Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06545-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06545-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06545-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06545-00
Demandante: Javier Arroyo Hernández
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Temas: Tutela contra providencia de la misma naturaleza
Decisión: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Javier Arroyo Hernández, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Javier Arroyo Hernández promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental de «Acceso a la Información pública», el cual
consideró vulnerado con ocasión de la sentencia de tutela proferida el 16 de
septiembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en
el expediente constitucional identificado con el radicado
11001031500020250182800.
2. De acuerdo con las actuaciones registradas en Samai y el fundamento de la
solicitud de amparo, la situación fáctica es la siguiente:
2.1. Nelson Augusto Martínez Bolaño y otros2 presentaron solicitud de tutela en
contra de la Presidencia de la República con la finalidad de proteger su derecho
fundamental a la información, el cual consideraron vulnerado con ocasión de las
transmisiones de las alocuciones presidenciales, a través de canales públicos y
privados de televisión.
1 Visible en índice 2 de Samai, archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua
2».
2 Miguel Uribe Turbay, Mauricio Aragón Sinisterra junto con Mauricio Trujillo Riascos y Samuel
Alejandro Ortiz Mancipe junto con Sandra Patricia Mancipe Mesa.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06545-00
Demandante: Javier Arroyo Hernández
2.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 16
de septiembre de 2025 tuteló el derecho fundamental invocado y, entre otras,
ordenó que «cada una de las intervenciones o alocuciones que realice el jefe de Estado,
tanto en los canales públicos de televisión, administrados por RTVC, como en los canales
privados, en el canal Uno y en los canales locales, regionales y comunitarios, atienda a los
siguientes criterios: 1) la alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo
que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes. 2) La alocución
presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. 3) La
alocución debe ser limitada temática y temporalmente».
2.3. Asimismo, «a la CRC que, a partir de la notificación de esta sentencia y cada vez
que el Presidente de la República y la Presidencia de la República decidan realizar una
intervención o alocución a través de la televisión, tanto en los canales públicos de televisión,
administrados por RTVC, como en los canales privados, en el canal Uno y en los canales
locales, regionales y comunitarios, verifique el cumplimiento de los criterios mencionados
en el ordinal sexto de la parte resolutiva de esta providencia y que, en caso de que los
incumpla, impida su realización, de conformidad con los motivos expresados». En contra
de esta decisión la parte demandada y terceros con interés presentaron
impugnación y aclaración.
2.4. Se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto se ignoró que, las
alocuciones presidenciales y los consejos de ministros televisados se consideraban
un medio esencial de acceso a la información pública, reconocido por convenciones
y leyes nacionales como un derecho fundamental, el cual permitiría a los ciudadanos
participar en asuntos políticos, supervisar la gestión estatal y fortalecer la
gobernabilidad democrática.
2.5. El acceso a la información pública fortaleció la eficiencia del Estado, la
transparencia y la rendición de cuentas, al permitir supervisar el manejo de recursos
y la protección de derechos individuales. También contribuyó a combatir la
corrupción, al revelar abusos y errores en la gestión pública. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la actuación estatal debía
regirse por publicidad y transparencia, lo cual garantizaría el control democrático de
la ciudadanía.
2.6. Por el contrario, la supuesta causa petendi de los cinco demandantes se
centró en las alocuciones presidenciales que constituyeron una comunicación
unidireccional y no podían representar por sí mismas el pluralismo informativo.
Menos aún podía considerarse que su emisión vulnerara los principios del servicio
público de televisión, como se afirmó peyorativamente al sugerir que se trataba de
un instrumento de difusión política.
2.7. Finalmente, la legitimación en la causa por activa deviene de que cualquier
persona cuyos derechos fundamentales se vean amenazados o vulnerados puede
interponer una solicitud de tutela, y en este caso, se trata de los derechos a la
información veraz e imparcial y al acceso a la información pública. Razón por la
cual, el asunto trascendió de la simple disputa legal entre las partes originales.
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Demandante: Javier Arroyo Hernández
1.1.1. Pretensiones
3. Si bien el demandante no indicó de manera expresa una pretensión, lo cierto
es que, con fundamento en la situación fáctica expuesta y la medida provisional
solicitada, se entiende que la misma se dirige a dejar sin efectos la sentencia
proferida el 16 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en el expediente constitucional identificado con el radicado
11001031500020250182800.
