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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02879-01

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02879-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Modificar la sentencia proferida el 1 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá, para, en su lugar, negar el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con los motivos planteados. TERCERO: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el procurador judicial Víctor Januario Hoyos, de acuerdo con los motivos consignados en la parte considerativa de esta decisión. CUARTO: Reconocer personería al abogado Mauricio Ortiz Santacruz, identificado con cédula de ciudadanía número 79.522.196 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional número 158.718 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en representación de los accionantes conforme a los poderes especiales que obran a índice 12 de Samai del expediente de primera instancia. QUINTO: MANTENER LA RESERVA de los archivos contentivos de la historia clínica de los accionantes, aportados a este trámite constitucional. SEXTO: NOTIFICAR a las partes e interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-02879-01 Accionantes: Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02879-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02879-01
Accionantes: Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Subtema 2: reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. Dependencia económica. Subtema 3: defecto fáctico y violación
directa de la Constitución Política.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida el
1 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá, mediante
apoderado judicial, presentaron escrito de tutela con la pretensión de amparo de
sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y al «trato especial que
merecen por su condición de sujetos de especial protección constitucional», que
consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta y por la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con ocasión de la sentencia proferida el 27
de febrero de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado al número 50001-33-33-007-2018-00135-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1.A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02879-01
Accionantes: Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional

2. Los señores Martha Isabel Parra y José Aurelio Ochoa Buriticá, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandaron el oficio
expedido por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional que les negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de la cual adujeron ser
beneficiarios, como consecuencia del fallecimiento de su hijo, el conscripto Juan
Diego Ochoa Parra. En este orden, pidieron el reconocimiento, pago y reajuste de
la pensión de sustitución mensual, desde el 8 de febrero de 2017, en adelante,
Además, la reliquidación de las partidas computables.

3. En primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Villavicencio
dictó sentencia el 26 de marzo de 2021 en la que anuló el acto demandado y, en
consecuencia, condenó a la entidad demandada a reconocerles y pagarles a los
demandantes la pensión de sobrevivientes de conformidad con el artículo 48 de la
Ley 100 de 1993.

4. Sustentó que la muerte de Juan Diego Ochoa Parra ocurrió en servicio, en un
accidente de tránsito que tuvo lugar cuando prestaba el servicio militar obligatorio.
En igual sentido, encontró demostrado que los padres tenían quebrantos de salud
y que dependían económicamente del causante, porque así lo indicaron los testigos
a quienes se les otorgó pleno valor probatorio. Así, al considerar que el suceso no
ocurrió durante un combate ni por razones atribuibles al enemigo, era inaplicable la
normativa especial y debía acogerse lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

5. Inconforme con esta decisión, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
interpuso recurso de apelación en el que pidió que se revocara el fallo porque la
Ley 100 de 1993 era inaplicable a los miembros de la fuerza pública, salvo unos
escenarios excepcionales, de ahí que la norma especial debía prevalecer sobre la
general. En igual sentido, refirió que no se demostró la dependencia económica por
cuanto no se acreditó que los actores tuvieran una limitación física que les impidiera
ejercer sus actividades. De este modo, comoquiera que los auxiliares de policía no
tienen un vínculo laboral con la entidad, no era posible que el fallecido mantuviera
económicamente a sus padres.

6. El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia el 27 de febrero de 2025 en
la que diferenció las prestaciones de las que se beneficiaban quienes fallecieron en
ejercicio del servicio, y quienes se vincularon para prestar el servicio militar
obligatorio. En concreto, para los primeros solo se previó el pago de treinta y seis
(36) meses del sueldo básico por el tiempo que correspondía a un cabo segundo o
marinero, mientras que, para los segundos, la Ley 447 de 1998 dispuso que tenían
derecho a una pensión mensual vitalicia los parientes beneficiarios de quienes
hubieren fallecido durante la prestación del servicio militar obligatorio. Así, fue a
partir de esta normativa que se estableció el reconocimiento de la citada pensión,
siempre que esta ocurriera en el marco del servicio.

2

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Accionantes: Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá
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Ministerio de Defensa, Policía Nacional

7. En este contexto, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de ese año,
dispuso lo relativo al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que resultaba
más favorable en comparación con el régimen especial. De este modo, se valió de
la sentencia proferida el 12 de abril de 20181 por el Consejo de Estado, que analizó
la forma en que debía reconocerse la citada pensión en casos del personal que se
hubiere vinculado para prestar el servicio militar obligatorio, y hubiere fallecido en
simple actividad luego de la vigencia de la Ley ibidem.

8. Pese a que el Tribunal destacó que las reglas unificadas se dictaron en el marco
de una muerte en simple actividad, consideró que estas eran aplicables al presente
asunto, porque guardaban correspondencia con la prestación del servicio militar
obligatorio al interior de la entidad demandada. Esto, en línea con la posición que
adoptó en el fallo del 8 de abril de 20212, que trató sobre el reconocimiento de la
prestación para soldados regulares fallecidos en misión.

