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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02812-00

Fecha
11 de julio de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02812-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Quintero Mesa, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02812-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

11 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02812-00
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02812-00
Demandante: ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DICTADA EN OTRO PROCESO DE LA MISMA
NATURALEZA – No procede estudio de fondo porque no se cumple el requisito general de
subsidiariedad, ni se advierte que el fallo censurado hubiera sido producto de una situación
de fraude.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Fernando Quintero
Mesa contra las Secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado, la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Sexto Penal del
Circuito de Cali, el Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Control de Garantías de Cali, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y
los colegios Nuestra Señora de Fátima de Cali y de Manizales.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 13 de mayo de 2025, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa interpuso
acción de tutela contra las Secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado, la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Sexto Penal
del Circuito de Cali, el Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento
de Control de Garantías de Cali, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
y los colegios Nuestra Señora de Fátima de Cali y de Manizales, con el objeto de
que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de

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Se advierte que, el 10 de junio de 2025, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

la personalidad. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben, incluso con
posibles errores ortográficos):

TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad por el efecto inter
comnis a la igualdad con extensión de la Constitución del a Sentencia
T646/13 del MP LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, junto con
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO y JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO, del derecho a la calificación de invalidez.

Y adoptar las siguientes decisiones:

SEGUNDO.- REVOCAR las decisiones adoptadas por los jueces desde los
procesos radicados antes de semana santa al último notificado el día de hoy
vie, 9 mayo a las 8:46, acumulados como lo demuestra el correo y que fueron
impugnados y que los jueces se pusieron de acuerdo de manera flagrante a
no conceder mi derecho a la doble instancia, violados aún por la juez
JOHANA ESMUNY TATIS BAYZER JUEZ, juez del juzgado SEXTO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CALI, que denuncio por prevaricato
por acción, por desconocer los precedente jurisprudenciales citados en la
tutela que dio fallo y desconocer el derecho a la calificación, el reintegro y el
nombramiento a término indefinido de acuerdo al decreto 1335 de 2015 y la
sentencia de la Corte Constitucional, en sentencia T-871 del 2 de diciembre
de 2013, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, revocó la sentencia
denegatoria de segunda instancia proferida el 3 de julio de 2013 por el
Tribunal Administrativo del Tolima dentro de la acción de tutela promovida
en contra la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima,
Expediente No. 2013-00380, y, en su lugar, concedió el amparo de los
derechos fundamentales a la autonomía e identidad cultural de la comunidad
étnica y etnoeducadores accionantes.

(…)

TERCERO.- ORDENAR al representante legal de LA NUEVA EPS, LA IPS
CAPITOLIO, COSMITET, EL FOMAG, que dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, QUE YA SE VENCIERON,
DESDE LA SENTENCIA PROFERIDA POR LA JEUZ DEL JUZGADO 25
DE BOGOTÁ Y LA JUEZ DEL JUZGADO SEXTO DE MANIZALES, proceda
a recaudar las historias clínicas, reportes, valoraciones, exámenes médicos
periódicos; y, en general, todas las pruebas necesarias y que hagan falta,
según el Decreto 2463 de 2001 y el Manual Único de Calificación de
Invalidez para calificar cabalmente la pérdida de capacidad laboral del señor
OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA.

Para el efecto, la entidad deberá adelantar todas las prácticas médicas
necesarias con el fin de obtener un diagnóstico completo, real y actualizado
sobre la patología del accionante previamente a la calificación, analizando
la pertinencia de los exámenes de audiometría y logoaudiometría con y sin
audífonos y la cita de control con su otólogo tratante. Además, deberá
recepcionar todas aquellas historias clínicas e informes de los médicos y
terapeutas que lo han tratado, con el fin de considerarlas igualmente en el
proceso de calificación.

CUARTO. - ORDENAR al representante legal de LA NUEVA EPS, LA IPS
CAPITOLIO, COSMITET, EL FOMAG, que dentro de los tres (3) meses

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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

siguientes a la notificación de esta sentencia, QUE YA SE VENCIERON,
proceda a adelantar todos los trámites pertinentes médicos y
administrativos-, sean estos previos, del curso o posteriores al
procedimiento, para que el señor OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA,
sea calificado bajo la responsabilidad de dicha entidad, por funcionarios que
representen a la misma y según los lineamientos legales del artículo 41 de
la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias, así como teniendo
en cuenta todos los criterios técnico- científicos y éticos dispuestos por el
Manual Único de Calificación de la Invalidez y demás normas concordantes.
En todo caso, el dictamen que califique la pérdida de capacidad laboral del
accionante deberá estar listo a más tardar dentro del plazo previsto en este
numeral.

