Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01828-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01828-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01828-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
16 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 16 de septiembre de 2025
Expedientes: 11001-03-15-000-2025-01828-00
11001-03-15-000-2025-01625-00
11001-03-15-000-2025-01340-00
11001-03-15-000-2025-02397-00 (acumulados)
Demandantes: Nelson Augusto Martínez Bolaño y otros
Demandado: Presidente de la República y otra
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derecho a
la información| Alocuciones presidenciales – Ampara
Síntesis del caso: Los accionantes reclamaron la protección de su derecho fundamental a
la información, el cual consideraron vulnerado por el Presidente de la República y la
Presidencia de la República, con ocasión de las transmisiones de las alocuciones
presidenciales, a través de canales públicos y privados de televisión.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, las acciones de tutela presentadas por Nelson Augusto
Martínez Bolaño2, Miguel Uribe Turbay3, Mauricio Aragón Sinisterra junto con
Mauricio Trujillo Riascos4 y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe junto con Sandra
Patricia Mancipe Mesa5, en contra del Presidente de la República y de la
Presidencia de la República.
La Sala aclara que, si bien el artículo 1 del Decreto 799 de 2025, que
modificó el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
estableció que las acciones de tutela que se interpusieran contra cualquier
autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las
actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas
con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, Políticas,
programas y/o estrategias del Gobierno Nacional relacionadas con la
erradicación de cultivos ilícitos, serían repartidas, para su conocimiento en
primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría; en el
presente caso, el Consejo de Estado tiene competencia para fallar las
acciones de tutela mencionadas, en razón a que el despacho ponente las
admitió o avocó conocimiento de ellas entre el 9 y el 26 de mayo de 2025,
estando vigente el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
2 Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01828-00.
3 Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01625-00.
4 Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01340-00.
5 Expediente No. 11001-03-15-000-2025-02397-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01828-00 (acumulado)
Demandante: Nelson Augusto Martínez Bolaño y otros
Demandado: Presidente de la República y otra
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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2015. De manera que, en el presente caso, una disposición encaminada a
modificar las reglas de reparto para el conocimiento de las acciones no
altera la competencia previamente asignada y ejercida por esta
corporación. Lo anterior, en virtud del principio de conservación de la
competencia, una vez asumida, (perpetuatio jurisdictionis), que explica que
las normas de reparto de las acciones de tutela solamente se prediquen de
demandas presentadas con posterioridad.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de los accionantes. 1.2. Posición de los accionados, terceros
vinculados y otros intervinientes. 1.3. Actuaciones posteriores relevantes.
1.1. Posición de los accionantes
1. Nelson Augusto Martínez Bolaño, Miguel Uribe Turbay, Mauricio
Aragón Sinisterra junto Mauricio Trujillo Riascos y Samuel Alejandro Ortiz
Mancipe junto con Sandra Patricia Mancipe Mesa presentaron unas
acciones de tutela contra el Presidente de la República y la Presidencia de
la República, por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la
información, con ocasión de lo que consideraron como un uso inadecuado
y desproporcionado de la figura de la alocución presidencial.
2. A título de amparo constitucional, los accionantes solicitaron lo
siguiente:
Nelson Augusto Martínez Bolaño (se trascribe):
“Se prohíba al accionado en su condición de Presidente de la República de
Colombia, utilizar los medios de comunicación de televisión en actos contrarios
a la ley “Consejos de Ministros” , igualmente como lo ha definido la Corte
Constitucional en providencia 1172 2011 Mg. Alfredo Beltrán, el uso ilimitado de
los canales privados de televisión, donde se priva a los ciudadanos de elegir la
programación que desea ver, más cuando es ilimitado el tiempo que utiliza y
no siendo de importancia la información que desea trasmitir, puesto que los
Consejos de Ministros son reservados.
Igualmente utilice ilimitadamente los espacios televisivos, todo teniendo en
cuenta a la declaración de inexequibilidad declarada en sentencia arriba
citada “sin ninguna limitación contenida en el artículo 32 ley 182 1.995” Sic.”
Miguel Uribe Turbay (se trascribe):
“1. Se suspenda de manera inmediata las transmisiones de consejos de ministros
en horario estelar, hasta que se resuelva de fondo la presente acción de tutela,
con el fin de evitar un perjuicio irremediable al derecho fundamental a la
información.
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2. Se orden al DAPRE y al Presidente de la República abstenerse de utilizar las
alocuciones presidenciales para transmitir consejos de ministros en horario
estelar, salvo que se trate de asuntos de urgente y manifiesta trascendencia
pública que justifiquen la interrupción de la programación regular.
3. Se ordene al DAPRE que, en caso de ser necesario transmitir consejos de
ministros, lo haga a través de los canales oficiales del Estado, en horarios que no
afecten la programación regular de los canales de televisión, garantizando así
el derecho de los ciudadanos a acceder a una programación plural y diversa.”
Mauricio Aragón Sinisterra y Mauricio Trujillo Riascos (se trascribe):
“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la información, en conexidad con
los principios de imparcialidad y neutralidad informativa en función del interés
público, los cuales han sido vulnerados por el uso indiscriminado de las
alocuciones presidenciales.
SEGUNDO: Como consecuencia del amparo constitucional, ordenarle a la
Presidencia de la República que las alocuciones presidenciales se limiten
estrictamente al orden constitucional y a los principios de transparencia,
legalidad e interés general, evitando el uso arbitrario de los medios de
comunicación en beneficio de intereses políticos o personales.
TERCERO: Ordenar a la Presidencia de la República que, en futuras alocuciones
presidenciales, garantice el respeto al principio de proporcionalidad y
razonabilidad, evitando transmisiones excesivamente prolongadas que
interfieran con la programación regular de los medios de comunicación
privados y públicos.
CUARTO: Emitir las demás órdenes necesarias para evitar la repetición de este
tipo de vulneraciones y garantizar el respeto de los derechos fundamentales en
el uso de los medios de comunicación de carácter público y privado.”
Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Sandra Patricia Mancipe Mesa
(se trascribe):
“Sin otro particular, solicitamos respetuosamente a su H. Despacho se DECLARE
la vulneración del derecho constitucional fundamental a la información del que
somos titulares por parte del señor presidente de la República y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), nos
sea AMPARADO tal derecho constitucional fundamental del que somos titulares
y, en tal sentido, se ORDENE al presidente de la República, señor Gustavo
Francisco Petro Urrego, a la Presidencia de la República (DAPRE) y a la Comisión
de Regulación de Comunicaciones (CRC) que, una vez notificada la
providencia que ponga fin al asunto, si es que se decide AMPARAR el derecho
constitucional fundamental deprecado, NO se reincida en la conducta
vulneradora y, por consiguiente, NO transmitan los consejos de ministros a través
de los canales privados de televisión, del Canal Uno y de los canales locales,
regionales y comunitarios de televisión abierta.”
3. Como hechos relevantes, a partir de los escritos de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) Los accionantes advirtieron que, desde el 4 de febrero de 2025, se
han visto afectados en sus derechos fundamentales con las transmisiones
periódicas de las alocuciones presidenciales, a través de canales públicos
y privados de televisión. Esto, en razón a que, con la interrupción abrupta
de la programación de los distintos canales para transmitir las intervenciones
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del Presidente de la República, no podían acceder a los contenidos de su
preferencia.
5. 2) Señalaron que el Presidente de la República, en las distintas
intervenciones, había hecho un uso indebido y desproporcionado de la
alocución presidencial para transmitir, además, las sesiones de los consejos
de ministros.
6. 3) Añadieron que el Presidente de la República insistía en seguir
transmitiendo de manera constante e ilimitada sus alocuciones
presidenciales, sin percatarse que, de esa forma, los seguía perjudicando
en sus derechos fundamentales.
7. Como fundamento de la vulneración, los accionantes señalaron que
las autoridades accionadas desconocieron su derecho fundamental a la
información, porque con las transmisiones constantes de las alocuciones
presidenciales se les impedía elegir libre y espontáneamente los temas de su
interés, así como la posibilidad de no recibir la información que allí se
divulgaba.
8. Manifestaron que, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución,
toda persona tenía derecho, no solamente a emitir y recibir información, sino
también, a que se le permitiera acceder a una pluralidad de fuentes y
perspectivas con la cual pudiera formar una opinión crítica y fundamentada
sobre los asuntos públicos.
9. Indicaron que, con las intervenciones permanentes, a través de los
diversos canales de televisión, se había desdibujado la figura de la alocución
presidencial, cuyo propósito era dar a conocer asuntos de interés público,
relacionados con las funciones del Presidente de la República, en su rol de
jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, y no
para difundir disputas políticas o para exponer, sin límites, sus opiniones y la
de los demás integrantes del Gobierno Nacional.
10. En ese sentido, argumentaron que no cualquier información
legitimaba al Presidente para interrumpir la parrilla habitual de los canales
de televisión, sino, únicamente, aquella que revestía verdadera
trascendencia para la colectividad y con la cual se aseguraba la
participación de la ciudadanía en temas de interés nacional.
11. Para los accionantes, la libertad de información no es un derecho
absoluto, sino una garantía constitucional que opera en doble vía porque la
titularidad no la tiene de forma exclusiva quien emite la información sino
también quien la recibe, por lo que el emisor tiene la facultad de transmitir
todos los datos que desee, siempre que sean veraces e imparciales, mientras
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que el receptor tiene derecho a recibir información ajustada a la realidad,
objetiva y oportuna.
12. Enfatizaron que, en un Estado Social de Derecho, las garantías de
veracidad e imparcialidad se materializan, entre otros elementos, en la
defensa del pluralismo informativo, entendido como la ausencia de una
única fuente de información que divulga una sola versión de determinados
hechos, sin la posibilidad de conocer, al tiempo y en circunstancias similares,
fuentes de comunicación distintas con versiones, interpretaciones y
opiniones diversas.
13. Indicaron que, a pesar de que el espectro electromagnético es un
bien público, la Constitución quiso asegurar que su uso no fuera privativo de
un solo sujeto e, incluso, buscó propiciar las condiciones necesarias para que
muchos actores pudieran acceder a él y se crearan múltiples medios
masivos de comunicación. Por lo tanto, el hecho de que tuviera esa
connotación pública no significaba que el Presidente de la República podía
usarlo de forma arbitraria.
14. Por último, pusieron de presente que el servicio público de televisión
tenía una importancia trascendental en los procesos comunicativos y en la
formación de la opinión pública, de modo que, al garantizarse la pluralidad
de información a través de este, se cumplía con el principio democrático.
1.2. Posición de los accionados, terceros vinculados y otros intervinientes6
6 2025-01828-00: Mediante Auto de 9 de mayo de 2025, notificado el 14 de mayo de 2025, a las 9:05 am, el
despacho ponente resolvió (1) avocar conocimiento de la acción de tutela presentada por Nelson Martínez
Bolaño, en nombre propio, contra el Presidente de la República, y (2) vincular a la Presidencia de la República, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la
Agencia Nacional del Espectro y RTVC, así como a los canales RCN, Caracol y Uno, como terceros con interés en
el asunto. Esta acción de tutela fue remitida por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien ya la había admitido por medio de Auto de 1 de abril de
2025.
2025-01625-00: Mediante Auto de 9 de mayo de 2025, notificado el 14 de mayo de 2025, a las 11:48am, el despacho
ponente resolvió (1) avocar conocimiento de la acción de tutela presentada por Miguel Uribe Turbay, en nombre
propio, contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Presidente de la República,
y (2) vincular al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Agencia Nacional del Espectro, RTVC,
la Fiscal General de la Nación y a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, así como a los canales RCN, Caracol y Uno,
como terceros con interés en el asunto. Esta acción de tutela fue remitida por el magistrado Juan Camilo Morales
Trujillo de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien ya la había admitido por medio
de Auto de 21 de marzo de 2025.
