Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03078-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03078-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03078-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
19 de junio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03078-00
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03078-00
Demandante: MANUEL RICARDO LAVERDE ENCISO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y ESCUELA
JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición. Información sobre exoneración u homologación en el IX
Curso de Formación Judicial. Carencia actual de objeto por hecho
superado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Manuel Ricardo Laverde Enciso, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de mayo de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales de petición, de
acceso a la información pública y de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados por las autoridades accionadas.
En el escrito de tutela formuló las siguientes:
“Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura - escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla que,
a través de su directora, en el plazo máximo de 24 horas siguientes a la notificación de
la respectiva sentencia, otorgue una respuesta clara, concreta, de fondo, integral,
congruente y suficiente a la pregunta número 6 del derecho de petición incoado por el
suscrito actor el 1 de abril de 2025, y en estos términos informe, respecto de los cuatro
(4) beneficiarios a los cuales hace referencia en la respuesta a la pregunta número 5 del
mencionado derecho de petición, lo siguiente:
a. El nombre completo de él (o la) aspirante (s) beneficiario (s) de la exoneración u
homologación.
b. El acto administrativo (o actos administrativos) por medio del cual (o de los cuales) se
tomó la decisión de exoneración u homologación.
c. El número completo de radicado del medio de control contencioso administrativo
ejercido por la rama judicial contra tal acto administrativo (o tales actos administrativos)
y la autoridad judicial (o autoridades judiciales) correspondiente (s), o en su defecto
indicar que no se ejerció medio de control alguno”.
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Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso
2. Hechos
El accionante mencionó que tiene un cargo de carrera en la Rama Judicial y
participó en el IX Curso de Formación Judicial del Concurso de Méritos
correspondiente a la Convocatoria n.° 27, que fue adelantado por el Consejo
Superior de la Judicatura.
Indicó que el 1° de abril de 2025 elevó una solicitud ante la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”, en la que en los numerales 5º y 6º pidió información sobre: (i) la
exoneración u homologación del IX Curso de Formación Judicial de los aspirantes
con la calidad de funcionario o exfuncionario judicial, teniendo como factor
sustitutivo de calificación el puntaje obtenido en un concurso de formación judicial
anterior y, (ii) que en caso afirmativo le fuera informado el nombre completo del
aspirante, el acto administrativo por el que se adoptó dicha decisión y el radicado
del medio de control ejercido contra el mismo.
Señaló que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” mediante correo electrónico
de 22 abril de 2025 le remitió el oficio n.° EJO25-1048 en el que le dio respuesta en
el sentido de indicar entre otras cosas, que (i) el beneficio de exoneración u
homologación se aplicó por error a cuatro (4) funcionarios o exfuncionarios judiciales
y (ii) que la información solicitada se encontraba disponible en su sitio web.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante expuso que la respuesta otorgada vulneró sus derechos
fundamentales de petición, de acceso a la información pública y de acceso a la
administración de justicia, para lo cual citó los artículos 23, 74 y 229 de la
Constitución Política. Explicó que una respuesta de fondo no implica tener que
otorgar lo solicitado por el interesado y mencionó que en algunos casos se puede
negar el acceso a la información por tener carácter de reservada y clasificada.
Señaló que la autoridad administrativa “omitió entregar la información solicitada y, de
manera evasiva, se limitó a proporcionar un enlace electrónico al sitio web de la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde se encuentran disponibles cientos de documentos de
diversa índole, como resoluciones, decretos, oficios y expedientes de tutela, entre otros.
Esta contestación resulta claramente violatoria del derecho fundamental de petición en la
medida en que el sitio web al cual remite el enlace electrónico contiene diferentes y variados
documentos que hacen imposible la obtención de la información solicitada que obra en
poder de la entidad”.
Sostuvo que en los actos administrativos en los que se otorgó el beneficio se indica
de manera categórica que tales aspirantes cumplían con los requisitos, por lo que,
en ese contexto, es imposible establecer en qué casos se cometió el error
manifestado, por lo que la respuesta que dirige al sitio web de la escuela judicial no
es acertada, en la medida en que la información se debe suministrar de manera
clara, precisa y concreta.
Refirió que “en eventos como el presente, en los que la administración responde a una
solicitud de información con un simple hipervínculo (o enlace electrónico al sitio web), sin
especificar los nombres de los beneficiarios de la homologación involucrados en el "error"
ni identificar los actos administrativos en los que esto tuvo lugar, se vulnera no solo el
derecho de petición, sino también el derecho fundamental a la información. Esta situación
requiere una respuesta integral por parte del juez constitucional, a fin de proteger ambos
derechos, en consonancia con los principios del Estado Social de Derecho y con la función
de garantizar los derechos fundamentales”.
