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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04125-01

Fecha
25 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04125-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 29 de agosto de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, quedará así: PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor Gustavo Adolfo Vega Ramírez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por los motivos contenidos en esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04125-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04125-01 (10835)
Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B y otros

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: retiro por llamamiento a
calificar servicios. Subtema 2: defecto fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el señor Gustavo Adolfo Vega Ramírez en contra de
la sentencia del 29 de agosto de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección
C, del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Gustavo Adolfo Vega Ramírez presentó acción de tutela para que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la protección reforzada por su condición de
discapacidad, a la permanencia en la carrera y la estabilidad laboral propia de dicha
calidad, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al dictar la sentencia del 13 de diciembre de 2024, que revocó el fallo dictado por el
Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, y en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, en la que solicitó la nulidad del acto administrativo de
retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04125-00, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01 (10835)
Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

2. Gustavo Adolfo Vega Ramírez ingresó a la Escuela Militar de Cadetes el 20 de
enero de 1995.

3. En desarrollo de una operación contra el Tercer Frente de las FARC en el
departamento del Caquetá, el 10 de agosto de 2003, el actor resultó gravemente
herido en combate al activar un artefacto explosivo tipo «quiebrapatas» que
comprometió su miembro inferior derecho. Por lo tanto, el pie derecho fue
amputado.

4. Como consecuencia de estas lesiones, el 19 de octubre de 2004 fue valorado
por la Junta Médica, que determinó una incapacidad laboral total del 91 % y lo
calificó como «no apto». Pese a esta calificación, la institución no adoptó decisión
alguna en ese momento y el oficial continuó su carrera. En julio de 2005 fue
seleccionado para adelantar el curso básico de oficiales para ascenso al grado de
Capitán y en julio de 2010 fue escogido para realizar el curso de Comando de
Oficiales para ascenso al grado de Mayor.

5. El 9 de diciembre de 2014 fue convocado a la Escuela Superior de Guerra para
presentar las pruebas académicas y físicas de ingreso al Curso de Estado Mayor.
Tras dos semanas de evaluación, el 20 de diciembre se le informó, en el aula
máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, que había aprobado los
exámenes y que integraría el CEM 2015, curso indispensable para alcanzar el grado
de teniente coronel. Al finalizarlo con éxito, fue destinado a la Dirección de
Organización, Planes y Relaciones Internacionales del Ejército, donde se
desempeñó como Oficial de Cooperación Internacional.

6. Sin embargo, en 2015 se le negó el ascenso al grado de teniente coronel con
fundamento en un concepto de la Dirección de Sanidad Militar que lo declaró «no
apto psicofísicamente» y, posteriormente, en 2016 fue retirado del servicio mediante
la figura de llamamiento a calificar servicios, dado que prestó sus servicios por más
de 20 años.

7.
El actor demandó ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y el
Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 28
de noviembre de 2019, declaró la nulidad de los actos administrativos que
dispusieron su no ascenso y retiro, y ordenaron el reintegro, así como el ascenso.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sede de segunda
instancia, revocó dicho fallo y negó las pretensiones del demandante.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que:

1. Se declare la vulneración de los derechos fundamentales enunciados.
2. Se deje sin efectos la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
3. Se ordene la emisión de un nuevo fallo ajustado a derecho, con valoración integral
de las pruebas obrantes.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01 (10835)
Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

4. Se ordene al Tribunal emitir una nueva decisión que respete el precedente judicial y
la igualdad de condiciones frente a otros casos similares.
5. Se garantice el derecho al debido proceso y la protección especial a personas con
discapacidad dentro de la Fuerza Pública.

9. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante expuso que la sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto fáctico porque
omitió valorar la recomendación del Comité de Evaluación; la aprobación del curso
de Estado Mayor; que no existía un concepto ni una junta médica actualizada; y que
permaneció prolongadamente en el servicio con posterioridad a la lesión sufrida por
el combate.

