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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07728-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07728-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 20 de enero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07728-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07728-01
Demandante JUAN PABLO DURÁN RUEDA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra sentencia de tutela y actuaciones de tutela.
Requisitos de procedencia excepcional. Relevancia constitucional.
Situación de fraude. Notificación tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo
de tutela del 20 de enero de 2026, proferido por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente:
«Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Presidencia de la República,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Juan Pablo
Duran (sic) Rueda contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las
razones expuestas en esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Juan Pablo Rueda presentó acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y otros, alegando la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, al mínimo vital, a la vida
digna, a la seguridad social, al trabajo, al acceso a la administración de justicia y a
la integridad personal. Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 11 de noviembre
de 2025, proferida por esa autoridad judicial en la acción de tutela con radicación
11001-03 15-000-2025-02912-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Declarar la NULIDAD ABSOLUTA de la Sentencia del Consejo de Estado del 11
de noviembre de 2025, proferida en el radicado 11001-03-15-000-2025-02912-01, por:
• Decisión sobre proceso jurídicamente inexistente (Auto 1.077).
• Notificación extemporánea que agravó la indefensión.
• Omisión de pronunciamiento sobre vulneraciones continuadas de derechos
fundamentales.
• Vulneración del derecho a la defensa técnica por notificación extemporánea.
SEGUNDA: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO que se abstenga de nuevo conocimiento del
asunto y remita el expediente al Juzgado de Familia de Oralidad de Cali para estricto
cumplimiento del Auto Interlocutorio No. 1.077 del 11 de agosto de 2025.
TERCERA: Adoptar MEDIDAS CAUTELARES ULTRAURGENTES ordenando: Contra
EJÉRCITO NACIONAL:
• Pago de salarios atrasados desde abril/2025 con sus respectivos intereses moratorios.
• Reactivación inmediata del sistema de salud militar.
• Realización INMEDIATA de radiografía de columna vertebral total.
• Programación de Consulta URGENTE con Especialista en ortopedia y traumatología.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07728-01
Demandante: Juan Pablo Durán Rueda

• Entrega de medicamentos y órdenes para tratamiento médico integral.
• Reparación integral por daños y perjuicios en mi salud, morales y materiales.
• Orden para posterior valoración del cuerpo médico con resultados de los exámenes.
Contra EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS:
• Orden de afiliación al sistema de atención en salud por parte de la EPS Servicio Occidental
de Salud SOS, con posterioridad a la emisión del certificado de desvinculación por parte
de las fuerzas militares, previo cumplimiento de la totalidad de los protocolos establecidos
en el Ejército Nacional y sin que la EPS anteponga problemas de tipo administrativo para
hacerlo.
• Garantía de continuidad en tratamiento médico integral.
CUARTA: Ordenar la REMISIÓN a la Comisión de Aforados del Consejo Superior de la
Judicatura para investigación disciplinaria contra los magistrados accionados por:
• Prevaricato por omisión (Artículo 434 Código Penal).
• Denegación de justicia (Artículo 17 Ley 270 de 1996).
• Notificación extemporánea (Artículo 29 Ley 734 de 2002).
• Vulneración del derecho a la defensa técnica.
QUINTA: ORDENAR la REMISIÓN URGENTE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para
investigación penal por los siguientes delitos: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
1. PREVARICATO POR OMISIÓN (…), 2. DENEGACIÓN DE JUSTICIA (…), 3. URSURPACIÓN DE
FUNCIONES (…), 4. CONCUSIÓN (…), 5. FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO (…),
6. ABUSO DE AUTORIDAD (…).
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL: 7. VIOLACIÓN DE DERECHOS A LA SEGURIDAD
SOCIAL (…), 8. OMISIÓN DE AUXILIO (…)
SEXTA: Ordenar notificación personal y directa de todas las providencias al accionante,
estableciendo multas coercitivas por incumplimiento.
SÉPTIMA: Ordenar el PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS derivados
del agravamiento de la condición de salud del accionante, como consecuencia directa de la
falta de atención médica integral de manera oportuna y adecuada.
OCTAVA: DECLARAR la NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo de retiro notificado el
23 de abril de 2025 por el Ejército Nacional, por estar viciado de falsedad sustancial en sus
presupuestos fácticos, con orden de REPOSICIÓN INTEGRAL de la situación al estado
anterior a dicha notificación. Fundamentación específica de la OCTAVA petición:
1. Hechos que Configuran la Nulidad Absoluta: a) Falsedad Ideológica Demostrada: •
Notificación del 23/abr/2025 afirmando existencia de documentos de retiro que no habían sido
expedidos.
• Verificación forzosa del 07/mayo/2025 que constató oficialmente la inexistencia de los
documentos de mi retiro del Ejército Nacional previo cumplimiento de la totalidad de los
protocolos establecidos por la Institución.
• Agravante de coacción mediante amenaza de declaratoria como remiso y proceso por
deserción (...)
2. Efectos Solicitados: a) Declaratoria de Nulidad: • Nulidad absoluta del acto administrativo
de retiro del 23/abr/2025. • Extensión de la nulidad a todos los actos derivados de la
notificación falsa. • Declaratoria de simulación administrativa.
b) Reposición Integral: • Restablecimiento de la situación jurídica al estado anterior al
23/abr/2025. • Reincorporación inmediata al servicio activo con todos los derechos. • Pago
retroactivo de salarios desde abril/2025. • Reactivación del sistema de salud militar.
c) Medidas de Reparación: • Reembolso integral del préstamo NEQUI de $500.000 más
intereses. • Indemnización por daños morales por coacción y falsedad. • Reparación por
deterioro de salud agravado por desplazamientos forzosos.» 1.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Juan Pablo Durán Rueda indicó que ingresó al Ejército Nacional el 5
de febrero de 2025 para prestar su servicio militar obligatorio como soldado
bachiller. Una vez realizados los exámenes médicos de incorporación, el

