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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03125-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03125-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03125-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03125-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: DIEGO FERNANDO OBREGÓN GUZMÁN

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE
DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y A ELEGIR Y
SER ELEGIDO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor DIEGO FERNANDO OBREGÓN GUZMÁN, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03125-00
Actor: DIEGO FERNANDO OBREGÓN GUZMÁN

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a elegir y

ser elegido, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA,

al haber proferido en única instancia la providencia de 6 de febrero

de 2025, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado

con el número único de radicación 11001-03-28-000-2023-00144-

00, al cual se acumularon los expedientes números 11001-03-28-

000-2023-00123-00, 11001-03-28-000-2023-00139-00, 11001-03-

28-000-2023-00148-00,11001-03-28-000-2023-00158-00 y 11001-

03-28-000-2023-00160-00.

I.2. Hechos

Indicó que la señora RAFAELA CORTÉS ZAMBRANO fue inscrita

ante la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL como

candidata única a la GOBERNACIÓN DEL META para el período

2024-2027 por la coalición “Fe y firmeza” conformada por los

partidos “Verde Oxígeno”, “de la U”, “Conservador Colombiano”,

“Centro Democrático” y “Creemos”, según formulario E-6 GO.

Señaló que la señora RAFAELA CORTÉS ZAMBRANO fue elegida

como Gobernadora del Meta para el período constitucional 2024-

2027, elección oficialmente declarada por la organización electoral,

el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la delegación

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03125-00
Actor: DIEGO FERNANDO OBREGÓN GUZMÁN

departamental.

Adujo que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad electoral contra el acto de elección de la señora RAFAELA

CORTÉS ZAMBRANO como Gobernadora del Meta para el período

constitucional 2024-2027, por presuntos actos de doble militancia al

apoyar candidaturas de alcaldes avalados por partidos ajenos a la

coalición que la inscribió, violando el régimen de coaliciones y la ley

de partidos.

Manifestó que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 11001-03-28-000-2023-00144-00, al cual le fueron

acumulados los expedientes números 11001-03-28-000-2023-

00123-00, 11001-03-28-000-2023-00139-00, 11001-03-28-000-

2023-00148-00,11001-03-28-000-2023-00158-00 y 11001-03-28-

000-2023-00160-00.

Relató que la demanda fue conocida en única instancia por la

SECCIÓN QUINTA que, en sentencia de 6 de febrero de 2025,

denegó las pretensiones.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

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un defecto fáctico al realizar una valoración incompleta, sesgada e

insuficiente del material probatorio, desconociendo pruebas directas

que demostraban la existencia de actos públicos y reiterados de

apoyo electoral de la candidata a favor de personas avaladas por

partidos ajenos a la coalición que respaldó su propia candidatura,

pruebas objetivamente verificables y pertinentes para evidenciar la

doble militancia en la modalidad de apoyo.

Aseguró que la sentencia incurrió en el defecto sustantivo y en

violación directa de la Constitución al aplicar de forma errónea

el artículo 107 de la Constitución Política, desconociendo postulados

jurisprudenciales en los que se ha determinado que la doble

militancia también se configura mediante actos públicos, activos,

reiterados y notorios de apoyo a candidaturas distintas a las de la

propia colectividad o coalición. Sin embargo, adujo que la providencia

cuestionada adoptó un enfoque restringido reduciendo la figura de la

doble militancia a la exigencia de vínculos formales con el otro

partido, dejando sin sanción las conductas que trasgredieron la

competencia democrática.

Indicó que la SECCIÓN QUINTA desconoció el precedente

jurisprudencial2 de la Corporación el cual ha definido la prohibición

2
El actor hizo alusión a las siguientes providencias:
-Sentencia de 26 de enero del 2023, número único de radicación 11001-03-28-000-2022-00196-00.

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de la doble militancia en modalidad de apoyo, decisiones que han

fijado el criterio según el cual un candidato de coalición mantiene los

deberes de su partido de origen, incluso dentro de una coalición y

que el apoyo a terceros requiere autorización expresa.

