Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04091-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04091-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04091-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04091-01
Demandante: José Jorge Romero Rojano
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra acción omisión de autoridad pública.
Derecho fundamental de petición.
Decisión: Confirma decisión de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 31 de julio de 2025 por la Sección Cuarta de esta corporación,
mediante la cual amparó el derecho fundamental de petición de José Jorge Romero
Rojano.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 2 de julio de 2025, José Jorge Romero Rojano presentó acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y
petición. Como consecuencia de lo anterior, solicitó (i) resolver favorablemente las
peticiones elevadas ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel
Central, en las cuales requirió la devolución inmediata del valor descontado de
$5.062.570; (ii) contestar todos los pedimentos formulados tanto a dicha Dirección
como a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá; y (iii) devolver,
de manera inmediata, la suma referida, la cual fue descontada «de forma irregular»
de la nómina correspondiente al mes de abril de 2025.
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
afirmó que en el año 2023 pasó de ocupar el cargo de sustanciador, en propiedad,
en el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a
desempeñarse en el cargo de profesional especializado grado 33, en la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
3. Manifestó que dicho cambio causó confusión en el área de nómina en el
nivel central, en la medida que el sistema automáticamente lo regresó al juzgado en
el que laboraba en propiedad, a pesar de que se encontraba en uno de libre
nombramiento y remoción, lo que trajo como consecuencia que en el mes de
octubre de 2023 le fueran pagados 23 días por parte de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.
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Accionante: José Jorge Romero Rojano
4. El 30 de noviembre de 2023, la Dirección Seccional mencionada, mediante
la Resolución No. 11603, ordenó el reintegro por valor de $4.138.764 por concepto
de mayor valor pagado al servidor judicial, lo que se materializó en la nómina de
noviembre de 2023 en la que se le descontó dicho monto.
5. No obstante, en la nómina del mes de abril de 2025 le fue descontado de
su salario la suma de $ 5.062.570. Al verificar la razón de esta situación, evidenció
que la entidad precitada, por medio de la Resolución No. DESAJBOR24-10672 del
19 de diciembre de 2024, ordenó dicho descuento por concepto de los 23 días del
mes de octubre de 2023 pagados de más, lo que se le notificó al correo institucional
el 20 de diciembre de 2024, cuando se encontraba en vacancia judicial.
6. El 24 de abril de 2025, solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial reintegrar el valor de salario y bonificación judicial descontado, sin tener el
deber de devolver suma alguna de dinero y, por consiguiente, le fuera pagado su
salario correctamente. Petición que fue reiterada el 5 y 8 de mayo de 2025, sin
recibir respuesta alguna.
7. El 12 de mayo de 2025, presentó una nueva petición en el mismo sentido y,
adicionalmente, requirió que se allegaran los documentos que respaldaran el pago
que debió hacer la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central a
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá en noviembre de 2023
de $4.138.764 por concepto de mayor valor pagado y que le fue restado en ese
mes. A su vez, solicitó a la última entidad informar si recibió el pago de la deducción
realizada en dicha mensualidad.
8. El 5 de junio de 2025, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
contestó su pedimento, pero únicamente frente a las razones por las cuales se había
hecho el respectivo descuento. Además, señaló que el dinero estaba a disposición
de la Seccional Bogotá.
9. Por lo anterior, en el mes de mayo del año en curso, presentó acción de
tutela con el fin de que se diera respuesta a las distintas peticiones pero que, en
Sentencia del 19 de junio de 2025 (Rad. 11001-03-15-000-2025-02952-00) se le
indicó que como en la mayoría de las solicitudes no habían transcurrido los 15 días
que tenía la entidad para contestar, lo procedente era negar el amparo.
10. Como fundamentos de derecho, el accionante consideró que la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá vulneró sus derechos al no tener en
cuenta su misma Resolución No. 11603 del 30 de noviembre de 2023 y emitir un
nuevo acto administrativo, Resolución DESAJBOR24-10672 19 de diciembre de
2024 cobrándole nuevamente los 23 días de octubre de 2023 e incluso cobrar un
dinero superior al que les debía. Señaló que si dicha entidad estimaba que tales
recursos no habían sido pagados, lo que debió hacer fue reiterar al nivel central la
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ejecución de la Resolución No. 11603 del 30 de noviembre de 2023 y no tener que
aquel asumir las consecuencias.