1
Páginas 17 y 18 del escrito de tutela. Samai de primera instancia, índice No.2.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07728-01
Demandante: Juan Pablo Durán Rueda

accionante fue remitido al Batallón de Infantería 37 Guardia Presidencial de
Bogotá para realizar el correspondiente entrenamiento.

2.2. El 24 de febrero de 2025, el actor experimentó un dolor agudo y progresivo en
la espalda durante el entrenamiento, debido a que, según indica, tuvo que
cargar un peso excesivo. Posteriormente, fue diagnosticado, entre otras
afecciones, con escoliosis. Este diagnóstico generó incapacidades sucesivas
que, según indica el actor, impidieron prestar con normalidad el servicio militar,
situación que lo expuso a un eventual retiro de la institución.

2.3. Por lo anterior, el señor Durán Rueda promovió acción de tutela contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional- Batallón de Infantería 37
Guardia Presidencial y la Presidencia de la República procurando la garantía
de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la dignidad
humana, al mínimo vital y al debido proceso.

Fundamentó la vulneración de sus derechos en el trámite de retiro del servicio,
en la falta de atención médica a sus padecimientos de salud y en la omisión
del presidente de la República de realizar una investigación al Batallón de
Infantería 37- Guardia Presidencial, respecto de sus prácticas en el
entrenamiento para la incorporación de personal y la falta de instrucción para
la implementación de protocolos para evitar retiros sin garantías médicas.

2.4. En auto del 15 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo de Familia del Circuito
de Cali admitió la tutela frente al Ejército Nacional (rad. 2025-00220-00), pero
escindió la demanda y remitió la solicitud de amparo frente a la Presidencia de
la República para que fuera conocida por el Consejo de Estado.

2.5. El conocimiento de la tutela escindida correspondió a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que, en auto del 25 de junio de 2025, admitió la acción de
amparo y ordenó la notificación de la Presidencia de la República (rad. 2025-
02912-00).

Posteriormente, esta autoridad judicial emitió sentencia del 24 de julio de 2025
en la que resolvió: (i) declarar improcedente la acción de tutela frente a la
solicitud de adelantar una investigación sobre las prácticas realizadas por el
Batallón de Infantería 37 Guardia Presidencial y (ii) declarar la falta de
legitimación del tutelante respecto de la petición de implementar protocolos
para evitar retiros irregulares de los soldados del Ejército Nacional.

2.6. El señor Durán Rueda impugnó la anterior decisión. El conocimiento del asunto
correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que, en sentencia del 11 de noviembre de 2025, revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la acción de tutela.

Como fundamento de su determinación, explicó que el presidente de la
República no ostenta funciones de investigación frente a los funcionarios de la
fuerza pública, pues el artículo 189 de la Constitución solo le asignó funciones
de dirección y disposición como comandante supremo.

Respecto de la orden de capacitación al Ministerio de Defensa sobre el retiro
de soldados con orden de incapacidad médica, indicó que el actor no solicitó
ante la autoridad el despliegue de gestión alguna al respecto, de la que se
desprenda omisión que vulnere los derechos del actor. En ese sentido, advirtió
que «la acción de tutela no es un mecanismo para ordenar a las autoridades que
adelanten mecanismos a los que puede acudir el propio demandante».

