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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04603-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04603-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Cristian Fabián Contreras Méndez, por lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04603-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

1 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: CRISTIAN FABIÁN CONTRERAS MÉNDEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DICTADA EN OTRO PROCESO DE LA
MISMA NATURALEZA – No procede estudio de fondo porque no se cumplen los requisitos
generales de relevancia constitucional y subsidiariedad ni se advierte que el fallo censurado
hubiera sido producto de una situación de fraude.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Cristian Fabián Contreras
Méndez contra las Subsecciones B y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 24 de julio de la presente anualidad, el señor Cristian Fabián Contreras Méndez
interpuso acción de tutela contra las Subsecciones B y C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la información y a la participación, con ocasión de la falta de
pronunciamiento de las solicitudes de intervención, nulidad e impugnación formuladas
por él, en el marco del proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00.
Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores
incluidos):

• Solicito que se tutelen y garanticen mis derechos fundamentales a la
participación, al debido proceso, a la contradicción, al acceso a la información y a la
igualdad, los cuales han sido vulnerados durante el trámite y las decisiones de esta
acción de tutela.

1
Se advierte que el 8 de agosto de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

• Pido que este expediente sea remitido a la instancia o autoridad competente
para que evalúe la procedencia de iniciar un proceso disciplinario respecto de los
funcionarios y jueces responsables de las omisiones y errores detectados en las
etapas de primera y segunda instancia, debido a la persistente ausencia de
pronunciamientos de fondo y la afectación material de mis derechos.

• Solicito expresamente que se me reconozca e incluya formalmente como
contradictor, tercero con interés legítimo y parte afectada dentro del proceso, en
especial en la segunda instancia Referencia. Exp. 11001-03-15-000-2025- 01355-02
concejo de estado, garantizando así mi derecho a intervenir, presentar pruebas y
ejercer contradicción respecto de las decisiones que impactan mis derechos
fundamentales.

• Manifiesto mi respeto por las decisiones adoptadas por el magistrado Ponente
Nicolás Yepes en el auto del 15 de julio de 2025, en particular lo relativo a la nulidad
y la impugnación; no obstante, dejo constancia de que no comparto dichas
determinaciones, conforme los argumentos y fundamentos esgrimidos en la presente
acción de tutela.

• En mérito de lo anterior, pido que esta acción de tutela sea admitida y resuelta
de fondo, dictando las medidas necesarias para la protección y restablecimiento
efectivo de mis derechos, conforme a la Constitución, la ley y la doctrina
constitucional vigente.

2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:

3. En ejercicio de la acción de tutela, la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas demandó
a la Presidencia de la República, con el fin de que se amparara su derecho fundamental
a la información, vulnerado, a su juicio, porque el presidente interrumpía la programación
habitual de los canales privados de televisión, para dar paso a la transmisión del consejo
de ministros, lo que le impedía elegir libremente lo que deseaba ver.

4. Al proceso se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00 y correspondió
por reparto a la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, la que, en auto
del 12 de marzo del año en curso, avocó conocimiento de la referida acción constitucional
y ordenó: «[p]or Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente
providencia en la página web del Consejo de Estado».

5. En cumplimiento de la orden antes transcrita, el 13 de marzo siguiente2, la Secretaría
General de esta Corporación publicó el auto que avocó conocimiento.

6. Mediante sentencia del 11 de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental a la información de la señora
Cuéllar Cárdenas, por considerar que la transmisión de los consejos de ministros,
especialmente durante la franja horaria de 7:30 p.m. a 10: 30 p.m., por un lado, suprime
la libertad de no informarse de las personas que únicamente tienen acceso a los canales

2 Samai, índice 8 del expediente de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

de televisión abierta y, por otro, suprime la pluralidad informativa, porque impone a los
espectadores la obligación de obtener información de una única fuente, con una sola
versión de los hechos, circunstancia que, en su criterio, se agrava, porque dicha fuente
es oficial y dispone de legitimidad y suposición de veracidad.

7. En consecuencia, la Sala de conocimiento ordenó al presidente de la República, al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones abstenerse de transmitir los consejos de ministros a
través de canales privados de televisión, del canal «Uno» y de los canales locales,
regionales y comunitarios de televisión abierta.