10. En criterio del actor, el fallo violó directamente la Constitución Política puesto
que desconoció los derechos a la igualdad, la dignidad humana, la protección
especial a las personas con discapacidad y la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

11. Además, desconoció el precedente horizontal contenido en la sentencia del 11
de abril de 20192, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
ordenó el ascenso de un militar herido en combate, quien tenía una recomendación
favorable. Sobre el particular realizó una comparación entre el caso del capitán
Navarro (fallado el referido 11 de abril de 2019) y su caso, para así evidenciar que
existió una vulneración injustificada del derecho a la igualdad. Ello, en tanto,
adquirieron la discapacidad en servicio, fueron reubicados en la institución,
recomendados para el ascenso por parte del Comité Evaluador y se les negó el
ascenso por la misma causal de «no aptitud médica».

12. A juicio del actor, el hecho de que haya sido retirado por llamamiento a calificar
servicios no constituye una diferencia sustancial ni relevante que justifique el cambio
de postura jurisprudencial.

13. En el escrito de tutela, el señor Vega Ramírez señaló que el Ejército Nacional
lo discriminó por su discapacidad, al utilizar su condición de amputado para negarle
el ascenso, pese a haber prestado sus servicios durante 12 años, en esas
condiciones.

2.3. Trámite procesal

14. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante auto del 7 de
julio de 20253, admitió la solicitud de amparo; ordenó la vinculación del Juzgado 64
Administrativo de Bogotá, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional; dispuso
oficiar a las autoridades judiciales para que remitieran el proceso ordinario4; ordenó
la notificación a las partes; y comunicarles que podían presentar informes en el
término de tres días.

2 Proceso con radicado 11001-33-42-050-2016-00277-01.
3 Samai, exp. 11001031500020250412500, índice 4.
4 Radicado 11001-33-42-054-2016-00523-00/01/02.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01 (10835)
Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

2.4. Intervenciones

15. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el
enlace del expediente ordinario y no se pronunció sobre el escrito de tutela5.

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
señaló que no se superan los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, por cuanto, el fallo cuestionado se adoptó conforme al trámite
procesal, con la normativa aplicable y acorde con las pruebas que obraban en el
proceso. Insistió en que la acción de tutela no es una tercera instancia. En este
sentido, indicó que el jefe de medicina laboral de la Dirección de Sanidad declaró
«no apto» para el ascenso al señor Vega Ramírez, concepto que fue acogido por la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares en el
acta 09 del 7 de octubre de 2015, recomendando su no ascenso.

17. Agregó que el hecho de que el Ministerio de Defensa le hubiera permitido
permanecer en servicio activo, con una pérdida de capacidad del 91 % desde 2003,
demuestra la intención institucional de facilitar la inclusión laboral de personas con
discapacidad, pero no configura un derecho adquirido ni estabilidad laboral
reforzada.

18. Finalmente, la entidad sostuvo que la desvinculación del actor se efectuó con
fundamento en la facultad legal prevista en el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000,
que autoriza el retiro de los oficiales por llamamiento a calificar servicios6.

2.5. Sentencia de primera instancia

19. La Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 29 de agosto de 20257, declaró improcedente la solicitud de tutela por no superar
el requisito de relevancia constitucional.

20. En concreto, indicó que los argumentos expuestos por el Tribunal en la
sentencia del 13 de diciembre de 2024 se centraron en que la decisión de retiro del
servicio obedeció al llamamiento a calificar servicios con fundamento en el artículo
99 del Decreto 1790 de 2000 y en la decisión de no ascender al actor al grado
superior.

21. En criterio de la Sección Tercera, el debate planteado fue debidamente
analizado por el juez natural, de manera que la decisión adoptada no puede
calificarse de arbitraria ni carente de sustento en la valoración de los hechos, ni se
advierte que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en
el trámite del proceso ordinario. Para la autoridad judicial, la parte interesada no
acreditó la afectación de tales derechos, sino que, en realidad, busca reabrir o
prolongar el debate propio de la jurisdicción ordinaria.