Finalmente precisó que los aspectos relacionados con el derecho a la salud
del accionante no eran objeto de esa acción de tutela, sino que su análisis se
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Demandante: Juan Pablo Durán Rueda

surtió en el proceso de tutela 76001-31-11-002-2025-00220-00, conocido en
primera instancia por el Juzgado 2° de Familia de Cali, autoridad que escindió
la presente acción de amparo.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en prevaricato
por omisión, porque no tuvo en cuenta que el Tribunal Superior del Distrito de Cali,
Sala de Familia, en auto del 6 de agosto de 2025, declaró la nulidad de todo lo
actuado en el proceso de tutela 2025-00220-00 y le ordenó al Juzgado Segundo de
Familia del Circuito de Cali que vinculara al trámite judicial al Hospital Militar
Regional Occidente y a otras entidades de sanidad militar. Explicó que, en ese
contexto, correspondía al Consejo de Estado remitir el expediente de tutela al
juzgado de familia para que se tramitara con el caso bajo su conocimiento.

De otra parte, alegó que la notificación extemporánea de la sentencia del 11 de
noviembre de 2025 desconoció sus garantías constitucionales y le impidió ejercer
oportunamente los recursos disponibles. Dijo que la notificación se surtió 16 días
después de haberse emitido la sentencia, es decir, hasta el 27 de noviembre de
2025.

Agregó que la autoridad judicial accionada omitió pronunciarse sobre los actos de
coacción a los que fue sometido el actor por parte de los agentes del Ejército
Nacional y sobre la comunicación arbitraria de su retiro de servicio el 26 de abril de
2025 sin que mediara acto administrativo. También indicó que la autoridad
accionada soslayó el hecho de que lo amenazaron con promover un proceso de
deserción en su contra, situación que debería conllevar la nulidad de cualquier
gestión administrativa con esa finalidad, por fundarse en hechos falsos.

Finalmente, manifestó que las irregularidades en las que incurrió el Ejército Nacional
configuran los delitos de «falsedad ideológica en documento público», «abuso de
autoridad y coacción ilegítima» y «simulación de acto administrativo».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 9 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador de primera
instancia: (i) admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Pablo
Durán Rueda contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado; (ii) vinculó a la Sección Quinta del Consejo de Estado, a la
presidencia de la República y al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, como
terceros con interés en el resultado del proceso; y (iii) negó la medida
provisional solicitada por la parte actora ante la inexistencia de un perjuicio
irremediable.

4.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del magistrado Alberto Montaña Plata, manifestó que la sentencia y
el expediente de tutela contienen los argumentos y elementos necesarios para
que el juez de constitucional tome la decisión que en derecho corresponde.
Además, indicó que estaría presto a atender lo decidido en la acción
constitucional.

4.3. La Presidencia de la República, por conducto de delegada del DAPRE, indicó
que carece de legitimación en la causa por pasiva dado que las pretensiones
de la acción de tutela se orientan a discutir una sentencia en cuya emisión no
tuvo injerencia alguna.

Agregó que los jueces de la República gozan de autonomía e independencia
en la emisión de las providencias judiciales y que corresponde a las
autoridades administrativas acogerlas y respetarlas.
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5. Providencia impugnada

En sentencia del 20 de enero de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó la solicitud de desvinculación de la Presidencia de la
República y declaró la improcedencia de la acción de amparo, al considerar que los
reproches contra la sentencia de tutela del 11 de noviembre de 2025 no cumplen el
estándar excepcional exigido por la jurisprudencia constitucional para controvertir
providencias de esa naturaleza.

Como fundamento de lo anterior, indicó que no se acreditó la configuración de la
cosa juzgada fraudulenta ni de fraude procesal, sino que la intención del actor es la
de reabrir un debate ya decidido por el juez constitucional. Asimismo, precisó que
las denuncias sobre presuntas faltas disciplinarias o penales de los magistrados y
miembros del Ejército Nacional deben ventilarse ante las autoridades competentes
y no a través de la acción de tutela.

Agregó que el reclamo de indemnización por los daños derivados de la prestación
de su servicio militar debe tramitarse en ejercicio del medio de control de reparación
directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De igual forma, señaló
que los cuestionamientos relacionados con el presunto retiro irregular del Ejército
Nacional deben formularse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por ser la vía judicial idónea y eficaz para tal efecto.

6. Actuaciones posteriores al fallo de tutela

6.1. El actor presentó nulidad contra la sentencia de tutela de primera instancia,
aduciendo su notificación extemporánea, dado que la providencia se emitió el
20 de enero de 2026, pero se notificó hasta el 9 de febrero de 2026, es decir,
20 días después de su expedición. Indicó que este hecho conlleva una
vulneración del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, que establece que las
sentencias deben notificarse en un plazo perentorio de tres días siguientes a
la fecha en la que fueron proferidas.

