Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02816-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02816-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02816-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
12 de junio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02816-00
Demandante: Ferney Martínez Capera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02816-00
Demandante: FERNEY MARTÍNEZ CAPERA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y JUZGADO
NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Caducidad del término para interponer la demanda.
Desconocimiento del precedente judicial. Requisito de relevancia
constitucional por reiteración de argumentos
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Ferney Martínez Capera, a través de apoderada judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Ibagué.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de mayo de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, supuestamente
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y,
en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el
Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 4 de septiembre de 2.024, y el
auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 14 de noviembre de 2.024, en
el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de FERNEY MARTÍNEZ CAPERA, radicado No.
73001-33-33-009-2024-00226-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo,
tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 5 de febrero de 2.024, y subsiguientes,
proferidos por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo
establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren
los derechos fundamentales en la primera consagrados”.
2. Hechos
El accionante afirmó que permaneció detenido en las instalaciones de la
Permanente Central de la Policía de Ibagué desde el 13 de agosto de 2021 hasta el
día 1º de marzo de 2022, y que, una vez recobró la libertad, “se enteró de que
presuntamente había sufrido estado de hacinamiento, pero para confirmarlo era
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Demandante: Ferney Martínez Capera
necesario presentar un derecho de petición ante la Policía Metropolitana de Ibagué,
con el fin de corroborar si había padecido de hacinamiento”.
Sostuvo que el 17 de enero de 2023 presentó petición en la que solicitó que se le
informara cuál era la capacidad total con la que contaba la Permanente Central de
la Policía de Ibagué para albergar detenidos, y si en dichas instalaciones existía
hacinamiento carcelario, a la que la Policía Metropolitana de Ibagué contestó el 19
de enero del mismo año, mediante informe GS-2023-003124-METIB/COSEC-
DISPO-29.25, en el que informó que tales instalaciones estaban diseñadas para un
cupo máximo de “46 PPL, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20
PPL, indicando un porcentaje de hacinamiento del 514%”, por lo que, consideró “a
partir de esa fecha fue que MARTÍNEZ CAPERA tuvo conocimiento cierto de que
padeció estado de hacinamiento durante el tiempo que permaneció privado de la
libertad”.
Adujo que el 28 de febrero de 2024, presentó solicitud de audiencia de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos Administrativos de la
Procuraduría General de la Nación, la cual se llevó a cabo el 22 de abril de 2024
declarándose fallida y expidiéndose la respectiva certificación en esa misma fecha,
“lo que suspendió el término de caducidad del medio de control durante el lapso
señalado, esto es, por 1 mes y 24 días”.
Indicó que el día 19 de abril de 2024 presentó demanda, a través del medio de
control de reparación directa contra el municipio de Ibagué, el departamento del
Tolima, la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec), el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de
la Nación y la Policía Nacional, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de
los perjuicios soportados con motivo de las condiciones de hacinamiento sufridas
desde el 13 de agosto de 2021 hasta el 1º de marzo de 2022, mientras permaneció
detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué.
Refirió que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Ibagué, que por medio de auto de 4 de septiembre de 2024 rechazó
la demanda, tras considerar que había operado el fenómeno de la caducidad, en
tanto el demandante tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento a la que
presuntamente fue sometido por las accionadas desde el 13 de agosto de 2021, por
lo que consideró que tenía hasta el 14 de agosto de 2023 para interponer el medio
de control.
Para terminar, afirmó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación
que fue desatado por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante auto de 19 de
noviembre de 2024, a través del cual confirmó la decisión que rechazó la demanda,
tras considerar que el conteo comenzó a contabilizarse a partir del día siguiente a
la detención, esto es 14 de agosto de 2021, por lo que la demanda presentada el
19 de abril de 2024, se encontraba afectada por el fenómeno jurídico de la
caducidad de la acción.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante hizo mención a las causales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así como a las específicas y arguyó que los autos
de 4 de septiembre y 19 de noviembre de 2024, mediante los que el Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del
Tolima, respectivamente, rechazaron por caducidad la demanda de reparación
directa que presentaron contra el Inpec y otros, incurre en desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”,
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Demandante: Ferney Martínez Capera
emanado de la sentencia de 6 de diciembre de 20221, en donde se estableció que
el conteo para determinar la caducidad del medio de control de reparación directa
en los casos de hacinamiento comienza “a partir del momento en que la víctima se
percata de ello”.