5
Samai, exp. 11001031500020250412500, índice 8.
6 Samai, exp. 11001031500020250412500, índice 10.
7 Samai, exp. 11001031500020250412500, índice 20.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01 (10835)
Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

22. Determinó que tampoco se acreditó el desconocimiento del precedente, porque
en primer lugar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 11 de abril
de 20198, se trata de un pronunciamiento judicial, que no tiene la categoría de
precedente horizontal con fuerza vinculante y obligatoria; en segundo lugar, en el
caso bajo estudio, a diferencia del invocado, se analizó el llamamiento a calificar
servicios, además del ascenso.

2.6. Impugnación

El señor Gustavo Adolfo Vega Ramírez presentó impugnación9, en contra de la
sentencia del 29 de agosto de 2025, al considerar que el caso sí tiene relevancia
constitucional, comoquiera que no se trata de una simple controversia legal sobre
un ascenso o un retiro, sino de la protección de derechos fundamentales de un
sujeto de especial protección constitucional, esto es, un oficial herido en combate,
con una pérdida de capacidad laboral del 91 %. Entonces, reprochó que la sentencia
de tutela de primera instancia haya declarado la improcedencia por falta de
relevancia constitucional, pues desconoce los criterios fijados por la Corte
Constitucional para este tipo de asuntos.

23. En este contexto, alegó la vulneración de los derechos a la igualdad y no
discriminación por discapacidad, a la dignidad humana, al trabajo en condiciones
justas y a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como el deber
estatal de garantizar la reintegración laboral, a la luz de los artículos 1, 13, 25, 47 y
54 de la Constitución Política y de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

24. Afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto
fáctico y en el desconocimiento injustificado del precedente horizontal. Así pues, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal omitió valorar de
manera integral el acervo probatorio que demostraba la idoneidad, el mérito y la
permanencia del actor en el servicio, entre esas pruebas cita la aprobación del curso
de Estado Mayor con calificación de 4.5 y el acta del Comité de Evaluación que
recomendó su ascenso.

25. Insistió en que el fallo de segunda instancia del Tribunal se apartó sin
justificación suficiente de la sentencia del 11 de abril de 2019 (caso del Capitán José
Durley Navarro Marín), en la que el mismo Tribunal frente a un oficial herido en
combate en condiciones análogas, ordenó el ascenso. El simple hecho de que, en
el caso del mayor Vega, también se haya estudiado un acto posterior de retiro por
llamamiento a calificar servicios no constituye, según la impugnación, una diferencia
fáctica ni jurídica sustancial que permita decidir de forma contraria sin vulnerar la
igualdad judicial y la seguridad jurídica.

26. En este orden de ideas, el recurrente estimó que sí existe identidad entre los
casos del mayor Vega Ramírez y el del capitán Navarro Marín, detalló que ambos
fueron heridos por minas antipersona en combate, sufrieron amputaciones y

8 Proceso con radicado 11001-33-42-050-2016-00277-01.
9 Samai, proceso 11001031500020250412500, índice 24.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01 (10835)
Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

pérdidas de capacidad laboral superiores al 90 %, fueron calificados «no aptos» por
la Junta Médico Laboral, continuaron reubicados y en servicio activo por más de
una década, cursaron y aprobaron el curso exigido para el ascenso y contaron con
recomendación favorable del Comité de Evaluación.

27. De modo que la diferencia de que, en el caso del mayor Vega Ramírez,
aparezca posteriormente un acto de retiro por llamamiento a calificar servicios es
un hecho sobreviniente y consecuencia directa de la negativa del ascenso, pero no
es un nuevo problema jurídico autónomo que justifique un trato dispar frente al
precedente.

28. Asimismo, sostuvo que existe una falsa motivación y una desviación de poder
en el uso de la figura del llamamiento a calificar servicios. Si la administración
fundamentó sus decisiones en la supuesta no aptitud psicofísica del oficial, derivada
de la lesión en combate y del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la causal
coherente habría sido la prevista en el Decreto 1790 de 2000 para eventos de
disminución de la capacidad psicofísica, y no el llamamiento a calificar servicios,
que es una facultad discrecional orientada al mejoramiento del servicio y no a
encubrir una decisión basada en la discapacidad.

29. La decisión de calificar el retiro como llamamiento, pese a que la verdadera
razón era la disminución psicofísica, configuró, según el recurrente, una falsa
motivación y desviación de poder de la potestad administrativa.

