Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00101-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00101-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2026-00101-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
30 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00101-00
Demandante: FABIAN VICENTE COTES GONZÁLEZ
Demandado: JORGE ARMANDO FIGUEROA ANGARITA COMO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA, PERIODO 2026-2030
Temas: Excepciones de inepta demanda y falta de legitimación en la
causa por pasiva. Procedencia de la sentencia anticipada.
Decreto de pruebas. Conducencia y utilidad de la prueba.
Presupuesto del artículo 173 del CGP.
AUTO
Surtidos los términos del traslado de la demanda y el de las excepciones
propuestas, conforme a los artículos 175, parágrafo 2.º1; 283 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 y 101 a 102 del
Código General del Proceso, el despacho procederá a: i) resolver sobre las
excepciones presentadas; ii) determinar si se cumplen los presupuestos
establecidos en el artículo 283 del CPACA para dictar sentencia anticipada y, en
caso de ser así, seguir el procedimiento contemplado en el artículo 182A3 ibidem
y decidir sobre el decreto de pruebas.
El despacho es competente para pronunciarse al respecto, conforme lo
establecido en el numeral 3. ° del artículo 125 del mismo código.
1. Trámite dado a la demanda
1. Mediante auto del 28 de abril de 2026, se admitió la demanda contra el acto
de elección de Jorge Armando Figueroa Angarita como representante a la Cámara
por el departamento de La Guajira, periodo 2026-2030, contenido en el formulario
E-26 CAM del 16 de marzo de 2026; el 6 de mayo siguiente se surtió la notificación
personal a la parte demandada y al Consejo Nacional Electoral (en adelante
CNE).
1 Modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021.
2 En adelante CPACA.
3 Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
Demandante: Fabian Vicente Cotes González
Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
Rad: 11001-03-28-000-2026-00101-00
2. El traslado de la demanda venció el 4 de junio del año en curso. Dentro de
este término, el apoderado del señor Jorge Armando Figueroa Angarita y el CNE
contestaron la demanda y formularon excepciones y el señor Germán Ernesto
Escobar Higuera pidió ser reconocido como tercero impugnador.
3. El demandado propuso la excepción de «inepta demanda por falta de
requisitos formales». Al respecto, señaló que el libelo introductorio no cumple con
la carga procesal de explicar adecuadamente el concepto de la violación, requisito
exigido por el artículo 162, numeral 4.º del CPACA.
4. Expuso que las pretensiones se sustentan en una premisa equivocada,
consistente en que el término inhabilitante de doce meses (previsto en el artículo
179, numeral 2.º de la Constitución Política) debe contabilizarse tomando como
punto de referencia «la fecha de inscripción de la candidatura y no la fecha de la
elección»4, tesis que desconoce el precedente judicial de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, según el cual, el hito temporal para esta causal específica se
cuenta desde el día de los comicios.
5. Alegó que la demanda no contiene un cargo de nulidad jurídicamente
estructurado, sino una discrepancia interpretativa sin respaldo legal. Esta
deficiencia impide al juez hacer un pronunciamiento de fondo. Asimismo, indicó
que no desarrolló una confrontación entre el acto de elección y la norma
constitucional.
6. El CNE, actuando a través de apoderada judicial, propuso la falta de
legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que son el propio elegido y el partido
político que lo avaló quienes están legitimados para defender o demostrar la
existencia de las condiciones de elegibilidad.
7. Indicó que, conforme a los artículos 10 y 28 de la Ley 1475 de 2011 y el
artículo 9.º de la Ley 130 de 1994, son los partidos y movimientos políticos
quienes fungen como el primer filtro responsable de verificar las calidades,
requisitos y la ausencia de inhabilidades de los candidatos antes de inscribirlos.