Adujo que en el caso también se desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia, quien al resolver un recurso extraordinario de casación casó el fallo del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante sentencia
SC016-2018 de enero 24 de 20182, en un caso en el que se había decretado la
caducidad de la acción, “aplicando un criterio similar al del honorable Consejo de
Estado”.
Señaló que en el caso se desconoció la jurisprudencia horizontal vinculante,
emanada de los fallos del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de
Decisión, de noviembre 8 de 20243, Tribunal Administrativo del Tolima de
septiembre 5 de 20244, y Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión, de 29 de enero de 20245, concerniente a la caducidad de la acción en los
casos de daños continuados, conforme con la cual el término de caducidad debe
ser calculado desde el día siguiente a la cesación del daño continuado , “es decir, el
2 de marzo de 2022, a partir del cual transcurrieron 1 año, 11 meses y 26 días, hasta que
el accionante radicó solicitud de conciliación extrajudicial para agotar el requisito de
procedibilidad, esto es, el 28 de febrero de 2024, cuando faltaban 4 días para la
configuración de la caducidad, lo cual suspendió el término hasta que la constancia del
trámite de conciliación fue expedida, que lo fue el 22 de abril de 2024; a partir del día
siguiente se reanudó el cómputo por los días que faltaban al momento de presentar la
solicitud de conciliación, por lo que la caducidad del medio de control operaba el 27 de abril
de 2024. Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se
presentó el 19 de abril de 2024, es evidente que fue radicada antes de la configuración de
la caducidad; es decir que este fenómeno procesal no operó el 14 de agosto de 2023, como
se determinó en el fallo, y que el medio de control se ejerció dentro de la oportunidad
establecida en la ley, por lo que no hay lugar a declarar el fenómeno jurídico de la
caducidad”.
Mencionó los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y las sentencias T-065
de 2005, T-1341 de 2001, de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental
al debido proceso y trajo a consideración los artículos 10 y 11 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 8 y 9 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Por último, hizo alusión al artículo 56 de la Ley 2220 de 2022 sobre la suspensión
del término de caducidad de la acción y se pronunció sobre los principios pro damato
y pro homine.
4. Trámite procesal
Por auto de 23 de mayo de 2025, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante y a las
autoridades judiciales accionadas. De igual modo, al municipio de Ibagué, al
departamento del Tolima, a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, a la Unidad de
1
Radicado; 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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Radicación n.° 11001-31-03-010-2011-00675-01, M.P.: Álvaro Fernando García Restrepo.
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Radicado: 63001-3333-005-2024-00227-01, M.P. Luis Javier Rosero Villota.
4
Radicado: 73001-33-33-001-2024-00124-01, M.P. Luis Eduardo Collazos Olaya.
5
Radicado: 05001 33 33 029 2019 00033 01, M.P. Liliana P. Navarro Giraldo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02816-00
Demandante: Ferney Martínez Capera
Servicios Penitenciarios y Carcelarios - Uspec, al Ministerio de Justicia y del
Derecho, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso.
Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
70807 a 70815 de 28 de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión6.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara
la improcedencia de la solicitud, hizo relación sobre los argumentos en los que basó
la providencia objetada y mencionó que el actor acude a la acción de tutela para
lograr un nuevo pronunciamiento sobre su caso.
5.2. Respuesta del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué
La titular del despacho judicial se pronunció respecto del asunto y mencionó que en
el caso del accionante se configuró el fenómeno de caducidad de la acción, por lo
que se procedió con el rechazo de la demanda. Para justificar su argumento hizo un
recuento de las valoraciones realizadas por el juzgado para llegar a dicha
conclusión.
5.3. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La abogada de la Unidad de Asistencia Legal de la entidad rindió informe en el que
solicitó que se ordenara su desvinculación de la presente acción constitucional, en
tanto, sostuvo, respecto de esta se configura la falta de legitimación material en la
causa por pasiva. Agregó que en su defecto se deben negar las pretensiones, al no
existir vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.
5.4. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Ibagué, Tolima
El director Seccional de Administración Judicial de Ibagué se pronunció sobre los
hechos que dieron origen a la acción de tutela e indicó que las pretensiones se
tornan improcedentes por cuanto el actor acude a la acción de tutela para reabrir un
debate que fue analizado en el proceso ordinario.
5.5. El municipio de Ibagué, el departamento del Tolima, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios - Uspec, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de
la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
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Indice 9 de Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02816-00
Demandante: Ferney Martínez Capera
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En la contestación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su
desvinculación por cuanto, señaló, no tiene competencia para atender las
pretensiones elevadas por el accionante.
