Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04903-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04903-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04903-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
21 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04903-01
Accionante: Manuel Ricardo Laverde Enciso
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de actos administrativos. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – subsidiariedad. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia.
La sala decide la impugnación 1 presentada, en calidad de convocante, por Manuel
Ricardo Laverde Enciso, en contra del fallo de tutela proferido el 11 de septiembre de
20252 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El 8 de agosto de 20253 el accionante radicó tutela4 en procura de la protección de sus
derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a las funciones públicas, los cuales
considera vulnerados con el Oficio EJO25-1837 del 23 de julio de 2025, proferido por la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” (en adelante, la “Escuela Judicial”), que negó
injustificadamente su solicitud de homologación o exoneración del IX Curso de Formación
Judicial Inicial en la Convocatoria 27, pese a haber aprobado el curso correspondiente
en la Convocatoria 22. Esto, además, transgredió el principio de igualdad, al otorgar dicho
beneficio a otros aspirantes en idéntica situación fáctica y jurídica.
1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 21, con certificado 9B46D6739A343613
CDD7BF3666698CA2 81BCD124F8A8302D B28C55EBDC02EABA.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 17, con certificado 40ED997723700DC8
8B25FF53E3CF19A8 19BFC83D117E24AB E4A1F85DED696855.
3 Obra acta en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado 454E216243AD1585
E01A06F8CAF9F03B A992457D6B702ACD 9B4846CBD9BBC6D4.
4 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5257EF0D3D90918B
94D0D832EB8298C2 49DF340630917F56 47389162BE7617A0.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04903-01
Accionante: Manuel Ricardo Laverde Enciso
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
1.2.- Hechos
1.2.1.- Afirma el accionante que participó en el concurso de méritos del Acuerdo PSAA13-
9939 de 2013 (Convocatoria 22), superó todas las etapas, lo que incluye el VII Curso de
Formación Judicial Inicial, y fue nombrado en propiedad como juez 49 administrativo de
Bogotá. Entre 2018 y 2023 estuvo en comisión como magistrado auxiliar del Consejo de
Estado, lo cual impidió la expedición de calificaciones de servicios durante ese periodo.
En 2018 se inscribió en la Convocatoria 27 para el cargo de magistrado de tribunal y
superó las fases I y II del proceso. El Consejo Superior de la Judicatura adoptó el Acuerdo
Pedagógico PCSJA19-11400, que permite la homologación o exoneración del IX Curso
de Formación Judicial Inicial en determinados supuestos. En ejercicio de dicha
posibilidad, solicitó en mayo de 2023 la homologación o exoneración del curso con base
en la calificación obtenida en la convocatoria anterior5.
1.2.2.- La Escuela Judicial negó la solicitud mediante la Resolución EJR23-113 del 22 de
junio de 2023 y confirmó su decisión en la Resolución EJR23-290 del 31 de agosto de
2023. En consecuencia, el accionante cursó el IX Curso de Formación Judicial Inicial.
Ante denuncias de irregularidades, el convocante requirió información sobre la existencia
de homologaciones otorgadas a otros aspirantes en idénticas condiciones. Mediante el
Oficio EJO25-1048 del 22 de abril de 2025, la escuela referida admitió que, por error, se
concedió el beneficio a cuatro funcionarios o exfuncionarios judiciales sin calificación de
servicios, pero no suministró sus nombres. Posteriormente, Laverde Enciso reiteró su
solicitud de homologación con fundamento en el derecho a la igualdad, pero esta
nuevamente fue negada mediante el Oficio EJO25-1837 del 23 de julio de 2025, con
fundamento en la firmeza y legalidad de los actos administrativos previos6.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, ya que la Escuela
Judicial negó su petición de homologación del curso inicial, pese a encontrarse en
idénticas condiciones fácticas y jurídicas que otros cuatro aspirantes a quienes sí se les
otorgó dicho beneficio. Aduce que la entidad no puede justificar esta disparidad con base
5 A folios 1-5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5257EF0D3D90918B
94D0D832EB8298C2 49DF340630917F56 47389162BE7617A0.
6 Ibidem.
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Accionante: Manuel Ricardo Laverde Enciso
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en la imposibilidad de revocar los actos administrativos previamente expedidos, más aún
cuando omitió acudir a la jurisdicción contenciosa mediante una acción de lesividad y
solicitar medidas cautelares para suspender los efectos de tales decisiones. En su
criterio, permitir que el denominado “error administrativo” produzca efectos favorables
para unos y negativos para otros perpetúa la desigualdad y refuerza la arbitrariedad, lo
que contraría precedentes constitucionales que exigen coherencia y razonabilidad en el
trato entre aspirantes.
