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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02952-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02952-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ACCEDER a la solicitud de desvinculación del presente asunto propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo formulada por el señor José Jorge Romero Rojano. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Jorge Romero Rojano Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02952-00 TERCERO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. En caso de que no sea impugnada esta providencia. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguientes de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02952-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de junio de 2025

Demandante: José Jorge Romero Rojano
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02952-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02952-00
Demandantes JOSÉ JORGE ROMERO ROJANO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Tutela de fondo. Derecho de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor José Jorge Romero Rojano, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.

2. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales de petición y al mínimo vital. Las anteriores garantías
constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la falta de
pronunciamiento frente a las solicitudes presentadas los días 24 y 28 de abril y
5, 8 y 12 de mayo de 2025.

1.2. Pretensiones

3. La parte accionante solicitó lo siguiente:

1. Se resuelva de manera oportuna la medida provisional de manera favorable.

2. Se resuelva en el término legal de 10 días, - conforme lo establece el Decreto
2591 de 1991- la presente acción de tutela.

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Demandante: José Jorge Romero Rojano
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02952-00

3. Se amparen mis derechos al mínimo vital y petición.

4. Se me responda FAVORABLEMENTE la solicitud inicial de 24 de abril de 2025
dirigida a la Dirección Ejecutiva de administración Judicial – Nivel Central, por
medio de la cual solicito la devolución inmediata del valor descontado por suma
de $5.062.570.

5. Se me respondan las sendas solicitudes que he elevado ante la Dirección
Seccional Bogotá y Dirección Nivel Central que anexo a esta demanda.

6. Se me devuelva, de manera inmediata, los $5.062.570 que irregularmente me
descontaron en la nómina de abril de 2025.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor José Jorge Romero es empleado de la Corte Suprema de Justicia.
En el mes de abril de 2025, se le realizó un descuento de nómina por valor de
$ 5.062.570, a título de «reintegro de sueldo básico» y «reintegro de bonificación
judicial».

6. Según el actor, el 20 de diciembre de 2024, durante la vacancia judicial, a
su correo institucional le fue notificada la Resolución ESAJBOR24 de 19 de
diciembre de ese año. Mediante este acto administrativo, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial ordenó el reintegro de los dineros que le fueron
descontados, por concepto un desembolso realizado en el mes de octubre de
2023. Sin embargo, para el actor, ese dinero ya había sido objeto de devolución
desde noviembre de ese mismo año.

7. Por lo anterior, el accionante ha presentado un total de 6 peticiones ante
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá los días 24 y 28 de abril y 5, 8 y 12 de mayo
de 2025, sin que a la fecha de interposición de la presente acción de tutela se le
haya ofrecido respuesta.

1.4. Sustento de la vulneración

8. La parte accionante alegó la vulneración de su derecho fundamental de
petición, pues, a la fecha de interposición del presente medio de amparo, 19 de
mayo de 2025, las entidades accionadas no habían emitido pronunciamiento
alguno.

9. Señaló que el silencio de las Direcciones Ejecutiva de Administración
Judicial y Seccional de Bogotá ha dificultado el esclarecimiento de su situación.
Indicó que la indebida deducción salarial pone en peligro el derecho fundamental
de sus dos hijas menores de edad y desconoce su derecho al mínimo vital, pues
se le descontó una suma importante del salario que le ha impedido cumplir con

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sus obligaciones.

10. Para probar lo anterior, el accionante aportó copia de un requerimiento de
pago de una empresa inmobiliaria, facturas de servicios médicos y de tarjetas de
crédito adeudadas.

1.5. Trámite de primera instancia

11. Por medio de auto del 21 de mayo de 2025, el despacho ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
accionado al Consejo Superior de la Judicatura ― Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá. Así mismo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo Superior de la judicatura, Presidencia2

12. Solicitó que se le desvincule de la solicitud de amparo, en atención a que,
en virtud del artículo 2 del Acuerdo PCSJA20-11603, lo pretendido por el
accionante es competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
encargada de todo lo relacionado con el área de talento humano y de nómina de
los servidores judiciales del nivel central.

13. En ese sentido, aseguró no haber recibido la petición radicada por el
accionante y argumentó no tener la aptitud legal para atender las pretensiones
de la acción de tutela ni de la solicitud elevada por el señor José Jorge Romero
Rojano.

1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, DEAJ3

14. Aseguró que en el presente asunto se configura una carencia actual de
objeto por hecho superado, en atención a que el 29 de mayo de año en curso
emitió el Oficio DEAJRHO25-1908, por medio del cual dio respuesta a las
peticiones EXTDEAJ25-23536 y EXTDEAJ25-23553 interpuestas por el señor
José Jorge Romero Rojano, pronunciamiento que le fue notificado al interesado
el 5 de junio de 2025 al correo electrónico joseromerorojano@gmail.com.

15. En la referida contestación a la petición, la accionada le indicó al tutelante
que el descuento que discute fue ordenado por medio de la Resolución
DESAJBOR24-10672 del 19 de diciembre de 2024, que le fue notificada al correo
electrónico joserr@cortesuprema.gov.co el día 20 de ese mismo mes y año.

2 Documento 12.

3 Índice 14.