Por último, relató que si la autoridad administrativa se limita a indicar la existencia
de unos actos administrativos sin especificar los mismos, no permite el ejercicio del
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derecho de acción, que impide acudir a los diferentes medios de control en
coadyuvancia, y que en el caso en particular resulta indispensable para la protección
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
4. Trámite procesal
Por auto de 27 de mayo de 2025, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante y a las
autoridades administrativas accionadas - Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”-. Así como, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
72034 a 72036, 72038 y 72039 de 29 de mayo de 2025, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión1.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial
La directora de la Unidad rindió informe en el que pidió que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva por no tener competencia para emitir
pronunciamiento sobre el objeto de la acción de tutela, a lo que agregó que la
controversia gira en torno al IX Curso de Formación Judicial Inicial que está a cargo
exclusivamente de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
5.2. Respuesta de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
La directora se pronunció sobre el asunto y mencionó que en el caso se configuró
la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en consideración que por
medio de oficio EJO25-1410 de 3 de junio de 2025, notificado en la misma fecha,
se le dio respuesta al accionante sobre la información de los cuatro (4) beneficiarios
-nombres, actos administrativos y radicado del medio de control-, del beneficio de
exoneración u homologación.
6. Manifestación del accionante
Por memorial allegado el 9 de junio de 2025, el actor manifestó que la respuesta
otorgada no supera la solicitud presentada, ya que no cambia la situación que
motivó la presentación de la acción de tutela, pues el asunto no gira en torno a una
negativa de información por reserva legal, sino que atiende una obstaculización
sistemática para impedir que se individualicen unos actos administrativos que ya
son públicos y frente a los que se le indicó en primera medida, que se encontraban
en la página web de la entidad.
Expuso que con el oficio EJO25-1410 de 3 de junio de 2025 deriva la controversia
en una “supuesta negativa sustentada en reserva legal resulta ser un argumento carente
de coherencia, se insiste, porque tal información ya es pública -en la medida en que, como
legalmente debe serlo, ya obra publicada en la página del concurso- y lo único que se pide
es que se individualice -tal y como se explicó en el escrito de tutela-”. Agregó que la
autoridad accionada no tuvo en consideración que al ser aspirante al mismo cargo
de los homologados le asiste interés directo y ve afectadas sus aspiraciones.
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Indice 7 de Samai.
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Sumado a que, la respuesta dada aduce a una situación de información reservada,
para lo cual se habilitaría el recurso de insistencia, que no es procedente ya que la
misma ostenta el carácter de público.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial- solicitó su desvinculación, bajo el argumento de
que no tiene competencia para atender las pretensiones elevadas por el accionante.
Al respecto, la Sala advierte que negará la solicitud presentada debido a que, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 270 de 1996, el Consejo Superior
de la Judicatura tiene dentro de sus dependencias la Unidad de Administración
Judicial, que se encarga de apoyar la gestión administrativa y judicial de la Rama
Judicial, entre ellas se encuentra la relativa a administrar la carrera judicial, que
permite la operación de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, quien diseña los
cursos de formación judicial. Por tanto, aun cuando en la acción de tutela se solicita
el amparo del derecho fundamental de petición que elevó ante la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”, en virtud de las razones expuestas, se considera que su
participación en este trámite constitucional tiene un interés legítimo, como quiera
que dentro de sus funciones tiene la administración del talento humano, así como
la programación de formación y capacitación de los servidores judiciales.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales de petición, de acceso a la información pública y de acceso
a la administración de justicia, al no resolver la solicitud contenida en el numeral 6º
de la petición de 1° de abril de 2025, relacionada con la información de los
beneficiarios de la exoneración u homologación del IX Curso de Formación Judicial.
4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
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son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Manuel Ricardo Laverde Enciso presentó acción de tutela con el objeto de
que se amparen los derechos fundamentales de petición, de acceso a la información
pública y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por
la falta de respuesta al numeral 6º de la solicitud realizada el 1° de abril de 2025,
que fue remitida a las direcciones electrónicas: escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co
y convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co de la siguiente manera:
“ (…)
5. ¿En el concurso de méritos correspondiente a la convocatoria 27, a algún aspirante
con la calidad de funcionario o exfuncionario judicial, se le exoneró u homólogo el IX
Curso de Formación Judicial, teniendo como factor sustitutivo de calificación, el puntaje
obtenido en un concurso de formación judicial inicial anterior?
