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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02220-01

Fecha
21 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02220-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de agosto de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02220-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

21 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-02220-01
Accionante: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO Y DESPLAZADOS – ASCOLVIC
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA. CONFIRMA FALLO
IMPUGNADO. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 8 de agosto de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Asociación Colombiana de Víctimas del Conflicto Armado y Desplazados -
ASCOLVIC solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la libertad de
expresión, a recibir información veraz e imparcial, a la publicidad de los actos de
gobierno y al control ciudadano, así como la garantía de los principios democráticos
y de participación ciudadana, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 11 de
abril de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro de la acción de tutela con número de radicación 11001-03-15-000-
2025-01355-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas presentó la acción de tutela
núm. 11001-03-15-000-2025-01355-00 contra la Presidencia de la República para
que se protegiera su derecho fundamental a la información, el cual consideró
vulnerado por la accionada con las transmisiones de los consejos de ministros por
los canales privados de televisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02220-01
Accionante: ASCOLVIC

2.2. Señaló que la acción de tutela mencionada fue repartida en primera instancia a
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad judicial,
que, mediante sentencia de 11 de abril de 2025, amparó el derecho fundamental a
la información de María Cristina Cuéllar Cárdenas y ordenó:

“[…] al Presidente de la República, a la Presidencia de la República (DAPRE) y a la
CRC que, una vez notificada esta providencia, no se reincida en la conducta
vulneradora y, por consiguiente, no transmitan los consejos de ministros a través
de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales,
regionales y comunitarios de televisión abierta, de conformidad con los motivos
expresados en esta sentencia […]”.

2.3. Indicó que “[…] para esta organización Defensora de Derechos Humanos, no
existe ninguna vulneración de Derecho Fundamental medida solicitado (sic) por la
actora, ya que por el contrario lo que hace el primer mandatario es tener informado
de las actividades de aquellos que nos gobiernan, ojalá este sea un ejemplo para
los alcaldes y gobernadores, pues de esta manera es más fácil realizar
seguimientos de los que manejas el erario […]”.

2.4. Manifestó que “[…] [e]l hecho de televisar el Consejo de [m]inistros permite la
participación democrática, la cual se fortalece a través de la participación
ciudadana, la modernización institucional y la cooperación internacional. […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se declare la vulneración de mis Derechos Fundamentales a la
Libertad de Expresión, Acceso a la Información y Principio de Publicidad, por
parte del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Tercera al emitir el fallo mencionado.

2. Que se deje sin efectos dicha decisión judicial en el Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera Radicado 11001-03-
15- 000-2025-01355-00 en lo relacionado con la prohibición al presidente de la
República de transmitir en vivo los Consejos de Ministros por medios privados
de comunicación, como R.C.N., CARACOL TELEVISION y los Canales
Regionales y Locales

3. Que se ordene garantizar el acceso libre y sin censura a las transmisiones
del gobierno nacional, conforme a los principios constitucionales.

4. Solicito al despacho del señor Juez de Tutela, que en el marco de los
dispuesto por la Ley 1448 de 2011, especialmente en lo señalado en los Articulo
(sic) 156 y 157 sobre el tratamiento de la informacion (sic) y protección de datos
personales de las víctimas del conflicto armado, se mantenga la reserva de mi
identidad y demás datos personales que puedan poner en riesgo mi integridad
o la de mi núcleo familiar, en razón de mi calidad de víctima del conflicto armado
y peticionario de medidas de reparación, además conforme a lo previsto en la
Ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales)

5. Que, por ningún motivo de revelen los nombres de los integrantes directivos
y de afiliados de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado y

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02220-01
Accionante: ASCOLVIC

Desplazados (ASCOLVIC), ya que se pueden identificar en los documentos que
anexo y que se puede evidenciar en la creación de la asociación […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 5 de mayo de 2025, el Despacho de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
requirió a la parte actora para que aclarara “[…] si el accionante es el señor
representante legal, como persona natural, o la Asociación Colombiana de Víctimas
del Conflicto Armado y Desplazados-ASCOLVIC, como persona jurídica […]”.

5. Cumplido lo anterior, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso a través
de auto de 26 de mayo de 2025 admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al
Presidente de la República, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República - DAPRE, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, a
Plural Comunicaciones S.A.S., a RCN Televisión S.A., a Caracol Televisión S.A. y
a María Cristina Cuéllar Cárdenas.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

6.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que
la providencia acusada contiene los argumentos y elementos necesarios para que
se tome la decisión que en derecho corresponda.

6.2. La Presidencia de la República manifestó compartir las pretensiones de la
presente acción de tutela, toda vez que el fallo cuestionado desnaturalizó el efecto
inter partes de la acción de tutela y generó el efecto inter communis, de forma
equivocada. Esto por cuanto la accionada extendió las consecuencias del fallo a
terceros que no fungieron como demandantes ni demandados. Razón por la cual
solicitó se acceda a las pretensiones del mecanismo constitucional.

6.3. La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC solicitó que frente a
esa autoridad “[…] se abstenga de impartir cualquier tipo de orden […]”, en la
medida en que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la
accionante.

