Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02997-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02997-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02997-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01
Accionante: Jarol Javier Palacios Palacios
Accionados: Presidencia de la República y otros
Tema: tutela contra autoridad administrativa. Subtema 1: designación de funcionaria
en la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras. Subtema 2: reglamentación de asuntos establecidos en la Ley 70 de
1993. Subtema 3: subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por el señor Jarol Javier Palacios Palacios en contra de la
sentencia del 17 de julio de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jarol Javier Palacios Palacios presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
autonomía de los pueblos negros del pacífico y el «derecho colectivo y representación
de las comunidades negras ante el Gobierno nacional», que consideró vulnerados por
la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Dirección
de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, con
el reintegro de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés, al empleo de directora técnica,
código 010000000, grado 23 de la planta global de la referida dirección.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 2.
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Accionante: Jarol Javier Palacios Palacios
Accionado: Presidencia de la República y otros
2.
El señor Jarol Javier Palacios Palacios es abogado y miembro de la comunidad de
afrodescendientes de Colombia.
3. El artículo transitorio 55 de la Constitución dispuso que dentro de los dos años
siguientes a su vigencia, el Congreso de la República, previo estudio por parte de una
comisión especial del Gobierno nacional, debía expedir una ley que reconociera los
derechos de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción.
4. En desarrollo de la anterior disposición constitucional, el Congreso de la República
promulgó la Ley 70 de 1993, que estableció mecanismos para proteger la identidad
cultural, fomentar el desarrollo y asegurar la titulación de tierras. Normativa que
resultaba aplicable a otras zonas del país con similares condiciones.
5. Sin embargo, a juicio del accionante, aún existen vacíos normativos y aspectos sin
reglamentar de la citada ley, entre estos: (i) capítulo 4, sobre recursos naturales; (ii)
capítulo 5, sobre los recursos mineros; y, (iii) el capítulo 7, que se refiere al modelo de
desarrollo, para que los territorios puedan fomentar su desarrollo económico y cultural.
6. El Ministerio del Interior cuenta con una oficina, que tiene por objeto reconocer a
las comunidades negras que han ocupado tierras baldías en las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la cuenca del pacífico. Asimismo, tiene el propósito de
establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos
de estas poblaciones como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y
social, con el fin de garantizarles unas condiciones reales de igualdad de
oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
7. En cumplimiento del fallo de tutela del 23 de octubre de 2024, proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, el Ministerio del
Interior, expidió la Resolución núm. 2019 del 23 de octubre de 2024, mediante la cual
resolvió «reintegrar y reubicar a Amelia Rocío Cotes Cortés, al empleo de Director
Técnico, código 0100, grado 23 de la planta global, ubicado en la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras […]».
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora, en el escrito de tutela2, requirió lo siguiente:
Primero. se tutelen los derechos invocados. el derecho art 13 y 86 CN a la igualdad,
derecho a la autonomía de los pueblos negros del pacífico, derecho colectivo y
representación de las comunidades negras y demás normas.
Segundo. Como consecuencia del hecho anterior, solicito se ordene al gobierno
nacional, designar como director de la dirección de asuntos de comunidades negras un
miembro los procesos organizativos de las organizaciones negras, o asentamientos de
comunidades negras, pueblos negros del pacífico idóneo para ocupar el cargo
conforme su manual de funciones.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 2, certificado núm. 0B71072F24CE4733 BBAB2956A356B87B
EF37A31A6761547E 8496C34B2EDAC760.
2
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Tercero. Como consecuencia del hecho anterior ordenar a los señores, DR. GUSTAVO
PETRO URREGO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DR.
ARMANDO BENEDETTI, MINISTRO DEL INTERIOR, DRA. FRANCIA MÁRQUEZ
MINA, VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA, reglamentar el capítulo 4 que tiene que ver
con recursos naturales”, en los territorios titulados de las comunidades negras.
Derechos fundamentales de los pueblos negros que vienen siendo vulnerados por el
gobierno nacional estos 33 años consecutivos. Con respuesta superficiales no
sustanciales.
Cuarto como consecuencia del hecho anterior ordenar a los señores, DR. GUSTAVO
PETRO URREGO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DR.
ARMANDO BENEDETTI, MINISTRO DEL INTERIOR, DRA. FRANCIA MÁRQUEZ
MINA, VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA, reglamentar el capítulo 5 que tiene que ver
con los recursos mineros”, se ubican en el territorio de los títulos colectivos de las
comunidades negras. Derechos fundamentales de los pueblos negros que vienen
siendo vulnerados por el gobierno nacional estos 33 años consecutivos. Con respuesta
superficiales no sustanciales.
Quinto. como consecuencia del hecho anterior ordenar a los señores, DR. GUSTAVO
PETRO URREGO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DR.