Agregó que la notificación tardía lo priva de conocer oportunamente una
decisión de su interés y de ejercer los recursos dentro de los términos legales.

De otra parte, manifestó que la sentencia de tutela de primera instancia incurrió
en error sustancial al limitar el análisis de procedibilidad al supuesto de cosa
juzgada fraudulenta, omitiendo examinar el cargo principal: que el fallo de
tutela del 11 de noviembre de 2025 se fundamentó en actuaciones judiciales
inexistentes, dado que la autoridad accionada ignoró «el Auto Interlocutorio No.
1077 del 11 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal Superior de Cali, Sala de Familia»
que declaró la nulidad de todo lo actuado en el trámite constitucional del
proceso 2025-00220 y ordenó nuevas vinculaciones procesales.

Advirtió que el a quo interpretó de forma errónea y restrictiva la jurisprudencia
constitucional sobre la tutela contra providencias judiciales, al exigir prueba del
fraude a pesar de la existencia de vicios objetivos como la notificación
extemporánea y la decisión sobre actuaciones anuladas, lo que, a su juicio, da
cuenta de la denegación de justicia y un mecanismo de autoprotección
institucional.

Finalmente, advirtió que la decisión formalista del juez de tutela de primera
instancia desconoce la vulneración continuada de sus derechos
fundamentales derivada de su retiro del Ejército Nacional mientras estaba
incapacitado. Por lo que solicitó, revocar el fallo de tutela de primera instancia,
declarar la nulidad de la sentencia del 11 de noviembre de 2025, remitir el
expediente al Juzgado Segundo de Familia de Cali y compulsar copias para
investigaciones disciplinarias.
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Demandante: Juan Pablo Durán Rueda

6.2. En auto del 2 de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado rechazó la solicitud de nulidad propuesta por el señor
Durán Rueda, debido a que el argumento propuesto no se encausó en ninguna
de las causales del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) y a que
no explicó la manera como la alegada omisión vulneró su derecho fundamental
al debido proceso.

En segunda medida, concedió la impugnación contra la sentencia de tutela del
20 de enero de 2026.

6.3. El 9 de marzo de 2026, el accionante allegó memorial de «sustentación del
recurso de impugnación» con el propósito de que el ad quem revoque el fallo
de tutela de primera instancia y, en su lugar, conceda el amparo solicitado.

El señor Durán Rueda indicó que el memorial no se limita a exponer una
discrepancia con la interpretación judicial del juez de tutela de primera
instancia, sino que se trata de «un macrocaso de irregularidades procesales que
han desembocado en un estado de cosas inconstitucional», que lo ha dejado en un
escenario de desprotección jurisdiccional ante la vulneración de sus derechos
a la salud y al mínimo vital desde abril de 2025. En esa línea destacó que la
decisión de improcedencia del a quo se fundamentó en un análisis restringido
y formalista que ignoró la existencia de un proceso judicial previo.

En este memorial se relacionó un acápite en el que el actor pretendió
evidenciar el quebrantamiento de su derecho al debido proceso. Explicó que
el 7 de mayo de 2025 presentó una tutela contra el Ejército Nacional y el
presidente de la República, por su retiro del servicio militar obligatorio a pesar
de que estaba incapacitado, lo que vulneró su derecho a la salud y al mínimo
vital. Dijo que el trámite estuvo viciado desde el inicio por la indebida escisión
de la tutela y por la emisión de una sentencia de primera instancia con errores
materiales y falta de motivación (rad. 2025-220-00).

Agregó que a pesar de que el Tribunal Superior de Cali declaró la nulidad de
lo actuado en el proceso constitucional, el juzgado desconoció esa decisión al
resolver la impugnación de un fallo ya anulado, vulnerando la garantía de doble
instancia. Irregularidad, que aduce, fue convalidada por el Tribunal y
posteriormente por el Consejo de Estado al declarar improcedente una nueva
acción de tutela sin analizar de fondo las graves anomalías.

También indicó que el auto del 2 de marzo de 2026 incurrió en un error
sustancial al rechazar la nulidad por notificación extemporánea, bajo el
argumento de que no encajaba en las causales taxativas del artículo 133 del
CGP. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional permite declarar nulidades
cuando una irregularidad afecta gravemente el debido proceso.

Asimismo, consideró que la sentencia de tutela del 20 de enero de 2026 adoptó
un enfoque formalista y riguroso, pues ignoró las irregularidades mencionadas
en el escrito de tutela y omitió el análisis integral de los defectos fáctico y
sustantivo invocados.