30. La impugnación concluyó que la decisión cuestionada vulnera de manera
directa la Constitución Política al desconocer los principios de igualdad material,
mérito en la carrera militar, protección reforzada de las personas con discapacidad
y seguridad jurídica, así como los mandatos del bloque de constitucionalidad
relativos a la no discriminación.

31. Por consiguiente, solicitó que se revoque la sentencia del 29 de agosto de 2025
que declaró improcedente la acción de tutela y se deje sin efectos la sentencia del
13 de diciembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para ordenar
una nueva decisión ajustada a los estándares de protección reforzada para militares
en condición de discapacidad heridos en combate.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 29 de
agosto de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de
Estado.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01 (10835)
Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

3.2. Legitimación en la causa

33. La legitimación en la causa por activa del señor Gustavo Adolfo Vega Ramírez
se encuentra acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que se expidió la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

34. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, debido a que fue la autoridad que profirió la
sentencia, objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

35.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 10, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.

36.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

37. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

38. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01 (10835)
Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

39. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

40. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

41. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

42.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

43. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, fue notificada el 14 de enero de 202518, y la demanda de tutela se

13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Samai, exp. 11001-33-42-054-2016-00523-02, índice 16, expediente digital, doc.018ED-12Soportenotificaci

8

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Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

presentó el 3 de julio de 202519, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como razonable.

44. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación reprochada,
y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

45. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

46. Así las cosas, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad en relación con la causal de defecto fáctico y desconocimiento del
precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

47. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la protección reforzada por la condición de
discapacidad, a la permanencia en la carrera y la estabilidad laboral propia de dicha
calidad. Así, se analizará si el Tribunal incurrió en un defecto fáctico y
desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 13 de diciembre de
2024, que revocó el fallo del 28 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado
Cincuenta y Cuatro de Bogotá, y en su lugar, negó las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Gustavo
Adolfo Vega Ramírez contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional.

48. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

49.
Para la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico
cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración probatoria debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la
decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una
positiva y otra negativa.

19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04125-00, índices 1 y 2, doc. 003.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
22
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02997-01 (10835)
Accionante: Gustavo Adolfo Vega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

50. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»25.

51. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 26.

52. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.

53.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio

24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.

3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial

54.
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas30.

55.
La Corte Constitucional31 ha considerado que el precedente se define como
aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los
problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso y
el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales32.

29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
30
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
31
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
32
Se transcribe incluso con errores.

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56. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia33.

57. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»34.

58.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela35.

59. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación36.

60. Resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante la
configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.

3.5. Caso concreto

61. En el asunto bajo estudio, el señor Gustavo Adolfo Vega Ramírez presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para que se
declarara la nulidad de los actos administrativos que no recomendaron su ascenso
al cargo de teniente coronel y que lo retiraron por la causal de llamamiento a calificar

33
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
34
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
35
Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales».
36 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

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servicios. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara el
ascenso al grado de teniente coronel, el pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir, el pago de los daños morales y declarar que para todos los efectos no
existió solución de continuidad.

62. En primera instancia, el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá,
en sentencia del 28 de noviembre de 2019 y el auto del 4 de febrero de 2020,
accedió a las pretensiones de la demanda. Precisó que si bien el acto de retiro por
llamamiento a calificar servicios no estaba viciado de falsa motivación, porque el
demandante contaba con 20 años, 3 meses y 1 día, lo cierto era que no podía pasar
por alto que la entidad vulneró los derechos fundamentales del accionante por
negarle el ascenso al grado de teniente coronel, en tanto, es una obligación del
Estado adoptar las medidas para «superar las desigualdades de personas que se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta (acciones positivas)». En
consecuencia, ordenó el reintegro al servicio activo del Ejército Nacional y el
ascenso al grado de teniente coronel.

