Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00144-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00144-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00144-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de febrero de 2025
Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
(Gobernadora del Meta 2024 - 2027)
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
11001-03-28-000-2023-00123-00 (Acumulado)
11001-03-28-000-2023-00139-00 (Acumulado)
11001-03-28-000-2023-00148-00 (Acumulado)
11001-03-28-000-2023-00158-00 (Acumulado)
11001-03-28-000-2023-00160-00 (Acumulado)
Demandantes: DIEGO FERNANDO OBREGÓN GUZMÁN, EMILIO JOSÉ PASTRANA
MEDINA, JAIRBEL TORO PRIETO, GUILLERMO RUEDA RODRÍGUEZ,
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ PATIÑO Y EMILIO ANTONIO GONZÁLEZ
PARDO
Demandada: RAFAELA CORTÉS ZAMBRANO – GOBERNADORA DEL
DEPARTAMENTO DEL META 2024-2027
Temas: Doble militancia en la modalidad de apoyo.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, promovido por Diego
Fernando Obregón Guzmán y otros ciudadanos, contra la elección de Rafaela Cortés
Zambrano como gobernadora del departamento del Meta.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
Los ciudadanos Diego Fernando Obregón Guzmán, Emilio José Pastrana Medina, Jairbel
Toro Prieto, Guillermo Rueda Rodríguez, Carlos Alberto Martínez Patiño y Emilio Antonio
González Pardo, instauraron demandas con radicados 11001-03-28-000-2023-00144-
00,11001-03-28-000-2023-00123-00, 11001-03-28-000-2023-00139-00, 11001-03-28-
000-2023-00148-00, 11001-03-28-000-2023-00158-00 y 11001-03-28-000-2023-00160-
00, respectivamente, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la
Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto de elección de la señora
Rafaela Cortés Zambrano como gobernadora del departamento del Meta (periodo 2024-
2027), contenida en el Formulario E-26 GOB de 8 de noviembre de 2023, expedido por
Comisión Escrutadora Departamental.
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1
Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
(Gobernadora del Meta 2024 - 2027)
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
1.1 Hechos comunes a los procesos acumulados
En las pasadas elecciones territoriales, celebradas el 29 de octubre de 2023, la señora
Rafaela Cortés Zambrano, fue inscrita como candidata a la gobernación del
departamento del Meta, período 2024-2027, por la coalición denominada «Fe y firmeza»,
conformada por las colectividades «Verde Oxígeno» –al cual pertenece la demandada–,
Partido de la Unión de la Gente «Partido de la U»-, Partido Conservador Colombiano,
Partido Centro Democrático y el partido «Creemos».
Destacan los demandantes que la señora Rafaela Cortés incurrió en doble militancia en
la modalidad de apoyo, por cuanto desplegó conductas que dan cuenta del respaldo
ofrecido a candidatos a las alcaldías de los municipios de Puerto López, Cabuyaro,
Acacías y Castilla La Nueva, que integran colectividades distintas a la cual pertenece la
demandada.
En relación con la alcaldía de Puerto López (Meta)1, expresan que algunos integrantes
de la coalición que respaldó la candidatura de la demandada a la gobernación,
inscribieron candidatos para ese municipio así: el Centro Democrático inscribió al señor
Eduard Andersson Stiven Díaz Gámez, y la coalición partido de la U – Alianza Social
Independiente y AICO, inscribieron a Pedro Vidal Velandia Bejarano.
Pese a lo anterior, narran que el 16 de octubre de 2023, se publicó un video en el perfil
de Facebook denominado «Mi Puerto López Meta», en el que se observa al señor Juan
Diego Muñoz Cabrera, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, quien
«lideró la campaña de la señora Rafaela Cortés Zambrano en el Meta», manifestar su
apoyo al señor Jhon Ermel Ríos Cubillos perteneciente al partido Alianza Verde, esto es,
un aspirante que no pertenecía a las colectividades que avalaron a la señora Rafaela
Cortés.
Informan que el 18 de octubre de 2023, en el marco de esa misma campaña electoral, se
publicó un video y fotografías en diferentes «redes públicas de Facebook e Instagram»
en los que se evidencia que la demandada apoyó, de forma pública, al candidato inscrito
por el partido Alianza Verde a la alcaldía del municipio de Puerto López, Jhon Ermel Ríos
Cubillos.
En punto a la alcaldía de Cabuyaro (Meta)2, señalan que los partidos Centro
Democrático y Partido de la U, integrantes de la coalición que coavaló la candidatura de
la demandada a la gobernación, inscribió como aspirante a la alcaldía del citado municipio
al señor José Castañeda Martínez.
1
Este apoyo se alega en las demandas 2023-00144-00, 2023-00123-00, 2023-00139-00 y 2023-00160-00.
2
Este apoyo se alega en las demandas 2023-00144-00 y 2023-00160-00.
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Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
(Gobernadora del Meta 2024 - 2027)
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
De otra parte, censuran que la demandada colaboró públicamente en la campaña de
Fabián Andrés Hernández González, candidato a la Alcaldía de Cabuyaro (Meta) inscrito
por los partidos Alianza Verde y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -
AICO, así: i) el 17 de septiembre de 2023, cuando la demandada asistió a la inauguración
de la sede de campaña del citado aspirante a la alcaldía de Cabuyaro; y ii) el 3 de octubre
de 2023, cuando la señora Cortés Zambrano acompañó al citado candidato en un evento
público en el que este compartió su programa de gobierno, y iii) en otros escenarios
similares que constan en «abundantes videos y fotografías», publicados en las redes
sociales Facebook y Tik Tok del señor Hernández.
En relación con la alcaldía de Acacías (Meta)3, se resalta que el partido al que pertenece
la demandada, esto es, Verde Oxígeno, inscribió al señor Jhonathan Wbeimar Díaz
Reyes como candidato a la citada alcaldía; lo propio hicieron otras colectividades
integrantes de la coalición que postularon a la demandada: i) los partidos de la U y Centro
Democrático, inscribieron a Mónica María Calderón Guerrero; ii) el Partido Conservador,
inscribió a Carlos Julio Plata Becerra; iii) el partido Creemos, coaligado con AICO,
postularon a Lucy Fernanda Tamayo Fierro.
Sin embargo, se afirma que la señora Rafaela Cortés Zambrano apoyó públicamente la
campaña de Herick Fabián Agudelo Mendieta, candidato a la Alcaldía de Acacías (Meta)
inscrito por el Partido Colombia Renaciente, como se observa en dos videos y diferentes
fotos que el señor Agudelo Mendieta publicó en las redes sociales Facebook e Instagram
los días 14 y 17 de octubre de 2023. Se resalta, como un hecho relevante que,
justamente, en esta última fecha, la citada colectividad se adhirió a la postulación política
de la demandada.
Finalmente, en punto a la alcaldía de Castilla La Nueva4, se advierte que en ese
municipio, el partido político Verde Oxígeno, al que pertenece la demandada, no postuló
candidato alguno, sin embargo, sí lo hicieron otras colectividades que integraron la
coalición «Fe y firmeza», así: i) el Partido Conservador Colombiano, en coalición con el
partido Verde –que no pertenece a la coalición que apoyó a la demandada–, postularon
al señor William Medina Caro y, ii) el Partido de la U, inscribió al señor Óscar Ariza
Garavito.
No obstante haber candidatos a la Alcaldía de Castilla La Nueva, inscritos por partidos
que conformaron la coalición de la que hizo parte la demandada, se informa que en un
video del 7 de octubre de 2023, consta que la señora Rafaela Cortés Zambrano acudió a
un encuentro proselitista donde estaba Lenito Eliécer Castro Cifuentes5, aspirante inscrito
a la alcaldía del citado municipio por la coalición «Somos el Cambio», compuesta por los
partidos La Fuerza de la Paz y Gente en Movimiento. Allí se observa a la demandada
3
Este apoyo se alega en las demandas 2023-00148-00, 2023-00158-00 y 2023-00160-00.
4
Este apoyo se alega solo en la demanda 2023-00160.
5
Coalición «Somos el cambio» integrada por un grupo significativo de ciudadanos y los partidos políticos
La Fuerza de la Paz y Gente en Movimiento.
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Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
(Gobernadora del Meta 2024 - 2027)
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
saliendo de un vehículo Volkswagen, para posteriormente subirse en el planchón de un
camión donde se encontraba el señor Lenito Castro; abraza al candidato y levantan a la
par sus brazos, mientras el vehículo recorre la ciudad hasta llegar a un sitio de encuentro
donde ambos candidatos se abrazan y baten sus manos saludando a los allí presentes.
1.2 Cargos formulados en las demandas acumuladas
Comoquiera que las censuras que se plantean en algunas demandas, resultan comunes,
seguidamente se tratarán, de forma conjunta, los motivos de reparo, para que haya una
mayor claridad al resolver el asunto sometido a consideración de la Sala:
Los demandantes afirman que el acto acusado se encuentra incurso en la causal de
nulidad electoral contemplada en el artículo 275 del CPACA, numeral 8º, por cuanto la
elegida incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, vulnerándose así los
artículos 107 y 108 de la Constitución Política; 2º y 29 de la Ley 1475 de 2011.