De acuerdo con lo anterior, solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado desde
el auto 1077 de 2025 proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Cali y
que se ordene a esa autoridad que reinicie el trámite de la tutela y profiera una
nueva sentencia de fondo, asimismo que se garantice el principio de doble
instancia.

Además, como medida provisional, pidió reactivar la afiliación en salud,
reconocer un auxilio de subsistencia y pagar salarios adeudados. Finalmente,
solicitó que se dejen sin efectos las providencias dictadas en el proceso
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viciado, incluida la sentencia del 22 de agosto de 2025 del Juzgado Segundo
de Familia de Cali, el Acta 201 del 1 de octubre de 2025 del Tribunal Superior
de Cali, y la sentencia de tutela que mediante este acto se impugna.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. El accionante expuso argumentos contra la sentencia de tutela de primera
instancia en dos oportunidades: (i) en el memorial en el que solicitó la nulidad
del fallo y (ii) en escrito posterior que denominó «sustentación del recurso de
impugnación».

La Sala observa que los argumentos expuestos en el primer memorial guardan
correspondencia con los hechos, partes, fundamentos y pretensiones
planteados en la acción de tutela. No obstante, en el escrito de impugnación
se introducen algunos cargos y pretensiones nuevos que no hicieron parte del
litigio, tal y como fue delimitado en el auto admisorio y en la sentencia de tutela
de primera instancia.

En ese orden, la Sala precisa que no abordará los cargos y pretensiones
dirigidos a obtener la nulidad de las actuaciones surtidas en el proceso de
tutela 76001–31-10–002-2025-00220-00, ni aquellos orientados a que se ordene
al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cali reiniciar dicho trámite. Ello
obedece a que la presente acción de tutela no se dirigió contra esa autoridad
ni contra ese proceso constitucional, sino contra la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con ocasión a la sentencia del 11 de
noviembre de 2025, proferida en el proceso de tutela 11001-03-15 000-2025-
02912-01.

En esa línea, se reitera que no es admisible que el actor modifique el objeto
del litigio en la impugnación, pues tal pretensión desborda el marco del debate
constitucional inicialmente planteado y desconoce el principio de congruencia
y el derecho al debido proceso de las autoridades a quienes se les atribuye la
presunta vulneración de derechos fundamentales.

En efecto, la impugnación no abre un nuevo debate constitucional ni se trata
de una nueva demanda; su propósito específico es el de revisar el fallo de
tutela de primera instancia.

2.2. De otro lado, la Sala evidencia que en sus intervenciones el accionante reiteró
el cargo de nulidad contra la sentencia de tutela de primera instancia, fundado
en la alegada notificación tardía del fallo de tutela del 20 de enero de 2026,
circunstancia que estima vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07728-01
Demandante: Juan Pablo Durán Rueda

Al respecto, la Sala advierte que este cuestionamiento ya fue analizado y
desestimado por el juez competente mediante auto del 2 de marzo de 2026.
Aunque el actor insiste en que la tardanza en la notificación le impidió ejercer
oportunamente los recursos, lo cierto es que los términos procesales para su
interposición se computan a partir de la notificación de la decisión, momento
desde el cual esta produce efectos jurídicos (art. 289 CGP).

Así mismo, el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, dispone que el fallo de
tutela puede ser impugnado «dentro de los tres días siguientes a su notificación».
En consecuencia, no advierte razón alguna para reabrir un debate que ya fue
resuelto por el juez natural de la causa.

2.3. De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer
si le asistió razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de tutela,
al considerar que no se configuró ninguna causal excepcional que habilitara
su procedencia contra actuaciones emitidas en un proceso de la misma
naturaleza.

De superar el anterior estudio, y de cumplirse a cabalidad con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela y las reglas establecidas en
la sentencia SU-627 de 2015, se analizará si en el marco de la acción de tutela
11001-03-15-000-2025-02912-00/01, la autoridad judicial accionada incurrió en
los errores alegados por la parte actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de tutela

3.1. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de
tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se
interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.

No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la tutela contra providencias
proferidas en el marco de la acción de tutela. Allí explicó que debía
diferenciarse entre dos supuestos: si la acción de tutela se interponía contra
una sentencia de tutela o contra una actuación previa o posterior a aquella
providencia. En caso de que se interponga contra una sentencia proferida por
el juez de tutela la regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por
la Corte Constitucional tal regla no admite excepción.