63. Inconformes con esta decisión, las dos partes presentaron recurso de
apelación. La parte accionante consideró que existía compatibilidad entre las
sumas percibidas a título de indemnización y los dineros recibidos por concepto de
la asignación de retiro. A su vez, la entidad expresó que se debían negar las
pretensiones de la demanda, porque la discapacidad del demandante, no implicaba
la perpetuidad en el empleo, y que por haber acreditado más de 20 años de
servicios procedía el retiro por llamamiento a calificar servicios.

64. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 13 de diciembre
de 2024, resolvió revocar el fallo del juzgado, para negar las pretensiones de la
demanda. En sustento de la decisión, afirmó que la entidad realizó la desvinculación
bajo el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, que permite la separación del oficial
por llamamiento a calificar servicios, y que el motivo de la desvinculación no estaba
relacionado con su capacidad psicofísica. En cuanto al ascenso, destacó que el
accionante no cumplió con el requisito de aptitud psicofísica y el concepto favorable
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

65. Ahora bien, en el escrito de tutela, el señor Gustavo Adolfo Vega Ramírez alegó
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció su derecho a la
protección laboral reforzada como persona que sufre una discapacidad por la
amputación del pie derecho en combate. Incurrió en defecto fáctico, en tanto,
aprobó el curso de ascenso, asimismo el Comité Evaluador recomendó su ascenso
y el acta de la junta médica estaba desactualizada. Adicionalmente, desconoció el
precedente horizontal puesto que el mismo Tribunal, en sentencia del 11 de abril
de 2019, accedió las pretensiones en un caso de hechos similares.

66. Con el objeto de resolver los reparos del impugnante se destaca que en el caso
bajo estudio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el contenido de la
providencia objeto de tutela, dentro del acápite de pruebas efectuó una descripción
de los siguientes documentos: i) el informativo administrativo en el que se narró que
el 10 de agosto de 2003, en el Caquetá, fue herido el teniente Gustavo Adolfo Vega
Ramírez, por acción de una mina antipersonal en el miembro inferior derecho; ii) el

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acta de Junta Médico Laboral 5218 del 19 de octubre de 2004, en la que se
determinó como diagnóstico del señor Vega Ramírez amputación de pierna
derecha con conservación de la rodilla y con el muñón para la prótesis y depresión
reactiva; determinaron invalidez y fue declarado no apto, con una pérdida de
capacidad laboral acumulada del 91 %, por enfermedad profesional; iii) el acta 8408
del 24 de septiembre de 2015, del Comité de Evaluación de los oficiales de grado
mayor considerados para ascenso al grado de teniente coronel, que incluyó al
mayor Gustavo Adolfo Vega Ramírez de caballería.

67. También relacionó iv) el oficio del 22 de septiembre de 2015, firmado por el jefe
de medicina laboral de la Dirección de Sanidad, que consideró no apto al
demandante; v) el acta 09 del 07 de octubre de 2015 de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, la cual determinó que el
mayor Gustavo Adolfo Vega Ramírez no era apto por sanidad; vi) el decreto 2317
del 27 de noviembre de 2015, que no ascendió al señor Gustavo Adolfo Vega
Ramírez; vii) el oficio del 28 de diciembre de 2015, firmado por el subdirector de
personal del Ejército Nacional, que indicó que el comité no recomendó al oficial
Vega Ramírez para ascenso por no cumplir el requisito de aptitud psicofísica.

68. Adicionalmente, expuso el acta del 28 de junio de 2016 de la sesión ordinaria
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares,
en la que se recomendó el retiro del servicio activo por llamamiento a calificar
servicios del demandante. Así como la Resolución 8168 del 14 de septiembre de
2016, a través de la cual, se retiró del servicio activo por llamamiento a calificar
servicios al accionante.

69. Destacó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez, el 5 de abril de
2019, por solicitud del Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá, expidió un dictamen en el cual precisó que el actor tenía 42 años y resumió
los conceptos médicos al indicar que el diagnóstico principal era «amputación
traumática en algún nivel entre la rodilla y el tobillo. Análisis: paciente con
antecedente de amputación traumática derecha con uso de prótesis […] con zona
de presión en cabeza de peroné derecho y dolor para el apoyo del muñón dentro
del socket. Tratamiento: remisión a la junta de ortesis y prótesis Hospital Militar
Central, bastón canadiense». Indicó que realizó la calificación por amputación
traumática a nivel de rodilla y dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del
85%.