Así las cosas, de conformidad con los sucesos reseñados en el acápite 1.1 de esta
providencia, aducen que las diferentes conductas que allí se narran, efectuadas por la
señora Rafaela Cortés Zambrano, son constitutivas de doble militancia, en cuanto se
constatan los elementos que la jurisprudencia de la Sección Quinta ha erigido en torno a
esta prohibición, así:
a) Elemento subjetivo: La demandada tenía la calidad de candidata, condición que
tiene origen en su inscripción a la gobernación del Meta efectuada por la coalición
«Fe y firmeza», integrada por los partidos Verde Oxígeno, de la Unión por la Gente,
Conservador Colombiano, Centro Democrático y Creemos, para el cargo de
gobernadora del departamento del Meta (periodo 2024-2027).
b) Elemento objetivo: Se acredita el apoyo indebido de la señora Rafaela Cortés, en
cuanto desplegó actos directos, positivos y concretos en favor de los siguientes
aspirantes: i) Jhon Ermel Ríos Cubillos, inscrito por el partido Alianza Verde a la
Alcaldía de Puerto López; ii) Fabián Andrés Hernández González, postulado por
los partidos Alianza Verde y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -
AICO a la Alcaldía de Cabuyaro; iii) Herick Fabián Agudelo Mendieta, candidato a
la Alcaldía de Acacías inscrito por el Partido Colombia Renaciente y, iv) Lenito
Eliecer Castro Cifuentes, inscrito a la Alcaldía de Castilla La Nueva, por la coalición
«Somos el Cambio», compuesta por los partidos La Fuerza de la Paz y Gente en
Movimiento.
c) Elemento temporal: Dicen los demandantes que los apoyos censurados fueron
desplegados durante la campaña electoral por la gobernación del Meta, periodo
2024-2027.
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Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
(Gobernadora del Meta 2024 - 2027)
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d) Elemento modal: La demandada fue postulada a la Gobernación del Meta por la
coalición política y programática denominada «Fe y firmeza», pese a esto, apoyó
abiertamente la candidatura de los candidatos ya referidos con anterioridad que
pertenecían a colectividades ajenas a la citada coalición.
e) Elemento territorial: El apoyo se materializó en la circunscripción territorial del
departamento del Meta para el período constitucional territorial 2024-2027.
Ahora bien, en el caso particular de la demanda encausada bajo el radicado 2023-00160-
00, se enfatiza en el tema de la comunicación o lenguaje no verbal en el contexto político,
para concluir que la sola presencia de la señora Rafaela Cortés en las reuniones
convocadas por los 4 candidatos ya referidos, donde se intercambian saludos y abrazos
afectuosos, manifestaciones de aceptación a las frases de los candidatos, constituye una
clara muestra de respaldo que trasciende las palabras.
1.3 Contestaciones de las demandas
1.3.1 Demandada – Rafaela Cortés Zambrano6
Mediante apoderado judicial7, se opuso a las pretensiones de la demanda conforme a los
argumentos que a continuación se destacan en punto a cada uno de los candidatos que,
según la parte actora, fueron objeto de apoyo:
Fabian Hernández – candidato Alcaldía Cabuyaro (Meta)
Adujo que no se advierte ningún tipo de violación a la prohibición de doble militancia en
la modalidad de apoyo, toda vez que los capture de pantalla de las publicaciones en redes
sociales que se incluyeron en apartes del escrito de la demanda, muestra que fueron
realizadas de una cuenta ajena a la de la demandada y de ellos solo se advierte,
presuntamente, que ésta hablaba por un micrófono, sin que se pueda afirmar que haya
desplegado expresiones de apoyo en pro de un candidato diferente al de su colectividad
política. Similar análisis recae sobre el video de la red social Facebook, pues la señora
Cortés Zambrano ni siquiera realiza manifestación alguna, todo el tiempo estuvo sentada,
por ende, no se expresó en favor de ningún aspirante distinto a los de su colectividad.
Hizo énfasis en el video de Tik Tok allegado por el demandante, para concluir que fue
publicado en una cuenta que no pertenece a la demandada; además, resaltó las
expresiones que supuestamente allí dijo la señora Rafaela: «muchísimas gracias Fabián.
A Cabuyaro un abrazo grandísimo. Con ganas de ir a visitarlos, a darles un abracito. A
Cabuyaro le va a ir bien en el gobierno de Rafaela Cortés. Un abrazo y bendiciones»,
6
Actuaciones 24 (Proceso 2023-00144-00), 31 (Proceso 2023-00139-00), 26 (Proceso 2023-00148-00), 24
(Proceso 2023-00158-00) y 26 (Proceso 2023-00160-00) del sistema de gestión judicial SAMAI.
7
El profesional del derecho Hollman Ibáñez Parra, identificado con C.C No. 79.622.303 y TP 126.521 del
C. S. de la J.
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Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
(Gobernadora del Meta 2024 - 2027)
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frente a lo cual, precisó que solo denotan agradecimiento hacia el municipio de Cabuyaro
sin que en ningún momento haya manifestado favorecimiento y/o respaldo a ningún
candidato.
Dijo que las pruebas allegadas, por tratarse de mensajes de datos, no pueden ser tenidas
como pruebas fidedignas a la luz de la Ley 527 de 1999, comoquiera que no reúnen los
requisitos exigidos en esa normativa al no tenerse certeza de su autoría, originalidad e
inalterabilidad, así como tampoco se aportaron en el medio original que fueron grabados
y en el caso de uno de los enlaces de Facebook este no tiene la posibilidad de consultarlo.
De otro lado, tachó de falsos los videos allegados por la parte actora, por cuanto tienen
evidencias de cambio en la velocidad de reproducción e inserción de sonidos y palabras
subtituladas; mientras que las presuntas capturas de redes sociales se tornan borrosas,
por lo que es dable tacharlos de falsos, pues denotan que hay alteraciones sobre los
mismos que pretenden tergiversar la realidad, lo que conlleva la modificación de la
imagen y de la voz.
Jhon Ermel Ríos Cubillos – candidato Alcaldía de Puerto López (Meta)
Dijo que la parte actora no allegó prueba sobre la filiación política del señor Ríos Cubillos
ni de su calidad de candidato en las elecciones celebradas en el año 2023; tampoco
aportó material probatorio que demuestre la acusación, ni probó que la organización o
las agrupaciones que conforman la coalición de la demandada hayan avalado o inscrito
candidato a la Alcaldía de Puerto López.
En punto al enlace que allegaron los accionantes, mencionó que no reúne los requisitos
por la Ley 527 de 1999, por tanto, no hay certeza de la autoría, originalidad e
inalterabilidad de dicho medio, ni tampoco si se aportó en el medio original que fue
grabado. Hizo referencia a los videos aportados en formato MP4, frente a los cuales,
precisó que al corresponder a una descarga de una red social, se debió asegurar y
garantizar su autenticidad, inalterabilidad, además, que ese documento sea el original,
se haya aportado en el mismo medio que fue grabado y pueda ser consultado con
posterioridad.
Precisado lo anterior, hizo énfasis en los dos videos aportados8: i) uno en el que se ven
al señor Jhon Ermel Ríos y a otra persona quien dice ser representante a la Cámara, para
advertir que allí no aparece la demandada, razón por la cual, no hay expresiones de
apoyo por parte de esta; ii) otro del que no podría derivarse respaldo indebido alguno,
«pues la supuesta imagen de la señora RAFAELA CORTÉS ZAMBRANO ni siquiera
habló y el levantar manos no es un acto más allá de cortesía o agradecimiento que en
ningún caso puede concluirse como expresión de apoyo, además, si se da cuenta de las
8
Frente a este material probatorio, indicó que los videos muestran modificaciones como la inclusión de
sonidos, subtítulos, transiciones, música, logos y velocidad de reproducción, lo que consideró como una
clara evidencia de alteración y ausencia de originalidad.
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palabras expresadas por el señor RIOS CUBILLOS es claro que éste invitó a la candidata
para explicarle sus planes si llegare a resultar electo y en todo momento fue este quien
la exaltó como futura gobernadora y le agradeció haber asistido, por tanto, se denota es
un recibimiento de apoyo».
En lo concerniente a las impresiones de papel de publicaciones en redes sociales y de
publicidad conjunta, precisó que las que se relacionan en las páginas 7, 8 y 9 del escrito
de la demanda, se tiene que no fueron realizadas por la demandada. Agregó que la
supuesta presencia de esta última en eventos políticos ajenos a los de su partido es
insuficiente para estructurar la doble militancia, ya que la candidata también tenía que
presentar su candidatura en diferentes escenarios.
Por último, tachó de falsos los documentos allegados en punto al supuesto apoyo
brindado por la demandada al señor Jhon Ermel Ríos, toda vez que sobre ellos advirtió
modificación, supresión, mutilación o cambios físicos del contenido.
Herick Fabián Agudelo Mendieta – candidato Alcaldía de Acacías (Meta)
Indicó que las impresiones en papel de capturas de pantalla, allegadas con la demanda,
no demuestran actos positivos de apoyo por parte de la demandada hacia otro candidato:
en aquella visible en la página 5 de la demanda, donde se ve publicidad de cómo votar
por el señor Agudelo Mendieta, ésta supuestamente es realizada por una cuenta en la
red social del Partido Colombia Renaciente, por lo que claramente la publicación no fue
realizada desde las cuentas oficiales de la señora Cortés Zambrano. Dijo que igual suerte
corren las imágenes que se muestran en las páginas 5 y 6 del libelo, así como las
anexadas al escrito inicial, comoquiera que las mismas surgen como posteos efectuados
desde otros perfiles de red social9.
