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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00101-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00101-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de Jorge Armando Figueroa Angarita como representante a la Cámara por el departamento de La Guajira para el periodo 2026-2030, por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2026-00101-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00101-00
Demandante: FABIÁN VICENTE COTES GONZÁLEZ
Demandado: JORGE ARMANDO FIGUEROA ANGARITA COMO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA, PARA EL PERIODO 2026-2030

Temas: Inhabilidad por ejercer autoridad a nombre propio, consagrada en el
numeral 2. ° del artículo 179 de la Constitución Política. Criterio de
interpretación restrictiva en materia de inhabilidades.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia las pretensiones elevadas por la parte accionante
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral instaurado contra la elección
de Jorge Armando Figueroa Angarita como representante a la Cámara por el
departamento de La Guajira, para el periodo 2026-2030.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las pretensiones

1. El ciudadano Fabián Vicente Cotes González en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral, previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), instauró
demanda1 con el fin de obtener la nulidad del acto de elección de Jorge Armando
Figueroa Angarita como representante a la Cámara por el departamento de La
Guajira para el periodo 2026-2030, contenido en el Formulario E-26 CAM del 16 de
marzo de 2026.

1.2. Hechos

2. El demandante narró que el señor Jorge Armando Figueroa Angarita fue
nombrado secretario de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico del
departamento de La Guajira, mediante Decreto 021 del 4 de enero de 2024.

1 El día 22 de abril de 2026, según el índice 001 de Samai.

Demandante: Fabián Vicente Cotes González
Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
Rad: 11001-03-28-000-2026-00101-00

3. Indicó que, conforme al Decreto departamental 222 de 2023 «Por el cual se
ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos de la planta de personal de la Gobernación de La Guajira», el cargo que
ejerció el demandado tiene, entre otras, las siguientes funciones:

• Coordinar la formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes y
proyectos de desarrollo económico sostenible (urbano y rural) en los
sectores industrial, agropecuario, de comercio y de abastecimiento de bienes
y servicios.
• Dirigir e implementar programas de desarrollo agropecuario para mejorar el
nivel de vida de los productores y dirigir programas de fomento turístico en
el departamento.
• Coordinar políticas para la generación de empleo digno, ingreso justo, y
estimular y apoyar el emprendimiento económico, incluyendo estrategias
para microempresas, famiempresas y pequeñas y medianas empresas.
• Liderar la política de competitividad regional, las relaciones estratégicas
entre el sector público y privado, y formular políticas de ciencia, tecnología e
innovación en coordinación con otras secretarías.
• Dirigir e implementar las políticas estratégicas en materia de energías
renovables y del sector minero-energético en el departamento.
• Estructurar estrategias para la bancarización y el acceso al crédito de
personas y unidades productivas que requieren inclusión económica.

4. Señaló que, del contenido material de dichas funciones se desprende que el
accionado estaba investido de poderes decisorios, de mando o de imposición sobre
la sociedad y los subordinados, de tal forma que ejerció autoridad civil, política y
administrativa y una clara influencia sobre el electorado.

5. Relató que el accionado se desempeñó en ese empleo hasta el 27 de enero de
2025, fecha en la que presentó su carta de renuncia, la cual fue aceptada por el
gobernador de La Guajira, mediante el Decreto 0028 del 28 de enero siguiente.

6. Refirió que, el 5 de marzo de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil
profirió la Resolución 2581, mediante la cual estableció el calendario electoral para
los comicios al Congreso de la República y fijó el 8 de noviembre de 2025 como la
fecha de inicio del periodo de inscripción de candidatos (cuatro meses antes de las
elecciones).

7. Expuso que el 5 de diciembre de 2025, el señor Figueroa Angarita inscribió
formalmente su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento
de La Guajira con el aval del Partido de la U.

8. Afirmó que el periodo inhabilitante para ser elegido representante a la Cámara,
iniciaba el 8 de noviembre de 2024, esto es, previo al comienzo del periodo de
inscripciones, por lo que la renuncia del accionado debió darse antes de esa fecha.
2

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Demandante: Fabián Vicente Cotes González
Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
Rad: 11001-03-28-000-2026-00101-00

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. El demandante señaló que el acto de elección incurre en la causal de nulidad
contemplada en el artículo 275, numeral 5 del CPACA, en atención a que el
demandado estaba inhabilitado conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo
179 de la Constitución Política.