9. Aplicó lo expuesto al caso concreto y consideró que el señor Juan Diego laboró
en la entidad desde el 11 de agosto de 2015 al 8 de febrero de 2017, cuando falleció
en servicio activo, conforme a la calificación emitida. De modo que sus familiares
tenían derecho a beneficiarse de la pensión siempre que acreditaran que cumplían
con los requisitos de la Ley 100 de 1993, los cuales son cotizaciones mínimas,
ausencia de otros beneficiarios y dependencia económica.

10. En punto a estos, el Tribunal resaltó que, aunque se cumplieron los dos primeros,
el tercero no se demostró porque el artículo 47 de la Ley ibidem exigía que los
padres demostraran su dependencia económica con el causante. Así las cosas,
este presupuesto no se presumía, sino que debía probarse, y la dependencia
económica se interpretaba en los términos del Consejo de Estado, esto es, no como
una falta absoluta de recursos sino como condiciones mínimas para su
subsistencia, de forma alineada con la protección especial que merecen las
personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta por motivos
mentales, físicos o económicos.

11. Acorde con este relato, el Tribunal se refirió a los testimonios rendidos por los
señores Olga Patricia Torres González, Etna Carolina Correa Parra y Miguel Ángel
Quintero Correa, pero pese a que coincidieron en sus versiones, debían
examinarse con cautela por su vínculo de cercanía con los accionantes, lo que
podía impactar en su parcialidad o falta de objetividad. Además, el Tribunal no
evidenció en el expediente otros medios de prueba que corroboraran que los padres
del fallecido, al momento de su deceso, dependían económicamente de él o no
podían subsistir sin su apoyo. Por consiguiente, para el Tribunal, pese a que se les
otorgó valor a los testimonios, estos no eran suficientes para demostrar lo exigido

1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de
2018, exp. 81001-23-33-000-2014-00012-01.
2 Tribunal Administrativo del Meta, sentencia del 8 de abril de 2021, exp. 50001-33-33-001-2016-00387-01.

3

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Accionantes: Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá
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por la ley, máxime al no estar acompañados de pruebas como historias clínicas,
documentos financieros o recibos que respaldaran el apoyo material y económico.

12. Asimismo, se valió el contenido de los registros civiles de nacimiento de los
demandantes para poner de presente que, para el año 2017, tenían 44 y 51 años
de edad, respectivamente, lo que sugería que estaban en una etapa productiva de
sus vidas que los ubicada en una situación para generar ingresos y, por tanto, no
requerir del fallecido para su subsistencia. Inclusive, la autoridad judicial pese a que
reconoció la posibilidad de que los demandantes presentaran una afección de
salud, indicó que esta situación no se probó ni tampoco que su edad les impidiera
tener autosuficiencia económica.

13. En consecuencia, ante la falta de pruebas contundentes que revelaran la
contribución del causante en la satisfacción de las necesidades fundamentales de
los demandantes, como su vivienda, alimentación, salud y servicios públicos, no se
demostró la dependencia económica ni que los actores estuvieran en una situación
de debilidad manifiesta que justificara el reconocimiento de la pensión. Así, revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

14. Los actores solicitaron el amparo de sus derechos y, en consecuencia:

PRIMERO. Se ordene DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de SEGUNDA INSTANCIA
proferida por el respetado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META fallado con
fecha: VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE 2025 […]. Y en su defecto, en el proceso
de la referencia, dejar firme lo fallado en PRIMERA INSTANCIA por el JUZGADO a
favor de los aquí tutelantes.

SEGUNDO. ORDENAR a las entidades aquí TUTELADAS y a la DIRECCIÓN
GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL para que, en el plazo señalado, proceda a
reconocer en AMPARO DE TUTELA su derecho al reconocimiento y pago mensual
de la PENSIÓN DE BENEFICIARIO a favor de […], reconocimiento pensional que
ruego se ordene de su pago de forma retroactiva con la prescripción trienal aplicable
a cargo de la entidad […] teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del causante de
pensión, sucedida con fecha: OCHO (8) DE FEBRERO DE 2017.

15. En sustento, indicaron que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en un
defecto fáctico porque desechó los testimonios decretados en el proceso ordinario,
sin que estos hubieran sido objeto de tacha por su cercanía con los demandantes.
Aunado a esto, no se demostró que estos hayan faltado a su objetividad, de ahí
que no se garantizó el principio de contradicción.

16. En estos términos, no podía el Tribunal, sin justificación válida, restarles mérito
a las pruebas incorporadas debidamente al proceso y que fueron valoradas en

4

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primera instancia, sin que estas hubieran sido objeto de tacha o desacreditación
por las partes. Dicho en otras palabras, el Tribunal desacreditó el mérito probatorio
de las pruebas testimoniales, y con ello revocó la decisión del juez, en contravía de
lo establecido por la jurisprudencia, sin que, al respecto, hubiera brindado una
explicación de por qué «no probaron la tacha en contra de lo declarado en audiencia
de pruebas», cuando lo cierto es que, al analizar los dichos de los declarantes,
estos rindieron sus versiones, frente a la dependencia económica, de manera libre
y espontánea.