Laverde Enciso explica que esta situación afecta gravemente principios superiores, al
conferir ventajas competitivas injustificadas a quienes fueron exonerados, pues no
tuvieron que someterse nuevamente a las evaluaciones ni asumir el riesgo de ser
eliminados. En cambio, él fue obligado a aprobar el nuevo ciclo formativo bajo
condiciones más exigentes, lo que distorsiona la equidad del proceso de selección. A su
juicio, dicha disparidad, reconocida por la propia entidad como producto de un error, no
puede mantenerse sin correctivos.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicitó: (i) amparar los derechos fundamentales cuya
omisión se alega; (ii) dejar sin efectos el Oficio EJO25-1837 del 23 de julio de 2025,
mediante el cual se negó la solicitud de homologación del IX Curso de Formación Judicial
Inicial de la Convocatoria 27; y (iii) ordenar a la Escuela Judicial que conceda dicha
homologación.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 12 de agosto de 2025 la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
a la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
2.2.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que carecía de
legitimación en la causa por pasiva y, por tanto, pidió ser desvinculada del trámite, dado
que no tiene competencia para dirigir ni reglamentar los asuntos discutidos en la tutela.
Señaló que la entidad llamada a responder por los hechos expuestos es el Consejo
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Superior de la Judicatura, a través de su Unidad de Administración de Carrera Judicial,
por ser la dependencia que expidió el oficio y los actos administrativos cuya legalidad se
controvierte.
2.3.- La Escuela Judicial argumentó que ya se encontraban en curso los medios de
control ordinarios contra los cuatro actos administrativos que autorizaron la homologación
o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial, y que estos son los que el
accionante cuestiona por trato desigual. Añadió que no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional, ni se
evidenciaba vulneración alguna de derechos fundamentales. Asimismo, indicó que,
aunque se detectó un error en el otorgamiento de la homologación a cuatro aspirantes
de un total de 654 solicitudes evaluadas, tal hecho no configuraba violación al derecho a
la igualdad, puesto que la entidad actuó conforme al marco jurídico al iniciar el trámite de
revocatoria directa contemplado en el artículo 97 del CPACA. Además, informó que había
solicitado a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial promover el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para anular los actos expedidos por error.
2.4.- La Unidad de Administración de la Carrera Judicial pidió su desvinculación del
proceso, al considerar que no tiene competencia sobre las decisiones cuestionadas.
Explicó que los asuntos relacionados con el desarrollo y la administración del IX Curso
de Formación Judicial Inicial corresponden exclusivamente a la Escuela Judicial, por lo
que no podía atribuírsele vulneración alguna de derechos fundamentales.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de septiembre
de 2025, declaró improcedente el amparo. Para ello, señaló que no se cumplían los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad. En cuanto al primero, afirmó que la acción fue
presentada más de un año después de la expedición de las resoluciones administrativas
que negaron la solicitud de homologación en 2023, lo cual excede un plazo razonable
para acudir a este mecanismo excepcional. Respecto de la subsidiariedad, indicó que el
accionante disponía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante
la jurisdicción contencioso-administrativa, en el que incluso podía solicitar medidas
cautelares para suspender los efectos de los actos impugnados. En ese contexto,
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Accionante: Manuel Ricardo Laverde Enciso
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concluyó que la tutela no podía utilizarse para reabrir debates jurídicos que debieron ser
resueltos por la vía ordinaria ni para corregir omisiones atribuibles al accionante.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida, el accionante presentó impugnación. Afirmó que la
vulneración del derecho a la igualdad solo se conoció en abril de 2025, cuando la Escuela
Judicial, mediante el Oficio EJO25-1048, aceptó que había otorgado la homologación del
IX Curso de Formación Judicial Inicial a cuatro aspirantes en sus mismas condiciones,
situación que no era cognoscible al momento de expedirse las decisiones de 2023 que
negaron su solicitud. Sostuvo que exigirle haber interpuesto acciones judiciales en ese
momento equivale a imponerle una carga procesal irrealizable. En segundo lugar, alegó
que el acto verdaderamente lesivo es el Oficio EJO25-1837 del 23 de julio de 2025, por
cuanto constituyó una respuesta autónoma y actual a una nueva solicitud fundamentada
en el derecho a la igualdad en concreto. En tercer lugar, acotó que el trámite de nulidad
y restablecimiento del derecho no es eficaz, pues el concurso de méritos se encuentra
en etapa avanzada y la existencia de homologaciones selectivas afecta de manera
inmediata sus posibilidades, dada la desproporción entre los cupos disponibles y los
aspirantes eximidos. Finalmente, reiteró que lo pretendido es que se restablezca el
equilibrio frente a un error admitido por la propia administración, pues mantener los
beneficios otorgados irregularmente a unos pocos perpetúa la desigualdad.
