Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02912-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02912-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02912-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
24 de julio de 2025
Demandante: Juan Pablo Durán Rueda
Demandado: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02912-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02912-00
Demandante: JUAN PABLO DURÁN RUEDA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo. Subsidiariedad y falta de legitimación en la
causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Juan Pablo Durán Rueda, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela1 contra el presidente de la República y el Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, con el fin de amparar sus derechos fundamentales
a la salud, a la vida, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad social
en salud y al debido proceso.
Estimó quebrantadas tales garantías constitucionales por no permitírsele el
acceso a un tratamiento urgente para la escoliosis, lo que pone en riesgo su
integridad física.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó lo siguiente:
1. Contra el Presidente Gustavo Petro Urrego:
• Ordenar, en su calidad de comandante Supremo, una investigación
inmediata sobre las prácticas del Batallón #37, mediante las cuales fueron
vulnerados mis derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la dignidad
1
Samai, índice 1, mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2025.
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humana, al mínimo vital, a la seguridad social en salud y al debido proceso,
entre otros.
• Instruir al Ministerio de Defensa para implementar protocolos que eviten
retiros abruptos e ilegales sin garantías médicas que protejan la salud, la
dignidad y la vida de la totalidad de los integrantes del Ejercito Nacional y
sin tratos discriminatorios contra los soldados a los cuales se les discrimina
asumo yo, por considerárseles el eslabón más débil de la cadena de mando
sin tener en cuenta que sin los soldados de nuestro Ejército Nacional no
podría subsistir.
2. Contra el Ejército Nacional.
• Ordenarle al Ejército Nacional Batallón Presidencial de Infantería # 37 Bogotá
DC: Que teniendo en cuenta mi especial, compleja y difícil condición de salud, se
realicen dentro del tiempo más inmediato posible, la totalidad de las gestiones
administrativas tendientes a que se me proporcione atención medica integral
inmediata en la división de Sanidad del Ejercito Nacional del Cantón Militar
Pichincha, de la ciudad de Cali, para tratar la Escoliosis que se ha venido
incrementando hasta el punto que ya limita mis funciones básicas para el diario
vivir, y que además lo hagan sin anteponer problemas de tipo administrativo para
hacerlo y hasta que logre alcanzar mi Máxima Mejoría Medica..
2- Ordenarle al Ejército Nacional Batallón Presidencial de Infantería # 37 Bogotá
DC: establecer de manera inmediata la totalidad de mis derechos Fundamentales
Vulnerados, a la salud, a la vida, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
seguridad social en salud y al debido proceso.
3- Ordenarle al Ejército Nacional Batallón Presidencial de Infantería # 37 Bogotá
DC: iniciar un procedimiento de retiro justo que incluya la totalidad de las
evaluaciones médicas pendientes y las que se deriven de las mismas y se me
cancelen todos los emolumentos de ley que por derecho me corresponden, según
lo establecido en la legislación o normativa correspondiente, hasta que pueda
alcanzar mi Máxima Mejoría Medica y cubran los gastos de viaje que por sus
abusos y errores de tipo administrativo me toco asumir a través de un préstamo
de NEQUI, del cual adjunto pruebas.
4- Ordenarle al Ejército Nacional Batallón Presidencial de Infantería # 37 Bogotá
DC: Restablecer de manera inmediata mi derecho Fundamental al Mínimo Vital,
hasta que logre alcanzar mi Máxima Mejoría Medica, permitiéndome obtener unas
condiciones dignas de vida durante mi proceso de rehabilitación integral en salud.
5- Ordenar al Ejército Nacional Batallón Presidencial de Infantería # 37 Bogotá
DC: Que, dadas mis limitantes condiciones de salud, la totalidad de mi proceso
administrativo para un retiro en condiciones dignas, sea llevado a través de la
sede administrativa del cantón Militar Pichincha de la ciudad de Cali, teniendo de
presente que los largos viajes a la ciudad de Bogotá DC, afectan mi delicado
estado de salud a la par que dificultan y entorpecen mi tratamiento de
rehabilitación a la vez que repercuten de manera negativa en mi mínimo vital dado
su elevado costo.