ARMANDO BENEDETTI, MINISTRO DEL INTERIOR, DRA. FRANCIA MÁRQUEZ
MINA, VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA, reglamentar el capítulo 7 que tiene que ver
con el modelo de desarrollo, de las comunidades negras para que los territorios puedan
fomentar su desarrollo económico y cultural. Derechos fundamentales de los pueblos
negros que vienen siendo vulnerados por el gobierno nacional estos 33 años
consecutivos. Con respuesta superficiales no sustanciales […]»3.
9. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante, en el escrito de amparo,
argumentó que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales,
toda vez que se designó a la señora Amelia Rocío Cotes Cortés como directora de la
Dirección de Asuntos de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior sin tener en cuenta que no reunía las
condiciones para asumir el cargo.
10. En este sentido, explicó que la señora Cotes Cortés no pertenece a la comunidad
afrocolombiana ni hizo parte de los procesos de conformación de las organizaciones
negras, no pertenece a las zonas donde se encuentran sus asentamientos, por lo que
su designación le quita la representación equitativa a las comunidades en el gobierno
que responda a sus necesidades particulares, a la preservación del ambiente, a la
conservación y cualificación de sus prácticas tradicionales de producción, a la
erradicación de la pobreza y al respeto y reconocimiento de su vida social y cultural.
11.
Resaltó que la señora Amelia Rocío Cotes Cortés no tiene el conocimiento sobre
sus prácticas tradicionales ancestrales y ello le impide ejercer adecuadamente el
cargo, para diseñar políticas públicas, planes de acción, programas de asistencias
técnica y social de apoyo a la población negra, así como, coordinar de forma
interinstitucional espacios de participación para las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras para promover la participación de las
organizaciones y autoridades que los representan.
3
Se transcribe incluso con errores
3
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Accionado: Presidencia de la República y otros
12.
Por otro lado, afirmó que, antes de ser designada como directora de la Dirección
de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la
señora Amelia Rocío Cotes Cortés fungía como directora de la Dirección de Asuntos
Religiosos del Ministerio del Interior; sin embargo, fue declarada insubsistente de ese
cargo mientras se encontraba en embarazo, razón por la que promovió acción de tutela
en la cual se ordenó su reintegro.
2.3. Trámite procesal
13. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante auto del 23 de mayo de 20254, i)
admitió la solicitud de amparo; ii) ordenó la notificación a la Presidencia de la
República, a la Vicepresidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la directora
de Asuntos de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.; iii)
dispuso comunicar el auto admisorio en la página web de la corporación para que los
miembros de las comunidades interesadas se enteraran de la decisión y pudieran
intervenir.
2.4. Intervenciones
14. El Grupo de Gerencia de Defensa Judicial de la Presidencia de la República 5
solicitó la desvinculación de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República del
trámite de tutela, debido a que carecen de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que los hechos reprochados recaen sobre actos desarrollados al interior del
Ministerio del Interior.
15. De esta manera, indicó que el Ministerio del Interior es el competente para crear,
conformar y asignar funciones a los órganos de asesoría y coordinación necesarios
para el cumplimiento de su misión. Así pues, en cumplimiento de estas facultades,
profirió el acto de nombramiento de la directora de asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en cuya actuación no intervino el presidente
ni la vicepresidenta.
16. De otra parte, mencionó que en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 70 de 1993
se expidió el artículo 351 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 1188 de 2024, este
último le confió a la vicepresidenta de la República la misión de coordinación
interinstitucional e intersectorial para avanzar en la reglamentación, desarrollo e
implementación integral de esa disposición.
17. Así pues, precisó que actualmente se han expedido tres decretos reglamentarios
de la Ley 70 de 1993, esto es: (i) el Decreto 1384 de 20236 (ii) el Decreto 1396 de
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 4, certificado núm. 5B4706AB3E04614A 45D355ED1C9348CC
EC952484B5FCBB8E D7F841AD8DCE8058 . .
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 17, certificado núm. CD79F95385C21972 81E0089532C92325
F339C841E708722D FB712DA0E03314C4.
6
“Por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales contenidas en la Ley 70 de 1993, en lo
relacionado con los recursos naturales renovables y del ambiente, en los territorios colectivos adjudicados, en trámite u ocupados
ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y se adiciona al Título 12
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones”.
