Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06416-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06416-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06416-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06416-01
Demandante: Alberto Alfonso Meneses Manotas
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otros
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia dictada en un proceso de
la misma naturaleza. Transmisión de las alocuciones
presidenciales. Legitimación activa en la causa.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia proferida el 26 de noviembre de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción
de tutela por falta de legitimación en la causa por activa.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 14 de octubre de 2025, la parte actora presentó una acción de tutela con
el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la libertad
de expresión, información, participación política y «pluralismo informativo», los
cuales fueron presuntamente transgredidos por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro del trámite de tutela No. 11001-03-15-000-
2025-01828-00.
2. A título de amparo, solicitó que se suspendieran los efectos de la Sentencia
de 16 de septiembre de 2025, en cuanto impuso controles previos al contenido de
las alocuciones presidenciales; se ordenara a la Comisión de regulación de las
Comunicaciones (CRC) abstenerse de impedir o condicionar la emisión de
alocuciones presidenciales por razones de contenido o valoración previa y, se
exhortara a la Presidencia de la República para que continúe informando
directamente al país dentro del marco del respeto constitucional y sin censura.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
relató que, el 27 de marzo de 2025, Augusto Martínez Bolaño y otros1 interpusieron
acción de tutela contra el presidente de la República y la Presidencia de la
República, con el propósito de proteger su derecho fundamental a la información, el
cual consideraron vulnerado derivado de las transmisiones de las alocuciones
presidenciales a través de canales públicos y privados de televisión.
1Mauricio Aragón Sinisterra, Mauricio Trujillo Riascos, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Sandra Patricia
Mancipe Mesa.
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4. El 16 de septiembre de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado amparó el derecho fundamental a la información y, entre otras2,
le ordenó al presidente de la República y a la Presidencia de la República ajustar
las alocuciones televisadas a criterios estrictos de urgencia, excepcionalidad y
limitación temática y temporal; dispuso que la CRC controle, autorice o impida
dichas transmisiones cuando no cumplan esos parámetros, publique informes
posteriores y expida antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio
integral; finalmente, encargó a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría
del Pueblo el seguimiento y verificación del cumplimiento de la sentencia.
5. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que, en la
práctica, las órdenes impartidas en la Sentencia de 16 de septiembre de 2025 le
otorgaban a una entidad administrativa el poder de decidir qué podía o no podía
comunicar el presidente, lo cual configuraba una censura previa prohibida por el
artículo 20 de la Constitución. En ese sentido, manifestó que, como ciudadano
colombiano, tenía derecho a recibir directamente información pública e institucional
del presidente de la República, sin intermediación ni filtrado por órganos
administrativos.
6. Asimismo, afirmó que la medida cuestionada afectaba el principio
democrático de publicidad y rendición de cuentas, pues impedía que la máxima
autoridad del Ejecutivo comunicara sus decisiones directamente a la ciudadanía. En
consecuencia, consideró que la actuación conjunta del Consejo de Estado y de la
CRC vulneraba los derechos fundamentales invocados.
7. Finalmente, precisó que la CRC, mediante comunicado oficial de 8 de
octubre de 2025, les exigió a los operadores y canales de televisión la remisión de
información relacionada con sus políticas editoriales, procesos de decisión y
mecanismos de separación entre información, opinión y publicidad.
8. Señaló que, aunque se alegó que dicha actuación se adelantó conforme a
las Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019, tales exigencias configuraban, en realidad,
un control previo sobre contenidos informativos, incompatible con los estándares
fijados en la Sentencia C-010 de 2000 de la Corte Constitucional, que prohibía toda
forma de censura administrativa. Con ello, reiteró que el referido requerimiento
ampliaba el contexto de censura institucional, en la medida en que establecía
2 «Ordenar a la CRC que cada vez que el Presidente de la República y la Presidencia de la República decidan
realizar una intervención o alocución a través de la televisión, tanto en los canales públicos de televisión,
administrados por RTVC, como en los canales privados, en el canal Uno y en los canales locales, regionales y
comunitarios, verifique el cumplimiento de los criterios mencionados en el ordinal sexto de la parte resolutiva de
esta providencia y que, en caso de que los incumpla, impida su realización, de conformidad con los motivos
expresados. La determinación en uno u otro sentido deberá hacerla pública. Adicionalmente, deberá rendir un
informe público en un medio de fácil acceso para la ciudadanía, dentro de los 2 días siguientes a la realización
de cada alocución presidencial, en el que evalúe si su desarrollo se adecuó a los criterios de urgencia y
excepcionalidad en garantía del pluralismo informativo.
