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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02879-00

Fecha
1 de julio de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02879-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por los señores Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá, por las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02879-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

1 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02879-00
Demandante: Martha Isabel Parra Barragán y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02879-00
Demandante: MARTHA ISABEL PARRA BARRAGÁN Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo por incumplimiento de los requisitos generales / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL– Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de
origen, reviviendo el debate probatorio ya surtido ante el juez natural de la causa.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Martha Isabel Parra
Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá contra el Tribunal Administrativo del Meta y
la Policía Nacional.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 14 de mayo de 20251, los señores Martha Isabel Parra Barragán y José
Aurelio Ochoa Buriticá mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela
contra las autoridades mencionadas, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso, con motivo de la sentencia de segunda instancia
proferida el 27 de febrero de 2025, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 500013333007201800135-01.
Formularon las siguientes pretensiones (transcripción textual):

En esta Acción de Tutela, la orden derivada del fallo a favor de mis poderdantes
debe tener un carácter definitivo, puesto que se trata de sujetos de especial
protección con una discapacidad física que no perciben ningún ingreso
económico. En este sentido, resulta procedente y excepcionalmente el amparo
definitivo, porque el deber de interponer la acción constituiría una carga
desproporcionada que no tendría en cuenta las capacidades subjetivas de los
Tutelantes. Así las cosas, se ruega CONCEDER EL AMPARO DE TUTELA, a
favor de mis Poderdantes y se ordene:

1
Se advierte que el 4 de junio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02879-00
Demandante: Martha Isabel Parra Barragán y otro

PRIMERO. Consecuentemente a lo probado y expuesto en esta Acción, se
ruega a su señoría para que en AMPARO DE TUTELA se ordene DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia de SEGUNDA INSTANCIA proferida por el respetado
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META fallado con fecha: VEINTISIETE
(27) DE FEBRERO DE 2025 por los Magistrados Ponentes: NOHRA EUGENIA
GALEANO PARRA, HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO Y TERESA
HERRERA ANDRADE. Y en su defecto, en el proceso de la referencia, dejar
firme lo fallado en PRIMERA INSTANCIA por el JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO a favor de los
aquí Tutelantes.

SEGUNDO. Ruego a su señoría ORDENAR a las entidades aquí TUTELADAS
y a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, para que, en el
plazo señalado, proceda a reconocer en AMPARO DE TUTELA su derecho al
reconocimiento y pago mensual de PENSIÓN DE BENEFICIARIO a favor de la
señora MARTHA ISABEL PARRA BARRAGAN identificada con la cédula de
ciudadanía No.28.798.135, y al señor JOSE AURELIO OCHOA BURITICA
identificado con cedula de ciudadanía No.6.024.092 por ser los Padres de su
Hijo difunto Causante de Pensión el señor JUAN DIEGO OCHOA
PARRA(Q.E.P.D.), identificado en vida con la C.C. No.1.120.381.699 expedida
en Granada Meta. Reconocimiento pensional que ruego se ordene su pago de
forma retroactiva con la prescripción trienal aplicable a cargo de la Entidad:
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL entidad de derecho
público representada por el señor Director General BRIGADIER GENERAL
CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRÁN, o quien haga sus veces
respectivamente. Teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del Causante
de Pensión, sucedida con fecha: OCHO (8) DE FEBRERO DE 2017.

2. De la demanda de tutela, de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El joven Juan Diego Ochoa Parra prestó sus servicios a la Policía Nacional,
como auxiliar, desde el 11 de agosto de 2015 hasta el 8 de febrero de 2017, fecha
de su fallecimiento.

4. En virtud de lo anterior, previa reclamación administrativa, resuelta en forma
desfavorable mediante el Oficio S-2017-053023 SEGEN/ARPRE-GRUPE 1.10 de 26
de octubre de 2017, los señores Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa
Buriticá, en calidad de padres del causante, ejercieron el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes por parte de la Dirección General de la Policía Nacional.

