante, sino también por otras personas que
manifestaron tener interés en el trámite, se profirió providencia del 15 de
julio de 2025, mediante la cual, luego de analizar individualmente cada una
de las solicitudes de intervención, se desestimaron, entre otros, los
argumentos elevados por el señor Contreras Méndez, con fundamento en
las siguientes consideraciones:

“(…) 2.3.4. El Despacho también encuentra que Cristian Fabián
Contreras, en distintas ocasiones, impugnó la sentencia de primera
instancia, solicitó su nulidad e intervino como tercero con interés
legítimo. Frente a sus dos primeros pedimentos, esta oficina judicial le
ordenará estarse a lo resuelto en los autos del 8 de mayo de 2025 y del
13 de junio de 2025. En lo relativo a los alegatos que pretende sean
tenidos en cuenta, se encuentra que estos no cumplen con los requisitos
de la figura de la coadyuvancia, toda vez que se pretendió reclamar una
supuesta afectación a los intereses del memorialista. (…)”

Sostuvo que la presente solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, toda vez que las peticiones de acceso al expediente y de
intervención como tercero interesado, presentadas por el accionante, han
sido resueltas reiteradamente en sentido negativo. Aseguró que las
providencias emitidas por los jueces de tutela de primera y segunda instancia
efectuaron un análisis individualizado y expusieron razones suficientes para
no acceder a lo solicitado. En ese sentido, estimó que la acción de tutela bajo
examen pretende reabrir un debate ya concluido por el juez natural de la
causa, con base en argumentos repetitivos que evidencian un mero

1 Ver índice SAMAI nro. 4 del expediente de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

desacuerdo del tutelante frente a los razonamientos adoptados por ambas
instancias.

Advirtió que el actor busca cuestionar la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales dentro de una acción de tutela en la que no fue
demandante ni interviniente antes de la decisión de primera instancia, y sin
haber acreditado su calidad de tercero con interés legítimo. Insistió que dicha
pretensión, ya fue analizada y desestimada mediante decisión de fondo.

Por último, señaló que la presentación reiterada de escritos por parte del
actor afecta la celeridad del trámite y configura un posible abuso del
derecho, razón por la cual solicitó instarlo a abstenerse de continuar con
actuaciones inoficiosas o temerarias, bajo advertencia de las sanciones
legales correspondientes.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 1 de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por el accionante, con base en las siguientes
consideraciones:

Indicó que tras la revisión del expediente de tutela identificado con el
número 11001-03-15-000-2025-01355-00, se constató que, contrario a lo
afirmado por el accionante, las autoridades judiciales accionadas sí se
pronunciaron sobre las múltiples peticiones elevadas por él.

Precisó que, conforme lo expuso el propio actor, sus primeras solicitudes
dentro de dicho proceso se presentaron los días 21 y 22 de abril de 2025,
esto es, con posterioridad a la fecha de publicación de la sentencia de
primera instancia que amparó el derecho fundamental a la información de
la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas.

Señaló que, mediante oficio del 21 de abril de 2025, la Secretaría General
de la Corporación le informó al accionante que el acceso pleno al expediente
solo corresponde a las partes del proceso; sin embargo, sus memoriales
fueron remitidos al despacho sustanciador para su conocimiento.

Sostuvo que, el magistrado sustanciador de la primera instancia de la tutela
controvertida, mediante autos del 8 de mayo y 13 de junio de 2025, se
abstuvo de pronunciarse sobre las solicitudes de nulidad, impugnación y
acceso al expediente, al considerar que el aquí accionante no hacía parte
del proceso ni cumplía los requisitos para intervenir como coadyuvante,
dado que sus planteamientos obedecían a intereses propios y no al apoyo
del actor principal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

Indicó que, posteriormente, el magistrado de segunda instancia, mediante
auto del 15 de julio de 2025, reiteró esa decisión y ordenó estarse a lo
resuelto en los autos anteriores, concluyendo que los jueces de tutela sí
realizaron un examen de fondo sobre las solicitudes del actor, por lo que su
nueva pretensión buscaba simplemente reabrir un debate ya definido.