Ordenar a la CRC que, a más tardar el 31 de diciembre de 2025, adopte el marco regulatorio necesario para
garantizar real y eficazmente el pluralismo informativo, a través de los canales públicos y privados de televisión,
del Canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, para el cual deberá tener
en cuenta los criterios fijados en esta providencia, lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y la Sentencia C-1172
de 2011 de la Corte Constitucional. En ese marco regulatorio deberá incluir los controles previo, concomitante
y posterior, con base en los lineamientos fijados en la parte motiva de esta sentencia. Lo anterior, sin perjuicio
de las demás órdenes dictadas con el fin de amparar el derecho a la información de los accionantes, cuyo
cumplimiento es inmediato.»
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condiciones y advertencias que afectaban el ejercicio previo e independiente de la
función periodística y comunicacional del Estado, incluidas las alocuciones
presidenciales.
Intervenciones3
9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que
la providencia cuestionada y el respectivo expediente de tutela contenían los
elementos necesarios para que el juez constitucional adoptara la decisión
correspondiente.
10. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pidió
que se le desvinculara del trámite de tutela, tras alegar la falta de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto no participó en los hechos que dieron lugar a la acción.
Precisó que carecía de competencia para cumplir eventuales órdenes que pudieran
emitirse dentro del proceso, en caso de que se encontraran vulnerados los derechos
fundamentales invocados por el hoy accionante.
11. Caracol Televisión SA solicitó que se negara la solicitud de amparo, tras
considerar que no se había vulnerado ni existía posible vulneración de derecho
alguno del hoy accionante ni de ninguna otra persona comoquiera que la Sentencia
de 16 de septiembre de 2025 no impuso una obligación de consumo, sino que había
garantizado la existencia de una oferta plural y accesible de información, sin excluir
las demás alternativas informativas disponibles. Indicó que, dicha decisión se
profirió en cumplimiento del mandato constitucional de asegurar la libertad de
expresión, el derecho a recibir información veraz e imparcial y la diversidad
informativa en una sociedad democrática.
12. RCN Televisión SA indicó que no existía, ni en concreto ni en abstracto,
vulneración de derecho fundamental alguno de la parte actora. En consecuencia,
solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela, por cuanto esta se dirigía contra
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y no contra ese medio
de comunicación.
13. La CRC solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por
activa respecto de la primera pretensión de la solicitud de amparo y, adicionalmente,
que se declarara improcedente la acción de tutela, en la medida en que tenía por
objeto controvertir una decisión de la misma naturaleza.
14. Asimismo, manifestó que, en todo caso, no había vulnerado por acción u
omisión los derechos invocados en el escrito. Por el contrario, sostuvo que cumplió
cabalmente las funciones que le fueron asignadas, toda vez que las medidas
adoptadas con ocasión de la decisión judicial estaban dirigidas a asegurar un
3 Mediante Auto de 17 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el presidente de la República y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, y vinculó al Ministerio de Tecnologías de la Información, a la Agencia Nacional del Espectro,
a RTVC Sistema de Medios Públicos, a la Fiscalía General de la Nación, a RCN Televisión, Caracol Televisión,
y a Nelson Augusto Martínez Bolaño, Mauricio Aragón Sinisterra, Mauricio Trujillo Riascos, Sandra Patricia
Mancipe Mesa, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y María Leonor Villamizar Corzo.
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ejercicio equilibrado y responsable de las alocuciones presidenciales, evitando el
uso desproporcionado del medio y garantizando que la transmisión se enmarcara
en los parámetros del pluralismo informativo determinados por el Consejo de
Estado.
15. La RTVC Sistema de Medios Públicos apoyó la acción de tutela presentada
por el hoy accionante, tras considerar que la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, al proferir la Sentencia de 16 de septiembre de 2025, había
incurrido en vicios que trascendían el ámbito meramente legal y comprometían de
forma directa derechos fundamentales. Afirmó que se configuró un defecto
sustantivo derivado de una indebida interpretación normativa, por cuanto se
desarticuló el principio de pluralismo informativo del derecho fundamental a la
libertad de información, ambos consagrados en el artículo 20 de la Constitución
Política.
16. Sostuvo que los derechos fundamentales fueron interpretados de manera
aislada, como si se tratara de esferas independientes, con lo cual se omitió su
carácter complementario y funcional dentro del sistema democrático. Indicó que,
dicha interpretación fragmentada no solo contrariaba la jurisprudencia reiterada de
la Corte Constitucional, sino que además alteraba el sentido material del derecho a
la información, cuyo alcance comprendía tanto la emisión como la recepción de
información veraz, imparcial y de interés general.