2025-01340-00: Mediante Auto de 19 de mayo de 2025, el despacho ponente resolvió (1) avocar conocimiento de
la acción de tutela presentada por Mauricio Aragón Sinisterra y Mauricio Trujillo Riascos en contra de la Presidencia
de la República, y (2) vincular al Presidente de la República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y RTVC, así
como a los canales RCN, Caracol y Uno, como terceros con interés en el asunto. Esta acción de tutela fue remitida
por la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien ya la había
admitido por medio de Auto de 31 de marzo de 2025.
2025-02397-00: Mediante Auto de 26 de mayo de 2025, el despacho ponente resolvió (1) avocar conocimiento de
la acción de tutela presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Sandra Patricia Mancipe Mesa contra el
Presidente de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), (2) admitir
la acción de tutela, (3) vincular al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Comisión de
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15. El Presidente de la República y la Presidencia de la República7,
quienes actuaron por medio de la abogada Carolina Jiménez Bellicia,
solicitaron que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y se
negaran las solicitudes de amparo.
16. En primer lugar, explicaron cuál era el trámite que debía surtirse para
que el Presidente de la República pudiera utilizar los distintos canales de
televisión bajo la figura de la alocución presidencial. De esa forma,
precisaron que, una vez la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la
Presidencia de la República tenía la información de que el Presidente se iba
a dirigir al país en una alocución, emitía una comunicación a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC), donde le informaba fecha y hora en
la que esta se iba a llevar a cabo.
17. Luego de que la CRC recibía la comunicación por parte de la
Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República,
expedía otra comunicación dirigida a los canales de televisión públicos y
privados, indicándoles la realización de la alocución y pidiéndoles que se
enlazaran a la transmisión en el momento en que iniciara el himno nacional.
18. Por lo anterior, manifestaron que el trámite surtido daba cumplimiento
a la facultad otorgada al Presidente en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995,
el cual lo habilitaba para utilizar los servicios de televisión en cualquier
momento y sin necesidad de expedir un acto administrativo con ese
propósito.
19. Agregaron que no se advertía vulneración o amenaza del derecho
fundamental a la información, ni de ningún otro derecho de los accionantes,
así como tampoco se encontraban razones para considerar la posible
existencia de un perjuicio irremediable a sus derechos, derivado del uso de
los servicios de televisión por parte del Presidente de la República para
dirigirse al país en cualquier momento e informar sobre asuntos de interés
público.
20. Indicaron que los accionantes contaban con otros mecanismos
judiciales para hacer valer sus derechos, como los medios de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y el de reparación directa, con la
posibilidad, incluso, de solicitar el decreto de medidas cautelares. Además,
manifestaron que las alocuciones realizadas por el Presidente de la
Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Agencia Nacional del
Espectro y RTVC, así como a los canales RCN, Caracol y Uno (Plural Comunicaciones SAS), como terceros con
interés en el asunto, y (4) negar una solicitud de medida provisional.
7 Índices de SAMAI 9, 11, 28 y 37 del proceso 2025-01828-00; 13, 14 y 35 del proceso 2025-01625-00; 14, 15, 34, 36, 37
y 38 del proceso 2025-01340-00; y 22 del proceso 2025-02397-00.
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República habían respetado los lineamientos y limitantes previstas en la ley,
y que los temas abordados específicamente en los consejos de ministros
transmitidos a través de la televisión constituían asuntos de interés general
que debían ser conocidos por la ciudadanía.
21. Añadieron que la garantía del pluralismo informativo no implicaba la
exclusión del deber estatal de divulgar asuntos de interés público; que los
canales regionales y locales no eran operadores de televisión abierta, por lo
que debían quedar incluidos dentro de los medios a través de los cuales se
podían transmitir los consejos de ministros; que el jefe de Estado tenía la
facultad para establecer las reglas sobre la publicidad, reserva y
mecanismos de transmisión de las sesiones de ese cuerpo consultivo,
incluyendo la televisión abierta, y que llegar a limitar la publicidad de los
consejos de ministros, en contravía de la potestad reglamentaria del
Presidente de la República para determinar su funcionamiento,
desconocería un componente esencial de la transparencia democrática y
del acceso a la información por parte de la ciudadanía.
22. Finalmente, afirmaron que Miguel Uribe Turbay y Samuel Alejandro
Ortiz Mancipe carecían de legitimación activa en la causa porque habían
manifestado actuar en nombre de los (se trascribe) “ciudadanos” y los
“colombianos”, sin acreditar un mandato que los legitimara para ejercer esa
representación.
23. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones8
indicó que los accionantes no acreditaron una acción u omisión que le fuera
atribuible y con la que se les hubiera vulnerado algún derecho fundamental.
Precisó que, conforme con la distribución de competencias establecida en
la Ley 1978 de 2019, la inspección, vigilancia y control de los contenidos
televisivos no era una labor a su cargo, sino exclusivamente de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones (CRC), entidad encargada de regular
los contenidos audiovisuales y supervisar su cumplimiento.
24. Manifestó que, según la Ley 1341 de 2009, sus funciones eran las de
diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo,
señaló que estaban las de incrementar y facilitar el acceso de todos los
habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la información y las
comunicaciones y a sus beneficios, pero que dentro de sus competencias
no estaban la inspección, vigilancia o control de los contenidos emitidos en
televisión, lo cual se asignó directamente a la CRC.
8 Índices de SAMAI 23 del proceso 2025-01828-00, 28 del proceso 2025-01625-00, 30 del proceso 2025-01340-00 y 18
del proceso 2025-02397-00.
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25. Con base en ello, señaló que las acciones de tutela eran
improcedentes y que no tenía legitimación pasiva en la causa, por lo que
debía ser desvinculado del trámite.
26. La CRC9 se opuso a la prosperidad de las peticiones formuladas en las
acciones de tutela, al considerar que no tuvieron sustento fáctico ni jurídico
alguno que demostrara que, con su acción u omisión, se vulneraron o
amenazaron derechos fundamentales.
27. Señaló que, en materia de alocuciones presidenciales, su actuación
se restringía a informar a los distintos canales la decisión del Presidente de la
República de realizar una alocución, pero no tenía la potestad de decidir si
se realizaba, o no, como tampoco definía si se podía transmitir un consejo
de ministros, su temática y duración.
28. Indicó que, según el artículo 39 de la ley 1978 de 2019, sus funciones
correspondían a regular, inspeccionar, vigilar y controlar conductas que
pudieran afectar el pluralismo informativo, el “régimen de inhabilidades de
televisión abierta” y los derechos de los televidentes, pero no controlar las
facultades que la ley otorgó a otras autoridades, como era el caso de la
atribución otorgada al Presidente de la República para efectuar
alocuciones presidenciales.
29. Puso de presente que, con ocasión de la orden que fue le impartida
por esta Subsección en la Sentencia de 11 de abril de 2025, dentro del
proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2025-01355-00, elaboró una lista de
verificación o chequeo, con los criterios que estableció la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de 12 de noviembre
de 2014, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25000-23-26-000-2000-01335-01, a fin de cumplir
adecuadamente con sus funciones. Esos criterios se relacionan con que la
alocución sea de carácter personal, que verse sobre asuntos urgentes de
interés público; que su contenido sea necesario para permitir la real y
efectiva participación de la ciudadanía en la vida colectiva; y que se
relacione con el ejercicio de las funciones del Presidente de la República.
30. Por último, señaló que, como no vulneró ninguna garantía
constitucional de los accionantes, no tenía legitimación pasiva en la causa
y debía ser desvinculada del trámite.
31. La Agencia Nacional del Espectro10 señaló que, de los hechos
9 Índices de SAMAI 26 del proceso 2025-01828-00, 31 del proceso 2025-01625-00, 33 del proceso 2025-01340-00 y 21
del proceso 2025-02397-00.
10 Índices de SAMAI 22 del proceso 2025-01828-00, 27 del proceso 2025-01625-00, 32 del proceso 2025-01340-00 y 17
del proceso 2025-02397-00.
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narrados y de las pretensiones formuladas en las acciones de tutela, no
podía extraerse una acción u omisión que le fuera atribuible, y que si se
llegaba a configurar alguna vulneración a los derechos fundamentales de
los accionantes esta no estaba relacionada con sus actuaciones. Por tal
razón, pidió ser desvinculada.
32. Indicó que, dentro de sus funciones, de conformidad con el artículo
261 de la Ley 1341 de 2009, debía ejercer la vigilancia y control del espectro
radioeléctrico, adelantar las investigaciones a que hubiera lugar por posibles
infracciones al régimen del espectro definido por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, imponer las sanciones respectivas,
así como ordenar el cese de operaciones no autorizadas de redes, el
decomiso provisional y definitivo de equipos y demás bienes utilizados para
el efecto, y disponer su destino con arreglo a lo dispuesto en la ley, sin
perjuicio de las competencias que tenían las autoridades militares y de
policía para el decomiso de equipos.
33. Precisó que, aunque el espectro electromagnético es un bien de uso
público por medio del cual viajan las frecuencias autorizadas para la
transmisión de telecomunicaciones, para ello era necesario que el Estado,
por intermedio del Ministerio de Tecnologías de la Información y la
Comunicaciones, autorizara el uso del espectro y permitiera la trasmisión de
servicios de telecomunicaciones. Añadió que, en lo correspondiente al
servicio de televisión radiodifundida, era necesario advertir que el uso del
espectro no tenía nada que ver con el contenido que les llegaba a los
usuarios.
34. RTVC SAS11 manifestó que no estaba llamada a responder por las
presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de los accionantes,
no solo porque no había desplegado una conducta que los afectara, sino
también porque la transmisión de alocuciones presidenciales y de sesiones
del consejo de ministros a través de los canales públicos (Canal Institucional
y Señal Colombia) estaba justificada en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995,
el cual facultaba al Presidente de la República para utilizar los servicios de
televisión en cualquier momento, siempre que se tratara de asuntos urgentes
de interés público relacionados con el ejercicio de sus funciones.
35. Enfatizó que dicha disposición fue objeto de revisión por parte de la
Corte Constitucional en la Sentencia C-1172 de 2001, en la cual reiteró la
validez de este acceso institucional a los diversos canales de televisión,
estableciendo que tal facultad se encontraba orientada a garantizar el
derecho de los ciudadanos a estar informados sobre las decisiones y
11 Índice de SAMAI 27 del proceso 2025-01828-00, 32 del proceso 2025-01625-00, 31 del proceso 2025-01340-00 y 16
del proceso 2025-02397-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01828-00 (acumulado)
Demandante: Nelson Augusto Martínez Bolaño y otros
Demandado: Presidente de la República y otra
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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actuaciones de la Rama Ejecutiva.
36. Indicó que se había limitado a actuar dentro del marco de su
misionalidad institucional como medio público, sujeto al principio de
coordinación con las entidades responsables de los contenidos oficiales del
Estado colombiano. En ese sentido, señaló que lejos de configurarse una
afectación a derechos fundamentales, como el pluralismo informativo, lo
que hacía realmente era garantizar una programación pública responsable,
coherente con las políticas públicas -o asuntos de interés- del Estado. Por ese
motivo, y en atención a la improcedencia de la acción de tutela respecto
de ella, solicitó ser desvinculada por no tener legitimación pasiva en la
causa.
37. La Fiscalía General de la Nación12 presentó un memorial en el que
señaló que no tenía legitimación pasiva en la causa y debía ser
desvinculada, en razón a que ninguno de los hechos expuestos en la tutela
No. 2025-01625-00 se relacionaba directamente con sus funciones o
actuaciones. Indicó que su vinculación se había dado simplemente por su
mención en la tutela y que, por tanto, debía declararse improcedente.
38. RCN Televisión13 señaló que, de conformidad con el artículo 32 de la
Ley 182 de 1995, los medios de comunicación habilitados para operar un
canal de televisión debían garantizar su acceso al Gobierno Nacional. De
manera que, una vez el canal recibiera la comunicación de la CRC sobre la
intervención del Presidente de la República en una hora determinada, su
función era disponer lo necesario para emitir la respectiva alocución
presidencial. Indicó que, por lo mencionado, se limitaba a cumplir con una
obligación legal, de cara a la información que le remitiera la autoridad
reguladora.