5. En primera instancia el proceso correspondió al Juzgado Séptimo
Administrativo de Villavicencio, que con sentencia del 30 de agosto de 2016 accedió
a las pretensiones, declaró la nulidad del acto enjuiciado y condenó a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reconocer a favor de los demandantes la
pensión de sobrevivientes, de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la
Ley 100 de 1993.

6. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso el recurso de
apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta con sentencia del
27 de febrero de 2025, que revocó la providencia recurrida y en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

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7. La parte actora reprocha que la providencia censurada dejó de valorar la
prueba testimonial debidamente decretada y recaudada en primera instancia, dado
que para sustentar la tesis expuesta, expresó «Para la Sala, los testimonios rendidos,
aunque coinciden en sus versiones, deben ser examinados con cautela debido a la
cercanía de los testigos con el causante y sus padres, lo que podría influir en sus
relatos y generar parcialidad o falta de objetividad en sus apreciaciones».

8. En consecuencia, la parte actora estima que en la sentencia cuestionada
incurrió en el defecto fáctico, por indebida valoración probatoria2, dado que
desconoció que los testimonios recaudados en primera instancia nunca fueron
tachados por la contraparte en la oportunidad procesal correspondiente, y por ende,
no podían ser desechados en la segunda instancia sin justificación alguna y sin
ofrecer la oportunidad para que los demandantes ejercieran su defensa, con lo que
se contravino lo estipulado en los artículos 1683 y 3274 del CGP.

9. Sostuvo que, si el juez colegiado tenía dudas de la credibilidad de los testigos,
bien pudo escucharlos nuevamente, así como también tenía la obligación de decretar
la práctica de otros medios de prueba que le ayudaran a despejar sus dudas y llegar
al convencimiento necesario para definir la controversia de fondo (citó la sentencia
T-077 de 2018).

10. Se refirió detalladamente a los testimonios de los señores Olga Patricia Torres
González, Etna Carolina Correa Parra y Miguel Ángel Quintero y señaló que en la
audiencia de pruebas se presentaron puntualmente, declararon libres de apremio, y
narraron de forma libre y espontánea lo que les constaba sobre el diario vivir de los
demandantes. Relatos que, a su juicio, evidencian la dependencia económica de los
padres demandantes.

11. Citó las sentencias T-456 de 2016 y C-111 de 2006, para sustentar que
contrario a lo exigido por el Tribunal demandado, basta que los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes demuestren que sin el apoyo del causante no tienen la
posibilidad de ejercer una subsistencia digna, independientemente de que perciban
salario u otra pensión, tengan un ingreso ocasional o incluso posean un predio. Es
decir, que no tienen que acreditar que se encuentran en un estado de miseria o
abandono para ser beneficiarios de la prestación establecida en el artículo 48 de la
Ley 100 de 1993, tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la SU-471 de 2010
y la SU-418 de 2019.

12. Agregó que los padres del causante se encuentran en «estado de salud
calamitoso», dado que los afectan enfermedades graves, tienen una edad avanzada

2
Sobre el particular, citó la sentencia T-190 de 2018.
3 ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las
pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas
o inútiles.
4
Artículo 327. Trámite de la apelación de sentencias. Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar
pruebas, cuando se trate de apelación de sentencia, dentro del término de ejecutoria del auto que
admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente
en los siguientes casos: (…)
3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas
en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

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y viven en condiciones de pobreza. El señor José Aurelio Ochoa Buriticá sufre de
dolores de columna que se aumentan con el movimiento al realizar labores que
requieran esfuerzo y la señora Martha Isabel Parra Barragán padece de dolor de
cabeza y de articulaciones (manos y piernas).

13. Adujo que de dichas enfermedades da cuenta la historia clínica de los
demandantes, documental que pudo ser decretada de oficio por el Tribunal
accionado, con el fin de esclarecer el estado de salud de los solicitantes, pero no lo
hizo, incumpliendo una vez más su obligación legal. En vista de lo anterior, solicitó
que el juez de tutela decrete estas pruebas, a fin de acreditar lo necesario para tener
por sentada la dependencia económica de los demandantes respecto del causante.

