Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02866-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02866-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02866-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
18 de septiembre de 2025
Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02866-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Dieciocho [18] de septiembre de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02866-01
Demandantes: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Temas: Tutela contra providencia judicial - Confirma improcedencia por
falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 31
de julio de 2025, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 14 de mayo de 2025, la sociedad anónima Compañía Mundial de Seguros y otros1
presentaron acción de tutela con el fin de que se les protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, «a ser oído» y de acceso a la
administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las estimaron vulneradas por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al proferir la providencia de 10 de
octubre de 2024, por medio de la cual se confirmó el proveído de 27 de junio de
2024, al interior del proceso ejecutivo identificado bajo el radicado 19001-23-33-
000-2017-00258-02 [71.126].
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
1 Diseños y Construcciones Electromecánicas S.A.S. – DICONEL S.A.S., Andina de Ingeniería &
Proyectos Ltda, Overoles y Botas La 68 Ltda. y los señores Norma Consuelo Ospina, María del
Socorro Ariza Gómez, Roberto Náder Mora, Pablo Andrés Gálvez García, Diana Lucía Arcila
Jiménez, Edith Beatriz Perlaza Prado, Aurelio Sapuyes Quintero, Carlos Hernán Villa Loaiza, Juan
Pablo Borrero Rengifo, Adriana Mercado Jordán, Liliana Baena Agudelo y Nelson Alberto Méndez
Umaña
1
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02866-01
I 6.1. PRIMERO. Que se AMPAREN los derechos fundamentales a la IGUALDAD
(Art. 13 C.P.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.), DERECHO A SER OÍDO (Núm. 1,
art. 8º CADH) y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.) en
favor de mis representados la COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., NORMA
CONSUELO OSPINA, MARÍA DEL SOCORRO ARIZA GÓMEZ, ROBERTO NÁDER
MORA, PABLO ANDRÉS GÁLVEZ GARCÍA, DIANA LUCÍA ARCILA JIMÉNEZ,
EDITH BEATRIZ PERLAZA PRADO, CÉSAR EDUARDO PALAU DURÁN,
AURELIO SAPUYES QUINTERO, CARLOS HERNÁN VILLA LOAÍZA, JUAN
PABLO BORRERO RENGIFO, ADRIANA MERCADO JORDÁN, LILIANA BAENA
AGUDELO, NELSON ALBERTO MÉNDEZ UMAÑA, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A.S. - DICONEL S.A.S., ANDINA
DE INGENIERÍA & PROYECTOS LTDA. y OVEROLES Y BOTAS LA 68 LTDA.
II 6.2. SEGUNDO. Que se AMPARE cualquier otro derecho fundamental
constitucional que se estime vulnerado o amenazado de la lectura de los hechos y las
pruebas con base en la facultad oficiosa del juez constitucional de tutela y el principio
iura novit curia.
III 6.3. TERCERO. Que como consecuencia de la declaración que antecede, se
ORDENE DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del diez (10) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por el Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera – Subsección B con ponencia del Magistrado Fredy
Ibarra Martínez durante el transcurso del proceso ejecutivo adelantado por
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA SAS ESP y sus cesionarios en contra
de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA SA ESP bajo el radicado No. 19001-23-
33-000-2017-00258-02 (71.126).
IV 6.4. CUARTO. Que como consecuencia de la declaración que antecede, se
ORDENE a la autoridad judicial accionada PROFERIR UNA DECISIÓN DE
REEMPLAZO de la sentencia del diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
proferida por el Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera – Subsección B con ponencia del Magistrado Fredy Ibarra Martínez
durante el proceso ejecutivo adelantado por COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL
CAUCA SAS ESP y sus cesionarios en contra de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL
CAUCA SA ESP bajo el radicado No. 19001-23-33-000-2017-00258-02 (71.126); y,
en su lugar, se tenga en cuenta las pruebas obrantes dentro del expediente, especial,
aquellas que demuestran que CEDELCA conoció durante el trámite del proceso
arbitral las cesiones que realizara CEC en favor de SOINCO y las que a su vez hiciere
éste último a sus acreedores, para así interpretar y aplicar de manera correcta los
artículos 1714 a 1723 del título XVII y 1959 a 1972 del título XXV del Código Civil,
declarando que CEDELCA no podía oponer la compensación a los cesionarios de
CEC porque guardó silencio cuando conoció tales negocios jurídicos2.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• La Compañía de Electricidad del Cauca SAS ESP [en adelanta CEC] y la
Empresa Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP [en adelante CEDELCA]
celebraron un contrato de gestión, en el cual pactaron una cláusula compromisoria.