Sin embargo, si fue proferida por otro juez de la República la acción de amparo
puede proceder excepcionalmente, si además de los requisitos generales de
procedibilidad, se acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue
producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos
o, incluso, con anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial eficaz
para conjurar la situación.

Frente al fraude como causal de procedencia de la acción de amparo contra
sentencias de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T–218 de 2012
explicó que: «el principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es
posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez».

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Demandante: Juan Pablo Durán Rueda

Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que el principio Fraus omnia
corrumpit hace referencia a una situación fraudulenta que atenta contra la recta
impartición de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad, entre
otros principios.

En consecuencia, la aplicación de este principio busca evitar que a través del
derecho se reconozcan y avalen situaciones originadas en hechos
fraudulentos que generen un perjuicio ilícito a terceros o a la comunidad.

3.2. Ahora bien, en la sentencia SU-245 de 2021 la Corte Constitucional indicó que:

«la acción de tutela contra sentencias de tutela procede de manera excepcional cuando se
configura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Esta última se produce cuando una
acción de tutela no ha sido seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y
finaliza el término de insistencia de los magistrados, el Procurador General de la Nación,
el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La
consecuencia de la exclusión de un caso de la revisión de la Corte es la firmeza jurídica del
último fallo que se haya adoptado en sede de instancia, el cual cobra entonces ejecutoria
formal y material. De este modo, la sentencia mediante la cual se ha resuelto el asunto
concreto hace tránsito a cosa juzgada constitucional» (Negrillas propias).

Asimismo, destacó que «el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce
únicamente cuando ha vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha
producido la decisión de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible
hablar de cosa juzgada fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal
estabilidad no se ha alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte
Constitucional se pronuncie, revisando las decisiones de instancia» (Negrillas propias).

4. Análisis del caso

4.1. La Sala encuentra que en el asunto la Corte Constitucional aún no ha surtido
el trámite de revisión eventual de la acción de tutela 11001 03-15-000-2025-
02912-00 interpuesta por el señor Juan Pablo Durán Rueda contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; marco en el cual
se profirió la sentencia de tutela y actuaciones posteriores controvertidas por
el actor. Así se desprende de la siguiente imagen, tomada de la página web
de la Corte Constitucional:

Sobre el trámite de revisión eventual, el artículo 52 del Acuerdo 01 de 2025,
contentivo del Reglamento de la Corte Constitucional, dispone lo siguiente:
«Artículo 52. Ruta existente para la selección de un caso. La Sala de Selección tiene
competencia para conocer y decidir sobre la totalidad del rango sometido a su consideración,
para lo cual aplicará las siguientes vías: a. Preselección con base en las reseñas
esquemáticas preparadas por los despachos, para lo cual podrán utilizarse los datos hallados
en las herramientas tecnológicas dispuestas por la Corporación. b. Presentación de una
solicitud ciudadana a la Sala de Selección. c. Insistencia.
La Sala de Selección podrá decidir la selección y escogencia de fallos de tutela a partir de
problemáticas estructurales o vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales.
La fecha de las Salas de Selección y el rango de expedientes en estudio se fijarán en la
Secretaría General y se publicarán en la página web de la Corporación.

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Así las cosas, se corrobora que, respecto de la tutela sub examine, aún no ha
concluido el trámite de selección, pues el 8 de abril se radicó la actuación en
la Secretaría de la Corte Constitucional a efectos de que el asunto sea puesto
en consideración de la sala de selección correspondiente, la cual decidirá si el
caso será objeto o no de revisión.

Con fundamento en lo dispuesto en la Sentencia T-023 de 2023 tal información
sería suficiente para declarar la improcedencia de la acción interpuesta, en
tanto que allí se estableció que «en principio son improcedentes las acciones de
tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de selección y eventual
revisión se haya surtido».

No obstante, la Sala procederá a estudiar los demás requisitos de procedencia
de la tutela contra actuaciones surtidas en un proceso de tutela expuestos en
la Sentencia SU-627 de 2015, dada su naturaleza unificadora sobre la
materia.

Precisado lo anterior, se recuerda que en el caso la parte actora controvirtió
tanto la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de tutela 2025-
02912-00-01, como actuaciones posteriores al fallo por su presunta
notificación extemporánea.

4.2. Previamente se expuso que en la sentencia SU-627 de 2015 la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia señalando cuándo es procedente la
tutela contra providencias proferidas en el marco de otra acción de tutela. Allí
se explicó que debía diferenciarse entre dos supuestos: si la acción se
interponía contra una sentencia de tutela o contra una actuación previa o
posterior a aquella providencia.

