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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03080-00

Fecha
11 de julio de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03080-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la parte actora. SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 28 de noviembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de reparación directa con radicado número 73001-33-33-009-2024-00169- 00/01, para que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03080-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

11 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso
– configuración del defecto fáctico.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 21 de mayo de 2025, el señor José Esteban Herrera Trilleras presentó acción

de tutela en busca de que se dejaran sin efectos los autos del 4 de septiembre y 28
de noviembre de 2024, proferidos respectivamente por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, en
el marco del proceso2 que promovió junto con otro3 en contra del municipio de Ibagué
y otros, con el propósito de que se declarara su responsabilidad administrativa por
los perjuicios derivados de las condiciones de hacinamiento que padeció durante el
tiempo en el que estuvo detenido en las instalaciones de la Permanente Central de
Ibagué.

2. En proveído del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal confirmó la decisión del A

quo que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control.
La autoridad judicial consideró que el actor conoció el hecho generador del daño
desde el momento en que inició su reclusión (22 de julio de 2021), por tanto al

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 73001-33-33-009-2024-00169-00/01.
3 El señor Jaime Herrera Castaño.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

presentar la solicitud de conciliación extrajudicial el 14 de febrero de 2024, el término
de dos años para presentar la acción se encontraba ampliamente superado.

3. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que las autoridades

enjuiciadas vulneraron sus derechos al debido proceso, acceso a la administración
de justicia e igualdad, por cuanto desconocieron el precedente judicial.

4. Al respecto, esgrimió que, en sentencia del 6 de diciembre 20224, la Subsección C

de la Sección Tercera de esta Corporación, al abordar el estudio de un caso similar,
indicó que el término de caducidad del medio de control de reparación directa debe
contabilizarse desde que la víctima del daño se percata del mismo.

5. A su vez, plasmó las consideraciones esbozadas en la sentencia del 3 de octubre

de 2019 dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado 5 e
indicó que, de acuerdo con esa providencia, cuando se alega un daño asociado a
condiciones derivadas de hacinamiento carcelario, el término de caducidad se
computa desde el momento en que aquél cesa, por tratarse de una afectación de
carácter continuado.

6. Asimismo, trajo a colación otras catorce providencias, nueve de ellas adoptadas

por esta Corporación, cinco por la Corte Constitucional y una por la Corte Suprema
de Justicia. En particular, se destaca la sentencia del 5 de mayo de 2025, adoptada
por esta Subsección, en el marco de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2025-01176-00, en la que se estudió un asunto de similares características y se
concedió el amparo.

7. En lo que respecta al precedente horizontal, hizo referencia a otros tres fallos
proferidos, en su orden, por los Tribunales Administrativos de Antioquia, Tolima y
Quindío el 29 de enero6, 5 de septiembre7 y 8 de noviembre de 20248,
respectivamente, en los que también se analizaron supuestos fácticos similares.

8. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que en su caso el término de caducidad

empezó a transcurrir a partir del día siguiente de aquel en que salió del centro
carcelario, esto es, el 24 de agosto de 2022, por tratarse de un daño continuado. Se
interrumpió el 16 de febrero de 2024 (cuando se radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial) y se reanudó el 22 de marzo siguiente, fecha en la que se expidió el
acta de constancia del trámite de conciliación. Por consiguiente, el plazo para acudir
a la jurisdicción fenecía el 30 de septiembre posterior, mientras que la demanda fue
presentada el 22 de marzo de ese mismo año.

4 Exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01.
5 Exp. 70001-23-33-000-2014-00186-01.
6 Exp. 05001-33-33-029-2019-00033-01.
7 Exp. 73001-33-33-001-2024-00124-01.
8 Exp. 63001-3333-005-2024-00227-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

9. Señaló que, en todo caso, aun cuando se acogiera el criterio según el cual el

término de caducidad debía empezar a contarse a partir del momento en que el
demandante se enteró del estado de hacinamiento, tampoco había lugar a declarar
la caducidad, toda vez que este solo tuvo conocimiento del daño hasta el 19 de enero
de 2023, fecha en la que la Policía Metropolitana de Ibagué, mediante oficio GS-
2023-003124-METIB/COSECDISPO-29.25, le informó que las instalaciones de ese
lugar estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 personas y las antiguas
instalaciones de espacio público para 20 y que para los años 2021 y 2022
presentaban un porcentaje de hacinamiento del 514 y 561%, respectivamente.