Argumentó que la providencia cuestionada desconoció los

parámetros establecidos jurisprudencialmente, evidenciando una

inaplicación del precedente y eximiendo de responsabilidad por doble

militancia a la candidata de la coalición RAFAELA CORTES

ZAMBRANO, que apoyó aspirantes ajenos a su colectividad sin

justificación ni autorización expresa.

Sostuvo que la decisión judicial cuestionada reviste de nulidad por

violación del debido proceso por dos circunstancias a saber: i) se

refiere a la falta del trámite de las recusaciones formuladas por los

señores EMILIO JOSÉ PASTRANA MEDINA y el señor ARLEY

GÓMEZ, quienes en calidad de parte y coadyuvante recusaron al

magistrado Luis Alberto Álvarez Parra al presuntamente tener

relación de interés indirecto pero sustancial con la materia debatida,

ya que su hijo el señor Dany Alberto Álvarez Sanabria ostenta el

cargo de Contralor Provincial del Meta y, que con ocasión a una

-Sentencia de 9 de noviembre de 2023, número único de radicación 11001-03-28-000-2022-00258-
00.

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investigación penal que se adelanta en contra del señor DANY

ALBERTO ÁLVAREZ SANABRIA en la que el Departamento del

Meta figura como víctima, esta circunstancia comprometería la

imparcialidad y la objetividad exigida en el trámite procesal y; ii) se

refiere a la falta de trámite de la solicitud de nulidad de todo lo

actuado formulada mediante escrito de 16 de julio de 2024, la cual

fue citada en dos escritos posteriores radicados los días 22 y 23 de

julio de 20243, en las que insistió en la configuración de la causal de

nulidad establecida en el numeral 8 del artículo 133 del Código

General del Proceso, al omitir la expedición del auto que debía dar

cuenta de la oportunidad de la contestación de la demanda de nulidad

electoral.

Aseguró que tales circunstancias vulneraron de manera ostensible su

derecho fundamental al debido proceso, pues, a su juicio, la

existencia de una nulidad no saneada genera la ineficacia de las

actuaciones subsiguientes, incluyendo el fallo, lo que impone

retrotraer toda la actuación desde el momento anterior a la nulidad.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

3
Ver índices núms. 81, 94 y 97 del aplicativo Samai
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103280002023001
44001100103

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en consecuencia, solicitó:

“[…] 1. Se ordene el amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad, participación política y el ejercicio del sufragio libre y
justo, transparencia, acceso a la administración pública y debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de
legalidad, vulnerados por la sentencia proferida el día 6 de febrero
de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del
expediente radicado con el No. 11001-03-28-000-2023-00144-00
(principal), por medio de la cual se resolvió “NEGAR las
pretensiones de las demandas acumuladas, tendientes a obtener
la nulidad de la elección de Rafaela Cortés Zambrano como
gobernadora del departamento del Meta contenida en el formulario
E-26 GOB de 8 de noviembre de 2023, expedido por Comisión
Escrutadora Departamental.”

2. Que, como consecuencia de la anterior Revocar la sentencia y
dejar sin efecto la sentencia proferida el día 6 de febrero de 2025
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del expediente
radicado con el No. 11001-03-28-000- 2023-00144-00 (principal),
por medio de la cual se resolvió “NEGAR las pretensiones de las
demandas acumuladas, tendientes a obtener la nulidad de la
elección de Rafaela Cortés Zambrano como gobernadora del
departamento del Meta contenida en el formulario E-26 GOB de 8
de noviembre de 2023, expedido por Comisión Escrutadora
Departamental.”

3. Que como consecuencia de la anterior determinación se ordene
a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los 30
días siguientes a la notificación del fallo de tutela, se profiera una
nueva sentencia de única instancia en el referido proceso de
nulidad electoral, que acoja las consideraciones de ésta y por
consiguiente declare nula la elección de RAFAELA CORTES
ZAMBRANO como Gobernadora del Departamento del Meta, por el
período 2024-2027.

