Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02930-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02930-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02930-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
11 de diciembre de 2025
Demandante: Agencia para la Infraestructura del Meta
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02930-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., once [11] de diciembre de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02930-01
Demandante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Temas: Tutela contra providencia judicial. Análisis del requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional. Revoca decisión de
primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Agencia para la Infraestructura del
Meta contra la sentencia de 13 de junio de 2025 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo de la
referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito radicado el 16 de mayo de 2025, la Agencia para la Infraestructura del
Meta presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta con el fin
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la providencia de 22 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 50001-33-33-004-
2017-00227-00/01.
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Demandante: Agencia para la Infraestructura del Meta
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
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1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
PRIMERO: Que se amparen y tutelen los derechos fundamentales al debido proceso
y a la administración de justicia de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM,
vulnerados por la providencia proferida el 22 de abril de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Meta, evitando así la consumación de un perjuicio irremediable en
contra de la entidad y garantizando la protección de los recursos públicos destinados
a la ejecución de obras de interés general en el departamento del Meta.
SEGUNDO: Que se deje sin efectos la providencia del “22 de abril de 2025”, proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso ejecutivo contractual
identificado con el expediente No. 50001-33-33-004-2017-00227-01, por haber
desconocido los derechos fundamentales de la entidad accionante y los principios
constitucionales y legales aplicables al caso.
TERCERO: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Meta emitir una nueva
decisión ajustada a los principios de justicia, equidad y legalidad, valorando
integralmente los hechos, pruebas y argumentos presentados por la Agencia para la
Infraestructura del Meta – AIM, en especial aquellos expuestos en la contestación de
la demanda y en el memorial 120-26.02-671 del 16 de octubre de 2020, con el fin de
evitar un daño antijurídico y un detrimento patrimonial grave para la entidad y, en
consecuencia, para el interés público departamental.1.
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El Instituto de Desarrollo Urbano del Meta, hoy Agencia para la Infraestructura del
Meta [en adelante AIM], suscribió el contrato de obra 238 de 30 de diciembre de
20102 con la Unión Temporal de Infraestructura del Meta [en adelante UTIM].
En desarrollo y ejecución del contrato, el 4 de enero de 2016, la UTIM subcontrató
con Ribayco S.A.S. con el fin de dar cumplimiento final a las obras que en esa fecha
se encontraban inconclusas.
1 Cita del texto original con énfasis y posibles errores.
2 El objeto del contrato fue la «Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en el
Municipio de Puerto Concordia, y Estudios, Diseños y Construcción de Infraestructura en la
Institución Educativa San Isidro de Chichimene en el Municipio de Acacias, Departamento del Meta».
La ejecución del contrato se pactó en un plazo de10 meses, no obstante, este se tardó alrededor de
4 años.
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Una vez cumplido el objeto subcontratado, Ribayco S.A.S. le entregó a satisfacción
las obras a UTIM con la respectiva factura de venta por los servicios prestados y los
suministros empleados en la ejecución.
El 21 de junio de 2016, la UTIM suscribió un contrato de cesión de derechos
económicos a favor de Ribayco S.A.S. para garantizarle el pago, por valor de
$512.327.401, lo cual fue aceptado por la AIM mediante acto administrativo 150 de
11 d julio de 2016.
Pese a que el 1 de noviembre de 2016 la UTIM presentó la correspondiente factura
de cobro a la AIM, respecto de los valores que resultaron a su favor luego de la
liquidación bilateral del contrato de obra 238 de 2010, obligación que se hizo exigible
a partir del 17 de diciembre de 2016, la referida agencia no cumplió con su
obligación de pagar según lo señalado en el acta de liquidación.
Inconforme, Ribayco S.A.S. presentó demanda ejecutiva contra la AIM el 12 de julio
de 2017, asunto que le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Villavicencio que, en providencia de 25 de octubre de 2017, libró
mandamiento de pago por la suma de $512.327.401 por concepto del derecho
económico cedido y por los intereses moratorios, entre otros, y decretó medida de
embargo y retención de los dineros en cuentas bancarias de la agencia por la suma
de $600.000.000.