10. Aseveró que los juzgadores interpretaron de forma restrictiva y formalista las
normas sobre la caducidad del medio de control, sin realizar un análisis acerca de la
naturaleza continuada del daño y su impacto en la víctima, pasando por alto que
tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han determinado que en los
casos en los que se debate la responsabilidad del Estado en contextos de privación
de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que garantice el acceso efectivo
a la justicia y la reparación integral del daño.

B. Trámite procesal

11. Mediante auto del 26 de mayo de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela,

notificar de su presentación a las autoridades judiciales accionadas; (iii) vincular al
señor Jaime Herrera Castaño, en calidad de tercero con interés; (iv) comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (v) requerir al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué para que remitiera copia
digital del expediente con radicado número 73001-33-33-009-2024-00169-00/01 y a
la abogada Diana Patricia Álvarez Ramírez para que allegara en debida forma el
poder que la habilita para ejercer la representación judicial del señor Palacios Moreno
en el presente trámite.

(i) Tribunal Administrativo del Tolima9

12. Sostuvo que no incurrió en la vulneración alegada, toda vez que la decisión que

adoptó se sustentó en los elementos de juicio obrantes en el expediente. Análisis
que además se respaldó en un pronunciamiento reciente de la Sección Tercera de
esta Corporación10, en el que se abordó el estudio de circunstancias fácticas
similares, el cual también fue objeto de acción de tutela11, que fue negada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, al concluir que la certeza del daño
reclamado se tuvo al momento en que el demandante fue recluido en el centro
carcelario.

9 Intervención digital contenida en 9 folios.
10 Sentencia del 6 de diciembre de 2022, exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
11 Exp. 11001-03-15-000-2023-02769-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(ii) Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué12

13. Señaló que la decisión acusada no se enmarca en ninguna de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues
no carece de fundamento normativo, ni se fundó en un razonamiento arbitrario.
Además, indicó que sobre ese mismo asunto han sido incoadas otras veinte acciones
de tutela.

14. Porsu parte, la apoderada de la parte accionante cumplió el requerimiento
efectuado en el auto admisorio13.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

15. En el presente asunto están satisfechos los requisitos generales para habilitar la

procedencia excepcional del mecanismo de amparo.

16. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al

haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que se
atribuyen a la decisión acusada, la cuestión que se debate en esta oportunidad
trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia constitucional, en la
medida en que se persigue la efectiva protección de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y debido proceso.

17. Aunado a lo anterior, (i) el accionante hizo uso de todos los medios que tenía a su

alcance para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
transgredidos14; (ii) el recurso de amparo constitucional fue ejercido en un plazo
razonable (21 de mayo de 2025), es decir, dentro del término de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia (2 de diciembre de 2024)15; y (iii) no se
trata de una tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un proceso de la
misma naturaleza o de aquellas respecto a las cuales la jurisprudencia ha limitado
su ejercicio.

18. Respecto a la configuración de la causal específica de procedibilidad atribuida en

el caso bajo estudio, si bien el accionante alegó un desconocimiento del precedente
y refirió varias providencias que estima desatendidas, los argumentos que sustentan
la ocurrencia de dicho vicio se enmarcan en una deficiencia de tipo fáctico, pues
giran en torno a una discusión probatoria.