4. Decretar la nulidad de la sentencia con radicado 11001-03-28-
000-2023-00144- 00 (principal) en contra de Rafaela Cortés
Zambrano emitida por el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
QUINTA, DR. PEDRO PABLO VANEGAS GIL, DR LUIS ALBERTO
ÁLVAREZ PARRA, DR. OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Y DRA.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA, por inconstitucional e ilegal y
en su lugar se emita una nueva sentencia en concordancia con la
constitución y la ley.

5. Decretar la nulidad electoral del Acta de fecha 08 de noviembre
del año 2023, formato E-26 GOB, mediante las cuales los miembros
de la comisión escrutadora general expidieron la credencial, por

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medio de las cuales se declaró la elección de RAFAELA CORTÉS
ZAMBRANO como GOBERNADORA del departamento del Meta, para
el período 2024 - 2027, como consta en las Actas de Escrutinio
General y parcial por incurrir en doble militancia.

6. Ordenar la revisión de la sentencia con radicado 11001-03-28-
000-2023-00144- 00 (principal) en contra de Rafaela Cortés
Zambrano emitida por el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
QUINTA, DR. PEDRO PABLO VANEGAS GIL, DR LUIS ALBERTO
ÁLVAREZ PARRA, DR. OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Y DRA.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA, aplicando un análisis riguroso
de las pruebas y la correcta interpretación de la doble militancia en
coalición.

7. Garantizar la equidad y transparencia electoral, asegurando que
los candidatos respeten los principios de lealtad política dentro de
sus coaliciones.

8. Decretar, que, como consecuencia de la nulidad o revocatoria de
la sentencia que negó las pretensiones del cargo de Gobernador
del Meta deberá ser dispuesto en unas nuevas elecciones en el
departamento del Meta.

IX. PETICIÓN SUBSIDIARIA

Debido a lo anterior, de manera expresa y adicional a las
pretensiones previamente formuladas, solicito que:

1. En caso de que se considere la existencia de otra vía judicial
para atacar la sentencia proferida el día 6 de febrero de 2025 por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del expediente
radicado con el No. 11001-03-28-000-2023- 00144-00 (principal),
por medio de la cual se resolvió “NEGAR las pretensiones de las
demandas acumuladas, tendientes a obtener la nulidad de la
elección de Rafaela Cortés Zambrano como gobernadora del
departamento del Meta contenida en el formulario E-26 GOB de 8
de noviembre de 2023, expedido por Comisión Escrutadora
Departamental.”, se concedan el amparo como mecanismo
transitorio suspendiendo los efectos del fallo de nulidad electoral,
hasta tanto se surtan los mecanismos que considerare el juzgador
de tutela, en consonancia con la inminencia del perjuicio
irremediable para salvaguardar así los derechos fundamentales de
DIEGO FERNANDO OBREGÓN, DEMANDANTES Y VINCULADOS.

2. Se declare la nulidad de lo actuado dentro del proceso de nulidad
electoral radicado 11001-03-28-000-2023-00144-00, por haberse
omitido el trámite de una nulidad procesal insanable, conforme a
los artículos 133 y 278 del CPACA.

3. Se declare la nulidad de la sentencia proferida en dicho proceso,
por haberse emitido con participación de un magistrado respecto

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del cual existía causal de recusación no tramitada ni decidida,
afectando el principio de imparcialidad.

4. Se ordene retrotraer la actuación procesal al momento anterior
a la solicitud de nulidad y recusación, y se disponga su resolución
por un juez distinto, conforme a los principios del juez natural y del
debido proceso […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA sostuvo que la solicitud de amparo

carece del requisito general de la relevancia constitucional con

relación a los defectos alegados, toda vez que lo pretendido por el

actor es reabrir un debate legal debidamente resuelto en el proceso

ordinario.

Afirmó que los argumentos del actor están encaminados a convertir

la acción de tutela en una instancia adicional, ya que manifiesta su

desacuerdo con la interpretación jurídica que se desarrolló en la

decisión cuestionada sobre el elemento modal de la conducta

endilgada a la demandada.