QUINTO.- ORDENAR al representante legal de LA NUEVA EPS, LA IPS
CAPITOLIO, COSMITET, EL FOMAG, que de todas las gestiones que
realice la entidad dará cuenta en forma inmediata al juez de primera
instancia, quien verificará el cumplimiento efectivo de las órdenes de
protección. En todo caso, deberá reportar el estado del proceso de
calificación del accionante, los días treinta (30) de cada mes, durante los
siguientes 3 meses.

SEPTIMO: REVOCAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA del
juzgado 16 penal y confirmada en segunda instancia del juzgado sexto
penal, por el falso testimonio en el que incurrió el representante legal de la
Institución Universitaria Antonio José Camacho, Luis Eduardo López
Ospino, para engañar a los jueces de primera y segunda instancia,
ocultando información sobre las demandas radicadas en Mayo de 2013, por
la apoderada Gloria Amparo Ramírez Quintero y que fue otorgado por
reparto a los juzgados segundo y once laboral. Quedando demostrado el
exceso de ritual Manifiesto, la vía de hecho, el prevaricato por omisión,
dilación y obstrucción al negar las pretensiones la juez del juzgado 16 penal
y sexto penal.

OCTAVO: ORDENAR AL JUEZ DEL JUZGADO SEXTO PENAL QUE
NEGÓ, las pretensiones del proceso que se apeló y conoció el Tribunal
superior de Cali, por la Magistrada Ponente Socorro Mora Insuasty, que
tuteló los derechos el 28 de julio de 2018 y que no incluyó a los terceros
demandados por la abogada Ana Lucero Muñoz, quien fue la abogada de la
defensoría del pueblo, que hizo la demanda de tutela de ese caso, a vincular
como terceros afectados como demandados a adicionar en la sentencia, la
vinculación de los procesos de procedencia de los juzgados 16 penal de la
Institución Universitaria Antonio José Camacho y que negó las pretensiones
y fue confirmada por segunda instancia, a revocar las sentencias y en su
lugar CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la seguridad
social del accionante.

NOVENO: ORDENAR AL JUEZ del juzgado cuarto de Cali, JORGE
ENRIQUE RAMIREZ MONTOYA, Juez. Que tenía que recolectar la Policía
para hacerme calificar por Sanidad de la Policía y darme de baja por la
Epilepsia Focal, que no calificó, Haga la entrega de los 54 expedientes que
tenía que recolectar como cumplimiento de su sentencia En razón y mérito
de lo expuesto, el JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE CALI (V.), con rango Constitucional,
administrando Justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la Carta
Política.

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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

2. De la confusa demanda de tutela y de los documentos aportados en el presente
expediente, se extrae que el actor se encuentra inconforme con las autoridades
judiciales que han conocido de las múltiples demandas ordinarias y acciones
constitucionales por él instauradas, en tanto, a su juicio, han incurrido en «falsa
temeridad». Para ello, mencionó los siguientes procesos: 11001-03-15-000-2020-
02500-00, «2021-0009-00», «11502067600106021222», «76001-3118006-2014-
00023-00», «76001310500220130037100», «76001-3118-006-2018-00018-00».

B. Trámite impartido e intervenciones

3. Mediante auto del 19 de mayo de 2025, se admitió la solicitud de amparo y
se ordenó que se notificara a los magistrados que integran la Sección Primera y
Cuarta del Consejo de Estado, así como a los que integran la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a los titulares del Juzgado Sexto Penal
del Circuito de Cali y del Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Cali, a los rectores de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas y de los colegios Nuestra Señora de Fátima de Cali y de Manizales, como
parte accionada, y, como terceros con interés, al presidente y a las secretarias de
las secciones Segunda y Tercera del Consejo de Estado, a la defensora del Pueblo,
al ministro de Defensa Nacional, al director general de la Policía Nacional, al
superintendente nacional de Salud, al presidente de la Nueva EPS, a la directora
de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), y a los representantes legales de la Corporación de Servicios
Médicos Internacionales THEM & Cía. – COSMITET Ltda., de la Empresa de
Medicina Integral EMI S.A.S. y de la E.S.E. Hospital de Caldas.

4. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pidió que la
desvinculara del presente proceso, al considerar que las pretensiones de la tutela
no cuestionan actuación alguna adelantada por la institución educativa. Además,
solicitó que se le requiriera a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, para que aportara copia del expediente con radicado
11001-31-09015-2025-00063-01, a fin de acreditar que el señor Quintero Mesa ha
ejercido la acción de tutela en múltiples ocasiones, bajo las mismas características
fácticas y jurídicas.