6- Ordenar al Ejército Nacional Batallón Presidencial de Infantería # 37 Bogotá
DC, que la extensión de los posteriores permisos(hasta el momento presente ya
van dos sin remuneración alguna), la renovación de las incapacidades y demás
documentación en la que sea requerida mi presencia personal y mi firma, sea
realizada en el Cantón Militar Pichincha de la ciudad de Cali que es donde
actualmente resido, ya que dadas mis difíciles condiciones de salud, y los escasos
recursos económicos que poseo lo único que lograrían con eso es agravar mis
difíciles condiciones de salud y vida digna a la par que retardar y entorpecer mi
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tratamiento de rehabilitación impidiéndome alcanzar mi Máxima Mejoría Medica,
lo cual finalmente me ocasionaría perjuicios irremediables.2
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
El accionante indicó que desde el 5 hasta el 14 de febrero de 2025 estuvo en el
Cantón Militar Pichincha de Cali, haciendo los exámenes de incorporación como
soldado bachiller. Como consecuencia de la incorporación al Ejército Nacional
fue trasladado a Bogotá para comenzar el respectivo entrenamiento en el
Batallón de Infantería 37 Guardia Presidencial para su entrenamiento.
Indicó que el 24 de febrero siguiente, durante el entrenamiento, debido a una
carga de peso excesiva, le surgió un dolor agudo de espalda, el cual se
incrementó y tornó insoportable hasta convertirse en limitante. Sostuvo que,
frente a dicha situación, la Unidad de Apoyo a la Salud Operacional BIGUP
expidió una incapacidad médica temporal por treinta días, bajo el diagnóstico
«M419 Escoliosis».
Manifestó que, con el paso de los días, el dolor de espalda se manifestó más
intenso, por lo que el 25 de marzo del presente año tuvo que ser atendido
nuevamente por la misma causa, situación que generó una nueva incapacidad
médica por treinta días, la restricción de la actividad física con cargas de peso,
exámenes de radiología y la remisión al especialista para que se examinara
su caso con más detalle.
Indicó que, si bien debía renovar su incapacidad el 24 de abril de 2025, el día
anterior, esto es, el 23 de abril, el Ejército Nacional le notificó el retiro
inmediato del Batallón de Infantería 37 Guardia Presidencial, en razón a los
resultados del tercer examen de incorporación, sin que hubiera podido
realizarse los exámenes ordenados por la Unidad de Apoyo a la Salud
Operacional BIGUP el 25 de marzo.
Expresó que el Ejército Nacional lo retiró estando enfermo, sin posibilidad de
continuar con el servicio de salud de la Dirección General de Sanidad Militar
y sin recursos económicos para poder retornar a Cali.
Además, refirió que la institución le informó que desde ese momento no
recibiría remuneración y debía regresar en quince días a Bogotá para firmar
los papeles de desvinculación, omisión que acarrearía que fuera catalogado
como remiso y pudiera ser detenido.
Señaló que el 24 de abril de 2025, después de once horas de viaje, al llegar
a Cali presentó un dolor más intenso y al no disponer de medicamentos
intentó acudir a la EPS Servicio Occidental de Salud SOS, entidad promotora
de salud a la cual se encontraba vinculado antes de incorporarse al Ejército
2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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Nacional. No obstante, dicha entidad le comunicó que estaba simultáneamente
vinculado a esa EPS y al régimen especial de las fuerzas militares, por lo que no
podían continuar atendiéndolo hasta que se remitiera una certificación en la que
constara su total desvinculación de la institución.
Aseguró que el 7 de mayo, frente a la amenaza de ser declarado remiso, se
presentó en el Batallón de Infantería 37 Guardia Presidencial en donde le
informaron que la orden de retiro definitivo no había llegado, por lo que debía
comprar una boleta de permiso por trece días más, sin tener en cuenta su
delicado estado de salud. Además, de reiterar la amenaza de ser declarado
remiso.