Frente a los reparos relacionados con la violación del debido proceso,

en primer lugar, indicó que el actor no cuenta con legitimación en la

causa por activa para censurar decisiones en las que no tiene interés

jurídico, en cuanto no fue quien formuló las peticiones de recusación

que reprocha.

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Aseguró que respecto a la solicitud de nulidad que presuntamente

presentó el actor el pasado 16 de julio de 2024 a través del sistema

de gestión judicial Samai, observó que el actor aportó una serie de

providencias que se expidieron en los procesos acumulados, pero no

adjuntó alguna solitud de nulidad a la que debiera dársele trámite y,

por lo tanto, el vicio de nulidad alegado es inexistente.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,

vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del

proceso, solicitó la desvinculación del trámite constitucional en razón

a la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Recalcó que la entidad en el contexto de sus competencias y

funciones no tiene injerencia en las decisiones que profieren los

jueces y magistrados de la República, razón por la que no podría

reparar los perjuicios invocados por el actor.

I.6.2.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, vinculado en calidad

de tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó

que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que

no se presenta por parte de esa Corporación vulneración de los

derechos fundamentales invocados, razón por la que solicitó su

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desvinculación del presente trámite constitucional.

I.6.3.- La señora RAFAELA CORTÉS ZAMBRANO, vinculada en

calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso,

solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez que

no cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial.

Recalcó que “[…] el señor DIEGO FERNANDO OBREGÓN GUZMÁN no

cumple con la totalidad de requisitos generales de procedibilidad de

la acción de tutela contra providencias judicial, ya que: 1) no es una

persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos

fundamentales, 2) no ha agotado los recursos extraordinarios que la

misma jurisdicción reconoce en estos casos en específico y 3) si bien

alega irregularidad procesal por omisión en la valoración adecuada

de prueba, no indica sobre qué prueba recae ni el carácter

determinante de la misma en el proceso […]”.

I.6.4.- El señor GUILLERMO RUEDA RODRÍGUEZ, vinculado en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

señaló que coadyuva las pretensiones formuladas por el actor y

solicita que se conceda la protección de los derechos fundamentales

vulnerados en el marco del medio de control de nulidad electoral.

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Aseguró que la decisión de denegar la nulidad de la elección de la

señora RAFAELA CORTÉS ZAMBRANO vulneró los derechos

invocados e incurrió en los defectos alegados, ya que se logró

establecer la existencia clara de la doble militancia en la modalidad

de apoyo.

I.6.5.- El señor JAIRBEL TORO PRIETO, vinculado en calidad de

tercero con interés directo en las resultas del proceso, aseguró que

coadyuva las pretensiones formuladas por el actor allanándose a los

planteado en la acción constitucional y lo argumentado en el medio

de control de nulidad electoral cuestionado en el que funge como

actor de uno de los procesos acumulados.

I.6.6.- Los señores EMILIO JOSÉ PASTRANA MEDINA, CARLOS

ALBERTO MARTÍNEZ PATIÑO y EMILIO ANTONIO GONZÁLEZ

PARDO, pese a ser notificados del presente trámite, guardaron

silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que tanto la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

ESTADO CIVIL como el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,

formularon petición de desvinculación de la presente acción de tutela,

por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, fueron parte

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accionada dentro del medio de control de nulidad electoral

identificada con el número único de radicación 2023-00144-00

(Acumulado), objeto del presente estudio, la Sala concluye que les

asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de la

referencia, razón por la que se denegarán las solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 6 de febrero de 2025, proferida

por la SECCIÓN QUINTA, mediante la cual se denegó la nulidad de

la elección de la señora RAFAELA CORTÉS ZAMBRANO como

Gobernadora del Meta para el período constitucional 2024-2027,

dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el número

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único de radicación 2023-00144-00, al cual se acumularon los

expedientes números 11001-03-28-000-2023-00123-00, 11001-03-

28-000-2023-00139-00, 11001-03-28-000-2023-00148-00,11001-

03-28-000-2023-00158-00 y 11001-03-28-000-2023-00160-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser

elegido, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial

accionada incurrió en un defecto fáctico al realizar una valoración

incompleta, sesgada e insuficiente del material probatorio,

desconociendo pruebas directas que demostraban la existencia de

actos públicos y reiterados de apoyo electoral de la candidata a favor

de personas avaladas por partidos ajenos a la coalición que respaldó

su propia candidatura.