Aludió a los «supuestos links» de las redes sociales Instagram y Facebook, en punto a
los cuales adujo no estar probados sus equivalentes funcionales que resultan necesarios
para tenerlos como mensajes de datos, como lo son, la identificación del origen del
archivo, su inalterabilidad y su posterior consulta. Resalta que ninguno de esos enlaces
permite su cotejo en línea.
Concluyó que en el caso concreto no hay certeza de la autenticidad e integridad de todos
los elementos aportados, ya que, no se identifica su origen, su inalterabilidad, ni se
pueden consultar en línea; así como tampoco hay confiabilidad de que representan la
verdad de lo que presuntamente exponen y no se conservó la información que permitiera
determinar el origen, autor, destino, fecha y hora.
Finalmente, tachó de falsos las presuntas impresiones de capturas de pantalla de redes
sociales y video allegados, en cuanto se tornan borrosas y pixeladas lo que denota
9
Destaca lo siguiente nombres de perfil: «Fabián Agudelo» y «fabianagudelomendieta».
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alteraciones sobre los mismos que pretenden tergiversar la realidad, lo que conlleva la
modificación de la imagen.
Lenito Castro Cifuentes – candidato Alcaldía de Castilla La Nueva (Meta)
Sostuvo que los demandantes no cumplieron con su carga de probar que el ciudadano
que señalan haya participado como candidato en los comicios territoriales celebrados en
2023. Así mismo, no aportaron material probatorio que demuestre que la organización o
las agrupaciones que conforman la coalición de la demandada hayan avalado o inscrito
candidatos definitivos a la alcaldía de Castilla La Nueva, pues el simple formulario E-6 no
es el formato definitivo de la inscripción de candidaturas.
Se refirió a los «supuestos» links de la red social Facebook allegado con la demanda,
frente a los cuales, adujo que no probaron sus equivalentes funcionales y que son
necesarios para tener como prueba los mensajes de datos, como lo son, la identificación
del origen del archivo, su inalterabilidad y su posterior consulta, que valga la pena indicar,
el enlace relacionado en la página 8 del escrito de la demanda no permite su consulta en
línea.
Destacó que en la demanda se relacionaron 5 links de publicaciones de videos y fotos
alojadas en Facebook y 3 impresiones en papel de fotografías descargadas de una red
social, de las cuales se tiene que ninguna de las publicaciones fue realizada por la señora
Rafaela Cortés Zambrano; no se conoce el autor de las mismas ni el propietario real de
la supuesta cuenta ni los originales ni los medios en los que fueron generados
originalmente.
Agregó que los presuntos videos y fotografías no muestran ningún tipo de expresión de
apoyo positivo, concreto y ni que aflore de manera evidente, pues la demandada nunca
habló y solo tuvo actos de cortesía, como saludar, y el hecho de alzar las manos no quiere
decir que sea una manifestación en favor de otro candidato, pues simplemente es una
referencia de que ella es la candidata a la gobernación que se refieren, esto en pro de
que la ciudadanía la identificara.
1.3.2 Consejo Nacional Electoral10
El Consejo Nacional Electoral, actuando a través de apoderada judicial, se pronunció
frente a las diferentes demandas en los siguientes términos comunes a todas estas:
Efectuó un recuento normativo de la competencia que ostenta en materia de solicitud de
revocatorias de inscripción, para posteriormente descender a la idea elemental de que
para tener por probada la doble militancia en la modalidad de apoyo debe tenerse certeza
en punto a la configuración de sus diferentes elementos. Frente a este punto, recalca que
10 Actuaciones 23 (Proceso 2023-00144-00), 36 (Proceso 2023-00123-00), 33 (Proceso 2023-00139-00), 15 (Proceso
2023-00148-00) y 25 (Proceso 2023-00160-00) del sistema de gestión judicial SAMAI.
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en el caso objeto de estudio «no se encuentra probado que existiera un apoyo del
candidato demandado a candidato de otra colectividad, toda vez que lo único que se
puede observar en el escrito de demanda, son apreciaciones personales del demandante
y las cuales deberán probarse dentro del proceso».
Hizo referencia al valor probatorio de las fotografías y videos para concluir que en el sub
examine las pruebas aportadas no son suficientes a la hora de acreditar la conducta
endilgada, toda vez que no existe plena certeza de que la señora Cortés Zambrano,
respaldara de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o
apoyado por la respectiva organización política.
Sin perjuicio de lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, habida cuenta de que la entidad nunca conoció sobre alguna solicitud de
revocatoria de la inscripción de la demandada. Aunado a que no tuvo participación en la
expedición del acto de declaración de la elección, toda vez que esa elección se surtió en
la Comisión Escrutadora en el Departamento del Meta.
1.4 Trámite procesal
Mediante autos de 25 de enero (Rad. 2023-00144-00), 8 de febrero (Rad. 2023-00158-
00), 15 de febrero (2023-00148-00), 29 de febrero (Rads. 2023-00123-00 y 2023-0060-
00) y 7 de marzo (Rad. 2023-0039-00), todos estos expedidos en 2024, se admitieron las
demandas y se negaron las medidas cautelares solicitadas por los respectivos
demandantes.
A través de auto de 9 de mayo de 2024, se decretó la acumulación de los procesos y se
ordenó el sorteo de que trata el artículo 282 del CPACA, correspondiéndole la
sustanciación conjunta de las causas al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
Por auto del 11 de junio de 2024, se declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa propuesta por el Consejo Nacional Electoral. Mediante providencia del 18 de
junio del referido año se fijó fecha para audiencia inicial y se corrió traslado de la tacha
de falsedad formulada por el apoderado de la demandada. En la referida diligencia se
adoptaron las siguientes decisiones:
• Fijó el litigio en los términos que más adelante se precisarán.
• Incorporó formalmente las pruebas documentales allegadas por las partes.
• Negó las pruebas solicitadas por los demandantes en sus escritos iniciales y otras
pedidas en el trámite de la tacha.
• Se otorgó al demandado el plazo contemplado en el artículo 227 del CGP para
aportar un dictamen pericial; se ordenó a secretaría correr traslado de este y,
finalmente, se citó al perito para efectuar la contradicción de la experticia.
• Se fijó el 12 de julio de 2024 a las 10:00 a. m., para celebrar la audiencia de
pruebas.
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Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
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No obstante, previo a la realización de la audiencia de pruebas se profirió el auto del 11
de julio de 2024, en el que se dispuso: i) rechazar por extemporáneo el recurso de
reposición interpuesto en contra de la decisión de decretar el dictamen pericial solicitado
por la demandada; ii) poner en conocimiento de los demandantes el dictamen pericial
allegado por la accionada; iii) fijar como nueva fecha para realizar la audiencia de pruebas
el 18 de julio de 2024; fecha esta última que fue pospuesta para el 24 del mismo mes y
año, no obstante, no se pudo llevar a cabo esa diligencia por solicitud de aplazamiento
del apoderado de la demandada y en aras de resolver el recurso de reposición interpuesto
en contra del rechazo contemplado en el auto del 11 de julio de 2024.
Después, se profirieron las siguientes providencias: i) auto del 21 de agosto de 2024, por
medio del cual se rechazó de plano la recusación formulada por el señor Emilio José
Pastrana Medina; ii) auto del 28 de agosto del citado año, en el que se resolvió el recurso
de reposición ya aludido, bajo el sentido de reponer la decisión atacada, para en su lugar
rechazar de plano la solicitud de nulidad procesal y, acto seguido, dar trámite al recurso
de súplica; iii) auto del 5 de septiembre, en el que se rechazó por improcedente la
recusación interpuesta por el coadyuvante de uno de los demandantes.
Posteriormente, mediante auto del 27 de septiembre de 2024, el magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez rechazó el recurso de súplica presentado por la parte actora en
contra del auto del 11 de julio de ese mismo mes y año. En decisión del 10 de octubre se
fijó el día 17 de ese mes para llevar a cabo la audiencia de pruebas, la que sí se surtió
para dicha data; en esta diligencia, se practicó la contradicción del dictamen pericial
allegado por el apoderado del demandado y, a su vez, se concedió el término para alegar
de conclusión.
1.5 Alegatos de conclusión
Los sujetos procesales rindieron sus alegatos de conclusión en los términos que a
continuación se resumen:
1.5.1 Carlos Alberto Martínez Patiño11
Una vez reiteró los argumentos expuestos en la demanda, resaltó que el apoderado de
la demandada tachó de falsas las pruebas aportadas en cuatro de las cinco demandas,
«es decir que NO CONTESTO, la demanda relacionada con la Alcaldía de Puerto López,
por lo que significa, que todo lo dicho y las Pruebas aportadas con la misma son ciertas,
y que a las mismas se les debe dar el valor probatorio correspondiente» (Sic a toda la
cita).
De otra parte, enfatizó en que en el informe pericial allegado se limitó simplemente a
sostener que las pruebas allegadas no tenían las características que la Ley 597 de 1999
exigía, pero no probó que las personas que aparecen en los videos y registros
11
Actuación 145 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
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fotográficas fueran otras distintas a la demandada y los candidatos que allí figuran.