Tratándose de acciones de tutela que controvierten fallos de tutela, como es
el caso presente, la Corte Constitucional dispuso la siguiente regla:
«4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto,
se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación» (Negrillas propias)

Respecto de la acción de tutela que se interpone contra una actuación
posterior al fallo de tutela, el alto Tribunal estableció la siguiente regla:
«4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional» (Negrillas propias).

En el caso particular, aunque también se discute una actuación acaecida con
posterioridad a la sentencia, esta no se dirige a lograr el cumplimiento de las
órdenes, sino que señala la notificación extemporánea de la providencia como
origen de la vulneración autónoma al derecho al debido proceso del actor. Así
que la Sala procederá a analizarla condicionada al cumplimiento estricto de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, exigencia que también se predica de la acción de tutela
contra fallos de tutela, como previamente se indicó.

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4.3. De lo anterior se desprende la obligatoriedad de cumplir con todos los
requisitos generales de procedibilidad. Es decir, para la procedencia
excepcional de la tutela contra actuaciones dictadas en el marco de una acción
de tutela es imprescindible el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
generales de procedibilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el caso estudiado no
se cumplen todos los requisitos generales mencionados, pues no se satisface
el requisito de relevancia constitucional.

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores3.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.

Para la verificación de este requisito, le corresponde al juez constitucional
verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional
al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le
corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió
la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son
iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
4.4. Con fundamento en las reglas expuestas previamente, la Sala considera que
el reproche sobre la notificación extemporánea (actuación posterior al fallo de tutela)
es una reiteración de los argumentos ya presentados ante la Subsección B de

3
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
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la Sección Tercera del Consejo de Estado. Circunstancia que denota que,
frente a tal inconformidad, la acción de tutela analizada se está empleando
como una instancia adicional.
Así, en el marco del incidente de nulidad promovido por el actor contra la
sentencia del 11 de noviembre de 2025, este alegó, entre otros cargos, la
notificación extemporánea del fallo de tutela debido a que, aunque se emitió
en la fecha mencionada, solo fue notificado hasta el 27 de noviembre de 2025,
a su juicio, con 16 días de retraso.
De manera que el referido cargo ya fue objeto de debate en el curso del
incidente de nulidad. Así se desprende del contenido del auto del 16 de enero
de 2026, en el cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado rechazó la petición de nulidad por considerar que los argumentos del
actor no se fundamentaban en ninguna de las causales previstas en el artículo
133 del Código General del Proceso, las cuales son taxativas y de
interpretación restrictiva. En ese sentido, destacó que, si bien el actor alegó la
concreción de supuestas irregularidades procesales, sus planteamientos no
encajan en ninguna de las causales legalmente establecidas.

Expuesto lo anterior, la Sala considera que el argumento sobre la nulidad por
notificación extemporánea ya fue desestimado por el juez constitucional del
proceso 11001-03-15-000-2025-02912-01. Así lo demuestra el cotejo de los
argumentos expuestos en el curso del incidente de nulidad, el actual escrito
de tutela y la providencia de 16 de enero de 2026. Por consiguiente, dado que
en el caso se corrobora la identidad del cargo sobre la notificación
extemporánea, la Sala reitera que en este caso la tutela se está utilizando
como si fuera una instancia adicional al incidente de nulidad.
En todo caso, la Sala advierte que no se evidencia que la situación descrita
haya tenido la entidad suficiente para impedir o restringir de manera efectiva
el derecho al debido proceso o de defensa del actor, pues en el histórico de
actuaciones del proceso en Samai se evidencia el registro del proyecto de
sentencia4, la emisión del fallo5 y su notificación6. Esta última gestión realizada
mediante mensaje de datos remitido a los sujetos procesales el 27 de
noviembre de 2025. Posteriormente, registra solicitud de nulidad del 4 de
diciembre de 2025 que fue fijada en lista para correr traslado el 11 de diciembre
y finalmente decidida el 16 de enero de 2026, auto que fue debidamente
notificado.

4.5. De otra parte, como se expuso previamente, en la Sentencia SU-627 de 2015
la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela contra fallos de tutela
solo procede de manera excepcional cuando se configura la cosa juzgada
fraudulenta. Para ello, además de los requisitos generales, se exige: (i) que no
exista identidad procesal con la tutela cuestionada, (ii) que se demuestre de
forma clara el fraude (fraus Omnia corrumpit), y (iii) que no haya otro medio de
defensa eficaz.

Atendiendo al criterio transcrito, esta Sala coincide con el juez de tutela de la
primera instancia en que los reparos planteados por el accionante contra la
sentencia de tutela del 11 de noviembre de 2025 no dan cuenta de una
situación dolosa de fraude o de alguna actuación contraria a la lealtad procesal
que haya viciado la decisión del juez constitucional.