11. Por otro lado, afirmó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Nivel Central transgredió sus garantías fundamentales, al no responder sus
reclamaciones y, además, realizar 2 descuentos en su nómina por un mismo
concepto, sin ubicar el paradero de los primeros recursos, cuando ellos mismos eran
quienes, habiéndole descontado $4.138.764 en el mes de noviembre de 2023,
tenían que devolverlos a la Seccional Bogotá.
12. Por lo anterior, alegó que bajo ningún concepto podía cargar con las
consecuencias por el «desorden entre el nivel central y seccional Bogotá», de
manera que, cualquiera que fuera el destino de dicho dinero, mientras se esclarecía
la situación, debía recibir su salario completo.
Intervenciones1
13. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá indicó que al realizar
una búsqueda en las bases de registro de correspondencia y en el sistema de
gestión SIGOBIUS, no encontró ningún escrito radicado por el actor. En todo caso,
indicó que por tratarse de una devolución por pago de salario le correspondía
únicamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá como
ordenadora del gasto, entrar a decidir lo pretendido por el accionante.
14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que la petición
elevada por el accionante fue remitida al buzón electrónico de una funcionaria de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Expuso que solicitó al
nivel central validar si el dinero descontado al accionante fue puesto a disposición
de la seccional mencionada, frente a lo cual le informaron que efectivamente se
habían hecho 2 descuentos por solicitud de la referida entidad. Adujo que el Área
de Tesorería, el 6 de junio de 2025, le informó que en el mes de abril se habían
descontado al actor los siguientes valores: (i) bonificación judicial $ 2.103.928 y (ii)
sueldo básico $2.958.642, los cuales se habían puesto a disposición de la Seccional
Bogotá en la bolsa de deducciones para que se efectuara la respectiva
compensación. Por tanto, consideró que quien debía dar respuesta de fondo era la
Seccional de Bogotá.
15. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá manifestó
que en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado, comoquiera que la petición presentada por el accionante fue resuelta por
esa entidad el 7 de julio de 2025, mediante correo electrónico. Señaló que expidió
la Resolución DESAJBOR25-2262, por la cual resolvió la situación del accionante,
respecto de las Resoluciones DESAJBOR23-11603 del 30 de noviembre de 2023 y
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El 7 de julio de 2025, la Sección Cuarta de esta corporación admitió la acción de tutela en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Oficina de Nómina, y del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
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Accionante: José Jorge Romero Rojano
DESAJBOR24-10672 del 19 de diciembre de 2024 y finalizar la actuación derivada
de los actos administrativos y los descuentos. En consecuencia, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de la referencia.
Sentencia impugnada
16. El 31 de julio de 2025, la Sección Cuarta de esta corporación amparó el
derecho fundamental de petición del accionante y, en consecuencia, ordenó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá notificar al señor
Romero Rojano el contenido de la Resolución DESAJBOR 25-2262 «por la cual se
resuelve la situación de JOSÉ JORGE ROMERO ROJANO respecto de las
resoluciones DESAJBOR23-11603 del 30 de noviembre de 2023 y DESAJBOR24-
10672 del 19 de diciembre de 2024», a la que alude en el Oficio DESAJBOO 25-
2975 del 7 de julio de 2025.
17. Para soportar la anterior decisión, aclaró que el actor realizó 2 solicitudes:
una relacionada con el descuento indebido de una suma de salario por reintegro de
valores pagados en exceso, aspecto que fue reconocido por la administración al
servidor judicial, a través del Oficio DESAJBOO 25-2975 del 7 de julio de 2025, en
el que se indica que, con ocasión de la emisión de 2 actos administrativos, en
realidad lo que se hizo fue ordenar doble vez un descuento por la misma
circunstancia.