Además, resaltó que dicha experticia no fue rendida por una persona experta o idónea,
pues la licencia del perito se encontraba vencida al momento de rendir su informe.
1.5.2 Diego Fernando Obregón Guzmán12
Enfatizó en el dictamen pericial aportado por la demandada, frente al cual, advirtió un
primer error, atinente a que el perito se limitó a verificar si las pruebas cumplían con las
solemnidades que la ley exige, cuando lo único que debía determinarse era si los videos
eran falsos o no; inclusive, este mismo dice en su escrito que se trata de «Dictamen de
opinión pericial».
Puso en tela de juicio la idoneidad del perito en cuanto: i) su certificación como
investigador forense en Access Data expiró el 20 de mayo de 2023; ii) no está certificado
como perito forense, comoquiera que de las constancias aportadas se advierten serios
indicios de falsedad; iii) no cuenta con ningún diploma o certificación actualizado; iv) no
tiene la experiencia requerida ante despachos judiciales en los últimos cuatro años.
1.5.3 Emilio José Pastrana13
Advirtió que dentro del radicado de su demanda la misma no fue contestada por la
accionada, razón por la cual debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 97 del Código
General del Proceso, esto es, tal omisión debe considerarse como un indicio grave en
punto a las actuaciones que se le reprochan a la señora Rafaela Cortés. Otra
consecuencia, es que las pruebas allegadas tienen plena validez al no haber sido
tachadas ni controvertidas.
Sostuvo que el apoderado de la demandada no logró probar ni desvirtuar que la persona
que aparecía en cada una de las imágenes, fotos y videos no fuera la gobernadora. En
punto al dictamen pericial, resaltó que: i) fue el mismo experto quien lo tituló como
«dictamen de opinión pericial», lo que da cuenta que no aplicó su conocimiento en la
labor encomendada, sino tan solo su juicio o valoración personal; ii) no determinó si los
videos son falsos; iii) ninguno de los títulos que presentó lo acreditan como perito y
analista y, aún peor, el título de Access Data se había vencido desde el 2023.
1.5.4 Emilio Antonio González Pardo14
Coincidió, en parte, con las falencias que ya había advertido el señor Emilio José
Pastrana, en punto a reafirmar la falta de idoneidad del perito y la ausencia de conclusión
tajante conforme a la cual se pudiera afirmar que la falsedad aludida por el apoderado de
12
Actuación 147 del sistema de gestión judicial SAMAI.
13
Actuación 149 del sistema de gestión judicial SAMAI.
14
Actuación 150 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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la demandada existió. En los demás, reiteró los argumentos que había expuesto en la
demanda.
1.5.5 Guillermo Rueda Rodríguez15
Llamó la atención en punto al dictamen pericial en cuanto: i) el mismo fue decretado para
sustentar la tacha de falsedad propuesta por la demandada, sin embargo, parece
fundamentar un desconocimiento de documento; ii) el perito que lo elaboró no es idóneo,
pues cursó una materia tangencialmente relacionada con los sistemas y, en los últimos
cuatro años, no ha hecho experticias en informática forense; iii) el perito no está habilitado
legalmente para ejercer en Colombia, pues los certificados que presentó no están
vigentes.
1.5.6 Hollman Ibáñez Parra – apoderado de la demandada16
Acotó que la experticia practicada por el perito goza de credibilidad, solidez, claridad,
precisión y calidad de fundamentos, pues este perito, tanto en su informe como en el
interrogatorio practicado, demostró su conocimiento técnico sobre la valoración de los
elementos analizados, conoce los métodos y las metodologías forenses que se deben
surtir para que se puedan tener como válidas y confiables los elementos aportados, pero
sobre todo hace uso de herramientas, entre ellas forenses, que permiten la verificación
de datos técnicos para determinar si los elementos analizados son auténticos, íntegros,
confiables y si estos han sido alterados o no.
Refutó lo dicho en los alegatos de conclusión por los demandantes Guillermo Rueda
Rodríguez y Emilio Antonio González Pardo, bajo el entendido de refrendar la idoneidad
del perito lo que, según su dicho, se acreditó ampliamente al momento de presentarse el
dictamen pericial; así mismo, controvirtió la configuración de un error grave en la
experticia allegada, por cuanto, adujo que los argumentos que sustentaron esa alegación
realmente no pueden erigirse bajo esa figura.
Por demás, reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la
demanda frente a cada una de las pruebas y apoyos adscritos a la señora Rafaela Cortés
Zambrano.
1.6 Concepto del Ministerio Público17
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó negar las pretensiones
de la demanda con base en los siguientes argumentos:
15
Actuación 152 del sistema de gestión judicial SAMAI.
16
Actuación 150 del sistema de gestión judicial SAMAI.
17
Actuación 151 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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Una vez efectuada una acuciosa reseña de la normatividad y jurisprudencia que rige la
doble militancia en la modalidad de apoyo, hizo un recuento de todas las pruebas
allegadas, conforme a las cuales, concluyó que se encuentra acreditada la filiación
política de la demandada al Partido Verde Oxígeno, quién la avaló en su aspiración como
gobernadora del departamento del Meta. A su vez, que se probó que en los municipios
de Castilla la Nueva, Puerto López, Cabuyaro y Acacías, los partidos o movimientos que
integraron la coalición por la que se inscribió la accionada, contaban con al menos un
candidato a la alcaldía.
En punto a los elementos constitutivos de la prohibición de la doble militancia destacó
que está determinado el sujeto activo, cual es la aquí demandada quien fue avalada por
el partido Verde Oxígeno e inscrita por la coalición «Fe y firmeza». En relación con la
conducta prohibida, analizó cada uno de los apoyos censurados frente a los respectivos
candidatos a las diferentes alcaldías:
• Jhon Ermel Ríos Cubillos – candidato a la Alcaldía de Puerto López
Destacó dos videos: i) Uno en el que se le ve al referido candidato y a la demanda,
para decir que del mismo no se observa conducta de apoyo alguna de esta última
frente al primero, pues parece que la accionada fue invitada, la vocería la tiene el
candidato de Puerto López y las expresiones no verbales de la señora Rafaela
Cortés parecen ser más actos de cordialidad y agradecimiento; ii) Otro en el que
se ve al señor Jhon Ermel con un representante a la Cámara, en el que ni siquiera
aparece la demanda.
De otro lado, la representante del Ministerio Público trajo a colación varias
imágenes que, según su parecer, no dan cuenta del apoyo indebido que se alega.
• Fabián Andrés Hernández González – candidato a la Alcaldía de Cabuyaro
Analizó tres videos: i) Uno de la red social tik tok donde figura la accionada con el
señor Hernández, donde aquella simplemente expresa unas palabras de
agradecimiento; ii) El segundo que no puede ser visualizado; iii) El tercero
originado en la red social Facebook, donde nuevamente aparecen ambos en una
reunión política donde Fabián Hernández expresa su apoyo a la accionada, pero
no a la inversa.
• Fabián Agudelo Mendieta – candidato a la Alcaldía de Acacías
Destacó que se allegaron diversos enlaces en los que presuntamente se advertía
el apoyo indebido, no obstante, el contenido de esos links ya no estaba disponible.
De otra parte, analizó diferentes fotos en las que aparecen juntos la demandada y
el mentado candidato, sin embargo, de las mismas no se puede derivar el respaldo
reprochado.
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• Lenito Eliecer Castro Cifuentes– candidato a la Alcaldía de Castilla La Nueva
Enfatizó en el video donde se aprecia una caravana en la que iba el señor Lenito
Castro y a la cual confluyó no solo la demandada, sino también el señor Óscar
Ariza, aspirante a esa misma alcaldía avalado por el partido de la U, que hizo parte
de la coalición que postuló a la señora Cortés Zambrano. Lo anterior, da cuenta
de que se trató de un evento en el que confluyeron distintas fuerzas políticas y en
el que no se destaca expresión alguna de apoyo de la demandada hacia el señor
Castro Cifuentes.
Finalmente, en punto al elemento temporal, la agente del Ministerio Público dijo que del
análisis de los videos e imágenes se puede concluir que los hechos censurados
ocurrieron en época de campaña electoral. Pese a esto, las conductas ya analizadas no
dan cuenta de expresión de apoyo alguna frente a los diferentes candidatos ya
mencionados.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 149 de la Ley 1437 de
201118 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado, la Sección Quinta es competente para pronunciarse de fondo en única
instancia en el presente proceso acumulado.
2. Cuestión previa
La sala observa que algunos demandantes alegan que la accionada no contestó la
demanda identificada con el radicado 2023-00123-0019, por tanto, solicitan se de
aplicación a las consecuencias que contempla el artículo 97 del Código General del
Proceso, que prescribe que: «La falta de contestación de la demanda o de
pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o
negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de
confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto.».
Frente a este tipo de solicitudes, la sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en
18
Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de
sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad del acto de elección
o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los
Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los
gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de
las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones
de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.
19
Lo que en efecto se corrobora de la revisión de las actuaciones del sistema SAMAI.
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los siguientes términos20:
44. Al respecto, esta Sección ha precisado que, tratándose de falta de contestación de la
demanda, el efecto que de dicha actuación se deriva, no impide que el juez, en virtud de
sus facultades legales, analice el fondo del asunto, pues la referida consecuencia «no
opera automática e íntegramente respecto de todas las afirmaciones y argumentaciones
del demandante».