4
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20237 y, (iii) el Decreto 0129 de 20248; sin embargo, aún están pendientes de
reglamentar 25 de los 68 artículos que integran la referida ley. 18. Agregó que la Vicepresidencia de la República presentó a las diferentes carteras
del Gobierno nacional un documento de proyecto de decreto que incluía las propuestas
de medidas para la reglamentación integral de la norma, que se estructura mediante
siete ejes temáticos de trabajo, que permite facilitar la revisión, análisis y discusión del
mismo, así: (i) instrumentos de planificación; (ii) agricultura y asociatividad; (iii)
infraestructura física y productiva; (iv) ambiental y minero; (v) identidad étnica y
cultural; (vi) salud, protección, vivienda, agua y saneamiento básico; y, (vii)
fortalecimiento organizativo. 19. Por último, refirió que el mentado proyecto normativo pasará por fase de
socialización y participación ciudadana, en la cual puede hacerse participe el actor. 20. El Ministerio el Interior9 manifestó que los reclamos expuestos por el accionante
en relación con el nombramiento de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés en el empleo
de directora de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras carecen de fundamento, pues el Decreto 1083 de 201510 y el Manual de
Funciones, Requisitos y Competencias Laborales del Ministerio del Interior no
establecen como requisito para acceder al mencionado cargo el haber sido o ser parte
de procesos organizativos de las comunidades negras como lo indicó el accionante ni
ser parte de la misma comunidad. 21. Precisó que, mediante Resolución núm. 2019 de 2024, se efectuó el nombramiento
de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés como directora de la entidad, en estricto
cumplimiento al fallo de tutela del 23 de octubre de 2024, en el cual el Tribunal Superior
de Bogotá, Sala de Familia ordenó a esa cartera ministerial a reintegrar a la funcionaria
en un cargo igual o superior al que venía desempeñando al momento de su retiro. En
esa medida, existen limitaciones legales para el nombramiento de un nuevo director,
en los términos que solicita el actor. 22. Por otro lado, en lo que respecta a la regulación de algunos capítulos de la Ley 70
de 1993, refirió que mediante Decreto 1188 de 2024, se confió a la Vicepresidencia de
la República varias funciones, entre ellas, «[…] la misión de coordinación
interinstitucional e intersectorialmente para avanzar en la reglamentación, desarrollo e
implementación integral de la Ley 70 de 1993 de conformidad con el artículo 351 de la
Ley 2294 de 2023». 23. Además, aseveró que la reglamentación de los capítulos referidos por el actor
involucra a diferentes entidades, que trasciende las competencias de la cartera
ministerial, toda vez que: (i) el capítulo 4, sobre recursos naturales requiere «[…] la
7
"Por el cual se reglamenta el Capítulo V de la Ley 70 de 1993, se adoptan mecanismos especiales para el fomento y desarrollo
de las actividades mineras en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se
dictan otras disposiciones, y se adiciona el Capítulo 11 al Título V de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1073 de 2015 - Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía". 8
“Por el cual se adiciona el Título 25 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 , Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la reglamentación de los
procedimientos de ampliación y saneamiento de las tierras de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras;
se adoptan mecanismos para la protección y seguridad jurídica de los territorios ocupados y poseídos ancestral y/o
tradicionalmente por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y se dictan otras disposiciones". 9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 23, certificado núm. 31A5ABFF3963673E C3C97410DCF8EE37
E332D1E2CEE38E3B 361E9F2C7AF774B1.
10
«Reglamentario del sector de la función pública».
5
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Accionado: Presidencia de la República y otros
participación principal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( ANLA), dada la naturaleza técnica y
especializada de la materia ambiental»; (ii) el capítulo 5, referente a recursos mineros,
«[…] es competencia primordial del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia
Nacional de Minería (ANM), entidades rectoras del sector minero en el país»; y, (iii) el
capítulo 7 sobre modelo de desarrollo, «[…] requiere la coordinación del Departamento
Nacional de Planeación (DNP) y diversos ministerios sectoriales, dado que involucra
políticas públicas transversales de desarrollo económico y social».
24. De esta manera, afirmó que la pretensión del actor corresponde a una exigencia
de cumplimiento de una política pública, sin embargo, la tutela no es el mecanismo
idóneo para corregir omisiones legislativas, ni puede usarse como un instrumento para
obligar al Congreso de la República a legislar o al Ejecutivo a reglamentar normas,
salvo que tal omisión afecte de manera directa y concreta un derecho fundamental del
actor, lo cual no se acreditó en este asunto.
25. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la tutela, por cuanto no se
cumplió con el requisito de subsidiariedad, dado que el actor dispone de otros
mecanismos para solicitar la regulación de los aspectos que pretende se ordene a
través de este instrumento judicial. Adicionalmente, pidió que se le desvincule del
presente trámite constitucional, debido a que carece de legitimación en la causa por
pasiva.
26. La señora Amelia Rocío Cotes Cortés11, en su condición de directora de Asuntos
para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras requirió que
se declare improcedente la tutela porque no cumplió con el requisito de subsidiariedad.
27.