Recuérdese que los cargos expuestos en la acción de tutela reprochan que la
sentencia acusada (i) se fundamentó en actuaciones judiciales inexistentes, al
4
Samai, índice 4
5
Samai, índice 5
6
Samai, índice 8
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Demandante: Juan Pablo Durán Rueda

ignorar el auto interlocutorio del 11 de agosto de 2025, proferido por el Juzgado
Segundo de Familia de Cali en el proceso de tutela con radicado 2025-00220;
y (ii) omitió pronunciarse sobre los actos de coacción a los que fue sometido
por parte de miembros del Ejército Nacional.

Lo anterior ratifica que los cargos formulados no están encaminados a
demostrar la existencia de una situación de fraude que vicie la sentencia
cuestionada, sino que se limitan a cuestionar su validez de la sentencia a partir
de una decisión adoptada en un proceso constitucional diferente, así como a
expresar un desacuerdo con el análisis efectuado por el juez de tutela
accionado.

En consecuencia, no se satisface el estándar excepcional exigido por la
jurisprudencia constitucional para habilitar el estudio de fondo de la tutela
contra sentencias de tutela.

Se advierte, entonces, que la presente tutela es un ejemplo de los casos en
que la parte vencida acude a la acción constitucional con la esperanza de
revertir la decisión inicial del juez constitucional, a fin de lograr un fallo
favorable a sus intereses. Situación que, justamente, pretende evitar la
limitación de la acción de tutela contra decisiones de tutela. De no existir tal
regla, un asunto nunca se terminaría definitivamente, pues existiría la
posibilidad de reabrir el debate mediante una nueva acción de tutela y así de
forma indefinida en el tiempo.

4.6. En la impugnación el actor reprocha el análisis restringido y formalista del a
quo frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de tutela, pues considera excesivo que se exigiera la prueba de
fraude, pese a que, a su juicio, expuso vicios objetivos como la notificación
extemporánea y que el fallo cuestionado se basó en actuaciones anuladas.

A ese respecto la Sala debe recordar que la Corte Constitucional ha señalado
de manera reiterada que la improcedencia de la tutela contra fallos de la misma
naturaleza responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, la cosa
juzgada constitucional y la eficacia del mecanismo de amparo. Por ello, su
procedencia se restringe a supuestos específicos, como la configuración de la
cosa juzgada fraudulenta, cuya acreditación exige una carga argumentativa
rigurosa que no se cumple en este caso.

5. Frente a las demás pretensiones de la demanda de amparo, la Sala se estará
a lo indicado por el juez de tutela de primera instancia en tanto que resultan
igualmente improcedentes por desconocer el carácter subsidiario de la acción
de tutela.

Los cuestionamientos relacionados con las presuntas faltas disciplinarias o
penales atribuidas a magistrados y a funcionarios del Ejército Nacional deben
ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que
adelanten los trámites e investigaciones a que haya lugar sobre las conductas
que el actor reprocha.

De igual forma, la pretensión orientada al reconocimiento de los perjuicios
derivados de la prestación del servicio militar debe tramitarse por el actor a
través del medio de control de reparación directa ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, por tratarse del escenario judicial idóneo.

Además, las inconformidades respecto del alegado acto administrativo de
retiro del servicio tendrán que exponerse en ejercicio del medio de control de
nulidad y establecimiento del derecho, mecanismo idóneo y eficaz para
controvertir la legalidad de las decisiones de la administración.
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6. Finalmente, conviene precisar que, aunque el actor hizo referencia a aspectos
relacionados con su servicio de salud, tales cuestiones no forman parte del
objeto de análisis de la sentencia de tutela emitida en el proceso 11001-03-15-
000-2025-02912-01, objeto de análisis. Téngase en cuenta que las
reclamaciones dirigidas contra el Ejército Nacional y el Batallón de Infantería
37 Guardia Presidencial, vinculadas a la situación de salud del señor Durán
Rueda, fueron objeto de estudio en la acción de tutela 76001-31-002-2025-
00220-00, tramitada en primera instancia por el Juzgado Segundo
Administrativo de Cali, autoridad que dispuso la escisión de las pretensiones
en los dos procesos mencionados.

En esa vía, tampoco puede el juez de tutela acceder a la medida provisional
presentada en el escrito de impugnación con el propósito de que se reactive
la afiliación en salud y reconozca un auxilio de subsistencia a favor del
accionante, pues tales asuntos no fueron objeto de pronunciamiento de la
autoridad judicial accionada en la sentencia del 11 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 20 de enero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

14

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