8. Sostuvo que, aunque el CNE reconoce que tiene la potestad constitucional
(artículo 265, numeral 12) de revocar la inscripción de candidatos inhabilitados,
durante el periodo electoral nunca se presentó ninguna solicitud ciudadana de
revocatoria de inscripción en contra del señor Figueroa Angarita. Debido a esto,
no adelantó un trámite sobre el caso específico, ni emitió pronunciamiento sobre
la configuración de la inhabilidad. Por ende, no expidió algún acto administrativo
que ahora deba ser defendido ante la instancia judicial.
4 Folios 2 y 3 del escrito de contestación de la demanda.
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Demandante: Fabian Vicente Cotes González
Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
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9. De las excepciones propuestas se corrió traslado a la parte actora mediante
aviso publicado por un día y el traslado corrió desde el 9 hasta el 11 de junio de
2026.
10. El demandado se pronunció al respecto, mediante escrito allegado el 10 de
junio de 2026. Señaló que los argumentos planteados por la defensa no están
fundamentados como una excepción previa, ya que su contenido ataca el fondo
del asunto y el planteamiento jurídico, en lugar de cuestionar los requisitos
formales del escrito de demanda.
11. Mediante memorial allegado al día siguiente, el demandado solicitó que no se
tuviera en cuenta la manifestación realizada por el demandante por haber sido
presentada de manera extemporánea, ya que los tres días hábiles con los que
este contaba vencieron el 2 de junio de 2026.
12. . Sostuvo que al contestar y proponer excepciones (27 de mayo de 2026)
envió copia del escrito al correo electrónico del actor, según lo dispuesto en el
artículo 201A del CPACA, por lo que no debió correrse un nuevo traslado
secretarial de dichos documentos.
2. Decisión de las excepciones propuestas
13. El artículo 100 del Código General del Proceso numera las excepciones
previas, así:
Artículo 100. Excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el demandado
podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado
de la demanda:
1. Falta de jurisdicción o de competencia.
2. Compromiso o cláusula compromisoria.
3. Inexistencia del demandante o del demandado.
4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida
acumulación de pretensiones.
6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero
permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general
de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello
hubiere lugar.
7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que
corresponde.
8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.
11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la
que fue demandada.
14. Conforme al artículo 175 del CPACA, durante el término de traslado de la
demanda, el demandado tiene la facultad de contestar la demanda y presentar
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todas las excepciones: i) previas; ii) de fondo o, iii) las anteriormente denominadas
mixtas: cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación
en la causa y prescripción extintiva.
15. Conforme al parágrafo 2.º de dicha disposición, de los medios exceptivos se
corre traslado al demandante en los términos del artículo 201A del CPACA, para
que se pronuncie sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsane los
defectos planteados por la parte accionada. En relación con las demás
excepciones podrá también solicitar pruebas.
16. El trámite que se sigue para resolverlas es el señalado en los artículos 101 a
102 del Código General del Proceso.
17. Si se requiere la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del
artículo 101 del CGP, se decretan en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el
curso de esta se practicarán y decidirán. De lo contrario, en la misma providencia
se resolverán. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron
pruebas y estén pendientes de decisión.
18. El artículo 101 del CGP establece:
Artículo 101. Oportunidad y trámite de las excepciones previas. Las
excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en
escrito separado que deberá expresar las razones y hechos en que se
fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda
hacer valer y que se encuentren en poder del demandado.
El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue
la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde
ocurrieron hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en
los cuales se podrán practicar hasta dos testimonios.
(…)
19. De acuerdo con lo expuesto, con el escrito de excepciones previas se deben
acompañar todas las pruebas que se pretendan hacer valer y que se encuentren
en poder del demandado y el juez no decretará pruebas de otra clase, salvo
cuando sean necesarias para resolver las excepciones señaladas en el inciso
segundo de la norma transcrita, caso en el cual podrá practicar hasta dos
testimoniales. La parte actora, en el término de traslado de las excepciones
también podrá aportar pruebas.