17. Así, los aquí accionantes rogaron que, en esta acción constitucional de tutela
«se toma la precaución de ver los videos de la audiencia de pruebas, a fin de
indagar de primera mano lo afirmado por el mismo Juzgado» y se dejara sin efectos
el fallo tutelado porque omitió pronunciarse sobre las pruebas determinantes sin
brindar una explicación detallada, las cuales satisfacían las exigencias del artículo
167 del CGP. De este modo, al no referirse a los testimonios aportados en debida
forma al proceso, se violó el artículo 176 ibidem.

18. Asimismo, el Tribunal pidió determinadas pruebas como documentos bancarios
e historias clínicas, las cuales no se pudieron aportar al proceso porque transcurrió
un término mayor a 5 años desde el fallecimiento del causante. De ahí que no era
exigible su conservación como lo dispone el artículo 60 del Código de Comercio y
el artículo 632 del Estatuto Tributario. También pusieron de presente que no se
requería que estuvieran en la capacidad de generar sus propios ingresos para tener
derecho a disfrutar de la pensión reclamada, es decir que, no debió analizarse su
autosuficiencia, porque la dependencia económica no requería ser total.

19. En similares términos, manifestaron que el Tribunal confundió los conceptos de
beneficencia con el de pensión de beneficiario, ya que según la jurisprudencia la
dependencia económica no excluía la percepción de ingresos adicionales, sino que
requería la subordinación de los padres respecto de la ayuda pecuniaria percibida
por parte de su hijo.

20. Adicionalmente, el juez de segunda instancia omitió decretar pruebas de oficio,
pese a que era un deber según la Corte Constitucional. Esto lo sustentaron en que
no pidió la práctica de un nuevo interrogatorio de los testigos para confrontarlos y
permitirles, en calidad de demandantes, ejercer una contradicción. Adicionalmente,
en atención a que la muerte del causante ocurrió el 8 de febrero de 2017, no
contaban con documentos financieros adicionales ya que, según la normativa de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN) estos solo debían
conservarse por 5 años.

21. En tercer lugar, se desconoció la jurisprudencia sobre la dependencia
económica. En cuanto a esto, refirió que cumplió con los requisitos para acceder al
reconocimiento de la pensión como el vínculo familiar y la dependencia económica,

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esta última que acreditó con los tres testimonios y aclaró que «incluirán una serie
de exámenes médicos que corroboran las enfermedades graves y crónicas que
padecen los padres, lo que les imposibilita realizar labores productivas o generar
ingresos por sí mismos». Así, quedaba acreditada su incapacidad para sostenerse
como consecuencia de su estado de salud.

22. De esta manera, cuestionaron que la interpretación del Tribunal, relativa a que
los demandantes debían demostrar una vulnerabilidad por razones de salud o una
afectación médica, no tenía respaldo en la normativa vigente y en la jurisprudencia.

23. Por último, se desconocieron las normas de la pensión que no aluden al
concepto de beneficencia, razón que sustentaba que no debía acreditarse
enfermedad ya que los requisitos para acceder a la pensión debían ser los
dispuestos taxativamente en la ley sin imponerse cargas adicionales.

24. Fundamentaron, lo anterior, en la violación del debido proceso previsto en el
artículo 29 Superior y en el cumplimiento de la carga probatoria que les asistía
según el artículo 167 del CGP. De manera que se vulneró el equilibrio procesal ante
la ausencia de una valoración razonable y completa del material probatorio.
También se vulneraron los principios procesales de inmediación y de contradicción,
lo que incidió en el desconocimiento del precedente constitucional por la
inobservancia frente a las pruebas. Así, encontraron lesionados los principios
constitucionales ante una interpretación indebida de los artículos 13 y 53 del texto
Superior.

25. En línea con las razones expuestas, indicaron que la falta de pronunciamiento
del Ministerio Público, en el caso particular, afectaba la validez e integridad del fallo
judicial y constituía una vulneración adicional de los derechos. Aunado a ello,
pusieron de presente que eran personas de edad avanzada que tenían graves
padecimientos de salud, presentes al momento del fallecimiento de su hijo, y que
vivían una condición de pobreza extrema lo que los colocaba en una situación de
indefensión.

26. Por tanto, reclamaron que, de la forma en que lo demostraban con la historia
clínica que anexaron a esta acción de tutela, se hacía necesario el reconocimiento
pensional para garantizar su mínimo vital. Afirmaron que comoquiera que el
Tribunal no decretó pruebas de oficio, pese a que tenía el deber de hacerlo,
aportaban determinados documentos para demostrar que su hijo era quien les
pagaba los gastos médicos.

