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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06544-00

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06544-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional del Espectro, la sociedad RCN Televisión SA, la sociedad Plural Comunicaciones SAS (Canal 1) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06544-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Luis Arturo Fontecha Camacho
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06544-00
Asunto: Tutela contra fallo de tutela. Improcedencia por falta de
legitimación en la causa por activa

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Los señores Nelson Augusto Martínez Bolaño, Miguel Uribe Turbay,
Mauricio Aragón Sinisterra, Mauricio Trujillo Riascos, Samuel Alejandro
Ortiz Mancipe y Sandra Patricia Mancipe Mesa presentaron acción de
tutela contra el Presidente de la República y la Presidencia de la
República, con el fin de obtener la protección del derecho fundamental a la
información, con ocasión del uso inadecuado y desproporcionado de la
figura de alocución presidencial.

1.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 16 de septiembre de 2025, tuteló el derecho
fundamental a la información de los accionantes y, en consecuencia,
ordenó al Presidente de la República y a la Presidencia de la República

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atender ciertos criterios en las intervenciones o alocuciones que realice
el jefe de Estado tanto en los canales privados, locales, regionales y
comunitarios.

1.3. Respecto de la anterior decisión el Presidente de la República y la
Presidencia de la República presentaron solicitud de aclaración.

1.4. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante providencia de 4 de noviembre de 2025, resolvió negar la
solicitud de aclaración de la sentencia de 16 de septiembre de 2025.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que “[…] el fallo del Consejo de Estado restringe de
manera desproporcionada el uso legítimo de los medios públicos para la
difusión de información institucional, afectando el derecho ciudadano a recibir
información veraz e imparcial y limitando la comunicación democrática entre
el Gobierno y la sociedad […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Amparar el derecho fundamental a informar y ser informado,
consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política.

2. Declarar que la sentencia del Consejo de Estado - Sección Tercera
vulnera dicho derecho por imponer restricciones desproporcionadas al
uso institucional de los medios públicos.

3. Ordenar a las entidades competentes (RTVC, CRC, Presidencia de la
República) adoptar medidas correctivas que garanticen el pluralismo y
equilibrio informativo.

4. Disponer el levantamiento de cualquier restricción derivada del fallo
impugnado.

5. Impartir órdenes estructurales para asegurar la transparencia,
pluralidad informativa y prohibición de censura previa en los medios
estatales […]”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 23 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó al Presidente de la República; a la Presidencia de la
República; al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;
a la Comisión de Regulación de Comunicaciones; a la Agencia Nacional del
Espectro; a RTVC Sistema de Medios Públicos; a los canales de televisión
RCN, Caracol y Uno; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; a
la Fiscalía General de la Nación; a los señores Nelson Augusto Martínez
Bolaño, Mauricio Aragón Sinisterra, Mauricio Trujillo Riascos, Samuel
Alejandro Ortiz Mancipe, Sandra Patricia Mancipe Mesa, Angie Lizeth
Rodríguez Fajardo y María Leonor Villamizar Corzo, en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso. En dicha providencia se negó la
medida provisional solicitada por el actor.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó
que la providencia cuestionada y el expediente de tutela contienen los
argumentos y elementos necesarios para que se tome la decisión que en
derecho corresponda.

2. La Fiscalía General de la Nación manifestó que carece de legitimación en
la causa por pasiva toda vez que esa entidad no vulneró el derecho
fundamental del accionante.

3. La Agencia Nacional del Espectro solicitó su desvinculación de la presente
acción constitucional porque los llamados a dar respuesta es el MINTIC y la
Comisión de Regulación de Comunicaciones.

4. La Comisión de Regulación de Comunicaciones señaló que esa entidad ha
adoptado medidas dirigidas a asegurar el ejercicio equilibrado y responsable
de las alocuciones presidenciales evitando el uso desproporcionado y

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garantizando que su transmisión se enmarque en los parámetros del
pluralismo informativo determinados por el Consejo de Estado.

5. La Radio Televisión Nacional Colombiana SAS manifestó que apoya la
acción de tutela interpuesta por el accionante en razón a que la decisión objeto
de este mecanismo afecta de manera directa las competencias institucionales
y la misión pública que le han sido conferidas como operador del servicio
público de televisión.

Aseguró que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad y además la providencia cuestionada vulneró “[…] derechos
fundamentales de rango constitucional, entre ellos la libertad de expresión (art.
20 C.P.), el derecho a la información (art. 20 C.P.) y el principio democrático
de pluralismo informativo, al restringir el ejercicio comunicativo institucional y
el acceso ciudadano a la información pública […]”.

6. El Presidente de la República solicitó acceder a las pretensiones de la
acción de tutela porque la autoridad accionada incurrió en un exceso de
competencia judicial al ordenar un control previo por parte de la CRC sobre las
alocuciones presidenciales.

Precisó que la orden impartida mediante el fallo objeto de tutela “[…] somete
una función constitucional esencial del Presidente, la de dirigirse a la Nación,
a un filtro administrativo de oportunidad o conveniencia, sino que, en la
práctica, constituye un mecanismo de censura previa. Tal restricción es
incompatible con el estándar de responsabilidad posterior que rige la libertad
de expresión y desequilibra la colaboración armónica entre los poderes
públicos […]”.

Enfatizó que la providencia acusada “[…] desconoció la naturaleza y finalidad
institucional de los medios públicos (como Señal Colombia y Canal
Institucional), que están diseñados precisamente para la comunicación oficial
y no deben someterse a la misma regulación de los concesionarios privados.