El 10 de noviembre de 2017 se allegó al juzgado un contrato de cesión de derechos
litigiosos celebrado a título de venta entre Ribayco S.A.S. y el señor Juan Carlos
Sánchez Muñoz, «por los derechos que le correspondan o puedan corresponderle
dentro del proceso ejecutivo contractual 50001333300420170022700, en contra de
la AIM [...]».
Mediante proveído de 6 de agosto de 2019, el referido juzgado declaró no probadas
las excepciones propuestas por la parte ejecutante, ordenó seguir adelante con la
ejecución, dispuso que se realizara la liquidación del crédito, condenó en costas y
fijó agencias en derecho.
Con auto de 18 de agosto de 2020, el juzgado modificó la liquidación del crédito
presentada conjuntamente por la parte ejecutante y el litisconsorte Juan Carlos
Sánchez Muñoz por valor de $749.569.562, a una suma de $568.171.089, decisión
que fue apelada por ellos.
En el año 2024, al interior de la entidad, se verificó que persistía la medida de
embargo sobre algunas cuentas bancarias, de la que se evidenció que los dineros
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afectados se encontraban comprometidos para el pago de otras obligaciones, razón
por la cual AIM solicitó el desembargo previa consignación del valor de la liquidación
aprobada en auto del 18 de agosto de 2020, a la cuenta de depósitos judiciales del
juzgado de ejecución.
En auto de 30 de julio de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Villavicencio dispuso sobre los dineros embargados, por lo que señaló estarse a
lo resuelto en la providencia de 9 de julio de 2018 que estableció los valores de la
liquidación inicialmente, por ello, el banco indicó que la medida cautelar fue
levantada.
El 3 de marzo de 2025, el juzgado ordenó la devolución de los dineros consignados
a favor de la agencia, decisión contra la cual, la parte ejecutante interpuso recurso
de reposición con el fin de mantener la medida para asegurar el pago de la
obligación hasta tanto se resolviera el recurso de apelación contra la liquidación del
crédito, por lo que se mantiene bajo disposición del juzgado la suma de
$566.207.870.77, la cual debe ser reintegrada a la entidad para cesar el perjuicio
que se les ha causado.
Finalmente, a través de auto de 22 de abril de 2025 el Tribunal Administrativo del
Meta revocó la liquidación elaborada por el a quo y aprobó la realizada por el
contador de esa corporación, en la cual se hizo una actualización del capital y se
corrieron intereses moratorios desde el día siguiente de la firma del acta de
liquidación del contrato de obra hasta el mes de abril de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La Agencia Para la Infraestructura del Meta alegó que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta al incurrir en los defectos
fáctico, sustantivo y procedimental con ocasión de la expedición de la providencia
de 22 de abril de 2025 dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado
50001-33-33-004-2017-00227-00/01, en tanto modificó la decisión del juez a quo en
el sentido de tasar los intereses desde el día siguiente a la fecha en que se suscribió
el acta de liquidación del contrato hasta el mes de abril del año 2025.
Lo anterior, pese a que desde el 25 de octubre de 2017 el juzgado decretó como
medida cautelar el embargo y retención de dineros en cuentas bancarias de la
agencia por la suma de $600.000.000, y el 11 de agosto de 2017 se constituyeron
dos depósitos judiciales que juntos arrojaron una suma de $600.000.000, valor que
superaba el monto objeto de embargo.
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1.4.1. En cuanto al yerro fáctico, puntualizó que el Tribunal Administrativo del Meta
no les dio el alcance correspondiente a las cláusulas contractuales que «establecían
un flujo de caja específico para los pagos, las cuales condicionaban la exigibilidad
de las obligaciones y, por ende, la causación de intereses». Agregó que la referida
omisión «impidió que se considerara el impacto real de dichas cláusulas en la
determinación del momento en que las obligaciones se hacían exigibles,
desconociendo la realidad contractual y financiera que regía la relación entre las
partes3».
Adicionó que, el tribunal no tuvo en cuenta que los trámites administrativos
resultaban indispensables para la realización de los pagos, los cuales en el caso
concreto no dependían de la voluntad de la agencia e implicaban un tiempo
razonable para su ejecución, por lo tanto, esos lapsos no podían ser interpretados
como mora imputable a la tutelante.