Aseguró que la sentencia incurrió en el defecto sustantivo y en

violación directa de la Constitución al aplicar de forma errónea

el artículo 107 de la Constitución Política, desconociendo postulados

jurisprudenciales en los que se ha determinado que la doble

militancia también se configura mediante actos públicos, activos,

reiterados y notorios de apoyo a candidaturas distintas a las de la

propia colectividad o coalición y, en su lugar, adoptó un enfoque

restringido reduciendo la figura de la doble militancia a la exigencia

de vínculos formales con el otro partido, dejando sin sanción las

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conductas que trasgredieron la competencia democrática.

Indicó que la SECCIÓN QUINTA desconoció el precedente

jurisprudencial de la Corporación el cual ha definido la prohibición

de la doble militancia en modalidad de apoyo, decisiones que han

fijado el criterio según el cual un candidato de coalición mantiene los

deberes de su partido de origen, incluso dentro de una coalición y,

que el apoyo a terceros requiere autorización expresa.

Sostuvo que la decisión judicial cuestionada reviste de nulidad por

violación del debido proceso por dos circunstancias a saber: i) la

falta del trámite de las recusaciones formuladas por los señores

EMILIO JOSÉ PASTRANA MEDINA y el señor ARLEY GÓMEZ,

quienes en calidad de parte y coadyuvante recusaron al magistrado

Luis Alberto Álvarez Parra y; ii) la falta de trámite de la solicitud de

nulidad de todo lo actuado formulada mediante escrito de 16 de julio

de 2024, la cual fue citada en dos escritos posteriores radicados los

días 22 y 23 de julio de 2024, en los que insistió en la configuración

de la causal de nulidad establecida en el numeral 8 del artículo 133

del Código General del Proceso, al omitir la expedición del auto que

debía dar cuenta de la oportunidad de la contestación de la demanda

de nulidad electoral.

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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente

[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares

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o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto

que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir

una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos

en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que de las pruebas

obrantes en el proceso era posible concluir que la candidata elegida

incurrió en la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae el accionante a esta sede

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constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por la

SECCIÓN QUINTA, al realizar un análisis del asunto así:

“[…]4. Problema jurídico […]

En orden a resolver el problema jurídico planteado, la Sala
abordará, previamente, las siguientes temáticas: i) Doble
militancia en la modalidad de apoyo; ii) Tratamiento probatorio
de los mensajes de datos y iii) Caso concreto. […]

6. Caso concreto

Una vez reiterados los presupuestos normativos y
jurisprudenciales que cobijan la doble militancia en la modalidad
de apoyo, corresponde a la sala determinar la configuración de
los elementos ya estudiados en el caso concreto; no obstante,
comoquiera que las pruebas allegadas con la demanda fueron
tachadas de falsas por el apoderado de la demandada, resulta
imperioso definir en primer lugar la eficacia de esos medios de
convicción de cara al mecanismo de contradicción ejercido por
el extremo pasivo.

Acorde con lo anterior, se analizará la tacha de falsedad
formulada por el apoderado de la señora Rafaela Cortés
Zambrano, así como el contenido del dictamen pericial que fue
allegado como sustento de aquella en relación con los
argumentos que expusieron las demás partes para su
contradicción. Efectuado esto, la sala electoral estudiará la
configuración de los diferentes elementos de la doble militancia
en punto a los apoyos que presuntamente la accionada brindó a
diferentes candidatos en el departamento del Meta.