18. Indicó que si bien en el Oficio mencionado se expuso lo sucedido, también
se anunció la existencia de la Resolución DESAJBOR 25-2262 «por la cual se
resuelve la situación de JOSÉ JORGE ROMERO ROJANO respecto de las
resoluciones DESAJBOR23-11603 del 30 de noviembre de 2023 y DESAJBOR24-
10672 del 19 de diciembre de 2024», con la que se buscaba resolver la situación
del señor Romero Rojano y, de este modo, devolver el dinero descontado en exceso
y dejar a paz y salvo dicha situación, pero no consta prueba de que el actor haya
sido notificado formalmente de dicho acto administrativo.
19. Sobre la segunda solicitud, relativa a la devolución de un mayor valor
descontado por el nivel central y que corresponde a la Seccional Bogotá, se señaló
que se trata de un trámite administrativo en curso entre ambas entidades para que
los recursos sean dirigidos correctamente.
20. Señaló que ese trámite administrativo fue auscultado por el actor, con el
propósito de que se esclarecieran las razones de un nuevo descuento por el mismo
concepto, el cual cimentó en que dado el desorden administrativo entre una y otra
seccional, la consecuencia de seguirse ordenando ese descuento provenía de no
existir claridad ni de la seccional ni del nivel central. No obstante, aclaró que tal
aspecto ya fue evidenciado por las entidades respectivas y, adicionalmente, fue
reconocido el trámite que debía agotarse, lo que consta en las respectivas
comunicaciones que se notificaron al actor.
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Accionante: José Jorge Romero Rojano
Impugnación
21. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual
afirmó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue la entidad que omitió
«en gran medida» solucionar el asunto, por no abordar en su respuesta la pregunta
central sobre lo ocurrido y quién fue el responsable de la deducción del año 2023,
lo cual, en su criterio, es relevante para reclamar la deducción del año 2025, que a
la fecha no ha sido devuelta.
22. Además, manifestó que la petición no solo iba dirigida a conocer esa
situación, sino a lograr la devolución y el pago del dinero descontado en 2025,
asunto que ninguna entidad ha resuelto, a pesar de que han transcurrido más de 4
meses desde esa «ilegal e irregular» deducción.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial vulneró los derechos fundamentales de petición y mínimo vital del actor.
Procedibilidad de la acción de tutela
25. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a
lograr el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y de petición; (2) se
tiene acreditada la legitimación, por activa, comoquiera que José Jorge Romero
Rojano es el titular de las garantías mencionadas y, por pasiva, puesto que fue ante
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial que se presentaron las solicitudes que hoy
discute la accionante; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte
actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; y (4) hubo un plazo
razonable entre la vulneración alegada y la presentación de la acción de tutela.
Análisis de la vulneración alegada
26. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, mediante la cual
amparó el derecho fundamental de petición y, en esa medida, se ordenó a la
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Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá notificar la Resolución No.
DESAJBOR 25-2262 del 7 de julio de 2025.
27. Se observa que el accionante, en el escrito de impugnación, afirmó que la
respuesta brindada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue
incompleta porque no se pronunció sobre la deducción de nómina del año 2023, lo
cual, en su criterio, es relevante para reclamar el descuento realizado en el año
2025, que a la fecha no ha sido devuelto. Adicionalmente, manifestó que la petición
no solo iba dirigida a conocer esa situación, sino a lograr la devolución y el pago del
dinero descontado en 2025, asunto que ninguna entidad ha resuelto, a pesar de que
han transcurrido más de 4 meses desde esa «ilegal e irregular deducción».
28. Pues bien, se advierte que lo pretendido por el accionante es el reintegró
de la suma que le fue descontada en abril de 2025. En esa medida, se repara en
que el juez de primera instancia, al valorar los elementos probatorios aportados,
esto es, las respuestas brindadas por las entidades accionadas, evidenció que la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, a través del Oficio No.