5.- Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
5.1.- En el curso de la segunda instancia, el accionante allegó copia de un fallo de tutela
proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro de la
tutela n.º 11001031500020250307800/01. Manifestó que tal decisión debe considerarse
en este escenario, en tanto ordenó a la Escuela Judicial dar datos claros sobre los cuatro
aspirantes a quienes les fue aceptada su homologación en el curso de formación. En
virtud de ello, pudo identificar a estas personas y determinó que, al igual que él, algunos
desempeñan cargos al interior de la Rama Judicial. También reiteró que esta situación
hace que estas personas, al acudir a sus puntajes del curso anterior, tengan mayores
posibilidades y una mejor posición que la suya.
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Adicionalmente, el accionante reiteró que la sentencia de primera instancia desconoció
que la vulneración al derecho a la igualdad no se derivó de las resoluciones expedidas
en 2023, sino de un hecho sobreviniente conocido apenas en 2025, cuando la Escuela
Judicial reveló que se había otorgado la homologación a cuatro aspirantes en sus mismas
condiciones. Explicó que esa información había sido ocultada y que no le era posible
alegarla en 2023. Indicó que, desde el 21 de agosto de 2025, inició el trámite de
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación para agotar el requisito
de procedibilidad contra los actos de 2023, diligencia que fue reprogramada para el 28
de octubre. Asimismo, señaló que el 22 de septiembre de 2025 presentó proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Oficio EJO25-1837 de 2025,
acompañado de solicitud de medida cautelar, pero a la fecha no ha sido admitido, lo que
evidencia la ineficacia de los mecanismos ordinarios para evitar el perjuicio inminente
derivado del cierre del curso de formación judicial. En ese contexto, solicitó que, incluso
si se considera que el debate recae sobre las resoluciones de 2023, se asuma el
conocimiento de fondo, toda vez que ha demostrado diligencia en el uso de los
mecanismos judiciales ordinarios, los cuales han resultado ineficaces.
5.2.- En un memorial posterior, Laverde Enciso indicó que el 28 de octubre de 2025 se
realizó la audiencia de conciliación ante la Procuraduría 44 Judicial II, la cual fue
declarada fallida por la falta de disposición conciliatoria de la Escuela Judicial. Ese mismo
día interpuso nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado n.º 25000-23-41-000-
2025-01751-00. No obstante, reiteró que dicho medio no es idóneo ni eficaz para evitar
el perjuicio cierto, inminente, grave e irreversible que se deriva de la negativa de
exoneración del IX Curso de Formación Judicial, ya que dicho beneficio incide
directamente en su posición en la lista de elegibles y, por tanto, en su acceso a vacantes.
Sostuvo que, una vez finalizado el concurso, no será posible modificar los nombramientos
realizados, incluso con fallo favorable. Además, precisó que, en otro proceso similar
identificado con el n.º 25000-23-42-000-2025-00103-00, el tribunal ha tardado más de
siete meses sin decidir siquiera sobre la admisión, lo que evidencia la ineficacia del medio
ordinario.
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II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 11 de septiembre de 2025 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo n.º 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3.- Cuestión previa
Esta Sala estima necesario destacar que, si bien los actos primigenios mediante los
cuales se negó la homologación pedida por el accionante son de 2023, el análisis del
requisito de inmediatez en esta acción de tutela no puede realizarse desde dicha fecha.
Ello, por cuanto la presunta vulneración del derecho a la igualdad solo se hizo evidente a
partir del momento en que el actor tuvo conocimiento de que, a otros cuatro aspirantes,
en una situación similar, sí se les concedió el beneficio solicitado. En consecuencia, el
término para valorar la inmediatez debe contarse desde la revelación de esa
circunstancia, es decir, desde abril de 2025, por lo que, en criterio de esta Subsección,
se encuentra satisfecho el presupuesto aludido. Ahora bien, se aclara que este análisis
se refiere exclusivamente a esta reclamación constitucional y no se extiende ni tiene
relación alguna con el análisis que deben efectuar los jueces de los procesos judiciales
ordinarios incoados por el peticionario, frente a la determinación de los actos enjuiciables
y al conteo de la caducidad.
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4.- Procedencia del amparo en el caso concreto
4.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley.
Conforme con la disposición referida, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa judicial para la
protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en principio, impide que se
acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches contra actos administrativos o
para generar erogaciones económicas, toda vez que ese tipo de pretensiones tienen la
posibilidad de ser discutidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que excepcionalmente
procede la solicitud de amparo cuando el mecanismo disponible no salvaguarda de
manera eficaz7 el derecho fundamental, o este no es idóneo por no ofrecer una solución
completa ni resolver el conflicto en toda su dimensión8; así también, cuando el tutelante
se encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable9, caso en el cual la tutela
funge como mecanismo transitorio.