27. También trajeron a colación que eran dependientes, aun en la actualidad, de
ayudas económicas y morales y que no contaban con estudios universitarios,
fuentes de ingresos fijas ni cotizaban al sistema general de pensiones, motivo por
el que requerían el reconocimiento de la pensión para el pago de sus servicios

6

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Ministerio de Defensa, Policía Nacional

médicos. Por ello, ante casos como el suyo, dadas la particular situación en la que
se encuentran, debía prevalecer un enfoque diferencial.

2.3. Trámite procesal

28. El despacho de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto del 20 de mayo de 20253, admitió la solicitud de amparo, vinculó a
los terceros interesados, tuvo como pruebas los documentos aportados con la
demanda, requirió al abogado de la parte actora para que aportara el poder especial
y le solicitó al Tribunal Administrativo del Meta que remitiera enlace de acceso al
expediente ordinario.

29. ElTribunal Administrativo del Meta aportó enlace de acceso al expediente
ordinario4 y en memorial de intervención, refirió que se oponía a las pretensiones
ya los actores pretendían revivir una discusión concluida. Por tanto, pidió declarar
improcedente el amparo5. Por su parte, el abogado aportó los poderes especiales
conferidos por los aquí tutelantes6.

30. La Secretaría General de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
planteó que carece de legitimación en la causa por pasiva ya que era el Tribunal a
quien le correspondía dictar la sentencia. Por ello, no vulneró los derechos
fundamentales. En consecuencia, pidió su desvinculación de este trámite de tutela7.
Posteriormente, la asesora del Sector Defensa-16 de la entidad allegó informe en
el que indicó que la carga de la prueba, que recaía en la parte actora, no se satisfizo
en el proceso a tal punto que la acción de tutela era improcedente como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En este orden, pidió que se negara
el amparo ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales8.

31. El procurador judicial, Víctor Januario Hoyos Castro refirió que no intervino en el
proceso ordinario resuelto por el Tribunal, no solo porque no es obligatorio, sino
porque está enfocado en acciones constitucionales. De esta manera, expresó, que
respeta las decisiones judiciales proferidas y solicitó su desvinculación 9. Las
restantes autoridades no concurrieron a este trámite.

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02879-00, índice 5.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02879-00, índice 10,
9029F6C4327F2235 152F41CE1948B295 7A51EEBF6CD60884 3037727C8B5F4579.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02879-00, índice 11.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02879-00, índice 12, EFD63A3DB6A57CF2 905A1E05380A4613

D630E4C3BA8B87A1 F491D405BBF62DF3.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02879-00, índice 13, 830DF5E566697883 E1A42D26491E8EC8

6BB8CD226E1AB721 3516979F7230AF58.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02879-00, índice 14, 80CE132EF2E662BF E6B77AF935B48D79
75E6ACA7EB838E21 AF6197D183B963F2.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02879-00, índice 19.

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2.4. Sentencia de primera instancia

32. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia
el 1 de julio de 2025 en el que declaró improcedente el amparo por no superar el
requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

33. Consideró que la acción de tutela pretendió convertirse en una instancia
adicional del proceso ordinario, con el fin de que se efectuara un nuevo estudio
probatorio del caso y se acogiera la interpretación de los demandantes. Así, la parte
actora refiere que no se valoraron las declaraciones de los señores Olga Patricia
Torres González, Etna Carolina Correa Parra y Miguel Ángel Quintero, pero esto
no es acertado, comoquiera que la sentencia del 27 de febrero de 2025 analizó todo
el material probatorio de manera integral, y aun así concluyó que no se probó la
dependencia económica. Concretamente, del extracto de la sentencia se advierte
que, pese a que hizo alusión a las referidas declaraciones, consideró que estas no
ofrecían credibilidad sobre los hechos al no estar respaldadas en otras pruebas.

34. Aclaró que, el Tribunal Administrativo del Meta no les exigió a los demandantes
que aportaran documentos contables o financieros, ni sus historias clínicas, sino
que requirió un respaldo documental del dicho de los deponentes, que le permitiera
alcanzar la certeza frente a la dependencia económica. Esto, en palabras de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, era una demostración
de la intención de revivir el debate judicial, porque el propósito de los actores era
que se ordenara el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor.

35. Lo anterior lo respaldó, con el hecho de que aun en esta instancia constitucional
de tutela, el extremo accionante pretendió el decreto de nuevos medios de prueba
que le permitieran acreditar la condición actual de salud de los padres, con el fin de
subsanar las falencias que advirtió el Tribunal en el proceso ordinario, algo que no
es propio de este mecanismo.

36. En igual sentido, destacó que la falta de acreditación de la dependencia no le
exigía al Tribunal decretar pruebas de oficio, ya que no se trató de un escenario en
el cual hubieran surgido dudas, sino, por oposición, de un convencimiento de que
no existía la referida dependencia. Por tanto, a pesar de que la Corte Constitucional,
en la sentencia SU-129 de 2021, fijó una regla aplicable a los fallos non liquet 10,
esta no tenía cabida en el caso puntual, precisamente porque la sentencia del 27
de febrero de 2025 no tenía esa naturaleza – no se negaron las pretensiones por
falta de claridad en el derecho–, sino que esto ocurrió por ausencia de demostración
de uno de los requisitos de la ley para acceder a la pensión de sobrevivientes: la
dependencia económica.