6. En caso de que la respuesta la pregunta anterior sea afirmativa sírvase indicar: a) el
nombre completo de él (o la) aspirante (s) beneficiario (s) de la exoneración u
homologación, b) el acto administrativo por medio del cual se tomó la decisión de
exoneración u homologación, así como señalar c) el número completo de radicado del
medio de control contencioso administrativo ejercido por la rama judicial contra tal acto
administrativo y la autoridad judicial correspondiente, o en su defecto indicar que no se
ejerció medio de control alguno?”.
Por medio de oficio n.º EJO-1048 de 22 de abril de 2025, la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” emitió respuesta con el fin de dar respuesta a las solicitudes
del demandante. En relación con los interrogantes planteados en los numerales 5º
y 6º le indicó lo siguiente:
“5. ¿En el concurso de méritos correspondiente a la convocatoria 27, a algún aspirante
con la calidad de funcionario o exfuncionario judicial, se le exoneró u homólogo el IX
Curso de Formación Judicial, teniendo como factor sustitutivo de calificación, el puntaje
obtenido en un concurso de formación judicial inicial anterior?
De conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la ley 270 de 1996, el acceso
por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa
aprobación del Curso de Formación Judicial Inicial en los términos que señala la ley.
En concordancia con el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, los
discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de carrera, pudieron solicitar
la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y en tal caso se tomó la última
calificación de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases, siempre
que fuera superior a 80 puntos. Así mismo, los discentes que, sin haber ocupado un
cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y aprobado un curso de formación
judicial inicial como etapa de procesos de selección o convocatorias anteriores, pudieron
solicitar la homologación y se tomó la calificación obtenida en el curso de formación
judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la calificación
fuera superior a 800 puntos. De haber cursado y aprobado más de un curso de formación
judicial inicial se tomó como sustitutiva la mayor calificación obtenida.
En consecuencia, la figura de homologación no era aplicable a funcionarios y
exfuncionarios, y el puntaje de cursos anteriores solo era válido para quienes no hubieran
ocupado un cargo de funcionario de carrera; sin embargo, tras una revisión de la
información pertinente, se identificó una situación en la que este beneficio se aplicó por
error a cuatro (4) funcionarios o exfuncionarios judiciales.
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En virtud de lo anterior, y con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la
normativa vigente y la transparencia en el proceso, la Escuela Judicial "Rodrigo Lara
Bonilla" inició el procedimiento contemplado en el artículo 97 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el cual regula
la revocación directa de los actos administrativos con el consentimiento expreso y escrito
del titular.
Por consiguiente, se solicitó el consentimiento de los interesados para proceder con la
revocación los actos administrativos que dispusieron la homologación en los casos
identificados. Es preciso señalar que, no se obtuvo el consentimiento para la revocación.
6. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa sírvase indicar: a) el
nombre completo de él (o la) aspirante (s) beneficiario (s) de la exoneración u
homologación, b) el acto administrativo por medio del cual se tomó la decisión de
exoneración u homologación, así como señalar c) el número completo de radicado del
medio de control contencioso administrativo ejercido por la rama judicial contra tal acto
administrativo y la autoridad judicial correspondiente, o en su defecto indicar que no se
ejerció medio de control alguno?
La información solicitada está disponible en el sitio web de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla. Puede consultarse a través del siguiente enlace:
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/publicaciones-ix-cfji”.
La anterior respuesta fue notificada a la dirección electrónica del accionante
(laverdemanuelr@gmail.commailto:azapataserna11@gmail.com) el 22 de abril
2025, según fue manifestado por el actor.
En el escrito de tutela, el actor mencionó que la autoridad administrativa vulnera sus
derechos fundamentales al indicarle que la información solicitada la podía validar
en el sitio web de la página de la Escuela Judicial, en tanto, consultado el link se
remite a varios archivos (resoluciones, documentos etc) que no contienen la
información solicitada.
Pese a lo anterior, con el informe rendido a este trámite constitucional la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” aportó copia del oficio n.º EJO25-1410 de 3 de junio
de 2025, por medio del cual complementó la respuesta brindada el 22 de abril de
2025 a la solicitud del demandante, en los siguientes términos:
“En cuanto a la afirmación que “se identificó una situación en la que este beneficio se
aplicó por error a cuatro (4) funcionarios o exfuncionarios judiciales”, y la información
relativa a la identificación de estos funcionarios, es importante precisar que de acuerdo
con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013
nos permitimos informarle que su solicitud no puede ser atendida toda vez que
contravía los principios para el tratamiento de datos personales, dado que la
normatividad vigente impide la divulgación de información de terceros a personas que
no tengan interés directo con la solicitud. El derecho a la información de acuerdo con
la Sentencia C-748-11 está ligado al derecho a la intimidad y es un mecanismo que
confiere al titular “para que, en ejercicio de la cláusula general de libertad, pueda
controlar la información que de si mismo ha sido recopilada por una central de
información”.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dentro de
los contenidos mínimos de habeas data está en otorgarles a las personas el derecho
de que puedan conocer “la información que sobre ellas está recogida en bases de
datos, lo que conlleva el acceso a la base de datos donde se encuentra dicha
información”. Dado lo anterior no es posible acceder a su petición cómo quiera que es
información detallada de terceros, información que por su naturaleza solo podrá ser
entregada con previa autorización de los titulares de derechos.