• La CEC presentó demanda arbitral en contra de la CEDELCA, y durante el trámite
del proceso arbitral la CEC suscribió con la empresa Soinco Proyectos Ltda3 [en
adelante SOINCO] un acuerdo de voluntades denominado «cesión de derechos
2 Transcrito con posibles errores ortográficos.
3 Esta sociedad no es parte en el asunto que suscitó el presente mecanismo constitucional.
2
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económicos» por valor de $2.440.619.603. A su turno, y a través del mismo
mecanismo, SOINCO cedió parte de ese monto en favor de otras personas4.
• La demanda en mención fue decidida por un tribunal de arbitraje quien condenó
a la CEDELCA al pago de las sumas de dinero reclamadas5, y si bien la parte
desfavorecida interpuso recurso de anulación, el Consejo de Estado lo declaró
infundado.
• La CEC radicó demanda ejecutiva contra la CEDELCA con el fin de que se librara
mandamiento de pago por las sumas ordenadas en el laudo arbitral. Hecho
sucesivo, los «cesionarios» enunciados también presentaron demandas para que
se acumularan al proceso inicial.
• El Tribunal Administrativo del Cauca, si bien acumuló los procesos, libró
mandamiento de pago a favor solo respecto de la CEC, por la suma de
$33.424.075.377, así como por los intereses moratorios causados desde la
ejecutoria del laudo y hasta que se realice el pago.
• La CEDELCA propuso la excepción de compensación, comoquiera que en el
proceso judicial adelantado al interior del expediente 19001-31-03-004-2018-00001-
00, tramitado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Popayán, la
CEC –parte ejecutante– fue condenada a pagar $102.077.302.628 en favor de la
CEDELCA, como consecuencia de la rendición de cuentas del mismo contrato de
gestión que suscitó la convocatoria del tribunal de arbitral y $3.062.319.078 por
agencias en derecho.
• El Tribunal Administrativo del Cauca declaró terminado el proceso por
compensación de la obligación reclamada, porque la CEC adeudaba la suma de
$105.139´621.706, monto que supera el crédito reclamado por la CEC en el proceso
contra la CEDELCA, en consecuencia, como estas empresas eran acreedoras y
deudoras entre sí, procedía declarar la excepción que terminaba el proceso.
• Los demandantes interpusieron recursos de apelación contra la anterior decisión.
La ejecutante alegó que a la fecha en que se propuso la excepción de
compensación, no estaba ejecutoriado el auto que fijó la obligación del proceso de
rendición de cuentas en favor de la CEDELCA. Por su parte, el señor Juan Carlos
4 Juan Carlos Espinal López, Norma Consuelo Ospina, María del Socorro Ariza Gómez, Roberto
Náder Mora, Pablo Andrés Gálvez García, Diana Lucía Arcila Jiménez, Edith Beatriz Perlaza Prado,
César Eduardo Palau Durán, Yolanda Posada Delgado, Adriana Vargas Duque, Aurelio Sapuyes
Quintero, Carlos Hernán Villa Loaiza, Juan Pablo Borrero Rengifo, Adriana Mercado Jordán, Liliana
Baena Agudelo, Nelson Alberto Méndez Umaña, Diseños y Construcciones Electromecánicas SAS,
Inver Plus SAS, Andina de Ingeniería & Proyectos Ltda., Overoles y Botas La 68 Ltda., y Compañía
Mundial de Seguros S.A.