4.2.- Al verificar los hechos expuestos en el escrito inicial, se advierte que el Consejo
Superior de la Judicatura, mediante las Resoluciones EJR23-113 del 22 de junio y EJR23-
290 del 31 de agosto de 2023, negó la homologación del IX Curso de Formación Judicial
Inicial pedida por Laverde Enciso. Luego, al enterarse de que tal exoneración había sido
aceptada en favor de otros concursantes, reiteró su petición, la cual, nuevamente, fue
rechazada mediante Oficio EJO25-1837 del 23 de julio de 2025, con fundamento en la
firmeza de los actos administrativos de 2023.
7 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
8 Sentencia T-471 de 2017.
9 Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad
de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.
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El accionante denuncia que la Escuela Judicial vulneró sus derechos fundamentales al
negarle la homologación referida, a pesar de encontrarse en las mismas condiciones que
otros aspirantes a quienes sí se les concedió el beneficio. Alega que la entidad no puede
justificar esta diferencia en la supuesta imposibilidad de revocar los actos previos,
máxime cuando no promovió las acciones correspondientes para suspender las
homologaciones. Considera que mantener los efectos de un error administrativo a favor
de unos y en perjuicio de otros perpetúa la desigualdad entre aspirantes y desvirtúa
principios constitucionales.
4.3.- Con base en los hechos descritos, se advierte, desde este momento, que la solicitud
de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues los actos administrativos
que negaron la exoneración del actor, proferidos en 2023 y 2025, deben ser cuestionados
y discutidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En efecto, las
actuaciones criticadas corresponden a decisiones administrativas particulares mediante
las cuales, como se explicó, se negó la pretensión del actor en cuanto a que se aceptara
su exoneración.
4.4.- En relación con lo anterior, es preciso señalar que el accionante ha promovido
medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho tanto contra el Oficio EJO25-
1837 del 23 de julio de 2025, radicado bajo el número 11001333400420250038800 y
asignado al Juzgado 4.º Administrativo de Bogotá, como contra las Resoluciones EJR23-
113 del 22 de junio y EJR23-290 del 31 de agosto de 2023, cuyo conocimiento fue
asignado a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el
radicado 25000234100020250175100. Ambos trámites se encuentran actualmente
pendientes de decisión sobre su admisión y las medidas cautelares formuladas por el
demandante10.
Ahora bien, Laverde Enciso dedicó parte sustancial de su escrito de tutela, de su
impugnación y de sus memoriales a argumentar que los medios de control ordinarios
resultan ineficaces e insuficientes, al considerar que los tiempos esperados no permiten
una resolución oportuna, lo que haría posible que la lista de elegibles, en la que estarían
10 Alrevisar las demandas presentadas en ambos medios de control, se advierte que el actor solicitó medidas
cautelares.
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incluidos los cuatro aspirantes beneficiados de forma irregular, se consolide antes de que
se emitan pronunciamientos judiciales de fondo. Sin embargo, dicho planteamiento se
apoya en una hipótesis no corroborada, que no permite desvirtuar la idoneidad legal de
los mecanismos ordinarios, en la medida en que no se acreditó con certeza que la
siguiente fase del concurso efectivamente se consolidará antes de que se resuelvan las
medidas cautelares solicitadas o, al menos, antes de que se adopten decisiones sobre la
admisión de las demandas presentadas.
4.5.- De conformidad con lo anterior, para esta Sala la sola invocación de un presunto
trato discriminatorio basado en un error de la Administración y la referencia a la mora
judicial en la resolución de los medios de control no constituyen, por sí mismas, razones
suficientes para habilitar la intervención de esta Sala Constitucional. Al respecto, las
denuncias de Laverde Enciso implican un examen de legalidad y de fondo sobre actos
administrativos, por lo que deben ser revisadas, en principio, a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que incluso es posible solicitar la
adopción de medidas cautelares, como ocurrió, para prevenir o suspender los efectos de
las actuaciones impugnadas mientras se dicta una decisión de fondo. Además, es viable
acudir a la acción de tutela en caso de que se considere que los jueces naturales incurren
en mora injustificada. Así pues, no se ha desvirtuado la idoneidad de los procesos
ordinarios en curso. Adicionalmente, no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela como
mecanismo transitorio, según se expuso.
En consecuencia, se reitera que la controversia sub judice debe ventilarse por los cauces
ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, por lo que no se encuentra satisfecho el
requisito de subsidiariedad.
Con estas precisiones, se advierte que los medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciados por el actor resultan ser mecanismos judiciales
idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales invocados, sin que
la copiosa argumentación del interesado sea suficiente para desvirtuar tal presunción.
5.- En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, aunque por las razones expuestas
en esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 11 de septiembre de 2025 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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