10. Argumentó que el cargo de secretario de desarrollo económico del
departamento de La Guajira implicaba poderes decisorios, de mando o imposición
sobre la sociedad y los subordinados, lo que constituye un claro ejercicio de
autoridad civil, política y administrativa.

11. Además, sostuvo que este ejercicio de autoridad se dio en la misma
circunscripción (el departamento de La Guajira) por la cual resultó elegido.

12. Refirió que el periodo inhabilitante de 12 meses no debe contarse hacia atrás
desde el día exacto de las elecciones (8 de marzo de 2026), sino desde la fecha en
que iniciaron las inscripciones de los candidatos (8 de noviembre de 2025).

13. Adujo que el proceso electoral y la contienda no se limitan al día de la
votación, sino que comienzan formalmente con la inscripción, de modo que el
candidato debió haber renunciado 12 meses antes del inicio de la fecha de
inscripciones, es decir, a más tardar el 8 de noviembre de 2024, por lo que su
renuncia en enero de 2025 se dio cuando ya estaba inhabilitado.

14. Aseguró que en las sentencias del 9 de abril de 2015 de la Sección Quinta2
y de unificación número 00031 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado3
se replanteó la hermenéutica de la inhabilidad del numeral 5.º del artículo 179 de la
Constitución Política y estableció que esta prohibición adquiere su efecto útil si se
contabiliza desde el día de inicio de las inscripciones (12 meses hacia atrás);
interpretación que, según su criterio, es aplicable a la inhabilidad del numeral 2 del
artículo 179 ibidem.

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. Jorge Armando Figueroa Angarita

15. A través de apoderado judicial se pronunció sobre los hechos y el concepto de
violación de la demanda y solicitó que se negaran las pretensiones.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicado: 11001-03-

28-000-2014-00061-00, sentencia del 9 de abril de 2015, magistrada ponente: Susana Buitrago
Valencia.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de enero de 2019.

M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicado: 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
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Demandante: Fabián Vicente Cotes González
Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
Rad: 11001-03-28-000-2026-00101-00

16. Relató que el demandado presentó su renuncia al cargo de secretario de
desarrollo económico el 27 de enero de 2025, la cual fue aceptada formalmente el
28 de enero siguiente.

17. Expuso que, comoquiera que las elecciones se celebraron el 8 de marzo de
2026, transcurrieron más de trece (13) meses entre su salida del cargo y los
comicios, con lo cual se superó ampliamente el límite inhabilitante de 12 meses.

18. Enfatizó en que la interpretación del actor desconoce el numeral 2 del artículo
179 de la Constitución Política, que establece textualmente que la prohibición opera
dentro de los 12 meses anteriores a la «fecha de la elección», y no de la inscripción.

19. Indicó que el Consejo de Estado ha explicado de forma categórica que, para
esta causal específica, el factor temporal opera desde el día de las elecciones, un
año hacia atrás4.

20. Aseveró que el demandante trata de aplicar de manera errada una sentencia de
unificación que rige para una circunstancia diferente: la del numeral 5 del artículo
179 (inhabilidad por parentesco). Argumentó que cada causal tiene una finalidad
teleológica distinta y que las inhabilidades son de interpretación estricta y restrictiva,
por lo que no es lícito trasladar la regla de contabilización del elemento temporal
desde la inscripción, propia del parentesco, a la causal de ejercicio de autoridad.

21. Señaló que el actor se limitó a enunciar las funciones teóricas del cargo, pero
no logró acreditar el ejercicio material y efectivo de la autoridad administrativa,
puesto que no basta con la mera denominación del empleo; sino que se deben
acreditar actos materiales concretos, con poder de mando o decisión, que hubiesen
tenido influencia directa sobre el electorado dentro del año previo a las elecciones,
carga probatoria que no se cumplió.