39. Caracol Televisión14 señaló que su posición y argumentos frente a las
acciones de tutela eran los mismos que expuso en la No. 11001-03-15-000-
2025-01355-00, presentada por María Cristina Cuéllar Cárdenas, donde
manifestó que el Presidente de la República había hecho un uso desmedido
de la facultad otorgada en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995, en desmedro
del derecho del público a recibir una información plural.
40. María Leonor Villamizar Corzo15 manifestó su interés de coadyuvar en
calidad de posible afectada de lo que se decidiera en el proceso. Sin
embargo, no aportó ningún escrito para sustentar su petición, ni señaló si era
coadyuvante de alguno de los accionantes o de la parte accionada, razón
12 Índice de SAMAI 33 del proceso 2025-01625-00.
13 Índices de SAMAI 24 del proceso 2025-01828-00, 29 del proceso 2025-01625-00, 29 del proceso 2025-01340-00 y 19
del proceso 2025-02397-00.
14 Índices de SAMAI 25 del proceso 2025-01828-00, 30 del proceso 2025-01625-00 y 20 del proceso 2025-02397-00.
15 Índice de SAMAI 8 del proceso 2025-01625-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01828-00 (acumulado)
Demandante: Nelson Augusto Martínez Bolaño y otros
Demandado: Presidente de la República y otra
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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por la cual la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre dicha solicitud.
41. Sobre el tema de intervinientes en el trámite de la acción de tutela, el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 estableció expresamente que (se
trascribe) “(…) quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
42. La Corte Constitucional, por su parte, en Sentencia T-1062 de 2010 y T-
070 de 2018 sostuvo (se trascribe):
“[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación
de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir
las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin
que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría
entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.”16
43. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que fue
vinculada en el proceso 2025-02397-00 y el Canal Uno, que se vinculó en
todos los procesos, a pesar de haber sido notificados debidamente,
guardaron silencio17.
1.3. Actuaciones posteriores relevantes
44. 1) Mediante Auto de 9 de junio de 202518, el despacho ponente
resolvió acumular con destino al proceso de la referencia las acciones de
tutela con radicados No. 11001-03-15-000-2025-01625-00, 11001-03-15-000-
2025-01340-00 y 11001-03-15-000-2025-02397-00, por guardar identidad de
partes, objeto y causa entre sí. Dicha decisión fue notificada por mensaje de
datos enviado el 11 de junio de 2025.
45. 2) El 13 de junio de 202519, el Presidente de la República remitió el
memorial que había presentado de manera previa en el proceso No. 2025-
01828-00, en el que indicó los motivos de su inconformidad con la solicitud
de amparo y por los cuales consideró que debía declararse improcedente
o negarse lo pretendido.
46. 3) El 2 de julio de 2025 se registró proyecto de fallo, pero, ante la falta
de información sobre la actualidad del objeto de la tutela, en Auto de 11
de julio de 2025, el despacho ponente requirió al Presidente de la República,
16 Corte Constitucional. Sentencia T-1062 de 2010. En el mismo sentido: Corte Constitucional. Sentencias T-070 de
2018 y T-304 de 1996.
17 Índices de SAMAI 21 del proceso 2025-01828-00, 25 de proceso 2025-01625-00 y 14 del proceso 2025-02397-00.
18 Índice de SAMAI 31 del proceso 2025-01828-00.
19 Índice de SAMAI 37 del proceso 2025-01828-00.
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a la Presidencia de la República (DAPRE) y a la CRC, para que respondieran
los siguientes interrogantes (se trascribe):
“1. Desde el 11 de abril de 2025 y hasta la fecha, ¿se ha interrumpido por parte
del Presidente de la República, la programación habitual de los canales
privados, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de
televisión para dirigirse al país? En caso afirmativo, indicar:
1.1. ¿Cuántas veces se ha interrumpido la programación de dichos canales?
Asimismo, ¿En qué fechas, en qué horarios y cuánto ha durado cada una de
dichas interrupciones de programación?
1.2. De manera organizada, clara y concreta explique ¿cuál ha sido el objeto
de cada una de dichas interrupciones de programación?, ¿quiénes han
intervenido y qué temas se han tratado?
1.3. ¿Dichas interrupciones han sido catalogadas y realizadas como consejos
de ministros o alocuciones presidenciales y de qué depende su clasificación?
1.4. ¿Cuál ha sido el procedimiento que se ha surtido para llevar a cabo esas
interrupciones de programación?
1.5. ¿El procedimiento para transmitir la información del Presidente de la
República a través del servicio público de televisión depende del tipo de
clasificación (consejos de ministros o alocuciones presidenciales) o es el mismo?
2. La CRC, en los informes allegados al proceso, indicó que (se trascribe)
“elaboró una lista de chequeo con los parámetros que dio la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de 12 de noviembre de
2014, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 25000- 23- 26-000- 2000-01335-01”2, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado
en la Sentencia de 11 de abril de 2025, en el proceso de tutela No. 2025- 01355-
00. En virtud de ello, ¿Ha cumplido el Presidente de la República y la Presidencia
de la República con los criterios establecidos en la lista de chequeo creada por
la CRC para el uso de la figura de la alocución presidencial?
3. ¿Cuáles acciones se han desplegado, desde el 11 de abril de 2025, para
garantizar el pluralismo informativo en el servicio público de televisión?”
47. 4) El 18 de julio de 202520, la CRC allegó memorial de respuesta al
requerimiento en el que indicó que, desde el 11 de abril de 2025, el
Presidente de la República realizó once alocuciones presidenciales, de una
duración promedio de una hora, las cuales fueron transmitidas a través de
canales públicos y privados, sobre diversos temas de interés nacional. Allí
señaló que la decisión del presidente de la República de dirigirse al país
mediante la figura de la alocución presidencial era informada a la CRC y,
posteriormente, esta se limitaba a comunicar tal determinación a los
canales de televisión para efectos de que procedieran a enlazar su señal a
la de la alocución.
48. La autoridad reguladora precisó que, en cumplimiento de la sentencia
proferida en el proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2025-01355-00, solicitó
20 Índice 45 de SAMAI.
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a la Presidencia de la República que, a partir del 14 de abril de 2025,
diligenciara y anexara a cada solicitud de alocución presidencial un
formulario en el que debía responder con un sí o un no los siguientes
interrogantes (se trascribe):
“1. ¿El mensaje será de carácter personal por parte del Presidente de la
República?
2. ¿El contenido del mensaje versa sobre asuntos urgentes de interés público?
3. ¿Es necesario informar este asunto a la ciudadanía para garantizar su real y
efectiva participación en la vida colectiva?
4. ¿El mensaje se relaciona con el ejercicio de las funciones del Presidente de la
República?
5. ¿La solicitud corresponde a una intervención en el marco de un Consejo de
Ministros?”
49. Agregó que, a través de su Sesión de Comisión de Contenidos
Audiovisuales, ha iniciado el proyecto regulatorio denominado “Medidas
para la garantía del pluralismo informativo y la imparcialidad informativa en
la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia”, cuyo objeto es
determinar si se requiere actualizar o complementar el marco regulatorio
vigente para garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa en los
contenidos audiovisuales que se emiten por la televisión colombiana, y llevar
a cabo las actualizaciones que se hallen necesarias.
50. Precisó que, en el marco de esa iniciativa, abrió dos consultas públicas
que tenían como objetivo conocer las percepciones y expectativas de la
ciudadanía en general y de los operadores de televisión en específico sobre
el estado del pluralismo y la imparcialidad informativa en la emisión de
contenidos audiovisuales en la televisión en Colombia. Por lo que, con base
en ese insumo y bajo la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN)
implementada por la entidad, realizaría una priorización de temas y líneas
de trabajo a ser incluidos en las fases siguientes del proyecto regulatorio
para, finalmente, publicar la propuesta regulatoria en el cuarto trimestre de
2025 y la decisión regulatoria en el primer trimestre de 2026.
51. 5) De otro lado, el 18 de julio de 202521, la Presidencia de la República
allegó un informe donde señaló que, desde la notificación de la Sentencia
de 11 de abril de 2025 y a la fecha del informe, se habían transmitido once
alocuciones presidenciales en ejercicio de la facultad otorgada al
Presidente de la República por el artículo 32 de la Ley 182 de 1995, las cuales
se difundieron a través de canales privados y públicos22; mientras que se
21 Índices 46 y 48 de SAMAI.
22 Los temas de interés nacional que, según la Presidencia de la República, fueron tratados en las alocuciones
presidenciales fueron los siguientes: 1) declaratoria de emergencia por fiebre amarilla, 2) seguridad nacional “Plan
Pistola y otros, 3) 1 de mayo – día nacional del trabajador, 4) consulta popular, 5) garantía del derecho a la
participación ciudadana, 6) reforma pensional, 7) orden público – consejo de seguridad por atentado a Miguel
Uribe, 8) decreto consulta popular, 9) pacto por la paz en Medellín, 10) sanción ley de reforma laboral - para un
trabajo decente y digno en Colombia, y promulgación de la ley de salud mental y 11) salud- presupuesto general.
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realizaron ocho consejos de ministros, televisados únicamente a través de los
canales oficiales y redes de la Presidencia de la República23.
52. Manifestó que había atendido cabalmente el procedimiento
establecido por la CRC, de modo que antes de que dicha autoridad
solicitara a los canales privados de televisión, el Canal Uno y los canales
locales, regionales y comunitarios de televisión abierta enlazar su señal a la
de la alocución presidencial, desde la Secretaría para las Comunicaciones
y Prensa de la Presidencia de la República se remitía la comunicación con
la que se informaba sobre la alocución presidencial, la cual se
acompañaba del formulario implementado a fin de cumplir con lo
ordenado en la Sentencia de 11 de abril de 2025, proferida dentro del
proceso de tutela No. 11001- 03-15-000-2025-01355-00.
53. En el escrito puso de presente que una de las principales acciones
desplegadas para garantizar el pluralismo informativo ha sido acatar, de
manera estricta, lo ordenado en la decisión aludida de 11 de abril de 2025,
en el sentido de permitir que los ciudadanos ejerzan sus derechos
fundamentales a la libertad de expresión, libertad de información y el
acceso equitativo a los medios de comunicación, por lo que se ha
comprometido en promover la diversidad de contenidos y asegurar el
acceso plural a la producción y difusión de información, de manera que las
personas estén en plena libertad de seguir la transmisión de los consejos de
ministros a través de los canales y redes institucionales de la Presidencia de
la República y a través de los canales que hacen parte del Sistema de
Medios Públicos, como Canal Institucional y Señal Colombia, o bien seguir la
parrilla de contenidos de los canales de su preferencia.
54. 6) Por su parte, RTVC24 allegó un escrito donde manifestó que, a pesar
de que no fue requerida para pronunciarse sobre los interrogantes que se
formularon a la CRC y la Presidencia de la República, quedaba a
disponibilidad por si en el curso del proceso era requerida.
55. 7) A través de Auto de 8 de agosto de 2025, se ordenó vincular a la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, como
terceros con interés en el asunto.
56. 8) El 15 de agosto de 202525, la Procuraduría General de la Nación
allegó un memorial en el que alegó que carecía de legitimación pasiva en
la causa porque los hechos que para los accionantes vulneraron sus
23 En relación con los asuntos de los consejos de ministros, indicó que se abordaron los siguientes: 1) declaratoria
de emergencia por fiebre amarilla, 2) presentación de preguntas consulta popular, 3) resultados de sector defensa
/ justicia, 4) política de reforma agraria, 5) reforma pensional, 6) inversión presupuesto general de la nación, 7)
política de hambre cero y 8) presupuesto general.
24 Índice 47 de SAMAI.
25 Índice 55 de SAMAI.
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derechos fundamentales eran atribuibles al Presidente de la República y,
adicionalmente, la acción de tutela no se utilizó como un mecanismo de
defensa subsidiario, motivo por el cual solicitó que se declarara su
improcedencia. La Defensoría del Pueblo, pese a haber sido debidamente
notificada26, guardó silencio.