8. La sentencia del 11 de abril de 2025 fue publicada ese mismo día en la página web
del Consejo de Estado3.

9. El 21 y 22 de abril del año en curso, el señor Cristian Fabián Contreras Méndez, quien
se identificó en el escrito que dio origen a esta controversia como «contradictor, tercero
con interés legítimo y parte afectada» con la sentencia del 11 de abril de 2025, solicitó a
la Secretaría General de esta Corporación acceso al expediente del proceso de tutela
con radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00. Dichas peticiones, a la postre, fueron
negadas, bajo el argumento de que el acceso pleno al expediente solo estaba autorizado
para las partes, por lo que se requirió al solicitante para que acreditara su calidad en el
proceso, so pena de otorgarle el acceso de manera excepcional y restringida.

10. El 8 de mayo de 2025, el despacho sustanciador del proceso de tutela en primera
instancia con radicado 2025-01355-00, se abstuvo de pronunciarse respecto de las
solicitudes de vinculación del aquí actor.

11. El 6 de junio posterior, el señor Contreras Méndez radicó un memorial, a través del
cual pidió la nulidad de lo actuado por indebida integración del contradictorio, y, de
manera subsidiaria, impugnó la sentencia del 11 de abril de 2025.

12. El 13 de junio de la misma anualidad, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia le ordenó al señor Contreras Méndez estarse a lo resuelto mediante
auto del 8 de mayo anterior y remitió el proceso a segunda instancia, «sin decidir» de
fondo sobre sus solicitudes de nulidad e impugnación.

13. El 24 de junio de 2025, el aquí accionante radicó otro memorial, que denominó
«ampliación de intervención en segunda instancia», a través del cual pretendía reiterar
la solicitud de nulidad que radicó el 6 del mismo mes y año.

14. El 2 de julio de 2025, el señor Contreras Méndez radicó una nueva solicitud de acceso
al expediente, misma que fue resuelta de manera desfavorable, por cuanto el solicitante

3 Samai, índice 45 del expediente de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

no acreditó su participación en el proceso, bien como parte, como tercero interesado o
como vinculado.

15. En auto del 15 de julio de 2025, el despacho sustanciador del proceso de tutela en
segunda instancia 2025-01355-01 advirtió que el señor Contreras Méndez radicó
múltiples solicitudes y memoriales, que tenían como objetivo intervenir en el proceso en
calidad de tercero con interés; no obstante, desestimó que aquel ostentara tal calidad,
comoquiera que, a su juicio, el señor Contreras defendía sus propios intereses y, en tal
sentido, no reunía los requisitos para ser vinculado al trámite en calidad de coadyuvante.

16. En el escrito de tutela, el señor Contreras Méndez afirmó que los múltiples
memoriales que reposan en el expediente no fueron reiterativos, sino que eran «el mismo
documento», pero enviado a diferentes destinatarios, con el único fin de «asegurar la
efectiva recepción y su trámite». De modo que la responsabilidad de la múltiple
radicación es atribuible a la Secretaría de la Corporación, quien ingresó varias veces sus
escritos al expediente como si se tratara de intervenciones distintas.

17. Asimismo, el accionante se mostró inconforme con el auto del 15 de julio de 2025,
por considerar que, de acuerdo con lo razonado por la Corte Constitucional en las
sentencias T-1062 de 2010 y T-070 de 2018, su intervención no debió ser analizada
como si se tratara de una solicitud de coadyuvancia, en la medida en que no pretendía
respaldar las pretensiones de la señora María Cristina Cuellar, sino, al contrario,
rebatirlas, pues la limitación de la transmisión del consejo de ministros en canales
privados vulnera sus derechos fundamentales a la información, a la igualdad y a la
participación política.

18. En consecuencia, estimó que las autoridades judiciales accionadas debieron
conceder su intervención en el trámite constitucional en calidad de tercero con interés.
Lo anterior, porque, insistió, la sentencia del 11 de abril de 2025 vulneró sus derechos
fundamentales.

19. Por último, calificó la decisión de limitar la transmisión del consejo de ministros de
«ilógica y vulneradora» de sus garantías iusfundamentales, pues la misma le impone la
obligación de ver o recibir un discurso presidencial únicamente por el canal o medio
«elegido» por el Estado a través de la orden de tutela.