14. En relación al supuesto incumplimiento del deber de decretar pruebas de
oficio, citó las sentencias T-090 de 2019, T-615 de 2019, SU 768 de 2014, T-113 de
2019, T-588B de 2014.

15. Reprocha también que el fallo censurado haya exigido documentos contables
y/o financieros, y la acreditación de una condición de salud específica de los
beneficiarios para tener como probada la dependencia económica, cuando lo cierto
es que el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, únicamente exige la existencia del
vínculo con el causante, la fidelidad al sistema y de dependencia económica del
beneficiario (sobre el particular, citó las sentencias T-123 de 2121, T-471 de 2014 y
C-1094 de 2003).

16. Puso en tela de juicio que el Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado no hayan intervenido en el proceso.

17. Conforme con lo anterior, afirmó que la autoridad judicial incurrió en violación
de la Constitución, por desconocimiento de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 20, 29, 48,
53, 83, 90, 125, 209, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 228 y 252, toda vez que
inaplicó los postulados del debido proceso, omitió los principios de inmediación,
publicidad y contradicción, trasladó injustamente la carga de la prueba a los
demandantes y dejó de valorar los testimonios legalmente practicados en la primera
instancia (Al respecto citó la sentencia SU-129 de 2021). Acusó que, con este
proceder, también se vulneró los artículos 167, 168 y 176 del C.G.P.

18. Asimismo, estima que se inobservaron las siguientes cláusulas
constitucionales: el artículo 1º, en tanto se desconocieron pilares del Estado social
de derecho como la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad; el artículo 47, pues
se dejó de brindar un trato preferente a los discapacitados, enfermos y personas de
la tercera edad; y el artículo 53, porque no se aplicó la situación más favorable al
trabajador.

19. Insistió en que la providencia censurada, presenta las siguientes falencias.

(i) «La injustificada invalidez de los testimonios decretados por el Tribunal de
segunda instancia»;
(ii) «La omisión del juez de segunda instancia en decretar pruebas de oficio
ante la incertidumbre y dudas sin resolverse»;

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(iii) «El desconocimiento de la jurisprudencia que trata de que la dependencia
económica no tiene que ser ni total ni absoluta»;
(iv) «Que las normas de pensión de beneficiario no tienen nada que ver con
beneficiencia» (sic).

B. Trámite impartido e intervenciones

20. Mediante auto de 20 de mayo de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, al director general de
la Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y como
terceros con interés, al ministro de Defensa Nacional.

21. También se ordenó entregar copias de la demanda a los procuradores
judiciales para Asuntos Administrativos delegados ante el Juzgado Séptimo
Administrativo de Villavicencio y la Sala de Decisión Oral Cuatro del Tribunal
Administrativo del Meta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 50001-33-33-007-2018-00135 01, a fin de que intervinieran si a bien lo
tenían.

22. Se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

23. La magistrada del Tribunal Administrativo del Meta, ponente de la
providencia censurada, se opuso a la prosperidad del amparo, dado que se
encamina a revivir la discusión zanjada en el proceso ordinario, en la medida en que
se limita a señalar que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico y jurídico al no
valorar adecuadamente las preabas obrantes en el proceso, las cuales, en su criterio
son suficientes para acreditar la dependencia económica de los beneficiarios del
causante.

24. Adujo que, en el caso bajo estudio, las pruebas allegadas no lograron
demostrar la dependencia económica, es decir, el supuesto apoyo económico dado
por parte del fallecido a sus padres para cubrir las necesidades económicas básicas;
y que, es improcedente en sede de tutela solicitar nuevas pruebas so pretexto de
que el Tribunal no las decretó de oficio.

25. El apoderado de la Policía Nacional adujo que la entidad a la que representa
carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que desconoce las actuaciones
adelantadas por el despacho judicial demandado. En todo caso, señaló que no
advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

26. El Ministerio de Defensa, notificado en calidad de tercero interesado, se
refirió en forma general al régimen legal que ampara a los conscriptos, y a las
disposiciones en materia pensional que resultan aplicables cuando la muerte se
produce fuera del combate.