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16. Además, explicó que la deducción efectuada se realizó a órdenes de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, entidad que tiene bajo
su administración el dinero reclamado por el peticionario, razón por la que le
correría traslado para que «disponga frente a la terminación del descuento y la
devolución de los dineros recaudados». De la citada remisión se aportó
constancia visible en el documento 24 del expediente digital, en donde se observa
un correo electrónico dirigido a jguzmansa@cendoj.ramajudicial.gov.co, es decir,
al director Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

1.6.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá guardó
silencio4.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

17. Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por
la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura ― Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

18. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó ser desvinculado de la
presente acción de tutela por considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva, por no haber recibido la petición elevada por el tutelante y por no tener
la aptitud legal para atender las pretensiones de la solicitud interpuesta en sede
administrativa ni en esta solicitud de amparo.

19. En ese sentido, esta Sección accederá a la tal solicitud, en atención a que
en el expediente digital no existe prueba de la radicación de petición alguna ante
el Consejo Superior de la Judicatura y, de acuerdo con la contestación allegada
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es esa la entidad encargada
de los descuentos que originaron la presente solicitud de amparo.

2.3. Legitimación en la causa

20. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

4 A pesar de haber sido debidamente notificada, como se observa de la constancia en el
documento 9 del expediente digital.

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21. La Sala advierte que el señor José Jorge Romero Rojano está legitimado
en la causa por activa, por ser quien presentó las peticiones radicadas los días
24 y 28 de abril y 5, 8 y 12 de mayo de 2025, cuya falta de respuesta alega.

22. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá están legitimada en la causa por
pasiva, por ser las entidades ante las cuales el accionante radicó las peticiones
que originaron el presente trámite constitucional.

2.4. Problema jurídico

23. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, corresponde a esta
Sala de decisión resolver el siguiente problema jurídico:

● ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá vulneraron el derecho fundamental de
petición del señor José Jorge Romero Rojano al no resolver las solicitudes
elevadas los días 24 y 28 de abril y 5, 8 y 12 de mayo de 2025?

24. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) el derecho de petición, y (iii)
el caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

25. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

26. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. Del derecho de petición

27. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta 5». El mismo artículo superior precisa que

5 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.

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el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

28. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»6.

29. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la
contestación de la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general
a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para
resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.

30. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada7.

31. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»8 .

32. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse
cuando consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente.
En palabras de la Corte Constitucional: «El deber de notificación se mantiene,
incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de

6 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.

8 Ibidem.

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competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad
encargada»9.

33. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición, la Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo10.

34. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

35. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.7. Caso concreto

36. El señor José Jorge Romero Rojano interpuso un total de 6 peticiones. 5
de ellas dirigidas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las cuales
datan del 24 y el 28 de abril, así como del 5, 8 y 12 de mayo de 2025; y 1 ante la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, del 12 de mayo del
presente año.

37. Respecto de la primera solicitud, esto es, la del 24 de abril de 2025, el
accionante solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que le
corrigiera el error en la deducción realizada a su salario en el mes de abril este
año, pues del certificado de nómina observó dos descuentos por conceptos de
«reintegro de sueldo básico» y «reintegro de bonificación judicial», los cuales
aseguró no adeudar.

9 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.

10 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

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38. La anterior solicitud fue enviada al correo electrónico de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, como puede corroborarse con la constancia
aportada por el accionante y visible en la página 6 del documento 1 del
expediente digital. Ante la falta de una respuesta inmediata, el señor Romero
Rojano reiteró su solicitud los días 28 de abril, 5, 8 y 12 de mayo de la presente
anualidad.

39. En esta última fecha, además, envió, por primera vez, una petición dirigida
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en la que pidió
que se le informara si el dinero descontado en el mes de noviembre de 2023 le
había sido enviado a esa entidad.

40. Pues bien, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, toda
petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. En
virtud de lo anterior, la Sala advierte que, para el momento de la presentación de
esta acción de tutela, el plazo fijado en la norma no se encontraba cumplido
respecto de ninguna de las peticiones.

41. Así, en cuanto al primer requerimiento que data del 24 de abril de 2025, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contaba con un plazo que venció
el 16 de mayo de la presente anualidad, mismo día en el que el señor José Jorge
Romero Rojano presentó la solicitud de amparo de la referencia, lo que quiere
decir que para el momento en que el accionante promovió este mecanismo
constitucional, el término concedido por la norma no se encontraba fenecido,
razón por la que no podría deprecarse la vulneración del derecho fundamental.

42. En tal sentido, si el término legal con el que contaba la entidad para dar
respuesta a la primera petición no había finalizado, mucho menos podría
entenderse cumplido el plazo respecto de las demás peticiones del 28 de abril,
5, 8 y 12 de mayo, lo que quiere decir que el tutelante promovió la presente
solicitud de amparo antes del vencimiento del plazo con el que contaban las
entidades para darle una respuesta de fondo, razón por la que no puede
predicarse el desconocimiento de la citada prerrogativa constitucional. Por lo
anterior, se negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO. ACCEDER a la solicitud de desvinculación del presente asunto
propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo formulada por el señor José Jorge
Romero Rojano.

8
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Demandante: José Jorge Romero Rojano
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02952-00

TERCERO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. En caso de que no sea impugnada esta providencia. REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguientes
de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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