B. Trámite impartido e intervenciones

20. Mediante auto del 28 de julio de 20254, el despacho sustanciador del proceso admitió
la acción de tutela contra los magistrados Alberto Montaña Plata y Nicolás Yepes
Corrales, que integran, en su orden, las Subsecciones B y C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

4
Samai, índice 4.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

21. El magistrado Alberto Montaña Plata5, integrante de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, precisó que la providencia cuestionada y el expediente
de tutela contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez
constitucional adopte la decisión que en derecho corresponda.

22. El magistrado Nicolás Yepes Corrales6, integrante de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, hizo un recuento de las actuaciones que se surtieron en
el proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00, específicamente, de
las relacionadas con las solicitudes del señor Contreras Méndez.

23. En ese sentido, precisó que, dada la multiplicidad de memoriales arrimados al
proceso, no solo por el actor sino por otras personas que manifestaron tener interés en
el proceso, profirió el auto del 15 de julio de 2025, a través del cual: i) se le ordenó al
señor Contreras Méndez estarse a lo resuelto por el juez de primera instancia en las
providencias del 8 de mayo y del 13 de junio de 2025 y ii) se desestimaron las súplicas
tendientes a obtener un pronunciamiento sobre la supuesta afectación a sus derechos
fundamentales, por no cumplir con los requisitos de la coadyuvancia.

24. Así, indicó que la presente acción de amparo carece de relevancia constitucional,
comoquiera que las autoridades judiciales accionadas se pronunciaron de manera
suficiente frente a cada una de las solicitudes que elevó el accionante, las cuales fueron
denegadas a través de una motivación clara y suficiente. Por lo tanto, en su criterio, la
parte actora pretende reabrir un debate que ya fue definido en el proceso de tutela,
simplemente porque se encuentre en desacuerdo con las razones expuestas en ambas
instancias judiciales para desestimar sus pretensiones.

25. Finalmente, solicitó que se inste al señor Contreras Méndez, para que se abstenga
de continuar presentando memoriales que entorpecen el desarrollo normal del proceso
y atentan contra el principio de celeridad de la acción constitucional, pues su actuar
configura un abuso del derecho.

26. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados no
intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la
demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,

5 Samai, índice 10.
6 Samai, índice 11.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

28. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
presupuestos procesales de la acción de tutela. Solo en el evento de que se cumplan
tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si las
Subsecciones B y C de la Sección Tercera de esta Corporación vulneraron los derechos
fundamentales a la igualdad, a la información y a la participación del señor Cristian
Fabián Contreras Méndez.

E. Análisis de la Sala

La acción de tutela contra providencias dictadas en otro proceso de la misma
naturaleza o en desarrollo de un incidente de desacato

29. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015, unificó el
criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

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4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.

30. De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:

(I) Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

(II) Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros que
serían afectados con la decisión.

(III) Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.

31. Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios sigue siendo
exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

F. Caso concreto y solución del problema jurídico planteado

32. El señor Cristian Fabián Contreras Méndez solicitó que se ampararan sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la información y a la participación, vulnerados, a su juicio,
por la falta de respuesta de fondo a las solicitudes de: (i) acceso al expediente del
proceso de tutela con radicado 2025-01355-00, (ii) intervención en calidad de tercero
con interés, (iii) nulidad de lo actuado e (iv) impugnación. Peticiones que presentó ante
las Subsecciones B y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

33. No obstante, de la lectura del escrito de tutela, la Sala advierte que, en el fondo, el
señor Contreras Méndez se encuentra inconforme con los pronunciamientos que las
autoridades judiciales accionadas realizaron respecto de sus solicitudes, mismos que se
concretaron en las providencias del 8 de mayo, 13 de junio y 15 de julio del año en curso,

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las dos primeras proferidas por el magistrado Antonio Montaña Plata y, la última, por el
magistrado Nicolás Yepes Corrales, en el marco del proceso de tutela previamente
identificado.

34. Además, revisadas las premisas expuestas en el escrito de amparo, la Sala
considera que el demandante también insistió en reprochar la decisión adoptada por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación en la sentencia proferida el 11
de abril de 2024. Proveído a través del cual, la mencionada autoridad judicial amparó el
derecho fundamental de acceso a la información de la señora María Cristina Cuéllar
Cárdenas, por considerar que la transmisión de los consejos de ministros en los canales
privados de televisión, así como en los locales, regionales o comunitarios de televisión
abierta suprimía la libertad de no informarse y limitaba la pluralidad informativa, al
imponer a los televidentes acceder a informarse a través de una única fuente de
información, misma que, además, es oficial, por lo que dispone de legitimidad y
suposición de veracidad.