Del expediente ordinario allegado como prueba, la Sala evidencia que dado que las
decisiones objeto de tutela se profirieron antes de que se trabara la litis, los
vinculados no alcanzaron a formar parte del extremo pasivo del proceso que originó
la controversia, por lo que su vinculación no se encuentra justificada.
Dado lo anterior, la Sala despachará favorablemente la solicitud de desvinculación
elevada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la parte resolutiva
de esta providencia.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el señor
Ferney Martínez Capera es procedente, de conformidad con los requisitos
generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la
autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente judicial
vinculante.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones7.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20058, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional9.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
7
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
8
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
9
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala10, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Ferney Martínez Capera, a través de apoderada judicial, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Ibagué, por considerar que los autos de 4 de
septiembre y 14 de noviembre de 2024, mediante los cuales, en su orden,
declararon la caducidad de la acción en el marco de la demanda de reparación
directa que presentaron contra el Inpec y otros, incurren en desconocimiento del
precedente judicial de:
i) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, emanado de la
sentencia de 6 de diciembre de 202211, en donde se estableció que el conteo
para determinar la caducidad del medio de control de reparación directa en los
casos de hacinamiento comienza a partir del momento en que la víctima se
percata de ello;
10
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
11
Radicado; 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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Demandante: Ferney Martínez Capera
ii) De los fallos del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión,
de 8 de noviembre de 202412, Tribunal Administrativo del Tolima de septiembre
5 de 202413, y Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, de
29 de enero de 202414, en los que se estableció que el conteo de la caducidad
en los casos de daño continuado se debe empezar a contar hasta el día que se
dejan de sufrir sus consecuencias, es decir, para el 30 de noviembre de 2022,
cuando el señor Pardo Tafur recobró su libertad, y
iii) De la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC016-2018 de enero 24 de
201815.
Del análisis de los argumentos que soportan los defectos alegados, la Sala advierte
que son, en esencia, los mismos en los que se sustentó el recurso de apelación que
el actor formuló contra el auto de 4 de septiembre de 2024, mediante el cual el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué declaró que había operado
la caducidad de la acción, por lo que se incumple el requisito de relevancia
constitucional, en tanto se está utilizando la acción de tutela con el fin de reabrir el
debate que ya fue zanjado por el juez natural del asunto en dos instancias.
En efecto, del expediente allegado como prueba la Sala observa que, luego de que
el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué rechazara la demanda por
caducidad de la acción, tras argumentar que el actor tuvo conocimiento de la
situación de hacinamiento sufrida desde el 13 de agosto de 2021 y la solicitud de
conciliación se interpuso solo hasta el 28 de febrero de 2024, este interpuso recurso
de apelación en el que sostuvo los mismos argumentos que soportan la presente
acción, esto es, que en el caso se estaba en presencia de un daño continuado que
se prolongó desde el 13 de agosto de 2021 hasta el día que el actor dejó de sufrir
el hacinamiento cuando recobró su libertad el 1º de marzo de 2022, por lo que era
desde ese momento que debía contabilizarse la caducidad. Allí se indicó:
“Por medio de auto de fecha septiembre 04 de 2.024, el despacho rechazó el medio de
control de la referencia, argumentando: “Así las cosas, se verifica que, cuando el interno
Ferney Martínez Capera ingresa a la permanente central el 13 de agosto de 2021 conoció
del hacinamiento que durante ese año era del 514%, luego entonces desde esa fecha
debe iniciarse el conteo de la caducidad, por lo que tenía hasta el 14 de agosto de 2023
para interponer la demanda de reparación directa, sin embargo, cuando radica la solicitud
de conciliación extrajudicial el 28 de febrero de 2024 ya había operado dicho fenómeno
procesal, y por ende, cuando radica la demanda el 19 de abril de 2024”.
No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio presentó un
daño continuado o de carácter sucesivo, por ello no debe tenerse en cuenta el
momento de la detención del directo afectado en la Permanente Central de la
Policía de Ibagué, por cuanto el daño se prolongó durante todos los meses que el
detenido estuvo recluido en dicha estación, ocasionando perjuicios en el tiempo.
En efecto, desde su captura hasta el día en el que fue removido de la permanente,
padeció perjuicios a causa del hacinamiento carcelario.