20. Además, las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción,
conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva,
se deciden mediante sentencia anticipada en caso de que terminen el proceso o
en la oportunidad anterior, si este debe continuar.
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21. Frente a la solicitud del demandado referente a que no se tenga en cuenta,
por extemporáneo, el escrito allegado por la parte actora en el que descorrió
traslado de los medios exceptivos propuestos, se dirá que, si bien es cierto el
artículo 201A del CPACA señala que, cuando una parte acredite haber enviado
copia del escrito por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, no
se puede desconocer que la Secretaría de la Sección Quinta fijó de manera oficial,
mediante aviso publicado en el sistema de registro de actuaciones Samai, el
traslado de las excepciones presentadas por el demandado (27 de mayo de 2026)
desde el 9 de junio hasta el 11 de junio de 2026.
22. El hecho de que la secretaría haya fijado el aviso y efectuado el traslado de
las excepciones, aun bajo la premisa del envío por parte del demandado del
escrito contentivo de los medios exceptivos formulados5, no constituye una
irregularidad procesal que contraríe la norma que se cita, ni que esa actuación
genere como consecuencia la extemporaneidad de la manifestación efectuada
por el actor.
23. De tal manera, al presentar el escrito de pronunciamiento el día 10 de junio
de 2026, el demandante actuó con estricta sujeción a dicha actuación, por tanto,
desconocer su manifestación comportaría una trasgresión al derecho
fundamental al debido proceso, en especial, las garantías de defensa y
contradicción, y al principio de confianza legítima que rige todas las actuaciones
judiciales.
24. De otra parte, se advierte que, en el escrito de excepciones el demandado
solicitó la siguiente prueba:
Solicito respetuosamente a este Honorable Despacho decretar el interrogatorio
de parte del abogado Fabián Vicente Cotes González, parte demandante dentro
del presente medio de control de nulidad electoral, para que absuelva de manera
personal y bajo la gravedad de juramento el interrogatorio que verbalmente le
formulará esta parte procesal, respecto de los hechos contenidos en la demanda,
particularmente aquellos comprendidos entre los hechos PRIMERO al DÉCIMO
PRIMERO.
(…)
Especialmente, el interrogatorio solicitado resulta pertinente, conducente y útil
para efectos de que la parte demandante precise y explique las circunstancias
relacionadas con: (i) la interpretación jurídica que pretende atribuir al numeral 2
del artículo 179 de la Constitución Política; (ii) las razones por las cuales sostiene
que el término constitucional de doce (12) meses debe contabilizarse desde la
fecha de inscripción y no desde la fecha de elección; (ii) el fundamento jurídico y
jurisprudencial de dicha postura; (iv) las circunstancias fácticas relacionadas con
el supuesto ejercicio de autoridad administrativa alegado; y (v) las bases sobre
las cuales afirma la presunta configuración de la causal de nulidad electoral
invocada.
5 El 22 de mayo de 2026, índice 19 de SAMAI.
5
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25. La declaración de parte se negará por no corresponder a aquellas que,
conforme a los artículos 175 del CPACA y 101 del CGP, pueden ser decretadas
por el juez en la etapa de excepciones previas.
26. Aunado a ello, la prueba solicitada deviene inconducente e inútil, puesto que
no resulta ser el medio idóneo para demostrar lo que se pretende acreditar con
su práctica, eso es, la ineptitud de la demanda. Por el contrario, lo que busca es
la ampliación de los argumentos expuestos en el concepto de la violación, los
cuales, como se verá más adelante, reúnen los requisitos formales exigidos por
el CPACA.
27. Dicho lo anterior, como el demandado presentó la excepción denominada
inepta demanda y el Consejo Nacional Electoral alegó carecer de legitimación en
la causa por pasiva para actuar en el presente asunto, a continuación, se
resolverá sobre ambos medios exceptivos.