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. Caracol Televisión SA3 requirió que se negara lo pretendido ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues el
demandante carece de legitimación en la causa por activa. Por otra parte, el
presidente de la República si bien tiene la facultad para intervenir en la televisión en
cualquier momento, no responden a una facultad ilimitada, sino que debe revestir
verdadero interés para la colectividad y que, por su trascendencia, debe darse a
conocer de manera urgente e incluso intempestiva. Estos criterios también implican,
un uso excepcional, razonable y proporcionado del uso de la facultad presidencial
de dirigirse al público, a través de la televisión.
5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B4 manifestó que la
providencia y el expediente de tutela contienen los argumentos y elementos
necesarios para tomar la decisión que en derecho corresponda.
6. La Comisión de Regulación de Comunicaciones5 luego de hacer un
recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del trámite
constitucional, solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo
comoquiera que su finalidad era cuestionar una sentencia de tutela. No ha vulnerado
los derechos invocados por el demandante, por el contrario, ha cumplido a cabalidad
con las funciones que le han sido asignadas, con respecto de las decisiones
judiciales.
7. RCN TELEVISIÓN SA6 pretendió su desvinculación ya que la tutela está
dirigida en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. De su
parte, ha otorgado estricto cumplimiento a las solicitudes que haga la Comisión de
Regulación de Comunicaciones en materia de alocuciones presidenciales.
3 Visible en índice 22 de Samai, en actuación denominada «16_MemorialWeb_Respuesta-
20260123Respuesta(.pdf) NroActua 22».
4 Visible en índice 23 de Samai, en actuación denominada
«19CONTESTACIONDE_Contestaciontutela20(.pdf) NroActua 23».
5 Visible en índice 25 de Samai, en actuación denominada
«19_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACION202506(.pdf) NroActua 25».
6 Visible en índice 26 de Samai, en actuación denominada «27_MemorialWeb_Respuesta-
JAVIERARROYOHERNAN(.pdf) NroActua 26».
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Demandante: Javier Arroyo Hernández
8. La Agencia Nacional del Espectro7 pretendió su desvinculación ya que la
función de vigilancia y control que le otorga la ley se refiere exclusivamente a la
atribución, planificación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico, por lo que
no es de su competencia lo que se invocó como derechos vulnerados, pues ninguna
puede ser ejecutadas ni encausada a esta entidad.
9. La Fiscalía General de la Nación8 pretendió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva ante la inexistencia de una relación de
causalidad de acción u omisión de su parte, pues la actuación cuestionada no está
directamente relacionada con el ente instructor y la actuación pretendida en procura
del amparo de derechos reclamados, supera su competencia.
10. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones9
coadyuvó la petición de amparo por cuanto el numeral 6 del artículo 59 de la Ley
489 de 1998, facultó a los ministerios a participar en la formulación y ejecución de
la política del gobierno en sus áreas, así como del literal d) del numeral 2 del artículo
18 de la Ley 1341 de 2009, le asignó al MinTIC la función de apoyar al Estado en la
difusión ágil y oportuna de la información generada por los Departamentos
Administrativos.
10.1. Lo planteado por el demandante se alineó con los objetivos legales e
institucionales de esta cartera ministerial, que constituyó una problemática
constitucional clara y objetiva que afecta tanto al ciudadano que promovió el
mecanismo como a la comunidad colombiana en general.
10.2. Si bien la justificación del fallo de tutela que ordenó a la CRC expedir la
regulación sobre las alocuciones presidenciales se centró en proteger la
imparcialidad informativa y evitar la instrumentalización política de los medios, en la
práctica las restricciones resultaron excesivas frente al derecho de los ciudadanos
a recibir información directa y oportuna del presidente de la República. En particular,
con la obligación impuesta a la CRC de verificar el cumplimiento de los criterios
señalados en la sentencia e incluso impedir la transmisión de la alocución limitó el
acceso a la información.
11. La Presidencia de la República10 coadyuvó la petición de amparo y
pretendió que se declarara procedente debido a que el demandante, al no ser parte
dentro del trámite constitucional en cuestión y resultar afectado con dicha decisión
no cuenta con un mecanismo judicial para controvertir lo allí decidido. En ese
sentido, se acceda a las pretensiones de manera que se deje sin efectos la
7 Visible en índice 27 de Samai, en actuación denominada
«28_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-202506545CONTESTAC(.pdf) NroActua 27».