22. Finalmente, solicitó que se sancionara al demandante con multa (de 10 a 50
salarios mínimos) por actuar con temeridad y mala fe. Resaltó que el actor, siendo
un abogado especialista en derecho administrativo, omitió deliberadamente el
precedente jurisprudencial obligatorio y citó de forma descontextualizada sentencias
de otras causales para intentar inducir a error al juez. Sugirió que esta conducta
podría configurar el delito de fraude procesal y solicitó compulsar copias a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se le investigue.

1.4.2. Germán Ernesto Escobar Higuera (tercero impugnador)

23. Argumentó que la demanda construye su acusación sobre una interpretación
errada del artículo 179 de la Constitución Política que se aparta del criterio

4 Sentencia del 10 de noviembre de 2022, radicado: 11001-03-28-000-2022-00046-00.

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Demandante: Fabián Vicente Cotes González
Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
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jurisprudencial consolidado, pacífico y uniforme de la Sección Quinta del Consejo
de Estado.

24. Señaló que el acto administrativo acusado fue expedido por la autoridad
competente, con estricta observancia del ordenamiento jurídico y en cumplimiento
de la voluntad popular expresada democráticamente por los ciudadanos del
departamento de La Guajira, por lo que se encuentra plenamente amparado por la
presunción de legalidad.

25. Indicó que la demanda se basa en apreciaciones subjetivas del demandante y
no se acreditan los presupuestos exigidos para estructurar la causal de nulidad
invocada.

1.5. Actuación procesal

26. El demandante radicó el escrito introductorio el 20 de abril de 2026. El despacho
del magistrado sustanciador imprimió el siguiente trámite al proceso:

27. Admitió la demanda por auto del 28 de abril del año en curso. El 30 de junio
siguiente declaró no probada la excepción de inepta demanda alegada por Jorge
Armando Figueroa Angarita; probada la de falta de legitimación en la causa por
pasiva planteada por el Consejo Nacional Electoral; admitió la solicitud de
coadyuvancia del señor Germán Ernesto Escobar Higuera para actuar como tercero
impugnador y fijó el litigio en los siguientes términos:

(…) determinar si el acto de elección de Jorge Armando Figueroa Angarita como
representante a la Cámara por el departamento de La Guajira, periodo 2026-2030,
contenido en el formulario E-26 CAM del 16 de marzo de 2026, incurre en el vicio de
nulidad del artículo 275 numeral 5.º del CPACA conforme al numeral 2.º del artículo
179 constitucional.

Por lo anterior, deberá establecerse si se reúnen los elementos que establece dicha
norma, es decir, si está acreditada la calidad de empleado público con funciones de
«autoridad administrativa, civil y política» por parte de Jorge Armando Figueroa
Angarita; si estas fueron ejercidas en la respectiva circunscripción donde resultó
elegido y, en particular, si el elemento temporal de la prohibición se contabiliza: i)
desde el inicio del periodo de inscripciones, ii) durante todo el periodo de
inscripciones, o iii) a partir de la fecha de inscripción de la candidatura, como lo indicó
el demandante o si, por el contrario, el límite está determinado por la iv) fecha de la
elección, como lo aseguró el demandado.

28. En la misma providencia, se pronunció sobre las pruebas solicitadas. Frente a
los documentos aportados con los escritos de la demanda y la contestación dispuso
incorporarlas al expediente, con el valor legal que les corresponda. Negó las
pruebas documentales que debieron solicitarse a otras autoridades, requeridas por
el demandante, y los interrogatorios pedidos por ambas partes. Indicó que
ejecutoriada esa decisión iniciaba el término de traslado a las partes para alegar de
conclusión por escrito y al Ministerio Público para rendir su concepto.

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Demandante: Fabián Vicente Cotes González
Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
Rad: 11001-03-28-000-2026-00101-00