57. 9) Mediante Auto de 5 de septiembre de 2025, se realizó un segundo
requerimiento al Presidente de la República y a la Presidencia de la
República para que informaran lo siguiente (se trascribe):
1. ¿Cuántas alocuciones y consejos de ministros se han transmitido a través de
canales públicos y privados de televisión, desde que presentaron el informe, el
18 de julio de 2025, con ocasión del auto mediante el cual se les requirió el 11
de julio de 2025?
2. ¿Cuánto tiempo han durado esas alocuciones y consejos de ministros?
58. 10) En virtud de esa providencia, el 12 de septiembre de 2025 27, el
Presidente de la República y la Presidencia de la República remitieron un
memorial, a través de la abogada Carolina Jiménez Bellicia, en el que
indicaron que hasta entonces habían cumplido con los lineamientos fijados
por esta corporación para la realización de consejos de ministros y que, para
el desarrollo de las alocuciones presidenciales, puntualmente, habían
acatado lo establecido en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995, así como los
criterios determinados por la CRC. Allegaron, además, un documento de
Excel en el que pusieron de presente que, desde el 15 de julio de 2025, se
realizaron 7 alocuciones presidenciales28 y 3 consejos de ministros29.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3. Actualidad
del objeto. 2.4. Fijación de la controversia. 2.5. Verificación de la vulneración alegada. 2.6.
Conclusiones.
2.1. Cuestión previa
59. En relación con el objeto de las acciones de tutela acumuladas, es
preciso señalar que en el proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2025-01355-
00, en el cual la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas reclamó la
protección de su derecho fundamental a la información por la transmisión
de los consejos de ministros a través de canales privados de televisión, la
26 Índice 53 de SAMAI.
27 Índices 61 y 63 de SAMAI.
28 Los temas de las alocuciones presidenciales fueron los siguientes: 1) presupuesto general, 2) Instalación de las
Sesiones Ordinarias del Congreso de la República 2025-2026, 3) crecimiento de la economía, 4) Conmemoración
del 7 agosto por la Batalla de Boyacá, 5) entrega de 6.500 hectáreas para Córdoba en el marco de la reforma
agraria, 6) Indicadores estratégicos en salud pública y 7) los logros alcanzados en educación.
29 De acuerdo con la información proporcionada en el documento de Excel, los consejos de ministros versaron
sobre los siguientes asuntos: 1) presupuesto general, 2) defensa y seguridad, y 3) logros en educación.
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Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
Sentencia de 11 de abril de 2025, accedió al amparo solicitado y ordenó al
Presidente de la República, a la Presidencia de la República (DAPRE) y a la
CRC que, una vez notificada esa providencia, no se reincidiera en la
conducta vulneradora y, por consiguiente, no se transmitieran más los
consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal
Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.
60. La Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC) impugnaron esa decisión y, mediante Auto de 8 de
mayo de 2025, se concedieron los recursos y se ordenó remitir el proceso a
la Secretaría General de la corporación, para que surtiera el trámite
correspondiente.
61. En segunda instancia, la sustanciación del expediente le
correspondió, por reparto realizado el 13 de junio de 2025, al Magistrado
Nicolás Yepes Corrales de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por lo que actualmente se encuentra pendiente el fallo
sobre la impugnación. Debido a ello, aunque las presentes acciones de
tutela se refieren tanto a la transmisión de consejos de ministros, como a las
alocuciones presidenciales, como hechos vulneradores, lo relativo a la
transmisión de los consejos de ministros será excluido del presente examen,
al ya existir decisión al respecto, cuya impugnación está pendiente de
resolución.
62. En ese sentido, se resalta que los procesos de acción de tutela No.
2025-01828-00, No. 2025-01625-00 y No. 2025-01340-00 fueron presentadas
antes de que se profiriera la sentencia en el proceso No. 2025-01355-00.
Tanto en esos procesos de acción de tutela como en la No. 2025-02397,
presentada con posterioridad a la Sentencia de 11 de abril de 2025, se
solicitó la protección del derecho fundamental a la información, con
ocasión de lo que, en su concepto, constituía un uso desmedido de la figura
de la alocución presidencial. De manera que estas últimas se refieren a las
alocuciones presidenciales en un sentido amplio y no puntualmente a los
consejos de ministros, lo que constituye un hecho completamente nuevo
que deberá ser objeto de estudio.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
63. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque las solicitudes de amparo se
orientaron a obtener la protección del derecho constitucional
fundamental30 a la información. Nelson Augusto Martínez Bolaño, Miguel
30 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
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Uribe Turbay, Mauricio Aragón Sinisterra, Mauricio Trujillo Riascos, Samuel
Alejandro Ortiz Mancipe y Sandra Patricia Mancipe Mesa son los titulares del
derecho invocado como violado, por lo cual, se tiene por acreditada la
legitimación activa en la causa31.
64. Al respecto se precisa que, contrario a lo sostenido por el Presidente
de la República y la Presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay y
Samuel Alejandro Ortiz Mancipe sí cumplen con la legitimación activa en la
causa porque ellos indicaron expresamente ser los accionantes en sus
respectivos escritos de tutela y no manifestaron actuar en nombre de nadie
más, por lo que las alusiones que hacen a una afectación de los derechos
ciudadanos resultan ser menciones genéricas para ilustrar la presunta
violación de sus derechos, sin que con ello deba entenderse que están
representando a la población, en general, o a una porción de ella, en
particular.
65. De igual forma, el Presidente de la República y la Presidencia de la
República cuentan con legitimación pasiva en la causa32, porque de ellos
se predica la presunta vulneración a los derechos fundamentales de los
accionantes.
66. En lo atinente a las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la
CRC, la Agencia Nacional del Espectro, RTVC SAS y la Procuraduría General
de la Nación, la Sala las despachará de forma desfavorable, comoquiera
que su vinculación se produjo en calidad de terceros con interés en el asunto
por las competencias a su cargo o por el tema objeto de las acciones de
tutela, de modo que lo que aquí se decida puede tener repercusión
respecto de ellos.
67. Por su parte, se accederá a la solicitud de desvinculación presentada
por la Fiscalía General de la Nación, comoquiera que no se acreditó en el
escrito de tutela No. 2025-01625-00 que su intención fuera endilgar algún tipo
de acción u omisión a esa entidad, con la cual se le hubiera vulnerado algún
derecho fundamental, ni tampoco se evidenció relación alguna con el
asunto.
68. Respecto del requisito de subsidiariedad33, la Sala lo dará por
superado por no existir recurso judicial idóneo y eficaz, en tiempo real, que
permitiera a los accionantes alegar los reparos planteados vía tutela y
procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Sobre este
punto, es pertinente señalar que, contrario a lo sostenido por los accionados,
31 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
32 Ídem.
33 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
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los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de
reparación directa no resultan ser los mecanismos judiciales idóneos para
reclamar la protección de un derecho fundamental que se ha visto
presuntamente vulnerado por interrupciones intempestivas en la
programación habitual de los diversos canales de televisión, por decisión del
jefe de Estado, que no constituye, en estricto sentido, un acto administrativo,
y porque lo pretendido, en últimas, no es que se declare la responsabilidad
extracontractual del Estado.
69. En relación con el requisito de inmediatez34, la Sala estima que se
cumple, en la medida que la presunta afectación de derechos alegada por
los accionantes comenzó con las transmisiones periódicas de las
alocuciones presidenciales desde el 4 de febrero de 2025, las cuales se han
prolongado semanalmente en varias oportunidades, por lo que se trata de
una situación actual y reiterada, con potencialidad de volver a ocurrir.
2.3. Actualidad del objeto
70. De manera previa al estudio de fondo de las solicitudes de amparo, le
corresponde a esta Sala determinar la actualidad del objeto de las
diferentes tutelas, teniendo en cuenta que, en pro de la eficaz protección
de los derechos fundamentales, que exige la cláusula del Estado Social de
Derecho, al juez de tutela le corresponde fallar las solicitudes de amparo a
partir de la situación presente, tomando en cuenta toda circunstancia que,
con posterioridad a la presentación de la tutela, haya ocurrido y resulte
relevante para el caso, al agravar, modificar, superar el riesgo o la
afectación o materializar la vulneración. Es por ello que, de encontrar que
el objeto de tutela carece de actualidad, se impone declarar la carencia
de objeto porque el hecho vulnerador ha sido superado, el daño se
consumó y no hay manera de proferir una orden que lo revierta o hay una
circunstancia nueva, suficientemente relevante, para que no haya un
pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional. De ahí que fue
necesario decretar pruebas en este caso, máxime si se tiene en cuenta que,
de manera previa, existía una orden de tutela relacionada en cierta medida
con el tema.
71. La controversia versa sobre la vulneración del derecho fundamental a
la información de los accionantes por parte del Presidente y de la
Presidencia de la República, al haber realizado un uso inadecuado y
desproporcionado de la figura de la alocución presidencial. Este aspecto,
como se ha visto, fue parcialmente tratado en la Sentencia de 11 de abril
de 2025, proferida dentro del proceso No. 11001-03-15-000-2025-01355-00, en
lo que corresponde puntualmente a las transmisiones de los consejos de
34 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01828-00 (acumulado)
Demandante: Nelson Augusto Martínez Bolaño y otros
Demandado: Presidente de la República y otra
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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ministros, a través de canales públicos y privados de televisión, del Canal
Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta,
por lo que la Sala se abstendrá de pronunciarse al respecto.
72. De manera que, en consideración a los hechos ocurridos luego de la
notificación de esa providencia y con ocasión de las pruebas que se
recaudaron en el trámite de esta tutela, el objeto de las solicitudes de
amparo reviste de actualidad, en razón a las múltiples intervenciones que
ha realizado el Presidente de la República, por medio del servicio público de
televisión, amparado bajo la figura de la alocución presidencial, y con las
cuales se puede afectar el derecho fundamental objeto de análisis.
73. No obstante, la Sala declarará carencia de objeto por situación
sobreviniente, respecto de la acción de tutela presentada por el señor
Miguel Uribe Turbay, en vista de que falleció el 11 de agosto de 2025.
74. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, si el fallecimiento del
titular de los derechos ocurre como consecuencia de la acción u omisión
por la que se acudió a la tutela, se predica la existencia de un daño
consumado. Por el contrario, si el deceso no está vinculado con la conducta
de la autoridad demandada o no es posible establecer una relación entre
ambos, se considera la ocurrencia de un hecho sobreviniente35.
75. Como en este caso la muerte del señor Uribe Turbay no se produjo
como consecuencia de las acciones que en su escrito de tutela sostuvo que
eran las que vulneraban su derecho a la información, se está frente a un
hecho sobreviniente.
2.4. Fijación de la controversia
76. Corresponde a la Sala determinar si el Presidente de la República y la
Presidencia de la República vulneraron el derecho fundamental a la
información de Nelson Augusto Martínez Bolaño, Mauricio Aragón Sinisterra,
Mauricio Trujillo Riascos, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Sandra Patricia
Mancipe Mesa, con ocasión de las alocuciones presidenciales que se han
transmitido a través de los canales públicos y privados de televisión, desde
el 4 de febrero de 2025.
2.5. Verificación de la vulneración alegada
77. La Sala amparará el derecho fundamental a la información de los
accionantes, por las razones que se explicarán enseguida. Para ello, en
primer lugar, (2.5.1) se precisará el alcance del derecho fundamental a la
35 Corte Constitucional, Sentencias T-262 de 2020, T-219 de 2021 y T-088 de 2023.
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Demandante: Nelson Augusto Martínez Bolaño y otros
Demandado: Presidente de la República y otra
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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información. A continuación, (2.5.2) se identificarán los límites al ejercicio del
poder público y su relación con el condicionamiento establecido en la
Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional. Derivado de ello,
(2.5.3) se determinará el alcance de las exigencias constitucionales de
urgencia y excepcionalidad de las alocuciones presidenciales. Finalmente,
(2.5.4) se individualizarán las medidas idóneas para amparar el derecho a la
información, frente al uso inadecuado de la figura de la alocución
presidencial.