5. La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado adujo que no
hay claridad sobre lo que se pretende frente a ella. Añadió que, revisados sus
archivos, encontró lo siguiente (transcripción textual):

Del correo electrónico de “oscar Fernando Quintero Mesa” el 4 de junio de
2024 se recibió, escrito dirigido al Juez Civil Municipal (reparto) en el que
instaura acción de tutela en contra de: “Accionante (sic): HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO, PRESIDENTE DEL HONORABLECONSEJO DE
ESTADO, ÁLVARO NAMÉN VARGAS, SECCIÓN SEGUNDA, Y TERCERA,
SECRETARIA DE SECCIÓN SEGUNDA MYRIAM CECILIA

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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

VIRACACHÁSANDOVAL, MARIA ISABEL FEULLET GUERRERO,
SECRETARIA DE SECCIÓN TERCERA Y POLICÍA NACIONAL LÍNEA
DIRECTA”.

El 8 de junio de 2020, se remite escrito del señor Óscar Fernando Quintero
Mesa a la Secretaría General del Consejo de Estado, toda vez que,
conforme al reglamento interno de esta Corporación, le corresponde el
trámite de reparto de las acciones de tutela y demás asuntos secretariales a
la anteriormente mencionada.

En la remisión antes referida y con copia al hoy accionante, se informó que
al citado “(…) tutelante se la ha dado respuesta en diferentes ocasiones,
mostrándole varias alternativas a la misma; pero él insiste que pretende
interponer la acción constitucional. (…) Por otra parte, les comunico que
seguidamente a este correo, se les enviará las respuestas emitidas por esta
dependencia, pues no quedaron en la misma secuencia de este email.”

Así mismo, de acuerdo con la petición elevada ante la Presidencia del
Consejo de Estado del 30 de abril de 2020, su respuesta le fue enviada el 8
de junio de 2020 (términos de respuesta ampliados con ocasión a la
pandemia - Decreto Ley 491 de 2020).

6. Concluyó que en múltiples oportunidades se les ha vinculado a procesos
relacionados a la parte accionante, a saber: «76001-31-03-013-2021-00055-00 -
Juzgado (13) Civil del Circuito - Valle del Cauca – Cali. b. 11001-03-15-000-2020-
02500-00 – Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo- MP.
Hernando Sánchez Sánchez, así mismo, el incidente de desacato- consulta 11001-
03-15-000-2020-02500-03. c. 17388408900120240011100 – Juzgado Promiscuo
Municipal de La Merced – Caldas».

7. Mencionó que cada una de las solicitudes presentadas por el hoy accionante
han sido tramitadas por esa Secretaría, durante más de 5 años, cuyas controversias
ya fueron zanjadas por las autoridades competentes, y «que no tienen relación con
el derecho a la igualdad que pretende el accionante le sea protegido».

8. La magistrada Socorro Mora Insuasty, integrante del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, informó que conoció, en segunda instancia, la acción de
tutela instaurada por el señor Quintero Mesa contra la Policía Nacional, la que, en
sentencia del 28 de mayo de 2018, revocó la sentencia dictada por el Juzgado
Sexto Penal del Circuito de Cali y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales
al debido proceso y habeas data (rad 006-2018-00018).

9. Dijo que, con posterioridad, el 30 de noviembre de 2023, le repartieron la
acción de tutela instaurada por el hoy accionante contra el Juzgado Cuarto Penal
del Circuito Penal del Circuito de Cali, la Nueva E.P.S y el Colegio de la Policía
NUSEFA, la cual fue negada, en fallo del 14 de diciembre de 2023 (rad. 06-2023
01652).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02812-00
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

10. La Superintendencia Nacional de Salud pidió que se le desvinculara,
porque, revisada la solicitud de amparo, no encontró reparos en su contra. Resaltó
que las llamadas a responder por las actuaciones u omisiones incurridos en sus
respectivos procesos son las autoridades judiciales accionadas.

11. El magistrado Leoxmar Benjamín Muñoz Alvear, integrante de la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, afirmó que la parte
accionante no reprochó ninguna actuación u omisión adelantada por su Despacho,
por lo que solicitó que negaran las pretensiones de la solicitud de amparo. Adujo
que el señor Óscar Fernando Quintero Mesa ha instaurado en múltiples ocasiones
solicitud de amparo que coinciden con los supuestos fácticos y jurídicos aquí
presentados (adjuntó la siguiente tabla):

Radicado Accionado Sentencia Resuelve
76001-22-04-000 Juzgado Cuarto Proyecto Declarar
2025-00074 Penal del Circuito discutido y improcedente la
con Funciones de aprobado acción de tutela
Conocimiento de mediante acta T1- interpuesta por el
Cali 023 del 5 de señor Oscar
febrero de 2025. Fernando
Quintero Mesa,
en contra del
Juzgado Cuarto
Penal del Circuito
con Funciones de
Conocimiento de
Cali.
76001-22-04-000 Juzgado Cuarto proyecto discutido Rechazar la
2023-01092 Penal del Circuito y aprobado acción de tutela
con Funciones de mediante acta T1- interpuesta por el
Conocimiento de 298 del 25 de señor Oscar
Cali agosto de 2023. Fernando
Quintero Mesa.

