Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06544-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06544-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06544-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06544-01
Accionante: Luis Arturo Fontecha Camacho.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.
Tema: Derechos: libertad de expresión, opinión e información veraz e
imparcial. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 27 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa.
ANTECEDENTES
El señor Luis Arturo Fontecha Camacho, en nombre propio y diciendo actuar en
representación de “la audiencia nacional de medios televisivos y radiales e
indeterminada de ciudadanos”, promovió acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la
información veraz e imparcial; que considera vulnerados por la sentencia con fecha
16 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Tercera – Subsección B del
Consejo de Estado dentro del trámite de la acción de tutela bajo radicado 11001-
03-15-000-2025-01828-00.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que en octubre de 2025 la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001-03-15-000-2025-01828-00, profirió una decisión que
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resolvió parcialmente una acción de tutela relacionada con el uso de - los Archivo Central.
medios
públicos de comunicación por parte del presidente de la República.
Que en dicha providencia el Consejo de Estado restringió el uso de los medios
públicos estatales, en especial de los canales nacionales de televisión, para la
emisión de alocuciones presidenciales y mensajes institucionales, bajo el
argumento de preservar la neutralidad informativa; generando un efecto de censura
indirecta, porque reduce la difusión de información gubernamental de interés
general a través de los medios públicos de comunicación.
Que la restricción impuesta afecta la democracia participativa, el pluralismo
informativo y la libertad de las personas para elegir las fuentes y canales a los que
desean acceder.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia,
se ordene a «las entidades competentes (RTVC, CRC, Presidencia de la República)
adoptar medidas correctivas que garanticen el pluralismo y equilibrio informativo».
Disponer el levantamiento de cualquier restricción derivada del fallo impugnado e
impartir órdenes estructurales para asegurar la transparencia, pluralidad informativa
y prohibición de censura previa en los medios estatales.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 23 de octubre de 2025, el consejero sustanciador de primera instancia admitió la
acción de tutela; dispuso vincular al presidente de la República, a la Presidencia de
la República, al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, a la Agencia Nacional del Espectro, a
RTVC Sistema de Medios Públicos, a los canales de televisión RCN, Caracol y Uno,
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Fiscalía General de la
Nación, a los señores Nelson Augusto Martínez Bolaño, Mauricio Aragón Sinisterra,
Mauricio Trujillo Riascos, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Sandra Patricia Mancipe
Mesa, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo y María Leonor Villamizar Corzo, como
terceros con interés en el resultado del proceso y dispuso las notificaciones
correspondientes
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó que la
providencia cuestionada y el expediente de tutela contienen los argumentos y
elementos necesarios para que se tome la decisión que en derecho corresponda.
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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS - Archivo Central.
La Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional del Espectro – ANE
manifestaron falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que no tienen
competencia sobre los asuntos planteados por el actor, dado que las materias
relacionadas con contenidos televisivos, alocuciones presidenciales o
autorizaciones previas corresponden al Ministerio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por tal razón,
solicitó su desvinculación.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC señaló que ha adoptado
medidas orientadas a asegurar el ejercicio equilibrado y responsable de las
alocuciones presidenciales, evitando un uso desproporcionado del servicio público
de televisión y garantizando que las transmisiones se ajusten a los parámetros de
pluralismo informativo establecidos por el Consejo de Estado.
Radio Televisión Nacional Colombiana S.A.S. – RTVC manifestó que apoya la
acción de tutela promovida por el accionante, debido a que la providencia
cuestionada afecta de manera directa las competencias institucionales y la misión
pública asignadas como operador del servicio público de televisión.
El presidente de la República solicitó acceder a las pretensiones de la acción de
tutela, afirmando que la autoridad accionada incurrió en un exceso de competencia
judicial, al imponer un control previo a las alocuciones presidenciales por intermedio
de la CRC.
Agregó que la orden impugnada somete una función constitucional esencial del
presidente, dirigirse a la Nación, a un filtro administrativo de oportunidad o
conveniencia, lo que constituye un mecanismo de censura previa, contrario al
estándar de responsabilidad posterior que rige la libertad de expresión y que afecta
la colaboración armónica entre poderes públicos.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC
solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que carece de
competencia para atender las pretensiones formuladas. Indicó que no participó en
la decisión cuestionada y no posee facultades para ejercer control previo o análisis
de contenido sobre alocuciones presidenciales.
RCN Televisión S.A. solicitó su desvinculación procesal, afirmando que la acción
de tutela se dirige exclusivamente contra la decisión de la autoridad accionada y no
contra ese medio de comunicación. Señaló que no existe actuación u omisión suya
que constituya una vulneración de derechos fundamentales del actor.
Plural Comunicaciones S.A.S. – Canal 1 solicitó su desvinculación del trámite, al
considerar que no existe acción u omisión atribuible a la entidad que pueda constituir
una vulneración de derechos fundamentales. Señaló que actúa en el marco legal
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del servicio público de televisión y que, por tanto, no puede ser responsabilizada por
decisiones que competen de manera exclusiva a la autoridad regulatoria.