Refirió que tampoco se valoró adecuadamente la comunicación de la Fiscalía,
consistente en la abstención de realizar los pagos requeridos con ocasión de una
denuncia de uno de los integrantes de la Unión Temporal Infraestructura del Meta
3 «De conformidad con la - Cláusula Tercera -, página 51 del Contrato estatal 238 de 2010, el pago
del contrato estaba sometido al flujo de caja, por lo cual el pago efectivo de la AIM al Contratista (o
su cesionario económico) dependía del giro de recursos del Departamento del Meta a esta entidad
descentralizada, condición que aceptó el Contratista, y que fue agravada por el mismo contratista en
la medida en que el contrato duró cuatro años más de lo requerido en razón a su incumplimiento,
por lo cual la Agencia para la Infraestructura del Meta- AIM tuvo que arrastrar esa Reserva
Presupuestal en vista del ; debido a que el Contratista NO TERMINÓ DURANTE EL TIEMPO
CONTRACTUAL LAS OBRAS REQUERIDAS Y CONTRATADAS, pues expirado el término de
ejecución el 28 de abril del año 2015, la AIM tuvo que citarlo a Audiencia del artículo 86 de la Ley
1474 de 2011 por presunto incumplimiento del contrato en cuanto agotado el tiempo de ejecución no
entregó completa la obra del Proyecto 615/2010, tal como se dejó constancia por las partes en el -
Acta de Liquidación del Contrato 238/2010 – (páginas 6 y 7 aportada por el demandante como prueba
documental). Este es un hecho que desconoció la justicia.
Así mismo, aunque las partes firmaron el acta de liquidación del contrato de obra 238 de 2010 el 16
de diciembre de 2016, era necesario surtir el trámite de cobro de estos dineros ante la Gobernación
del Meta. Por lo tanto, mediante radicado del 26 de diciembre de 2016, recibido por el Arquitecto
Rafael Arturo Sánchez Gómez, la Secretaría de Educación del Meta era la Entidad supervisora del
convenio 982 de 2012 atinente a este contrato, siendo requisito que dicha Secretaría firmara y
aprobara todo lo relacionado con la entrega de las obras y el estado financiero del contrato. Surtidos
los trámites legales entre el Departamento del Meta y AIM, los recursos correspondientes al proyecto
615 de 2010 del contrato de obra 238 de 2010 ingresaron a esta Entidad el 29 de agosto de 2017,
el 13 de septiembre de 2017 se radicó para revisión del asesor financiero, el 14 de septiembre 2017
se radicó a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto para su trámite contable, presentando la
cuenta de liquidación errores aritméticos, lo cual conllevó a revisar desde el primer pago los archivos
contables que correspondían a vigencias expiradas 2010 en adelante, por lo cual se dificultó el pago
una vez ocurrido el flujo de Caja; generando orden de pago el 20 de octubre de 2017, la cual fue
radicada en la Dirección de Tesorería del AIM».
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por presuntas irregularidades4, la cual tenía relevancia directa para justificar la
demora en los pagos. La omisión de esta prueba impidió que se consideraran
circunstancias eximentes de responsabilidad en la causación inmediata de
intereses, lo que a su juicio resulta en una decisión que no se ajusta a la verdad
procesal ni a los principios de justicia material.
Sumó que la demora en el pago inicialmente obedeció a las irregularidades e
inconsistencias presentadas en las obras contratadas; a un embargo previo de los
dineros de la agencia por parte de otra autoridad judicial; y a que el tribunal
Administrativo del Meta se tardó más de 4 años en resolver el recurso de apelación
ejercido contra la providencia de 18 de agosto de 2020, con la que el juzgado había
modificado la liquidación presentada en conjunto por la parte ejecutante y el
litisconsorte, puesto que, fue con el auto de 22 de abril de 2025 que el tribunal
revocó la liquidación elaborada por el a quo y aprobó la realizada por el contador de
esa corporación.