10 En atención a que la presente providencia acoge la política de lenguaje claro, la expresión non liquet, según

el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, refiere que «No está claro».

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Ministerio de Defensa, Policía Nacional

37. Bajo este entendido, el Tribunal no tuvo una duda que debió zanjar, sino que, de
conformidad con la valoración probatoria que efectuó, concluyó que los padres no
dependían económicamente de su hijo fallecido, ante la acreditación de que este
contribuyera en la satisfacción de sus necesidades fundamentales. En cambio, se
evidenció que estos estaban en una etapa productiva de su vida que les permitía
proveer su propio sustento sin impedimentos.

38. Enconsecuencia, las razones del Tribunal son razonables y, por tanto, no
merecen algún reproche constitucional. De esta manera, el hecho de que la parte
accionante no las comparta no implica que la decisión está incursa en los defectos
específicos alegados11.

2.5. Impugnación

39. La parte actora refirió que el fallo de primera instancia fue contradictorio, ya que
en efecto según la sentencia SU-129 de 2021 de la Corte Constitucional se incurrió
en un defecto fáctico. En particular, en el proceso ordinario se demostró la
dependencia económica de los demandantes respecto del fallecido, sin que el
Tribunal hubiera logrado desacreditar la prueba testimonial y documental, y sin la
práctica de pruebas de oficio. En este orden, se negó el acceso a la justicia por no
permitir una carga probatoria justa y equitativa, cuando el legislador no previó más
exigencias que las previstas en la Ley 100 de 1993 en punto a acreditaciones
probatorias.

40. Asimismo, destacó que bastaba leer la demanda de tutela para concluir que no
se empleó la sana crítica conforme a la jurisprudencia de las altas cortes y aclaró
que no interponía la presente acción de tutela para protestar frente a lo decidido,
así como tampoco para reabrir el debate legalmente concluido. De este modo, el
objeto del amparo era la protección de los principios constitucionales que permitían
que se revocara el fallo de segunda instancia para, en su lugar, acoger las súplicas
de la demanda.

41. En los mismos términos, expresó que merece una especial protección por
tratarse de personas de la tercera edad y en extrema pobreza, y que en el fallo de
primera instancia no se observaron las «causales de nulidad» en las que incurrió el
Tribunal.

42. Concretamente, refirió: i) violación del derecho al debido proceso y contradicción
de la prueba, conforme a los artículos 133.3 y 168 del CGP, ya que en segunda
instancia se desecharon las pruebas sin contradicción y sin sustentar las razones
por las que fueron «tachadas»; ii) omisión en el decreto de pruebas de oficio según
el artículo 176 del CGP, en la medida en que debió procederse de conformidad para

11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02879-00, índice 22.

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Accionantes: Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional

restarse credibilidad a lo que quedó demostrado en primera instancia; y iii) violación
del principio de imparcialidad y sana crítica (artículo 42 y 176 del CGP).

43. Además: iv) desconocimiento del test de proporcionalidad y defecto fáctico en
casos como el suyo que involucran a sujetos de especial protección constitucional.
En este orden, para desvirtuar lo probado era deber del Tribunal oficiar a las
entidades que expiden las historias clínicas; v) defecto sustantivo por interpretación
restrictiva del derecho a obtener la pensión de sobrevivientes, porque según la Ley
100 de 1993 bastaba con demostrar el apoyo del causante; y vi) desconocimiento
del principio de congruencia (art. 281 del CGP), en tanto la Ley ibidem no exigía
demostrar la beneficencia sino la subsistencia, de suerte que la tutela se sustentó
en criterios que no fueron objeto del proceso, como la generación de ingresos por
los padres.

44. En este contexto, insistieron en que los testigos en el proceso coincidieron en
sus versiones, están en una situación de indefensión y la única garantía que tenían
para subsistir era el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Por estos
motivos, solicitaron que en el fallo de segunda instancia se ampararan sus derechos
fundamentales12.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 1 de julio de
2025.

3.2. Cuestión previa

46. La Sala precisa que la parte actora utilizó el recurso de impugnación para
volver sobre las razones que sustentaron su demanda de tutela, pero, además,
agregó ciertos cargos y amplió otros. En particular, se refirió a que, dentro de los
reproches efectuados al Tribunal, este debió ordenar la práctica de pruebas de
oficio para lograr la consecución de todas sus historias clínicas, sumado al hecho
de que existió un desconocimiento del principio de congruencia porque la decisión
judicial tutelada se basó en razones como la percepción de ingresos, aspecto que
no fue objeto de contradicción.

47. Al respecto, debe manifestarse que la Sala limitará su pronunciamiento, en
esta oportunidad, a los cargos que efectivamente integraron el escrito de tutela en

12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02879-00, índice 26.