5 «Décimo Octavo: Como consecuencia de lo anterior, condenar a CEDELCA a pagar a favor de
CEC la suma actualizada de cuarenta y cinco mil trescientos cuarentaiún millones ciento veinticuatro
mil doscientos noventa y cinco pesos ML ($45.341.124.295), a título de cláusula penal, en los
estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. (…).
Vigésimo: Como consecuencia de lo anterior, condenar a CEDELCA a pagar a favor de CEC la suma
actualizada de cinco mil quinientos veintitrés millones quinientos setenta mil cincuenta y cinco pesos
ML ($5.523.570.055), a título de reconocimiento de inversiones conforme a lo estipulado en la
cláusula 20.5 del Contrato de Gestión, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia».
3
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Espinal López señaló que la entidad ejecutada aceptó tácitamente la cesión de los
créditos, pues, guardó silencio en las múltiples oportunidades donde le fueron
puestas de presente durante el proceso arbitral; los demás cesionarios insistieron
en la improcedencia de la compensación.
• El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 10 de
octubre de 2024, confirmó el fallo de primera instancia y condenó en costas, al
considerar que se cumplían los presupuestos descritos en los artículos 1714 a 1718
del Código Civil y 281, 282 y 442 del CGP, para declarar la compensación de la
obligación, máxime cuando no hubo aceptación formal de la cesión por parte del
deudor inicial [CEDELCA], y este podía oponerse a los «cesionarios» todos los
créditos que tuviese contra el «cedente» [CEC], hasta antes de ser notificado de la
cesión.
• La providencia controvertida fue notificada por el 13 de noviembre de 2024, y la
presente tutela fue radicada el 14 de mayo de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte tutelante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación.
Para desarrollar los anteriores yerros, los accionantes precisaron que el tribunal
accionado no valoró de manera integral el material probatorio aportado al
expediente, particularmente el título ejecutivo, consistente en el laudo arbitral, así
como los alegatos de conclusión de la CEDELCA, ya que de estos era posible
colegir que la CEDELCA tenía pleno conocimiento de las cesiones adelantadas
durante el trámite arbitral.
Alegaron que la decisión controvertida incurrió en un defecto sustantivo, por una
interpretación irracional de los artículos 1714 a 1723 del título VII del Código Civil,
concretamente el numeral 2° del artículo 1715, y los artículos 1959 a 1972 del título
XXV de la misma normativa e inciso 3° del artículo 68 del CGP.
Invocaron el defecto por decisión sin motivación, pues afirmaron que se crearon
requisitos no previstos por el legislador para la eficacia de la cesión de derechos,
como por ejemplo que la notificación se le debe hacer al deudor cuando se presenta
una cesión de derechos y los requisitos para que opere la compensación, como un
modo de extinguir las obligaciones.
Precisaron que no había dudas en cuanto a la cesión, porque estaba acreditado
que, al interior del proceso arbitral, la CEDELCA conocía de forma oportuna todas
las cesiones realizadas, al punto que el apoderado judicial se pronunció sobre
dichos negocios jurídicos cuando presentó alegatos de conclusión dentro del trámite
arbitral.
4
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1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 9 de junio de 2025, el magistrado sustanciador de la primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandado al Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Por su parte, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a los
«magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca y a las sociedades Compañía
de Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC), Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP
(CEDELCA) e Inver Plus S.A.S. y a los señores Juan Carlos Espinal López, Yolanda
Posada Delgado, Adriana Vargas Duque y César Eduardo Palau Durán».
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B por intermedio del
magistrado a cargo del despacho sustanciador de la providencia controvertida,
precisó que el mecanismo no tiene relevancia constitucional, porque se pretende
«revivir un debate procesal ya concluido como si se tratara de una tercera
instancia».