Concluyó que, debido al abrupto retiro del servicio, no pudo tener continuidad en
la atención médica, por lo que no ha podido cumplir con las recomendaciones
realizadas por los médicos y, actualmente, continúa incapacitado y en estado de
debilidad manifiesta.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio del accionante, el Ejército Nacional ha impedido su acceso al tratamiento
que necesita con carácter urgente para la escoliosis, lo que genera un riesgo en
su integridad física.
Aseguró que fue retirado sin las evaluaciones médicas pendientes por lo que se
violaron los protocolos internos (Decreto 1797 de 2000). Asimismo, aseguró que
se incumplió el Decreto 2353 de 2015, por el que se obliga al régimen militar a
responder por su salud hasta la desvinculación formal, lo que generó que no
tenga un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, lo que incluye alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica
y servicios sociales necesarios, a los cuales no puede acceder por su condición
actual de salud.
Manifestó que es un sujeto de especial protección, por lo que el Ejército Nacional
desconoció la Constitución Política y la ley, ya que dicha entidad tiene la
obligación de garantizarle el acceso a los recursos básicos necesarios para
poder tener una vida digna, como consecuencia de su estado de salud.
En relación con el presidente de la República, aclaró que si bien no es el
causante directo del agravio, sí es responsable por no supervisar que existen
políticas públicas que permiten violaciones sistemáticas a los derechos
fundamentales de los integrantes de las fuerzas armadas y, en su caso concreto,
por no vigilar las políticas de protección para los miembros del Ejército Nacional.
1.5. Trámite en primera instancia
Repartida inicialmente la acción de amparo al Juzgado Segundo de Familia de
Oralidad de Santiago de Cali, mediante el auto interlocutorio 550 del 8 de mayo
de 2025, este despacho judicial ordenó al accionante corregir el escrito de tutela,
en el sentido que especificara la presunta vulneración o amenaza de
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transgresión de derechos por parte del presidente de la República y lo pretendido
respecto de dicha autoridad.
El 12 de mayo de 2025, mediante correo electrónico, el demandante indicó lo
siguiente:
AJUSTES CLAVE
• Enfoque en Responsabilidad Jerárquica: Si bien, el Excelentísimo Señor
Presidente de la República de Colombia Gustavo Petro Urrego, no es responsable
directo de los hechos, sí es responsable de la omisión en supervisar políticas que
permiten violaciones sistemáticas a los derechos Fundamentales de los
integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia y en mi caso concreto, en
supervisar las políticas de protección de los derechos fundamentales de los
integrantes del Ejercito Nacional al cual pertenezco.
• Precisión en las Peticiones: Las órdenes al Presidente son específicas
(investigación y políticas), no genéricas.
• Esta corrección busca subsanar el error formal señalado por el juzgado. Al
vincular al presidente desde su rol constitucional (no como responsable directo).
1. Marco de Responsabilidad del presidente (Art. 189 CP):
El Presidente de la República, como comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas, tiene la obligación constitucional de garantizar que las instituciones
militares respeten los derechos fundamentales de sus integrantes. Sin embargo,
por parte del citado mandatario, no se han implementado políticas efectivas para
prevenir violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los soldados,
tal cual es mi caso. 3
El 15 de mayo de 2025, mediante auto 580, el Juzgado Segundo de Familia de
Oralidad de Santiago de Cali admitió la solicitud de amparo en contra del
«Ejército Nacional de Colombia – comandante del Batallón de Infantería # 37
Guardia Presidencial teniente coronel Luis Fernando Londoño Villamizar,
comandante en jefe presidente de la República y el ministro de Defensa Pedro
Arnulfo Sánchez Suárez».
Con todo, indicó que el tutelante ratificó la acción de tutela contra el presidente
de la República, por lo que escindió la demanda constitucional en el sentido de
remitir al Consejo de Estado lo atinente al cuestionamiento frente a esta
autoridad.