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Ministerio de Defensa, Policía Nacional

torno al cual las partes pudieron ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
De ahí que no ahondará en cuestiones ampliadas en sede de segunda instancia,
con el fin de evitar la lesión de prerrogativas fundamentales.

48. Por su parte, aunque el extremo accionante refirió en sede de este recurso,
que el fallo de primera instancia inobservó las «causales de nulidad» en las que
incurrió el Tribunal, de manera que esta última decisión también incurrió en estas,
ello no implica que alegó una nulidad procesal. Por oposición, se interpreta que se
trata de los cargos que sustentaron el amparo y a través de los cuales pretende
deslegitimar la decisión adoptada en sede ordinaria, que fue objeto de estudio en
el marco de esta acción constitucional.

3.3. Legitimación en la causa

49. Lalegitimación en la causa por activa de los señores Martha Isabel Parra
Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá está acreditada, por cuanto fueron
demandantes en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por tanto, son los titulares de los derechos fundamentales que consideraron
vulnerados.

50. Ahora bien, como los accionantes actúan a través de apoderado,la Sala le
reconocerá personería expresamente, en la parte resolutiva de esta decisión,
conforme a los poderes especiales conferidos para esos efectos.

51. También está demostrada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Meta, por cuanto fue la autoridad que profirió el fallo del 27 de
febrero de 2025, objeto de esta acción constitucional.

52. De otra parte, se destaca que, aunque la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional solicitó su desvinculación de este trámite, el juez de primera instancia
omitió resolver sobre el particular. Al respecto, pese a que esta entidad no fue quien
realizó la acción u omisión que presuntamente vulnera sus derechos, y al margen
de su condición de accionada en este trámite, la Sala no declarará su
desvinculación porque le asiste interés material en las resultas del proceso al ver
involucrados sus derechos a la defensa y contradicción.

53. Por último, el procurador judicial Víctor Januario Hoyos Castro también pidió ser
desvinculado de esta acción. No obstante, lo cierto es que esto no es procedente
ya que, por un lado, intervino en el presente trámite como tercero interesado, y, por
otro lado, revisados los cargos del escrito de tutela estos refirieron que la ausencia
de pronunciamiento del Ministerio Público incidió en la vulneración de los derechos
fundamentales. De este modo, cualquier decisión que se emita, al margen de la
facultad que el asiste a este organismo público de intervenir o no en este trámite,
le compete directamente.

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3.4. Problema jurídico

54. Corresponde a la Sala decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
sentencia proferida el 1 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo por falta de relevancia
constitucional. En particular, deberá establecer si se superó este y los restantes
requisitos de procedibilidad. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se
precisará si el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en los defectos fáctico y
violación directa de la Constitución Política13 y, por lo tanto, vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante.

3.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
14 y de la Corte Constitucional
55. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional15.

56. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

57. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales16 y, por

13 Se precisa que estos son los dos defectos que subsumen los cargos de la parte actora, ya que, aunque se

alegó una interpretación indebida de normas legales, estas redundan en la interpretación y aplicación de
acuerdo con el precedente constitucional, algo que es propio el defecto de violación directa de la Constitución.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

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tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

58. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento de precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución17.

3.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

59. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional18 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

60. Así pues, la Corte Constitucional19 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»20 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental»21;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre
un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no
para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.

61. En el caso particular, contrario a lo considerado por el juez de primera instancia,
la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte
accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos
fundamentales, expuso razones que se encuadran en los defectos fáctico y
17 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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violación directa de la Constitución Política, lo que, a su juicio, impidió que se
expidiera una decisión ajustada a derecho.

62. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

63. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de tutela se profirió el 27 de febrero de 2025 y la demanda se
radicó el 14 de mayo siguiente, de manera que esto se hizo dentro de los seis (6)
meses siguientes contados a partir de la expedición de la providencia, esto es,
dentro del plazo de previsto por la jurisprudencia constitucional22, y el Consejo de
Estado23, como razonable.

64. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido contra la
decisión que le puso fin al proceso judicial. Finalmente, la providencia reprochada
no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y no se alegó una irregularidad
de carácter procesal.

65. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico y violación directa
de la Constitución Política, y, en este orden, continuará con el análisis de fondo en
los términos que planteó la parte actora.

3.6.1. Del defecto fáctico

66. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión25» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

22 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
24 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
25 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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67. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»26. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»27.

3.6.2. Del defecto por violación directa de la Constitución Política

68. La Corte Constitucional precisó que esta causal tiene sustento en el artículo 4°
Superior el cual prevé que la Constitución es norma de normas y en caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales28.

69. A su turno, recopiló los eventos en los que se presenta la violación directa de
la Constitución los cuales se resumen, así: primero, cuando en la solución del caso
se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; segundo, cuando el asunto versa sobre la violación
evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; tercero, cuando los
jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución y cuarto, si el juez
encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales (excepción de inconstitucionalidad).