70.
Para abordar el estudio, el Tribunal precisó que el presente caso difería del fallo
el 11 de abril de 201937, comoquiera que en ese proceso no se debatió el retiro por
llamamiento a calificar servicios, sino solamente el ascenso. Por otra parte, explicó
que la decisión sobre negar el ascenso era independiente del retiro por llamamiento
a calificar servicios. Relató que el actor acumuló 20 años, 3 meses y 1 día de
servicio.

71.
El Tribunal explicó que para ascender en las Fuerzas Militares es necesario
cumplir, entre otros requisitos, con las condiciones psicofísicas. Indicó que las

37 Proceso 11001-33-42-050-2016-00277-01.

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calificaciones obtenidas en las evaluaciones durante la carrera y el buen
desempeño en las funciones son factores adicionales que la Junta de Evaluación
del Ministerio de Defensa considera para decidir si convoca a un oficial a un curso
de ascenso o determina su retiro de la institución. Sin embargo, estos aspectos no
constituyen un derecho de estabilidad en el cargo ni garantizan la permanencia
indefinida en el servicio activo, dado que el Gobierno nacional cuenta con una
facultad discrecional para tomar dichas decisiones.

72. En lo que respecta a la pretensión sobre el ascenso al grado de teniente
coronel, el Tribunal advirtió que es una manifestación de la facultad discrecional del
ejecutivo y que solo procede cuando se cumplen todos los requisitos legales. Así,
el Comité de Evaluación que realizó un estudio de la trayectoria militar, recomendó
el ascenso del actor, el 24 de septiembre de 2015; sin embargo, la Dirección de
Sanidad, el 22 de septiembre de 2015 consideró que el oficial no era apto y ese
concepto fue acogido por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, ente
que detenta la competencia para recomendar los ascensos. Por ello, el oficial no
fue incluido en el Decreto 2317 de 2015, puesto que no acreditó el requisito de
aptitud psicofísica.

73. Sobre el particular, el Tribunal consideró que el actor presentaba una alteración
de la capacidad psicofísica que no le permitía desarrollar en un 100 % todas las
labores del grado de teniente coronel. En este orden de ideas, afirmó que la
decisión de no ascender al accionante se originó en la recomendación de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa y la declaratoria de no aptitud de la Dirección de
Sanidad.

74. A juicio del Tribunal, la decisión de no ascender al demandante al grado de
teniente coronel no constituyó un trato discriminatorio, en tanto, no tuvo como
fundamento el acta de la Junta Médico Laboral 5218 del 19 de octubre de 2004,
sino el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y la declaratoria de
no aptitud de la Dirección de Sanidad del 22 de septiembre de 2015. En criterio del
Tribunal, el hecho de la permanencia del actor en servicio activo como militar desde
2004, con una pérdida de la capacidad laboral del 91 %, acredita que la entidad
contribuyó a que una persona con discapacidad continuara con su vida productiva
y aportara al servicio, pero esta protección no constituye un derecho adquirido al
ascenso.

75. Ciertamente, aunque el accionante tuviera la expectativa de ascender
nuevamente, como había sucedido en anteriores ocasiones, «no se acreditó que
hubiera cumplido la totalidad de los requisitos previstos para su materialización, en
cuanto a la aptitud psicofísica y el concepto favorable de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa».

76. En lo que concierne al llamamiento a calificar servicios precisó que no requiere
motivación, pues se presume ejercido para garantizar el buen servicio y no
constituye un castigo, sino un mecanismo para renovar el personal de la fuerza
pública cuando ya tiene los requisitos para el reconocimiento de la asignación de
retiro.