35. En consecuencia, ordenó al presidente de la República, al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y a la Comisión de Regulación de
Comunicaciones que se abstuvieran de reincidir en la conducta vulneradora del derecho
fundamental de acceso a la información de la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas,
en los canales privados de televisión, en el canal «Uno» y en los canales locales,
regionales y comunitarios de televisión abierta; no obstante, aclaró que dicha limitación
no aplicaba respecto de los canales públicos de carácter nacional, porque «existe una
injerencia permitida por la ley desde el poder central en la determinación de los
contenidos, temas y opiniones que en estos últimos se adoptan y divulgan».

36. De entrada, esta Subsección advierte que la acción de tutela se torna improcedente
por varias razones.

37. Revisado el expediente de tutela con radicado 2025-01355-00, la Sala observa que,
contrario a lo sostenido en el escrito de tutela, las autoridades judiciales accionadas sí
se pronunciaron respecto de las múltiples solicitudes elevadas por el señor Cárdenas
Méndez, las cuales, aunque fueron presentadas bajo diferentes denominaciones
—acceso al expediente, nulidades, impugnaciones, etc.— tenían el único objetivo de
que se le reconociera y permitiera intervenir en el proceso en calidad de tercero con
interés, como se pasa a exponer.

38. De acuerdo con lo informado por el propio accionante, las primeras solicitudes que
presentó en el trámite constitucional con radicado 2025-01355-00 datan del 21 y 22 de
abril de 2025, es decir, fueron presentadas de manera posterior a la fecha de publicación
de la sentencia del 11 de abril de 2025, que amparó el derecho fundamental a la
información de la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas.

39. Mediante oficio CGQ-2055 del 21 de abril de 2025, la Secretaría General de esta

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Corporación le informó al señor Contreras Méndez, lo siguiente:

Le informo que, si usted es parte del proceso de la referencia, podrá acceder a la
consulta de los documentos que lo integran a través de la ventanilla virtual, de forma
permanente y sin ningún tipo de restricción, salvo lo aplicable a los documentos
sujetos a reserva legal. Para ello, usted deberá solicitar la activación del usuario en
el sistema SAMAI, diligenciando el formulario adjunto y siguiendo las instrucciones
del Manual de Uso de SAMAI que encontrará en la siguiente página:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/ y allegando documento que acredite
su calidad.

40. No obstante, la Secretaría General ingresó los memoriales radicados por el aquí
accionante al despacho sustanciador del proceso para su conocimiento.

41. Mediante auto del 8 de mayo de 2025, el magistrado Alberto Montaña Plata se
pronunció respecto de las solicitudes de nulidad, impugnaciones y otras solicitudes
relacionadas con el proceso. Específicamente, respecto de las solicitudes del señor
Contreras Méndez indicó:

2.3. Otras solicitudes de coadyuvancia, intervención y acceso al expediente

60. Sobre el tema de intervinientes en el trámite de la acción de tutela, el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991 estableció expresamente que (se trascribe) “(…) quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud”.

61. La Corte Constitucional, en Sentencia T-1062 de 2010 y T-070 de 2018 sostuvo
(se trascribe): “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la
participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta
compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela,
sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces
la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.”

62. En ese sentido, como en el presente caso ya se emitió y notificó la sentencia
de primera instancia, los planteamientos o reclamaciones que puedan
presentarse en relación con el asunto deberán ser definidos por el juez de
segunda instancia. Por tal razón, el despacho se abstendrá de emitir cualquier
pronunciamiento sobre las solicitudes realizadas por Dagoberto Santoya Peña,
James Fernández Cardozo, David Cardona, Christian Fabián Contreras Méndez,
la Fundación para el Estado de Derecho y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, las cuales, en todo caso, obran en el expediente digital para conocimiento
de la segunda instancia.

42. Posteriormente, el 6 de junio de 2025, el aquí accionante radicó otro memorial, a
través del cual pidió la nulidad de lo actuado y, de manera subsidiaria, pretendió
impugnar la sentencia del 11 de abril de 2025.