DESAJBOO25-2975 del 7 de julio de 2025, informó la expedición de la Resolución
DESAJBOR25-2262 de igual fecha, por medio de la cual resolvió la situación de José
Jorge Romero Rojano respecto de las Resoluciones DESAJBOR23-11603 del 30
de noviembre de 2023 y DESAJBOR24-10672 del 19 de diciembre de 2024. Sin
embargo, advirtió que no se acreditó la notificación de dicho acto, razón por la cual
amparó el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, ordenó notificar la
precitada Resolución.
29. Así las cosas, la Sala observa que, en efecto, mediante la Resolución
DESAJBOR25-2262 del 7 de julio de 2025, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá (i) tuvo por reintegrado el valor mayor pagado por la suma de
$5.062.570 al señor Romero Rojano, conforme al estudio contenido en la
Resolución DESAJBOR24-10672 del 19 de diciembre de 2024; (ii) ordenó a las
áreas Financiera y de Talento Humano de esa entidad proceder con la aplicación
de la suma reintegrada a la obligación contenida en las Resoluciones No.
DESAJBOR23-11603 del 30 de noviembre de 2023 y DESAJBOR24-10672 del 19
de diciembre de 2024, emitir el respectivo paz y salvo y realizar las gestiones
necesarias para la devolución del excedente que el Consejo Superior de la
Judicatura, por intermedio de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial,
descontó de las nóminas del señor Romero Rojano por el valor de $4.138.764.
30. Adicionalmente, se aprecia que el 7 de julio de 2025, la seccional precitada
notificó dicho acto administrativo a la accionante. Sin embargo, la constancia de
notificación solo fue aportada al expediente en cumplimiento de la orden
constitucional impartida en primera instancia. Por tanto, la Sala confirmará el
amparo del derecho fundamental de petición concedido por la Sección Cuarta de
esta corporación.
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31. Ahora, respecto del reproche del accionante en cuanto a que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no resolvió integralmente su solicitud sobre el
monto descontado en 2023, es necesario aclarar que dicha entidad, mediante el
Oficio No. DEAJRHO25-1908 del 29 de mayo de 2025, remitió su solicitud a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
32. A su vez, esta última entidad, mediante Oficio DESAJBOO25-2975 del 7 de
julio de 2025, informó al peticionario que, efectivamente, se realizó un doble
descuento en atención a dos actos administrativos que habían dispuesto el
reembolso de las sumas pagadas en exceso al actor, por lo que debía reintegrarse
la suma de $4.138.764 por descuento en exceso. En ese sentido, le informó que se
expidió la Resolución DESAJBOR 25-2262, con el fin de concluir el trámite derivado
de dichos actos y descuentos, disponiendo la devolución de los valores descontados
en exceso y dejando a paz y salvo la situación relativa al pago en exceso registrado
en la nómina de octubre de 2023.
33. En esos términos, la Sala considera que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no vulneró el derecho fundamental de petición del
accionante, toda vez que remitió la solicitud a la entidad que consideró debía
pronunciarse sobre la devolución de los dineros recaudados, esto es, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la cual reconoció el error en el doble
descuento originado por la novedad en el cambio de empleo del actor en la Rama
Judicial, cuya respuesta fue notificada por correo electrónico a la parte accionante.
Además, le informó sobre la existencia de una Resolución con la que se buscaba
resolver la situación del actor. Acto administrativo que la entidad no demostró haber
notificado y que fue el motivo por el que se accedió al amparo solicitado.
34. Finalmente, es importante precisar que la acción de tutela no es procedente
para resolver controversias estrictamente económicas. Aunque el accionante alegó
una vulneración del derecho al mínimo vital, no aportó prueba alguna que demuestre
la afectación concreta de esta garantía, máxime cuando continúa percibiendo su
salario correspondiente al cargo de profesional especializado grado 33, en la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, no se advierte una
situación que impida al actor cubrir sus necesidades básicas y que justifique la
intervención inmediata del juez constitucional.
35. En esos términos, la Sala confirmará la sentencia proferida el 31 de julio de
2025 por la Sección Cuarta de esta corporación, mediante la cual amparó el derecho
fundamental de petición de José Jorge Romero Rojano.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Accionante: José Jorge Romero Rojano
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual amparó el derecho
fundamental de petición de José Jorge Romero Rojano, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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