2.5.1. El alcance del derecho a la información
78. Los accionantes reclamaron la protección de su derecho fundamental
a la información, el cual consideraron vulnerado con ocasión de las
constantes transmisiones de alocuciones presidenciales, a través de canales
públicos y privados de televisión, desde el 4 de febrero de 2025. Para
fundamentar sus solicitudes, mencionaron que, con este tipo de
intervenciones veían coartada la posibilidad de elegir libremente los
contenidos audiovisuales de su preferencia, al limitar la pluralidad de oferta
de contenidos, así como la opción de, simplemente, no recibir la
información que el Presidente de la República quisiera transmitir en sus
alocuciones.
79. Con base en ello, es necesario recordar que el derecho a la
información comprende la búsqueda y el acceso de datos de diversa
índole, incluidas imágenes y opiniones, la libertad de informar y el derecho
de recibir información veraz e imparcial sobre sobre hechos, ideas y
opiniones de toda clase, a través de cualquier medio de expresión. Es, en
ese sentido, una garantía constitucional en doble vía, puesto que la
titularidad de esta no la tiene, únicamente, quien emite la información,
como sujeto activo, sino también quien la recibe, como sujeto pasivo. Por lo
tanto, se precisa que el emisor tiene la posibilidad de difundir libremente la
información, siempre y cuando el mensaje que transmita sea veraz e
imparcial; mientras que el receptor tiene derecho a recibir información
sustentada en la realidad, objetiva y oportuna36.
80. En un Estado democrático, como el colombiano, las garantías de
veracidad y de imparcialidad en la información que se recibe se
materializan, entre otros elementos, en la pluralidad informativa, esto es, la
ausencia de una única fuente de información, que divulgue una sola versión
de los hechos, sin la posibilidad de tener acceso, al tiempo y en las mismas
circunstancias, a otras fuentes de comunicación, a otros enfoques o, en
general, a otra versión de los hechos o interpretaciones de la realidad.
Igualmente, como toda libertad pública, dentro de su contenido esencial se
36 Corte Constitucional, Sentencias T-40 y T-256 de 2013.
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encuentra protegida, igualmente, la posibilidad de no informarse ya que, la
información es un derecho y no podría convertirse en una obligación
constitucional, tal como se ha explicado, por ejemplo, respecto del derecho
de asociación37.
81. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que es importante
distinguir entre las particularidades que tiene el derecho a la información y
aquellas propias de la libertad de expresión, que, a menudo, parecieran
confundirse por el hecho de que ambos están reconocidos en el artículo 20
de la Constitución. Por un lado, la libertad de expresión protege la difusión
de todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales
de quien se expresa, mientras que la libertad de información protege la
comunicación de las versiones que existen sobre hechos, eventos,
acontecimientos, actos de gobierno, funcionarios, personas, grupos y, en
general, situaciones, a fin de que el receptor tenga conocimiento de lo que
ocurre en determinados ámbitos de la vida en sociedad38.
82. En ese orden de ideas, el derecho a la información constituye una
libertad trascendental para la democracia, ya que la ciudadanía, a través
de los diferentes medios de comunicación y, especialmente, de aquellos
que tienen la naturaleza de ser masivos, como lo es la televisión abierta,
puede tener conocimiento de los sucesos que la afectan o benefician, y eso
no puede restringirse a la posibilidad de conocer ideas, posturas, debates o
decisiones políticas del gobierno, con una única versión o interpretación de
los hechos, sino que debe ir más allá y ofrecer temáticas, enfoques o asuntos
de diferente índole.
83. Sobre ese punto, la Sala reconoce que, aunque la controversia versa
específicamente sobre las alocuciones que realiza el Presidente de la
República a través de la televisión y este constituye uno de los medios de
comunicación más importantes que utilizan los colombianos para informarse
sobre los asuntos que resultan ser de su interés, debido a su carácter abierto
y masivo, no es la única herramienta utilizada actualmente para la difusión
de la información, ya que, los medios empleados para divulgar contenidos
se han diversificado, siendo las plataformas digitales y las redes sociales, por
ejemplo, instrumentos que generan impactos cada vez más significativos en
el imaginario popular.
84. En esos novedosos escenarios también se ejercen derechos
fundamentales y debe propenderse por la defensa del pluralismo
informativo, debido a la fuerza expansiva de los derechos fundamentales.
Pese a ello, esta Sala encuentra que la existencia de otras fuentes de
37 Corte Constitucional, Sentencia T-333 de 2000.
38 Entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-056 de 1995, T-040 de 2013, T-256 de 2013, SU-396 de 2017 y T-203
de 2022.
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información, alternas a la televisión abierta, como es el caso de las redes
sociales, no podría ser un argumento suficiente para entender superada la
vulneración al pluralismo informativo en el servicio público televisivo, porque:
85. En primer término, ello desconocería que, aunque la penetración de
medios alternos y tecnológicos de información se encuentra en constante
progreso, existen aún lugares, sectores sociales y grupos etarios de la
población colombiana que, por distintas razones, no tienen acceso a ellos o
no acuden a dichos instrumentos.
86. En segundo lugar, la televisión es un medio masivo de comunicación
que, a diferencia de las plataformas tecnológicas, es objeto de regulación
administrativa, en pro de garantizar diversos principios, valores y derechos,
propios del Estado Social de Derecho, que propenden a que la información
allí divulgada sea plural y confiable, al responder a estándares reforzados
de ética y profesionalismo.
87. Finalmente, la existencia de fuentes alternas de información, como son
las redes sociales, no podría desvirtuar, justificar o, al menos, compensar, la
afectación de valores democráticos en el servicio público televisivo, como
es el caso de la pluralidad informativa, porque ello significaría que existen
espacios donde no rigen los derechos fundamentales, con el impacto
adverso de forzar a los usuarios del servicio de televisión a no acudir a él, por
la decisión de autoexcluirse, y acelerar así, la progresiva deserción de
usuarios, en favor de redes sociales o plataformas digitales, actualmente, sin
regulación pública y, en algunos casos, expuestas, entre otras, a la creación
de imaginarios colectivos, a partir de estrategias de difusión reiterada y
sistemática de información contraria a la verdad.
88. En este mismo sentido, en la Sentencia de 11 de abril de 2025, proferida
dentro del proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2025-01355-00, esta
corporación amparó el derecho fundamental a la información de la
accionante, luego de establecer que, con las transmisiones de los consejos
de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y
de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, se
suprimían la libertad de no informarse y la pluralidad informativa, que son
dos componentes del derecho a la información. En dicha ocasión se
estableció que la posibilidad de ejercer el derecho a no informarse no podía
verse satisfecha con la decisión individual de autoexcluirse del acceso a la
televisión, para, por ejemplo, acudir a fuentes alternas de información,
como las redes sociales, ya que la televisión es un servicio público, cuya
regulación debe garantizar su cobertura, disponibilidad y posibilidad de
acceso universal, con pluralidad de fuentes de información dentro de la
televisión misma, donde la ciudadanía pueda tener una perspectiva diversa
sobre los hechos o acontecimientos de la vida nacional, sin que la única
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opción que exista frente a la ausencia de pluralismo informativo, sea la de
apagar el aparato de difusión o buscar la información en medios alternos a
la televisión abierta, que es un servicio público.
89. A partir de las consideraciones expuestas, en lo que corresponde al
caso bajo estudio, se evidencia que el uso desmedido del servicio de
televisión por parte del Presidente de la República, debido a la justificación
temática de cada intervención, a su frecuencia, reiteración y duración de
cada una de ellas, materializó un desconocimiento de la garantía del
pluralismo informativo, subyacente del derecho a la información. Este hecho
vulnerador de los derechos fundamentales ha sido posible y se ha visto
agravado por la falta de adopción de medidas regulatorias idóneas, por
parte de la CRC, destinadas a garantizar el pluralismo informativo, respecto
de la potestad presidencial.
90. A pesar de que la CRC, en el informe remitido el 18 de julio de 2025,
indicó que, a raíz de lo decidido por esta Subsección el 11 de abril de este
año y en aras de garantizar el pluralismo en la información, había adaptado
una lista de verificación que debía llenar la Presidencia de la República
cada vez que el jefe de Estado deseara realizar una alocución, ese formato
se concibió como una herramienta meramente formal, que no tiene la
capacidad de evitar menoscabos permanentes del derecho a la
información, ni de asegurar el carácter excepcional y urgente de las
alocuciones presidenciales, en los términos exigidos por el condicionamiento
que la Corte Constitucional imprimió a esta facultad, mediante la Sentencia
C-1172 de 2001.
91. Desde luego, tal circunstancia es cuestionable de cara a las múltiples
facultades que la ley le ha otorgado a la CRC para evitar, precisamente,
situaciones que evidencien un uso inadecuado del servicio público de
televisión y pongan en entredicho los derechos de los usuarios de ese
servicio. Dentro de esas facultades, se destacan las previstas en los
numerales 25, 26 y 27 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por
el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, que señalan lo siguiente (se trascribe):
ARTÍCULO 22. Funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Son
funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. respecto de la
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de
televisión abierta radiodifundida y todas las demás modalidades del servicio de
televisión y el servicio de radiodifusión sonora, las siguientes:
(…)
25. Garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, siendo el principal
interlocutor con los usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en
relación con la difusión, protección y defensa de los intereses de los
televidentes.
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26. Establecer prohibiciones para aquellas conductas en que incurran las
personas que atenten contra el pluralismo informativo, la competencia, el
régimen de inhabilidades y los derechos de los televidentes.
27. Vigilar y sancionar aquellas conductas que atenten contra el pluralismo
informativo, el régimen de inhabilidades de televisión abierta y los derechos de
los televidentes, contempladas en el ordenamiento jurídico vigente. En estos
casos, aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 65 de la presente
Ley. (Negrillas agregadas)
92. De las disposiciones trascritas, se advierte que la CRC está llamada a
garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa, actuando como
verdadero órgano de regulación, en particular, en lo que concierne la
divulgación de información a través del espectro electromagnético. Dicha
autoridad regulatoria tiene incluso la facultad para establecer las
prohibiciones necesarias para hacer frente a cualquier conducta que
desconozca los valores e intereses públicos presentes en este servicio
público, así como los derechos de los usuarios del servicio de televisión,
debiendo vigilar y sancionar tales comportamientos, en los términos del
artículo 65 de la Ley 1341 de 200939. De esta manera, a más de establecer
una lista de verificación con requisitos meramente formales, la CRC no ha
ejercido estas competencias, de forma oportuna y eficaz, para prevenir las
conductas con las cuales el Presidente de la República ha quebrantado el
pluralismo informativo.
93. Bajo este panorama, es claro que la vulneración del derecho a la
información, en el presente caso, ha sido posible por la omisión regulatoria
de la CRC, que ha tolerado, pese a contar con las facultades legales para
evitarlo, la utilización indebida de la figura de la alocución presidencial,
facultad ejercida en pro de monopolizar las diversas fuentes informativas
disponibles en la televisión transmitida mediante el espectro
electromagnético, tanto en cadenas nacionales, como regionales, locales
y comunitarias.
2.5.2. Los límites al ejercicio del poder público y el condicionamiento
establecido en la Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional
94. Con los informes rendidos con ocasión de los Autos de 11 de julio y 5 de
septiembre de 2025, se observó que, desde abril, se han transmitido 17
alocuciones presidenciales por medio de canales públicos y privados de
televisión, con una duración en promedio de una hora, lo que, desde un
39 “ARTÍCULO 65. Sanciones. Modificado por Art. 44, Ley 1753 de 2015. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o
civil en que pueda incurrir el infractor, la persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones
señaladas en el artículo 64 de la presente ley, será sancionada, además de la orden de cesación inmediata de la
conducta que sea contraria a las disposiciones previstas en esta ley, con:
1. Amonestación.
2. Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales.