45. Aunado a lo anterior, resulta relevante poner de presente que, la inactividad del
extremo pasivo no suple el deber procesal que le asiste al demandante de probar «el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»,
por ende, aunque efectivamente el demandado no contestó la demanda, le correspondía
al actor demostrar los actos que presuntamente constituyeron doble militancia en la
modalidad de apoyo por parte de Héctor Bernal Bernal, los cuales en todo caso, deben
ser analizados por el operador judicial.
46. Bajo ese entendido, no se admitirá la consecuencia pretendida por el actor, en punto
a acceder a las pretensiones con fundamento en la falta de contestación de la demanda
y, será lo procedente analizar el acervo probatorio obrante en el proceso, con la finalidad
de determinar si, en el caso particular, Héctor Bernal Bernal incurrió en la prohibición que
se le endilga.
Como sustento adicional a lo anterior, debe recordarse que la remisión al Código General
del Proceso que permite el artículo 306 del CPACA, siempre está sujeta a que dichas
figuras procesales, propias del citado estatuto general procesal, sean compatibles con la
naturaleza de los procesos que conoce la jurisdicción contenciosa administrativa. En este
orden, ante el vacío normativo de la Ley 1437 de 2011, no puede acudirse de forma
automática y desprevenida a los preceptos de la Ley 1564 de 2012.
En el caso particular del contencioso electoral esa regla se acentúa aún más, dado el
carácter público que reviste el medio de control y la condición de fundamental de los
derechos que se controvierten. De tal suerte que la aplicación de consecuencias como la
establecida en el artículo 97 del CGP no pueden dar al traste con los derechos a ser
elegido de quien tiene la condición de demandado, por lo que la no contestación de la
demanda tan solo puede conllevar los efectos que la ausencia de una defensa técnica
tiene sobre la convicción del juzgador en punto a la prosperidad de las pretensiones y la
plenitud de las pruebas aportadas.
Acorde con lo anterior, no se dará aplicación a lo preceptuado en el artículo 97 del Código
General del Proceso.
3. El acto de elección acusado
El acto objeto de impugnación es el formulario E-26 GOB de 8 de noviembre de 2023, a
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024, MP Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 25000-
23-41-000-2024-00046-01. Cfr.: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
de 1 de agosto de 2024. Rad. 05001-23-33-000-2023-01198-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 9 de junio de 2022. Rad. 11001-03-28-
000-2021-00065-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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través del cual la Comisión Escrutadora Departamental declaró la elección de la señora
Rafael Cortés Zambrano como gobernadora del departamento del Meta.
4. Problema jurídico
De conformidad con la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial que se llevó a
cabo el pasado 26 de junio de 2024, el problema jurídico se circunscribe a determinar:
(…) si el acto por medio del cual se declaró la elección de la señora Rafaela Cortés
Zambrano, contenido en el formulario E-26 GOB de 8 de noviembre de 2023, expedida
por los miembros de la comisión escrutadora general, está incurso en la causal de nulidad
contemplada en el numeral 8º del artículo 275 del CPACA, por cuanto se afirma que la
elegida incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, vulnerando los artículos 107
y 108 de la Constitución Política; 2º y 29 de la Ley 1475 de 2011, al respaldar a candidatos
pertenecientes a colectividades políticas diferentes a las que integraron la coalición que
la postuló para la gobernación del Meta así: i) Jhon Ermel Ríos Cubillos, inscrito por el
partido Alianza Verde a la alcaldía de Puerto López; ii) Fabián Andrés Hernández
González, postulado por los partidos Alianza Verde y el Movimiento Autoridades Indígenas
de Colombia - AICO a la alcaldía de Cabuyaro; iii) Herick Fabián Agudelo Mendieta,
candidato a la Alcaldía de Acacías inscrito por el Partido Colombia Renaciente y, iv) Lenito
Eliecer Castro Cifuentes, inscrito por la coalición «Somos el Cambio», compuesta por los
partidos La Fuerza de la Paz y Gente en Movimiento, conforme a los supuestos facticos
narrados precedentemente.
En orden a resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará, previamente, las
siguientes temáticas: i) Doble militancia en la modalidad de apoyo; ii) Tratamiento
probatorio de los mensajes de datos y iii) Caso concreto.
5. Doble militancia por apoyo a candidato de un partido distinto
Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en las
últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina partidista, que
persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades y bancadas sólidas,
consistentes y con vocación de permanencia. Así lo demuestran los Actos Legislativos
01 de 2003 y 01 de 2009, por medio de los cuales se introdujo y reguló, entre otros
asuntos, la prohibición de doble militancia.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política, ningún
ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político. En
consonancia, la misma norma dispone que los miembros de corporaciones públicas que
decidan cambiar de partido para aspirar a una próxima elección están compelidos a
renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes de la fecha en que inician las
inscripciones de candidatos de los comicios respectivos.
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Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento, desarrollada por
la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de nulidad electoral por la Ley
1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8).
A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha
esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se manifiesta la
doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas proscritas21:
a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento político o grupos
significativo de ciudadanos.
b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política distinta, en el mismo
proceso electoral.
c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción como candidato
para la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto de aquel que lo
avaló, con dos excepciones, primera, que renuncie a la curul antes de los 12 meses que
preceden al primer día de inscripciones y segunda, que la colectividad sea disuelta o
pierda la personería jurídica por causas diferentes a una sanción.
d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar a candidatos
de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y les otorgó aval, según el caso,
salvo que la respectiva organización no esté participando con aspirantes para la
correspondiente elección ni haya manifestado su apoyo expreso a determinada campaña
de otro partido o movimiento.
e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como candidatos o
designación como directivos de organizaciones políticas diferentes, salvo que medie
renuncia a la respectiva dignidad 12 meses antes de uno u otro hecho.
En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un candidato
inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación 22, relacionada en el literal d)
anterior, está prevista en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, en los términos que se
transcriben enseguida:
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro
de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los
21
Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-
03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10 de marzo de 2022, Rad.
76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, Rad.
47001-23-33-000-2020-00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de 2021,
Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de noviembre de
2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4
de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
22
Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno
Rubio. Sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum), MP.
Rocío Araújo. Oñate. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02.
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17
Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
(Gobernadora del Meta 2024 - 2027)
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.” (Negrilla
fuera de texto)
Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección 23 ha reconocido que la
configuración de los apoyos prohibidos por la legislación electoral resulta de la
acreditación conjunta de 5 presupuestos, así:
i. Elemento subjetivo
El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en su
modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección, gobierno,
administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los miembros de las
organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo en cargos o
corporaciones de elección popular.
Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige que el
demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
ii. Elemento objetivo
La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos y movimientos
políticos o grupos significativos de ciudadanos que difieren de aquel al que pertenece el
accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado por esta Sala Electoral como
«…la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier
medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización
política.»24
Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección en el
tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta modalidad de doble
militancia, en el sentido de delimitar no solo la naturaleza de los actos que pueden revelar
la existencia del respaldo sancionado, sino a la vez el grado de convicción que debe
derivarse de las pruebas para acreditar la presencia del apoyo ilegal.
En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la asistencia
censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos que
demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización. En ese orden,
23
Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un partido
distinto, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-
23-33-000-2019-02946-01(Acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad.
47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 6 de octubre de 2016,
Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes
Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
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Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
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en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, esta Judicatura
explicó al respecto:
Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo atrás la Sala
mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha prohibición exige
necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor del
candidato perteneciente a otro partido político.25
De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como sustento
la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en marcha de acciones
–presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una candidatura ajena a la
organización política que acompaña al demandado –presupuesto teleológico–.
Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de 2016,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la parte actora al
concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones políticas sin la presencia
del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el partido que lo avalaba–, no disponían
de la virtualidad de configurar la doble militancia por apoyo de cara a la ausencia de actos
positivos y concretos que permitieran materializarla. En ese punto, la Sección expuso:
Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución de actos
positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el partido al cual pertenece
el concejal demandado.
(…)
Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones no contempladas
en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la decisión de llevar a cabo actos
políticos sin el acompañamiento del candidato del partido, en este caso a la alcaldía,
como señaló el actor.26 (Negrilla fuera de texto)
En ese mismo sentido, ha pregonado que no pueden, en principio, considerarse como
actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico de la noción, la
impresión de volantes publicitarios respecto de los cuales se omitió probar su
socialización y distribución para el fortalecimiento de la campaña política de un candidato
afiliado a otro movimiento27; las palabras de agradecimiento entre aspirantes políticos 28;
25
Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.
26
Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-
00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. ““Ahora bien, aunque la
Sala no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante publicitario de estas características,
lo cierto es que el demandante no demostró que aquellos fueran socializados, distribuidos o publicitados
después del 25 de septiembre de 2015 - fecha en la que el partido Opción Ciudadana decidió apoyar la
candidatura del señor Cuarán Castro-, pues la mera impresión de los mismos no acredita la conducta
proscrita por el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.” (Negrilla fuera de texto)
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: “A diferencia de lo
expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha de falsedad permite
establecer que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera de contexto en la prueba
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así como la existencia de publicidad perteneciente a un aspirante avalado por otra
organización, cuando los medios de convicción allegados no permiten aseverar que su
presencia responde a la voluntad del accionado, como una manifestación de apoyo.