En cumplimiento de lo anterior, se efectuó el correspondiente reparto ante esta
corporación y, a través de oficio del 21 de mayo de 2025, el consejero ponente
manifestó su impedimento con ocasión de la vinculación de la Defensoría del
Pueblo, por estar incurso en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal.
No obstante, el 5 de junio del presente año, la Sala declaró infundado el
impedimento al no estar acreditada su configuración.
3 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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En tal sentido, mediante auto del 25 de junio de 2025, se admitió la acción de
tutela y se ordenó notificar al presidente de la República y al Departamento de
la Presidencia de la República.
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentó el siguiente informe:
1.6.1. Presidencia de la República
Argumentó que en este caso existe una falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que las reclamaciones que formula el accionante no le son
imputables ni por acción ni por omisión a dicha entidad.
Expuso que tampoco hace parte de sus atribuciones legales, pues según las
funciones asignadas en el Decreto 2647 de 2022, no le corresponde realizar
alguna de las actividades que el demandante requiere.
Afirmó que resultaría inocuo cualquier pronunciamiento frente a las pretensiones
del accionante, pues están dirigidas a la Dirección de Sanidad Militar y, en
subsidio, serían de competencia de la Superintendencia Nacional de Salud, por
medio de su función de inspección vigilancia y control de los actores de la salud.
Advirtió que la competencia para atender medicamente al accionante es del
Ejército Nacional y del subsistema de salud de las Fuerzas Militares –SSFM que
es administrado por la Dirección de Sanidad, razón por la cual Presidencia de la
República no tiene injerencia alguna para ejecutar los reclamos presentados por
el actor y tampoco representa legalmente a ninguna de las entidades accionadas
o vinculadas en el presente asunto.
Por lo anterior, indicó que en este caso no existe una omisión o una acción de
su parte, por lo que no existe vulneración de alguno de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la presente acción constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva y que se declare su improcedencia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2 Cuestión previa
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En este caso, la Presidencia de la República solicitó su desvinculación de la
presente acción constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, se precisa que tal solicitud será denegada, pues su comparecencia
al proceso de tutela se realizó en calidad de demandada y, por ende, su
vinculación es necesaria para garantizar su derecho de defensa y contradicción
y, de paso, dilucidar los hechos materia de controversia como posible
responsable de la vulneración alegada.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si la
Presidencia de la República vulneró los derechos fundamentales invocados por
el señor Durán Rueda.
Frente a la primera solicitud, esto es, que el presidente de la República en calidad
de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas ordene una investigación
inmediata sobre las prácticas del Batallón de Infantería 37 Guardia Presidencial,
mediante las cuales el accionante considera que fueron vulnerados sus derechos
fundamentales, se analizará si cumple el requisito de subsidiariedad.
En relación con la pretensión de «instruir al Ministerio de Defensa para
implementar protocolos que eviten retiros abruptos e ilegales sin garantías
médicas que protejan la salud, la dignidad y la vida de la totalidad de los
integrantes del Ejército Nacional y sin tratos discriminatorios contra los soldados
a los cuales se les discrimina por considerárseles el eslabón más débil de la
cadena de mando», se estudiará si se cumple el presupuesto de la legitimación
en la causa por activa del accionante para promover la acción de tutela de la
referencia.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución prevé el precepto constitucional según el cual,
toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que
se alega amenazado o vulnerado
2.5. Requisito de procedibilidad adjetiva de subsidiariedad
En cuanto a la subsidiariedad, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante
sentencia SU-297 de 2015, advierte lo siguiente:
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4.4.2. De igual manera, la Corte ha explicado que este presupuesto de
procedibilidad no sólo implica que el accionante identifique los yerros de la autoridad
judicial que dan origen a la vulneración, sino que también exige que las mismas
hayan sido puestas en conocimiento del juez en su debida oportunidad de ser ello
posible, puesto que, de conformidad con los artículos 86 de la Carta y 6º del Decreto
2591 de 1991, resulta necesario preservar el principio de subsidiariedad que
subyace a la acción de tutela.