2.1. Excepción de inepta demanda
28. De acuerdo con lo señalado en el numeral 5.º del artículo 100 del CGP,
esta excepción se configura por la indebida acumulación de pretensiones o por la
falta de requisitos formales. De manera que, conforme al artículo 165 del CPACA,
la demanda debe cumplir los requisitos relacionados con la conexidad de las
pretensiones, la competencia común del juez, que estas no se excluyan entre sí,
que no haya operado la caducidad y que puedan tramitarse por el mismo proceso.
Además, cuando se trata de pretensiones electorales para las elecciones por voto
popular, que no se trate causales objetivas y subjetivas al mismo tiempo (artículo
281 ibidem).
29. De otra parte, los requisitos formales están señalados en el artículo 162 del
CPACA, estos son: i) designar las partes; ii) señalar las pretensiones formuladas;
iii) describir los hechos y el concepto de la violación; iv) realizar la solicitud de
pruebas; v) informar las direcciones electrónicas para las respectivas
notificaciones, y vi) aportar la constancia del envío simultáneo de la demanda al
correo electrónico del accionado.
30. Además, con la demanda se deben allegar los anexos enunciados en el
artículo 166 ibidem, a saber: i) copia del acto acusado; ii) las pruebas que
pretende hacer valer en el proceso; iii) la prueba de la representación que ejerce
para otra persona; y iv) la constancia de la existencia y representación legal de
las entidades de derecho privado.
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31. Para la Sección Quinta6, el concepto de la violación debe ser explicado y
tener una conexión directa con los preceptos que se señalan como quebrantados,
pues a partir de los argumentos que en torno a ello se erigen, tiene lugar la
contradicción sobre la que se configurará la fijación del litigio.
32. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el medio de control de nulidad
electoral es una acción pública, lo que implica que puede ser ejercido por
cualquier persona sin ostentar la calidad de abogado en defensa del interés
general, y con el fin de hacer prevalecer la legalidad en abstracto respecto de los
actos de elección, nombramiento o llamamiento.
33. Por esa razón, en este escenario, se refuerzan las atribuciones del
juzgador para interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del
asunto. Esta hermenéutica debe respetar el derecho de contradicción y el
principio de congruencia (art. 42.5 CPACA).
34. Examinada la demanda, se advierte que reúne todos los requisitos
señalados en los artículos 162 del CPACA y subsiguientes, además de que se
acompañó de los anexos correspondientes. Específicamente, frente al numeral
4.º de dicha disposición, el demandante cumplió con la carga procesal de indicar
las normas presuntamente infringidas y explicar el concepto de la violación.
35. De su lectura se extrae que el cargo se fundamenta en el artículo 179
numeral 2.º de la Constitución Política y en el artículo 275 numeral 5.º de la Ley
1437 de 2011.
36. El actor expuso el marco argumentativo indicando las razones por las
cuales, a su juicio, la inhabilidad debe contarse desde la etapa de inscripción de
candidaturas (8 de noviembre de 2025) y no desde la fecha de las elecciones y,
para ello, apoyó su postura en una interpretación de la jurisprudencia sobre el
alcance temporal de las prohibiciones electorales.
37. Por lo tanto, la demanda permite al juez y a la contraparte entender
exactamente los cuestionamientos esgrimidos contra la elección del señor Jorge
Armando Figueroa Angarita como representante a la Cámara por el departamento
de La Guajira.
38. En este orden de ideas, aunque el apoderado del demandado sustentó la
excepción en que la demanda carece de suficiencia argumentativa porque se
basa en una premisa «abiertamente contraria a la jurisprudencia pacífica y
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejera
ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos
mil veinte (2020), radicación número: 11001-03-28-000-2019-00079-00 (2019-00097-00).
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reiterada», es menester recordar que la finalidad de las excepciones previas es
conjurar vicios de forma o procedimiento (deficiencias externas) para evitar
sentencias inhibitorias, mientras que, decidir si el derecho reclamado existe o si
la interpretación del actor es correcta, es materia exclusiva de la sentencia.