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

29. Reiteró, en esencia, los argumentos expuestos en la demanda.

1.6.2. Parte demandada y Germán Ernesto Escobar Higuera (tercero
impugnador)

30. Insistieron en las razones presentadas al contestar la demanda.

1.7. El Ministerio Público no realizó pronunciamiento alguno.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente, en única instancia,
para dictar sentencia en el presente medio de control, de conformidad con lo
establecido en el artículo 149.35 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, que contiene el
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar si el acto demandado está viciado de
nulidad, conforme al artículo 275 numeral 5.º del CPACA en concordancia con el
artículo 179 numeral 2.º de la Constitución Política; para ello, deberá establecerse
si se reúnen los elementos que establece dicha norma, es decir, si está acreditada
la calidad de empleado público con funciones de «autoridad administrativa, civil y
política» por parte de Jorge Armando Figueroa Angarita; si estas fueron ejercidas
en la respectiva circunscripción donde resultó elegido y, en particular, si el elemento
temporal de la prohibición se contabiliza: i) desde el inicio del periodo de
inscripciones, ii) durante todo el periodo de inscripciones, o iii) a partir de la fecha
de inscripción de la candidatura, como lo indicó el demandante o si, por el contrario,
el límite está determinado por la iv) fecha de la elección, como lo aseguró el
demandado.

5 Competencia del Consejo de Estado en única instancia: «3. De la nulidad del acto de elección o

llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de
los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de
los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo
directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y
de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del
artículo 152 de esta ley. (...)».
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Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
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33. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes
tópicos: (i) la inhabilidad por ejercer autoridad a nombre propio consagrada en el
numeral 2. ° del artículo 179 de la Constitución Política y; (ii) estudio del caso
concreto.

2.4. Acerca de la inhabilidad por ejercer autoridad a nombre propio
consagrada en el numeral 2. ° del artículo 179 de la Constitución Política

34. La norma citada por el actor, que se utilizará como parámetro para realizar el
análisis de legalidad propuesto, es el numeral 2. º del artículo 179 de la Constitución
Política que establece:

ARTÍCULO 179. No podrán ser congresistas:
(…)
2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha
de la elección.
(…)
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que
tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección.
La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las
autoridades no contemplados en estas disposiciones.

Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide
con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral
5.

35. Esta Sala Electoral tiene una línea jurisprudencial consolidada6 en el sentido
que deben concurrir los siguientes elementos para que prospere dicha inhabilidad:

Elemento temporal: que la inhabilidad se compruebe durante los 12 meses
anteriores a la elección.

Elemento subjetivo: que se haya desempeñado como empleado público.

Elemento objetivo o material: en virtud de dicho empleo, se predique el ejercicio de
jurisdicción o autoridad (política, civil, administrativa o militar).

Elemento territorial: El ejercicio de jurisdicción o autoridad en el respectivo municipio
o distrito.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad: 11001-03-28-000-

2018-00018-00. Sentencia de 25 de octubre de 2018. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad: 11001-03-28-000-
2014-00021-00. Sentencia de 15 de abril de 2015. M.P. Susana Buitrago Valencia; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad: 11001-03-28-000- 2018-00628-
00. Sentencia de 16 de mayo de 2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad: 11001-03-28-000-2018-00029-00. Sentencia de
24 de noviembre de 2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Citadas en Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad: 11001-03-28-000-2018-00091-00. Sentencia de
30 de mayo de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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36. Específicamente frente al elemento temporal esta Sección ha precisado7:

Temporal: 12 meses anteriores a la elección. La norma dispone que la condición
de empleado público, acompañado por el ejercicio de la jurisdicción, autoridad civil,
política, administrativa o militar, debe ejercerse durante los doce meses anteriores
a la fecha de la elección. El extremo temporal final es el día de la celebración de los
respectivos comicios, para contabilizar el término inhabilitante hacia atrás, hasta
completar los doce meses, que constituiría el extremo temporal inicial del factor
prohibicionista.

2.5. Estudio del caso concreto

37. El demandante afirmó que el acto demandado está viciado de nulidad,
conforme al artículo 275 numeral 5.º del CPACA y el artículo 179 numeral 2.º de la
Constitución Política, dado que el representante electo ejerció autoridad civil,
política y administrativa hasta el 28 de enero de 2025, en calidad de secretario de
Desarrollo Económico del departamento de La Guajira; es decir, 12 meses antes
del día en que se inició el periodo de inscripción de la candidatura (8 de noviembre
de 2025), según el calendario electoral fijado por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.8

38. Como se indicó en el acápite anterior, esta Sección ha precisado que, para
que se configure la inhabilidad alegada, debe verificarse que se acrediten de forma
conjunta todos los elementos antes referidos: temporal, subjetivo, material y
territorial; de modo que, la falta de alguno de ellos impide tener por configurada la
prohibición.