3.7. Caso concreto

70. En el caso particular, los accionantes manifestaron que el Tribunal incurrió
en defecto fáctico al invalidar los testimonios decretados en el proceso, porque
estos fueron creíbles y no se tacharon de falsos ni se controvirtieron por las partes.
El Tribunal, sin justificación, les restó valor probatorio cuando estos satisfacían las
exigencias del artículo 167 del CGP y permitían tener por demostrada la
dependencia económica.

71. Al respecto, la Sala considera que, revisada la sentencia del 27 de febrero
de 2025, esta no omitió apreciar los testimonios de los señores Olga Patricia Torres
González, Etna Carolina Correa Parra y Miguel Ángel Quintero Correa, todo lo
contrario, se pronunció en punto a estas declaraciones, que encontró coincidentes,

26
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.

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pero las descartó, por sí solas, para demostrar la dependencia económica, porque
los declarantes tenían un vínculo de cercanía con los demandantes. Así, apreciados
los testimonios en su contenido, y a partir de una valoración integral del material
probatorio, el Tribunal concluyó que requería de otras pruebas que, en el caso
particular no habían sido allegadas, para tener certeza del referido requisito.

72. Lo anterior, se conecta directamente con el planteamiento de los
accionantes, relacionado con la exigencia del Tribunal de presentar determinadas
pruebas que no pudieron remitir al proceso por el vencimiento del término de 5 años
previsto para conservarlas. Dicha premisa es completamente equivocada porque
en el fallo el Tribunal no exigió, como tarifa legal, que los demandantes tenían que
allegar los referidos soportes, sino que los enunció, a modo de ejemplo, para ilustrar
que no contaba con las pruebas suficientes para tener por superado el requisito
exigido por ley.

73. Para esta Sala constitucional, la parte tutelante pretende llevar al juez a un
convencimiento errado como si se hubiera empleado un rigor excesivo en la
valoración por parte del juez de segunda instancia, cuando lo cierto es que el
Tribunal se limitó a efectuarla dentro de los estándares de la sana crítica y la
valoración conjunta.

74. A esto conviene agregar que, a pesar de que según los actores la autoridad
accionada les demandó una dependencia total frente a la generación de sus
ingresos, lo que conllevó a que confundiera los conceptos de beneficencia y de
pensión de beneficiario, este supuesto está equivocado y resulta, por completo,
descontextualizado, en la medida en que el Tribunal fue explícito en poner de
presente que la dependencia económica la interpretaría según lo dispuesto por el
Consejo de Estado y en línea con el texto Superior.

75. De esta manera, no se trataba de una falta absoluta de recursos sino de
garantía de condiciones mínimas para la subsistencia. Esto, fue aplicado al caso
particular, dado que el Tribunal manifestó que no estaba probada la contribución
del causante a la satisfacción las necesidades básicas de los demandantes.

76. En este sentido, no pueden pretender los accionantes que por referirse a la
autosuficiencia económica o a la capacidad para generar ingresos se les impuso
una exigencia desbordada que desconoce que la dependencia no debe ser total. Si
bien en el fallo tutelado se destacó que los actores estaban en una edad productiva,
esto se utilizó como sustento para establecer que no requerían del fallecido para su
subsistencia.

77. Ahora bien, los tutelantes también refirieron que el Tribunal incurrió en
defecto fáctico porque no decretó pruebas de oficio dirigidas a controvertir los
testimonios, ni les permitió ejercer contradicción en sede de segunda instancia.

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78. Al respecto, la Sala observa que el decreto de pruebas de oficio es una
facultad que, como bien lo expuso la primera instancia en este trámite, procede
ante situaciones que generen duda, pero no puede desplazar las cargas que
legalmente les asisten a las partes, porque esto generaría un desequilibrio procesal
e incidiría en el principio de imparcialidad.

79. Así pues, lo que se observa es una valoración razonada por el Tribunal que,
en el marco de su ejercicio interpretativo les restó mérito a los testimonios por no
contar con pruebas adicionales que los respaldaran.

80. Por último, los actores pusieron de presente que se desconoció la
jurisprudencia sobre la dependencia económica, pero, en realidad, afirmaron que
la interpretación del Tribunal relativa a que tenían que demostrar su vulnerabilidad
no tenía respaldo en las normas y en la jurisprudencia, lo que afectaba postulados
constitucionales superiores. Bajo este entendido, la Sala considera que la parte
pretende utilizar su solicitud de amparo para presentar nuevas pruebas, entre ellos,
exámenes médicos con los cuales demostrar sus padecimientos de salud y que, de
forma general, permitirían probar la subsistencia y dependencia, aspecto que se
debió acreditar en sede del proceso ordinario.