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Exigir autorización previa a la CRC para que el propio Estado use sus medios
equivale a desnaturalizar la relación y el objeto de RTVC […]”.

Señaló que en el fallo objeto de tutela se “[…] extralimitó los efectos propios
de la acción de tutela, que es por naturaleza un mecanismo de amparo para
casos concretos con efectos inter partes […]”.

7. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
MINTIC solicitó su desvinculación del presente trámite al considerar que
carece de competencia para atender las pretensiones de amparo.

8. La sociedad RCN Televisión SA solicitó su desvinculación procesal por
cuanto el mecanismo de amparo se encuentra dirigido a controvertir la decisión
de la autoridad accionada y no contra ese medio de comunicación.

9. La sociedad Plural Comunicaciones SAS (Canal 1) solicitó su
desvinculación de este asunto porque no existe acción u omisión de su parte
que constituya una violación a los derechos fundamentales del accionante.
“[…] Al contrario, el canal actúa dentro del marco legal del servicio público de
televisión y, como tal, no puede ser responsabilizado por decisiones que son
de competencia exclusiva de la autoridad regulatoria […]”.

10. La sociedad Caracol Televisión SA manifestó que el actor carece de
legitimación en la causa por activa y como la acción de tutela se dirige contra
un fallo de igual naturaleza no cumple con los requisitos para su procedencia,
por lo que solicitó negar el amparo deprecado por la parte accionante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional del
Espectro, la sociedad RCN Televisión SA, la sociedad Plural Comunicaciones
SAS (Canal 1) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MINTIC solicitaron su desvinculación del presente trámite
de tutela.

La Sala considera que comoquiera que la Fiscalía General de la Nación, la
Agencia Nacional del Espectro, la sociedad RCN Televisión SA, la sociedad
Plural Comunicaciones SAS (Canal 1) y el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones – MINTIC fueron parte dentro del proceso
objeto de tutela, les asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se negará las solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer si
en el presente asunto se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación
en la causa por activa en las acciones de tutela. En caso negativo:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

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4. Caso concreto

4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].

Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19912 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].

A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

Sobre la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha considerado que es
indispensable que el agente oficioso afirme que actúa en dicha condición y
demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en
imposibilidad de promover su propia defensa, “[…] bien sea por circunstancias

2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber
afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le
impida acudir a la justicia […]”. De ahí que dicha corporación ha establecido
los siguientes requisitos para su configuración:

“[…] La Corte Constitucional se ha ocupado de establecer algunos
requisitos que deben verificarse cuando un ciudadano actúa como agente
oficioso de otra persona. En primer lugar, debe manifestar que actúa en
tal calidad. En segundo lugar, debe encontrarse acreditado en el
expediente que la persona a favor de quien actúa no puede
interponer por sí misma el amparo que se invoca. En tercer lugar, no
es necesario que exista una relación jurídica entre el agente y el
agenciado o agenciados titulares de los derechos fundamentales. Y en
cuarto lugar, cuando ella sea posible, debe existir una ratificación
oportuna por parte del agenciado respecto de los hechos o las
pretensiones que se consignan en el escrito de tutela. Sin embargo, los
anteriores requisitos deben aplicarse en forma flexible, atendiendo a las
circunstancias particulares de cada caso concreto […]”. [Se destaca]

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona3.

En el presente caso, el señor Luis Arturo Fontecha Camacho promovió en
nombre propio y en “[…] representación de la audiencia nacional de medios
televisivos y radiales e indeterminada de ciudadanos titulares del derecho
fundamental a informar y ser informados de manera veraz e imparcial, […]”
acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado con ocasión de la sentencia de 16 de septiembre de 2025
proferida dentro del mecanismo de amparo con número de radicación 11001-
03-15-000-2025-01828-00.

Ahora bien, de acuerdo con las piezas procesales del expediente objeto de
tutela, la Sala advierte que el señor Luis Arturo Fontecha Camacho no funge
como parte procesal dentro del mecanismo de amparo con número de

3
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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radicación 11001-03-15-000-2025-01828-00 dentro del cual se profirió la
sentencia del 16 de septiembre de 2025 objeto de la presente acción
constitucional, motivo por el cual carece de legitimación en la causa por activa
para promover, en nombre propio, el mecanismo de amparo de la referencia
con el propósito de cuestionar dicha decisión judicial.

Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión
dentro de un proceso judicial, son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales.

Adicionalmente, nótese que el señor Luis Arturo Fontecha Camacho en el
escrito de tutela además de actuar en nombre propio adujo representar los
intereses de la “[…] la audiencia nacional de medios televisivos y radiales e
indeterminada de ciudadanos titulares del derecho fundamental a informar y
ser informados de manera veraz e imparcial […]”.

Sin embargo, la Sala considera que el accionante carece de legitimidad para
representar los intereses de la “[…] la audiencia nacional de medios televisivos
y radiales e indeterminada de ciudadanos titulares del derecho fundamental a
informar y ser informados de manera veraz e imparcial […]” porque no se
cumplen los requisitos para reconocerlo como agente oficioso ya que no lo
alegó en el escrito de tutela y no demostró la imposibilidad de los supuestos
agenciados para promover la acción de tutela por sí mismos o a través de sus
representantes legales.

Así las cosas, la Sala considera que no se encuentran satisfechos los
requisitos exigidos en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo
10º del Decreto Ley 2591 de 1991, motivo por el cual declarará improcedente
la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por
activa del señor Luis Arturo Fontecha Camacho, tal y como se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional del Espectro, la sociedad
RCN Televisión SA, la sociedad Plural Comunicaciones SAS (Canal 1) y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por
falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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