12 Intervención digital contenida en 5 folios.
13 Se reconoció personería jurídica en auto del 13 de junio de 2025, que reposa a índice 15 del aplicativo SAMAI.
14 Contra el auto por medio del cual se dispuso el rechazo de la demanda de reparación directa se interpuso

recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima.
15 Ese término ha sido considerado por esta Corporación como razonable para acudir al juez de tutela cuando se

pretende censurar una providencia judicial.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

19. En otras palabras, aunque la parte actora sostiene que el yerro del Tribunal radicó

en desatender la línea jurisprudencial respecto a la forma en que opera la caducidad
cuando se está ante un evento en el que el daño es continuado, para abordar la
discusión sobre la regla legal o jurisprudencial aplicable, primero debían definirse
claramente las circunstancias fácticas del caso, para tener certeza sobre aspectos
como las fechas en que inició y concluyó el daño, si el mismo se puede catalogar
como continuado, y si esto último implicaba consideraciones adicionales respecto a
la posibilidad de conocer aquél o acceder a la jurisdicción, que influyeran en el conteo
de la caducidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que se reclama es una
reparación por hacinamiento, que comporta la concurrencia de elementos fácticos
adicionales a la privación de la libertad.

20. En este punto es importante recordar que la jurisprudencia constitucional 16 ha

indicado que el juez de tutela cuenta con amplias facultades para determinar el
problema jurídico a resolver, que incluyen la de interpretar la demanda a efectos de
dilucidar el asunto que motiva la controversia.

21.El actor reprochó que la autoridad demandada haya empezado a contabilizar el

referido término desde el momento en que ingresó al centro de reclusión, sin tener
en cuenta que el daño alegado era de carácter continuado y, sobre la base fáctica
de que conoció de tal afectación a partir de ese momento, sin que ello encuentre
respaldo en el material probatorio. A su juicio, el término de caducidad debía
computarse desde que abandonó tal centro de reclusión. Ese mismo argumento fue
planteado en el recurso de apelación que interpuso ante el juzgado accionado, contra
el auto de rechazo.

22.Al desatar la alzada, el Tribunal Administrativo del Tolima señaló lo siguiente:

<<(…) el señor José Esteban Herrera Trilleras tuvo conocimiento de las condiciones
públicas de hacinamiento en las que se encontraba la Permanente Central de Ibagué-
Tolima desde el momento en que fue ingresado, siendo esto, según las pruebas
allegadas, el 22 de julio de 202117, por lo que al presentar la solicitud de conciliación
extrajudicial el 16 de febrero de 202418, el término de 2 años para presentar la acción
se encontraba ampliamente superado.>>

23. Aún obviando elementos del análisis que resultan relevantes como la alegada

continuidad del daño y la tesis defendida por el accionante, que la autoridad judicial
no comparte, sustentándose en una providencia de la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación19 relativa al conocimiento del daño; la revisión en
conjunto de los elementos probatorios obrantes en el expediente contencioso-
administrativo, permite advertir a esta Sala que la autoridad accionada incurrió en un

16 Entre otras decisiones, se puede consultar las sentencias SU-222 de 2016 y SU-150 de 2021.
17 Cita original: “Índice descargado 7 fl. 81 expediente SAMAI”.
18 Cita original: “Índice descargado 7 fls 208 expediente SAMAI”.
19 Sentencia del 6 de diciembre de 2022, exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01, C.P. Guillermo Sánchez Luque.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

error en el juicio valorativo, que incidió de forma directa en la decisión cuestionada,
pues dio por probado, aun cuando no estaba plenamente acreditado, que para la
fecha en que el actor ingresó a la Permanente Central de la Policía de Ibagué tuvo
conocimiento del daño alegado.

24. La Sala llama la atención sobre el extracto jurisprudencial que cita el Tribunal

pues, corresponde a la misma sentencia del 6 de diciembre de 2022 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que el accionante señala
como precedente desconocido. Ello es relevante porque según el señor Herrera
Trilleras, la autoridad judicial desatendió la regla jurisprudencial fijada en esa
decisión, en cuya virtud el término de caducidad del medio de control de reparación
directa debe contabilizarse desde que la víctima del daño se percata del mismo. La
lectura de la decisión censurada, deja en evidencia que el yerro del Tribunal no
estuvo en desatender esa regla sino en pretender aplicarla sin contar con un soporte
probatorio para ello.