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77. Así pues, la providencia describió los elementos en los que el Tribunal sustentó
la decisión de revocar el fallo del Juzgado, para en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda, así:

De igual manera, es procedente aclarar que en el presente asunto, la entidad
demandada realizó la desvinculación del servicio activo del demandante, amparado
en la facultad legal contenida en el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, que permite
la separación del oficial de las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar servicios,
al hallar reunidos los requisitos para aplicar dicha medida atendiendo al tiempo de
servicios prestados y el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a la
asignación de retiro; sin entrar a considerar o debatir la legalidad de las decisiones
adoptadas en el proceso de evaluación y clasificación dentro del escalafón militar,
esto es, sin que el motivo por el cual se produjo el retiro del servicio se encuentre
fundamentado en vulneración alguna a las normas aplicables, o por omisión en la
evaluación del demandante, ni tampoco en su capacidad sicofísica, circunstancias
que además, se reitera, no fueron probadas dentro del proceso.

[…]

De todo lo expuesto en precedencia, puede concluirse que la Sala no tiene certeza
de que en el caso del señor Vega Ramírez, la entidad demandada haya actuado con
desconocimiento del ordenamiento jurídico, desviación de poder o falsa motivación,
ni bajo ninguna causal que vicie de nulidad el acto administrativo demandado en
relación con el retiro, por el contrario, se infiere que la actuación de la institución
militar de retirarlo del servicio por llamamiento a calificar servicios, estuvo ajustada
a derecho, ya que, al igual que el no ascenso, obedeció a la recomendación unánime
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares y
adicionalmente, se encontraban configurados todos los requisitos para efectuar el
llamamiento a calificar servicios, en cuanto al tiempo de servicio activo prestado y el
cumplimiento de requisitos para obtener la asignación de retiro.

78. En este orden de ideas, contrario a lo manifestado por el recurrente, el Tribunal
no incurrió en defecto fáctico, dado que sí valoró el concepto favorable del Comité
Evaluador, pero determinó que se trató de una actuación administrativa donde el
interesado debía cumplir con todos los requisitos exigidos y pese a ello no acreditó
la aptitud psicofísica. Como resultado, la Dirección de Sanidad conceptuó que no
era apto y, por ende, Junta Asesora del Ministerio de Defensa no recomendó el
ascenso.

79. Igual consideración, se debe efectuar ante el hecho de que el actor haya
superado el curso para el ascenso, el cual se entiende como uno de los requisitos
dentro de la actuación, pero que no puede suplir las demás condiciones legales
exigidas por la normativa aplicable.

80. En cuanto a que el acta de la Junta Médica estaba desactualizada, el Tribunal
fue enfático en considerar que lo relevante frente al ascenso era en concepto de la
Dirección de Sanidad que se dictó en el mes de septiembre de 2015, que lo declaró
no apto.

81.Frente a la protección laboral de las personas con discapacidad, cabe destacar
que el Ejército Nacional garantizó el derecho al trabajo del accionante, quien en el

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año 2003 sufrió en combate una herida que causó la amputación del pie derecho,
y pese a sufrir una pérdida de la capacidad laboral del 91 %, pudo continuar en la
institución, ascender, cursar una carrera profesional en la Universidad Militar y
prestar sus servicios como instructor. Ciertamente, fue retirado del servicio pasados
20 años, cuando ya tenía derecho al reconocimiento de la asignación de retiro.

82. Para la Subsección, el Tribunal valoró las pruebas relacionadas con la pérdida
de la capacidad laboral del demandante, así como su trayectoria militar, y tuvo en
cuenta que permaneció en el servicio con la protección derivada de dicha condición.
No obstante, concluyó que no acreditó el requisito de aptitud psicofísica para poder
ascender al grado de teniente coronel.

83. Ahora bien, en cuanto a las personas con pérdida de la capacidad laboral, la
Corte Constitucional, en la sentencia C-066 de 201638 expuso que acorde con la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la
Ley 1346 de 2009, la protección «es una garantía y un derecho para las personas
en situación de discapacidad con la posibilidad de tener un trabajo que les permita
procurarse su propio sustento, la capacidad de elegir cómo y con quién vivir, y que
puedan establecer relaciones familiares como las de las demás personas a partir
del libre consentimiento de los interesados, entre otros».