76001-22-04-000 Juzgado Cuarto Proyecto Declarar
2023-00567 Penal del Circuito discutido y improcedente la
con Funciones de aprobado acción de tutela
Conocimiento de mediante acta T1- interpuesta por el
Cali 154 del 15 de señor Oscar
mayo de 2023. Fernando
Quintero Mesa.
76001-22-04-000 Juzgado Cuarto Proyecto Declarar
2023-00551 Penal del Circuito discutido y improcedente la
con Funciones de aprobado acción de tutela

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02812-00
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

Conocimiento de mediante acta T1- interpuesta por el
Cali 154 del 15 de señor Oscar
mayo de 2023. Fernando
Quintero Mesa
76001-22-04-000 Juzgado Cuarto proyecto discutido Declarar
2023-00477 Penal del Circuito y aprobado improcedente la
con Funciones de mediante acta T1- acción de tutela
Conocimiento de 130 del 28 de interpuesta por el
Cali abril de 2023. señor Oscar
Fernando
Quintero Mesa.
6001-31-04-003 Ministerio de Proyecto Confirmar la
2020-00073 Educación y discutido y sentencia de
Fundación aprobado tutela No. 060 del
Universitaria mediante acta T2- 23 de noviembre
Iberoamericana 486 del 15 de de 2023, proferida
diciembre de por el Juzgado
2020. Tercero Penal del
Circuito con
Funciones
Conocimiento de
de Cali, dentro de
la acción de tutela
incoada por el
señor Oscar
Fernando
Quintero MESA
en contra del
Ministerio de
Educación
Nacional y la
Fundación
Universitaria
Iberoamericana
FUNIBER, de
conformidad con
lo expuesto en la
parte motiva de
este proveído.

12. La magistrada Myriam Stella Gutiérrez Arguello, integrante de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, explicó que dentro del proceso de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2020-02500-00 se abordó cada reparo presentado por
la parte accionante.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02812-00
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

13. Resaltó que, aunque en la presente solicitud de amparo se refiere a la falta
de respuesta de múltiples entidades, lo cierto es que, en ese momento, su
pretensión giraba en torno a la reparación «que, a su juicio, se hacía exigible como
consecuencia de la omisión en responder sus requerimientos, pretensión que
escapaba a la órbita de competencia del juez de tutela, ya que el actor podía optar
por acudir al medio de control de reparación directa en los términos y con el
cumplimiento de las condiciones establecidas por el legislador».

14. Pidió que se le desvinculara del proceso, dado que, una vez revisó el
presente expediente, no se infiere que el señor Quintero Mesa esté en desacuerdo
con las decisiones adoptadas por la Sección Cuarta de esta Corporación. Lo que sí
advierte es que la decisión realmente cuestionada fue dictada, en primera instancia,
por la Sección Primera del Consejo de Estado, bajo radicado 11001-03-15-000
2020-02500-00/01.

15. La sociedad Comistet Ltda. pidió que se le desvinculara del proceso de
tutela, dado que no transgredió los derechos fundamentales de la parte accionante,
pues no hay «injerencia o responsabilidad alguna frente a los hechos y
pretensiones objeto de la acción de tutela, que mas mismas recaen completamente
a FOMAG».

16. La UARIV adujo que no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor
Óscar Quintero Mesa. Además, «carece de competencia legal para interferir o
realizar algún pronunciamiento sobre la decisión proferida por el Despacho
accionado», por lo que se solicita su desvinculación.

17. Aclaró que su principal función es acompañar a las personas inscritas en el
RUV como víctimas del conflicto armado, calidad que no cumple el señor Quintero
Mesa para otorgarle los «beneficios que restablezcan los derechos que les fueron
arrebatados en el momento de ocurrencia de los hechos que padecieron. Adicional
a ello se debe hacer hincapié en que la Entidad que represento carece de
competencia legal».