1.4.2. Respecto al defecto sustantivo, argumentó que, si bien el tribunal aplicó la
Ley 80 de 1993 al caso concreto, lo cierto es que la interpretó sin considerar las
particularidades presentadas. Específicamente, aseguró que el tribunal «calculó
intereses sobre periodos en los que mi representada no tuvo culpa en la mora, o
cuando la demora fue atribuible al propio aparato judicial. Esta interpretación
desconoce que la causación de intereses no puede ser automática, sino que debe
atender a las particularidades de cada situación, tal como lo exige la equidad y la
buena fe contractual».
En ese sentido, manifestó que la providencia de 22 de abril de 2025 resulta contraria
a derecho por cuanto el tribunal le endilgó la responsabilidad en la mora en la que
esa autoridad incurrió a lo largo del proceso para tomar las decisiones, puesto que
tardó un extenso tiempo en resolver el recurso de apelación contra el auto de 20 de
4 «Con radicado en la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM - con el número 6039 del 20
de diciembre de 2016, se recibió Oficio 0667 del 20 de diciembre de 2016 expedido por el Fiscal
Sexto Delegado de Juzgados Penales del Circuito de la Fiscalía General de la Nación, Dr. Juan
Carlos Santiago Pérez, sugiriendo al AIM “este Delegado sugirió se abstenga la Agencia de cancelar
estos dineros hasta tanto se de claridad al proceder de las personas implicadas; además, que por
parte de la Fiscalía se está elevando ante un Juez de Garantías de esta ciudad, se ordene aplicar
suspensión del poder dispositivo sobre estos dineros”. En vista de denuncia Penal o Noticia Criminal
500016000563201604383 de uno de los integrantes de la Unión Temporal Infraestructura del Meta,
situación de advertencia que suspendió internamente el trámite de pago, y fue conocida por el
demandante RICARDO BAEZ GARCÍA, pues además de su participación en la Audiencia de Medida
Cautelar ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante, así nos lo dio a conocer mediante su
oficio CE.UTIM.005.017 en marzo 14 de 2017, al cual siguió oficio 0116 del Fiscal Sexto Seccional
radicado 1407 en la AIM en marzo 17 de 2017 (visible a folio digital 216 del cuaderno 1 del
expediente)».
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agosto de 2020 «para buscar una nueva liquidación con providencia del 22 de abril
de 2025, sobre una obligación que años atrás ya había sido pagada por orden del
Juez de primera instancia, quien dispuso de los dineros embargados a la AIM,
entregándolos a otra autoridad judicial en la que el demandante estaba también
requerido por la justicia con órdenes de embargo».
1.4.3. Sobre el cargo procedimental por exceso ritual manifiesto, alegó que el
tribunal «se apartó de la realidad del proceso y le dio una orientación equivocada,
atropellando a la entidad pública cuyas acciones ha demostrado siempre estuvieron
provistas de buena fe y en permanente disposición de colaboración con las
autoridades, por lo que desafortunadamente terminó siendo víctima de los mismos
miembros de la Unión Temporal quienes a raíz de sus diferencias, las trasladaron a
diferentes instancias judiciales, en las cuales la AIM se vio acorralada sin poder
efectuar los pagos en el momento correspondiente».
1.4.4. Finalmente, en relación con el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, particularmente,
el extremo actor aseveró que el objeto de la solicitud de amparo «trasciende el
simple debate legal y adquiere una dimensión constitucional, pues afecta de manera
directa los derechos fundamentales de la Agencia para la Infraestructura del Meta
– AIM, en especial el derecho al debido proceso y a la administración de justicia,
pilares esenciales del Estado Social de Derecho».
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 20 de mayo de 2025, el magistrado ponente de primer grado
admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar en calidad de
demandado al Tribunal Administrativo del Meta; dispuso la vinculación en calidad
de terceros con interés al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio y a la sociedad Ribayco S.A.S.; y negó la medida cautelar luego de
concluir que para ordenar la suspensión de los efectos jurídicos de la providencia
de 22 de abril de 2025 requería un estudio de fondo del asunto.