Adujo que, el accionante pretendía reabrir una discusión ya resuelta, con
base en argumentos que no revelan arbitrariedad ni desconocimiento de
derechos fundamentales por parte de los jueces de tutela.

Destacó que el proceso de tutela 2025-01355-00 aún se encuentra en
trámite, pues el fallo de primera instancia fue impugnado y, por ende, no
ha adquirido firmeza, lo que implica que la decisión puede variar al
resolverse en la segunda instancia.

Precisó que, al tratarse de una tutela dirigida contra decisiones adoptadas
dentro de otra acción del mismo tipo, la jurisprudencia constitucional,
particularmente la sentencia SU-627 de 2015, exige demostrar que la
providencia cuestionada fue producto de fraude o irregularidad grave,
circunstancia que no se alegó ni se evidenció en el expediente.

Concluyó que la acción de tutela no cumple los requisitos de procedencia,
dado que: i) el proceso original aún está en curso (falta de subsidiariedad),
ii) no se acreditó relevancia constitucional en las decisiones judiciales
cuestionadas y, iii) no se demostró la existencia de fraude o circunstancia
excepcional que justificara la intervención del juez constitucional.

IV. LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso impugnación,
para lo cual expuso los siguientes argumentos:

Sostuvo que la petición mediante la cual solicitó acceso al expediente y
advirtió sobre un defecto procesal por indebida integración del contradictorio
no fue extemporánea ni arbitraria, sino una advertencia temprana de un
vicio sustancial que afectaba su derecho al debido proceso.

Indicó que la omisión de resolver dicha solicitud en debida forma constituye
una actuación anterior a la sentencia de segunda instancia, lo que encaja
en la hipótesis prevista en la sentencia SU-627 de 2015, que admite la
procedencia de la acción de tutela cuando se omite vincular a un tercero
afectado.

Manifestó que nunca fue notificado formalmente del proceso de tutela ni de
las decisiones adoptadas en el mismo, y que solo tuvo conocimiento de la
sentencia del 11 de abril de 2025 por un anuncio público del presidente de
la República, no por los canales oficiales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

Cuestionó que el fallo impugnado desvirtuara el sentido real de su tutela, al
reducirla a una simple inconformidad con los autos del 8 de mayo, 13 de
junio y 15 de julio de 2025. Aclaró que su pretensión no era reabrir un
debate ya resuelto, sino denunciar la omisión de resolver de manera
motivada sus solicitudes de intervención como tercero con interés legítimo,
de nulidad por indebida integración del contradictorio y de impugnación,
todas presentadas oportunamente y de forma fundada.

Afirmó que la decisión incurre en un “defecto por incongruencia”, al ignorar
el verdadero problema jurídico, la falta de decisión integral sobre sus
peticiones y limitarse a considerar su reclamo como una mera inconformidad
subjetiva.

Agregó que las providencias judiciales invocadas como fundamento del fallo
no constituyen decisiones de fondo, pues carecen de una motivación clara,
completa y suficiente, en contravía del deber constitucional de fundamentar
las decisiones judiciales, por lo que se configura un “defecto procedimental
por falta de motivación”.

Argumentó, respecto del interés legítimo, que su intervención fue
erróneamente catalogada como una coadyuvancia, pese a que su posición
era contraria a las pretensiones de la parte demandante. Señaló que las
órdenes de la sentencia del 11 de abril de 2025 afectaban directamente sus
derechos a la información, igualdad y participación, y que dicha
interpretación restrictiva lo dejó en una situación de indefensión procesal,
al negársele tanto la posibilidad de intervenir como la de controvertir la
decisión.

Indicó, con relación al requisito de subsidiariedad, que el fallo impugnado lo
aplicó de manera incorrecta, puesto que su reclamo no se dirigía contra la
sentencia de fondo, sino contra la omisión procesal de vincularlo y de decidir
motivadamente sus solicitudes. Sostuvo, que dicha irregularidad, es
autónoma y no puede ser subsanada en la segunda instancia del proceso
principal.

Advirtió que el acceso al expediente a través de la plataforma SAMAI fue
limitado, ya que solo permitió la consulta parcial de algunos documentos, lo
cual vulneró sus derechos a la información y al debido proceso.