Así lo ha determinado el Honorable CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA SUBSECCION B, en
sentencia del 26 de junio de 2.015, radicación número: 25000-23-41-000-2014-01569-
01(AG), actor: DEWIS FAGGIR ELJURE RICAURTE Y OTRO, demandado:
MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL Y OTROS, consejera ponente: Dra.
STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, que al respecto indicó: (…)
Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión corresponde a la
vulneración de derechos fundamentales y derechos humanos, como lo tiene entendido
12
Radicado: 63001-3333-005-2024-00227-01, M.P. Luis Javier Rosero Villota.
13
Radicado: 73001-33-33-001-2024-00124-01, M.P. Luis Eduardo Collazos Olaya.
14
Radicado: 05001 33 33 029 2019 00033 01, M.P. Liliana P. Navarro Giraldo.
15
Radicación n.° 11001-31-03-010-2011-00675-01, M.P.: Álvaro Fernando García Restrepo.
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Demandante: Ferney Martínez Capera
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido al hacinamiento carcelario
soportado en la Permanente Central, el cual se extendió en el tiempo para el privado de
la libertad FERNEY MARTINEZ CAPERA, desde el día 13 de agosto de 2.021 hasta el
día 01 de marzo de 2.022, es decir, por más de 06 meses, prolongándose el daño, que
no dejó de existir hasta el día que dejó de sufrir las consecuencias del hacinamiento.
No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control
de la referencia la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estaría
dejando por fuera de la órbita procesal el ultimo día en el que este estuvo detenido en la
Permanente Central, día en el que cesó el perjuicio por causa del hacinamiento” (Negrita
y resaltado de la Sala).
Aunado a lo anterior, del expediente ordinario se observa que, frente dichos
argumentos, el Tribunal Administrativo del Tolima en auto de 19 de noviembre de
2024, mediante el cual confirmó la decisión que rechazó la demanda por caducidad,
concluyó que, conforme con la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en los casos en que alegue una falla del servicio derivada por el
hacinamiento carcelario, el término de caducidad para demandar inicia desde que
se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo
conocimiento del daño. Allí indicó:
“Mediante providencia del 04 de septiembre de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué resolvió rechazar la demanda, por haber operado el
fenómeno jurídico de la caducidad, aludiendo que, en los casos en que se ventile una
falla del servicio como consecuencia del hacinamiento, el fenómeno de caducidad se
debe contar a partir del día siguiente que el interno tuvo conocimiento de la situación de
hacinamiento, y en este caso tuvo conocimiento desde el 13 de agosto de 2021, por lo
que tenía desde el 14 de agosto de 2021 hasta el 14 de agosto de 2023, para interponer
la demanda de reparación directa, y al haber radicado la solicitud de conciliación
extrajudicial el 28 de febrero de 2024, se dilucida que ya había operado el fenómeno de
caducidad. (Fls 178-186, Documento 03Demanda, Índice 0003 SAMAI – Expediente del
Juzgado).
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la parte actora presentó
recurso de apelación, argumentando que, en el presente caso se está en presencia de
un daño continuado, por lo que, a su juicio, el daño se prolongó en el tiempo, desde el
13 de agosto de 2021, finiquitando hasta el día que dejó de sufrir las consecuencias del
hacinamiento, es decir, cuando recobró su libertad el 01 de marzo de 2022.
Establecido lo anterior, y dado que el génesis de la presente controversia se suscita en
establecer el momento a partir del cual inicia el cómputo de la caducidad, la Sala
considera necesario distinguir ante qué tipo de daño nos encontramos, es decir, si ante
un daño instantáneo o continuado, con el propósito de definir el inicio del plazo procesal
del presente medio de control.