17. La Agencia Nacional del Espectro (ANE) solicitó que se verificaran los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, pues no se cumplían, en la
medida en que el hoy accionante disponía de otros mecanismos para la protección
de sus derechos. En ese contexto, pidió que se le desvinculara del trámite
constitucional, por cuanto su competencia se circunscribía exclusivamente a
asuntos relacionados con el uso del espectro radioeléctrico, esto es, a la
identificación de los sujetos autorizados para hacer uso este o de aquellos que, sin
autorización, lo utilizaran de manera ilegal.
18. La Fiscalía General de la Nación alegó la falta de legitimación en la causa
por pasiva dentro de la acción de tutela, tras señalar que no se le podía atribuir
vulneración alguna de los derechos invocados. Asimismo, sostuvo que no incurrió
en alguna acción u omisión que diera lugar a la presunta afectación y que, en todo
caso, no estaba en capacidad de adoptar medida alguna encaminada a cesar la
supuesta violación o a reforzar la protección solicitada por la parte accionante.
19. La Presidencia de la República coadyuvó la posición de la parte actora y,
en tal sentido, solicitó que se declarara procedente la acción de tutela, por cuanto
cumplía los requisitos generales de procedibilidad y, en ese sentido, que se
accediera a las pretensiones formuladas. Asimismo, señaló que el hoy accionante
no fue vinculado al proceso de tutela (2025-01828-00) y que, por tanto, no pudo
alegar la vulneración de sus derechos pese a verse directamente afectado por la
decisión adoptada en dicho trámite.
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20. Afirmó que el fallo carecía de sustento fáctico concreto, en la medida en que
se fundamentó en un análisis general y abstracto, lo cual desbordaba el carácter
inter partes propio de la acción de tutela. Señaló que, tal circunstancia evidenciaba
un uso indebido del mecanismo constitucional, pues se otorgaron efectos inter
comunis sin justificación ni competencia para ello, desconociendo su naturaleza
excepcional y específica, al tiempo que se emitieron órdenes dirigidas a la Comisión
de Regulación de Comunicaciones (CRC) con el propósito de que verificara el
cumplimiento de los criterios fijados en la sentencia respecto de las intervenciones
o alocuciones del presidente de la República.
21. Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Sandra Patricia Mancipe Mesa estimaron
que la acción de tutela resultaba a todas luces improcedente, por cuanto no
satisfacía los requisitos generales exigidos para la procedencia de la tutela contra
providencia judicial, ni los supuestos excepcionalísimos que habilitarían su trámite
cuando se dirigía contra una decisión de la misma naturaleza. Sostuvieron que los
reproches expuestos por el accionante no cumplían una carga argumentativa
mínima que permitiera abordar el estudio de los planteamientos formulados, pues
no desarrollaba los requisitos especiales de procedencia ni acreditaba la
configuración de fraude en la decisión cuestionada, sino que se limitaba a expresar
su inconformidad con lo resuelto en la Sentencia de 16 de septiembre de 2025
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
22. Asimismo, afirmaron que la cosa juzgada fraudulenta solo podría
configurarse una vez feneciera el término para que la Corte Constitucional
seleccionara la sentencia para revisión, ya que únicamente a partir de ese momento
el fallo de tutela adquiría tránsito a cosa juzgada en caso de no ser escogido. En
consecuencia, indicaron que tal presupuesto constituía un requisito indispensable
para la procedencia de una tutela contra una providencia de la misma naturaleza,
circunstancia que no se encontraba acreditada en el asunto bajo examen.
23. El Nelson Augusto Martínez Bolaño, Mauricio Aragón Sinisterra, Mauricio
Trujillo Riascos y María Leonor Villamizar Cozo, pese a que fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.
Sentencia impugnada
24. El 26 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró la falta de legitimación en la causa por activa, tras
considerar que, el señor Meneses Manotas, no contaba con legitimación para actuar
en nombre propio ni en representación de alguno de los sujetos procesales del
trámite de tutela (2025-01828-00). En efecto, advirtió que no alegó ni acreditó
circunstancia alguna que explicara por qué estos últimos no se encontraban en
condiciones de ejercer directamente la defensa de sus derechos fundamentales.
25. Asimismo, precisó que, en caso de que se hubieran vulnerado los derechos
fundamentales de la parte demandada dentro del proceso constitucional
cuestionado, la titularidad de tales derechos no recaía en el hoy accionante, razón
por la cual no estaba llamado a debatir el interés jurídico ventilado en ese trámite.
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De igual manera, recordó que el referido proceso constitucional aún se encontraba
en curso, pues estaba pendiente de decisión la impugnación formulada contra la
sentencia de primera instancia.
26. Finalmente, negó las solicitudes de desvinculación de la Fiscalía General
de la Nación, ANE, RCN Televisión SA y el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones tras aclarar que, la vinculación fue en calidad de
tercero con interés, al ser las entidades vinculadas dentro del expediente en
cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción.