En este sentido, explicó que las pretensiones del actor sobre la regulación de
algunos capítulos de la Ley 70 de 1993, se puede canalizar a través de los mecanismos
de la acción de cumplimiento o las acciones populares.
28. Asimismo, indicó que el acto de nombramiento de su cargo pudo haberse
demandado dentro de los 30 días siguientes a su expedición, ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, mediante el medio de control de nulidad electoral. Sin
embargo, este se encuentra caducado, pues dicho acto fue expedido el 5 de noviembre
de 2024 y para la fecha de presentación de la tutela, ese término se había superado.
29. Aseguró que el actor carece de legitimación en la causa por activa, pues no
acreditó la vulneración de un derecho propio, sino una supuesta afectación de los
derechos a la igualdad, la autonomía y la representación de las comunidades negras,
es decir, un interés general o colectivo, el cual no puede protegerse por vía de tutela.
30. De igual manera, consideró que carece de legitimación en la causa por pasiva,
porque no tiene competencia para proferir el acto de nombramiento de su cargo.
Además, afirmó que la designación se dio en cumplimiento de un fallo de tutela, por lo
tanto, no puede considerarse que ese acto desconozca derechos de terceros.
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 15, certificado núm. CAD659AFC880AF09 73F0566E0560EE20
AF57D55BC189B707 1FB7894BE5D8E90A.
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Accionado: Presidencia de la República y otros
31.
Finalmente, expuso que los argumentos de la tutela son discriminatorios y
vulneradores de sus derechos, pues se le cuestiona su idoneidad para ejercer el cargo
solo por sus condiciones fenotípicas, a pesar de ser mujer con raíces afro,
abiertamente auto reconocida.
32. El señor Juan Sebastián Ortiz Cotes12 pidió que se declare la improcedencia de
la tutela porque no se configura una situación de perjuicio irremediable que permita la
procedencia excepcional de la acción constitucional.
33. Expresó que los argumentos de la tutela son discriminatorios y de hostigamiento
por razones de raza, religión, sexo y origen natural en contra de la señora Amelia Rocío
Cotes Cortés y su grupo familiar, lo cual deriva en una vulneración sus derechos
fundamentales.
34. Afirmó que la señora Cortés Cotes tiene un origen afrocolombiano, además de que
cuenta con el conocimiento y la experiencia laboral suficiente para desarrollar con
diligencia el cargo designado.
35. El representante de las comunidades afrocolombianas del Caribe, el
Magdalena Medio, el Urabá antioqueño, el sur del Cesar, la zona andina, el litoral
atlántico, Amazonía y el interior del país 13, se opuso a las pretensiones de la tutela,
al considerar que los argumentos del actor son reduccionistas, contrarios a la
Constitución, al convenio 169 de la OIT y al principio de unidad étnica y territorial del
pueblo afrocolombiano.
36. Así pues, expuso que no existe una única representación legítima, organizativa o
territorial de la comunidad afro ubicada exclusivamente en la cuenca del Pacífico, ya
que en todo el territorio nacional existen comunidades afrocolombianas asentadas
históricamente.
37. De este modo, precisó que la etnicidad no es una cuestión de raza o de color de
piel, pues la identidad étnica de los pueblos es un asunto colectivo, dinámico y cultural,
no exclusivamente biológico ni fenotípico. Además, refirió que la comunidad
afrocolombiana es plurireligiosa y no monocultural, por lo tanto, no puede pretender
que solo una forma de espiritualidad o de pensamiento es válida, ya que desconoce la
libertad de conciencia y la autonomía de cada individuo y colectivo.
38. Por otro lado, expresó que el nombramiento de la directora de asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras no puede estar
condicionado exclusivamente por la pertenencia étnica entendida de manera fenotípica
o regional. De esta manera, la idoneidad de un funcionario debe medirse por su
experiencia, su compromiso con los derechos étnicos, su capacidad de interlocución y
conocimiento técnico, al respecto citó las sentencias T-128 de 2018 y C-030 de 2008,
en la cual se define la etnicidad como una construcción cultural no biológica.
39.En cuanto a la reglamentación de la Ley 70 de 1993 señaló que en efecto el
Gobierno nacional debe avanzar en dicha tarea, pero no puede limitarse solo al
12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 16, certificado núm. A644A1601B501920 35447DE03E347BDE
8B5D0EAC984B2EA2 67E88FC6A92A80E9.
13
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 20, certificado núm. 34507A1EABCDDD41 EDAAEDA5619DA13E
418B8645A31BC4DA 3908AC85FBB5CD1B.
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pacífico colombiano, sino que debe atender a todo el territorio nacional donde se
encuentre la población afro.