43. El 13 de junio siguiente, el magistrado Alberto Montaña Plata se pronunció respecto

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
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de la solicitud antes referida, en el sentido de ordenarle al señor Contreras Méndez
estarse a lo resuelto en el auto del 8 de mayo de 2025, por cuanto allí se emitieron las
consideraciones pertinentes respecto de sus solicitudes de acceso al expediente.

44. Durante el trámite de segunda instancia, el señor Cristian Fabián Contreras Méndez
allegó nuevamente memorial en el que pretendía impugnar la sentencia de primera
instancia y solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado.

45. Respecto de la anterior solicitud, el magistrado Nicolás Yepes Corrales, en auto del
15 de julio de 2025, expuso:

El Despacho también encuentra que Cristian Fabián Contreras, en distintas
ocasiones, impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó su nulidad e intervino
como tercero con interés legítimo. Frente a sus dos primeros pedimentos, esta oficina
judicial le ordenará estarse a lo resuelto en los autos del 8 de mayo de 2025 y del 13
de junio de 2025. En lo relativo a los alegatos que pretende sean tenidos en cuenta,
se encuentra que estos no cumplen con los requisitos de la figura de la coadyuvancia,
toda vez que se pretendió reclamar una supuesta afectación a los intereses del
memorialista.

46. Entonces, como se anticipó, la Sala observa que las autoridades judiciales
accionadas sí se pronunciaron de fondo frente a las múltiples solicitudes radicadas por
el señor Contreras Méndez en el trámite de la acción de tutela con radicado 2025-01355-
00, las cuales, se insiste, tenían el único objetivo de que se le reconociera como tercero
con interés, aun cuando, como lo explicaron las autoridades judiciales, no acudió
oportunamente al proceso.

47. Lo anterior, da cuenta de que el accionante pretende reabrir una discusión que ya
fue definida por los jueces del amparo, bajo un razonamiento que no se aprecia
irrazonable, caprichoso o arbitrario desde el punto de vista constitucional, como se pasa
a explicar.

48. En efecto, revisado el expediente de tutela con radicado 2025-01355-00, se evidencia
que, en auto del 12 de marzo del año en curso, la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación avocó conocimiento de la acción constitucional promovida por la
señora María Cristina Cuéllar Cárdenas y ordenó: «[p]or Secretaría General de esta
Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de
Estado».

49. En cumplimiento de la orden antes transcrita, el 13 de marzo siguiente 7, la Secretaría
General de esta Corporación publicó el auto que avocó conocimiento.

50. Así, como acertadamente lo consideraron las autoridades judiciales accionadas en
los autos del 8 de mayo, 13 de junio y 15 de julio del año en curso, el aquí accionante

7 Samai, índice 8 del expediente de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-01355-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

no intervino durante el trámite de la primera instancia, pese a que el auto que avocó
conocimiento fue publicado por la Secretaría General de esta Corporación, es decir, a
pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, la decisión de las demandadas
de no dar trámite a las solicitudes del señor Contreras Méndez de ninguna manera
resulta reprochable desde el punto de vista constitucional.

51. Tampoco merece cuestionamiento alguno la providencia del 15 de julio de 2025, que
desestimó la intervención del demandante tendiente a obtener la protección de sus
derechos fundamentales, vulnerados con la sentencia del 11 de abril de 2025, por
cuanto, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991,«[q]uien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante
del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud».

52. Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la
acción de tutela por remisión del artículo 4 del decreto 306 de 1992, prevé que las
personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden
intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda
instancia.

53. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el hecho de ser coadyuvante no habilita
al interviniente para plantear o formular nuevas pretensiones, dado que aquel solo puede
apoyar las solicitudes que se han planteado en el escrito de tutela. Sobre el particular,
en la sentencia SU-067 de 2022, la Corte Constitucional sostuvo:

Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que
se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la
coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando
este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en
contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del
proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la
parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia
de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer
pretensiones propias»[35][énfasis fuera de texto].

De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende
que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen
disposición del derecho en litigio»[36]. De lo anterior resulta que las facultades del
coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia naturaleza
de la institución procesal que permite su intervención en la causa judicial.

Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la coadyuvancia.