39. De manera que los argumentos del demandado equivalen a una
inconformidad sustancial que ataca la vocación de prosperidad del cargo, materia
que excede el ámbito de decisión de las excepciones previas.
40. Por consiguiente, la excepción de inepta demanda se declarará no
probada.
2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva
41. Sobre la legitimación en la causa por pasiva de las entidades que
conforman la organización electoral, la Sección Quinta7 ha señalado que su
relación jurídico-procesal con el contencioso electoral está determinada por la
naturaleza específica de los actos que se cuestionan y de los cargos que se
formulan en su contra.
42. De tal manera, su comparecencia al proceso no se deriva del elemento
formal referido al hecho de haber expedido el acto o intervenido en su adopción
sino del mayor o menor grado de conexidad que tengan las
censuras o irregularidades advertidas en las demandas con las actuaciones que
desplegó el citado órgano en el marco del proceso electoral, es decir, su
vinculación dependerá de la relación directa e intrínseca entre las competencias
ejercidas y los cargos que se formulan, lo que equivale a un elemento sustancial.
43. Sobre este punto, se advierte que, en este proceso, se demandó el acto de
elección de Jorge Armando Figueroa Angarita como representante a la Cámara
por el departamento de La Guajira, periodo 2026-2030, contenido en el formulario
E-26 CAM del 16 de marzo de 2026, con fundamento en una causal subjetiva de
nulidad, relacionada con circunstancias que atañen a condiciones propias del
candidato y elegido, como lo sería la de estar presuntamente incurso en una
inhabilidad.
44. El CNE señaló que durante el periodo preelectoral no se presentó ninguna
solicitud ciudadana de revocatoria de la inscripción del señor Figueroa Angarita.
Por consiguiente, no adelantó un trámite sobre este caso específico, ni emitió
algún pronunciamiento sobre la configuración de la inhabilidad.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejero
ponente: Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del once (11) de junio de dos mil veinticuatro
(2024) , radicación: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal).
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45. De acuerdo con lo expuesto, en el presente caso, el ejercicio funcional de
la autoridad electoral se limitó a la expedición de la inscripción de la candidatura
que dio paso a la elección cuestionada. Sin embargo, no se acreditó que emitiera
decisiones en sede preelectoral respecto a los argumentos sobre los que se
edifican las censuras, referidos a la supuesta inhabilidad del demandado para ser
elegido congresista, es decir que no se demostró una actuación referida a dichos
reparos desplegada por la entidad.
46. En consecuencia, como los vicios advertidos en la demanda, y que
presuntamente derivan en la ilegalidad del acto acusado, no fueron objeto de
pronunciamiento por parte del CNE, no hay razón para mantener su vinculación
al proceso para defender su actuación o explicar las razones que sustentaron sus
decisiones objeto de reproche en sede judicial.
47. Por lo señalado, se declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva de dicha autoridad, por ser ajena a la relación sustancial
que se discute en este litigio y, por tanto, se ordenará su desvinculación.
3. Solicitud de coadyuvancia
48. Sobre la solicitud de coadyuvancia se observa que fue presentada dentro
de la oportunidad señalada en el artículo 228 del CPACA, esto es, hasta el día
anterior a la realización de la audiencia inicial o, en este caso, antes de la notificación
de la presente decisión, en la que se dispondrá el trámite de sentencia anticipada,
por lo que resulta oportuna.
49. Es importante advertir que la figura de la coadyuvancia está limitada por los
actos procesales que realice el extremo del litigio a quien apoya, por consiguiente,
no pueden estar en oposición o exceder a aquellos ni disponer del derecho en litigio.
Quienes intervengan en esa calidad tampoco están legitimados para presentar
cargos diferentes o argumentos que sobrepasen los desarrollados por la parte
demandante pues su participación en el proceso está necesariamente atada a las
actuaciones que realiza la parte a quien respaldan en sus pretensiones.