Resaltó que «la demanda de tutela resulta ser claramente infundada si se tiene en
cuenta lo advertido y puesto en consideración en la sentencia con la que se cerró el
debate judicial en segunda instancia, pues, en esa oportunidad se analizó todo lo
relacionado con la cesión de los derechos económicos reclamados en el proceso
ejecutivo».
1.6.2. La sociedad anónima INVER PLUS y CEC coadyuvaron la solicitud de
amparo. Además, la primera en mención precisó que la providencia controvertida
omitió hacer el análisis particular de INVER PLUS S.A.S., cuyos títulos ejecutivos
habían sido previamente reconocidos en calidad de cesionaria, mediante auto
judicial en firme dentro del proceso ejecutivo, sin que existiera recurso alguno en su
contra.
1.6.3. La CEDALCA pidió declarar improcedente el mecanismo, por falta de
relevancia constitucional, porque los accionantes pretenden subsanar una omisión
que tuvieron respecto a la formalización de la cesión de derechos, sobre todo si se
tiene en cuenta que, en el laudo arbitral, que sirvió como título ejecutivo, nada se
dijo frente a esas supuestas cesiones.
1.7. Fallo impugnado
El 31 de julio de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente el mecanismo, al considerar que la tutela versa acerca de un asunto
netamente legal y económico, por lo que «la parte actora propone la misma
discusión jurídica que se presentó en el proceso ejecutivo, porque insisten en la
cesión de derechos litigiosos a su favor y en la improcedencia de la compensación
[…], dentro del proceso ejecutivo».
5
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Agregó que el juez natural de la causa «explicó las razones por las cuales operaba
la compensación, teniendo en cuenta que entre la CEC (parte ejecutante) y
CEDELCA (parte ejecutada) eran acreedoras y deudoras entre sí y, que CEDELCA
nunca aceptó la cesión alegada por los accionantes, razón por la cual tenía derecho
a alegar en su favor la compensación y todos los créditos que había adquirido contra
la CEC».
1.8. Impugnación6
Los accionantes insistieron en los cargos de la tutela, y alegaron que el mecanismo
«trasciende lo puramente legal y económico, pues involucra la protección de
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al
debido proceso de los cesionarios, quienes fueron excluidos del reconocimiento de
su crédito, a pesar de que el deudor (CEDELCA) tuvo conocimiento real y oportuno
de las cesiones efectuadas».
Luego, destacaron que «en las actas de audiencia del proceso arbitral celebradas
el 4 de junio y el 15 de agosto de 2019 (folios 215 y 248 del cuaderno principal de
primera instancia), se consignaron intervenciones de los apoderados de CEDELCA
en las que reconocen la existencia de las cesiones y discuten su alcance jurídico.
De igual forma, en los alegatos de conclusión presentados por CEDELCA el 2 de
septiembre de 2019 (folios 310 a 335 del mismo cuaderno principal de primera
instancia), la entidad se refiere de manera expresa a los cesionarios, sin desconocer
la cesión, lo que configura una aceptación tácita y confirma su conocimiento
efectivo».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa - Coadyuvancia
Si bien el a quo constitucional no se pronunció al respecto a la coadyuvancia que
manifestaron las sociedades INVER PLUS y CEC, esta Sala las aceptará como
coadyuvantes en los términos del Decreto Ley 2591 de 19917, que señala que esta
6 El fallo fue notificado el 6 de agosto de 2025, la impugnación se presentó el 13 siguiente. El 25 de
agosto de 2025 fue concedida la impugnación.
7 «ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud». [Negrilla fuera del texto original].
6
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corresponde a una figura jurídica, en virtud de la cual, quien tenga un interés
legítimo en el resultado del proceso, podrá intervenir para reafirmar las
pretensiones del actor o de quien ha sido demandado.
En este orden de ideas, si bien INVER PLUS alegó unos cargos propios, la Corte
Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención en la acción de tutela,
precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las razones presentadas, bien
por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus
propias pretensiones8.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 31 de julio de 2025, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado al interior del presente mecanismo constitucional.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
8 Ver, por ejemplo: sentencia T-070 de 1° de marzo de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo y
sentencia T-269 de 2012, Luis Ernesto Vargas Silva, citada a su vez en la SU-326 de 2022.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.13
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201414, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia15.