En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2018-00008-00:
…[E]s evidente que de las imágenes aportadas, no se evidencian elementos que, por
ejemplo permitan definir cuándo fueron realizadas las reuniones respectivas y, entre otras
cosas, si fue el demandado quien dispuso, autorizó, convino o consintió tales
actividades proselitistas y menos que de ellas se derive el cuestionado apoyo.”
(Negrilla fuera de texto)
Pero no solo estos aspectos29 del respaldo proscrito han sido modelados por la
jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a la
frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia, por lo que
los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o
continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de esta modalidad
de la doble militancia puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el
contexto de la campaña política30.
De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter
autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que «…el apoyo tenga
incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble militancia la Ley
1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni limitó sus alcances a este
tipo de factores.»31
Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido en la
legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá de
cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a través del cual
se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la avalada por el partido
o movimiento político del que hace parte el accionado.
Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta
Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:
De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del presunto apoyo
de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política distinta, debe aflorar de
manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial tantos elementos
de juicio que permita superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que en
allegada con la demanda, puesto que no son simples palabras de agradecimiento dirigidas al señor Acosta
Acosta sino expresiones concretas de respaldo a su candidatura por Bogotá.” (Negrilla fuera de texto)
29
La naturaleza del apoyo.
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
31
Ibidem.
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el caso en concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble militancia) y de esa
forma advertir que el candidato traicionó la voluntad de su electorado.
Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de convicción de
los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación al electorado a sufragar
por un aspirante Conservador a la Gobernación del Tolima, cuando se ostenta la
condición de candidato del Partido Alianza Verde a la Asamblea departamental, en el
marco de programas radiales32.
Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en providencia de 20 de agosto
de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el
recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia de doble
militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o movimiento
político al cual se encuentran afiliados, no recibir apoyo de agrupaciones políticas
diferentes a la que inscribe a un aspirante a un cargo de elección popular.33
iii. Elemento temporal
Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011,
no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben producirse los apoyos,
una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva aceptar que la
materialización de la asistencia indebida debe suceder en el contexto de la campaña
política, toda vez que «…solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el
sentido estricto de la palabra»34; término que se extiende desde el momento en el que el
ciudadano acusado inscribe su aspiración y hasta la fecha de la elección.
iv. Elemento modal de la conducta
La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige que el
partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya inscrito una
candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate, comoquiera que solo
en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la lealtad partidista exigida al
candidato sometido al medio de control de nulidad electoral.
Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo en
cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia de esta Sala de Sección, el
desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o un movimiento político
a una causa proselitista distinta de la suya, –aunque no exista registro de una aspiración
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-
2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016.
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2019-
00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-
00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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particular–, pueden llevar a cristalizar igualmente la causal de inelegibilidad erigida en el
artículo 2, inciso 2º, de la Ley 1475 de 2011.
Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la Sala
concluyó en relación con este aspecto
Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad de doble
militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente al inscrito o apoyado por
una determinada colectividad política, lo cual necesariamente presupone que el partido o
movimiento político bien haya inscrito un candidato propio para determinado cargo de
elección popular o en su defecto que haya decidido, de forma expresa, apoyar a un
candidato de otra organización política.35
Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura política de la
que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones explícitas, mediante las
cuales su partido se compromete de lleno con la candidatura postulada por un movimiento
distinto, lo que obliga al demandado a respetar sus directrices, sin que sus intereses
puedan anteponerse a aquellos de la colectividad.
Congruente con esta línea, la Sala, en decisión reciente36, puntualizó que para acreditar
el presupuesto modal de la prohibición «es necesario que el partido o movimiento político
que avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo
de elección popular correspondiente, pues solo en este evento es que puede
exigírsele al demandado una lealtad hacia su colectividad» (Negrillas del texto original).
En este proveído, la Sección Electoral explicó el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, precisando que «lo cierto es que la nulidad electoral solo procede, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, al brindar apoyo
a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al que se
encuentran afiliados, y como en este caso el movimiento AICO no tenía candidatos
inscritos para la asamblea departamental, no puede declararse la nulidad del acto de
elección demandado por doble militancia» (Negrillas fuera de texto).
Es necesario traer a colación el contenido de la interpretación vertida en la providencia
bajo cita, comoquiera que en ese pronunciamiento se hizo claridad en que los elementos
de la prohibición se circunscriben a los precisos términos dispuestos en la norma que la
establece:
La Sala ha reiterado que el objetivo constitucional de la prohibición de doble
militancia, que apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede asegurar en los
términos en que han sido previstas en la ley las diferentes modalidades de la
conducta que se estudia y, por tanto, no puede extenderse el alcance del artículo
35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-
00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de agosto de
2024. Exp: 08001-23-33-000-2023-00463-01. MP Omar Joaquín Barreto Suárez.
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2 de la Ley 1475 de 2011 a situaciones ajenas a las allí reguladas.
Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor a la
prohibición, sino que su interpretación debe ser restringida a los supuestos que
consagra la norma.
En virtud de lo expuesto, es claro que se incurre en la prohibición por doble
militancia cuando para un determinado cargo hay candidatos inscritos
respaldados por la agrupación que avaló al demandado. (Negrillas fuera de texto)
A partir de esta postura, hay lugar a concluir que el objeto de la prohibición no es otro que
el de evitar que el candidato se aparte del rumbo político de su agrupación, respaldando
aspiraciones que se encuentran en contienda con las de su propio partido.
Por consiguiente, la Sala debe insistir en que la única circunstancia bajo la cual se
configura la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, por ministerio de
la ley, tiene lugar cuando el implicado en los hechos despliega actos positivos y concretos
de respaldo a una candidatura distinta de la que avaló o promovió su colectividad política
para un cargo de elección popular en el mismo certamen electoral.
Por el contrario, si el partido de filiación del candidato acusado no presentó aspirante
propio para alguna dignidad de elección popular, su proceder proselitista no está limitado
por la prohibición de que se trata, a menos de que haya dado una instrucción clara sobre
el particular.
v. Elemento territorial
El examen construido por la Sección especializada en asuntos electorales del Consejo
de Estado permite advertir que el respaldo recriminado por el legislador estatutario de
2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción electoral –v. gr., la
asistencia política prestada por un candidato al concejo a la aspiración proselitista de un
candidato a la alcaldía de la misma municipalidad–, pero también en el escenario de
circunscripciones territoriales diversas.
En palabras de esta Sala de Decisión:
Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido brindado a un
candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por una circunscripción territorial
diferente, como era Bogotá, no incide en la configuración de la doble militancia política.37
De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia o no
de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos positivos y
concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una organización
37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
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distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un cargo de elección
popular.
6. Caso concreto
Una vez reiterados los presupuestos normativos y jurisprudenciales que cobijan la doble
militancia en la modalidad de apoyo, corresponde a la sala determinar la configuración
de los elementos ya estudiados en el caso concreto; no obstante, comoquiera que las
pruebas allegadas con la demanda fueron tachadas de falsas por el apoderado de la
demandada, resulta imperioso definir en primer lugar la eficacia de esos medios de
convicción de cara al mecanismo de contradicción ejercido por el extremo pasivo.
Acorde con lo anterior, se analizará la tacha de falsedad formulada por el apoderado de
la señora Rafaela Cortés Zambrano, así como el contenido del dictamen pericial que fue
allegado como sustento de aquella en relación con los argumentos que expusieron las
demás partes para su contradicción. Efectuado esto, la sala electoral estudiará la
configuración de los diferentes elementos de la doble militancia en punto a los apoyos
que presuntamente la accionada brindó a diferentes candidatos en el departamento del
Meta.
7.1 La tacha de falsedad formulada por el apoderado de la demandada
En el presente caso, el apoderado de la demandada alegó la tacha de falsedad en las
diferentes contestaciones de la demanda38 con sustento en que:
«los videos tienen evidencias de cambio en la velocidad de reproducción e inserción de
sonidos y palabras subtituladas; mientras que las presuntas capturas de redes sociales
se tornan borrosas, por lo que es dable tacharlos de falsos, pues denotan que hay
alteraciones sobre los mismos que pretenden tergiversar la realidad, lo que conlleva la
modificación de la imagen y de la voz.» (Rad. 2023-00144-00).
«los videos muestran modificaciones como la inclusión de sonidos, imágenes,
transiciones, subtítulos, música, escritos, logos, velocidad de reproducción; mientras que,
las imágenes se tornan borrosas, pixeladas y tienen lo que parece ser rayones con un
medio de escritura, lo que es una clara evidencia de alteración y ausencia de originalidad.»
(Rad. 2023-00139-00)
«…las presuntas impresiones en papel de capturas de redes sociales y de un presunto
video se tornan borrosas y pixeladas, por lo que se tachan de falsos, pues denotan que
hay alteraciones sobre los mismos que pretenden tergiversar la realidad, lo que conlleva
la modificación de la imagen.» (Rads. 2023-00148-00 y 2023-00158-00)
(…) los videos aportados por la parte demandante muestran modificaciones como la
inclusión de sonidos, imágenes, transiciones, subtítulos, música, escritos, logos, velocidad
de reproducción; por su lado, las imágenes tienen efectos tales como luminosidad, luces,
sombras, contraste, saturación, vivacidad y de tornan borrosos y pixelados, lo que es una
clara evidencia de alteración y ausencia de originalidad.» (Rad. 2023-00160-00)
38
A excepción del radicado 2023-00123-00 en el que no contestó la demanda.