6.4. La señora María Cristina Cuéllar Cárdenas señaló que en el presente caso la
acción constitucional resulta ser improcedente en razón a que se trata de una tutela
contra tutela, en la cual no se han agotado todos los mecanismos ordinarios de
impugnación.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02220-01
Accionante: ASCOLVIC

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 8 de agosto de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró fundado el impedimento presentado por el
Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales y declaró improcedente el mecanismo
de amparo toda vez que la providencia del 11 de abril de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación se encuentra vigente y
bajo la dirección del juez constitucional de segunda instancia.

8. Al respecto señaló que “[…] una vez revisado el aplicativo de SAMAI del
Consejo de Estado, fue posible evidenciar que actualmente se encuentra en curso
el trámite de impugnación de la providencia enjuiciada. Como se estableció en los
antecedentes de esta providencia, el 8 de mayo de 2025, el despacho del
Honorable Consejero de Estado que conoció del proceso objeto de la presente
acción, concedió la impugnación presentada contra la decisión del 11 de abril de
2025, la cual se encuentra en proceso de ser resuelta por el ad quem constitucional
[…]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia y solicitó “[…] se reconsidere
la decisión y se declare la vulneración de mis derechos Fundamentales […]” con
base en los siguientes argumentos:

“[…] me permito Impugnar el Fallo de Tutela No 11001-03-15000- 2025-02220-
00 de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera C de acuerdo
Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991

Que, como R/L Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado y
Desplazados (ASCOLVIC), decidimos solicitar el Amparo Constitucional ante
el Consejo de Estado, contra el fallo de Tutela Radicado 11001-03-15-000-
2025-01355-00 vulnera nuestro Derechos Fundamentales anunciados en la
Constitución Politica de Colombia, las cuales son las siguientes:

Derechos Fundamentales Vulnerados:

1. Derecho a la libertad de expresión (Articulo 20 Constitución Política de
Colombia)
2. Derecho a recibir información veraz e imparcial (Articulo 20 CP)
3. Derecho a la publicidad de los actos de gobierno y control ciudadano (Articulo
209 CP)
4. Principio democrático y participación ciudadana (Articulo 1 y 2 CP)
5. Identificación de los derechos vulnerados: los ya expuestos.
6. Inmediatez: La tutela se interpone dentro del término razonable desde la
expedición del fallo.
7. Relevancia Constitucional: Se discute la restricción al derecho a la
información y la expresión del mandatario.
8. Gravedad del perjuicio: Se impide a millones de colombianos acceder a la
gestión pública de su gobierno.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02220-01
Accionante: ASCOLVIC

9. Subsidiariedad: No existe otro medio judicial eficaz y oportuno para la
protección inmediata de estos derechos […]”. [Negrilla del texto y sic para toda
la cita].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela; (ii) los presupuestos
para que proceda la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal
y abstracto; para posteriormente; y (iii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02220-01
Accionante: ASCOLVIC

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

18. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

7

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Accionante: ASCOLVIC

instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. La Asociación Colombiana de Víctimas del Conflicto Armado y Desplazados -
ASCOLVIC solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la libertad de
expresión, a recibir información veraz e imparcial, a la publicidad de los actos de
gobierno y al control ciudadano, así como la garantía de los principios democráticos
y de participación ciudadana, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 11 de
abril de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro de la acción de tutela con número de radicación 11001-03-15-000-
2025-01355-00.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de falta de legitimación en la causa por activa.

VIII.4.1. La falta de legitimación en la causa por activa en el sub examine

22. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.

23. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

24. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02220-01
Accionante: ASCOLVIC

la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.

25. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente […]”12. [ Subrayado fuera del texto]

26. En la presente oportunidad, la Asociación Colombiana de Víctimas del Conflicto
Armado y Desplazados - ASCOLVIC interpuso este mecanismo de amparo contra
la providencia de 11 de abril de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela con el número de
radicación 11001-03-15-000-2025-01355-00.

27. Revisado el expediente del mecanismo cuestionado por la accionante, se
observa que los sujetos procesales son (i) la señora María Cristina Cuéllar
Cárdenas [demandante], y (ii) la Presidencia de la República [demandadas]; por lo
que, en principio, los legitimados afectados por la presunta decisión objeto de esta
acción serían los mencionados sujetos procesales.

28. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, sólo
los sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la
acción de tutela, las decisiones o actuaciones que se realizan en el curso de un
proceso judicial1314.

12 Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
13 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; 7 de septiembre de 2023.
14 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia Margoth Peña

Garzón; 2 de noviembre de 2023.

9

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Accionante: ASCOLVIC

29. De lo anterior, se puede concluir que la Asociación Colombiana de Víctimas del
Conflicto Armado y Desplazados - ASCOLVIC, al no tener la calidad de parte dentro
de la acción de tutela con el número de radicación 11001-03-15-000-2025-01355-
00, no tiene la legitimación para interponer esta acción constitucional contra la
providencia de 11 de abril de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

30. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, pero
por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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