40. Por último, aseguró que, el modelo de desarrollo, el derecho al territorio y la
consulta previa deben aplicarse no solo en la cuenca del pacífico, sino también en los
pueblos negros del caribe, la zona andina y las ciudades, donde hay presencia
significativa de comunidades afro, muchas de las cuales son víctimas del conflicto
armado y la exclusión estructural.
41. El Colectivo Étnico Afrodescendiente de las Organizaciones radicadas en
Montería, Córdoba y el Caribe (Coetaformon)14, se opuso a las pretensiones de la
tutela, por cuanto no representa sus intereses y las peticiones de amparo están
estructuras de forma sesgada y vulneradoras de derechos.
42. En este sentido, expuso que la señora Amelia Rocío Cotes Cortés es una persona
reconocida en la región Caribe por su compromiso con la defensa de los derechos
humanos y su labor como promotora del enfoque diferencial, así como por su
capacidad para articular procesos sociales y estatales en favor de poblaciones
vulnerables.
43. Añadió que el aporte que la mencionada funcionaria ha realizado a las causas
afrocolombianas proviene tanto de su autorreconocimiento étnico como de su
formación profesional, experiencia institucional y trabajo con diversos sectores,
incluyendo mujeres, jóvenes, víctimas y comunidades étnicas.
44. De igual modo, afirmó que el hecho de cuestionar su legitimidad para ejercer un
cargo público por su origen o creencias personales constituye una forma de exclusión
contraria a los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y no discriminación,
por lo que manifestó su rechazó de esas prácticas.
45. Precisó que, si bien es importante la regulación de la Ley 70 de 1993, por parte
del Gobierno nacional, también es cierto que este es un asunto que se trata de una
causa colectiva de todo el pueblo afrocolombiano.
46. Los señores Jorge Luis Quiñones, representante legal del Consejo
Comunitario La Voz de los Negros del municipio de Magui-Payan (Nariño); Hinio
Mosquera Lozano, director ejecutivo de la Red de Veeduría Zar Anti Corrupción
Ciudadano de Colombia y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción;
Edwar Antonio Mosquera Lemus, representante legal electo del Consejo
Comunitario de COCOMACOIRO; Ángel Yomel Mosquera Manyoma,
representante del Consejo Comunitario ACABA del municipio del medio Baudó
presentaron memoriales, a través de los cuales solicitaron acceder a las peticiones de
la tutela.
47. Refirieron que, en atención a las características y las condiciones de las
comunidades Afro en el país, es necesario proceder con la reglamentación de la Ley
70 de 1993, como una forma efectiva para reivindicar sus derechos.
14
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 28, certificado núm. 11BB5F5EB30F1720 1EE46EACB7ED5FFC
A7484E96DFBFD368 E2785A778DFA27AD.
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Accionado: Presidencia de la República y otros
48.
Adicionalmente, manifestaron su inconformidad con el nombramiento de la
directora de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, pues consideraron que no los puede representarlos, toda vez que su
designación es una violación a la autonomía, enfoque diferencial de las comunidades
negras.
2.5. Sentencia de primera instancia
49. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 17 de julio de
202515, negó los argumentos relacionados con la falta de legitimación por pasiva
alegados por la Presidencia, el Vicepresidencia de la República, el Ministerio del
Interior y la directora de Asuntos de Comunidades Negras, al considerar que dichas
entidades fueron vinculadas en calidad de accionadas, pues en su contra se promovió
la acción de tutela.
50. En concreto, indicó que el Ministerio del Interior fue quien profirió el acto
administrativo de nombramiento de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés, que se
cuestionó en la primera pretensión de la acción de tutela; por su parte, la Presidencia
y la Vicepresidencia de la República son las autoridades llamadas a regular la Ley 70
de 1993, lo que justificaba su vinculación.
51. Adicionalmente, la providencia impugnada declaró improcedente la tutela, al
considerar que no cumplía con el requisito de subsidiariedad, por cuanto el actor
cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para obtener la protección de los
derechos que estima vulnerados.
52. Al respecto, explicó que las peticiones de la tutela tienen implícita la pretensión de
dejar sin efecto la Resolución 2019 del 23 de octubre de 2024, mediante la cual el
ministro del Interior resolvió «reintegrar y reubicar a Amelia Rocío Cotes Cortés, al
empleo de Director Técnico, código 0100, grado 23 de la planta global, ubicado en la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, en cumplimiento del fallo de tutela del 23 de octubre de 2024 emitido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia».
53. Así pues, advirtió que el actor podía solicitar la nulidad del acto administrativo en
mención, a través del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139
del CPACA, en cuyo escenario hubiese podido exponer las razones por las que
considera que debe nombrarse a otra persona en el cargo de director de asuntos para
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
54.