50. En esa línea de análisis, revisada la solicitud de coadyuvancia del
ciudadano Germán Ernesto Escobar Higuera no se encuentran argumentos que
sobrepasen los cargos sustentados por el demandado. En consecuencia, se
admitirá su participación en el proceso en favor de ese extremo procesal.
4. Presupuestos de la sentencia anticipada
51. Decididas las excepciones se verificará si en el presente proceso se cumplen
los presupuestos establecidos en el artículo 283 del CPACA, para dictar sentencia
anticipada.
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52. El citado precepto establece la posibilidad de acudir a esa modalidad de
sentencia cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario
practicar pruebas y, en ese caso, continuar con el trámite contemplado para el
proceso ordinario.
53. Revisado el expediente, se advierte que la parte actora pidió que se
decretaran como pruebas, las solicitadas y aportadas con la demanda. La parte
demandada y el CNE aportaron otras documentales. Respecto de los
interrogatorios solicitados por el demandante y demandado, se resolverá en
acápite posterior.
54. En este orden, como los elementos probatorios enunciados no requieren
práctica, se cumplen las condiciones establecidas en la norma trascrita para
prescindir de la etapa de audiencia inicial y dictar sentencia anticipada.
55. Previo a ello, se resolverá lo relativo al decreto probatorio y se dará a las
partes la oportunidad para presentar alegatos de conclusión, de conformidad con
lo previsto en el artículo 183ª del CPACA.
5. Fijación del litigio
56. Para realizar la delimitación de la controversia se sintetizan las posiciones de
las partes, así:
57. El demandante afirmó que el acto demandado está viciado de nulidad,
conforme al artículo 275 numeral 5.º del CPACA y el artículo 179 numeral 2.º de
la Constitución Política, dado que el representante electo ejerció autoridad civil,
política y administrativa hasta el 28 de enero de 2025, en calidad de secretario de
Desarrollo Económico del departamento de La Guajira; es decir, doce meses
antes del día en que se inició el periodo de inscripción de la candidatura (8 de
noviembre de 2025), según el calendario electoral fijado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.8
58. Para el demandando y el tercero impugnador, el periodo inhabilitante inició el
8 de marzo de 2025, de modo que, como el demandado renunció el 27 de enero
de ese año (con aceptación oficial el 28 de enero), su vinculación a la entidad
terminó 38 días antes del inicio del umbral de la prohibición constitucional.
59. Expuestas ambas tesis, el problema jurídico consiste en determinar si el acto
de elección de Jorge Armando Figueroa Angarita como representante a la Cámara
por el departamento de La Guajira, periodo 2026-2030, contenido en el formulario
8 Resolución 2581 del 5 de marzo de 2025.
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Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
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E-26 CAM del 16 de marzo de 2026, incurre en el vicio de nulidad del artículo 275
numeral 5.º del CPACA conforme al numeral 2.º del artículo 179 constitucional.
60. Por lo anterior, deberá establecerse si se reúnen los elementos que establece
dicha norma, es decir, si está acreditada la calidad de empleado público con
funciones de «autoridad administrativa, civil y política» por parte de Jorge
Armando Figueroa Angarita; si estas fueron ejercidas en la respectiva
circunscripción donde resultó elegido y, en particular, si el elemento temporal de
la prohibición se contabiliza: i) desde el inicio del periodo de inscripciones, ii)
durante todo el periodo de inscripciones, o iii) a partir de la fecha de inscripción
de la candidatura, como lo indicó el demandante o si, por el contrario, el límite
está determinado por la iv) fecha de la elección, como lo aseguró el demandado.
6. Decreto de pruebas
61. De conformidad con el artículo 165 del Código General del Proceso9,
aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, existen varios medios
de prueba que pueden ser escogidos libremente por las partes conforme a la
vocación de utilidad que tengan para la formación del convencimiento del juez.