27. Hizo referencia a las consideraciones del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en relación con el medio de control de reparación directa con radicado 76001-
33-33-008-2021-00265-01, para señalar que en esa oportunidad la parte actora
tampoco demostró la dependencia económica con su hijo Juan Diego Ochoa Parra.

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28. Acto seguido, refirió la improcedencia de la tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, a gin de señalar que en el caso de autos no se
avizora una situación que amerite la intervención urgente del juez constitucional.

29. El señor procurador judicial para Asuntos Administrativos delegado ante
la Sala de Decisión Oral Cuatro del Tribunal Administrativo del Meta, intervino
para señalar que no rindió su concepto en el proceso 2018-00135 01, porque su
participación no es obligatoria, y además por el cúmulo de trabajo se concentra en
en las acciones constitucionales como pérdidas de investidura, electorales,
populares, invalidez

30. El procurador judicial para Asuntos Administrativos delegado ante el Juzgado
Séptimo Administrativo de Villavicencio dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-007-2018-00135 01, no
presentó informe alguno, pese a haber sido debidamente notificado5.

31. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

32. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

33. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales en cabeza de los
señores Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

34. Inmediatez. La tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 27 de febrero de 2025, notificada el 13 de marzo
siguiente, y la solicitud de amparo se presentó el 14 de mayo del año en curso, esto
es, dentro de los seis meses siguientes, término que resulta razonable.

5
SAMAI, índice 18.

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35. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela. Tampoco
se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que,
en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por
inconstitucionalidad6, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de
una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que
detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»7.

36. Agotamiento de los mecanismos de defensa judicial. La Sala estima que este
requisito está acreditado, habida cuenta de que contra la sentencia de segunda
instancia no procede recurso alguno, y las razones que motivan la demanda de tutela
no se ajustan a la procedencia o trámite de los recursos extraordinarios previstos en
la Ley 1437 de 2011.

37. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

38. Sobre este requisito, en sentencia del 5 de agosto de 2014 8, la Sala Plena
de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e
independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una
solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos.

39. Esta tesis se ajusta al precedente9 reiterado de la Corte Constitucional que,
de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario
para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación
propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es
inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección,
de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

40. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión
de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado
el alcance de un derecho fundamental.

6
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,
SU-114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-388 de 2023.
8
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

41. En el asunto bajo examen, la parte actora alegó que la providencia
censurada adolece del defecto fáctico y violación a la Constitución, porque no
valoró los testimonios recaudados en el proceso y no decretó pruebas de oficio para
efectos de verificar el dicho de los declarantes.

42. Adujo además que, desconoció la jurisprudencia en la materia, que es clara
al indicar que no se requiere que los reclamantes acrediten un estado de miseria,
sino que basta con demostrar que sin el apoyo brindado por el causante no pueden
proveerse una subsistencia digna.

43. Asimismo, insistió en que los testimonios escuchados en el proceso de
origen acreditan con toda claridad la dependencia económica de los padres del
causante, sin que sea exigible, como a su juicio, lo hizo el Tribunal accionado,
aportar documentos financieros, bancarios, o historias clínicas que demuestren el
precario estado de salud de los solicitantes.

44. Al revisar las premisas expuestas por el demandante, la Sala observa que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por cuanto pretende
convertirse en una instancia adicional del proceso ordinario, a fin de que se efectúe
un nuevo estudio probatorio con miras a que se acoja la interpretación propuesta
por los accionantes.

45. Nótese que, con el propósito de reabrir el debate, los accionantes afirman
que el Tribunal demandado no valoró las declaraciones de los señores Olga Patricia
Torres González, Etna Carolina Correa Parra y Miguel Ángel Quintero, lo cual no
se ajusta a la realidad, dado que la lectura de la providencia cuestionada revela
todo lo contrario. Diferente es que la autoridad judicial, al realizar una valoración
sistemática del material probatorio allegado al expediente a la luz de la sana crítica
y las reglas de la experiencia, concluyó que no se acreditó la dependencia
económica de los padres del causante, exigida para efectos de acceder a la
prestación deprecada.