Concluyó que, además de los defectos procesales señalados, el trámite de
la tutela principal restringió su derecho a la información, al limitar el acceso
ciudadano a los mensajes oficiales del Gobierno, lo que, en su criterio, afecta
la libertad y el pluralismo informativo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

5.2. Hechos relevantes

5.2.1. La señora María Cristina Cuéllar Cárdenas interpuso acción de tutela
contra la Presidencia de la República, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la “información y al respeto por el derecho a
escoger el medio masivo que convenga al ciudadano”, con ocasión de las
intervenciones televisivas y radiales de los consejos de ministros
encabezados por el presidente de la República, trámite que fue radicado
bajo el número 11001-03-15-000-2025-01355-00.

5.2.2. Mediante sentencia de tutela de primera instancia del 11 de abril de
20252, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado amparó
el derecho fundamental a la información de la mencionada ciudadana y
ordenó al presidente de la República, a la Presidencia de la República
(DAPRE) y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
abstenerse de transmitir los consejos de ministros a través de los canales
privados de televisión, del Canal Uno, y de los canales locales, regionales y
comunitarios de televisión abierta.

5.2.3. Por medio de escrito del 15 de abril de 2025, el accionante impugnó
la sentencia del 11 de abril de 2025 y solicitó ser vinculado al trámite,
manifestando su interés en coadyuvar a la Presidencia de la República 3.

5.2.4. A través de memorial del 24 de abril de 20254, el accionante solicitó
acceso al expediente digital.

5.2.5. En providencia del 8 de mayo de 20255 la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió lo siguiente:

“(…) PRIMERO: NEGAR las solicitudes de nulidad presentadas por el
Presidente de la República y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC), por los motivos expuestos en la parte motiva de
esta providencia.

2
Ver índice SAMAI nro. 41 del expediente 11001-03-15-000-2025-01355-00.
3
Ver índice SAMAI nro. 53 del expediente 11001-03-15-000-2025-01355-00.
4
Ver índice SAMAI nro. 74 del expediente 11001-03-15-000-2025-01355-00.
5
Ver índice SAMAI nro. 98 del expediente 11001-03-15-000-2025-01355-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

SEGUNDO: CONCEDER las impugnaciones presentadas por la
Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC). En consecuencia, por Secretaría General,
REMITIR el proceso de la referencia al despacho que corresponda, para
que se adelante el trámite de impugnación.

TERCERO: NO CONCEDER las impugnaciones presentadas por William
Darío Villamizar Lasso, Jesús David Vallejo Ruíz, David Cardona, Luis
Hernán Montalvo, Alejandro Álvarez López, Carlos Alberto Schmalbach
Silva, Franco Jesús Trujillo Valverde y Víctor Ardila, de conformidad con
las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ABSTENERSE DE PRONUNCIARSE sobre las solicitudes
presentadas por Dagoberto Santoya Peña, Diego Alberto Villanueva
Polo, Alejandro Álvarez López, Carlos Alberto Schmalbach Silva, Franco
Jesús Trujillo Valverde, James Fernández Cardozo, David Cardona,
Christian Fabián Contreras Méndez, la Fundación para el Estado de
Derecho y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con las razones dadas en la parte motiva de esta
providencia. (…)” (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

5.2.6. Mediante memorial radicado el día 10 de junio de 20256, el accionante
solicitó la nulidad de todo lo actuado y de manera subsidiaria impugnó la
sentencia de 11 de abril de 2025.

5.2.7. A través de providencia de 13 de junio de 20257, el Despacho
sustanciador resolvió las anteriores solicitudes y decidió estarse a lo resuelto
en el auto de 8 de mayo de 2025.

5.2.8. En proveído de 15 de julio de 20258 proferido en el trámite de la
impugnación se desestimó unas intervenciones, entre ellas, la del aquí
accionante.