18. La magistrada Nubia Margoth Garzón, integrante de la Sección Primera
del Consejo de Estado, pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo,
porque la parte accionante no acreditó el requisito de procedibilidad excepcional de
la solicitud de amparo contra el fallo de tutela del 14 de octubre de 2021, dictada
dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-02500-00/01. Dejó claro
que el accionante no probó el fenómeno de cosa juzgada fraudulenta

19. El intendente José Gentil Castaño Salazar, en calidad de rector (e) del
colegio nuestra señora de Fátima – NUFESA de Manizales, pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, porque él no es el superior jerárquico de la
parte accionante, pues sus decisiones recaen únicamente en lo «administrativo y
académico».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02812-00
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

20. Informó que, el 27 de diciembre de 2024, recibió un correo del señor Quintero
Mesa; sin embargo, fue remitida al Colegio de Nuestra Señora de Fátima de Cali,
por considerar «que las pretensiones y/o la información contenida en los
requerimientos eran de conocimiento de alguna de esas dependencias, dado que
ambas entidades eran mencionadas en la solicitud de amparo».

21. La sociedad EMI S.A.S. mencionó que, a pesar de que la mencionaron
como parte accionada en el presente proceso, no hay reproche alguno contra
alguna actuación derivada de su actividad comercial. De igual forma, observó que
el señor Quintero Mesa fue atendido en múltiples oportunidades, a saber: «tres en
el año 2019 y una en octubre de 2020», por lo que pidió que se declare
improcedente la solicitud de amparo.

22. El señor Gerson Alejandro Vergara Trujillo, en calidad de defensor
regional del Valle del Cauca, resaltó que la entidad ha atendido múltiples «acciones
judiciales» instauradas por el señor Quintero Mesa, quien ha presentado a través
de escritos extensos y confusos diferentes inconformidades por «presunta
irregularidades, prevaricatos, pagos de indemnizaciones, reconocimientos de
pensiones entre otros argumentos». Insistió en que el accionante cuenta con
múltiples llamados de atención provenientes de diferentes «despachos a nivel
nacional», dado el uso indiscriminado de los mecanismos constitucionales. Aclaró
que, de hecho, hay autoridades judiciales que le han compulsado copias (no entró
en detalles), dado «su comportamiento a endilgar supuestos fraudes, prevaricatos,
etc.»

23. Resaltó que, a pesar de que la entidad le ha brindado múltiples asesorías en
diferentes temas de su interés, a fin de que utilice los mecanismos judiciales
adecuadamente, el señor Quintero Mesa continúa ejerciendo las acciones
constitucionales de manera indiscriminada.

24. Adujo que los asuntos alegados por la parte accionante, en los que reprocha
un «presunto fraude, prevaricato, trámite de calificación y diferentes situaciones
señalas por él no son competencia de esa regional».

25. Agregó que el accionante manifestó que se le había vulnerado su derecho
fundamental de petición, sin aportar el «escrito de petición dirigido a esta entidad y
la constancia de radicación», documentos que son necesarios para analizar su caso
en concreto. Además, para la entidad, sería imposible realizar «un rastreo
institucional a las múltiples solicitudes que son remitidas a nombre del accionante,
todo lo cual es atendido, siendo indispensable que concretamente informe la
petición que estima vulnerada y aporte la constancia respectiva».

26. La Nueva E.P.S. y la sociedad EMI S.A.S. solicitaron que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, por no haberse cuestionado ninguna
actuación u omisión proveniente de sus actividades.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02812-00
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa

27. Con posterioridad al auto admisorio, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa
presentó múltiples memoriales -algunos repetidos-, en los que insistió en que las
autoridades judiciales accionadas debían ser sancionadas2.

28. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Competencia

29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

30. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
presupuestos procesales de la acción de tutela, particularmente aquellos
relacionados con la procedencia de ese mecanismo constitucional para cuestionar
acciones de la misma naturaleza. Solo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el
señor Óscar Fernando Quintero Mesa.

E. Análisis de la Sala

De la acción de tutela contra providencias dictadas en otro proceso de tutela
o en desarrollo de un incidente de desacato

31. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015,
unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto,
dijo lo siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se
trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se
dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación
previa o posterior a ella.

2
Ver índices 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 del expediente digital con radicado 11001-
03-15-000-2025-02812-00, ubicado en el aplicativo Samai.

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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla
es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por
sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente
de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas
acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste
en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no
ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata
de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia,
la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección
de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

32. De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la
acción de tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos
de tutela:

(I) Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que
la decisión adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.