En ese sentido, esta Corporación ha determinado que el recurso de amparo es
improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos procesales de
defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza oportuna y adecuadamente,
acudiendo en su lugar a la acción constitucional, ya que las herramientas instituidas
por el legislador en los procesos ordinarios son también verdaderos mecanismos
de protección de las prerrogativas fundamentales, por lo que deben usarse en su
debido estadio procesal, para que en caso de no prosperar y demostrarse que la
autoridad judicial se negó injustificadamente a enmendar su yerro, pueda prosperar
el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.
2.6. Legitimación en la causa por activa
Sobre el particular, se destaca que el inciso primero del artículo 86 de la
Constitución Política prevé el derecho que tiene toda persona de reclamar ante
los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o
vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
En concordancia con lo anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
establece que toda persona que considere trasgredidos sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita:
i) Por el titular de las garantías constitucionales; ii) a través de representante
legal; iii) apoderado judicial; o iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el
titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su
defensa; además, contempló que los defensores del pueblo y los personeros
municipales también pueden promover este mecanismo constitucional4.
En relación con la figura de la agencia oficiosa es preciso indicar que se deben
acreditar los siguientes requisitos: i) el agente oficioso debe manifestar que actúa
como tal y ii) debe demostrarse la circunstancia real de que el agenciado, esto
es, el titular del derecho no está en condiciones físicas o mentales para promover
su defensa.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
radica la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser
así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del
asunto.
2.7. Caso concreto
4 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, exp. T-6.040.070.
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En primer lugar, la parte actora pretende que se le amparen sus derechos
fundamentales a la salud, la vida, dignidad humana, mínimo vital, seguridad
social en salud y debido proceso, porque en su sentir el presidente de la
República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República
es el responsable de ordenar una investigación inmediata sobre las prácticas
realizadas por el Batallón de Infantería 37 Guardia Presidencial.
El demandante, concretamente, alegó que estos derechos se vulneraron por el
Batallón debido a la orden inmediata de retiro del servicio del Ejército Nacional
por el diagnóstico emitido por «la Unidad de Apoyo a la Salud Operacional
BIGUP» en el que se dictaminó con «M419 Escoliosis».
Concretamente, alegó que el Ejército Nacional lo retiró faltando un día para
renovar su incapacidad, sin que se hubiera podido realizar los exámenes
ordenados por la Unidad de salud y sin el diagnóstico del especialista, lo que
ocasionó la imposibilidad de continuar con este servicio, además de
desconocer la prestación económica a la cual tenía derecho y sin poder acudir
a su entidad promotora de salud, por encontrarse simultáneamente vinculado
a dicha entidad y al régimen especial de las fuerzas militares.
Frente a esta pretensión, la Sala observa que el actor presentó la tutela sin
previamente agotar todos y cada uno de los mecanismos previstos en la ley para
cuestionar lo que por vía de tutela pretende. En este caso, que se emita una
decisión para ordenar una investigación inmediata contra el Batallón de
Infantería 37 Guardia Presidencial con el fin de revisar las actuaciones realizadas
por este, frente a su situación.
No obstante, se advierte que el accionante debió elevar previamente una petición
en tal sentido, como derecho fundamental de aplicación inmediata, tal como lo
concibe y regula el artículo 23 de la Constitución Política, en armonía con el
artículo 85 ibidem, para obtener una pronta y adecuada respuesta de fondo
sobre su inconformidad y, en caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, poder
ejercer los mecanismos judiciales procedentes.
También, pudo interponer una queja, mecanismo que pone en conocimiento la
ocurrencia de una situación irregular en la que ha participado un servidor público
en ejercicio de funciones públicas, con el fin promover la investigación
correspondiente5.
Por lo anterior, la Sala advierte que frente a esta solicitud no se cumple con el
mencionado requisito de la subsidiariedad6, según el cual, «[e]sta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
5 Corte Constitucional, sentencia T-412 del 22 de mayo de 2006, expediente T-1266441.
6 Presupuesto de procedibilidad previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución.
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irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.7
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a esta acción constitucional.