8 Visible en índice 28 de Samai, en actuación denominada «29_MemorialWeb_Respuesta-
20261500005461Conte(.pdf) NroActua 28».
9 Visible en índice 30 de Samai, en actuación denominada «36_MemorialWeb_Respuesta-
Contestaciontutela(.pdf) NroActua 30».
10 Visible en índice 31 de Samai, en actuación denominada
«38_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-202506545contestaci(.pdf) NroActua 31».
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Demandante: Javier Arroyo Hernández
sentencia del 16 de septiembre de 2025 debido a que las irregularidades en las que
se incurrió en el trámite, máxime cuando las facultades otorgadas a la CRC para
realizar un control previo a las alocuciones presidenciales se derivaron de un
desconocimiento del carácter inter partes que posee este tipo de amparos.
12. Radio Televisión Nacional Colombiana S.A.S.11 pretendió que se
ampararan los derechos fundamentales del demandante, comoquiera que la
sentencia del Consejo de Estado no superó el test de proporcionalidad, constituyó
una forma de censura judicial y vulneró los derechos fundamentales a la
información, la expresión y el pluralismo informativo de mi representada. Por ello,
debe revocarse el fallo de tutela impugnado y restablecerse la plena vigencia de las
alocuciones presidenciales como instrumento legítimo de comunicación pública y
garantía del derecho de los ciudadanos a ser informados.
13. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
14. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas - de la
solicitud de coadyuvancia y falta de legitimación en la causa por pasiva; iii)
determinación del problema jurídico; iv) legitimación en causa por activa en la acción
de tutela; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
15. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333
del 6 de abril de 202112 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. De la solicitud de coadyuvancia
16. En el sub examine se evidencia que la Presidencia de la República y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentaron
memoriales en los que se manifestaron su intención de coadyuvar las pretensiones
de la parte demandante.
11 Visible en índice 32 de Samai, en actuación denominada
«40_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-Contestacionaccion(.pdf) NroActua 32».
12 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela.
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Demandante: Javier Arroyo Hernández
17. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, «[…] [p]or el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]», en cuanto a
la coadyuvancia en solicitud de tutela, dispuso que «[q]uien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]».
18. En tal sentido, la Corte Constitucional ha precisado el alcance de esta figura
en los siguientes términos:
«[…] Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición
antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el
resultado del proceso13. Luego, si el juez de tutela haya acreditado el interés del tercero
o terceros intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su
vinculación sin que para el efecto se señale una forma específica para hacerlo. En este
respecto, en la sentencia T- 435 de 2006, se expuso lo siguiente:
“En sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional, interpretando
el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros ajenos a la
conculcación de los derechos fundamentales con interés en el resultado de un proceso
de tutela pueden intervenir de diferentes formas, buscando defender sus intereses”.
[…] Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la persona
o personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte dentro del
mismo pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior que establece como
fin esencial del Estado: “…facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan…”, como también la efectividad del artículo 29 de la Constitución, en lo atinente
a la garantía del derecho al debido proceso […]».14
19. En este orden de ideas, la Sala considera que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 71 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 4 del Decreto
306 de 1992, la solicitud de coadyuvancia puede presentarse en cualquier instancia
del proceso mientras no se haya proferido sentencia de única o de segunda
instancia en la que se identifique el interés que les asiste; condiciones que acreditó
la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, comoquiera que se trata de la entidad demandada y vinculada
dentro del trámite constitucional en cuestión, respectivamente.
20. En la medida en que los intervinientes expusieron las razones por las cuales
se debe acceder a las pretensiones del libelo introductorio, el interés que le asiste y
lo hizo de manera oportuna, la Sala accederá a sus solicitudes de coadyuvancia a
la parte demandante.
2.2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva
21. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
13 Corte Constitucional, sentencia T-533 del 30 de septiembre de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara.
14 Sentencia de T-349 de 2012 de la Corte Constitucional. Al respecto: consultar también: sentencia T-304 de
1996 y T-269 de 2012.
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Demandante: Javier Arroyo Hernández
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala
el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
22. La Corte Constitucional15 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva
en los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental16. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”17, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”18 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
23. La Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional del Espectro y RCN
TELEVISIÓN SA solicitaron su desvinculación del asunto al considerar que no se
les atribuyó la trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.
24. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto
fue en calidad de terceros con interés, al ser las entidades vinculadas dentro del
expediente constitucional en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de
defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
15 Sentencia T-1015/2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
16 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
17 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
18 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Javier Arroyo Hernández
2.3. Problema jurídico
20. De conformidad con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si Javier
Arroyo Hernández cuenta con legitimación en la causa por activa en la presente
solicitud de tutela?
2.4. Legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela
21. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales; en el mismo sentido lo reguló el Decreto 2591 de 199119, que
dispuso:
Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
22. La Corte Constitucional20 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela se refiere, así:
«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 199721, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de
tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 201022, reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).
Asimismo, en la sentencia T-176 de 201123, este Tribunal indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
19 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
20 Sentencia T-511 de 2017. MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
21 MP Antonio Barrera Carbonell.
22 MP Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
23 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Demandante: Javier Arroyo Hernández
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 201624, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre
que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio,
a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales.
Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 201625, esta Corporación reiteró que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y
constituye un presupuesto procesal de la demanda.
6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-
452 de 200126, T-372 de 201027, y la T-968 de 201428, este Tribunal estableció que se
encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la
manifestación que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que,
en efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para
interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda
deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado
de solicitar el amparo constitucional.
En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201529, reiterada en la T-
467 de 201530, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de
especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la
prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.
En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del
fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».
23. Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen cuatro vías
procesales para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado, ii) a
través de representante legal o de apoderado judicial, iii) por medio de agente
oficioso y iv) por conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.
2.5. Análisis de la Sala
24. Javier Arroyo Hernández acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, en el expediente de tutela identificado con el
radicado 11001031500020250182800.
24 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
25 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
26 MP Manuel José Cepeda Espinosa.
27 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
28 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
29 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
30 MP Jorge Iván Palacio Palacio.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06545-00
Demandante: Javier Arroyo Hernández
25. Con relación a lo anterior, entonces, es necesario evaluar si Javier Arroyo
Hernández tiene la titularidad para reclamar sobre el amparo de sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia proferida en un asunto constitucional
que le es ajeno y del que no acreditó interés alguno, comoquiera que no fue parte
ni intervino en el mismo.
26. Según lo manifestado en el escrito de tutela, la Sala aclara que, en el
presente proceso Javier Arroyo Hernández no cuenta con legitimación para actuar
en nombre propio y tampoco en representación de algún sujeto procesal, pues, no
se acreditó un motivo por el que estos últimos no estén en condiciones de actuar de
forma directa en defensa de sus derechos fundamentales.
27. Si bien el demandante refirió que la legitimación en la causa por activa
deviene de que vio afectados los derechos a la información veraz e
imparcial y al acceso a la información pública, lo cierto es que, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional31, el requisito de legitimación en la causa
por activa exige que el demandante sea titular del derecho fundamental
presuntamente vulnerado. Específicamente en tutelas contra providencias
judiciales, la Corte32 ha sostenido que carecen de legitimación para enjuiciar
providencias judiciales quienes no fueron parte ni terceros legitimados en el proceso
cuya decisión se reclama.
28. Observa esta Sala, que, conforme a lo expuesto, en caso de haberse
vulnerado los derechos fundamentales de la parte demandada en el proceso
constitucional, la titularidad de los derechos no corresponde a Javier Arroyo
Hernández, por lo que no está llamado a discutir sobre el interés jurídico ventilado
en este proceso. Así, es evidente que no cumple con el requisito de legitimación en
la causa por activa.
29. Asimismo, no sobra advertir que el referido trámite constitucional se
encuentra en curso, comoquiera que está pendiente de pronunciamiento la
impugnación presentada en contra de la sentencia de primera instancia.
3. Decisión
30. En este orden de ideas, la Sala declarará la falta de legitimación en causa
por activa, en la solicitud de tutela presentada por Javier Arroyo Hernández contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
31 Sentencias T-382/16, MP María Victoria Calle Correa y Sentencia T-461/21, MP. Alejandro Linares
Cantillo.
32 Sentencia SU-329/24. MP Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06545-00
Demandante: Javier Arroyo Hernández
F A L L A:
Primero. Aceptar la coadyuvancia de la Presidencia de la República y el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Segundo. Negar las solicitudes de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación, la Agencia Nacional del Espectro y RCN TELEVISIÓN S. A.
Tercero. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Javier Arroyo
Hernández, en la solicitud de tutela presentada en contra del el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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