46. Así se analizó en la sentencia del 27 de febrero de 2025:

En la audiencia de pruebas celebrada el 16 de febrero de 202120, se
presentaron varios testimonios con el fin de demostrar que los padres del
fallecido dependían económicamente de él y que su salud limitada impactaba
su capacidad para generar ingresos.

-Olga Patricia Torres González, ex vecina y amiga cercana por cuanto sus
respectivos hermanos convivieron durante un tiempo, afirmó que el señor
José Aurelio Ochoa Buriticá no podía trabajar debido a su estado de salud
porque sufría de dolor de columna y, por tanto, dependía completamente de
su hijo para su sustento; además, afirmó que Martha Isabel Parra padecía de
hemorragias y recibía apoyo económico y material de su hijo para sus
alimentos y medicamentos.

-Etna Carolina Correa Parra, compañera del demandante José Aurelio Ochoa
Buriticá, desde 3 años antes del fallecimiento de su hijo Juan Diego Ochoa
Parra también corroboró que ambos padres dependían de su hijo Juan Diego

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Ochoa Parra para cubrir sus necesidades básicas, tanto alimentarias como
médicas por las dificultades que ellos afrontaban para obtener sus recursos.

-Miguel Ángel Quintero Correa, amigo de Juan Diego Ochoa Parra, indicó que
le constaba que cada vez que él salía de permiso se dirigía a donde sus
padres para apoyarlos, llevarles mercados y lo que necesitaran, porque
debido a sus problemas de salud y edad, no podían generar ingresos y
dependían completamente del apoyo de su hijo fallecido, él fue testigo de ello
porque en múltiples ocasiones lo acompañó.

Para la Sala, los testimonios rendidos, aunque coinciden en sus versiones,
deben ser examinados con cautela debido a la cercanía de los testigos con el
causante y sus padres, lo que podría influir en sus relatos y generar
parcialidad o falta de objetividad en sus apreciaciones.

Además, al revisar el expediente, no se encontraron otros medios probatorios
que corroboren que, al momento del fallecimiento de Juan Diego Ochoa Parra,
sus padres dependieran económicamente de él o que no pudieran subsistir
sin su apoyo.

En consecuencia, los testimonios resultan insuficientes para acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, ya que no están acompañados de pruebas claras y objetivas, como
documentos financieros, historias clínicas o recibos de transferencias
bancarias, que respalden de manera sólida el presunto apoyo económico y
material.

De otra parte, los registros civiles de nacimiento de los demandantes
muestran que, en el año 2017, Martha Isabel Parra tenía 44 años y José
Aurelio Ochoa 51 años, edades que corresponden a una etapa de vida
productiva, lo que los ubica en condiciones de generar ingresos de manera
autónoma. Por lo tanto, se desestima el argumento de que dependían
económicamente del fallecido para su subsistencia.

Aunque es posible que los demandantes pudieran presentar alguna afección
de salud, tampoco se probó que su situación de salud o su edad les impidiera
ser autosuficientes económicamente.

En conclusión, en el sub examine, con las pruebas testimoniales allegadas al
plenario, los demandantes no acreditaron su dependencia económica
respecto a los recursos de su hijo, ya que en el expediente no existen pruebas
sólidas que respalden esa relación material, pues como se dijo anteriormente,
no hay evidencia de las contribuciones que su hijo en vida hizo para satisfacer
sus distintas necesidades fundamentales, tales como su alimentación,
vivienda, salud, servicios públicos esenciales, entre otros.

Por lo tanto, la Sala concluye que no se demostró la dependencia económica
de los demandantes respecto de su hijo Juan Diego Ochoa Parra, ni que ellos
se encontraran en una situación de debilidad manifiesta que justificara el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

47. A diferencia de la tesis acogida por los accionantes, para el Tribunal
accionado la dependencia económica de los padres del causante no se acreditó en
el plenario, no porque haya dejado de valorar los testimonios, como erradamente
lo sostiene la parte actora, sino porque los medios de prueba obrantes en el
expediente no le ofrecieron certeza de dicho supuesto fáctico, concretamente,
poque no se aportó ninguna otra prueba que respaldara lo dicho por los
deponentes.