25. Nótese que al mencionar dicho referente jurisprudencial, el Tribunal accionado

pone en evidencia que en aquel caso la Subsección C indicó lo siguiente: “(…)
contrario a lo afirmado por la parte demandante, no es procedente tomar como punto
de partida para el cómputo del término de caducidad la fecha en que el señor William
Alberto Molina Sánchez recobró la libertad, teniendo en cuenta que como ha
quedado probado, tuvo conocimiento del daño en una fecha anterior”. Es decir, que
a partir de un documento obrante en el plenario, la Sala de decisión -en aquel asunto-
pudo advertir una manifestación clara de la víctima sobre las condiciones de
reclusión, que daba cuenta del conocimiento que tenía del hacinamiento desde la
fecha en que elaboró el documento.

26. Un análisis de ese tipo es el que se extraña en la providencia cuestionada, pues

el Tribunal Administrativo del Tolima asumió que desde el momento en que inició la
reclusión, el señor Herrera Trilleras conoció el daño, pero esa afirmación no
encuentra respaldo en ninguna prueba, o por lo menos la decisión judicial no hace
explícito ese sustento. De ahí, que le asista la razón al accionante al censurar que la
autoridad judicial hiciera un conteo “automático” de la caducidad desde el inicio de la
reclusión, sin presentar razones para ello, y prescindiendo de un análisis serio del
reproche planteado en la apelación.

27. En tal sentido, la autoridad judicial, no dio cuenta de la existencia y el análisis de

elementos probatorios que le permitieran arribar a la conclusión de que el
demandante conoció el daño desde la misma fecha de su ocurrencia, es decir, al
momento de su ingreso al lugar de reclusión y, menos aún, que lo habilitaran a
descartar la alegada continuidad del daño.

28.Por otro lado, el Tribunal ni siquiera hizo mención, y mucho menos analizó los

documentos aportados por el actor en la demanda de reparación directa, traídos a

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

colación también en la tutela, para señalar que conoció del daño en fecha posterior
al inicio de la reclusión.

29. En cualquier caso, la Sala observa que los mismos únicamente no permiten
determinar que desde el mismo momento de su llegada a dicho lugar, hubiera podido
advertir las situaciones de hacinamiento que dieron origen al daño alegado.

30. Ejemplo de ello, es el oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-292.5
expedido el 19 de enero de 2023 por la Policía Metropolitana de Ibagué, mediante el
cual se dio respuesta a un derecho de petición incoado por la parte demandante el
17 de enero de esa misma anualidad, en el que la entidad estatal se pronunció sobre
el hacinamiento para la época en que estuvo recluido el accionante, pero en términos
generales.

31. La Sala considera pertinente traer a colación el contenido del referido oficio, en

particular los puntos 1, 3 y 4:

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

32.
Según se desprende del documento, este únicamente certificaba que para el año
2021, en la Permanente Central de la Policía de Ibagué se encontraban recluidos
624 sindicados y 182 condenados y que las instalaciones presentaban un porcentaje
de hacinamiento del 514%. Sin embargo, no específica a detalle una relación mes a
mes de la cantidad de personas detenidas, ni del porcentaje de hacinamiento, que
permita evidenciar que, efectivamente, para el momento mismo en que el
demandante arribó al lugar de reclusión existía una cantidad específica de personas
allí recluidas, la capacidad real del establecimiento y el porcentaje exacto de
hacinamiento que se presentaba, de forma que se pudiera concluir que le era posible
al accionante conocer de la situación de hacinamiento en esa fecha por ser evidente.

33. Por otro lado, el operador judicial también se abstuvo de razonar sobre la
posibilidad de que el daño derivado de las condiciones de hacinamiento solo pudiera
ser conocido en un momento posterior a su causación, o sobre la existencia de
circunstancias en las que -aun conociendo el daño- resultara materialmente
imposible ejercer el derecho de acción dentro del término establecido por el
legislador para acudir a la jurisdicción20. Aspectos de cardinal importancia, de cara
al recurso de apelación en el que se alegó que el daño era continuado, respecto de
lo cual no se realizó ningún tipo de análisis probatorio, ni estudio jurídico sobre las
consecuencias que de ello derivaban.