5.3. Análisis de la Sala

5.3.1. Corresponde a esta Sala establecer si la decisión adoptada por el juez
de primera instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado, se
ajusta a derecho. En criterio del a quo, en el presente caso no se acreditó
el requisito general de relevancia constitucional frente a las providencias
proferidas los días 8 de mayo, 13 de junio y 15 de julio de 2025, por medio
de las cuales se resolvieron las solicitudes de la parte actora dentro de la
acción de tutela bajo radicado 2025-01355-00/02. Así mismo, indicó que no
se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la mencionada acción
constitucional aún se encuentra en trámite. Finalmente, advirtió que

6
Ver índice SAMAI nro. 119 del expediente 11001-03-15-000-2025-01355-00.
7
Ver índice SAMAI nro. 121 del expediente 11001-03-15-000-2025-01355-00.
8
Ver índice SAMAI nro. 20 del expediente 11001-03-15-000-2025-01355-02.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

tampoco se reúnen los presupuestos de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales de la misma naturaleza.

Por su parte, el demandante alega que la presente acción constitucional es
procedente, en la medida en que la sentencia SU-627 de 2015 admite la
acción de tutela cuando se omite vincular a un tercero afectado dentro de
un trámite constitucional. De igual forma, reitera que se vulneraron sus
derechos fundamentales al no haber sido vinculado como tercero interesado
dentro de la acción de tutela 2025-01355-00, así como por la falta de
motivación de las providencias que resuelven sus solicitudes dentro del
citado trámite constitucional, además de no permitirle el acceso al
expediente digital para conocer la totalidad de las actuaciones procesales.

Para resolver lo pertinente, es necesario analizar la procedencia de la acción
de tutela contra providencias dictadas dentro de un trámite de la misma
naturaleza.

5.3.2. Sea lo primero indicar que la Corte Constitucional, en la Sentencia
SU-627 de 20159, unificó los criterios sobre la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de
tutela, ya sean anteriores o posteriores a la sentencia. Respecto de esta
última, se indicó:

“(…) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando
se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta
se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una
actuación previa o posterior a ella. (…)

(…) 4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas
acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto
para su revisión. (…)” (Destaca el Despacho)

En virtud de lo anterior, la Sala considera que, en principio le asiste razón
al accionante, en el sentido de que se cumple con el presupuesto de
procedibilidad de la acción de tutela contra las actuaciones que resolvieron
sobre su vinculación, por cuanto no se cuestiona otra sentencia de tutela,
sino la presunta omisión del juez constitucional de vincular al aquí
accionante al proceso núm. 2025-01355-00.

9 M.P. Mauricio González Cuervo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

Sin embargo, aunque la Corte ha señalado que en tales casos la acción de
tutela resulta procedente, lo cierto es que, adicionalmente, se deben
acreditar los requisitos generales de procedibilidad, requisitos que, en el
caso concreto, tal como se indicó en el fallo recurrido, no se acreditan.

5.3.3. En efecto, respecto al requisito general de relevancia constitucional,
la Sala observa que, dentro del trámite de la acción de tutela radicada bajo
el número 11001-03-15-000-2025-01355-00/02, se profirieron las
providencias del 8 de mayo, 13 de junio y 15 de julio de 2025, mediante las
cuales se resolvieron las solicitudes de impugnación, intervención, nulidad,
y acceso al expediente formuladas por el accionante.

Específicamente, el juez de tutela de primera instancia, en el auto de 8 de
mayo de 2025, indicó lo siguiente:

“(…) 2.3. Otras solicitudes de coadyuvancia, intervención y
acceso al expediente

60. Sobre el tema de intervinientes en el trámite de la acción de tutela,
el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 estableció expresamente que
(se trascribe) “(…) quien tuviere un interés legítimo en el resultado del
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

61. La Corte Constitucional, en Sentencia T-1062 de 2010 y T-070 de
2018 sostuvo (se trascribe):

“[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la
participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones
propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que
desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.”

62. En ese sentido, como en el presente caso ya se emitió y notificó la
sentencia de primera instancia, los planteamientos o reclamaciones que
puedan presentarse en relación con el asunto deberán ser definidos por
el juez de segunda instancia. Por tal razón, el despacho se abstendrá de
emitir cualquier pronunciamiento sobre las solicitudes realizadas por
Dagoberto Santoya Peña, James Fernández Cardozo, David Cardona,
Christian Fabián Contreras Méndez, la Fundación para el Estado de
Derecho y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las cuales,
en todo caso, obran en el expediente digital para conocimiento de la
segunda instancia. (…)”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

Por su parte, en la providencia de 13 de junio de 2025, se señaló:

“(…) 5. El 10 de junio de 20255, Cristian Fabián Contreras Méndez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

presentó un memorial en el que solicitó que se declarara la nulidad de
todo el trámite de la acción de tutela con fundamento en la causal
prevista en el numeral 8 del artículo 133 del CGP, o, subsidiariamente,
se concediera la impugnación contra la Sentencia de 11 de abril de 2025
y el Auto de 8 de mayo de 2025. Argumentó que el despacho (se
trascribe) “incurrió en indebida integración del contradictorio al no
vincular a quienes tenían interés manifiesto y jurídicamente válido en el
desarrollo de la tutela” y, además, se abstuvo de pronunciarse en el
Auto de 8 de mayo de 2025 sobre su solicitud de acceso al expediente.

6. Al respecto, el despacho recuerda que, de conformidad con el artículo
3 del Decreto 2591 de 1991, el trámite de la acción de tutela se orienta
por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia. En esa medida, como en este caso ya se
concedió la impugnación de quienes resultaron ordenados en la
Sentencia de 11 de abril de 2025, no se acompasa con el carácter de
expedito de la acción de tutela seguir resolviendo solicitudes de otras
personas.

7. Además, se advierte que el despacho ya se pronunció sobre la
solicitud a la que hace alusión el señor Contreras Méndez en el Auto de
8 de mayo de 2025, razón por la cual no se realizará un nuevo
pronunciamiento al respecto. (…)”

A su turno, el juez de segunda instancia, dentro del trámite de la tutela
11001-03-15-000-2025-01355-02, mediante auto del 15 de julio de 2025,
resolvió desestimar la intervención del accionante en los siguientes
términos:

“(…) 2.3.4. El Despacho también encuentra que Cristian Fabián
Contreras, en distintas ocasiones, impugnó la sentencia de primera
instancia, solicitó su nulidad e intervino como tercero con interés
legítimo. Frente a sus dos primeros pedimentos, esta oficina judicial le
ordenará estarse a lo resuelto en los autos del 8 de mayo de 2025 y del
13 de junio de 202520. En lo relativo a los alegatos que pretende sean
tenidos en cuenta, se encuentra que estos no cumplen con los requisitos
de la figura de la coadyuvancia, toda vez que se pretendió reclamar una
supuesta afectación a los intereses del memorialista. (…)”

De la lectura de las anteriores providencias, la Sala concluye, en armonía
con lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia, que no se acredita
el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el accionante,
mediante el presente trámite, pretende reabrir un debate ya resuelto por
las autoridades judiciales accionadas, consistente en decidir la procedencia
o no de su intervención en el trámite de tutela, solicitud que fue analizada
y objeto de pronunciamiento por el juez natural en su momento.

Es preciso indicar que la inconformidad planteada no obedece a la
configuración de una vulneración autónoma de derechos fundamentales,
sino a una discrepancia frente a las decisiones adoptadas tanto en primera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

como en segunda instancia dentro de una acción de tutela que aún no ha
culminado.

Adicionalmente, de la lectura de las providencias censuradas se advierte un
pronunciamiento sobre las solicitudes efectuadas por el accionante, el cual,
si bien puede ser sucinto, resuelven las peticiones del actor, las que, se
insiste, por ser desfavorables a sus intereses no habilitan la intervención del
juez constitucional.

5.3.4. De otro lado, se advierte que la acción de tutela con número único de
radicación 11001-03-15-000-2025-01355-02 aún se encuentra en trámite
de impugnación ante la Subsección C de esta Corporación.

En ese contexto, la Sala reitera la conclusión del a quo, en el sentido de que
tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad porque aún está pendiente
de resolución la impugnación interpuesta dentro de la referida acción de
tutela. En consecuencia, no resulta procedente acudir a una nueva acción
de amparo para cuestionar actuaciones procesales o decisiones que todavía
se encuentran bajo estudio del juez competente.

Por todo lo expuesto, la Sala concluye que no se cumple el requisito general
de procedencia de la acción de tutela, razón por la cual se confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la presente acción cosntitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1 de septiembre de 2025,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04603-01
Accionante: Cristian Fabián Contreras Méndez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZÓN ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.