7.2 Configuración de la doble militancia frente a los
apoyos alegados

En el presente caso, los demandantes alegan que la señora
Rafaela Cortés Zambrano desplegó claros actos de apoyo frente
a los candidatos que aspiraban a ser elegidos alcaldes de los
municipios de Puerto López, Cabuyaro, Acacías y Castilla la
Nueva, todos ellos pertenecientes al departamento del Meta.

En lo concerniente al elemento subjetivo de la prohibición, se
encuentra acreditado en el proceso, de acuerdo con el formulario
E-6 GOB44 aportado, pues de aquel se advierte que la
demandada fue inscrita como candidata a la gobernación del
departamento del Meta, período 2024-2027, por la coalición
denominada «Fe y firmeza», conformada por los partidos

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políticos Verde Oxígeno –al cual pertenece la gobernadora–,
Unión de la Gente –Partido de la U–, Conservador Colombiano,
Centro Democrático y «Creemos».

Lo propio se predica de los elementos territorial y temporal,
comoquiera que los presuntos respaldos que brindó la
demandada se efectuaron en los ya referidos municipios que
hacen parte de la misma circunscripción electoral para la cual
fue finalmente elegida la señora Cortés Zambrano. Asimismo, de
las pruebas allegadas por la parte actora se evidencia que los
presuntos respaldos otorgados, tuvieron lugar en el lapso de
campaña electoral.

En cuanto al elemento modal, la parte demandante asegura
que la señora Cortés Zambrano debía apoyar a los candidatos
inscritos por los partidos que conformaron la coalición que
respaldó su postulación a la Gobernación del Meta. Sin embargo,
los accionantes aseguran, con fundamento en el material
probatorio aportado, que la demandada acompañó las campañas
políticas de otros aspirantes cuyas colectividades avalistas no
hicieron parte de ese acuerdo. Lo anterior, se puede advertir de
mejor manera en el siguiente cuadro: […]

En efecto, lo anterior se corrobora con los formularios E-6 donde
consta la inscripción de cada uno de los aspirantes enunciados,
razón por la cual, salta a la vista que los candidatos frente a los
cuales se predica el apoyo censurado pertenecen a
colectividades que no hicieron parte de la coalición que respaldó
a la aquí demandada. De ahí que, según los demandantes, tal
respaldo debió brindarse a quienes sí integraron ese acuerdo de
voluntades políticas.

No obstante, la sala debe reiterar la tesis reciente que se
referencia en el numeral 5º de esta providencia, bajo el
entendido que, la interpretación que concilia en mejor manera
el núcleo esencial del derecho a elegir y ser elegido de cara a los
límites que el constituyente y el legislador estatutario ha
concebido para esa garantía fundamental, es aquella que
propugna por una lectura restrictiva de la prohibición contenida
en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, esto es, que solo se
incurre en tal proscripción cuando el enjuiciado respalda a un
aspirante de una colectividad diferente al que su propio partido
inscribió o decidió apoyar, o en su defecto, desatienda la
directiva de abstenerse de respaldar ciertas candidaturas.

Visto desde otra perspectiva, lo anterior implica que, si el partido
no inscribió o no dispuso respaldo o abstención alguna frente a
determinado candidato, no surge para el postulado ese mandato
de lealtad que la referida norma impone. En consecuencia,
queda en libertad para apoyar las aspiraciones de colectividades
diferentes a la que pertenece.