62. El mismo estatuto consagra en el artículo 168 que los presupuestos
sustanciales para decretar las pruebas que soliciten los sujetos procesales, así:
«El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las
notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas
o inútiles».
63. Frente a los requisitos procesales para el decreto de pruebas, el artículo 182A
del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, señala: «(…) El
juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas
cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del
Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia (…)».
64. De otra parte, el tercer inciso del artículo 173 del Código General del Proceso
dispone:
El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por
medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite,
salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse
sumariamente.
9 Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos,
los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez (…).
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65. Al respecto, la Sección Quinta de esta corporación10 ha precisado lo siguiente:
(…) la doctrina ha clasificado los requisitos para la admisión de las pruebas en
extrínsecos (generales para cualquier medio de prueba) e intrínsecos (según el
medio de prueba de que se trate).
66. Los requisitos extrínsecos están contemplados en el artículo 168 del Código
General del Proceso y se refieren a:
1. Pertinencia. Alude a que el juez debe verificar si los hechos resultan
relevantes para el proceso.
2. Conducencia. Se refiere a que el medio de prueba debe ser el idóneo
para demostrar determinado hecho.
3. Oportunidad. El juez no podrá tener en cuenta las pruebas solicitadas y
aportadas por fuera de las oportunidades legales.
4. Utilidad. Indica que no se pueden decretar las pruebas manifiestamente
superfluas, es decir, las que no tienen razón de ser, porque ya están
probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba.
5. Licitud. Para valorar una prueba, ésta no debe contravenir derechos
fundamentales constitucionales, de lo contrario será nula de pleno derecho
67. Con fundamento en las normas citadas, se determinará si las pruebas
solicitadas y aportadas por las partes y el tercero impugnador y, reúnen los
requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad (artículo 173 del CGP).
6.1. Parte actora
68. Con el valor legal que les corresponda, se decretan como pruebas los
documentos aportados con la demanda, visibles en el expediente electrónico que
obra en el sistema de información Samai.
69. La parte demandante solicitó que se oficiara a la Oficina de Talento Humano
de la Gobernación de La Guajira, a efectos de que remita al presente proceso los
siguientes documentos:
• El Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta
de personal de la Gobernación de la Guajira.
• Los decretos mediante los cuales se encargó como gobernador del departamento
de la Guajira al señor Jorge Armando Figueroa Angarita, cuando fungió como
secretario de Desarrollo Económico adscrito al despacho del gobernador de la
Guajira, entre enero de 2024 y enero de 2025.
• Certificación sobre las fechas en las cuales fue encargado como gobernador del
departamento de la Guajira, el señor Jorge Armando Figueroa Angarita, y el
tiempo que duraron los encargos.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, auto del 3 de marzo
de 2016, Exp. No. 11001032800020150001800, Actor: Federico González Campos, Demandado:
Nación – Rama Judicial.
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70. Al respecto, se observa que la parte actora no demostró, siquiera
sumariamente, haber gestionado previamente la obtención de los documentos
requeridos ante la autoridad correspondiente bien fuese directamente o a través del
ejercicio del derecho de petición, lo que hace aplicable la consecuencia jurídica
contemplada en el artículo 173 del CGP.
71. Dicha disposición establece la carga procesal para las partes de gestionar la
obtención de ciertas pruebas directamente o a través de petición antes de solicitarlas
al juez. Además, la norma consagra la consecuencia jurídica de no acatarla,
consistente en que el juez «se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que
la parte solicitante hubiera podido conseguir por sí misma o mediante derecho de
petición, salvo que acredite sumariamente que la petición no fue atendida».
72. En este orden, no se cumplen los presupuestos procesales para decretar las
pruebas documentales pedidas, dado que se incumplió la carga procesal impuesta
por el ordenamiento jurídico y no se justificaron las razones de su inobservancia.