Por otro lado, advirtió que la acción de tutela no está prevista para corregir
omisiones legislativas, ni puede emplearse como un medio de coacción para que el
Congreso o el Ejecutivo reglamenten disposiciones, a menos que se evidencie que la
omisión afecta de manera directa derechos del actor.
55. Aclaró que el actor puede acudir a la acción de cumplimiento prevista en el artículo
87 de la Constitución Política y desarrollada en la Ley 393 de 1997, para solicitar el
cumplimiento de la Ley 70 de 1993 y su debida regulación, respecto de los capítulos 4
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 34, certificado núm. 5363BA2E5026C2C7 C35ECD09EE0B1AA8
690BB5BFECA6FF00 BB5BCD726F8C5B6E.
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«sobre recursos naturales», 5 «sobre los recursos mineros» y 7 «sobre el modelo de
desarrollo, para que los territorios puedan fomentar su desarrollo económico y cultural»
de la referida ley.
2.6. Impugnación
56. El señor Jarol Javier Palacios Palacios presentó impugnación16, en contra de la
sentencia del 17 de julio de 2025, al considerar que no se efectuó un análisis adecuado
de los argumentos de la tutela.
57.Manifestó que los derechos fundamentales invocados son susceptibles de ser
amparados por la acción de tutela, razón por la cual el mecanismo de la acción de
cumplimiento no procede para la protección de las prerrogativas invocadas en esta
oportunidad, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.
58. Además, afirmó que en los últimos dos años se han agravado los hechos de
violencia en el departamento del Chocó, que han generado restricciones a la movilidad
y al acceso a medicamentos, alimentos y servicios esenciales, que afecta la vida e
integridad de las comunidades, por lo que se hace exigible una política pública de
protección de los derechos humanos con enfoque territorial conforme la Ley 70 de
1993 y el convenio 169 de la OIT.
59. Asimismo, indicó que ante las graves condiciones de seguridad que se viven en el
departamento del Chocó, la directora de asuntos de comunidades negras no hace
presencia en el territorio ni participa en los consejos como representante de los negros
ante el Gobierno nacional para mitigar las restricciones a las que están sometidos, lo
cual constituye un abandono del Estado.
60. Cuestionó que la directora de asuntos de comunidades negras se encuentra en la
ciudad Bogotá, en donde no puede percibir el contexto social para comprender la
problemática local. De modo que, ocupa una plaza que es necesaria para la
interlocución entre la comunidad afro y el alto gobierno con el fin de exigir el respeto
de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, la seguridad
territorial ancestral y la aplicación del derecho internacional humanitario desde un
enfoque diferencial y cultural.
61.Agregó que el nombramiento de la directora de asuntos de comunidades negras
pudo haberse demandado ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
mediante el mecanismo de la nulidad electoral, pero el plazo legal ya venció, por lo
que actualmente no cuenta con otro medio ordinario de defensa judicial.
62. En este orden concluyó que la acción de tutela es el único mecanismo eficaz para
solicitar la revocatoria de la designación de la directora, ya que no existen otros medios
judiciales vigentes para impugnar el acto administrativo en cuestión.
63. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la providencia impugnada
y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02997-00, índice 40, certificado núm. EE31B566EB78D149 901C18A565FE9678
7BB377A06DA4E214 B087BC70BAD085F2.
.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
64. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 17 de julio
de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
65.
La legitimación en la causa por activa del señor Jarol Javier Palacios Palacios
se encuentra acreditada, pues en los escritos de tutela e impugnación afirmó que
reside en el departamento del Chocó y pertenece a la comunidad afro de Colombia, la
cual, en su criterio, resultó afectada con el nombramiento de la señora Amelia Rocío
Cotes Cortés como directora de la dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y la omisión en la
regulación de los capítulos 4, 5 y 7 de la Ley 70 de 1993.
66. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia,
la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en la medida
en que fueron las autoridades que, a juicio del tutelante, no han actuado oportuna y
adecuadamente en defensa de los derechos de la comunidad afro de Colombia
residente en el departamento del Chocó.
3.3. Problema jurídico
67. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 17 de julio de 2025, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta
por el señor Jarol Javier Palacios Palacios.
68. En particular, deberá establecer si el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la Presidencia
y la Vicepresidencia de la República vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la autonomía de las comunidades afrocolombianas del
pacífico invocados por el accionante. Para ello, es necesario establecer, primero, si el
escrito de amparo supera el requisito de procedibilidad del mecanismo constitucional
de tutela de subsidiariedad.
69. Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de procedibilidad de la acción de
tutela; y ii) el caso concreto.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
70. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
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ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez17.
71. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable 18; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»19.