34. El fallador se limitó a señalar que, de conformidad con el artículo 164 del CPACA,

para efectos del cómputo del término de caducidad era factible entender que el
demandante tuvo conocimiento del daño desde que fue retenido, sin efectuar un
análisis orientado a determinar si la afectación alegada persistió en el tiempo o no, y

20 En sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, el Consejo de Estado unificó la jurisprudencia en relación

con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pretenda la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado. Allí, se fijaron las siguientes reglas: (i) el término previsto por el legislador para acudir a la jurisdicción
es aplicable en todos los casos; (ii) salvo en casos de desaparición forzada, dicho plazo se debe contabilizar
desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial y; (iii) el término no se aplica cuando
se presentaron situaciones que impidieron materialmente el ejercicio del derecho de acción. Una vez superadas,
empieza a correr el plazo legal.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

poder a partir de ello entrar a dilucidar el argumento expuesto por el accionante
relativo a que se trataba de un daño continuado que merecía una valoración especial,
por los efectos que ello podía implicar en la posibilidad de acudir a la jurisdicción.

35. Lo anterior, cobra aún más relevancia, si se tiene en cuenta la sentencia del 3 de

octubre de 2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, referenciada por el actor en el escrito de tutela. Dicho pronunciamiento se
emitió en el marco de una acción de grupo en la que también se pretendía la
declaratoria de responsabilidad del Estado por hacinamiento carcelario y, al abordar
el estudio de caducidad del medio de control, se concluyó que este fue ejercido
oportunamente, en tanto se acreditó que los hechos omisivos objeto de debate
provenían de un daño de carácter continuado, el cual no deja de causarse mientras
persiste.

36. Por lo tanto, dada la existencia de ese pronunciamiento judicial previo, no solo

resultaba indispensable establecer con certeza el momento en que se produjo el
conocimiento del daño, sino también si este tenía o no un carácter continuado, pues
tales elementos incidían directamente en el estudio de la caducidad del medio de
control. Y ello no podía ser el resultado de una apreciación ligera del asunto, que
considerara sólo la fecha de ingreso del centro de reclusión y se asumiera que la
víctima conoció del daño en ese mismo momento, sin contar con elementos
probatorios suficientes para arribar a esa conclusión.

37. Ahora, lo anterior no puede ser entendido como un reproche al accionante por no

aportar con la demanda elementos probatorios que permitieran definir tales
elementos, pues el acápite de pruebas de la demanda de reparación directa y los
anexos aportados dan cuenta de que, previo a iniciar el proceso, procuró acudir ante
las autoridades accionadas y recopilar la información que estimó pertinente. No
obstante, ante la dificultad de obtener datos claros, requirió al juez oficiar a las
mismas, a efectos de que pudiera ser allegada al proceso la información necesaria
para desatar el litigio.

38. Ejemplo de ello es que, como ya se mostró con las imágenes de los extractos

pertinentes, a través del oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-292.5
expedido el 19 de enero de 2023, la Policía Metropolitana de Ibagué le entregó al
demandante información histórica sobre la cantidad de personas detenidas y el
porcentaje de hacinamiento de las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué
durante los años en que estuvo recluido en ese lugar, pero no especificó dicho dato
mes a mes, pese a que así fue requerido por el peticionario. De ahí que, junto a la
demanda, se solicitara como prueba oficiar a la Permanente Central de Policía de
Ibagué-Tolima para que se sirviera informar:

<< • Se sirva indicar cuántas personas se encuentran detenidas en la Permanente
Central de Policía de Ibagué-Tolima, en calidad de condenados y sindicados, desde
año 2.020 a la fecha, precisando el número de detenidos mes a mes.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

• Se sirva informar si en la Permanente Central de Policía de Ibagué-Tolima, existe
hacinamiento carcelario. De ser afirmativa su respuesta, se sirva informar el porcentaje
de hacinamiento existente en cada una de las salas, en el periodo comprendido desde
agosto de 2.020 hasta la fecha, precisando el porcentaje de hacinamiento mes a
mes.>>. (se resalta).