Sobre el particular, se considera que, tal y como lo expuso el a quo, este asunto no
es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primer lugar, se recuerda que el fundamento de la autoridad judicial accionada
para confirmar el fallo de primera instancia que declaró terminado el proceso por
13 Énfasis de la sala.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
15 Énfasis de la sala.
8
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compensación de la obligación se dio al considerar que se cumplían los
presupuestos descritos en los artículos 1714 a 1718 del Código Civil y 281, 282 y
442 del CGP, para declarar la compensación de la obligación, máxime cuando no
hubo aceptación formal de la cesión por parte del deudor inicial [CEDELCA], y este
podía oponerse a los «cesionarios» todos los créditos que tuviese contra el
«cedente» [CEC], hasta antes de ser notificado de la cesión.
Agregó que «si bien los cesionarios tenían la facultad de intervenir en el proceso
arbitral para poder fungir como litisconsortes o como sucesores procesales del
cedente (CEC), lo cierto es que tampoco radicaron una petición en ese sentido para
que el ahora ejecutado (CEDELCA) se pronunciara sobre la cesión de los derechos
litigiosos, razón por la cual en el laudo arbitral objeto de ejecución en el presente
asunto no les fue reconocida a dichos».
Por su parte, se tiene que en esta oportunidad los tutelantes buscan que se declaren
los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación, porque a su juicio, en el
expediente contencioso ya se había reconocido tácitamente dicha cesión, al punto
que inclusive CEDELCA se refirió a ellos en varias de sus intervenciones.
Aclarado lo anterior, en primera medida se debe enfatizar que en materia de tutelas
contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en
asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el
estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre
constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de
no hacerlo, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas,
se convertiría el mecanismo en una tercera instancia.
Asimismo, que si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones
de cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es
importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial
énfasis en la carga argumentativa que se debe tener cuando se pretende dejar sin
efectos una decisión de la Sección que la Constitución Política 16 y la Ley17
determinaron como suprema autoridad en la materia.
En este orden de ideas, esta colegiatura no pasa por alto que en la solicitud de
amparo no se controvirtieron las razones por las cuales la autoridad judicial
accionada dispuso que procedía declarar la excepción de compensación, sino que
se insiste en los argumentos que fueron objeto de pronunciamiento por el juez
natural de la causa, consideraciones que, prima facie, no se advierten irrazonables
o arbitrarias, ya que se sustentaron en la interpretación que el tribunal de cierre le
dio al artículo 1718 del Código Civil.
16 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal
supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala).
17 Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo
9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala).
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02866-01
Al respecto, esta sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico18, no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de
tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde
cabe destacar que, de hacerlo, esta Sección se convertiría en una tercera instancia.
En consecuencia, se considera que si bien la parte actora intentó exponer las
razones por las cuales considera que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en su condición de alta corte, incurrió en una «vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales» o en «una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales», en realidad lo que se evidencia es
una mera inconformidad con el análisis efectuado por el ad quem.
En otras palabras, constituye un deber para el accionante exponer con suficiencia
los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus derechos
fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias
judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso de la materia, lo cual se acentúa cuando
el proveído proviene de una alta corte.
Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 573 de 2019 y
215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional,
puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la presunta
transgresión de algún derecho fundamental, en reabrir el debate ya zanjado en sede
contenciosa.
En este sentido, para esta Sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»19.
2.6. Conclusión
Así las cosas, esta Sala confirmará la decisión del a quo que declaró la
improcedencia de este mecanismo, en atención a que no puede el juez
constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que no
se superara el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
18 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02866-01
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR como coadyuvantes a INVER PLUS y CEC.
SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión de 31 de julio de 2025, de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, que declaró improcedente el mecanismo de amparo.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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