Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06416-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06416-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06416-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-0315-000-2025-06416-00
Demandante: Alberto Alfonso Meneses Manotas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Temas: Tutela contra providencia de la misma naturaleza
Decisión: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Alberto Alfonso Meneses Manotas, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Alberto Alfonso Meneses Manotas promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales a la libertad de expresión,
información, participación política y «pluralismo informativo», los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2025 por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el expediente de tutela
identificado con el radicado 11001031500020250182800.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
1.1. Nelson Augusto Martínez Bolaño y otros2 presentaron solicitud de tutela en
contra de la Presidencia de la República con la finalidad de proteger su derecho
fundamental a la información, el cual consideraron vulnerado con ocasión de las
transmisiones de las alocuciones presidenciales, a través de canales públicos y
privados de televisión.
1.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en providencia del 16
1 Visible en índice 2 de Samai, archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua
2».
2 Miguel Uribe Turbay, Mauricio Aragón Sinisterra junto con Mauricio Trujillo Riascos y Samuel
Alejandro Ortiz Mancipe junto con Sandra Patricia Mancipe Mesa.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Alberto Alfonso Meneses Manotas
de septiembre de 2025 tuteló el derecho fundamental invocado y, entre otras,
ordenó que «cada una de las intervenciones o alocuciones que realice el jefe de Estado,
tanto en los canales públicos de televisión, administrados por RTVC, como en los canales
privados, en el canal Uno y en los canales locales, regionales y comunitarios, atienda a los
siguientes criterios: 1) la alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo
que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes. 2) La alocución
presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. 3) La
alocución debe ser limitada temática y temporalmente».
1.3. Asimismo, «a la CRC que, a partir de la notificación de esta sentencia y cada vez
que el Presidente de la República y la Presidencia de la República decidan realizar una
intervención o alocución a través de la televisión, tanto en los canales públicos de televisión,
administrados por RTVC, como en los canales privados, en el canal Uno y en los canales
locales, regionales y comunitarios, verifique el cumplimiento de los criterios mencionados
en el ordinal sexto de la parte resolutiva de esta providencia y que, en caso de que los
incumpla, impida su realización, de conformidad con los motivos expresados». En contra
de esta decisión la parte demandada y terceros con interés presentaron
impugnación y solicitud de aclaración.
1.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
pasar por alto el artículo 20 de la Constitución Política, pues en la práctica dichas
órdenes le otorgan a la entidad administrativa el poder de decidir qué puede o no
comunicar el primer mandatario, lo cual configuraría una censura previa
constitucionalmente prohibida. Asimismo, la medida cuestionada afectó el principio
democrático de publicidad y rendición de cuentas, al impedir que la máxima
autoridad del ejecutivo comunicara sus decisiones directamente a la ciudadanía.
1.5. Como ciudadano colombiano tenía derecho a recibir directamente
información pública e institucional del presidente, sin intermediación por órganos
administrativos.
1.1.1. Pretensiones
2. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 9. Que se amparen los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la
información, al pluralismo informativo y a la participación política del presidente de la
república.
10. Que se suspendan los efectos del fallo del Consejo de Estado del 16 de septiembre
de 2025 en cuanto impone controles previos al contenido de las alocuciones
presidenciales.
11. Que se ordene a la CRC abstenerse de impedir o condicionar la emisión de
alocuciones presidenciales por razones de contenido o valoración previa.
12. Que se exhorte a la Presidencia de la República para que continúe informando
directamente al país dentro del marco del respeto constitucional y sin censura. 13. Que
se remita copia del fallo a la Corte Constitucional para eventual revisión. […]». (sic)
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1.2. Informes rendidos en el proceso
3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B3 manifestó que la
providencia y el expediente de tutela contienen los argumentos y elementos
necesarios para tomar la decisión que en derecho corresponda.
4. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones4
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
comoquiera que carece de competencia para cumplir las órdenes que podría
emitirse, en el evento en que encuentre vulnerados los derechos fundamentales
alegados por el demandante.
5. Caracol Televisión SA5 requirió que se negara lo pretendido ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues el
demandante carecía de legitimación en la causa por activa. Además, el presidente
de la República si bien tendría la facultad para intervenir en la televisión en cualquier
momento, no sería ilimitada, sino que debería revestir el verdadero interés para la
colectividad. Criterios que también implicarían, un uso excepcional, razonable y
proporcionado de la facultad presidencial de dirigirse al público, a través de la
televisión.
6. RCN TELEVISIÓN SA6 pretendió su desvinculación ya que la tutela estaba
dirigida en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y este
medio de comunicación se limitará a dar estricto cumplimiento a las solicitudes que
haga la Comisión de Regulación de Comunicaciones en materia de alocuciones
presidenciales.