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(II) Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia,
que puede consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o
vinculado a los terceros que serían afectados con la decisión.
(III) Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se
trate de proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en
el trámite del incidente de desacato.
33. Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

F. Improcedencia de la tutela frente a las autoridades accionadas

34. De entrada, esta Subsección advierte que la acción de tutela se torna
improcedente por las siguientes razones:

35. Según lo entiende la Sala, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa está
inconforme con la sentencia del 14 de octubre de 2021, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por haber incurrido en «prevaricato». De manera
confusa lo dijo así (se transcribe, incluso con posibles errores ortográficos):

[M]iente bajo la gravedad de Juramento en cuanto a que no exige el derecho
de petición que fue enviado a todos los demandados, desestimó las pruebas
del Fomag, como fondo de prestaciones económicas del Magisterio y del
derecho de petición que fue enviado a tiempo, por medicina laboral sólo al
último empleador Policía Nacional en la calle 21 # 1N-65, teléfono: 602
8826135 con radicado de Salida SCN: 9004577 Recibido por Patrullero
Collazos, a las 09:24 am, en Abril 09 de 2019, como lo demuestra el sello de
recibido con la radicación, con fecha de 12 de Abril, comunicado GRS-ML-
2678-19 y no a los demás empleadores, cumpliendo el principio de
Subsidiaridad, el cual fue enviado por la nueva eps Medicina Regional
Suroccidente, como lo demuestra la prueba del radicado: SCN9004577, lo
que tenía que hacer al MP Hernando Sánchez, era no mentir bajo la gravedad
de juramento y exigir a la Medico Medicina Laboral Regional Suroccidente, la
notificación a todos los empleadores, que contraron y pagaron salud con la
nueva E.P.S., con Cosmitet, antiguo ISS, y ahora IPS Capitolio (…)

36. Asimismo, se infiere que está inconforme con el fallo de tutela del 6 de agosto
de 2021, dictado por el «juzgado cuarto de Cali» dentro del proceso con radicado
«20210009-00», dado que el titular de ese despacho incurrió en los delitos de
«prevaricato por omisión, dilación y obstrucción, actuando en flagrancia y dolo»,
según él, porque supuestamente allí no se exigió constancia de recibido a las
respectivas autoridades (no es claro cuáles) del correo electrónico denominado en
su asunto «denuncia a la Procuraduría Constitucionales violados de Estabilidad
Laboral reforzada, con conocimiento de causa, con destino par».

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37. Adujo que a pesar de que impugnó esa decisión, no fue concedida, por lo
que ese despacho vulneró sus derechos fundamentales, aspecto que no fue posible
acreditarlo, pues no se identificó adecuadamente los datos del proceso, por lo que
la Sala no pudo estudiar tal yerro, con ocasión de la negligencia y los hechos
confusos realizados por la parte accionante.

38. De otra parte, se reprochó que el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con
Función de Control de Garantía de Cali incurrió en el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, dentro del proceso con radicado «76001-3118006-2014-
00023-00». En este punto, dijo lo siguiente (transcripción, con posibles errores):

[C]omo lo demuestran las pruebas y por no enviar en prevaricato por
omisión, no enviarme la respuesta de los accionados ante de terminar los
10 días del tiempo en que se tiene que resolver la tutela, para demostrar que
se había radicado demanda laboral ordinaria de inmediato se confirmara en
febrero de 2013, mediante respuesta del Señor Hugo Alberto González, que
no me contratarías después de llevar 6 contratos sin solución de continuidad
inferiores a 6 meses y que había sido nombrado a término indefinido cuando
gané el concurso etno eduducador. Demostrando así el falso testimonio y el
ocultamiento de pruebas por parte del abogado representante legal de la
Institucion Unversitaria Antonio José Camacho, Luis Eduardo López Ospino.
También ocultó que fue agotada la conciliación extrajudicial directa y se
procedió a radicar mediante apoderado la demanda laboral , radicada por la
abogada Gloria Amparo Ramirez Quintero, con radicado: 2013-371 y al
juzgado segundo laboral, el 28 de Mayo de 2013 con radicado:
76001310500220130037100. Demostrando el falso testimonio del abogado
Luis Eduardo López Ospino, como representante legal que respondió a la
tutela en contra de la institución Universitaria Antonio José Camacho a los
jueces del juzgado 16 Penalde primera intancia y Sexto Penal. En segunda
instancia.