3. Suspensión de la operación al público hasta por dos (2) meses.
4. Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso.”
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punto de vista meramente numérico, da cuenta de un uso irrazonable y
desproporcionado del servicio público de televisión por parte del Presidente
de la República.
95. En escenarios como este, donde la vulneración de derechos
fundamentales se deriva del ejercicio arbitrario de una facultad legal, es
preciso recordar que la relación entre los derechos de las personas y las
prerrogativas públicas se funda en un equilibrio guiado por términos de
razonabilidad y proporcionalidad y dicha relación exige que, para
garantizar la efectividad real de los derechos previstos en las normas
constitucionales o legales, el poder público debe ser limitado y racional, en
aras de no dejar expuestas a las personas a vulneraciones en ejercicio de
sus prerrogativas. En otras palabras, los derechos de las personas no existen
o son meras proclamas formales, cuando el poder público se ejerce de
manera ilimitada. Así, en el Estado de Derecho, ningún servidor público,
elegido por voto popular, o no, cuenta con poderes omnímodos, ilimitados
o indefinidos, que otorguen prerrogativas de uso arbitrario, desmedido o
irrazonable, en el ejercicio de las labores que, constitucional o legalmente,
se le encomiendan.
96. La necesaria limitación del poder público, como garantía de la
efectividad de los derechos, fue justamente lo que guio a la Corte
Constitucional al revisar la constitucionalidad del artículo 32 de la Ley 182 de
199540, sobre la alocución presidencial. El texto original de esa disposición
otorgaba al Presidente de la República la posibilidad de intervenir “en
cualquier momento y sin ninguna limitación” a través de la televisión.
97. Mediante la Sentencia C-1172 de 2001, la Corte Constitucional declaró
la inexequibilidad de la expresión “y sin ninguna limitación” porque, para la
Corte, (se trascribe) “En un Estado Social de Derecho como el que nos rige,
ni los gobernantes, ni las autoridades de cualquier orden pueden tener
facultades ilimitadas, por cuanto, precisamente lo que caracteriza al Estado
democrático es la imposición de límites al ejercicio de la autoridad pública,
tanto por la Constitución como por la ley”. Igualmente, se condicionó la
interpretación de la expresión “en cualquier momento”, bajo el entendido
de que la intervención del Presidente de la República en la televisión debía
ser personal y únicamente sobre asuntos urgentes, de interés público y
relacionados con el ejercicio de sus funciones.
98. No se puede olvidar que esta decisión, por mandato del artículo 243
constitucional y los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de
40 “por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el
acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de
televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestreucturan <sic> entidades del sector y
se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.
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Administración de Justicia), hizo tránsito a cosa juzgada constitucional de
carácter definitivo y con efectos erga omnes, es decir, obligatorios para
todos.
99. Como el condicionamiento establecido por la Corte Constitucional
apunta a que debe respetarse el carácter personal y urgente de las
alocuciones, no puede el Presidente de la República considerar que ha sido
investido de un poder omnímodo e ilimitado para utilizar la televisión porque,
si bien los ciudadanos tienen el derecho a ser informados y a conocer la
posición de los gobernantes sobre los asuntos públicos, al tiempo que el jefe
de Estado tiene el deber de realizar informes periódicos de su gestión, ello
no puede justificar la monopolización del debate público, en una misma
franja horaria, para expresar, de manera ilimitada las ideas del Presidente,
ya que ello desconoce el condicionamiento incluido en la Sentencia C-1172
de 2001, destinado a limitar la facultad presidencial de la alocución
presidencial.
100. Este condicionamiento de constitucionalidad es el resultado de la
ponderación de principios y valores del Estado democrático de Derecho
que se encuentran en juego con el ejercicio de la facultad presidencial de
interrumpir la programación televisiva y se encuentra dirigido a que la
alocución presidencial se ejerza de manera concreta, sin abusos ni
extralimitación alguna, lo cual impone que la naturaleza de la información
y su necesidad marquen los linderos de orden material- temático y temporal,
dentro de los que resulta legítima la intervención presidencial por los canales
públicos y privados.
101. En la misma sentencia mencionada, la Corte Constitucional enfatizó
que si el Presidente de la República incurre en abusos en la utilización de los
canales de televisión, su conducta oficial al respecto y las responsabilidades
de ella derivadas, se encuentran sometida a los controles previstos en la
Constitución y la ley. Señaló que, de lo contrario, (se trascribe) “podría
entenderse que el Presidente de la República actuaría en este campo en
forma contraria a los postulados de un Estado democrático, como se
autodefine el Estado (c)olombiano tanto en el Preámbulo como en el
artículo 1° de la Constitución Política. Permitir al Presidente de la República
el uso ilimitado de los canales de televisión so pretexto de informar a los
ciudadanos sobre la marcha del Estado o sobre asuntos de interés general,
conduciría a aceptar que, ese alto funcionario, utilizando un bien público
llegara a monopolizar la información de tal manera que se viera disminuida
o anulada la posibilidad de expresar puntos de vista opuestos a los suyos
por sus opositores, lo que equivale a sepultar el pluralismo informativo.
Además, téngase en cuenta que precisamente aduciendo el derecho a
informar a sus conciudadanos regímenes de corte totalitario, llegaron a
manipular la opinión pública deformando la realidad, expresándola en
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forma recortada o sobredimensionándola con propósitos eminentemente
político-partidistas que facilitaran la toma de decisiones contrarias a los
derechos humanos, mediante la utilización desmedida de los diversos
medios de información a su disposición, para penetrar a cualquier momento
y sin medida a la intimidad de los hogares, con eliminación de la
controversia pública y de la difusión de opiniones disidentes, que, en un
Estado democrático resultan inadmisibles pues, en ellos, como ocurre en
Colombia, la Constitución garantiza la pluralidad de la información.”
(negrillas agregadas)
102. Esta decisión de la Corte Constitucional, se resalta, materializa una cosa
juzgada constitucional, con la virtud de fijar límites abstractos que recaen
sobre el Presidente de la República para hacer uso de la facultad prevista
en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995, cuyo desconocimiento llevaría a un
quebrantamiento injustificado del orden constitucional vigente.
103. Ahora bien, los criterios de (1) urgencia, (2) interés público, (3)
excepcionalidad (únicamente) y (4) limitación temática (asuntos
relacionados con el ejercicio de sus funciones) establecidos en el
condicionamiento constitucional deben ser desarrollados, precisados y
garantizados, en el contexto de la función regulatoria de la televisión,
actualmente a cargo de la CRC. Sin embargo, esta autoridad manifestó en
el curso de este proceso que su labor se restringía a informar a los canales
de televisión la voluntad del Presidente de la República de realizar una
alocución presidencial y que no tenía la facultad para aprobar, autorizar,
clasificar, catalogar o evaluar el contenido de sus intervenciones, por lo que
estaba preparando un proyecto para asegurar el pluralismo informativo que
podía, eventualmente, terminar en la adopción de medidas regulatorias. En
sentido similar, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro señalaron que no
tenían competencia para vigilar o definir los contenidos emitidos en
televisión.
104. Así, ante la falta de desarrollo regulatorio y de cumplimiento efectivo
del condicionamiento emitido por la Corte Constitucional, como garantía
del pluralismo informativo y, en general, de los valores del Estado Social y
Democrático de Derecho, los derechos fundamentales de los accionantes
se encuentran expuestos a la permanente vulneración por parte del
Presidente de la República, con alocuciones presidenciales no
excepcionales e ilimitadas. Frente a tal situación, en aplicación de la
eficacia directa de los derechos fundamentales, el rol del juez constitucional
consiste en adoptar las medidas que resulten necesarias, idóneas y eficaces
para proteger el derecho fundamental a la información.
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2.5.3. La urgencia y excepcionalidad de las alocuciones presidenciales
105. Los términos incluidos en el condicionamiento de la Sentencia C-1172
de 2001, en especial, la exigencia de urgencia para la alocución
presidencial, conducen a entender que esta facultad solamente puede ser
ejercida en circunstancias excepcionales e inaplazables, ya que, de hacer
un uso permanente e ilimitado de dicha facultad, se materializa una
afectación continua del pluralismo informativo, como ha ocurrido, de
manera reiterada, en el presente caso.
106. La dinámica con la cual se han utilizado las interrupciones de la parrilla
de los distintos canales de televisión, bajo la figura de la alocución
presidencial, no acompasa con lo que constitucional, legal y
jurisprudencialmente se ha entendido por urgente, ya que tal cualificación
de la necesidad materializa una limitación temática a la alocución
presidencial, al corresponder únicamente a situaciones graves,
sobrevinientes e intempestivas, ocasionadas usualmente por desastres
naturales, calamidades públicas, alteraciones graves del orden público y
otros eventos de fuerza mayor. Contrario a ello, esta Sala constata que las
alocuciones presidenciales han sido utilizadas sin rigor temático y respecto
de asuntos que no revisten de la urgencia exigida por la Sentencia C-1172
de 2001. Esta dinámica ha dejado en evidencia un ejercicio que contraría
el condicionamiento constitucional examinado y, por esta vía, vulnera
constantemente y de manera grave el derecho fundamental a la
información, en su componente positivo y negativo, así como en la
exigencia de pluralidad de fuentes y de enfoques.
107. El hecho de que el Presidente de la República haya realizado
intervenciones de manera reiterada y regular, y sin que las temáticas
abordadas denoten un componente excepcional y urgente, desnaturaliza
gravemente la facultad que le ha otorgado la ley para usar el servicio de
televisión. De ahí que, en la Sentencia proferida por esta Subsección 11 de
abril de 2025, dentro del proceso No. 2025-01355-00, se enfatizara que no
cualquier información legitima al jefe de Estado para interrumpir la
programación habitual de los diferentes canales, sino aquella que pueda
revestir verdadero interés para la colectividad y que, por su trascendencia,
debe darse a conocer de manera urgente e, incluso, intempestiva.
108. El criterio de excepcionalidad apunta a la ocurrencia de circunstancias
que desbordan la órbita de acontecimientos normales vivenciados por la
ciudadanía en su cotidianidad, de manera que, en el contexto de la
Constitución de 1991, lo excepcional corresponde a una facultad precisa,
detallada o bien delimitada, que no puede ser ordinaria, ilimitada o general
y para cuyo ejercicio, existan suficientes e importantes razones que la
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justifiquen41. Esto permite colegir que el uso de la televisión por parte del
Presidente de la República, en garantía del derecho fundamental a la
información y de los postulados del Estado Social y Democrático de
Derecho, debe justificarse por la urgencia y excepcionalidad de la situación
y su ejercicio debe corresponder a una potestad limitada, sin que sea
admisible el ejercicio caprichoso y desproporcionado de dicha facultad.
109. Una intervención del Presidente de la República a través de un medio
masivo de comunicación y, puntualmente, de la televisión, no puede estar
justificada exclusivamente en la transparencia de su gestión, porque, a
pesar de ser un fin loable, el ejercicio irrazonable de la facultad presidencial
tiene la fuerza de mermar la pluralidad en la información que se difunde y,
por ello, debe ser una facultad limitada, aspecto que previó oportunamente
la Corte Constitucional en el condicionamiento de la Sentencia C-1172 de
2001.