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Para sustentar lo anterior, el extremo pasivo solicitó que, en los términos del artículo 227
del CGP, se le permitiera aportar un dictamen pericial, el cual fue decretado en la
audiencia inicial, aportado dentro del plazo concedido y sometido a contradicción en el
marco de la audiencia de pruebas. Por consiguiente, corresponde ahora valorar este
conforme a los parámetros contemplados en el artículo 232 del Código General del
Proceso39.
La experticia en comento fue rendida por el perito Óscar Fabián Agudelo Loaiza, quien
presentó el informe pericial «IE-2024-232 IN-466 Dictamen de Opinión Pericial»; en este
se precisó:
(…)
Bajo este norte, la experticia analizó los enlaces, imágenes insertadas como recortes de
pantalla y videos en formato .mp4 allegados en cinco de las seis demandas presentadas,
para lo cual, tuvo como referente normativo los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley 527 de 1999.
Conforme a estos preceptos, estructuró cuatro parámetros de cara a los cuales analizó
39
ARTÍCULO 232. APRECIACIÓN DEL DICTAMEN. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren
en el proceso.
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todos los elementos probatorios: i) Escrito (accesibilidad) ii) Firma (identificador del
iniciador) iii) Original (conservación original de la información) y, iv) Integridad
(Inalterabilidad de la información).
En cuanto a los enlaces, en general, destacó que: i) No hay certeza que el contenido de
aquellos pueda ser consultado con posterioridad (accesibilidad); ii) No es posible
identificar el iniciador del mensaje con el solo nombre del perfil40 (identificación de
iniciador): iii) No se encontró algoritmo hash41 que permita garantizar la integridad del
contenido (conservación de la información); iv) No es posible determinar la alteración de
los videos cargados en Facebook, comoquiera que dado su estado «publicado» no es
posible ejecutar labores de «análisis de metadatos y comprobación de ediciones y
manipulaciones».
En relación con las imágenes que se insertaron en varias de las demandas como recorte
de pantalla el perito dijo que «es imposible ejecutar labores de informática forense sobre
imágenes que se encuentran insertadas o incrustadas en el archivo digital de tipo PDF
que corresponde a la denuncia [entiéndase demanda], las cuales carecen de
metadatos…» (Pág. 41 del informe).
En cuanto a los videos aportados en formato .mp4, el dictamen pericial encontró que: i)
No se advirtió en la demanda información alguna que diera cuenta respecto a la técnica
de recaudo de la prueba, por lo que no se puede aseverar que corresponde con la
publicación de la que se dice se extrajo; ii) No se identifica al iniciador, esto es, la persona
que utilizó un dispositivo y efectuó la grabación; iii) No se encontró algoritmo hash que
permite garantizar la integridad del archivo; iv) No se pudo garantizar la integridad de la
información.
Efectuado todo el análisis que se resumió en los párrafos precedentes, el perito llegó a
las siguientes conclusiones (Pág. 68):
40
Precisa que, mucho menos, cuando son varios los administradores del perfil.
41
«Una función criptográfica hash- usualmente conocida como “hash”- es un algoritmo matemático que
transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija.
Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma
longitud» (https://lc.cx/A7aXQP). En términos más sencillos: «Un algoritmo hash es un método matemático
que convierte datos en una cadena de caracteres de tamaño fijo, llamada hash o código hash. El resultado
de aplicar un algoritmo hash es un código único que representa un conjunto de datos, como un archivo,
documento o foto.» (GEMINI IA).
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(…)
(…)
Reseñado en su integridad el informe pericial, la sala electoral arriba a una conclusión,
bajo el entendido que dicha experticia no logra desvirtuar la presunción de autenticidad
que reviste a las pruebas documentales que se allegaron. En efecto, ese escrito se
circunscribe a advertir ciertas falencias en la metodología de recaudo de elementos
probatorios y advierte las dificultades de análisis que ello trae consigo, pero para nada es
conclusivo en afirmar que en alguno o todos los videos e imágenes aportadas por los
demandantes se hayan llevado a cabo, de forma torticera y subrepticia, labores técnicas
o profesionales encaminadas a modificarlos y, de esta manera, alterar la realidad.
En este sentido, la tacha de falsedad que planteó el apoderado de la demandada
encuentra sustento en el dictamen pericial, tan solo en lo referente a que los videos
pasaron por un proceso de edición o producción posterior a su captura inicial, lo que es
notorio en cuanto de los mismos se observa, como asevera el profesional del derecho,
«la inclusión de sonidos, imágenes, transiciones, subtítulos, música, escritos, logos,
velocidad de reproducción». Sin embargo, tal cual como lo advierten algunos de los
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Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
(Gobernadora del Meta 2024 - 2027)
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
demandantes, de dichas características el experto no pudo derivar falsedad alguna
referente a que no se tratara de la voz o imagen de la señora Rafaela Cortés Zambrano.
Ahora bien, al margen del valor probatorio que en esta providencia se le otorga al
dictamen pericial, ello no implica que en el mismo se haya incurrido en la figura del error
grave que contempla el artículo 228 del CGP, inciso 4º, tal como lo sugiere uno de los
demandantes42, pues se recuerda que aquel se configura «cuando se cambian las
cualidades propias del objeto examinado o se toma por objeto de observación una cosa
fundamentalmente distinta a la que es materia del dictamen»43, lo que no sucedió en la
experticia analizada.
En suma, se tiene que no se afectó la eficacia probatoria de los medios documentales
allegados por los demandantes, de tal manera que es plausible su análisis por parte de
esta sala electoral si ello fuere necesario. En cuanto a las afirmaciones que se hacen en
el dictamen pericial en punto al correcto entendimiento de los requisitos contemplados en
la Ley 527 de 1999 ello no será objeto de pronunciamiento, toda vez que la finalidad del
dictamen fue determinar alguna falsedad documental, más no la que se considera como
una correcta interpretación de esa normatividad, aspecto que justamente ha venido
desarrollando la Sección Quinta.
7.2 Configuración de la doble militancia frente a los apoyos alegados
En el presente caso, los demandantes alegan que la señora Rafaela Cortés Zambrano
desplegó claros actos de apoyo frente a los candidatos que aspiraban a ser elegidos
alcaldes de los municipios de Puerto López, Cabuyaro, Acacías y Castilla la Nueva, todos
ellos pertenecientes al departamento del Meta.
En lo concerniente al elemento subjetivo de la prohibición, se encuentra acreditado en
el proceso, de acuerdo con el formulario E-6 GOB44 aportado, pues de aquel se advierte
que la demandada fue inscrita como candidata a la gobernación del departamento del
Meta, período 2024-2027, por la coalición denominada «Fe y firmeza», conformada por
los partidos políticos Verde Oxígeno –al cual pertenece la gobernadora–, Unión de la
Gente –Partido de la U–, Conservador Colombiano, Centro Democrático y «Creemos»45.
Lo propio se predica de los elementos territorial y temporal, comoquiera que los
presuntos respaldos que brindó la demandada se efectuaron en los ya referidos
municipios que hacen parte de la misma circunscripción electoral para la cual fue
finalmente elegida la señora Cortés Zambrano. Asimismo, de las pruebas allegadas por
la parte actora se evidencia que los presuntos respaldos otorgados, tuvieron lugar en el
lapso de campaña electoral.
42
El señor Guillermo Rueda Rodríguez.
43
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de septiembre de 2021, MP Guillermo Sánchez
Luque, Rad. 11001-03-26-000-2004-00030-00(28061)
44
Actuación No. 3 del sistema judicial de gestión judicial SAMAI (Proceso 2023-00160-00)
45
Actuación No. 3 del sistema judicial de gestión judicial SAMAI (Proceso 2023-00123-00)
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Demandantes: Diego Fernando Obregón Guzmán y otros
Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
(Gobernadora del Meta 2024 - 2027)
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
En cuanto al elemento modal, la parte demandante asegura que la señora Cortés
Zambrano debía apoyar a los candidatos inscritos por los partidos que conformaron la
coalición que respaldó su postulación a la Gobernación del Meta. Sin embargo, los
accionantes aseguran, con fundamento en el material probatorio aportado, que la
demandada acompañó las campañas políticas de otros aspirantes cuyas colectividades
avalistas no hicieron parte de ese acuerdo. Lo anterior, se puede advertir de mejor
manera en el siguiente cuadro:
Candidatos de partidos que Candidatos de partidos que
Cargo NO integraron la coalición SÍ integraron la coalición de
de la demandada la demandada
John Ermel Ríos Cubillos a) Eduard Andersson Stiven
Partido Alianza Verde46 Díaz
Centro Democrático
Alcaldía de Puerto
López b) Pedro Vidal Velandia
Bejarano
Coalición partido de la U –
Alianza Social Independiente y
AICO
Fabián Andrés Hernández José Castañeda Martínez
González Coalición Centro Democrático
Partido Alianza Verde en y Partido de la U
coalición con dos grupos
Alcaldía de Cabuyaro significativos de ciudadanos y
el Movimiento Autoridades
Indígenas de Colombia -
AICO47
Heryck Fabián Agudelo a) Jhonathan Wbeimar Díaz
Mendieta Reyes
Partido Colombia Renaciente Partido Verde Oxígeno
en coalición con dos grupos
significativos de ciudadanos y b) Mónica María Calderón
Alcaldía de Acacías el partido político En marcha Guerrero
Partidos de la U y Centro
Democrático
c) Carlos Julio Plata Becerra
Partido Conservador
d) Lucy Fernanda Tamayo
Fierro
46
El apoyo a este candidato se alega en las demandas con los radicados 2023-00123-00, 2023-00139-00
y 2023-00160-00.