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En este orden de ideas, comoquiera que no existe prueba alguna
que de cuenta que el partido Verde Oxígeno inscribió candidatos
en alguna de las alcaldías a las que se hizo referencia, bajo la
postura ya reiterada, es dable concluir que la demandada no
tenía deber de fidelidad para con su colectividad, mucho menos
frente a los partidos políticos que suscribieron el acuerdo de
coalición que sirvió de base a su candidatura. Por consiguiente,
resulta innecesario valorar el mérito de los apoyos endilgados
[…]

En suma, no está demostrado que el partido Verde Oxígeno
hubiere inscrito candidatos para las alcaldías de Puerto López,
Cabuyaro, Acacías y Castilla la Nueva y, del clausulado del
acuerdo de coalición «Fe y firmeza», por lo que se desprende,
claramente, que sobre la señora Rafaela Cortés Zambrano no
pesaban restricciones para respaldar candidaturas de otros
partidos para esos entes territoriales salvo, claro está, que la
agrupación de su filiación definiera un sendero político frente a
una aspiración electoral específica (lo que tampoco se acreditó
en el proceso). Por lo tanto, no es posible derivar el
desconocimiento de la prohibición de la doble militancia política
por parte de la gobernadora del Meta.

6.3 Conclusión

En la medida que no se configuró el elemento modal de la
conducta endilgada a la demandada, ello conlleva a descartar el
análisis del elemento objetivo de la prohibición; en
consecuencia, la sala negará las pretensiones de la demanda
[…]”. (Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que la SECCIÓN QUINTA realizó un análisis de la situación fáctica

y jurídica del asunto y coligió que no se configuró la figura de la doble

militancia en la modalidad de apoyo por parte de la señora RAFAELA

CORTÉS ZAMBRANO mientras realizaba la campaña electoral para

la Gobernación del Meta para el período constitucional 2024-2027.

En efecto, la Sala observa que la decisión cuestionada estudió el

material probatorio aportado al expediente y de allí corroboró que los

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formularios E-6 donde consta la inscripción de cada uno de los

candidatos frente a los cuales se predicó el apoyo, pertenecían a

colectividades que no hicieron parte de la coalición que respaldó a la

candidata. Sin embargo, la SECCIÓN QUINTA resaltó que la

prohibición contenida en el artículo 2º de la Ley 1475 de 201114, solo

se configura si el candidato respalda a un aspirante de una

colectividad diferente al que su propio partido inscribió o decidió

apoyar, o en su defecto, desatiende la directiva de abstenerse de

respaldar ciertas candidaturas.

En ese sentido, la autoridad judicial accionada concluyó que en el

asunto no se inscribió o no se dispuso respaldo o abstención alguna

frente a determinado candidato, por lo que al no evidenciarse tal

disposición, la candidata estaba en la libertad de apoyar las

aspiraciones de colectividades diferentes a la que perteneció.

Así las cosas, al no encontrar configurado el elemento modal de la

conducta endilgada a la candidata, la SECCION QUINTA dispuso

denegar las pretensiones de la demanda.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

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“Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

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alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SECCION QUINTA decidió el asunto sometido a su

consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

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decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Aunado a lo anterior, frente a los reparos de nulidad por violación del

debido proceso, la Sala advierte que no hay lugar a realizar

consideraciones adicionales, ya que de acuerdo con las anotaciones,

constancias y providencias obrantes en el expediente origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 15, de una

parte se puede observar que las peticiones de recusación formuladas

por los señores Emilio José Pastrana Medina y Arley Gómez en contra

del magistrado ponente doctor Luis Alberto Álvarez Parra, fueron

resueltas a través de las providencias de 21 de agosto y 5 de

septiembre de 202416.

De otra parte, al verificar los documentos radicados el pasado 16 de

julio de 202417 la Sala no evidencia alguna solicitud de nulidad y, por

el contrario, observa que al registrar el ingreso de los documentos

aportados por el actor, se dejó como constancia la siguiente

anotación:

15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010328000202300
144001100103
16
Ver índices núms. 108 y 120 del aplicativo de consulta Samai.
17
Ver índice núm. 81 del aplicativo de consulta Samai

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En ese orden, para la Sala no hay lugar a efectuar algún

pronunciamiento relacionado con la presunta vulneración del debido

proceso, por cuanto no hay prueba con la que se logre inferir que el

actor hubiere radicado alguna solicitud de nulidad el pasado 16 de

julio de 2024 a la que debiera dársele trámite.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo

presentada por el actor por falta del requisito de relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO

NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de junio de 2025.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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