Finalmente, se le informa al peticionario que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
el 11 de septiembre de 2023, le remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la solicitud para que se ejerciera el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de los 4 actos administrativos que reconocieron
homologación y/o exoneración mencionados al inicio del escrito”.
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Este último oficio, se notificó al demandante al mismo correo electrónico remitido el
22 de abril del presente año, tal como se evidencia en la constancia de envío
aportada:
De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente, la Sala evidencia
que el accionante pidió que, en caso de encontrar que el beneficio de exoneración
u homologación al IX Curso de Formación Judicial le había sido aplicado a algún
funcionario o exfuncionario judicial teniendo como factor sustitutivo de calificación,
el puntaje obtenido en un concurso de formación judicial inicial anterior, le indicaran:
(i) el nombre completo del beneficiario; (ii) el acto administrativo por el cual se
adoptó la decisión y, (iii) el número de radicado del medio de control ejercido contra
el acto administrativo, o indicar si no fue ejercido.
En esa medida, se observa que en la respuesta otorgada el 22 de abril de 2025, la
Escuela Judicial accionada se limitó a indicar al actor que dicha información podía
ser consultada en la página web de la entidad, sin embargo, como fue informado
pro del actor e incluso por búsqueda oficiosa del despacho sustanciador esta
dirección electrónica conduce a un sinnúmero de publicaciones de autos admisorios
y sentencias de tutela en el marco de la convocatoria 27, pero no es clara en
proporcionar en ningún sentido lo solicitado por el actor.
Ahora, el 3 de junio de la presenta anualidad se amplió la información brindada, en
el sentido de indicarle al demandante que no era factible acceder a lo pedido, por
cuanto se trataba de información perteneciente a terceros, de la cual se requería
autorización previa. Asimismo, le indicó que lo concerniente a los cuatro (4) actos
administrativos en los que se reconoció el beneficio de exoneración u homologación
de forma errada, le fue comunicado a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial con el fin de que se promoviera el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En este punto se precisa que con memorial de 9 de junio de 2025 2 el actor
controvirtió la complementación de la respuesta indicando que “pretende llevar el
asunto la entidad demandada al aducir una situación de información reservada”, para lo
cual consideró que al tratarse de una información pública no es procedente el
recurso de insistencia. No obstante, contrario a lo señalado por el actor, lo
concerniente al carácter -público o reservado-, que ostenta la información solicitada
puede ser objeto de controversia a través del trámite judicial del recurso de
insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 20113.
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Índice 12 Samai.
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Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de
información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo
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Así las cosas, la Sala encuentra que lo pretendido con la solicitud de amparo
constitucional se satisfizo, ya que la finalidad de la acción de tutela es la protección
de los derechos fundamentales invocados que, para el caso, se superó con la
actuación de la autoridad demandada con la respuesta otorgada el 22 de abril de
2025, que fue ampliada mediante oficio de 3 de junio de 2025, sobre la información
requerida por el accionante en el numeral 6º de la solicitud elevada el 1º de abril de
2025, relacionada con la información de los beneficiarios de la exoneración u
homologación del IX Curso de Formación Judicial, que por haber sido funcionarios
o exfuncionarios se les tuvo en cuenta el puntaje de un curso de formación previo.
De este modo, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la
decisión de primera instancia.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20194, la Corte Constitucional reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que
motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar
un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad
de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que permite evidenciar
la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno
se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y
(iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la
acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la
afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer”5.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o
del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única
instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual
decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir,
o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del
asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la
sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado
administrativo.
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M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una orden al
respecto”6.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o un
daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación sobreviniente,
“que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada (…), ya
sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha
situación, perdió interés en el resultado de la litis”7.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
porque se acreditó la configuración de un hecho superado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, de conformidad con las
razones expuestas.
Segundo.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado en la acción de tutela promovida por el señor Manuel Ricardo Laverde
Enciso, en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
6
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03078-00
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
10
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