110. Con base en lo anteriormente expuesto, para que las alocuciones del
jefe de Estado en canales públicos y privados de televisión sean realmente
excepcionales deberán cumplir los siguientes criterios: 1) la alocución debe
responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la
solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes que ameritan la
exclusión de la programación ordinaria. Por consiguiente, (2) la alocución
presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo
semanal, porque ello contraría su carácter excepcional y desvirtúa el
pluralismo informativo; es decir que la interrupción de la parrilla de
contenidos habituales en los distintos canales de televisión no puede ser un
espacio de frecuencia habitual, ya que ello evidencia, con claridad, que,
al tratarse de espacios ordinarios y esperables, la alocución no se refiere a
situaciones extraordinarias que revistan urgencia real; 3) la alocución debe
ser limitada temática y temporalmente. En lo temático, es necesario que
haya planeación de la intervención, de modo que la solicitud que se
presenta ante la CRC sea detallada temáticamente y no con una referencia
genérica al asunto a tratar, que permita incluir en la alocución cualquier
tema que, de manera espontánea, considere el Presidente pertinente incluir
en su alocución. Solo con una indicación concreta de los asuntos que se
informarán al país es posible que la autoridad regulatoria verifique el criterio
de urgencia de la intervención. El límite temporal apunta a que las
intervenciones no pueden ser una atribución ilimitada, sino que deben
desarrollarse en un tiempo prudencial y razonable, en el que se puedan
exponer los asuntos urgentes de interés público, por lo que, el Presidente de
41 En contextos distintos, la Constitución Política da luces sobre lo que debe entenderse por excepcional, por
ejemplo, en el caso de la declaratoria de estados de excepción, la cual procede ante acontecimientos súbitos,
intempestivos, abruptos e imprevisibles, y que, por su gravedad y urgencia, justifican la adopción de medidas
inusitadas por parte del Gobierno Nacional; el ejercicio excepcional de funciones jurisdiccionales por autoridades
administrativas; o la delegación excepcional de labores legislativas al Presidente de la República por parte del
Congreso de la República.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01828-00 (acumulado)
Demandante: Nelson Augusto Martínez Bolaño y otros
Demandado: Presidente de la República y otra
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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la República y la Presidencia de la República, deben hacer un uso de la
alocución presidencial que resulte lo menos lesivo para el pluralismo
informativo, esto bajo el control de la autoridad regulatoria de la televisión.
111. La razón por la cual esos criterios aplican para cualquier tipo de
intervención o alocución, ya sea que se realice por canales públicos o a
través de los canales privados de televisión, del Canal Uno y de los canales
locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, tiene fundamento
en que el pluralismo informativo no es un valor con ámbito de aplicación
parcial, que deba garantizarse únicamente en los canales privados de
televisión sino que, con mucha mayor razón, los medios públicos de
comunicación, en un Estado democrático, deben ser un espacio imparcial
y público, abierto al debate y a distintas versiones de los hechos.
112. La utilización de la televisión pública como un instrumento de difusión
política vulnera, de manera directa, los postulados que rigen el servicio
público de la televisión. En este sentido, en la Sentencia C-359 de 2016, la
Corte Constitucional estableció que la protección constitucional de la
televisión pública implica unas garantías bidimensionales y consecutivas,
relacionadas con la forma de acceso a la misma y la programación
ofrecida a los consumidores, (se trascribe) “en el sentido de que todas las
personas puedan tener acceso al servicio de televisión pública bien como
ciudadanos activos que quieren difundir su pensamiento, ideas, críticas o
alguna otra información, así como consumidores o espectadores, los cuales
tienen el derecho a recibir el servicio de difusión pública, en condiciones
técnicas adecuadas y de calidad, además con estrictos criterios de
inclusión audiovisual. // 32. Ahora bien, los deberes de salida recaen
directamente en los operadores de la difusión del servicio de televisión y en
el caso de sistemas mixtos, en los concesionarios. Estas obligaciones se
materializan en la observancia de los principios que orientan la televisión
pública, especialmente la diversidad, la independencia y la diferenciación,
pues en todo caso, deben realizar, en el mayor grado posible, los fines
sociales, culturales y educativos que definen el servicio público prestado.”.
113. Por lo visto, el derecho de acceso no está encaminado, únicamente,
a garantizar condiciones de igualdad en el aprovechamiento del espectro
electromagnético, sino también a propiciar el acceso universal de los
consumidores al servicio de televisión pública, de manera que todos los
canales, tanto públicos como privados, deben atender esta consigna para
que la ciudadanía pueda tener acceso a una información libre y diversa,
que garantice el pluralismo informativo.
114. En síntesis, los canales en los que incluso el Gobierno nacional tiene
injerencia legalmente admitida, en virtud del control de tutela que ejerce
sobre ellos, deben reflejar un respeto irrestricto por el derecho a la
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información, evitando el monopolio de la controversia pública, asegurando
la difusión de las opiniones disidentes, y defendiendo los fines sociales,
culturales y educativos que orientan la prestación del servicio público
examinado.
2.5.4. Las medidas idóneas para amparar el derecho a la información frente
al uso inadecuado de la figura de la alocución presidencial
115. En garantía del derecho fundamental a la información, en general y,
en particular, el componente de pluralismo informativo, que motivó el
condicionamiento previsto en la Sentencia C-1172 de 2001, la Sala ordenará
al Presidente de la República y a la Presidencia de la República que, a partir
de la notificación de esta providencia, cada una de las intervenciones o
alocuciones del Presidente de la República, a través del servicio de
televisión, tanto en canales públicos, administrados por RTVC, como en los
canales privados, en el canal Uno, en los canales locales, regionales y en los
comunitarios, cumpla con los siguientes criterios: 1) la alocución debe
responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la
solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes. 2) La alocución
presidencial no puede ser recurrente o habitual, por ejemplo, en el mismo
intervalo semanal. 3) La alocución debe ser limitada temática y
temporalmente. En lo temático, la solicitud que se presenta ante la CRC
debe ser detallada temáticamente y no con una referencia genérica al
asunto a tratar. En lo temporal, la solicitud ante la CRC debe indicar la hora
de inicio y de terminación de la alocución presidencial que, en todo caso,
no podrá corresponder a un período irrazonable o notoriamente excesivo.
116. Para asegurar el cumplimiento de la orden que se dará al Presidente
de la República y a la Presidencia de la República, la CRC, en desarrollo de
las competencias asignadas en los artículos 19 y 22 de la Ley 1341 de 2009,
negará, si fuera del caso, la solicitud de uso de la televisión para una
intervención o alocución presidencial, cuandoquiera que no cumpla con los
criterios expuestos. Adicionalmente, se dispondrá que la CRC, presente un
informe público dentro de los 2 días siguientes a cada alocución
presidencial, en el que evalúe si el uso de la televisión, por parte del
Presidente de la República, respondió o no a los criterios de urgencia y
excepcionalidad.
117. Debe advertirse que las limitaciones al ejercicio de los poderes públicos
no pueden ser consideradas como formas de censura, ya que, en ningún
caso se autoriza para que la autoridad regulatoria vete o repruebe
tajantemente el sentido, enfoque o contenido de las ideas expresadas en la
intervención o alocución del Presidente de la República.
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118. Sobre el particular, la Sala recuerda y reitera que la censura está
proscrita en el ordenamiento jurídico colombiano. Igualmente, que la
libertad de expresión, garantía que también subyace del artículo 20
constitucional que consagra el derecho a la información, no es absoluta y,
con mayor razón, tiene limitaciones en el caso de quienes desempeñan
funciones públicas, por el rol que ejercen frente a la comunidad y el impacto
y credibilidad propios de su investidura. Los servidores públicos, sean o no
elegidos por voto popular, cuando difunden sus ideas, no solamente ejercen
su derecho a la libertad de expresión, sino que tienen también un poder-
deber de comunicación, que les impone unas cargas especiales de
razonabilidad, imparcialidad y veracidad.
119. La libertad de expresión de los servidores públicos, como el Presidente
de la República, se restringe por el compromiso social que tienen y debido
a que el servicio público es una actividad altamente reglada, que exige
mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al difundir opiniones y dar
información42. En tal sentido, las opiniones o información que divulgan los
servidores públicos, para la Corte Constitucional, (se trascribe) “puede tener
un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, en las creencias de las
gentes e incluso en su conducta, dado el enorme grado de confianza que
las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan los cargos
más representativos”43.
120. Es, por tanto, la relevancia de la labor ejercida y no la persona que la
ejerce lo que justifica recordar las cargas que pesan sobre la información
que se divulga, independientemente del medio empleado para el efecto44.
121. De lo anterior, se resalta que la presente decisión no pretende coartar
la posibilidad de que el Presidente de la República y la Presidencia de la
República divulguen información de interés general a través de
intervenciones o alocuciones en televisión, sino que, como se ha insistido,
busca garantizar el ejercicio razonable de una prerrogativa legal, en el
contexto del Estado de Derecho, sin que ello signifique el control de los
contenidos o enfoques de lo difundido por el Presidente, a fin de propender
por la primacía de los valores democráticos, que implican el pluralismo
informativo y la no monopolización del uso de los bienes públicos de difusión
de información y contenido audiovisual, así como el respeto por los
derechos fundamentales.
122. En adición, la Sala observa que la CRC, a través de su Sesión de
Comisión de Contenidos Audiovisuales, se encuentra desarrollando el
proyecto regulatorio denominado “Medidas para la garantía del pluralismo
42 Corte Constitucional, Sentencia T-949 de 2011.
43 Corte Constitucional, Sentencia T-1037 de 2008.
44 Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.
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informativo y la imparcialidad informativa en la televisión y los contenidos
audiovisuales en Colombia”. En el memorial allegado al proceso el 18 de
julio de 202545, indicó que ese proyecto, para el cual se hicieron consultas
públicas dirigidas a la ciudadanía, en general, incluyendo la academia,
organizaciones de la sociedad civil y periodistas, y a los operadores de
televisión en Colombia, podía conducir a la adopción de medidas
regulatorias o no regulatorias destinadas a garantizar el pluralismo
informativo, aunque dicha regulación no se encuentra actualmente
adoptada.
123. Esa situación genera incertidumbre sobre la forma en que se regulará
el servicio público de televisión porque, de acuerdo con los artículos 19 y 22
de la Ley 1341 de 2009, la CRC es el órgano encargado, entre otras tareas,
de promover la competencia en los mercados, promover el pluralismo
informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados
de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección
de los derechos de los usuarios, pero esas labores no están siendo
debidamente ejecutadas, sobre todo en lo que corresponde al
aseguramiento de la pluralidad en la información, a través de la garantía
del carácter limitado y excepcional de la facultad presidencial de
alocución presidencial.
124. Por ello, es indispensable que la CRC adopte un marco regulatorio,
a más tardar el 31 de diciembre de 2025, en el que, en cumplimiento de
los criterios establecidos en esta sentencia y en desarrollo de sus
competencias legales, regule todos los aspectos que involucran la
garantía mencionada, incluso la forma en que el Presidente de la
República y la Presidencia de la República utilizan la televisión para la
transmisión de alocuciones presidenciales.
125. Para tal efecto, la CRC, en el marco regulatorio que expida, deberá
prever la realización de controles previos, concomitantes y posteriores
respecto de la alocución presidencial. El control previo se ejerce respecto
de la solicitud de uso de la televisión y apunta a la verificación del
cumplimiento de los criterios de excepcionalidad y urgencia establecidos
en esta sentencia, antes de la transmisión de una alocución presidencial, así
como a la adopción de medidas con las cuales se pueda evitar cualquier
trasgresión al pluralismo informativo con la misma. El control concomitante,
por su parte, se relaciona con la adopción de mecanismos tendientes a
reaccionar, de manera inmediata, frente a intervenciones televisivas del
Presidente de la República, cuandoquiera que, estando en curso, no se
acompasan con los criterios de excepcionalidad y urgencia señalados en
45 Índice 45 de SAMAI.
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esta sentencia y con los términos establecidos en la Sentencia C-1172 de
2001 de la Corte Constitucional. Por último, con el control posterior se
pretende que la CRC examine, luego de la realización de una alocución
presidencial, si el Presidente de la República y la Presidencia de la República
cumplieron con los criterios de excepcionalidad y urgencia, así como con lo
establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1172 de 2001, de
cara a lo que anunciaron previamente que iban a abordar y lo que
efectivamente abordaron. Este control posterior permite el ejercicio de las
distintas competencias legales de la CRC, incluida la potestad
sancionatoria.