1.6. Contestaciones
Remitidos los oficios correspondientes, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó declarar la improcedencia y/o
negar la pretensión de amparo, en tanto no se tomaron decisiones infundadas o
arbitrarias al resolver el recurso de apelación contra el mandamiento de pago en el
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proceso ejecutivo bajo estudio, lo que evidenció que lo pretendido fue revivir
oportunidades procesales ya fenecidas.
1.6.2. La sociedad Ribayco S.A.S. solicitó negar la tutela y/o declarar su
improcedencia por falta de los requisitos de procedencia de la inmediatez y la
subsidiariedad, en la medida en que, lo pretendido era cuestionar que no se tuvieron
en cuenta las pruebas aportadas con la contestación de la demanda en el año 2019,
por lo que contó con los mecanismos idóneos de defensa al interior del proceso, sin
que pueda pretender recuperar la oportunidad perdida 6 años atrás ante el juez
constitucional.
1.7. Fallo impugnado5
Mediante providencia de 13 de junio de 2025 la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado superó todos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, respecto al fondo,
precisó que los defectos fáctico y sustantivo no se configuraron luego de señalar lo
siguiente:
32. A juicio de esta Sala, la corporación judicial demandada realizó un estudio del
asunto con fundamento en las pruebas aportadas y la jurisprudencia aplicables. De
tal manera, en cuanto a los defectos alegados, se observa que hizo una valoración
integral del material probatorio allegado, lo cual le permitió concluir que el a quo de
ejecución efectuó una indebida liquidación del crédito, toda vez que no fijó intereses
en el título que sirvió de ejecución (acta de liquidación del contrato) debía darse
aplicación a la Ley 80 de 1993, aplicándose el equivalente al doble del interés civil
sobre el valor histórico actualizado, no obstante, se omitió la actualización del saldo
insoluto por lo cual modificó una vez más la liquidación del crédito.
33. Asimismo, se observa que el Tribunal Administrativo del Meta determinó la
procedencia de la indexación sobre el capital adeudado, por lo que, a través del
contador, procedió a realizar la liquidación correspondiente conforme las condiciones
fijadas en el mandamiento de pago, es decir, de acuerdo con los extremos fácticos y
jurídicos de la litis, además, especificó la cantidad y extensión del crédito sobre el cual
se desarrollaría el proceso ejecutivo. De tal forma, consideró que los intereses
moratorios se debían liquidar desde el día siguiente a la firma del acta de liquidación
bilateral del contrato (17 de diciembre de 2016), hasta cuando se realizara el pago
efectivo de la obligación, el cual, como se explicó en la providencia del 22 de abril de
2025, no sucedió.
5 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 9 de septiembre de 2025.
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De otro lado, indicó que, el argumento de la entidad accionante relativo a que el
pago de la obligación de la causa ejecutiva no se podría realizar por estar sujeto al
cumplimiento de condiciones previas pactadas en el contrato, no superaba el
requisito de la subsidiariedad en tanto la parte actora no controvirtió el auto que libró
mandamiento de pago en donde se establecieron las directrices para tener en
cuenta respecto a la liquidación de los intereses de mora. Además, agregó:
37. Sumado a esto, si bien en la contestación de la demanda, la agencia propuso la
excepción que denominó pago condicionado, se recuerda que fue resuelta en la
audiencia inicial a la que no asistió, por lo tanto, pese a que podía recurrir en apelación
lo resuelto al respecto, su propia omisión lo impidió.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 12 de septiembre de 2025, la agencia
demandante solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar,
se acceda al amparo de los derechos que considera vulnerados. Ello, luego de iterar
los cargos planteados en el escrito inicial de tutela.
Adicionalmente, propuso los siguientes argumentos nuevos: (i) el desconocimiento
del artículo 176 del CGP que contiene la regla de valoración integral y del deber de
motivación reforzada de la sentencia, en relación con la suficiencia del monto
dinerario objeto de la medida respecto de la deuda; (ii) las sentencias T-774/04 y T-
949/11 establecen que el defecto fáctico se presenta cuando se omite la valoración
de pruebas determinantes; (iii) la aplicación rígida del artículo 4.8 de la Ley 80 de
1993; (iv) la desatención de los artículos 446 del CGP y 1563 del CC; y (v) la
aplicación del test de proporcionalidad y diferenciado en los casos de ejecución
contra entidades públicas.