3.4.1. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
72. El señor Jarol Javier Palacios Palacios presentó tutela con el propósito de revocar
la designación de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés como directora de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio
del Interior. Adicionalmente, requirió que se ordene al Gobierno nacional expedir la
reglamentación de la Ley 70 de 1993, especialmente de los capítulos 4 «sobre
recursos naturales», 5 «sobre los recursos mineros» y 7 «sobre el modelo de
desarrollo, para que los territorios puedan fomentar su desarrollo económico y
cultural».
73. La primera de las pretensiones implica controvertir la decisión administrativa
adoptada por el Ministerio del Interior, a través de la Resolución núm. 2019 del 29 de
octubre de 2024, mediante la cual se resolvió reintegrar y reubicar laboralmente a la
señora Amelia Rocío Cotes Cortés en el cargo de director técnico, código 0100, grado
23 de la planta global, de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
74. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de 1991 20
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con otros
mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por otro lado,
valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de forma
oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada caso21.
75.
En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables22.
76. En el caso bajo estudio, la Sala observa que el señor Jarol Javier Palacios Palacios
podía acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral para controvertir la Resolución núm. 2019 del 29 de octubre
17
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
18
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
19
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
20
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada, en concreto, en
[…]».
21
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
22
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
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de 2024, que designó a la señora Amelia Rocío Cotes Cortés en el cargo de directora
de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior. Decisión que, a su juicio, vulneró sus derechos fundamentales,
debido que la funcionaria no reunía las condiciones necesarias para ejercer la vocería
y representación de dichas colectividades.
77. En efecto, el medio de control de nulidad electoral era un instrumento idóneo,
puesto que, de acuerdo con el artículo 13923 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el
tutelante podía solicitar que se dejara sin efecto el referido acto administrativo y
exponer los argumentos de legalidad por los cuales el mencionado nombramiento era
contrario al ordenamiento jurídico constitucional y legal, como pretende mostrarlo en
esta acción judicial.
78.
En este punto, conviene precisar que, si bien la Resolución núm. 2019 del 29 de
octubre de 2024 fue expedida en cumplimiento de una acción de tutela, lo cierto es
que ello no impide que el juez natural conozca las demandas dirigidas contra este tipo
de actos y evalúe su conformidad con el ordenamiento jurídico24, pues «no le crea
fuero de inmunidad alguno para que la justicia contenciosa no pueda controlarlo»25.
79. Lo anterior, tiene relevancia, en el entendido que la discusión que se surtió en el
proceso de tutela a favor de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés no guarda relación
con los cuestionamientos de idoneidad y aptitud para asumir el cargo al que fue
reintegrada, que planteó el actor en esta acción constitucional y que son de
competencia del juez natural.
80. Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
potestad, no solo para decidir acerca de la validez del acto administrativo cuestionado,
sino también, de ser procedente, para emitir las órdenes necesarias con el fin de
garantizar el derecho que el actor aduce vulnerado por las entidades accionadas.
81. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el CPACA prevé la
posibilidad de pedir medidas cautelares. Al respecto, el artículo 229 establece lo
siguiente:
«ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los
procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado,
el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con
lo regulado en el presente capítulo»26.
23
«ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular
o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo
orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. […]»
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Auto del 25 de octubre de 2011, radicado 11001-03-15-000-2011-01385-
00.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 25 de septiembre de
2013. Radicado 18001-23-33-000-2013-00053-01(2726-13). En el mismo sentido, se pronunció El Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Auto del 7 de febrero de 2019. radicado 05001-23-33-000-2016-01596-02(1521-18). Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2022. Radicado 25000- 23-42-000-2015-02792-01 (1041-2017).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Auto del 19 de junio de 2025, radicado 08001-23-33-000-2020-00489-01
(1357-2025).
26
Se transcribe incluso con errores.
13
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82.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales, materializados
en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas
cautelares de protección»27. En relación con las medidas cautelares, la Corte expuso
lo siguiente28:
«La Sala resalta que, en jurisprudencia reciente, la Corte Constitucional ha enfatizado
que el legislador dotó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo de una
“perspectiva garantista, dado que amplió la procedencia de las medidas cautelares que
pueden ser decretadas en el ejercicio de cualquier acción propia de esta jurisdicción,
lo que admite, entre otras cosas, que la protección de los derechos constitucionales
pueda llevarse, al menos prima facie, de manera efectiva”29. En efecto, conforme al
artículo 229 del CPACA, en todos los procesos declarativos el juez administrativo podrá
decretar “las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”. Por su parte,
el artículo 230 ibidem señala que las medidas cautelares podrán ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión. Dentro de las medidas preventivas se
encuentra, entre otras, la posibilidad de “ordenar la adopción de una decisión
administrativa” —v. gr. expedir un acto administrativo que reconozca la prestación
pensional solicitada en la demanda—. En tales términos, la Corte Constitucional ha
señalado que las medidas cautelares constituyen “medios preliminares dotados de
eficacia inmediata para la protección de los derechos fundamentales” 30».