39. En cuanto al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali —autoridades judiciales accionadas—, narró que esta
última autoridad judicial accionada revocó el fallo del 11 de abril de 2018, dictado
por aquella, y, en su lugar, amparó sus derechos fundamentales, dentro del proceso
con radicado 76001-3118-006-2018-00018-00. Para tal efecto, transcribió lo
siguiente:

PRIMERO. REVOCAR EN SU INTEGRIDAD la sentencia de tutela del 11
de abril de 2018, dictada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali, y en su lugar TUTELAR el derecho
fundamental al debido proceso habeas data del señor ÓSCAR FERNANDO
QUINTERO MESA, trasgredido por la Policía Nacional, dirección de
incorporaciones, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia. SEGUNDO. ORDENAR a la Policía Nacional, Dirección de
Bienestar Social y Dirección de Incorporaciones, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la comunicación de este
proveído, se ordene a quien corresponda, realizar una nueva valoración del
estudio de seguridad del señor Óscar Fernando Quintero Mesa, para que se
haga una interpretación adecuada de la anotación encontrada en la
indagación radicada al No 760016000193201336004. De superar el

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aspirante esa etapa, se proceda, en forma inmediata, con el nombramiento
en el cargo para el cual se postuló, por el término que falte para cumplir el
contrato. TERCERO. Dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de
este fallo, envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión.

40. Luego, de manera inconexa, informó que el «Juzgado 25 de Bogotá» ordenó
a la «IPS Capitolio» para que realizara la calificación de la «enfermedad labilidad
emocional por la médica tratante (…), la cual se encuentra en desacato». Agregó
que se deberá solicitar ese expediente a ese despacho (no identificó cuál), sin
mayores razones y confundiendo aún más al juez de tutela.

41. Concluyó que el «Juzgado Sexto de Manizales» ordenó la calificación «por
parte de la nueva EPS y está en desacato. Demostrando una vez que sí hay jueces
que cumplen con la Constitución y la Ley y no como los jueces de Cali, que
incurrieron en prevaricato por acción por desconocimiento de la sentencia T-646 de
2013».

42. Ahora, en las pretensiones de la demanda frente a las autoridades judiciales
accionadas, se pidió que se revocara todas las decisiones adoptadas por las
respectivas autoridades judiciales que se profirieron antes de la vacancia judicial
por semana santa, porque le restringieron su derecho a la doble instancia.

43. De lo anterior, se entiende que mediante la solicitud de amparo el señor
Quintero Mesa censura múltiples fallos de proferidos en una acción de la misma
naturaleza, en virtud de lo cual precisa la Sala que, de acuerdo con la sentencia SU-
627 del 1° de octubre de 2015, dictada por la Corte Constitucional, se debe
demostrar que la decisión atacada fue producto de una situación de fraude, lo que
no se alegó en la demanda ni se evidencia que hubiera ocurrido.

44. De igual forma, se advierte que, contrario a lo dicho por él, cada uno de los
procesos cuestionados se surtió con normalidad e, incluso, en algunas ocasiones,
se decidieron a su favor. En síntesis, se observó lo siguiente:

45. Dentro del proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2020-02500-
00/01, las Secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado abordaron cada uno
de los reparos presentados por la parte allí accionante y, de hecho, se le tramitó su
escrito de impugnación, cuyos argumentos fueron resueltos por la sentencia del 28
de abril de 2022, dictada por la última de las secciones mencionadas.

46. Dentro del proceso de tutela con radicado «006-2018-00018», la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia del 28 de mayo de
2018, revocó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Sexto Penal
del Circuito de Cali y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y habeas data del señor Quintero Mesa.

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47. En el proceso de tutela con radicado «06-2023- 01652», la Sala Penal de esa
corporación, en sentencia del 14 de diciembre de 2023, negó las pretensiones de la
demanda presentada por el hoy accionante.

48. Frente al proceso con radicado 76001-3118006-2014-00023-013, el señor
Quintero Mesa advirtió, puntualmente, que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Cali: (i) desconoció las reglas fijadas en el Decreto 1335 de 2015 y en la sentencia
T 871 de 2013; (ii) no advirtió que, en el proceso con radicado 76001-3118006-
2014-00023-01, el rector de la Institución Universitaria Antonio José Camacho
incurrió supuestamente en «falso testimonio» y (iii) en ese proceso, se omitió
vincular a múltiples terceros con interés, a saber: «la abogada Ana Lucero Muñoz,
quien fue la abogada de la defensoría del pueblo, que hizo la demanda de tutela de
ese caso, a vincular como terceros afectados como demandados a adicionar en la
sentencia».

49. Sin embargo, en primer lugar, se observa que la parte accionante no
identificó cuáles eran las supuestas reglas que desconoció la autoridad judicial en
mención, aspecto que era relevante, dado que, por ejemplo, en la referida sentencia
se zanjó un asunto relacionado con la educación de las comunidades y grupos
étnicos, lo cual no coincide con los hechos relatados por el accionante.