47
El apoyo a este candidato se alega en las demandas con los radicados 2023-00144-00 y 2023-00160-
00.
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Alcaldía de Acacías
Partido Creemos, coaligado
con AICO
Lenito Eliécer Castro Cifuentes a) William Medina Caro
Coalición «Somos el cambio» Partido Conservador
integrada por un grupo Colombiano, en coalición con
significativo de ciudadanos y el partido Verde –que no
Alcaldía de Castilla La los partidos políticos La Fuerza pertenece a la coalición que
Nueva de la Paz y Gente en apoyó a la demandada
Movimiento
b) Óscar Ariza Garavito
Partido de la U
En efecto, lo anterior se corrobora con los formularios E-6 donde consta la inscripción de
cada uno de los aspirantes enunciados, razón por la cual, salta a la vista que los
candidatos frente a los cuales se predica el apoyo censurado pertenecen a colectividades
que no hicieron parte de la coalición que respaldó a la aquí demandada. De ahí que,
según los demandantes, tal respaldo debió brindarse a quienes sí integraron ese acuerdo
de voluntades políticas.
No obstante, la sala debe reiterar la tesis reciente que se referencia en el numeral 5º de
esta providencia, bajo el entendido que, la interpretación que concilia en mejor manera el
núcleo esencial del derecho a elegir y ser elegido de cara a los límites que el constituyente
y el legislador estatutario ha concebido para esa garantía fundamental, es aquella que
propugna por una lectura restrictiva de la prohibición contenida en el artículo 2º de la Ley
1475 de 2011, esto es, que solo se incurre en tal proscripción cuando el enjuiciado
respalda a un aspirante de una colectividad diferente al que su propio partido inscribió o
decidió apoyar, o en su defecto, desatienda la directiva de abstenerse de respaldar ciertas
candidaturas.
Visto desde otra perspectiva, lo anterior implica que, si el partido no inscribió o no dispuso
respaldo o abstención alguna frente a determinado candidato, no surge para el postulado
ese mandato de lealtad que la referida norma impone. En consecuencia, queda en
libertad para apoyar las aspiraciones de colectividades diferentes a la que pertenece.
En este orden de ideas, comoquiera que no existe prueba alguna que de cuenta que el
partido Verde Oxígeno inscribió candidatos en alguna de las alcaldías a las que se hizo
referencia, bajo la postura ya reiterada, es dable concluir que la demandada no tenía
deber de fidelidad para con su colectividad, mucho menos frente a los partidos políticos
que suscribieron el acuerdo de coalición que sirvió de base a su candidatura. Por
consiguiente, resulta innecesario valorar el mérito de los apoyos endilgados.
Ahora bien, en el caso particular de la alcaldía de Acacías, vale la pena precisar que uno
de los demandantes48 afirma que el partido Verde Oxígeno inscribió al señor Jhonathan
48
Cuya demanda se le asignó el radicado 2023-00148-00.
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Radicado: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
Wbeimar Díaz Reyes para aspirar al primer cargo de ese municipio, para lo cual allegó
los siguientes recortes de pantalla:
Las anteriores imágenes bien podrían concebirse como un mero indicio de que existió
una candidatura a la alcaldía de Acacías por el partido Verde Oxígeno, pero no puede
tenerse como hecho cierto tal situación ante la imposibilidad de corroborarlo con pruebas
más conducentes, como lo son los formularios E-6 AL y E-8 AL.
De otro lado, se tiene que tampoco se acreditó que la colectividad política de la señora
Rafaela Cortés Zambrano haya decidido adherirse a alguna de las postulaciones que
otros partidos políticos hicieron frente a las alcaldías de Puerto López, Cabuyaro, Acacías
y Castilla La Nueva; asimismo, no hay evidencia sobre alguna instrucción a los militantes
de Verde Oxígeno en punto a prohibir el apoyo a determinadas aspiraciones políticas.
Nótese, además, que la coalición «Fe y firmeza», conformada por los partidos políticos
Verde Oxígeno –al cual pertenece la demandada–, de la Unión por la Gente –Partido de
la U–, Conservador Colombiano, Centro Democrático y Creemos, con el fin de respaldar
la candidatura de la señora Rafaela Cortés Zambrano a la Gobernación del Meta, no
incluyó una previsión o compromiso de apoyar a candidatos de las colectividades
coaligadas para otros entes territoriales, en tanto su objeto se limitó al certamen electoral
para a elegir al primer mandatario departamental. Así se desprende del acuerdo suscrito
por las referidas colectividades:
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Demandada: Rafaela Cortés Zambrano
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Por lo tanto, resulta claro para la sala que el pacto programático y político de los partidos
que suscribieron la coalición «Fe y firmeza», se limitó a otorgar su respaldo a la
candidatura de la señora Rafaela Cortés Zambrano a la gobernación; nada se dispuso
sobre el compromiso o deber de respaldar a otros aspirantes a las alcaldías del
departamento del Meta.
Así las cosas, el elemento modal de la conducta prohibida por doble militancia, no se
encuentra acreditado en este asunto, por las siguientes razones:
a) No se probó que el partido Verde Oxígeno, que es la colectividad de filiación
política de la demandada, haya postulado candidato propio a las alcaldías de
Puerto López, Cabuyaro, Acacías y Castilla la Nueva.
b) No se demostró, y tampoco se planteó en el proceso, que la agrupación política
en mención haya decidido adherirse o comprometerse con alguna aspiración
postulada por otro partido o movimiento político para las referidas alcaldías ni que
haya impartido alguna instrucción a sus candidatos en punto a prohibir el apoyo a
determinadas aspiraciones políticas.
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c) En consecuencia, sobre la demandada no recaía la obligación de acatar directriz
alguna de su estructura partidista frente a las alcaldías de Puerto López, Cabuyaro,
Acacías y Castilla la Nueva (Meta).
En ese orden, conviene reiterar que «el deber de lealtad partidista surge en el momento
en que la colectividad política a la que pertenece el elegido acusado i) inscriba un
candidato propio a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al de otra
organización política, o bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas
específicas»49.
La sala ha sido enfática en precisar que, para acreditar el presupuesto modal de la
prohibición «es necesario que el partido o movimiento político que avaló la postulación
del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular
correspondiente, pues solo en este evento es que puede exigírsele al demandado una
lealtad hacia su colectividad»50 (se destaca por la sala).
Lo propio consideró al analizar el cargo de doble militancia en el asunto del gobernador
de Cundinamarca51, en los siguientes términos:
A partir de esta postura, hay lugar a concluir que el objeto de la prohibición no es otro que
el de evitar que el candidato se aparte del rumbo político de su agrupación, respaldando
aspiraciones que se encuentran en contienda con las de su propio partido.
Por consiguiente, la Sala debe insistir en que la única circunstancia bajo la cual se
configura la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, por
ministerio de la ley, tiene lugar cuando el implicado en los hechos despliega actos
positivos y concretos de respaldo a una candidatura distinta de la que avaló o
promovió su colectividad política para un cargo de elección popular en el mismo
certamen electoral.
Por el contrario, si el partido de filiación del candidato acusado no presentó aspirante
propio para alguna dignidad de elección popular, su proceder proselitista no está limitado
por la prohibición de que se trata.
En suma, no está demostrado que el partido Verde Oxígeno hubiere inscrito candidatos
para las alcaldías de Puerto López, Cabuyaro, Acacías y Castilla la Nueva y, del
clausulado del acuerdo de coalición «Fe y firmeza», por lo que se desprende, claramente,
que sobre la señora Rafaela Cortés Zambrano no pesaban restricciones para respaldar
candidaturas de otros partidos para esos entes territoriales salvo, claro está, que la
agrupación de su filiación definiera un sendero político frente a una aspiración electoral
específica (lo que tampoco se acreditó en el proceso). Por lo tanto, no es posible derivar
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1° de agosto de 2024, Rad:
63001-23-33-000-2023- 00103-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 8 de agosto de 2024.
Rad: 08001-23-33-000-2023-00463-01 M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de agosto de 2024.
Rad: 11001-03-28-000-2023-00154-00 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Radicado: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal)
el desconocimiento de la prohibición de la doble militancia política por parte de la
gobernadora del Meta.
6.3 Conclusión
En la medida que no se configuró el elemento modal de la conducta endilgada a la
demandada, ello conlleva a descartar el análisis del elemento objetivo de la prohibición;
en consecuencia, la sala negará las pretensiones de la demanda.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas, tendientes a obtener
la nulidad de la elección de Rafaela Cortés Zambrano como gobernadora del
departamento del Meta contenida en el formulario E-26 GOB de 8 de noviembre de 2023,
expedido por Comisión Escrutadora Departamental.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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