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Demandante: Martha Isabel Parra Barragán y otro

48. A este punto, conviene señalar que no es que la autoridad judicial haya exigido
a los demandantes que aportaran pruebas como documentos contables y/o
financieros y las respectivas historias clínicas, sino que, a su juicio, ante una posible
narración subjetiva de los hechos por parte de los testigos, era necesario un respaldo
documental, para llegar al convencimiento de la existencia de una real dependencia
económica.

49. Vistas así las cosas, para la Subsección es claro que los argumentos
alegados en la tutela fueron invocados para continuar con un debate jurídico y
probatorio que ya fue decidido por la autoridad judicial accionada, consistente en
que, desde la óptica particular de la parte accionante, se debió ordenar el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de los señores Martha
Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá.

50. Tan es así, que incluso en esta instancia constitucional la parte actora
pretende que se decreten nuevos elementos de prueba para acreditar la condición
de salud actual de los padres solicitantes, con el claro propósito de subsanar las
falencias advertidas por el Tribunal accionado y suscitar nuevamente un debate
probatorio, el cual ya se surtió en el proceso de origen, en el que los interesados
no aportaron ni solicitaron como pruebas las documentales que ahora pretenden se
valoren en sede de tutela, no siendo éste el escenario para surtir ese tipo de
discusiones, que se zanjaron por el juez natural de la causa, tras el análisis conjunto
del material probatorio que se recaudó en el contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

51. Ahora bien, el hecho de que el juez de segunda instancia no haya encontrado
demostrado con suficiencia el requisito exigido por la norma para acceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no lo obligaba a decretar pruebas
de oficio como lo reclama la parte actora, toda vez que el análisis del suasorio en
conjunto no le ofreció dudas sobre el posible derecho que les asistía a los padres del
causante, sino más bien, lo hizo arribar a la conclusión de que no existía la
dependencia económica invocada.

52. Es cierto que en la sentencia SU-129 de 2021 la Corte Constitucional fijó como
regla de unificación que «Cuando en el marco de un proceso laboral se dicta un fallo
non liquet, con el argumento de que el enunciado descriptivo no ha sido probado por
la parte a quien corresponde la respectiva carga, sin hacer uso de las competencias
probatorias oficiosas, se configura un defecto fáctico en su dimensión negativa y, de
manera consecuente, se violan los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia», pero también lo es que la providencia censurada no es
un fallo non liquet, es decir, una sentencia en la que se hayan negado las
pretensiones por encontrar que no estaba claro el derecho pretendido, sino al
contrario, se negaron las súplicas de la demanda porque no se acreditó uno de los
requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión reclamada: la
dependencia económica.

53. No es que el fallador de segunda instancia haya tenido duda frente a esta
exigencia, sino que conforme a la valoración probatoria efectuada a la luz de la sana
crítica y las reglas de la experiencia, concluyó que los padres reclamantes no

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dependían económicamente de su fallecido hijo, porque no evidenció que en vida el
causante hubiera contribuido a satisfacer sus diversas necesidades fundamentales
(alimentación, vivienda, salud, etc.); en cambio, por motivos de la edad (44 años la
madre y 51 años el padre), estableció que los solicitantes se encontraban en una
etapa productiva de la vida en la que podían proveerse su propio sustento, sin que
se advirtieran impedimentos para ello.

54. En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a la
decisión censurada resultan razonables, y no merecen reproche alguno desde el
punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las comparta,
no significa que se hubieran configurado los defectos alegados, ni habilita al juez
constitucional para reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia
adicional.

55. Conforme a todo lo dicho, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por los señores Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio
Ochoa Buriticá, por incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional.

56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por los señores
Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá, por las
consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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