Caracol Televisión S.A. expresó que el accionante carece de legitimación en la
causa por activa y que, al dirigirse la acción contra un fallo de tutela, no se satisfacen
los requisitos de procedencia fijados para este tipo de acciones. Solicitó negar el
amparo por improcedente.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 27 de noviembre
de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación activa
del señor
Advirtió que el señor Fontecha no actuó como parte procesal dentro del trámite de
tutela identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-01828-00, en el cual se
profirió la sentencia del 16 de septiembre de 2025 objeto de cuestionamiento y que
únicamente los sujetos procesales del trámite original están legitimados para
cuestionarla, por ser quienes resultarían eventualmente afectados por la decisión.
Señaló que el actor tampoco cumplió los requisitos para actuar como agente
oficioso, por cuanto no manifestó tal calidad ni acreditó imposibilidad alguna de los
supuestos titulares de los derechos para promover por sí mismos la acción de tutela.
Precisó que el escrito de tutela incluía afirmaciones relativas a la representación de
una audiencia nacional de medios televisivos y radiales y de ciudadanos
indeterminados, sin que existiera demostración que habilitara al actor para intervenir
en nombre de dichos terceros.
Finalmente, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por varios vinculados
al considerar que todos participaron en el proceso que originó la sentencia
cuestionada y, por tanto, conservaban interés en la decisión constitucional.
IMPUGNACIÓN
El accionante señaló que la decisión desconoció que comparece en nombre propio
como titular inmediato del derecho fundamental a recibir información veraz,
imparcial y plural previsto en el artículo 20 de la Constitución Política, derecho que
estima directamente afectado por las restricciones fijadas en la sentencia
cuestionada.
Indicó que su legitimación también se deriva de su condición de integrante de la
audiencia nacional de los medios públicos, por tratarse de un derecho comunicativo
de doble dimensión, emisión y recepción, cuya afectación habilita a cualquier
miembro del público a acudir a la tutela y además, actúa en representación de un
grupo plural e indeterminado de ciudadanos, conforme al artículo 10 del Decreto
2591 de 1991, por existir una afectación uniforme que imposibilita la comparecencia
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individual de los titulares. - Archivo Central.
Alegó que la sentencia desconoció esta habilitación y aplicó de manera restrictiva
la jurisprudencia sobre representación en tutela, incurriendo en un error al concluir
que su actuación carece de legitimación oficiosa, pues no pretendió actuar como
agente oficioso, sino como titular directo del derecho invocado y como miembro de
la audiencia afectada.
Afirmó que la sentencia de primera instancia avaló restricciones que afectan el
acceso ciudadano a información institucional y eliminó la posibilidad de examinar
las limitaciones impuestas al uso de los medios públicos de comunicación.
Solicitó revocar la decisión impugnada, declarar procedente la acción de tutela y
amparar el derecho fundamental a informar y ser informado, dejando sin efectos las
medidas que limitan la difusión de información pública institucional.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar - Archivo Central.
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. [...].
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...]
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.» [Negrillas fuera del texto original]
Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 20155, la Corte Constitucional consideró
que en los siguientes casos procede la acción de tutela contra fallos de tutela:
«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
Así las cosas, por regla general no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, frente a esta regla existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta,
la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial,
es preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva
solicitud de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás
requisitos de procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.
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• Archivo Central.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el accionante considera que la Sección Tercera Subsección B del
Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental a recibir información veraz,
imparcial y plural, al proferir la sentencia del 16 de septiembre de 2025 imponiendo
restricciones al uso institucional de los medios públicos de comunicación.
Frente a la decisión de primera instancia, alega que sí está legitimado en la causa,
pues está defendiendo sus derechos a la información y comunicación y, en relación
con la audiencia que dice representar, indica que igualmente está legitimado
conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, alega que no se
trata de una agencia oficiosa, lo cual resulta en un contrasentido, pues de ninguna
manera acredita dicha representación.
Significa que le asiste razón al Juez constitucional de primera instancia, al
determinar que el señor Fontecha Camacho no fue partícipe en el proceso de acción
de tutela que culminó con la sentencia que aquí cuestiona y tampoco está legitimado
para representar a la «Audiencia Nacional de Medios Televisivos y Radiales e
Indeterminada de Ciudadanos».
Por otra parte, obsérvese que el actor dice reclamar la protección de sus derechos
propios a la información, comunicación veraz y demás, cuestionando una sentencia
de tutela, en la que no fue parte y sin que en su cuestionamiento cumpla con los
requisitos establecidos por la jurisprudencia.
No expresa el actor ni sustenta de manera alguna los supuestos errores en los que
habría incurrido la providencia cuestionada, ni la manera como esa sentencia podía
constituir una cosa juzgada fraudulenta. Tampoco de lo expuesto, evidencia la Sala
elementos que permitan realizar un estudio de validez de la decisión de la Sección
Tercera Subsección B, cuya invalidez se pretende.
Así las cosas, se confirmará la sentencia objeto de impugnación, por las razones
expuestas por la primera instancia y adicionalmente, porque no se satisfacen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
y específicamente tratándose de acción de tutela contra una sentencia de la misma
naturaleza.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2025 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
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motiva de esta providencia. - Archivo Central.
Segundo: Notificar, por secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firma electrónica
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firma electrónica
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firma electrónica
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