50. En segundo lugar, los yerros advertidos se encuentran infundados y sin
soporte probatorio alguno, pues la simple afirmación de que hubo un «falso
testimonio» no es suficiente para que, al menos, esta Sala le otorgue una
connotación distinta al reparo y sea abordado desde una perspectiva constitucional,
y, además, no explicó por qué buscaba que allí se vinculara a la referida profesional
del derecho, como tercera con interés, máxime cuando, revisado el fallo de tutela
del 2 de julio de 2014, se observa que él dirigió la solicitud de amparo únicamente
contra la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

51. En conclusión, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
formulada por el señor Óscar Quintero Mesa contra las Secciones Primera y Cuarta
del Consejo de Estado, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali y el Juzgado 16 Penal Municipal
con Funciones de Conocimiento de Cali, dado que en este caso no se cumplen los
requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la
procedencia de la tutela contra decisiones adoptadas en el trámite de otra tutela,
pues no se alegó ni mucho menos se advierte que tales decisiones hubieran sido
fruto de una situación fraudulenta y grave que requiera la intervención inmediata del
juez constitucional para contenerla.

3
En el que la solicitud de amparo fue negada por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función
de Control de Garantías, en sentencia del 7 de marzo de 2014, y el Juzgado Sexto Penal del Circuito
de Cali, en sentencia del 2 de mayo de 2014.

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52. Con todo, conviene señalar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para reprochar la conducta de los servidores judiciales, bien por la comisión
de hechos catalogados como punibles, bien porque incurren en supuestas
infracciones al deber funcional. Para tal fin, el actor puede presentar las
correspondientes denuncias penales o quejas disciplinarias ante las autoridades
competentes, y no seguir utilizando indebidamente una valiosa herramienta de
estirpe constitucional, como lo es la acción de tutela, con ese propósito.

53. De otra parte, según lo entiende la Sala, el señor Óscar Quintero Mesa está
inconforme con la Nueva E.P.S., la sociedad Cosmitet Ltda., la «IPS Capitolio» y el
Fomag porque no ha cumplido con las órdenes impartidas en unas sentencias de
tutela, dictadas por el «Juzgado 25 de Bogotá y (…) el Juzgado Sexto de
Manizales»; sin embargo, no se identificó cuáles eran las sentencias de tutela ni las
autoridades judiciales que supuestamente ampararon sus derechos fundamentales
para que se tuviera un contexto sobre el reparo planteado.

54. De igual forma, aun cuando se haya identificado lo descrito, la Sala
considera que, respecto de la pretensión descrita, la tutela también deviene
improcedente, por cuanto la parte accionante dispone de otro mecanismo judicial
de defensa, esto es: el incidente de desacato, previsto por el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991, como un mecanismo idóneo y eficaz para lograr que una autoridad
o persona —jurídica o natural— cumplan con las órdenes impartidas en un fallo de
tutela.

55. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

56. No en vano los artículos 864 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 19915 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela

4
«Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.

(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)».
(se destaca).
5
«Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

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la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó6:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede
converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea
factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que
de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la
acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción
ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza,
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.

57. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

58. Ahora bien, es cierto que se puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se avizora la existencia de un perjuicio irremediable o cuando la situación
amerite la intervención urgente del juez de tutela, sin embargo, también lo es que,
en el caso particular no se reúnen esos elementos. De hecho, la parte accionante
ni siquiera menciona encontrarse en una situación que, por su inminencia, gravedad
o impostergabilidad requiera de la intervención urgente del juez constitucional.

59. En cuanto a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a los colegios
Nuestra Señora de Fátima de Cali y de Manizales, la parte accionante tampoco le
ofreció al juez constitucional una certeza mínima respecto de cuáles eran las
acciones u omisiones vulneradoras en que incurrieron tales autoridades, pues se
limitó a mencionarlos en el escrito de tutela, sin mayores reparos.

60. Por todo lo razonado, se impone declarar improcedente la acción de tutela
instaurada el señor Quintero Mesa.

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)».
6
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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61. Finalmente, vale la pena insistir en que la acción de tutela es un valioso
mecanismo constitucional procedente exclusivamente en el evento en que se vea
seriamente afectado el pleno ejercicio de algún derecho fundamental, de ahí que
su ejercicio abusivo termina por afectar y congestionar la administración de justicia,
en detrimento de los asuntos en los que realmente están comprometidas
prerrogativas iusfundamentales y que están a la espera de una decisión pronta, por
lo que se exhorta al accionante de abstenerse de seguir congestionando y
desgastando la Administración de Justicia con peticiones de amparo abiertamente
improcedentes e infundadas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Óscar Quintero Mesa, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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