83. En ese orden, la Sala encuentra que el accionante podía pedir, como medida
cautelar, la suspensión de los efectos de la Resolución núm. 2019 del 29 de octubre
de 2024, de manera que el juez ordinario hubiese analizado la pertinencia y
procedencia del reintegro de la señora Amelia Rocío Cotes Cortés a la Dirección de
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior.
84. En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la
obligación de hacer uso de los medios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo, permite
inferir que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con
diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta
injustificada de agotamiento de los mecanismos legales deviene en la improcedencia
del mecanismo de amparo.
85. Así pues, es pertinente advertir que, si bien el accionante no acudió a la jurisdicción
en los términos legamente establecidos para ello, tal situación de ninguna manera lo
habilita para ejercer a la tutela con esa misma finalidad, atención a la naturaleza
subsidiaria de la acción.
86. Por otro lado, el tutelante pretende que se ordene al Gobierno nacional expedir la
reglamentación de algunos temas establecidos en la Ley 70 de 1993, especialmente
27
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
28
Corte Constitucional, sentencia T-033 de 2025.
29
Corte Constitucional, sentencia T-156 de 2024. Ver también sentencias SU-355 de 2015 y SU-691 de 2017, T-092 de 2024, T-
198 de 2024 y T-423 de 2024.
30
Corte Constitucional, sentencias T-381 de 2022 y T-149 de 2023. Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017: “[p]or último,
con la regulación de la Ley 1437 de 2011 se creó un mecanismo con una efectividad especial, en razón del procedimiento célere
para su adopción: las medidas cautelares de urgencia, con un régimen diferenciado respecto de las medidas cautelares
ordinarias”. Ver también, sentencia T-241 de 2022.
14
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los asuntos planteados en los capítulos 4 «sobre recursos naturales», 5 «sobre los
recursos mineros» y 7 «sobre el modelo de desarrollo, para que los territorios puedan
fomentar su desarrollo económico y cultural».
87. Al respecto, es pertinente mencionar que el accionante cuenta con la acción de
cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada en la
Ley 393 de 1997 para solicitarle al Gobierno nacional que cumpla con su deber legal
de emitir las normas reglamentarias que permita definir la implementación de la Ley
70 de 1993, en relación con los aspectos que le interesan al actor.
88. La Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad de la Ley 393 de 1997
precisó que: «el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural
o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad
judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del
acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo». [subrayado fuera
de texto original].
89. En este orden, conviene destacar que Colombia es un Estado Social de Derecho
y dentro de sus fines esenciales se encuentra el de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes previstos en la Constitución, de manera que las
autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares 31, por ende, es claro que la acción
de cumplimiento permite la realización de este postulado con el propósito de obtener
la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
90. Conforme lo anterior, es claro que la acción de cumplimiento constituye un
instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que
ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y
de los actos administrativos.
91. En este punto de la providencia, es pertinente destacar que el principio de
subsidiariedad de la tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados con los
derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de dichas vías o cuando estas no sean
idóneas para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
92. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio, como bien lo
indicó el juez de primera instancia, es improcedente, en el entendido de que el
agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial no solo es un acto de
diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino un
requisito necesario para la procedencia de la tutela como mecanismo de defensa, por
lo que no puede ser ejercida como un medio para subsanar la falta de actividad de la
accionante.
31
Constitución Política, artículo 2.
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93. Finalmente, se debe mencionar que los argumentos planteados por el accionante
en los escritos de tutela e impugnación no revelan ni demuestran la existencia de una
situación que le haya impedido acudir a las vías judiciales respectivas, por lo que no
es posible inferir la ocurrencia de una situación particular que justifique la procedencia
excepcional de la tutela, con mayor razón cuando no se acreditó la configuración de
un perjuicio de naturaleza irremediable.
IV. CONCLUSIÓN
94.
La Sala concluye que la solicitud de amparo no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el tutelante tenía a su alcance el medio de control
de nulidad electoral y la solicitud de medidas cautelares previstos en el CPACA32, así
como, la acción de cumplimiento para que las entidades accionadas procedieran con
la reglamentación de los artículos de la Ley 70 de 1993 que interesan al accionante.
95. En virtud de lo anterior, la Subsección confirmará la sentencia del 17 de julio de
2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente
la acción de tutela promovida por el señor Jarol Javier Palacios Palacios.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de julio de 2025 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
32
«ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la
demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: […]»
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Accionante: Jarol Javier Palacios Palacios
Accionado: Presidencia de la República y otros
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV
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