39. Las pruebas aportadas al plenario permiten tener como acreditados los
siguientes supuestos:

40. El 4 de enero de 2024, el señor Jorge Armando Figueroa Angarita fue nombrado
en el cargo de libre nombramiento y remoción de secretario de despacho de la
Secretaría de Desarrollo Económico del departamento de La Guajira y tomó
posesión de sus funciones ese mismo día, hecho que se encuentra demostrado con
la copia del Decreto 021 de 2024 proferido por el gobernador, y su respectiva acta
de posesión.

41. El 27 de enero de 2025, el demandado presentó formalmente su carta de
renuncia dirigida al primer mandatario de La Guajira con el fin de desvincularse de
la administración, la cual fue aceptada el 28 de enero de 2025, mediante Decreto
Departamental 0028, con efectos fiscales y administrativos a partir del día siguiente.

42. Conforme al calendario electoral expedido por la Registraduría Nacional del

7 Sentencia del 16 de febrero de 2023, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio,

en el expediente 11001-03-28-000-2022-00053-00.
8 Resolución 2581 del 5 de marzo de 2025.

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Estado Civil9, el periodo de inscripción de candidaturas inició el 8 de noviembre de
2025.

43. El 5 de diciembre de 2025, Jorge Armando Figueroa Angarita se inscribió como
candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de La
Guajira con el aval del Partido de la U, según consta en el Formulario E-6CT; y
resultó elegido el 8 de marzo de 2026.

44. Identificados los elementos de la inhabilidad invocada, para determinar si le
asiste razón al demandante en sus cuestionamientos, la Sala abordará en primer
lugar, el análisis del elemento temporal.

45. Como sustento de sus pretensiones, el actor indicó que, aunque la norma
constitucional define los extremos temporales de la prohibición, los 12 meses deben
contarse hacia atrás tomando como punto de referencia el inicio del periodo de
inscripción de candidaturas (8 de noviembre de 2025) y no el día de las votaciones
(8 de marzo de 2026).

46. Para fundamentar esta pretensión, el actor solicitó que se apliquen por analogía
la sentencia del 9 de abril de 2015 de la Sección Quinta (radicado: 11001-03-28-
000-2014-00061-00) y la sentencia de unificación del 29 de enero de 2019 de la
Sala Plena Contenciosa de esta corporación (radicado: 11001-03-28-000-2014-
00061-00)10, sobre el elemento temporal para la inhabilidad por parentesco del
numeral 5.° del artículo 179 de la Constitución, en las que se determinó que el
proceso electoral inicia formalmente con la inscripción, por lo tanto, es a partir de
ese momento que se debe contar el término de dicha inhabilidad.

47. A la luz de la tesis reiterada en ambas providencias, aduce el demandante, que
el periodo de la prohibición inició el 8 de noviembre de 2024, por lo que la renuncia
del demandado el 27 de enero de 2025 no lo habilitaba para participar y ser elegido
en la contienda.

48. En aras de solucionar el problema jurídico planteado se traerán a colación
algunos de los elementos tenidos en cuenta para adoptar las decisiones invocadas
en la demanda.

49. En la sentencia del 9 de abril de 2015 de la Sección Quinta11, se replanteó la

9 Resolución 2581 del 5 de marzo de 2025.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicado: 11001-03-

28-000-2014-00061-00, sentencia del 9 de abril de 2015, magistrada ponente: Susana Buitrago
Valencia; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de enero de
2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicado: 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
11 Radicado: 11001-03-28-000-2014-00061-00, magistrada ponente: Susana Buitrago Valencia.

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Demandante: Fabián Vicente Cotes González
Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
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hermenéutica según la cual, la inhabilidad del numeral 5. ° antes referido12, se
configuraba únicamente si el ejercicio de autoridad se presentaba el día de las
elecciones.