En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el
problema jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la formulación de
argumentos y razonamientos distintos a los planteados en el escrito de demanda.
Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la
Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

interés legítimo en la decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos
diferentes a los que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones
específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar
este asunto, la Corte manifestó lo siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la
participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta
compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela,
sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría
entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

54. Entonces, la conclusión a la que arribó el magistrado Nicolás Yepes Corrales en la
providencia del 15 de julio de 2025, relativa a que la solicitud de intervención del señor
Contreras Méndez debía ser desestimada, pues aquel pretendía obtener un
pronunciamiento sobre la supuesta afectación a sus derechos fundamentales o, en otras
palabras, formular una nueva petición de amparo, no resulta desproporcionada,
irracional o caprichosa.

55. Ahora bien, la Sala no desconoce que el escrito de amparo, el accionante insistió en
cuestionar la sentencia del 11 de abril de 2025, calificando la decisión que allí se adoptó
de ilógica y vulneradora de sus derechos fundamentales de acceso a la información, a
la igualdad y a la participación política. Sin embargo, en este punto, la Subsección
considera que la acción de tutela deviene absolutamente improcedente, por las razones
que se esgrimen a continuación.

56. En primer lugar, el proceso de tutela con radicado 2025-01355-00 aún se encuentra
en trámite8, toda vez que el fallo de primera instancia fue impugnado y, luego de haberse
concedido la impugnación, fue repartido el pasado 13 de junio a la Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación (M.P. Nicolás Yepes Corrales)9. Es decir, que la
decisión que aquí se cuestiona, aunque debe cumplirse por virtud de lo dispuesto en el
artículo 3110 del Decreto 2591 de 1991, no ha cobrado firmeza y, por ende, podría variar
de cara a la impugnación interpuesta, lo que torna improcedente la acción de tutela.

57. Con todo, tal como recientemente lo anotó esta Subsección en un caso similar,
«debe precisarse que la orden impartida por el juez de tutela no restringió de manera

8 La Corte Constitucional ha sostenido que, en materia de acción de tutela contra providencias judiciales,

el análisis del requisito general de subsidiariedad debe tener en cuenta si el proceso en el que se profirió
todavía está en curso, caso en el cual la competencia del juez constitucional es más restringida, por cuanto
la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo para resolver controversias que, por su
naturaleza, deben ser dirimidas al interior del proceso de origen. Ver, entre muchas otras, las sentencias
T-396 de 2014 y T-355 de 2018.
9 Índice 1 del expediente de tutela 2025-01355-02, visible en el aplicativo Samai.
10 «ARTÍCULO 31. IMPUGNACIÓN DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el

fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante
del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su
revisión».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

absoluta la transmisión de los consejos de ministros al público. Únicamente limitó su
difusión en los canales privados de televisión, el canal uno y los canales locales,
regionales y comunitarios de televisión abierta, aclarando que los canales oficiales de
televisión nacional, esto es, Señal Colombia o el Canal Institucional, serán los únicos
canales en los que se podrá transmitir ese tipo de contenido»11.

58. Adicionalmente, y para abundar en razones, teniendo en cuenta que mediante la
solicitud de amparo el señor Contreras Méndez también censura un fallo proferido en
una acción de la misma naturaleza, precisa la Sala que, de conformidad con la sentencia
SU-627 del 1° de octubre 2015, dictada por la Corte Constitucional, se debe demostrar
que la decisión atacada fue producto de una situación de fraude, lo que no se alegó en
la demanda ni se evidencia que hubiera ocurrido.

59. En conclusión, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo formulada por
el señor Cristian Fabián Contreras Méndez, dado que en este caso no se acreditó el
requisito de relevancia constitucional, respecto de las decisiones contenidas en los autos
del 8 de mayo, del 13 de junio y del 15 de julio de 2025, proferidos por las Subsecciones
B y C de la Sección Tercera de esta Corporación. Sumado a que tampoco se cumplen
los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de idéntica naturaleza, pues (i)
todavía se encuentra en curso el proceso en el que se dictó el fallo censurado
(subsidiariedad) y (ii) no se alegó, ni mucho menos se advierte, que tal decisión hubiera
sido fruto de una situación fraudulenta y grave que requiriera la intervención inmediata
del juez constitucional para contenerla.

60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Cristian Fabián
Contreras Méndez, por lo razonado en la parte motiva.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

11 Sentencia del 30 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02241-00, M.P. José Roberto Sáchica

Méndez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04603-00
Demandante: Cristian Fabián Contreras Méndez

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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