Asimismo, en relación con la reiteración de la solicitud de medida cautelar, señaló
que, en concordancia con lo expuesto y ante la ausencia de legitimación por activa,
se abstenía de emitir pronunciamiento al respecto por sustracción de materia.
Impugnación
27. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, tras manifestar que
no compartía las consideraciones expuestas, por cuanto se incurrió en un error en
la interpretación de la legitimación por activa. Precisó que no estaba actuando en
representación del presidente de la República ni había invocado la figura de la
agencia oficiosa, sino que estaba reclamando la protección de derechos
fundamentales propios.
28. Sostuvo que, si bien la Sentencia de 16 de septiembre de 2025 provenía de
una acción de tutela, lo cierto era que imponía criterios obligatorios y previos a toda
alocución presidencial y le otorgaba a la CRC la facultad de impedir transmisiones
por razones de contenido, lo que afectaba a toda la ciudadanía y no únicamente a
las partes del proceso. Afirmó que tal circunstancia transformaba una tutela inter
partes en un acto materialmente normativo, lo cual sí lo legitimaba como ciudadano,
en la medida en que generaba efectos que invadían la separación de poderes,
ámbito cuya regulación correspondía exclusivamente a la rama legislativa.
29. Finalmente, señaló que la decisión configuraba una forma de censura previa
prohibida por la Constitución, pues se permitió que una autoridad administrativa
«valorara previamente la “razón suficiente”, decidiera si una alocución era
“recurrente” e impidiera su emisión».
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia4.
4 Es preciso señalar que, el 27 de febrero de 2026, el consejero Juan Camilo Morales Trujillo se manifestó
impedido para conocer del proceso de la referencia, pues consideró que estaba incurso en la causa de
impedimento establecida en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. No obstante, el 5
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Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia de la misma naturaleza,
entre ellos el de legitimación, si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor Meneses
Manotas con ocasión de la Sentencia de tutela de 16 de septiembre de 2025.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
32. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, por cuanto no se acreditó la legitimación activa en
la causa, de conformidad con lo que a continuación se expone:
33. Según el accionante, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, información,
participación política y «pluralismo informativo» al proferir la Sentencia de 16 de
septiembre de 2025 mediante la cual impuso restricciones al uso institucional de los
medios públicos de comunicación dirigidas al presidente de la República y a la
Presidencia de la República.
34. Revisado el expediente del trámite de tutela (2025-01828-00) adelantado
por la autoridad judicial, se constató que el accionante no figura como parte dentro
del proceso, ni ostentó la calidad de coadyuvante ni de tercero con interés directo
en la controversia. En consecuencia, no le asiste titularidad para promover la
presente acción de tutela, toda vez que este mecanismo está diseñado para la
protección de derechos fundamentales de personas que acrediten un interés
directo, particular y concreto frente a la situación jurídica debatida, producto de una
providencia judicial concreta. Máxime cuando sus argumentos se limitaron a
expresar inconformidad con la protección de amparo concedida y las órdenes
impartidas en relación con las transmisiones de las alocuciones presidenciales a
través de canales públicos y privados de televisión, sin aportar elementos que
evidenciaran una actuación dolosa o fraudulenta que afectara la validez de la
decisión judicial objeto de reproche.
35. En esa medida, la ausencia de legitimación en la causa por activa impide
reconocer en el accionante una afectación real o inmediata derivada del trámite
judicial cuestionado. No basta con manifestar una inconformidad o un interés
meramente moral o social sobre el desarrollo y las decisiones impartidas en el
proceso, pues la acción de tutela exige demostrar un vínculo cierto entre la
actuación judicial y la presunta vulneración alegada. Permitir que terceros sin interés
directo acudan a este mecanismo excepcional desnaturalizaría su finalidad
protectora, convirtiéndolo en un instrumento abstracto de revisión de decisiones
judiciales, lo cual contraviene su carácter personal, concreto y residual. En otras
de marzo de 2026, la Sala Mayoritaria de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
declararon infundado el impedimento manifestado toda vez que el señor Ortiz Mancipe no era parte demandante
ni demandado dentro del trámite de tutela, por lo que no se configura la causa de impedimento invocada.
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Demandante: Alberto Alfonso Meneses Manotas
palabras, la acción de tutela no constituye un mecanismo de control abstracto de
decisiones judiciales, sino un medio de protección concreta de derechos
fundamentales de titularidad individual.
36. En conclusión, la Sala estima que no se acreditó la legitimación por activa
en la causa de la presente acción de tutela, razón por la cual confirmará la decisión
de improcedencia adoptada en primera instancia por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 26 de noviembre de 2025 de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por Alberto Alfonso Meneses Manotas.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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