50. Para arribar a esa conclusión advirtió que tal entendimiento le restaba eficacia
a la norma y contrariaba la finalidad de la prohibición, esto es, el respeto por la
igualdad entre los candidatos y evitar el nepotismo. Ello puesto que, lo que pretendió
el constituyente era «impedir que los parientes de los funcionarios que ejercen
autoridad civil o política dentro de la misma circunscripción electoral se pudieran
beneficiar por las prerrogativas que poseen sus familiares en el poder y que con ello
se rompa el equilibrio o la igualdad a la que todos los candidatos tienen derecho».

51. Así determinó que, para que la prohibición que prevé el numeral 5º del artículo
179 de la Constitución Política tenga efecto útil, no se debe limitar al día de la
elección, sino que debe operar dentro del término razonable en que el ejercicio de
autoridad tiene incidencia para que el candidato se beneficie, esto es, desde cuando
es candidato, lo que acaece al momento de inscribir oficialmente la aspiración.

52. Siguiendo la línea de análisis establecida por la Sala Electoral, la Sala Plena
Contenciosa unificó su jurisprudencia, en la que fijó la siguiente regla en relación
con el presupuesto temporal de la inhabilidad:

La interpretación del elemento temporal de la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política, que más se ajusta y garantiza
los principios y valores democráticos, es aquella que configura la inhabilidad desde
el día de la inscripción de la candidatura al cargo de elección popular y dura hasta
el día en que se realiza la elección, inclusive.

53. En esa oportunidad, la Sala Plena Contenciosa analizó el alcance de la
disposición, partiendo de la base de que existía un vacío en relación con los límites
temporales de la conducta reprochable, puesto que, a diferencia de otras causales,
la norma no establece expresamente cuándo inicia el plazo para la configuración de
la inhabilidad.

54. Para llenar ese déficit normativo, esa Sala acudió a una interpretación
teleológica y señaló que el objetivo de la inhabilidad es evitar el nepotismo, impedir
ventajas injustificadas, y garantizar la igualdad, la transparencia y la moralidad en
la contienda electoral.

55. Desde esa perspectiva consideró que la contienda política y la recolección del
caudal electoral no ocurren únicamente el día de las elecciones, sino que es un
proceso que inicia formalmente con la inscripción de la candidatura, por lo que,
dentro del contexto de la inhabilidad 179.5 constitucional, el hecho de que un familiar

12 La norma prescribe: «ARTÍCULO 179. No podrán ser congresistas: (…) 5. Quienes tengan
vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad,
primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política (…).

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Demandado: Jorge Armando Figueroa Angarita
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ejerza autoridad durante la campaña rompe el equilibrio y genera ventajas
ilegítimas.

56. Partiendo de una interpretación sistemática, además, la Sala Plena tuvo en
cuenta que, si la prohibición se revisa únicamente el día del certamen, no habría
forma de que el Consejo Nacional Electoral ejerciera la función constitucional
(numeral 12 del artículo 265) de revocar la inscripción de las candidaturas por la
concurrencia de inhabilidades en los candidatos.

57. Establecido el contexto jurídico de la regla de unificación dictada por esta
corporación, se advierte que, contrario a lo que sucede con la inhabilidad por
parentesco consagrada en el numeral 5. º del artículo 179 de la Constitución Política,
la causal de ejercicio de autoridad propia del numeral 2. º, por la que se cuestiona
la elección de Jorge Armando Figueroa Angarita, tiene un límite de tiempo definido
en la Carta Política

58. Es decir, el texto constitucional es explícito en indicar que la prohibición opera
«dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección», por tanto, aplicar la
regla de la sentencia de unificación referenciada a este caso, como lo propone el
accionante, equivaldría a sustituir la voluntad explícita del constituyente que
determinó la manera específica como se debe contar el periodo inhabilitante; es
decir, modificar el texto constitucional.

59. Aunado a ello, la interpretación adoptada en las citadas sentencias tuvo como
propósito fundamental otorgarle un efecto útil a la inhabilidad dado que, ante la
inexistencia de una disposición sobre su término preciso, la hermenéutica aplicada
hasta entonces limitaba la configuración de la inhabilidad únicamente al día de las
elecciones.