39. Lo anterior evidencia una dificultad probatoria que no puede ser soslayada, y

respecto a la cual el ordenamiento jurídico plantea alternativas que privilegian el
acceso a la administración de justicia. En tal sentido, si eventualmente la autoridad
judicial considera que en la etapa de admisión no se cuenta con elementos
probatorios que permitan establecer con certeza el momento en que se tuvo
conocimiento del daño, si este era de carácter instantáneo o continuado o, incluso,
si existían circunstancias que hubieran impedido materialmente el ejercicio oportuno
del derecho de acción, en aplicación del principio pro actione, puede posponer dicho
estudio para una etapa posterior, ya sea en la audiencia inicial o en la sentencia y
no, de entrada, cercenar el acceso a la administración de justicia, menos aún
tratándose de personas que se encuentran sometidas a una relación especial de
sujeción con el Estado por la privación de la libertad.

40. En reiteradas oportunidades, esta Corporación21 ha puntualizado que en aras de

hacer efectiva tal prerrogativa constitucional, el fallador puede diferir el análisis de la
caducidad del medio de control hasta la sentencia, cuando en la etapa inicial no sea
posible determinar con claridad el momento en que debe empezar a contabilizarse,
pues en una fase posterior del proceso se contará con mayores elementos
probatorios para establecer con certeza si operó o no la caducidad. Ello puede
resultar pertinente en un caso como este, en el que el demandante solicitó la práctica
de otras pruebas, para complementar la información incompleta que le suministraron
las autoridades demandadas.

41. La Sala no pretende indicar que esta sea la forma en que el Tribunal debe resolver

el asunto, simplemente pone de presente que existen alternativas que no sacrifican
el acceso a la administración de justicia, incluso en situaciones en las que el acervo
probatorio aportado con la demanda no permite definir lo relativo a la caducidad. De
tal manera que, corresponde al juez natural evaluar la información con que cuenta y
adoptar una decisión, que encuentre sustento en el material probatorio. Lo que no
es admisible es que declare la caducidad sin tener certeza de la totalidad de los
elementos fácticos que deben ser evaluados, pues ello pone en evidencia la
configuración del defecto fáctico.

42. Según la jurisprudencia constitucional22, dicha causal específica de procedibilidad

21 Al respecto, ver sentencias del 30 de agosto de 2018, exp. 41001-23-33-000-2015-00926-01, CP. Ramiro

Pazos Guerrero y 28 de octubre de 2024, exp. 25000-23-36-000-2017-02210-01, CP. Nicolas Yepes Corrales;
auto del 3 de febrero de 2025, exp.05001-23-33-000-2020-00575-01, CP. María Adriana Marín.
22 Sentencia T-567 de 1998, reiterada en sentencias T-81 de 1011 y SU-453 de 2019, entre otras.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de la acción de tutela contra providencias judiciales emerge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio para aplicar el supuesto legal en el que fundamenta la
decisión.

43. Uno de los supuestos en los que se puede presentar la configuración de dicho

yerro, es cuando el operador judicial da por acreditadas ciertas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde la decisión que adopta, como ocurrió en
el caso bajo estudio respecto a la fecha de conocimiento del daño y el momento en
que concurrieron las condiciones materiales que permitían acudir a la jurisdicción.

44. Por lo expuesto, la Sala dispondrá la protección de los derechos fundamentales

de acceso a la administración de justicia y debido proceso del accionante, vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Tolima al haber incurrido en un defecto fáctico. En
consecuencia, se dejará sin efectos el auto del 28 de noviembre de 2024, con el fin
de que la autoridad judicial profiera una decisión de reemplazo, que privilegie el
principio pro actione, en garantía del acceso a la administración de justicia.

45. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y debido proceso de la parte actora.

SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 28 de
noviembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del
proceso de reparación directa con radicado número 73001-33-33-009-2024-00169-
00/01, para que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03080-00
Demandante: José Esteban Herrera Trilleras
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE23
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

23 VF

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