1.9. Actuaciones en segunda instancia
1.9.1. Con providencia de 23 de octubre de 2025 el despacho sustanciador ordenó
poner en conocimiento del señor Juan Carlos Sánchez Muñoz, la nulidad existente
en la tutela de la referencia ante la ausencia de su vinculación, debido al interés que
le asiste en la decisión que se adopte en esta sede constitucional, comoquiera que
fue reconocido como litisconsorte necesario en el proceso ejecutivo identificado con
el radicado 50001-33-33-004-2017-00227-00/01.
Debido a que no se logró obtener la información relativa a la dirección de notificación
del señor Juan Carlos Sánchez Muñoz, aunado a que la Agencia Para la
Infraestructura del Meta indicó que los memoriales que obran del señor Sánchez
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Muñoz dentro del proceso ejecutivo fueron presentados por su apoderado Carlos
Andrés Colina Puerto, y que, al correo de este, el juzgado le notificó la providencia
de 18 de marzo de 2019 que le reconoció como litisconsorte necesario, mediante
auto de 5 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador dispuso que por
Secretaría General se publicara un aviso en la página web de la corporación por el
término de tres días hábiles que contuviera la información de la tutela de la
referencia.
Adicionalmente, se le ordenó a la Secretaría que, en todo caso, intentara la
notificación personal de la providencia de 23 de octubre de 2025 al señor Juan
Carlos Sánchez Muñoz a través de la dirección electrónica del apoderado que lo
representa en el proceso ejecutivo 50001-33-33-004-2017-00227-00/01, esto es, al
dominio «andicol81@hotmail.com».
1.9.2. Las anteriores órdenes se ejecutaron con la notificación realizada el 7 de
noviembre del mismo año al correo «andicol81@hotmail.com», y la publicación del
aviso secretarial de fecha 10 de noviembre de 2025, de lo cual obran las constancias
en los consecutivos 20 y 22 del aplicativo Samai.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la Agencia
Para la Infraestructura del Meta contra la sentencia de 13 de junio de 2025 dictada
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad
con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 20216, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa
En este punto es necesario precisar que en el escrito de impugnación la parte actora
expuso argumentos que no se incluyeron inicialmente en la demanda de tutela,
frente a los cuales la parte accionada y los terceros intervinientes no tienen
oportunidad de pronunciarse, por esta razón, y en aras de lograr la materialización
del debido proceso de los referidos sujetos intervinientes, los nuevos reparos no
serán objeto de pronunciamiento en esta sede.
6 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
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2.3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 13 de junio de 2025 proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se negó la
solicitud de amparo constitucional.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados;
(iii) el análisis del caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20127
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. La Sala precisa que, contrario a lo señalado por el a quo constitucional, el
requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de
la referencia frente a la providencia de 22 de abril de 2025, marco en el cual los
argumentos expuestos por la Agencia Para la Infraestructura del Meta no cumplen
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
215 de 16 de junio de 202211.
En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto
esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
11 Postura iterada en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.
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claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.
Luego entonces, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que
se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.12
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»14.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general15.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud
de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.
12 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibídem.
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c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»16.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso17, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.5.2.1. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial y de la impugnación, esta
colegiatura no avizora que las inconformidades de la Agencia Para la Infraestructura
del Meta contengan la entidad argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una
tutela contra providencia judicial, es indispensable que la parte accionante además
de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías
superiores que considera vulneradas, debe exponer con suficiencia las razones del
por qué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
El extremo demandante resaltó que en este caso se configuró una vulneración a los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión
de la existencia de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental, debido a que, a
su juicio, el Tribunal Administrativo del Meta erró al revocar la liquidación del crédito
realizada por el juzgado dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado
50001-33-33-004-2017-00227-00/01, e incluir intereses desde el día siguiente en
que se firmó el acta de liquidación del contrato hasta el mes de abril del año 2025,
sin tener en cuenta que la demora en el pago obedeció a causas legales,
contractuales y por la tardanza del referido tribunal en resolver el recurso de
apelación contra la liquidación aprobada por el a quo ordinario, además que la
autoridad aplicó e interpretó indebidamente la Ley 80 de 1993 y con ello se apartó
«de la realidad del proceso y le dio una orientación equivocada».