60. Una lectura de ese tipo resultaba ineficaz; por tal razón, con el fin de privilegiar
los intereses superiores democráticos a partir de dichos pronunciamientos se
determinó que la inhabilidad debía contabilizarse desde el momento de la
inscripción de la candidatura hasta el día de los comicios, un lapso que, por mandato
legal, equivale a cuatro meses.

61. Por el contrario, la inhabilidad por el ejercicio de autoridad propia, prevista en el
mandato 179.2 Superior, no presenta vacíos interpretativos: el texto constitucional
impone de manera directa que opera dentro de los 12 meses anteriores a la fecha
de la elección.

62. Dicho término es considerablemente mayor al de la causal 5. ° establecido en
la interpretación del Consejo de Estado (desde la inscripción de la candidatura);
dado que, para la causal del numeral 2. °, el ordenamiento exige al candidato
desvincularse del ejercicio del cargo que ostente autoridad mucho antes del inicio
del periodo de inscripciones.

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63. Bajo este entendimiento, el rigor temporal de esta norma garantiza materializar
la igualdad de oportunidades y el equilibrio de la contienda electoral desde sus actos
preparatorios hasta su culminación.

64. También conviene precisar que, conforme al principio de interpretación
restrictiva que rige en materia electoral, las inhabilidades e incompatibilidades no
pueden aplicarse de manera genérica por extensión ni analogía, en la medida en
que implican la limitación de derechos fundamentales y políticos13; por tal motivo,
no es posible extender el alcance de las causales de inhabilidad o de sus efectos a
situaciones no reguladas por ellas, como lo pretende el actor.

65. Al respecto, en sentencia de unificación del 27 de julio de 202114 se determinó
que el criterio de interpretación restrictiva busca la aplicación de la norma a casos
concretos, razón por la cual, los operadores jurídicos al momento de determinar la
ocurrencia de una inhabilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público,
deben limitarse i) al alcance de los verbos rectores incluidos por el constituyente o
el legislador, por ejemplo, la gestión de negocios, inscribirse para otra elección- ii)
a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -vr. gr. el
parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año
anterior a la elección- y/o espacial -vr.gr. cuando se limita a la jurisdicción donde se
llevará a cabo la elección – y iii) las calidades específicas de las personas respecto
de las cuales se predican -por ejemplo, la condición de empleado público-.

66. De acuerdo con lo expuesto, está acreditado que el representante a la Cámara
renunció a su cargo como secretario de despacho de la gobernación del
departamento de La Guajira antes de que iniciara el periodo inhabilitante, toda vez
que su dimisión fue aceptada formalmente mediante Decreto el 28 de enero de
2025. De este modo, para el 8 de marzo de 2025, fecha en la que comenzó a correr
el término prohibitivo de los doce meses previos a las elecciones, el demandado ya
no se encontraba vinculado a la administración pública.

67. En virtud de lo expuesto, resulta innecesario proceder con el estudio de los
demás presupuestos de la disposición constitucional, puesto que la configuración
de la inhabilidad alegada requiere la concurrencia de todos sus elementos
estructurales. Aunado a que el cuestionamiento de la censura se centró únicamente
en el factor temporal.

68. Así las cosas, se negarán las pretensiones de la demanda en consideración a
que no se acreditó la configuración de la causal de inhabilidad fundamentada en la
el numeral 2. º del artículo 179 de la Constitución Política.

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de

septiembre de 2021. Expediente: 66001233300020200049903. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de julio del

2021. Radicación 11001-03-28-000-2020-00004-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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69. De otro lado, no hay lugar a acceder a la solicitud de la parte demandada de
imponer una sanción por temeridad y mala fe procesal o de enviar el presente
expediente a otras autoridades para que investiguen si se configura una conducta
disciplinable, puesto que, en primer lugar, la demanda se instauró en nombre propio,
en segundo término, no se encuentra probada una actuación reprochable y,
finalmente, ello constituiría una limitación al acceso a la administración de justicia,
derecho fundamental que garantiza a todo ciudadano la posibilidad de acudir a los
estrados judiciales para someter sus controversias y plantear las tesis jurídicas que
considere pertinentes en defensa del ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección
de Jorge Armando Figueroa Angarita como representante a la Cámara por el
departamento de La Guajira para el periodo 2026-2030, por las razones señaladas
en la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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