En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
Por lo tanto, en relación con la pretensión encaminada a que el presidente de la
República adelante una investigación inmediata sobre las prácticas realizadas
por el Batallón de Infantería 37 Guardia Presidencial, la Sala declarará la
improcedencia de la presente acción constitucional por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.
Ahora bien, frente al requerimiento particular de «instruir al Ministerio de Defensa
Nacional para implementar protocolos que eviten retiros abruptos e ilegales sin
garantías médicas que protejan la salud, la dignidad y la vida de la totalidad de
los integrantes del Ejército Nacional y sin tratos discriminatorios contra los
soldados por considerárseles el eslabón más débil de la cadena de mando», la
Sala considera que el accionante carece de legitimación en la causa por activa.
En efecto, de acuerdo con lo solicitado por el actor, se advierte que no ejerció
este mecanismo con el propósito que se amparen sus propios derechos, pues lo
pretendido en este punto es la creación de «protocolos» para evitar retiros
irregulares a los miembros de esa institución, pese a que en la actualidad ya se
encuentra retirado de las fuerzas militares.
Además, no explicó cómo la falta de tales protocolos puede traducirse en un trato
discriminatorio e ilegal por parte de dicha institución que afecte su situación
particular pues, de hecho, no hizo mención a una afectación concreta
relacionada con la posible vulneración de sus propias garantías sino de los
soldados en general.
En esa medida, la Sala encuentra que, en el presente caso, no existe
legitimación en la causa por activa, porque no está acreditado que el accionante
esté facultado para representar legalmente a los soldados que integran el
Ejército Nacional o que sea el apoderado de cada uno de ellos, pues se echa de
7 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante».
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menos que el accionante identificara los miembros de dicha institución a los
cuales presuntamente se les desconocieron sus garantías constitucionales, lo
cual cobra relevancia en atención a que este es un presupuesto necesario para
ejercer la acción de tutela, toda vez que los derechos fundamentales son
personalísimos.
Por lo anterior, es necesario que exista un sujeto determinado, titular de
derechos fundamentales, para efectos de que la acción de tutela proceda y el
juez constitucional valore el caso concreto y llegue a una solución encaminada
a proteger o restaurar la amenaza o vulneración, así como un sujeto –de
naturaleza pública o privada- que vulnere o amenace un derecho fundamental.
Es importante resaltar que para promover la acción de tutela no basta con hacer
referencia a las garantías fundamentales que, en sentir del actor, fueron
transgredidas, sino que además es necesario que se especifique al individuo
afectado, pues justamente se ha considerado que «la titularidad de los derechos
fundamentales son predicables de una persona individualizable»8.
En este caso, el accionante ni siquiera afirmó que tenía la potestad para
promover este mecanismo constitucional en nombre de otros sujetos, bien sea
en calidad de agente oficioso o en representación de algún ciudadano en
específico, aspecto indispensable para que fuera viable abordar el estudio de la
controversia planteada.
Por lo tanto, en criterio de la Sala, al no ser el titular de los derechos invocados
con la presentación de la acción de tutela, así como al no contar con poder para
representar a los soldados del Ejército Nacional ni actuar como agente oficioso
de estos, es claro que, frente a este requerimiento, el señor Durán Rueda no
está legitimado en la causa por activa en el presente asunto, y así se declarará
en la parte resolutiva de esta sentencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la
Presidencia de la República.
SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el señor Juan Pablo Durán Rueda, frente a la solicitud de adelantar una
investigación inmediata sobre las prácticas realizadas por el Batallón de
Infantería 37 Guardia Presidencial.
TERCERO: Declárase la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Juan Pablo Durán Rueda, respecto de la petición de implementar protocolos para
8 Corte Constitucional, Sentencia T-095 de 25 de febrero de 2016, exp. T- 5.193.939.
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Demandante: Juan Pablo Durán Rueda
Demandado: Presidencia de la República y otros
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evitar retiros irregulares de los soldados del Ejército Nacional.
CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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