81. Los tutelantes, con base en los planteamientos anteriores, pretenden
atribuirle al fallo del Tribunal un alcance distinto al que realmente tiene. En efecto,
dicho fallo no exigió expresamente la demostración de una afectación en la salud,
sino que utilizó este aspecto como un criterio válido dentro de su argumentación,
con el fin de evidenciar la ausencia de prueba sobre la dependencia económica.
Además, recurren a la acción de tutela como un mecanismo para suplir la falta de
satisfacción de la carga probatoria que les corresponde como parte en el proceso
ordinario, como si esta acción constituyera una instancia adicional en la que
pudieran corregir sus omisiones y reabrir la discusión sobre la necesidad imperiosa
que alegan tener de acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

82. Así, no es acertado afirmar que el Tribunal le impuso a la parte actora cargas
adicionales y desproporcionadas en contravía de los requisitos previstos por la ley,
sino que, precisamente, se valió de estos para abordar aspectos intrínsecos a la
dependencia, como lo es la supervivencia, la vulnerabilidad, la satisfacción de
garantías mínimas y el encontrarse en una edad productiva que avalara su
autosuficiencia.

83. Las consideraciones que preceden permiten afirmar que los argumentos de
los tutelantes quedan reducidos a su inconformidad con la sentencia como si esta
acción de tutela fuera una tercera instancia en la que se pueden introducir nuevas
pruebas que propicien una revaloración por parte del juez constitucional. En
consecuencia, resulta evidente que no se violaron las disposiciones invocadas, el

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equilibrio procesal y, en particular, los principios procesales relativos a la
observancia de las pruebas.

84. Al margen de lo considerado, el extremo tutelante también refirió, aunque sin
mayor sustento, que se afectó la validez y la integridad del fallo judicial, lo cual
constituía una vulneración adicional a sus derechos, porque el Ministerio Público
no se pronunció en el caso particular. No obstante, esto no resulta pertinente
porque más allá de que no permite estructurar un defecto específico contra la
providencia judicial, no tiene sustento normativo, en tanto la intervención del
Ministerio Público no tiene un carácter obligatorio en el proceso contencioso-
administrativo 29.

85. Por último, no sobra precisar que la parte actora, en su impugnación, insistió
en que se acreditó la configuración del defecto fáctico porque estaban dados los
supuestos de la sentencia SU-129 de 2021, a la cual hizo referencia la primera
instancia de tutela. No obstante, estructuró su inconformidad en que en el proceso
ordinario se probó la dependencia económica, supuesto que no corresponde a un
fallo non liquet, porque este, como se ha expuesto, es aquel en el cual se niegan
las pretensiones de la demanda ante la falta de claridad en el derecho, que no es
equiparable a la ausencia de pruebas.

86. Adicionalmente, manifestó que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado dejó de analizar los vicios en que incurrió la decisión proferida
por el Tribunal, lo cual no corresponde con la realidad del expediente porque, sin
perjuicio de que hubiera declarado la improcedencia de la tutela por ausencia del
requisito de la relevancia constitucional, lo cierto es que analizó el defecto fáctico
en punto a la indebida apreciación probatoria y el decreto de pruebas de oficio,
consideraciones que se refuerzan con el estudio de fondo efectuado en esta
providencia.

87. Así pues, no hay lugar a considerar que se minimizó lo probado según la Ley
100 de 1993, sino que se efectuó una apreciación integral de las pruebas acorde
con la jurisprudencia, la cual contó con una debida exposición de las razones por
las cuales se les restó credibilidad a los testigos citados al proceso.

IV. CONCLUSIONES

88. En los anteriores términos, la Sala concluye que habrá lugar a modificar la
sentencia dictada el 1 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo por falta de relevancia

29
Artículo 303 del CPACA dispone que «el Ministerio Público está facultado para actuar como demandante o
como sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los
derechos y garantías fundamentales».

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Ministerio de Defensa, Policía Nacional

constitucional, para, en su lugar, negarlo con fundamento en las razones expuestas,
ya que el Tribunal Administrativo del Meta no incurrió en los defectos alegados.

V. RESERVA DE LA HISTORIA CLÍNICA

89. La Sala dispondrá mantener la reserva de los archivos contentivos de la
historia clínica de los accionantes, aportados a este trámite constitucional.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Modificar la sentencia proferida el 1 de julio de 2025 por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
de tutela interpuesta por los señores Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio
Ochoa Buriticá, para, en su lugar, negar el amparo, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con los motivos
planteados.

TERCERO: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el procurador
judicial Víctor Januario Hoyos, de acuerdo con los motivos consignados en la parte
considerativa de esta decisión.

CUARTO: Reconocer personería al abogado Mauricio Ortiz Santacruz,
identificado con cédula de ciudadanía número 79.522.196 de Bogotá y portador de
la tarjeta profesional número 158.718 del Consejo Superior de la Judicatura, para
actuar en representación de los accionantes conforme a los poderes especiales que
obran a índice 12 de Samai del expediente de primera instancia.

QUINTO: MANTENER LA RESERVA de los archivos contentivos de la historia
clínica de los accionantes, aportados a este trámite constitucional.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes e interesados en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02879-01
Accionantes: Martha Isabel Parra Barragán y José Aurelio Ochoa Buriticá
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta y Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

VMP/SEJV

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