En este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia del 06 de
diciembre de 2022, C.P: Guillermo Sánchez Luque, proferida dentro del proceso
con radicación No. 05001-23-31-000-2002-04829-01, se pronunció sobre el
fenómeno de caducidad en los casos en que alegue una falla del servicio derivada
por el hacinamiento carcelario, para lo cual señaló lo siguiente: (…)
Aunado a ello, se tiene que dicha sentencia fue objeto de tutela, la cual fue conocida y
resulta por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con providencia del 05 de octubre
de 2023, C.P: César Palomino Cortés, dentro del proceso con radicación No. 11001-03-
15-000-2023-02769-01, en la cual negó el amparo deprecado, al considerar que la
sentencia se encontraba ajustada a derecho y que no había transgredido garantías y
derechos fundamentales, para lo cual sostuvo lo siguiente: (…)
De conformidad con lo dispuesto por el máximo órgano de cierre de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, se tiene que en los casos de hacimiento, como el sub
judice, la caducidad se debe contabilizar a partir de que se tenga la certeza del
conocimiento del daño, y en ese entendido, de acuerdo con las pruebas aportadas
al cartulario por la parte actora, se evidencia, que el señor FERNEY MARTÍNEZ
CAPERA conoció las condiciones de hacinamiento en las que se encontraba
recluido a partir de su detención, precisándose que esto acaeció el 13 de agosto
de 2021 hasta el 01 de marzo de 2022, según oficio del 19 de mayo de 2023, emitido
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02816-00
Demandante: Ferney Martínez Capera
por la Metropolitana de Ibagué – Estación Sur (Fls. 47 a 52 del Documento No. 003
Demanda, Índice 003 SAMAI – Expediente del Juzgado), y no el 07 de agosto de
2021, como lo indicó el A Quo.
En tal sentido, el término de caducidad empezó a correr a partir del día siguiente a
su detención, esto es el 14 de agosto de 2021 contando los accionantes hasta el
14 de agosto de 2023 para interponer la demanda o en su defecto para radicar la
solicitud de conciliación e interrumpir el fenómeno de caducidad.
Sin embargo, los demandantes elevaron la solicitud de conciliación extrajudicial
hasta el 28 de febrero de 2024, el acta de audiencia de conciliación extrajudicial
data del 19 de abril de 2024 y el acta de conciliación fue enviada por medios
electrónicos el 22 de abril de 20243, por lo que se estima que no fue interrumpido
el término de caducidad en tiempo, de tal forma que, para el día 19 de abril de 2024,
cuando fue presentada la demanda, se encontraba ampliamente vencido el término
para la interposición del medio de control de reparación directa, operando el
fenómeno jurídico de la caducidad de la acción” (Negrita y resaltado de la Sala).
Conforme con lo anterior, la Sala observa que con los argumentos planteados por
la parte accionante se pretende continuar el debate jurídico que se planteó en el
trámite de la demanda de reparación directa que originó la controversia, esto es, la
inconformidad respecto al conteo del término de caducidad del medio de control
para su admisión, frente al que insisten en que se trata de un daño continuado, por
lo que el conteo de la caducidad debió iniciar una vez cesó el daño, cuando el señor
Ferney Martínez Capera recobró la libertad.
En este sentido, si bien el actor alega la configuración de un defecto por
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que dicho requisito específico
se invoca con el propósito de insistir en los argumentos que fueron expuestos en el
recurso de apelación interpuesto contra el auto de primera instancia, confirmado por
el Tribunal Administrativo del Tolima.
En todo caso, la Sala observa que el pronunciamiento en el que el accionante funda
el desconocimiento del precedente judicial vertical sí fue tenido en cuenta en el auto
de segunda instancia objetado, en donde se indicó que el mismo establece que “Así,
aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para
demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el
demandante tuvo conocimiento del daño”, lo que sirvió de sustento para la decisión
adoptada.
Igualmente, los fallos que respaldan el desconocimiento de jurisprudencia horizontal
no son aplicables al caso concreto, pues en estos se estudiaron situaciones fácticas
diferentes a la del accionante. Sobre el particular, la Sala reitera16 que, frente a los
fallos proferidos por jueces en un mismo rango, la decisión del juez no
necesariamente debe encontrarse directamente en la línea de aquellas
providencias, “pues, estas no cuentan con carácter vinculante y obligatorio para que el
juez pueda proferir una sentencia disidente, caso diferente, al que se pueda plantear con
un desconocimiento del precedente vertical (de sentencia de unificación), teniendo como
premisa el carácter vinculatorio por el cual esta investido el máximo órgano contencioso”.
Conforme con lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
en tanto se probó que con la misma se pretende volver sobre un asunto que ya fue
resuelto por las autoridades judiciales demandadas en el proceso que originó la
controversia, fin para el que no está instituida la acción constitucional.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Ferney Martínez Capera, a través de apoderada judicial,
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Sentencia de 8 mayo de 2025, radicación: 11001-03-15-000-2025-01626-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02816-00
Demandante: Ferney Martínez Capera
contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo Oral
del Circuito de Ibagué, por desatender el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Desvincular a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
presente trámite, conforme con las razones expuestas.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Ferney Martínez Capera, a través de apoderada judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Ibagué.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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