73. El actor también requirió el interrogatorio del señor Jorge Armando Figueroa
Angarita para que declare «sobre sus funciones como secretario de Desarrollo
Económico del departamento de la Guajira, y su renuncia al cargo».
74. Esta solicitud será denegada por resultar inconducente e inútil, en
consideración a que no es la prueba idónea para demostrar los hechos que
pretende acreditar, pues la relación reglamentaria del demandado con el ente
territorial y las funciones que de esta se deriven reposan en documentos
emanados de la entidad, como actos de nombramiento, posesión y renuncia,
entre otros, cuya consecución no fue adelantada por el actor, como se expuso
previamente.
6.2. Jorge Armando Figueroa Angarita (demandado)
75. Con el valor legal que les corresponda, incorpórense como pruebas los
documentos aportados con la contestación de la demanda y los antecedentes
administrativos allegados por el CNE, visibles en el expediente electrónico que
obra en el sistema de información Samai.
76. El demandado solicitó la práctica de un interrogatorio de parte del
demandante, en los mismos términos señalados en el escrito de excepciones
previas.
77. Esta prueba será denegada por no resultar útil, conducente ni pertinente, en
consideración a que lo que busca es que el actor realice una ampliación de los
argumentos que sustentan los cargos de la violación expuestos en la demanda y
el alcance que otorga a las normas que invoca como infringidas, es decir, no recae
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sobre los hechos materia del proceso como lo determina el articulo 198 del CGP
sino en los fundamentos de derecho que sustentan las pretensiones.
6.3. Germán Ernesto Escobar Higuera (tercero impugnador)
78. No aportó ni solicitó el decreto de pruebas.
79. De acuerdo con lo anterior, fijado el litigio y teniendo en cuenta que en este
asunto no es necesario practicar pruebas, de conformidad con lo establecido en
el numeral 1 del artículo 182A del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021,
el despacho:
RESUELVE
Primero: Declarar no probada la excepción de inepta demanda alegada por Jorge
Armando Figueroa Angarita, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva planteada por el Consejo Nacional Electoral, como se señaló en la parte
motiva de esta decisión.
Tercero: Admitir la solicitud de coadyuvancia del señor Germán Ernesto Escobar
Higuera para actuar como tercero impugnador.
Cuarto: Fijar el litigio en los términos indicados en la parte motiva de esta
providencia.
Quinto: Incorporar al expediente, con el valor legal que les corresponda, los
documentos aportados por las partes con los escritos de la demanda y la
contestación.
Advertir a las partes que tales documentos quedan a su disposición dentro del
expediente electrónico visible en el sistema de gestión judicial SAMAI.
Sexto: No decretar las pruebas documentales que debieron solicitarse a otras
autoridades, requeridas por el demandante, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Séptimo: No decretar los interrogatorios pedidos por las partes, por lo expuesto
en precedencia.
Octavo: Una vez ejecutoriado este auto, correr traslado a las partes para alegar
de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del
artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo 182A
de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021 y del artículo 296 de
la misma codificación.
De igual forma, a la señora agente del Ministerio Público con el fin de que, si a
bien lo tiene, rinda concepto dentro de este asunto.
Advertir a las partes que, una vez vencido el término para alegar de conclusión,
se proferirá sentencia por escrito en los términos legales.
Noveno: Reconocer personería al abogado Andrés Rodríguez Gutiérrez,
identificado con la cédula de ciudadanía 79.695.534 de Bogotá D.C., titular de la
tarjeta profesional 193.758 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado del demandado, en los términos del poder obrante en el expediente,
visible en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
Décimo: Reconocer personería a la abogada Jennifer Alejandra López
Avellaneda, identificada con la cédula de ciudadanía 1.018.469.437, titular de la
tarjeta profesional 308.033 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada del Consejo Nacional Electoral, en los términos del poder obrante en
el expediente, visible en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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