Tales argumentos no constituyen, per se, la carga exigida en la SU 215 de 2022, en
tanto los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto no señalan
de manera concreta cuáles son las normas contenidas en la Ley 80 de 1993 u otra
disposición, frente a las cuales el Tribunal Administrativo del Meta se hubiese
16 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
17 Sentencia SU-573 de 2019.
14
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apartado o aplicado indebidamente. Este deber le asiste a la parte que ejerce el
aparato constitucional cuando se trata de una acción de tutela contra providencia
judicial, puesto que al juez de esta sede no le está permitido realizar estudios
oficiosos sin sustento suficiente, debido a que, de lo contrario, se podría incurrir en
una invasión de la esfera funcional del juez ordinario.
En cuanto al defecto fáctico, si bien, en principio el extremo accionante señaló
algunas piezas del proceso que, a su juicio, fueron presuntamente desconocidas o
indebidamente valoradas por el tribunal, a partir de las cuales demostraba que el
pago luego de la liquidación del contrato solo procede luego de que se acredite el
cumplimiento de algunos requisitos administrativos, lo cierto es que todo se limita a
una controversia de interpretación legal en la que se plantea debatir si le
correspondía o no la obligación de cumplir con los intereses tasados, asunto que
fue abordado y zanjado en las dos instancias del proceso ejecutivo. En ese orden,
se trata de la reapertura de un aspecto resuelto por el administrador de justicia
asignado por la ley, y, adicionalmente, se advierte diáfano que la discusión se
circunscribe asunto netamente económico.
En todo caso, tal como lo advirtió la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de tutela de primera instancia, desde el auto que
libró mandamiento de pago se establecieron las directrices para tener en cuenta
frente a la liquidación de los intereses moratorios, no obstante, contra esa
providencia no se presentó recurso alguno, pese a que era la oportunidad procesal
con que contaban las partes para ejercer la defensa de sus intereses, y, en efecto
la entidad tutelante guardó silencio, por lo tanto, las falencias en que se hubiese
incurrido dentro del proceso ejecutivo no pueden conjurarse en vía de acción de
tutela.
Así, advierte esta colegiatura que lo pretendido por la Agencia Para la
Infraestructura del Meta es usar la acción de tutela como una especie de tercera
instancia en la que se proceda a la reapertura del debate legal y probatorio surtido
en el trámite del proceso ejecutivo consistente en la forma en que, a su juicio, debía
analizarse la causación o no de los intereses de mora derivados de un objeto
contractual, aspecto sobre el cual ya hubo pronunciamientos en primera y en
segunda instancia.
En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo no cuenta con un
ejercicio de sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de las
garantías que la parte actora alegó como desatendidas, que demuestre lo urgente
de la intervención del juez de tutela y de su pronunciamiento en el asunto de la
referencia.
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No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores o se presentaron determinadas
vías de hecho, por el contrario, es menester que quien se considera afectado,
cumpla con el deber de argüir el concepto de la vulneración que se deriva de una
providencia judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que
implique en esta sede un análisis de fondo.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requieren con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su
núcleo esencial.
Así las cosas, es evidente que este medio de amparo persigue emplear una tercera
instancia y además, carece de la carga argumentativa suficiente a través de la cual
se justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la
violación, lo cual implica un ejercicio explicativo, jurídico y lógico que le permita a
esta colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas
superiores con ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación
215 y 103 de 202218.
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión revoque la decisión de primer
grado que negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia
de la acción de la referencia.
2.6. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 13 de junio de
2025 dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de la referencia promovida por la Agencia para la Infraestructura del Meta,
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
18 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia
de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02930-01
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la decisión de 13 de junio de 2025 dictada por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para, en su lugar, DECLARAR la
improcedencia del mecanismo constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
17
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