84. En palabras de la Corte, es una obligación del Estado eliminar las barreras de
acceso que anulan o restringen derechos, libertades y oportunidades, sin una
justificación objetiva y razonable. El Estado tampoco debe incurrir en omisiones
injustificadas en el trato especial, que conduzcan a la eliminación de un beneficio.
En consecuencia, las entidades deben adoptar las políticas para garantizar la
rehabilitación e integración social.

85. Así, cabe anotar que la voluntad del constituyente es eliminar la marginalización
de las personas con cualquier tipo de discapacidad en las estructuras sociales,
culturales y económicas, pues ello es contrario al principio de dignidad humana que
rige el Estado Social de Derecho39.

86. En el asunto bajo análisis, se advierte que el Ejército Nacional le garantizó al
actor el derecho al trabajo, a la rehabilitación, a la reinserción laboral y a la
seguridad social. En efecto, el militar permaneció en servicio activo en funciones
que le permitieron desarrollar su proyecto de vida, tuvo la oportunidad de formarse
profesionalmente dentro de la institución y completó el tiempo de servicios exigido
para acceder a la asignación de retiro.

87. En este contexto, aunque el actor no haya ascendido al grado de teniente
coronel porque no superó el requisito de aptitud psicofísica, esta decisión de la
administración no vulneró el núcleo de protección como sujeto con una
discapacidad, según lo previamente expuesto. Además, la protección constitucional
no es un derecho absoluto, que se analice de forma aislada, por el contrario, en el
caso particular debe armonizarse con el cumplimiento de los requisitos para

38 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
39 Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2009, M.P. María Victoria Calle.

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ascender a los rangos más altos dentro de la institución militar y con el ejercicio de
la facultad discrecional.

88. Así las cosas, la Subsección no encuentra evidente que la decisión de no
recomendarlo para el ascenso al grado de teniente coronel haya sido arbitraria, en
tanto, estuvo motivada en el estudio de los requisitos para ser promovido, entre
ellos, la aptitud psicofísica. Por otro lado, en lo que respecta al retiro por
llamamiento calificar servicios, tampoco se considera que esté acreditado un móvil
o un trato discriminatorio frente al solicitante. En consecuencia, no está demostrada
la vulneración a los derechos fundamentales incoada por la parte actora.

89. En último lugar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca justificó de forma
razonable los motivos por los cuales consideró que el proceso decidido en la
sentencia del 11 de abril de 201940 solo debatió el tema del ascenso de quien había
sido afectado por la pérdida de la capacidad laboral en un alto porcentaje. Mientras
que el presente estudio del caso implicaba un análisis diferente porque el oficial
además había sido retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios, e hizo
énfasis en que por el tiempo de servicio ya tenía derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro.

90. La autoridad judicial demandada efectuó una apreciación de las pruebas
ajustada a las particularidades del caso y al marco normativo y jurisprudencial que
regula el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios; en esa medida, la
providencia cuestionada se fundamentó en el análisis del acervo probatorio
allegado al proceso y se dictó con estricto respeto por las garantías del debido
proceso.

91. En ese orden de ideas, lo que se evidencia es una discrepancia con el resultado
de la valoración probatoria realizada por el juez natural, la cual no puede ser
controvertida por la vía de la acción de tutela, en tanto la interpretación de los
hechos asumida por la autoridad judicial demandada se encuentra debidamente
soportada, razonada y justificada. En consecuencia, se reitera que este mecanismo
constitucional no puede fungir como una tercera instancia.

4. CONCLUSIÓN

92. Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, no incurrió en defecto fáctico, desconocimiento del
precedente, ni vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante. En
criterio de la Sala, no existió un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho
por el defecto fáctico y desconocimiento del precedente, que exija la intervención
del juez de tutela

93.
En virtud de lo anterior, la Subsección modificará la sentencia del 29 de agosto
de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y, en
su lugar, se negará la solicitud de amparo invocada por la parte accionante.

40 Proceso 11001-33-42-050-2016-00277-01.

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5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 29 de agosto de
2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, quedará así:

PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor Gustavo Adolfo Vega
Ramírez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por los motivos
contenidos en esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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