126. La CRC, además, deberá publicar un informe detallado en un medio
de fácil acceso para la ciudadanía, dentro de los 2 días siguientes a la
realización de cada alocución presidencial, en el que indique si el
Presidente de la República y la Presidencia de la República fueron
respetuosos, o no, de los criterios de urgencia y excepcionalidad, tendientes
a asegurar el pluralismo informativo. Debe aclararse que la obligación de
publicación de este informe deberá cumplirse desde la notificación de esta
sentencia, sin que la ausencia de la correspondiente regulación sea excusa
para su no realización.
127. Lo anterior implica que la CRC, en su condición de órgano regulatorio
del servicio público de televisión en Colombia, adopte, adapte y ejecute
todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la información
en sus diversas dimensiones y proteger los derechos de los usuarios de este
servicio, que no pueden verse afectados por el ejercicio de la prerrogativa
presidencial de alocución televisada. El adecuado ejercicio de la facultad
regulatoria, en pro del pluralismo informativo, no puede restringirse a la
simple comunicación del deseo del jefe de Estado a los canales de
televisión, sino que tiene que materializarse en medidas regulatorias
concretas y con contenido material y no meramente formal, con las cuales
pueda contener cualquier uso arbitrario o injustificado del servicio público
de televisión y, si lo observa conveniente, imponga las sanciones a las que
haya lugar, en los términos de la Ley 1341 de 2009.
128. En adición, se precisa que el término concedido a la CRC para que
adopte el marco regulatorio aludido resulta ser suficiente, de conformidad
con las exigencias establecidas en los artículos 2.2.13.3.1., 2.2.13.3.1.2. y
2.2.13.3.3. del Decreto 1078 de 2015, en virtud de los cuales las comisiones
de regulación deben hacer los análisis técnicos, económicos y legales
necesarios para la expedición de actos administrativos de carácter general
y deben publicar en sus páginas web los proyectos de esos actos por un
término que no puede ser inferior de 30 días a la fecha de su expedición,
excepto en el caso de los relacionados con fórmulas tarifarias. Dentro de
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ese mismo período que se concede al órgano regulatorio, deberá cumplir
con el término previsto en el numeral 4 del artículo 2.2.13.3.3. del Decreto
1078 de 2015, para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias
que se hagan sobre el proyecto, el cual no podrá ser menor a 10 días hábiles,
contados a partir de la fecha en que se haga público el proyecto de
regulación. Por lo tanto, desde la fecha de notificación de esta providencia
hasta el 31 de diciembre de 2025, la CRC debe desplegar los análisis
técnicos pertinentes, cumplir con los criterios de publicidad del proyecto de
acto administrativo general y expedir el acto regulatorio que encuadre el
ejercicio concreto de sus facultades regulatorias.
129. Por otra parte, es necesario ordenar a la Procuraduría General de la
Nación y a la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales de asegurar la ejecución de las sentencias judiciales y velar
por la efectividad de los derechos fundamentales, acompañen, verifiquen
y aseguren el cumplimiento de esta sentencia.
130. Finalmente, esta Sala es consciente de que la decisión de amparar los
derechos fundamentales de los accionantes tiene unos efectos generales y
repercute frente a distintos integrantes del conglomerado social, lo que
resulta completamente lógico, debido a que el hecho vulnerador de estas
prerrogativas es una medida igualmente general, consistente en el uso de
la figura de la alocución presidencial, no dirigida, de manera concreta, a
determinada persona. Por ello, con este amparo, se protege indirectamente
el derecho fundamental a la información de personas que no fueron parte
en el proceso, pero que, no obstante, se encuentran igualmente afectadas
en sus prerrogativas constitucionales, debido al uso desmedido de la
facultad presidencial de alocución presidencial. Así, frente a hechos
vulneradores de derechos fundamentales que tengan la característica de
ser generales, como ocurre en este caso, no es necesario proferir una
decisión con efectos ultra partes (inter pares o inter comunis), debido a que
la decisión de amparo que se profiere consiste en medidas de abstención,
dirigidas a evitar la reiteración en la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes y, de manera indirecta, de quienes no
fueron parte en este proceso. De esta manera, aunque la solicitud de tutela
fue impetrada por ciertas personas, las órdenes que se proferirán tienen
como propósito defender los derechos fundamentales previstos en la
Constitución de 1991, asegurar la primacía constitucional y salvaguardar los
valores democráticos, que permiten la vigencia del Estado Social, con
primacía de los derechos fundamentales.
131. Para finalizar, se resalta que la labor del juez de tutela es garantizar la
eficacia real de los derechos fundamentales, independientemente de que
el hecho vulnerador perjudique a una, varias o muchas personas, puesto
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que, como es sabido, en un Estado social de derecho no basta con el
reconocimiento formal de derechos, sino que todas las autoridades públicas
deben aunar esfuerzos para alcanzar su materialización concreta y efectiva.
La protección de un derecho fundamental, por tanto, no depende del
número de personas que aleguen su transgresión, pero sí de la identificación
de una acción u omisión vulneradora de garantías que, por su vinculación
con el principio de dignidad humana, tienen connotación fundamental y
que insta a la adopción de las medidas necesarias para cesar con la
vulneración y evitar futuros menoscabos.
2.6. Conclusiones
132. La Sala se abstendrá de resolver la solicitud de coadyuvancia
presentada por María Leonor Villamizar Corzo puesto que no aportó ningún
escrito para argumentar su petición, ni señaló si era coadyuvante de alguno
de los accionantes o de la parte accionada.
133. Se accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía
General de la Nación, ya que en el escrito de tutela No. 2025-01625-00 no se
evidenció que su intención fuera endilgar algún tipo de acción u omisión a
esa entidad. En cambio, se negarán las solicitudes de desvinculación
presentadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la CRC, la Agencia Nacional del Espectro, RTVC SAS y la
Procuraduría General de la Nación, en razón a que su vinculación se produjo
en calidad de terceros con interés en el asunto por las competencias a su
cargo o por el tema objeto de las acciones de tutela.
134. Se declarará la carencia actual de objeto respecto de la acción de
tutela interpuesta por el señor Miguel Uribe Turbay (2025-01625-00), por
situación sobreviniente, debido a que falleció el 11 de agosto de 2025.
135. Se amparará el derecho a la información de Nelson Augusto Martínez
Bolaño, Mauricio Aragón Sinisterra, Mauricio Trujillo Riascos, Samuel Alejandro
Ortiz Mancipe y Sandra Patricia Mancipe Mesa, tras haber sido vulnerado
por el Presidente de la República y la Presidencia de la República y, en
consecuencia, se les ordenará que las intervenciones o alocuciones que
realicen a través del servicio de televisión, a partir de la notificación de esta
providencia, cumplan con los criterios expuestos en la parte motiva y
precisados en la parte resolutiva de esta sentencia.
136. Para asegurar el adecuado cumplimiento de la orden dada al
Presidente de la República y la Presidencia de la República, se ordenará a
la CRC que verifique el cumplimiento de los criterios aludidos cada vez que
el jefe de Estado desee realizar una intervención o alocución por medio de
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la televisión y que, en caso de que los incumpla, impida su realización.
Adicionalmente, se dispondrá que, tras cada alocución presidencial, realice
un informe público en el que evalúe si su desarrollo se adecuó o no a los
criterios de urgencia y excepcionalidad, como garantía del pluralismo
informativo.
137. Igualmente, se ordenará a la CRC que, a más tardar el 31 de diciembre
de 2025, expida el marco regulatorio necesario para asegurar el pluralismo
informativo, a través de los canales públicos y privados de televisión, en el
que, de acuerdo con los criterios expuestos en esta sentencia, aborde todos
los aspectos que pueden llevar a una trasgresión de esa garantía, mediante
la figura de la alocución presidencial. En esa regulación, además, deberá
regular los controles previo, concomitante y posterior que fueron explicados
con anterioridad. Se aclara que esta orden deberá ser atendida por la CRC,
sin perjuicio de las demás medidas adoptadas en esta sentencia, cuyo
cumplimiento es inmediato, incluida el deber de rendir informes públicos
posteriores, respecto de cada alocución presidencial.
138. Por último, se ordenará a la Procuraduría General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo que, en desarrollo de sus funciones constitucionales
respecto del cumplimiento de las sentencias judiciales y la defensa de los
derechos fundamentales, acompañen y verifiquen el cumplimiento de esta
sentencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: ABSTENERSE DE RESOLVER la solicitud de coadyuvancia
presentada por María Leonor Villamizar Corzo, de conformidad con los
motivos expresados.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la
CRC, la Agencia Nacional del Espectro, RTVC SAS y la Procuraduría General
de la Nación, de conformidad con los motivos expresados.
TERCERO: DESVINCULAR a la Fiscalía General de la Nación del
asunto, de conformidad con los motivos expresados.
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CUARTO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por situación
sobreviniente, respecto de la acción de tutela No. 2025-01625-00,
interpuesta por el señor Miguel Uribe Turbay, de conformidad con los motivos
expresados.
QUINTO: AMPARAR el derecho fundamental a la información de
Nelson Augusto Martínez Bolaño, Mauricio Aragón Sinisterra, Mauricio Trujillo
Riascos, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Sandra Patricia Mancipe Mesa,
de conformidad con los motivos expresados.
SEXTO: ORDENAR al Presidente de la República y a la Presidencia
de la República que, una vez notificada esta sentencia, cada una de las
intervenciones o alocuciones que realice el jefe de Estado, tanto en los
canales públicos de televisión, administrados por RTVC, como en los canales
privados, en el canal Uno y en los canales locales, regionales y comunitarios,
atienda a los siguientes criterios: 1) la alocución debe responder a una
justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe
corresponder a circunstancias urgentes. 2) La alocución presidencial no
puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. 3) La
alocución debe ser limitada temática y temporalmente. En lo temático, la
solicitud que se presenta ante la CRC debe ser detallada temáticamente y
no con una referencia genérica al asunto a tratar. En lo temporal, la solicitud
ante la CRC debe indicar la hora de inicio y de terminación de la alocución
presidencial que, en todo caso, no podrá corresponder a un período
irrazonable o notoriamente excesivo.
SÉPTIMO: ORDENAR a la CRC que, a partir de la notificación de esta
sentencia y cada vez que el Presidente de la República y la Presidencia de
la República decidan realizar una intervención o alocución a través de la
televisión, tanto en los canales públicos de televisión, administrados por
RTVC, como en los canales privados, en el canal Uno y en los canales
locales, regionales y comunitarios, verifique el cumplimiento de los criterios
mencionados en el ordinal sexto de la parte resolutiva de esta providencia
y que, en caso de que los incumpla, impida su realización, de conformidad
con los motivos expresados. La determinación en uno u otro sentido deberá
hacerla pública. Adicionalmente, deberá rendir un informe público en un
medio de fácil acceso para la ciudadanía, dentro de los 2 días siguientes a
la realización de cada alocución presidencial, en el que evalúe si su
desarrollo se adecuó a los criterios de urgencia y excepcionalidad en
garantía del pluralismo informativo.
OCTAVO: ORDENAR a la CRC que, a más tardar el 31 de diciembre
de 2025, adopte el marco regulatorio necesario para garantizar real y
eficazmente el pluralismo informativo, a través de los canales públicos y
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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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privados de televisión, del Canal Uno y de los canales locales, regionales y
comunitarios de televisión abierta, para el cual deberá tener en cuenta los
criterios fijados en esta providencia, lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y
la Sentencia C-1172 de 2011 de la Corte Constitucional. En ese marco
regulatorio deberá incluir los controles previo, concomitante y posterior, con
base en los lineamientos fijados en la parte motiva de esta sentencia. Lo
anterior, sin perjuicio de las demás órdenes dictadas con el fin de amparar
el derecho a la información de los accionantes, cuyo cumplimiento es
inmediato.
NOVENO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo que, en desarrollo de sus funciones constitucionales,
acompañen y verifiquen el cumplimiento de esta sentencia.
DÉCIMO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio
más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de
la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra ésta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin46.
UNDÉCIMO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
DUODÉCIMO: Por Secretaría General de esta corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
46 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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