7. La Comisión de Regulación de Comunicaciones7 luego de hacer un
recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del trámite
constitucional, solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo
comoquiera que su finalidad es cuestionar una sentencia de tutela, máxime cuando
el demandante tampoco goza de legitimación por activa, pues no tiene la facultad
para representar los intereses del primer mandatario.
8. Radio Televisión Nacional Colombiana S.A.S.8 respaldó la solicitud de
amparo al estimar que se cumplía los requisitos de procedibilidad fijados por la
jurisprudencia, en tratándose de tutelas contra providencias judiciales, pues Alberto
3 Visible en índice 8 de Samai, en actuación denominada
«9CONTESTACIONDE_Contestaciontutela20(.pdf) NroActua 8».
4 Visible en índice 10 de Samai, en actuación denominada
«9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-003ContestacionTu(.pdf) NroActua 10».
5 Visible en índice 11 de Samai, en actuación denominada «11_MemorialWeb_Respuesta-
20251027Respuesta(.pdf) NroActua 11».
6 Visible en índice 12 de Samai, en actuación denominada «13_MemorialWeb_Respuesta-
ALBERT2(.pdf) NroActua 12».
7 Visible en índice 13 de Samai, en actuación denominada
«14_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACION202506(.pdf) NroActua 13».
8 Visible en índice 15 de Samai, en actuación denominada «23_MemorialWeb_Alegatos-
CONTESTACIONTERCER(.pdf) NroActua 15».
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Demandante: Alberto Alfonso Meneses Manotas
Alfonso Meneses Manotas acreditó su legitimación por activa y se verificó que la
petición no recaía sobre una sentencia de tutela, pues el trámite de impugnación
seguía abierto.
9. La libertad de expresión y de información, aunque derivaban del artículo 20
de la Constitución, protegían ámbitos distintos; la primera cobijaba opiniones y
valoraciones; la segunda, la difusión y recepción de datos veraces e imparciales.
Además, la jurisprudencia exigía a los medios, incluidos los operadores públicos
como RTVC SAS respetar los principios de veracidad e imparcialidad.
10. La Agencia Nacional del Espectro9 pretendió su desvinculación ya que la
función de vigilancia y control que le otorga la ley se refiere exclusivamente al control
sobre el uso, gestión y cuidado del espectro radioeléctrico, por lo que no es de su
competencia lo que se invocó como derechos vulnerados, pues ninguna puede ser
ejecutadas ni encausada a esta entidad.
11. La Fiscalía General de la Nación10 pretendió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva ante la inexistencia de una relación de
causalidad de acción u omisión de su parte, pues la actuación cuestionada no está
directamente relacionada con el ente instructor y la actuación pretendida en procura
del amparo de derechos reclamados, supera su competencia.
12. La Presidencia de la República11 coadyuvó la petición de amparo y
pretendió que se declarara procedente debido a que el demandante, al no ser parte
dentro del trámite constitucional en cuestión y resultar afectado con dicha decisión
no cuenta con un mecanismo judicial para controvertir lo allí decidido. En ese
sentido, debía accederse a las pretensiones de manera que se dejara sin efectos la
sentencia del 16 de septiembre de 2025, debido a las irregularidades en las que se
incurrió en el trámite, máxime cuando las facultades otorgadas a la CRC para
realizar un control previo a las alocuciones presidenciales se derivó de un
desconocimiento del carácter inter partes que posee este tipo de amparos.
13. Alberto Alfonso Meneses Manotas12 solicitó que se decretaran como
medidas cautelares:
«[…] a. Suspender los efectos de cualquier decisión o acto judicial o administrativo que
impida o condicione las alocuciones presidenciales.
b. Autorizar al Presidente de la República a dirigirse directamente al pueblo colombiano
mediante alocuciones oficiales, sin controles o revisiones previas.
c. Comunicar esta decisión a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a
9 Visible en índice 16 de Samai, en actuación denominada
«27_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-RESPUESTA_TUTELACE(.pdf) NroActua 16».
10 Visible en índice 15 de Samai, en actuación denominada
«32RECIBEMEMORIAL_Memorial_RTAACCIONDETUTELAALB(.pdf) NroActua 17».
11 Visible en índice 21 de Samai, en actuación denominada «46_MemorialWeb_Respuesta-
OFI2500212306_GFP(.pdf) NroActua 21».
12 Visible en índice 25 de Samai, en actuación denominada
«RECIBEMEMORIAL_OFI2500212306GFPU1zi(.zip) NroActua 25».
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la Presidencia de la República y a los medios públicos, para su cumplimiento inmediato.
[…]». (sic)
14. Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Sandra Patricia Mancipe Mesa13
requirieron que se declarara improcedente el amparo pretendido por no satisfacer
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, ni los supuestos
excepcionalísimos de procedencia de la tutela contra una decisión de su misma
naturaleza, máxime cuando ni siquiera alegó la configuración de «fraude» en la
decisión que se cuestiona, sino que se limitaron a plantear la inconformidad con lo
decidido.
15. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
16. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de
legitimación en la causa por pasiva; iii) determinación del problema jurídico; iv)
legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
17. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.° del
Decreto 333 del 6 de abril de 202114 esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y
otros.
2.2. Cuestión previa - Falta de legitimación en la causa por pasiva
18. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala
el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
13
Visible en índice 27 de Samai, en actuación denominada «Memorial__69Alegatos(.pdf) NroActua
27».
14 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela.
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De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
19. La Corte Constitucional15 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva
en los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental16. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”17, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”18 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
20. La Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional del Espectro, RCN
Televisión SA y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
solicitaron su desvinculación del asunto al considerar que no se les atribuyó la
trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.
21. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue
en calidad de terceros con interés, al ser las entidades vinculadas dentro del
expediente constitucional en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de
defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Problema jurídico
22. De conformidad con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si Alberto
Alfonso Meneses Manotas cuenta con legitimación en la causa por activa en la
presente solicitud de tutela?
2.4. Legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela
23. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
15 Sentencia T-1015/2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
16 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
17 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
18 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
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fundamentales; en el mismo sentido lo reguló el Decreto 2591 de 1991 19, que
dispuso:
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
24. La Corte Constitucional20 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela se refiere, así:
«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 199721, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de
tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 201022, reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).
Asimismo, en la sentencia T-176 de 201123, este Tribunal indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 201624, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre
que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio,
a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales.
Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 201625, esta Corporación reiteró que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y
constituye un presupuesto procesal de la demanda.
19 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
20 Sentencia T-511 de 2017. MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
21 MP Antonio Barrera Carbonell.
22 MP Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
23 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
25 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
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6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-
452 de 200126, T-372 de 201027, y la T-968 de 201428, este Tribunal estableció que se
encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la
manifestación que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que,
en efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para
interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda
deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado
de solicitar el amparo constitucional.
En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201529, reiterada en la T-
467 de 201530, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de
especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la
prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.
En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del
fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».
25. Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen cuatro vías
procesales para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado; ii) a
través de representante legal o de apoderado judicial; iii) por medio de agente
oficioso; y iv) por conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.
2.5. Análisis de la Sala
26. Alberto Alfonso Meneses Manotas acudió al juez de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin
efectos la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, en el expediente de tutela identificado con el
radicado 11001031500020250182800.
27. Con relación a lo anterior, entonces, es necesario evaluar si Alberto Alfonso
Meneses Manotas tiene la titularidad para reclamar sobre el amparo de sus
derechos fundamentales con fundamento en la sentencia proferida en un asunto
constitucional que le es ajeno, según se pudo corroborar de la revisión del
expediente cuestionado, y del que no acreditó interés alguno.
28. Según lo manifestado en el escrito de tutela, la Sala aclara que, en el
presente proceso de tutela Alberto Alfonso Meneses Manotas no cuenta con
legitimación para actuar en nombre propio y tampoco en representación de algún
sujeto procesal del trámite de tutela en cuestión, pues, no alegó ni acreditó un motivo
por el que estos últimos no estén en condiciones de actuar de forma directa en
defensa de sus derechos fundamentales.
26 MP Manuel José Cepeda Espinosa.
27 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
28 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
29 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
30 MP Jorge Iván Palacio Palacio.
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Radicado: 11001-0315-000-2025-06416-00
Demandante: Alberto Alfonso Meneses Manotas
29. Observa esta Sala que, conforme a lo expuesto, en caso de haberse
vulnerado los derechos fundamentales de la parte demandada en el proceso
constitucional cuestionado, la titularidad de los derechos no corresponde a Alberto
Alfonso Meneses Manotas, por lo que no está llamado a discutir sobre el interés
jurídico ventilado en ese proceso, evidenciándose su carencia de legitimación en la
causa por activa.
30. Asimismo, no sobra advertir que el referido trámite constitucional se
encuentra en curso, comoquiera que está pendiente de pronunciamiento la
impugnación presentada en contra de la sentencia de primera instancia.
31. Ahora bien, respecto a la reiteración de la solicitud de medida cautelar
presentada por el demandante, en concordancia con lo expuesto en esta
providencia, al carecer de legitimación por activa, por sustracción de materia la Sala
se abstiene de pronunciarse al respecto.
3. Decisión
32. En este orden de ideas, la Sala declarará la falta de legitimación en causa
por activa de Alberto Alfonso Meneses Manotas, en la solicitud de tutela presentada
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el presidente de la
República y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar las solicitudes de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación, Agencia Nacional del Espectro, RCN Televisión SA y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Segundo. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Alberto Alfonso
Meneses Manotas, en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, el presidente de la República y la Comisión
de Regulación de Comunicaciones.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Radicado: 11001-0315-000-2025-06416-00
Demandante: Alberto Alfonso Meneses Manotas
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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